Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-00170-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-00170-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2016-00170-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
27 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2016-00170-01 (3407-2023)
Demandante: Bernardo Illera Santos
Demandado: Distrito Especial, industrial y Portuario de Barranquilla,
Personería Distrital
Tema: Reconocimiento sanción moratoria por pago tardío de
cesantías definitivas. Prescripción trienal
Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 15 de octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, por medio de la cual negó las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Bernardo Illera Santos presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de los oficios C-20150811-89747 del 11 de agosto de 2015
y D.P 400/15 del 4 de diciembre de 2015, por medio de los cuales el secretario de
hacienda y el personero del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla,
respectivamente, le negaron el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago
inoportuno de sus cesantías definitivas.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
1 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2016-00170-01 (3407-2023)
Demandante: Bernardo Illera Santos
solicitó: i) el reconocimiento de la sanción moratoria por la no consignación
oportuna de las cesantías definitivas de conformidad con la Ley 244 de 1995; ii) el
ajuste de las sumas que resultaren de la condena según el artículo 187 del CPACA;
iii) el pago de los intereses moratorios conforme con los artículos 192 y 195 ibidem;
y iii) la condena en costas a la parte demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Bernardo Illera Santos laboró en la Personería Distrital de Barranquilla como
asesor código 125, grado 05, entre el 1 de febrero de 2003 y el 10 de mayo de
2004. El último salario que devengó fue de $3.018.320.
3.2. A través de la Resolución 178 del 19 de agosto de 2005, la Personería
Distrital de Barranquilla le reconoció y ordenó el pago de las cesantías definitivas
y demás prestaciones sociales. El acto administrativo fue notificado el 29 de agosto
de 2005 y no fue objeto de recurso en su contra.
3.3. Los valores reconocidos por las cesantías definitivas en la Resolución 178
del 19 de agosto de 2005 debían ser pagados dentro de los 45 días hábiles a la
notificación del acto de acuerdo con lo previsto en la Ley 244 de 1995, plazo que
se cumplió el 10 de noviembre de 2005; «sin que el pago de las cesantías incluidas en
dicha resolución se hubiese hecho efectivo».
3.4. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo 004 de 2004,
en el artículo 1 del Decreto Distrital 366 de 2005 y en el Acuerdo de Colaboración
Interadministrativo 001 de 2005, mediante oficio del 6 de marzo de 2006 se remitió
al Distrito de Barraquilla la orden de pago 31289, en la que se encontraba la
liquidación del actor en virtud de lo dispuesto en la Resolución 178 del 19 de agosto
de 2006.
3.5. Al no habérsele pagado lo reconocido en la Resolución 178 del 19 de agosto
de 2005 presentó demanda ejecutiva laboral, la cual le correspondió al Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla con el radicado 2007-0661, para que
se librara mandamiento de pago de los dineros adeudados y de la sanción
moratoria establecida en la Ley 244 de 1995.
3.6. A través de auto del 19 de julio de 2010 se libró mandamiento de pago por
un valor de $7.868.088, más la suma de $100.610.66 diarios hasta que se
produjera el pago efectivo por concepto de sanción moratoria. La decisión fue
2
Radicado: 08001-23-33-000-2016-00170-01 (3407-2023)
Demandante: Bernardo Illera Santos
apelada por el Distrito Especial y Portuario de Barranquilla, recurso que se
encuentra en el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Laboral, con el radicado
35436.
3.7. Dentro de proceso ejecutivo, el 5 de marzo de 2010, se acordó un contrato
de transacción entre él y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
para dar cumplimiento a la obligación contenida en el titulo original; no obstante,
este no se ha cumplido, pese a los requerimientos para que ello se realice.
3.8. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y la Personería
Distrital son solidariamente responsables del pago de las prestaciones sociales
reconocidas en la Resolución 178 del 19 de agosto de 2005, así como de la sanción
moratoria por el no pago de las cesantías.
3.9. La prescripción trienal no se configuró, toda vez que no le han pagado las
cesantías reconocidas y a que el término se contabiliza desde el momento en que
ello se haga efectivo.
3.10. El 4 de julio de 2013, solicitó a la Secretaría de Hacienda del Distrito,
Especial y Portuario de Barranquilla el cumplimiento de la obligación producto del
contrato de transacción; no obstante, fue negada por el secretario de la entidad a
través del Oficio C-20150630-69455 del 30 de junio de 2015.
3.11. A través del Oficio C-20150811-89747 del 11 de agosto de 2015, el
secretario de hacienda del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
negó al actor una solicitud de adición y complementación del anterior acto
administrativo.
3.12. El 19 de octubre de 2015 solicitó a la Personería Distrital de Barranquilla el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 2 de la
Ley 244 de 1995 por el pago tardío de las cesantías definitivas que fueron
reconocidas en la Resolución 178 del 19 de agosto de 2005; sin embargo, fue
negada a través del Oficio D.P 400/15 del 4 de diciembre de 2015, expedido por el
personero del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4.Como tales, se señalaron los artículos 13, 29, 53 y 209 de la Constitución
Política; y 1, parágrafo, 2, parágrafo, 3 y 4 de la Ley 244 de 1995.
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Demandante: Bernardo Illera Santos
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente2:
5.1. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y la Personería
Distrital de Barranquilla, no cumplieron con la obligación legal de pagar las
cesantías definitivas dentro del término establecido en la Ley 244 de 1995, en la
cual se señaló que el empleador debía consignar las cesantías dentro de los 45
días posteriores del reconocimiento de la prestación, y si no lo realizaba dentro de
dicho lapso, debería otorgar un día de salario por cada día de mora a causa de su
retardo.
5.2. Las entidades demandadas vulneraron los postulados constitucionales y
legales señalados porque no realizaron el pago de las cesantías de forma
oportuna; además, los actos administrativos objeto de control de legalidad no
fueron debidamente motivados y transgredieron las normas en las cuales debían
fundarse, pues negaron el pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 244
de 1995.
1.2. Contestaciones de la demanda
6. La Personería Distrital de Barranquilla se opuso a la prosperidad de las
pretensiones con fundamento en las siguientes consideraciones3:
6.1. Carece de la responsabilidad endilgada en la demanda, en la medida en que
el pago de las prestaciones reconocidas al demandante le correspondía al Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en virtud de lo establecido en el
Acuerdo 004 de 2004, el Convenio Interadministrativo 001 de 2005 y el contrato de
transacción celebrado entre esa entidad y aquel.
6.2. Propuso las siguientes excepciones: i) inexistencia de la obligación; y ii)
prescripción de la acción.
7.El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla se opuso a las súplicas
de la demanda con los siguientes argumentos4:
2 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_PASOALDESPACHO(.pdf) NroActua 2», carpeta «08001233300020160017000 BERNARDO
ILLERAS SANTOS», archivo «001. DEMANDA.pdf».
3 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_PASOALDESPACHO(.pdf) NroActua 2», carpeta «08001233300020160017000 BERNARDO
ILLERAS SANTOS», archivo «009. CONTESTACION.pdf».
4 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_PASOALDESPACHO(.pdf) NroActua 2», carpeta «08001233300020160017000 BERNARDO
ILLERAS SANTOS», archivo «11. CONTESTACION DEMANDA.pdf».
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Demandante: Bernardo Illera Santos
7.1. La Personería Distrital de Barranquilla en virtud de su autonomía
administrativa, financiera y presupuestal debía responder por sus actos laborales,
sin que estos obligaran en forma solidaria al ente territorial, pues la obligación
financiera del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla se limitó a
transferir los recursos que por ley le correspondían a la entidad de control.
7.2. Las pretensiones de la demanda se derivaron de la relación laboral entre el
demandante y la Personería Distrital de Barranquilla, por tal razón, el Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla no tenía participación alguna, ni
injerencia de ningún tipo en la toma de decisiones que originaron la situación
particular del actor.
7.3. La Resolución 178 del 19 de agosto de 2005 fue expedida por la Personería
Distrital de Barranquilla y no por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla, por lo tanto, es claro que no existía solidaridad, ni podía hacerse
responsable de las decisiones y actos emitidos por la entidad de control.
7.4. La Personería Distrital de Barranquilla por haber sido la empleadora y en la
que reposaba el expediente administrativo del demandante, era la entidad que
debía pagar las prestaciones y la sanción moratoria que se solicitó.
7.5. Propuso las siguientes excepciones: i) prescripción de la sanción moratoria;
y ii) falta de legitimación en la causa por pasiva.
1.3. La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, en
sentencia del 15 de octubre de 2021 declaró probada la excepción de prescripción
presentada por las entidades demandadas y en consecuencia negó las
pretensiones de la demanda5.
9. Como fundamento de su decisión señaló lo siguiente:
10. El término prescriptivo que ha sido aplicado a la sanción moratoria prevista en
la Ley 244 de 1995 es el establecido en el artículo 151 del Código Sustantivo del
Trabajo, según el cual las acciones laborales prescriben en 3 años contados a
partir del momento en el que la obligación se hizo exigible.
5 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_PASOALDESPACHO(.pdf) NroActua 2», carpeta «08001233300020160017000 BERNARDO
ILLERAS SANTOS», archivo «026 SENTENCIA-EXP 000-2016-00170-00-BERNARDO
ILLERA.pdf».
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Demandante: Bernardo Illera Santos
10.1. En consideración a las pruebas, se tiene que el reconocimiento de las
cesantías a favor del actor se realizó a través de la Resolución 178 del 19 de agosto
de 2005, la cual quedó ejecutoriada el 29 de agosto de 2005, de tal manera que
los 45 días hábiles para efectuar su pago vencían el 1 de noviembre de 2005.
10.2. Así entonces, la fecha en que se causó la sanción moratoria es a partir del
2 de noviembre de 2005, por lo que tenía plazo para presentar la solicitud ante la
administración hasta el 2 de noviembre de 2008, pero solo la presentó hasta el 4
de julio de 2013, esto es cuando el término para su exigibilidad ya se había
extinguido por prescripción.
10.3. Si bien, según el hecho 6 de la demanda, se solicitó el pago de la sanción
moratoria dentro del proceso ejecutivo adelantado por el actor ante el Juzgado 3
Laboral del Circuito de Barranquilla, lo cierto es que no hay prueba que acreditara
tal situación.
10.4. En todo caso, «se colige del número de radicación del proceso ejecutivo (2007-
6
0661) , que el mismo fue presentado en el año 2007, y en gracia de discusión, aun
tomando esta última fecha para el conteo del término de prescripción, tenemos que
tampoco puede entenderse interrumpido el mismo ya que la reclamación administrativa se
elevó el 04 de julio de 2013, esto es, superando ampliamente el término contemplado en
el artículo 151 del Código Sustantivo del Trabajo».
10.5. La sanción moratoria se causa de forma autónoma por el solo
incumplimiento del plazo legal para el pago de las cesantías, de manera que de
ninguna forma puede entenderse que su reconocimiento se encuentra supeditado
al pago efectivo de la prestación, que para el caso no había operado.
10.6. No había lugar a la condena en costas, toda vez que no se encontraron
elementos que justificaran su imposición, en consideración a lo previsto en el
artículo 188 del CPACA.
1.4. El recurso de apelación
11. El demandante interpuso recurso de apelación con fundamento en los siguientes
argumentos7:
6 «Se obtiene el radicado del contrato de transacción (…)».
7 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_PASOALDESPACHO(.pdf) NroActua 2», carpeta «08001233300020160017000 BERNARDO
ILLERAS SANTOS», archivo «029. APELACION SENT-PARTE DTE.pdf».
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Demandante: Bernardo Illera Santos
11.1. En el presente caso no operó la prescripción debido a que no se han pagado
las cesantías definitivas reconocidas en la Resolución 178 del 19 de agosto de
2005, en consideración a que el referido término se contabiliza desde la fecha en
que se haga efectivo el pago, que es cuando se sabe a ciencia cierta si se ha
reconocido o no el derecho.
11.2. Debía tenerse en cuenta que ese acto administrativo se hizo exigible desde
el 10 de noviembre de 2005 y que posteriormente se inició un proceso ejecutivo
laboral en el 2007, dentro de la cual se suscribió el acuerdo transaccional el 5 de
marzo de 2010, cuyo cumplimiento se solicitó mediante repetidos memoriales de
fecha 26 de julio de 2010, siendo el último el de fecha 26 de Julio de 2013.
Asimismo, que nuevamente se solicitó el pago de la resolución y la sanción
moratoria mediante oficio radicado el 4 de julio de 2013, situaciones que
demuestran la interrupción del término de prescripción y que imposibilitaron su
ocurrencia en el asunto que nos ocupa.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
12. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar8.
1.6. El Ministerio Público
13. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
14. Se circunscriben a establecer ¿si el demandante en su condición de empleado
público que ostentó en la Personería Distrital de Barranquilla tenía derecho al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995? y,
en caso afirmativo, ¿si se configuró la prescripción trienal del derecho al pago de
tal concepto?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
8 Tal y como se indicó en el auto del 20 de octubre de 2023. Samai, índice 8, actuación «Auto que
admite recurso de apelación», documento «AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.docx)
NroActua 8».
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Demandante: Bernardo Illera Santos
2.2.1. Del régimen de cesantías de los servidores públicos del orden
territorial
15. La Ley 6 de 1945, en su artículo 17, literal a), señaló que los empleados y
obreros nacionales de carácter permanente gozarían de un auxilio de cesantía a
razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio, y solamente se tendría
en cuenta el tiempo de servicio prestado después del 1º de enero de 1942.
16. Posteriormente, en el Decreto 2767 de 1945, artículo 1, se indicó que los
empleados de los departamentos y municipios tenían derecho a las prestaciones
establecidas en el artículo 17 de la Ley 6 de 1945, entre las cuales se encuentra el
auxilio de cesantías.
17. Además, en el artículo 6 del aludido decreto se precisó que, para la liquidación
de los empleados, por la terminación de los contratos de trabajo, o la situación que
ocasionara el retiro, se debía incluir el auxilio de las cesantías.
18. La Ley 65 de 1946, en su artículo 1, estableció que los empleados de la Nación,
tendrían derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado, y en su
parágrafo extendió dicho beneficio a los trabajadores de los departamentos,
intendencias, comisarías y municipios.
19. El Decreto 2567 de 1946, en su artículo 1, dispuso que el auxilio de cesantía a
que tuvieran derecho los empleados y obreros al servicio de la Nación, los
departamentos y los municipios, se liquidaría de conformidad con el último sueldo
o jornal devengado.
20. La Ley 50 de 1990, en su artículo 99, estableció el régimen de cesantías
anualizadas en los siguientes términos:
«1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen
tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que
se liquide definitivamente.
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía
que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día
de salario por cada retardo».
21. Por su parte, la Ley 344 de 1996, en su artículo 13, señaló que, a partir de su
8
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Demandante: Bernardo Illera Santos
publicación, es decir el 31 de diciembre de 1996, las personas que se vincularan a
las entidades del Estado, tendrían un régimen anualizado de cesantías.
22. En el Decreto 1582 de 1998, reglamentario de la Ley 344 de 1996, se precisó
que el régimen de los servidores públicos de nivel territorial vinculados a partir del
31 de diciembre de 1996, que se encontraran afiliados a un fondo de cesantías
sería el establecido en los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990.
23. La anterior disposición se conservó en el Decreto 1919 de 2002, que extendió
el régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos de la rama ejecutiva
del nivel nacional a los servidores del orden territorial, con la salvedad9 de que los
beneficiarios del régimen retroactivo continuarían disfrutándolo, en concordancia
con la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000.
2.2.2. Sobre la sanción moratoria en el pago de las cesantías de los
servidores públicos
24. En la Ley 244 de 199510 la indemnización por mora en el pago de la cesantía de
los servidores públicos fue establecida como una sanción a cargo del empleador y a
favor del trabajador, con el propósito de reparar los daños que se causaran, ante el
incumplimiento en el pago de la liquidación definitiva del auxilio de cesantía, al
respecto señaló lo siguiente:
«Artículo 1º.- Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la
solicitud de la liquidación de las Cesantías Definitivas, por parte de los servidores
públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la Resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la Ley.
(…)
Artículo 2º.- La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco
(45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo
que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor público, para
cancelar esta prestación social.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la
entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un
día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas,
para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este
artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se
demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste.»
25. En tal sentido, dicha norma fijó los términos para el reconocimiento y pago
9 Artículo 3 del Decreto 1919 de 2002.
10 «Por la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos,
se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones»
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Demandante: Bernardo Illera Santos
oportuno de las cesantías de los servidores públicos, y en caso de mora, estableció
a título de sanción, a cargo de la administración y a favor del trabajador, un día de
salario por cada día de retardo en el pago de la referida prestación.
26. La anterior disposición tiene como finalidad proteger el derecho de los
servidores públicos que se retiran del servicio a percibir oportunamente la
liquidación definitiva de sus cesantías. En tal sentido, constituye una garantía del
derecho al pago oportuno del salario contenido en los incisos 1 y 3 del artículo 53
de la Constitución Política, y en el Convenio 95 de la OIT que protege el salario y
su pago oportuno.
27. El Convenio 95 de la OIT, relativo a la protección al salario, aprobado mediante
la Ley 54 de 1962, incluyó dentro de la definición de salario toda forma de
remuneración, en los siguientes términos:
«Artículo 1. A los efectos del presente Convenio, el término ´salario´, significa la
remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo,
siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación
nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo,
escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por
servicios que haya prestado o deba prestar».
28. La Corte Constitucional sostuvo, en sentencia T-260 del 1 de junio de 1994,
expediente T-30763, M.P. Alejandro Martínez Caballero, sobre la protección
constitucional a la remuneración que en el Convenio 95 de la OIT que «cuando se
termine el contrato de trabajo se deberá efectuar un ajuste final de todos los salarios
debidos de conformidad con la Legislación Nacional, un contrato colectivo o un laudo
arbitral o, en defecto de dicha legislación, contrato o laudo, dentro de un plazo razonable,
habida cuenta de los términos del contrato».
29. Además, en dicho pronunciamiento la Corte Constitucional precisó que el
artículo 12 del Convenio 95 no solo se refirió a las mensualidades debidas, sino
también a cualquier remuneración derivada de la finalización de la relación laboral,
por tal razón, las prestaciones sociales como las cesantías estaban cobijadas por
los principios constitucionales de la protección a la remuneración.
30. Por su parte, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 18
de julio de 201811 se refirió a los distintos eventos en los que puede presentarse
una variación del plazo para la exigibilidad de la sanción moratoria, por el pago
tardío o no pago de las cesantías parciales y definitivas, respecto de lo cual
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 18 de julio de 2018, radicación: 73001-23-
33-000-2014-00580-01(4961-2015).
10
Radicado: 08001-23-33-000-2016-00170-01 (3407-2023)
Demandante: Bernardo Illera Santos
estableció las siguientes reglas:
«(…)
i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se
expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre
70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que
corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y
iii) 45 días para efectuar el pago.
ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado
al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la
notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue
notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término
dispuesto en la ley12 para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5
días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que
compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por
este medio. Por su parte, cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación
y de ejecutoria, el acto adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno
de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del empleador como
computables para sanción moratoria.
iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique
el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la
cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto.»
TERCERO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar que, en tratándose de cesantías definitivas, el salario base para
calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se
produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de las cesantías parciales,
donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la asignación básica vigente al
momento de la causación de la mora sin que varíe por la prolongación en el tiempo.
CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado
para señalar que es improcedente la indexación de la sanción moratoria por pago tardío
de las cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA.
(…)».
31. De lo anterior se puede inferir que la sanción moratoria por la omisión de pago
oportuno de las cesantías definitivas prevista por las Leyes 244 de 1995 y 1071 de
2006 se causa: i) transcurridos 70 días hábiles después de radicada la solicitud de
reconocimiento, si no se expide el acto de reconocimiento o se hace de forma
extemporánea; y ii) transcurridos 45 días hábiles contados a partir de la ejecutoria
del acto administrativo de reconocimiento del auxilio, de los que resuelven los
recursos interpuestos contra aquel o del día siguiente a la manifestación de
renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria. En consecuencia, los
12 Artículo 69 CPACA.
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Radicado: 08001-23-33-000-2016-00170-01 (3407-2023)
Demandante: Bernardo Illera Santos
anteriores son los eventos que determinan la causación y exigibilidad de la sanción,
los cuales tienen como referente la petición del empleado.
32. Ahora bien, las normas que regulan esta sanción no señalan un término de
prescripción para su reclamación, como tampoco se prevé para la indemnización
por el incumplimiento en la consignación de cesantías anualizadas. Precisamente,
la sentencia de unificación del 25 de agosto de 201613 al analizar esta última
situación, precisó los siguientes puntos:
32.1. La sanción moratoria no es accesoria a las cesantías. Si bien la
indemnización se causa por el incumplimiento en el pago de la prestación social,
lo cierto es que no dependen de su reconocimiento ni hacen parte de aquel.
32.2. Es excepcional y está sujeta al incumplimiento u omisión del deber legal de
pago oportuno que tiene el empleador.
32.3. Está creada a título de sanción. En consecuencia, hace «parte del derecho
sancionador», por lo tanto, no puede considerarse como un derecho imprescriptible,
pues esta es una característica de aquel.
32.4. El sustento normativo para el término prescriptivo es el contenido en el
artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral. Se excluye la aplicación de los
Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, toda vez que estos regulan en forma
expresa los derechos en ellos contenidos, dentro de los cuales no se encuentra la
sanción moratoria, al tiempo que el mencionado artículo 151 comprende un ámbito
de mayor alcance.
33. En esta misma línea, la sentencia del 6 de agosto de 2020 14 unificó su posición
para señalar que el término de prescripción de la sanción moratoria de la Ley 50
de 1990 se contabiliza a partir del 15 de febrero del año en el cual debía efectuarse
la respectiva consignación, es decir, desde su causación y exigibilidad.
34. Para esta Subsección, lo anterior sirve como punto de partida para considerar
la indemnización que se causa por la falta de pago de las cesantías definitivas
señalada por las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, dadas las características
comunes que comparte con la penalidad económica que surge cuando no se
consigna en oportunidad el auxilio liquidado bajo el régimen anualizado.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación:
080012331000201100628-01(0528-2014).
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, radicación: 08001-23-
33-000-2013-00666-01 (0833-2016).
12
Radicado: 08001-23-33-000-2016-00170-01 (3407-2023)
Demandante: Bernardo Illera Santos
Ciertamente, la sanción moratoria bajo examen también es independiente de las
cesantías, hace parte del derecho sancionatorio y, por consiguiente, debe estar
sujeto a la regla general de la prescripción.
35. Es importante resaltar que, a pesar de que el valor de la sanción moratoria
incrementa a razón de un día de salario por cada día de mora, lo cierto es que ello
no le da el carácter de prestación periódica que tienen las pensiones y los salarios
y prestaciones que se causan durante la relación laboral. Tal condición deriva en
la consecuencia lógica de entender que el término prescriptivo que resulta
aplicable es el extintivo y de acuerdo con el artículo 151 del C. de P.L., opera a los
3 años siguientes al de su causación y se interrumpe con la presentación de la
respectiva reclamación.
2.2.3. Sobre la prescripción de la sanción moratoria por pago inoportuno o
no pago de cesantías definitivas de la Ley 244 de 1995
36. En la sentencia de unificación SUJ- 034 - CE-S2 -2023 del 2 de noviembre de
2023, la Sección Segunda del Consejo de Estado estableció las reglas sobre la
prescripción de la sanción moratoria por pago inoportuno o no pago de cesantías
definitivas así:
«(i) El plazo trienal de la prescripción de la sanción moratoria por el incumplimiento en
el pago de las cesantías definitivas, regulado por el artículo 151 del CPTSS, se inicia a
contabilizar desde que la penalidad se hace exigible, esto es, al vencimiento del plazo
legal para el pago de la prestación social. Si el reclamo de la sanción se presenta
después de los tres años contados desde su exigibilidad, se configura la prescripción
total.
(ii) El término de la prescripción extintiva de la sanción moratoria derivada del pago
tardío o no pago de las cesantías definitivas se interrumpe por una sola vez con la
reclamación oportuna, y por un lapso igual de tres años, que no puede ser entendido
como un término que habilita al beneficiario para presentar múltiples solicitudes, sin que
opere la prescripción.
(iii) Si la administración reconoce y/o paga las cesantías después de extinguido el
derecho por prescripción, esa circunstancia no revive la oportunidad para reclamar la
sanción moratoria».
2.3. Caso concreto
37. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
13
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Demandante: Bernardo Illera Santos
37.1. Según constancia laboral del 2 de septiembre de 201315, suscrita por la jefe
de la Oficina de Gestión Humana de la Personería Distrital del Barranquilla,
Bernardo Illera Santos laboró al servicio de la entidad entre el 1 de febrero de 2003
y el 10 de mayo de 2004, el último cargo que desempeñó fue el de asesor código
105, grado 25, con una asignación mensual de $3.018.320.
37.2. A través de la Resolución 178 del 19 de agosto de 200516, expedida por la
Personería Distrital de Barranquilla, se le reconoció y ordenó el pago de la suma
de $7.868.088 por concepto de salarios y demás prestaciones sociales, en su
condición de exempleado de la entidad, dentro de las que se encontraban, según
la liquidación anexa al acto administrativo17, i) las cesantías definitivas; ii) la
bonificación; iii) la prima de navidad; iv) la prima de servicios; v) la prima de
vacaciones; y vi) las vacaciones. En este acto administrativo se consideró y
resolvió lo siguiente:
«Que el señor Bernardo Illera Santos, identificado con la cédula de ciudadanía número
8.723.576 de Barranquilla, vinculado en la planta de Personal de la Personería Distrital
de Barranquilla en el cargo de Asesor Código 105 grado 18 según la Resolución de
nombramiento N° 021 de 2003, con efectos fisca les desde el 1 de febrero de 2003.
Que mediante Resolución N° 013 de fecha 2 de enero de 2004 el señor Bernardo Illera
Santos, fue incorporado a la nueva planta de personal de la Personería Distrital de
Barranquilla en el cargo de Asesor Código 105 Grado 25.
Que al momento de su desvinculación el señor en mención tenía una asignación
mensual salarial de $3.018.320.
Que se hace necesario reconocer y ordenar el pago de las acreencias laborales señor
Bernardo Illera Santos en razón a su retiro.
Que el Director Financiero de la Personería Distrital de Barranquilla presentó liquidación
correspondiente a las acreencias laborales del exfuncionario, documento anexo a la
presente resolución como soporte.
Que el Director Financiero mediante certificados Nos. 0179, 0180, 0181. у 0182 y 0183
de fecha 19 de agosto de 2005, informó a este despacho que existe disponibilidad:
presupuestal para comprometer el Presupuesto con el presente acto administrativo.
En mérito de lo anterior:
15 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_PASOALDESPACHO(.pdf) NroActua 2», carpeta «08001233300020160017000 BERNARDO
ILLERAS SANTOS», archivo «004. PRUEBAS DDA.pdf», folio 4.
16 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_PASOALDESPACHO(.pdf) NroActua 2», carpeta «08001233300020160017000 BERNARDO
ILLERAS SANTOS», archivo «004. PRUEBAS DDA.pdf», folios 1 y 2.
17 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_PASOALDESPACHO(.pdf) NroActua 2», carpeta «08001233300020160017000 BERNARDO
ILLERAS SANTOS», archivo «004. PRUEBAS DDA.pdf», folio 3 y 6.
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Demandante: Bernardo Illera Santos
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Reconózcase la suma de siete millones ochocientos sesenta y
ocho mil ochenta y ocho pesos M/L ($7.868.088), por concepto de liquidación definitiva
de salarios y prestaciones sociales adeudados al señor Bernardo Illera Santos
identificado con la cédula de ciudadanía No.8.723.576 expedida en Barranquilla, en su
condición de ex funcionario de la Personería Distrital de Barranquilla por el periodo
comprendido entre el 1 febrero de 2003 hasta el 10 de mayo de 2004 de acuerdo a los
conceptos que se detallan en liquidación expedida por el Director Financiero, anexa a
esta Resolución.
ARTICULO SEGUNDO: Ordénese el pago de la suma de siete millones ochocientos
sesenta y ocho mil ochenta y ocho pesos M/L ($7.868.088), por concepto de liquidación
de salarios y prestaciones sociales adeudados al señor Bernardo Illera Santos,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.723.576 expedida en Barranquilla, en su
condición de ex funcionario de la Personería Distrital de Barranquilla.
(…)» (sic).
37.3. El 29 de agosto de 2005, se le notificó de manera personal el anterior acto
administrativo, oportunidad en la que renunció a los términos de ejecutoria, según
consta en su sello de notificación18.
37.4. Según Oficio del 6 de marzo de 200619, suscrito por el director financiero de
la Personería Distrital de Barranquilla, de conformidad con lo ordenado en el
Convenio de Colaboración Interadministrativo 001 de 2005, suscrito entre la
alcaldía del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, la Secretaría
de Hacienda Distrital y la Personería Distrital, el director financiero de esta última
entidad remitió a esa Secretaría la orden de pago 3128920, correspondiente a las
liquidaciones de las prestaciones sociales de varios empleados, dentro de las que
se encontraba la del actor en virtud del reconocimiento efectuado mediante la
Resolución 178 del 10 de agosto de 2005.
37.5. El 5 de marzo de 2010, se acordó un contrato de transacción entre el actor
y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en el que se indicó que
este se realizó en virtud de una demanda ejecutiva laboral que presentó aquel en
contra del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y la Personería
18 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_PASOALDESPACHO(.pdf) NroActua 2», carpeta «08001233300020160017000 BERNARDO
ILLERAS SANTOS», archivo «004. PRUEBAS DDA.pdf», folio 2.
19 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_PASOALDESPACHO(.pdf) NroActua 2», carpeta «08001233300020160017000 BERNARDO
ILLERAS SANTOS», archivo «004. PRUEBAS DDA.pdf», folio 5.
20 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_PASOALDESPACHO(.pdf) NroActua 2», carpeta «08001233300020160017000 BERNARDO
ILLERAS SANTOS», archivo «004. PRUEBAS DDA.pdf», folio 7.
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Radicado: 08001-23-33-000-2016-00170-01 (3407-2023)
Demandante: Bernardo Illera Santos
Distrital de Barranquilla, la cual le correspondió al Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Barranquilla con el radicado 2007-0661, para que se librara
mandamiento de pago de los dineros adeudados que fueron reconocidos a través
de la Resolución 178 del 19 de agosto de 2005 y de la sanción moratoria
establecida en la Ley 244 de 199521.
37.6. En el contrato de transacción, también se señaló que a través de auto del
19 de julio de 2005 el juzgado de conocimiento procedió a librar mandamiento por
un valor de $7.868.088, más la suma de $100.610.66 diarios hasta que se
produjera el pago efectivo por concepto de sanción moratoria, decisión que fue
notificada «al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla el día Primero (31)
de julio de 2008, quien mediante apoderado judicial propuso excepciones de fondo; las
cuales fueron resueltas por el Juez de conocimiento desfavorablemente para las
demandadas el día 06 de mayo de 2009, presentando el apoderado del distrito Especial,
Industrial y Portuario recurso de apelación el día 07 de mayo de 2009, razón por la cual el
expediente se encuentra en el trámite de la segunda instancia en el Tribunal Superior Sala
Laboral RAD: 35436 M.P Dra. HEIDI GUERRERO» (sic).
37.7. En este contrato, la obligación se tasó en una suma de $155.342.869, bajo
las siguientes consideraciones:
«la Jefe de la Oficina de Nóminas y Prestaciones Sociales del Distrito de Barranquilla,
efectuó liquidación de los salarios moratorios del demandante, tomando como base la
ley 244 de 1995, la cual arrojó como suma total el valor de CIENTO CINCUENTA Y
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y NUEVE PESOS M.L. (155.342.869), correspondiente a 1.544 días como
sanción moratoria, para cual se tuvo en cuenta el salario base del demandante en su
momento, el cual era $3.018.320.oo» (sic).
37.8. Por medio de escrito radicado el 26 de julio de 201022, el demandante
solicitó al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla el pago del
contrato de transacción acordado dentro del proceso ejecutivo laboral.
37.9. A través de la certificación del 7 de octubre de 201323, la Secretaría de
hacienda del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla informó que
21 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_PASOALDESPACHO(.pdf) NroActua 2», carpeta «08001233300020160017000 BERNARDO
ILLERAS SANTOS», archivo «004. PRUEBAS DDA.pdf», folios 10 a 13.
22 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_PASOALDESPACHO(.pdf) NroActua 2», carpeta «08001233300020160017000 BERNARDO
ILLERAS SANTOS», archivo «004. PRUEBAS DDA.pdf», folio 26.
23 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_PASOALDESPACHO(.pdf) NroActua 2», carpeta «08001233300020160017000 BERNARDO
ILLERAS SANTOS», archivo «004. PRUEBAS DDA.pdf», folio 27.
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Radicado: 08001-23-33-000-2016-00170-01 (3407-2023)
Demandante: Bernardo Illera Santos
«(r)evisado el software contable del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
e informe de pagos realizados por la Fiduciaria La previsora, me permito informarle que
NO se registran pagos por concepto de la cancelación de la resolución 178, a favor de:
BERNARDO ILLERA SANTOS, CON C.C No 8.723.576, Con corte a agosto 31 de 2013»
(sic).
37.10. El 4 de julio de 2013, bajo el radicado 20130704-70657, el actor solicitó al
Distrito, Especial y Portuario de Barranquilla, Secretaría de Hacienda, lo
siguiente24:
«PETICIONES PRINCIPALES
1- Que en término legal consagrado en la Ley 1437 se proceda al pago del valor
reconocido en la Resolución No 178 de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA
Y OCHO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS ($7.868.088) por concepto de liquidación
definitiva y prestaciones sociales expedida por la PERSONERIA DISTRITAL DE
BARRANQUILLA a favor de mi poderdante BERNARDO ILLERA SANTOS, mayor de
edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.723.576 de Barranquilla.
2- Se cancele el valor correspondiente a la sanción moratoria contemplada en la ley
244 de 1.995 por el no pago oportuno de las cesantías reconocidas a mi poderdante.
sanción que asciende a la fecha a la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS
($275,471.209) en virtud del Cargo de Asesor, código 105 grado 25, con un salario
mensual de TRES MILLONES DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS
($3.018.320) que ocupaba al haberle sido reconocidas las cesantías.
PETICIONES SUBSIDIARIAS
1- Se ordene, la cancelación inmediata del valor de la suma pactada en el contrato de
transacción celebrado con el mi poderdante y acreedor entre el acreedor por la suma
de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($155.342.869).
2- Se ordene la cancelación de intereses de mora liquidados a la tasa más alta permitida
legalmente en Colombia el cual cuenta con disponibilidad presupuestal No 52.250 y
Registro Presupuestal No 103.780 del 05 de Marzo de 2010 para cumplir con lo suscrito
por el DEIP de Barranquilla a través del Dr. Modesto Enrique Aguilera Vides. facultado
para tal fin de acuerdo al parágrafo tercero del Decreto Distrital 054 de 2008» (sic).
37.11.Con la certificación del 7 de octubre de 201325, el jefe de la Oficina de
Contaduría de la Secretaría de Hacienda del Distrito Especial de Barranquilla
24 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_PASOALDESPACHO(.pdf) NroActua 2», carpeta «08001233300020160017000 BERNARDO
ILLERAS SANTOS», archivo «004. PRUEBAS DDA.pdf», folios 28 a 32.
25 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_PASOALDESPACHO(.pdf) NroActua 2», carpeta «08001233300020160017000 BERNARDO
ILLERAS SANTOS», archivo «004. PRUEBAS DDA.pdf», folio 27.
17
Radicado: 08001-23-33-000-2016-00170-01 (3407-2023)
Demandante: Bernardo Illera Santos
indicó que «(r)evisado el software contable del Distrito de Barranquilla e informe de pagos
realizados por la Fiduciaria La previsora, me permito informarle que NO se registran pagos
por concepto de la cancelación de la resolución 178, a favor de: BERNARDO ILLERA
SANTOS, Con C.C No 8.723.576, Con corte a agosto 31 de 2013» (sic).
37.12.A través del Oficio C-20150630-69455 del 30 de junio de 201526, la
Secretaría de Hacienda negó la petición presentada el 4 de julio de 2013 bajo el
radicado 20130704-70657, «toda vez que la transacción celebrada (…) no puede ser
cancelada por el Distrito EIP de Barranquilla, toda vez que la misma no fue aprobada por
el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla careciendo este requisito principal
de conformidad con el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil modificado por el
artículo uno numeral 162 del Decreto 2282 de 1989» (sic).
37.13.A través del Oficio C-20150811-89747 del 11 de agosto de 201527, el
secretario de hacienda del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla,
bajo iguales consideraciones, negó al actor una solicitud de adición y
complementación del anterior acto administrativo.
37.14. El 19 de octubre de 2015 solicitó a la Personería Distrital de Barranquilla
«el pago de los valores reconocidos en la Resolución No 178 de 19 de Agosto de 2005
por concepto de liquidación definitiva y prestaciones sociales, y adicionalmente se cancele
el valor correspondiente a la sanción moratoria contemplada en la ley 244 de 1.995 por el
no pago oportuno de dichas cesantías»; sin embargo, fue negada a través del Oficio
D.P 400/15 del 4 de diciembre de 2015, expedido por el personero de la entidad,
bajo las siguientes consideraciones28:
«La Personería Distrital de Barranquilla teniendo en cuenta los Antecedentes del caso,
sub judice y el objeto de su petición se permite en manifestarle que no somos la entidad
competente para proceder a cancelar las sumas reconocidas dentro de la Resolución
No. 178 de 2005. Esta Agencia del Ministerio Público carece de toda competencia
financiera y jurídica para efectuar el pago de la precitada obligación. Esta
responsabilidad recae irrestrictamente sobre el DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRITAL
Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, quien además de ser ENTIDAD PAGADORA, es
la entidad condenada judicialmente a cumplir con dicha obligación clara, expresa y
exigible. De conformidad con lo expuesto y lo consignado por el legislador en el artículo
21 de la ley 1755 de 2015:.... "Artículo 21. Funcionario sin competencia. Si la
autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato
26 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_PASOALDESPACHO(.pdf) NroActua 2», carpeta «08001233300020160017000 BERNARDO
ILLERAS SANTOS», archivo «004. PRUEBAS DDA.pdf», folio 34.
27 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_PASOALDESPACHO(.pdf) NroActua 2», carpeta «08001233300020160017000 BERNARDO
ILLERAS SANTOS», archivo «004. PRUEBAS DDA.pdf», folios 39 y 40.
28 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_PASOALDESPACHO(.pdf) NroActua 2», carpeta «08001233300020160017000 BERNARDO
ILLERAS SANTOS», archivo «004. PRUEBAS DDA.pdf», folios 42 a 44.
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Radicado: 08001-23-33-000-2016-00170-01 (3407-2023)
Demandante: Bernardo Illera Santos
al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de
la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al
competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir
funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se
contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad
competente."» (sic).
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
38. En el presente asunto, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión
Oral, Sección B, en sentencia del 15 de octubre de 2021 negó las pretensiones de
la demanda al encontrar que había operado el fenómeno jurídico de la prescripción
en lo que tiene que ver con la sanción moratoria solicitada por la parte demandante,
por la no consignación oportuna de sus cesantías definitivas.
39. En el recurso de apelación la parte actora sostuvo que no operó la prescripción,
pues el término para contabilizar el fenómeno jurídico iniciaba desde la fecha en
que se hubiera hecho efectivo el pago de las cesantías definitivas, que era cuando
se sabía a ciencia cierta si se había reconocido o no el derecho; sin embargo, en
el asunto concreto no se ha pagado la prestación reconocida en la Resolución 178
del 19 de agosto de 2005.
40. Sin perjuicio de lo anterior, debía tenerse en cuenta que ese acto administrativo
se hizo exigible desde el 10 de noviembre de 2005 y que posteriormente se inició
un proceso ejecutivo laboral en el 2007 cuyo radicado era 2007-0661, dentro del
cual se suscribió un acuerdo transaccional el 5 de marzo de 2010, cuyo
cumplimiento se solicitó mediante repetidos memoriales del 26 de julio de 2010,
siendo el último el de fecha 26 de julio de 2013. Asimismo, que nuevamente se
solicitó el pago de la resolución y la sanción moratoria mediante oficio radicado el
4 de julio de 2013, situaciones que demostraron la interrupción del término de
prescripción y que imposibilitaron su ocurrencia en el asunto que nos ocupa.
41. La Sala advierte que en esta instancia procesal no se discute el derecho que le
asiste al demandante frente al reconocimiento y pago de las cesantías definitivas,
pues en relación con ello no se formuló inconformidad alguna.
42. Ahora, para resolver el problema jurídico, se resalta que a través de la
Resolución 178 del 19 de agosto de 2005, expedida por la Personería Distrital de
Barranquilla, se reconoció a favor de Bernardo Illera Santos unas cesantías
definitivas y otras prestaciones sociales por sus servicios prestados en la entidad
entre el 1 de febrero de 2003 y el 10 de mayo de 2004, acto administrativo que
quedó ejecutoriado a partir del 30 de agosto de 2005.
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Demandante: Bernardo Illera Santos
43. Bajo tal panorama y para contabilizar el plazo para la exigibilidad de la sanción
moratoria por el no pago de las cesantías definitivas se tendrán en cuenta las
reglas fijadas por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del
18 de julio de 2018 antes citada, de acuerdo con lo cual se tiene:
Descripción Fecha
Fecha de expedición del acto administrativo de
19 de agosto de 2005
reconocimiento
Fecha notificación personal del acto
29 de agosto de 2005
administrativo
Ejecutoria del acto 30 de agosto de 2005
45 días hábiles para efectuar el pago 2 de noviembre de 2005
44. Visto lo anterior, la sanción moratoria se hizo exigible a partir del 3 de noviembre
de 2005 al vencimiento de los 45 días que tenía la entidad demandada para
efectuar el pago de las cesantías definitivas; sin embargo, no hay prueba en el
asunto concreto de que ello hubiera ocurrido, luego, su límite temporal ha sido
desde esa fecha hasta que efectivamente se produzca el pago.
45. En este punto, respecto de la prescripción trienal de la sanción moratoria de
acuerdo con la regla fijada en la sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del
2 de noviembre de 202329 se contabiliza desde que se hace exigible, esto es al
vencimiento del término legal para el pago del auxilio de cesantías, por lo tanto, si
la solicitud de sanción moratoria se presenta después de 3 años contados desde
su exigibilidad, se configura la prescripción trienal. Asimismo, si la administración
reconoce y/o paga las cesantías después de extinguido el derecho por
prescripción, esa circunstancia no revive la oportunidad para reclamar la sanción
moratoria.
46. En el caso concreto la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción
moratoria ante la administración se presentó el 4 de julio de 2013, es decir que no
fue dentro de los 3 años contados desde su exigibilidad, por lo tanto, se configuró
este fenómeno prescriptivo, toda vez que su exigibilidad surgió a partir del 3 de
noviembre de 2005 y contaba hasta el 3 de noviembre de 2008 para reclamar en
término el derecho; sin embargo, solo lo hizo hasta la fecha inicialmente dicha. Por
tanto, la reclamación no se efectuó dentro del término de ley.
47. Aunado a lo anterior, según la mencionada sentencia de unificación SUJ-034-
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de
noviembre de 2023, radicado 080012333000201200200-02 (2459-2014), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
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Radicado: 08001-23-33-000-2016-00170-01 (3407-2023)
Demandante: Bernardo Illera Santos
CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, el derecho para reclamar la sanción
moratoria «se hace exigible al día siguiente en el que vence el plazo del que dispone el
empleador para sufragar las cesantías definitivas. A partir de ese momento, el trabajador
puede reclamar el pago de la sanción moratoria correspondiente».
48. En este sentido, el pago de la penalidad no procede de manera automática por
el incumplimiento por parte del empleador del pago de las cesantías definitivas,
sino que es necesario que se haya reclamado ante la administración, por tanto, se
reitera, la solicitud que en este asunto se presentó en el 2013 se hizo fuera de
término. Asimismo, su reconocimiento no se encuentra supeditado al pago efectivo
de las cesantías, que para el caso es inexistente la prueba de que haya operado.
49. Es importante recordar que las reglas fijadas en la providencia de unificación del
2 de noviembre de 2023 son aplicables retrospectivamente y no podrán ser
aplicadas retroactivamente a aquellos casos cobijados por el fenómeno de la cosa
juzgada.
50. Ahora, valga señalar que, si bien en este asunto la parte actora alegó la
presencia de un proceso ejecutivo en el que se dispuso el pago de unos dineros
por concepto de sanción moratoria producto de un contrato de transacción
celebrado entre las partes, que en su sentir interrumpió la prescripción, lo cierto es
que sobre este proceso en el plenario únicamente hay pruebas que acreditan su
existencia más no lo allí sucedido y resuelto con certeza que permita considerarlo
en este asunto. Al contrario, según lo aportado al plenario, pareciera que tal
transacción no fue aprobada por el juzgado de conocimiento y que el proceso no
había sido finalizado al encontrarse en el tribunal superior en virtud de un recurso
de apelación interpuesto contra el auto que libró mandamiento de pago.
51. Por tanto, la parte incumplió lo previsto en el artículo 167 del Código General de
Proceso30, «según el cual (i)ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen».
52. Sin perjuicio de lo anterior, en gracia de discusión, así se hubiera demostrado
su existencia, la prescripción frente a la sanción moratoria aquí discutida se
interrumpe con la solicitud o reclamo ante la administración, lo cual vino a ocurrir
solo hasta el 2013, es decir, en este caso, luego de los 3 años a los que el derecho
a este concepto se hizo exigible, esto es, el 3 de noviembre de 2005.
53. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, mediante
la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B,
30 En adelante CGP.
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Radicado: 08001-23-33-000-2016-00170-01 (3407-2023)
Demandante: Bernardo Illera Santos
negó las pretensiones de la demanda al haber operado el fenómeno jurídico de la
prescripción respecto de la sanción moratoria reclamada.
2.4. Costas
54. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
55. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
56. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma31.
57. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
58. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
4. Conclusión
59. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que operó el fenómeno
jurídico de la prescripción en relación con la sanción moratoria reclamada.
31 En el igual sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 08001-23-33-000-2016-00170-01 (3407-2023)
Demandante: Bernardo Illera Santos
60. En esas condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 15 de octubre de
2021por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B
en tanto negó las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 15 de octubre de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, de conformidad con
las consideraciones expuestas en la presente providencia.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto Cfr. Rad. AV.05001-23-
33-000-2020-00472-01 (1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM
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