Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2017-01301-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2017-01301-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 08001-23-33-000-2017-01301-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
28 de octubre de 2024
Radicado: 08001-23-33-000-2017-01301-01 (64765)
Demandante: Compañía de ingenieros Constructores SAS
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 08-001-23-33-000-2017-01301-01 (64765)
Actor: Sociedad Ingenieros Constructores
Demandado: Corporación Autónoma regional del Atlántico (CRA)
Referencia: proceso ejecutivo
Tema 1: Competencia funcional del juez de segunda instancia – se limita a pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio. Subtema 1.1. Carga argumentativa recurso de apelación. Subtema 1.2. Indebida sustentación
del recurso de apelación. Subtema 1.3. Consecuencias del incumplimiento de la carga de sustentación
de la alzada – impide pronunciamiento.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección decide el recurso de apelación interpuesto por la ejecutada contra la
sentencia proferida el trece (13) de mayo de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección A, en la que declaró probada parcialmente la
excepción de pago y ordenó seguir adelante con la ejecución.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La Sociedad Ingenieros Constructores SAS en calidad de cesionaria de la Unión
Temporal Recuperación Hídrica, pretende ejecutar a la Corporación Autónoma
Regional del Atlántico (CRA), por los valores reconocidos como saldo a favor de la
cedente (contratista), que constan en el acta de liquidación bilateral del contrato N°
0277 de 2013, suscrita el 26 de agosto de 2016.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
2.1.1. El 31 de octubre de 2017, la Sociedad Ingenieros SAS, por intermedio de
apoderada judicial, presentó demanda ejecutiva1 contra la Corporación Autónoma
Regional del Atlántico (CRA), con las siguientes pretensiones:
• “PRIMERO: Librar mandamiento ejecutivo de pago a favor de la sociedad
COMPAÑÍA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S NIT. 830.054.826.1 y en
contra de la entidad pública Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA NIT
802.000.339-0 por MIL CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($1.176.229.924)
ML: con cargo al saldo de la suma en su favor reconocida en el acta de liquidación
bilateral del contrato No 277 de 2013 firmada el día 26 de agosto de 2016, numeral
4.
• SEGUNDO: El valor de los intereses comerciales de conformidad con la tasa
mensual de la Superfinanciera sobre la anterior suma de dinero desde el momento
que se constituyó el incumplimiento de la obligación, esto es desde el 26 de agosto
de 2016 hasta el momento en que se efectúe el pago total de la obligación”.
2.1.2. La parte demandante sostuvo, como fundamentos de hecho de las
pretensiones, en síntesis, que:
1 Folios 1 a 6, cuaderno 1
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Demandante: Compañía de ingenieros Constructores SAS
2.1.2.1. El 18 de noviembre de 2013, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico
y la Unión Temporal Recuperación Hídrica, suscribieron el contrato No 000277 de
2013, que tenía por objeto las obras del proyecto de recuperación hídrica de los caños
Ahuyama, Arriba Mercado y ciénaga de Mallorquín en el Distrito de Barranquilla.
2.1.2.2. Finalizado el contrato, las partes lo liquidaron de muto acuerdo el 26 de agosto
de 2016. En el acta quedó consignado que la ejecución del contrato fue del 100% y
que la entidad contratante quedó con un saldo pendiente de pago a favor del
contratista, por valor de dos mil ciento veintinueve millones cuatrocientos setenta
y dos mil setecientos seis pesos con cuarenta y ocho centavos
($2.129’472.706.48).
2.1.2.3. La Unión Temporal Recuperación Hídrica radicó ante la CRA las facturas No
BQ21 del 23 de marzo de 2016, por valor de mil novecientos veinte millones ciento
cuarenta y seis mil cuatrocientos setenta y cuatro ($1.920’146.474), con fecha de
vencimiento 24 de marzo de 2016, y la factura No BQ22 de fecha 4 de agosto del
mismo año, por un monto de mil dieciséis millones noventa mil seiscientos sesenta Y
un pesos ($1.016’090.661), con fecha de vencimiento 3 de septiembre de 2016.
2.1.2.3. El 21 de diciembre de 2016, la Unión Temporal Recuperación Hídrica celebró
contrato de cesión del crédito con la empresa Ingenieros Constructores SAS, a fin de
ceder parcialmente los derechos crediticios que se dejaron consignados y reconocidos
en favor de aquella en el acta de liquidación bilateral del contrato No 000277 de 2013.
Esta cesión tuvo un valor de mil ciento setenta y seis millones doscientos
veintinueve mil novecientos veinticuatro pesos ($1.176’229.924)
2.1.2.4. La Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA mediante oficio de del
16 de enero de 2016, reconoció y aceptó la cesión de esos derechos de crédito.
2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia
2.2.1. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A, en auto del quince (15) de
enero de dos mil dieciocho (2018)2, libró mandamiento de pago a favor de la
Sociedad Ingenieros Constructores SAS en su condición de cesionaria de la Unión
Temporal Recuperación Hídrica, y en contra de la CRA, por la suma de mil ciento
setenta y seis millones doscientos veintinueve mil novecientos veinticuatro
pesos ($1.176’229.924), así como los intereses legales o moratorios a que hubiere
lugar sobre la anterior suma de dinero desde que se causaron hasta que se realice
el pago total de la misma, acorde con lo estipulado en las cláusulas contractuales.
2.2.2. La CRA contestó la demanda3 y planteó la siguiente excepción: i) “acuerdo de
pago suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA)”, en el que
se pactó el pago del valor del derecho de crédito cedido, en tres cuotas pagaderas
en las siguientes fechas: una el 30 de mayo de 2018, la siguiente el 30 de junio de
2018 y la última un mes después. En virtud de ese cuerdo se solicitó la suspensión
del proceso ejecutivo. Posteriormente, presentó un memorial solicitando la
terminación del proceso por pago, en el que nuevamente expuso lo dicho en el escrito
en el que formuló la excepción y agregó en que fechas realizó los tres pagos.
2.2.3. La Sociedad Ingenieros Constructores SAS, en el escrito con el que descorrió
el traslado de las excepciones, manifestó que la CRA incumplió el acuerdo porque
realizó los pagos de manera extemporánea, el segundo casi un mes después de la
fecha acordada y el último pago el 10 de septiembre de 2018, esto es, casi dos meses
después de lo estipulado, por lo que, ante dicho incumplimiento, la ejecutante se vio
en la necesidad de solicitar que se levantara la suspensión del proceso.
2.3. La sentencia recurrida
2 Folios 17, cuaderno 1.
3 Folios 75 a 79, cuaderno 1
2
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Demandante: Compañía de ingenieros Constructores SAS
El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A, el trece (13) de mayo de dos mil
diecinueve (2019)4, profirió sentencia en la que dispuso:
“Primero.-. Declárase probada parcialmente la excepción de pago de la obligación, de
conformidad con lo expuesto en los considerandos de este proveído, descontando de la
cuantía que resulte por concepto de liquidación del crédito, la suma de mil ciento setenta
y seis millones doscientos veintinueve mil novecientos veinticuatro pesos
($1.176.229.924).
Segundo. - Ordenar, como consecuencia de la anterior declaración, seguir adelante la
ejecución en contra de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, y a favor de la
sociedad Ingenieros Constructores S.A.S. - en calidad de cesionario de la Unión Temporal
Recuperación Hídrica (Consultores del Desarrollo S.A. - Dragados Hidráulicos S.A. Y
AMBIENTEC S.A.S), en cumplimiento de las obligaciones señaladas en el mandamiento
de pago y en esta providencia.
Tercero.- De conformidad con el artículo 446 del Código General del Proceso, practíquese
la liquidación del crédito, estableciendo para tales efectos las diferencias existentes entre
el monto total de la obligación y las sumas de dinero canceladas por la entidad ejecutada,
por la suma de mil ciento setenta y seis millones doscientos veintinueve mil novecientos
veinticuatro pesos ($1.176.229.924)”.
Como fundamento de su decisión, después de hacer un recuento de las pruebas
arrimadas al proceso, en síntesis, expuso que, para despachar la excepción
propuesta por la entidad ejecutada, había de tenerse en cuenta que, si bien la
ejecutada pagó los valores estipulados en el acuerdo de pago, en lo que concierne a
la segunda y tercera cuota, estas fueron canceladas de manera extemporánea, esto
es, el 9 de julio y el 10 de septiembre de 2018, por consiguiente, la obligación
contenida en el título ejecutivo no se satisfizo en su totalidad, comoquiera que el que
se hicieran los pagos por fuera de los plazos estipulados generó que el valor de esos
pagos se imputara primeramente a los intereses en los términos del acuerdo y por
tanto, solo cubrió parte del capital más los intereses.
La sentencia de primera instancia fue notificada por correo electrónico el veintitrés (23)
de mayo de dos mil diecinueve (2019).5
2.4. El recurso de apelación
La CRA interpuso oportunamente recurso de apelación contra la anterior decisión6.
La entidad, para sustentar su inconformidad, esbozó los mismos argumentos que
presentó al formular excepciones, esto es, que conforme a los tres desembolsos
realizados para dar cumplimento al acuerdo de pago suscrito entre las partes, se tiene
por satisfecha la obligación.
2.5. El trámite procesal relevante en segunda instancia
2.5.1. Esta Corporación, en auto del dieciséis catorce de enero de dos mil veinte
(2020)7, admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la
sentencia del trece (13) de mayo de dos mil diecinueve (2019) proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Subsección A. Luego, en proveído del veinte (20) de
agosto de dos mil veintiuno (2021)8 corrió traslado a las partes para que presentarán
alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.
2.5.2. La Sociedad ejecutante9 y la CRA10 presentaron alegatos de conclusión
reiterando los argumentos expuestos en la demanda y el escrito de excepciones.
4 Folios 133 a 142, cuaderno principal.
5 Folio 143 a 146, ídem
6
Folios 149 a 152, ídem
7 Folio 169, cuaderno principal.
8 Índice 0017 del aplicativo Samai
9 Índice 00022, ídem
10 Índice 00023, ídem.
3
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Demandante: Compañía de ingenieros Constructores SAS
El Ministerio Público remitió concepto, en el que solicita la confirmación de la sentencia
de primera instancia11.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Normativa aplicable
En vista de que el recurso de apelación fue interpuesto el veintiocho (28) de mayo de
dos mil diecinueve (2019), resulta aplicable la Ley 1437 de 2011 sin modificaciones,
lo anterior, puesto que, de acuerdo con el artículo 8612 de la Ley 2080 de 2021, los
recursos interpuestos se regirán por las leyes vigentes cuando se formularon. En los
aspectos no regulados, deberá observarse lo dispuesto en el Código General del
Proceso (CGP), esto es, el artículo 422 y siguientes, en virtud de la remisión normativa
prevista en el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA).
3.2. Competencia
La Sala es competente para resolver el recurso de apelación contra la sentencia del
trece (13) de mayo de dos mil diecinueve (2019), proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección A, con fundamento en los artículos 12513 y 15014
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
3.3. Análisis de la Sala
Como lo ha indicado esta Corporación15, el alcance del recurso de apelación no se
dirige sin límite alguno a censurar cualquier tipo de actuación o inconformidad
generada en el curso del proceso, como tampoco puede estar encaminado a repetir
el trámite surtido en primera instancia, pues ya esto fue objeto de comprobación y
debate, sino que busca garantizar el principio de la doble instancia, para que la
superioridad funcional del órgano que dictó la sentencia estudie y resuelva las
diferencias que surgen entre los argumentos en los que el recurrente motiva su
inconformidad con aquella , y las razones y motivos de la sentencia recurrida. De modo
que, es imprescindible que el recurrente ataque los fundamentos de hecho y de
derecho que sustentaron la providencia de primera instancia, en lo que considera
desfavorable; no basta con la simple interposición del recurso ni resulta suficiente
repetir un argumento privado de motivos de disenso, por el contrario, la formulación
de la apelación debe responder a una tesis que discuta las razones que fundaron la
decisión recurrida.
11 Índice 00026, ídem.
12
“Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. “(…) De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153
de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en
esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo
respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011. En estos mismos procesos,
los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias
iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén
surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas,
se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o
comenzaron a surtirse las notificaciones”. (negrillas fuera del texto).
13 “Artículo 125. Será competencia del juez o Magistrado Ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin
embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo
243 de este Código serán de la sala, excepto en los procesos de única instancia. Corresponderá a los jueces,
las salas, secciones y subsecciones de decisión dictar las sentencias. Los autos que resuelvan los recursos
de súplica serán dictados por las salas, secciones y subsecciones de decisión con exclusión del Magistrado que
hubiere proferido el auto objeto de la súplica”. (negrillas fuera del texto).
14 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio
de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los
tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión
o de unificación de jurisprudencia”. (negrillas fuera del texto).
15 Entre otras: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C,
sentencia del cuatro (4) de octubre de dos mil veintitrés (2023), radicación número 76001-23-33-000-2014-00677-
01; Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A, sentencias del
veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiuno (2021) y del tres (3) de marzo y del veinticuatro (24) de abril de dos
mil veintitrés (2023), expedientes 52413, 58301 y 54823, respectivamente; y Consejo de Estado – Sala de lo
Contencioso Administrativo – Sección Cuarta, sentencia del veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023),
radicación número 05001-23-33-000-2015-01272-02.
4
Radicado: 08001-23-33-000-2017-01301-01 (64765)
Demandante: Compañía de ingenieros Constructores SAS
A su vez, la Corte Constitucional16 ha dicho que la apelación no debe convertirse en
el instrumento a través del que se pretenda probar suerte ante el juez superior, al
contrario, solo debería acudirse a ella en aquellos supuestos en los que existan
razones solidas que den cuenta de que la autoridad de primera instancia incurrió en
una equivocación. Lo anterior implica que la apelación deba ser sustentada, porque,
para controvertir una decisión judicial y provocar la intervención del superior, es
preciso esgrimir motivos serios que generen en el fallador una cierta duda sobre el
asunto recurrido o, al menos, que se planteen de manera clara y argumentada las
razones de la discrepancia.
En otras palabras, no habrá sustentación o se habrá hecho en forma indebida cuando
se realice una repetición auténtica de las razones expuestas en el curso de la primera
instancia17, puesto que ello dejaría sin contradicción la providencia dictada, reabriría
sin justificación el debate en los mismos términos en que fue suscitado en dicha
oportunidad, debate ya resuelto, y dejaría en manos del juez la detección de aquellos
aspectos de esa providencia con los que disiente el recurrente. Un recurso así
presentado no constituye una garantía del principio de la doble instancia, que, como
regla general, “está disponible para controvertir las decisiones judiciales que se
reputan contrarias al ordenamiento jurídico”18. La consecuencia de que el juzgador de
la segunda instancia constate una falta de sustentación material y adecuada del
recurso de apelación será, entonces, la confirmación del proveído impugnado, como
lo ha dejado sentado la jurisprudencia de esta Corporación19, ya que el juzgador de
segundo grado quedaría desprovisto de elementos para la revisión de la sentencia.
En este caso concreto, el Tribunal Administrativo del Atlántico sustentó su decisión
en, básicamente, las siguientes razones: (i) era del caso tener en cuenta que si bien
la ejecutada pagó los valores estipulados en el acuerdo, en lo que concierne a la
segunda y tercera cuota, estas fueron canceladas de manera extemporánea, esto es,
el 9 de julio y el 10 de septiembre de 2018, por consiguiente, la obligación contenida
en el título ejecutivo no se satisfizo en su totalidad, como quiera que el que se hicieran
los pagos por fuera de los plazos estipulados generó la causación de intereses en los
términos del acuerdo y por tanto, ese pago, así realizado, solo cubrió parte del capital
más los intereses.
Inconforme con la sentencia de primera instancia, la parte demandada interpuso
recurso de apelación, que aunque trae un texto que parece llamado a satisfacer el
requisito de la sustentación, motivo que determinó su admisión, al momento de ser
estudiado en su materialidad para efectos de su resolución, se revela absolutamente
carente de razones y argumentos con los que se estén controvirtiendo las
consideraciones expuestas por el Tribunal Administrativo del Atlántico para sustento
de su decisión, y limitado a una reiteración casi literal de lo expuesto en el escrito en
el que formuló excepciones, reiterados en el memorial en el que solicitó la terminación
del proceso por pago de la obligación y que, dicho sea de paso, repitió en alegatos de
segunda instancia.
Mas aún, para denotar cómo el recurso está desprovisto de algún razonamiento
encaminado a discutir la sentencia de primera instancia, basta con realizar una
comparación entre el escrito de interposición o sustentación del recurso, el escrito de
excepciones y el memorial en el que solicitó la terminación del proceso por pago,
presentados por la ejecutada ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, por
supuesto, antes de la expedición de la providencia materia de recurso. Mas aún, los
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-418 de 2019.
17 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A, sentencia del
ocho (8) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), radicación número 76001-23-31-000-2006-03683-01.
18 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A, sentencia del
dos (2) de junio de dos mil veintitrés (2023), radicación número 66001-23-31-000-2011-00131-01.
19 Entre otras: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda – Subsección A,
sentencia del primero (1) de agosto de dos mil dieciocho (2018), radicación número 73001-23-31-000-2014-00160-
01; y Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A, sentencias
del cuatro (4) de marzo de dos mil veintidós (2022) y del tres (3) de marzo de dos mil veintitrés (2023), radicación
números 77001-23-31-000-2004-04217-01 y 44001-23-31-000-2009-00118-01.
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Radicado: 08001-23-33-000-2017-01301-01 (64765)
Demandante: Compañía de ingenieros Constructores SAS
tres escritos, en lo que se diferencian es en la solicitud que se formula en cada uno,
por lo demás son idénticos, así:
Escrito de excepciones y memorial20 en el que recurso de apelación22
solicita la terminación del proceso por pago21
• ACUERDO DE PAGO SUSCRITO ENTRE LA - ACUERDO DE PAGO SUSCRITO ENTRE LA
CORPORACIÓN REGIONAL AUTÓNOMA DEL CORPORACIÓN REGIONAL AUTÓNOMA DEL
ATLANTICO CRA Y EL REPRESENTANTE LEGAL ATLANTICO CRA Y EL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA COMPAÑÍA INGENIEROS DE LA COMPAÑÍA INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.A.S. CONSTRUCTORES S.A.S.
El XX de abril de 2018, la CORPORACIÓN El XX de abril de 2018, la CORPORACIÓN
REGIONAL AUTÓNOMA DEL ATLANTICO CRA y el REGIONAL AUTÓNOMA DEL ATLANTICO CRA y el
representante legal de la Compañía INGENIEROS representante legal de la Compañía INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.A.S., suscribieron el acuerdo CONSTRUCTORES S.A.S., suscribieron el acuerdo
de pago en los siguientes términos; Una primera de pago en los siguientes términos; Una primera
cuota por valor de TRESCIENTOS NOVENTA Y cuota por valor de TRESCIENTOS NOVENTA Y
DOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL DOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON
TREINTA Y TRES CENTAVOS ML ($ TREINTA Y TRES CENTAVOS ML ($
392.076.641.33.) el 30 de mayo de 2018; Una 392.076.641.33.) el 30 de mayo de 2018; Una
segunda cuota por valor de TRESCIENTOS segunda cuota por valor de TRESCIENTOS
NOVENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y SEIS NOVENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y SEIS
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON
TREINTA Y TRES CENTAVOS ML ($ TREINTA Y TRES CENTAVOS ML ($
392.076.641.33.) el 30 de junio de 2018; y Una 392.076.641.33.) el 30 de junio de 2018; y Una
Tercera y última cuota por valor de TRESCIENTOS Tercera y última cuota por valor de TRESCIENTOS
NOVENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y SEIS NOVENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y SEIS
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON
TREINTA Y TRES CENTAVOS ML ($ TREINTA Y TRES CENTAVOS ML ($
392,076.641.33.) el 30 de julio de 2018. 392,076.641.33.) el 30 de julio de 2018.
“PRIMERO. La CORPORACIÓN AUTÓNOMA “PRIMERO. La CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL ATLÁNTICO - CRA- cancelará a la REGIONAL DEL ATLÁNTICO - CRA- cancelará a la
Sociedad COMPAÑÍA DE INGENIEROS Sociedad COMPAÑÍA DE INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.A.S la obligación pendiente CONSTRUCTORES S.A.S la obligación pendiente
de pago equivalente a UN MIL CIENTO SETENTA Y de pago equivalente a UN MIL CIENTO SETENTA Y
SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL
NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($ NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($
1.176.229.924.00) M/L. correspondiente al saldo del 1.176.229.924.00) M/L. correspondiente al saldo del
Contrato No. 000277 de 2013 en tres (3) cuotas así: Contrato No. 000277 de 2013 en tres (3) cuotas así:
SEGUNDO. En virtud del presente acuerdo la SEGUNDO. En virtud del presente acuerdo la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
ATLÁNTICO -CRA- y la Sociedad COMPAÑÍA DE ATLÁNTICO -CRA- y la Sociedad COMPAÑÍA DE
INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. a través INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. a través
de sus apoderados solicitarán la suspensión del de sus apoderados solicitarán la suspensión del
Proceso Ejecutivo Contractual que se sigue ante el Proceso Ejecutivo Contractual que se sigue ante el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Magistrado Tribunal Administrativo del Atlántico, Magistrado
Ponente doctor Luis Carlos Martelo Maldonado Ponente doctor Luis Carlos Martelo Maldonado
Radicado bajo el No. 08-001-23-33-004-2017-01301- Radicado bajo el No. 08-001-23-33-004-2017-01301-
00-LM. 00-LM.
El día 19 de septiembre de 2018, el Coordinador El día 19 de septiembre de 2018, el Coordinador
Financiero de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA Financiero de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL ATLÁNTICO -CRA-. Señor Tayro REGIONAL DEL ATLÁNTICO -CRA-. Señor Tayro
Pimienta Deluquez, certifica que a la COMPAÑÍA DE Pimienta Deluquez, certifica que a la COMPAÑÍA DE
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS cesionaria INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS cesionaria
de CONSULTORES DEL DESARROLLO S.A. se le de CONSULTORES DEL DESARROLLO S.A. se le
canceló lo siguiente; canceló lo siguiente;
“La cesión del contrato No. 000390 del 2015 arrojaba “La cesión del contrato No. 000390 del 2015 arrojaba
un saldo pendiente por valor de $ 300.021.935 de un saldo pendiente por valor de $ 300.021.935 de
pesos cancelado el 20 de abril de 2018 mediante pesos cancelado el 20 de abril de 2018 mediante
Comprobante de Egreso No. 1192 de 2018. La Comprobante de Egreso No. 1192 de 2018. La
cesión del Contrato No. 00277 de 2013 por valor de cesión del Contrato No. 00277 de 2013 por valor de
$ 1.176.229.924 de pesos se canceló en 3 cuotas de $ 1.176.229.924 de pesos se canceló en 3 cuotas de
la siguiente manera: la siguiente manera:
20 Este memorial se reprodujo textualmente en el recurso de apelación.
21 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 466ADC8BD6546456 055C0E5D05BD46D5
AB032E1C6A712AB2 9CE2FFDC8715CE2E, ubicado en el índice 18 de SAMAI.
22 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado F9DC641C7EF2EA6C 01283BE81509F019
9220E285CCE67BE0 BEDB03BD43CFF806, ubicado en el índice 18 de SAMAI.
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Radicado: 08001-23-33-000-2017-01301-01 (64765)
Demandante: Compañía de ingenieros Constructores SAS
CE 1663 (30-05-2018) Valor Cancelado ($ CE 1663 (30-05-2018) Valor Cancelado ($
392.076.641) CE 2224 (09-07-2018) Valor 392.076.641) CE 2224 (09-07-2018) Valor
Cancelado ($ 392.076.641) CE 2817 (10/09/2018) Cancelado ($ 392.076.641) CE 2817 (10/09/2018)
Valor Cancelado ($ 392.076.641)" Teniendo en Valor Cancelado ($ 392.076.641)" Teniendo en
cuenta que se cumplió el acuerdo de pago suscrito cuenta que se cumplió el acuerdo de pago suscrito
entre CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL entre CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL ATLÁNTICO -CRA- y la COMPAÑÍA DE DEL ATLÁNTICO -CRA- y la COMPAÑÍA DE
INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS cesionaria INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS cesionaria
de CONSULTORES DEL DESARROLLO S.A., y el de CONSULTORES DEL DESARROLLO S.A., y el
pago se efectuó posterior a la presentación de la pago se efectuó posterior a la presentación de la
demanda ejecutiva con lo que se infiere que se ha demanda ejecutiva con lo que se infiere que se ha
cumplido en su totalidad las pretensiones iniciales de cumplido en su totalidad las pretensiones iniciales de
la demanda. la demanda.
Como puede apreciarse, no hay en el escrito de interposición del recurso ningún
argumento en el que pueda apreciarse propósito de controvertir o atacar los
fundamentos de la providencia del Tribunal Administrativo del Atlántico cuando
concluyó que no hubo pago total de la obligación contenida en el acta de liquidación
bilateral del contrato. No expresa disentimiento frente a los hechos que encontró
probados el Tribunal en relación con el pago extemporáneo de la obligación objeto de
las pretensiones de recaudo forzado, ni expone razones de derecho para tomar
distancia frente a la connotación jurídica que dio el Tribunal a esos hechos. Mas aun,
ni siquiera aludió a los motivos de hecho y de derecho que expuso esa judicatura,
limitándose a repetir, literalmente, lo que ya había expuesto en el escrito de
excepciones, y había reiterado en el escrito en el que solicitó la terminación del
proceso por pago total de la obligación, argumentos que el a quo había desestimado
motivadamente al momento de proferir la decisión de primera instancia.
En estas condiciones, la impugnación propuesta contra la sentencia proferida el trece
(13) de mayo de dos mil diecinueve (2019) no fue debida y materialmente sustentada
desde el plano material o, lo que es lo mismo, no revela los motivos que llevaron a la
ejecutada alzarse contra la sentencia de primera instancia y que pudieran venir
determinantes para incidir en la decisión revocatoria del proveído.
En síntesis, comoquiera que la actora no cuestionó los argumentos que el juez de
primera instancia tuvo en cuenta para adoptar su decisión y la competencia del juez
de segundo grado deviene de la confrontación entre lo expuesto en el recurso de
apelación y la decisión de primera instancia, no queda otra alternativa que confirmar
la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico, puesto que no le corresponde a
esta Sala construir los motivos de divergencia objeto de estudio, ya que, si lo hiciere,
vulneraría el principio de imparcialidad y el derecho al debido proceso de la
contraparte. De ahí que, a efectos de salvaguardar el principio de congruencia, los
límites y las finalidades por las que se instituyó el recurso de apelación, deba aplicarse
cierta exigencia en la interpretación del recurso, requerimiento que en modo alguno
se puede equiparar al empleo de un excesivo ritualismo.
V. COSTAS
El artículo 361 del Código General del Proceso dispone que “las costas están
integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del
proceso y por las agencias en derecho”. A su vez, los artículos 365.123 y 36624 ibidem,
23 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida
en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. Además, se
condenará en costas a quien se le resuelve de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones
previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad
o mala fe. (…)”.
24 “Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con
sujeción a las siguientes reglas: (…) 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia,
los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados,
hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el
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Radicado: 08001-23-33-000-2017-01301-01 (64765)
Demandante: Compañía de ingenieros Constructores SAS
aplicables por remisión expresa del artículo 18825 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, prescriben que se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente
el recurso de apelación. Su liquidación se realiza, de manera concentrada, por la
secretaría del juzgador que haya conocido el proceso en primera instancia, sin
embargo, en este escenario corresponde la fijación de las agencias en derecho, de
acuerdo con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura.
Bajo tales supuestos, la Sala condenará en costas a la parte ejecutada dado que el
recurso no prosperó. El Tribunal Administrativo del Atlético deberá efectuar la
correspondiente liquidación y tasación, debiendo considerar que en esta instancia se
fijarán agencias en derecho en un (1) SMLMV a la fecha de esta sentencia, de
conformidad con las tarifas establecidas en el numeral 4° del artículo 5° del Acuerdo
No. PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sección A, el trece (13) de marzo de dos mil catorce (2014), en la que
ordenó seguir adelante con la ejecución; en su lugar, DECLÁRASE terminado el
proceso, conforme a lo expuesto en la parte motiva.
TERCERO: CONDENAR en costas de esta instancia a la parte ejecutada y a favor de
la parte ejecutante, para lo cual se fija como agencias en derecho el equivalente a un
(1) SMLMV a la fecha de esta sentencia, conforme a lo expuesto.
CUARTO: ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen,
para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente
Firmado electrónicamente
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
Firmado electrónicamente
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
Firmado electrónicamente
VF
magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. (…) 6. Cuando la condena se imponga en la
sentencia que resuelva los recursos de casación y revisión o se haga a favor o en contra de un tercero, la
liquidación se hará inmediatamente quede ejecutoriada la respectiva providencia o la notificación del auto de
obedecimiento al superior, según el caso”.
25 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil. (…)”.
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