Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-31-000-2009-00118-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
De apelación: ámbito de competencia del ad quem – no se satisface la carga
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-31-000-2009-00118-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 44001-23-31-000-2009-00118-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
3 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 44001-23-31-000-2009-00118-01 (53.968)
Actor: María Isabel Castro Solano y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
Temas: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CARGA ARGUMENTATIVA RECURSO
DE APELACIÓN – ámbito de competencia del ad quem – no se satisface la carga
argumentativa con la simple reiteración de las razones expuestas en el curso de la primera
instancia, es necesario que se confronte la razón que soporta la decisión que se impugna
– en este caso el Ejército Nacional no sustentó debidamente el recurso de alzada /
INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO – Reconocimiento de perjuicios materiales y morales -
reiteración jurisprudencial.
Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira mediante
la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Se analiza la responsabilidad patrimonial de la demandada por la muerte en un
operativo militar de una persona que se encontraba secuestrada por un grupo
subversivo.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira el 4 de
diciembre de 2014, mediante la cual se decidió la demanda de reparación directa 1
presentada por la señora María Isabel Alexandra Castro Solano (cónyuge) en
representación propia y de los menores Gustavo Andrés Vives Castro, Mauricio
José Vives Castro y Sebastián José Miguel Vives Castro (hijos), y los señores
Gustavo de Jesús Castro Guerrero y Angelina del Rosario Solano (suegros), en
contra de la Nación –Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, a través de la cual
se solicitó se le declarara patrimonialmente responsable por los perjuicios irrogados
por la muerte del señor Mauricio Ernesto Vives Lacouture ocurrida el 22 de mayo
de 2007, en cercanías del municipio de Dibulla, La Guajira.
1 Folios 5-34 c. ppal. 1.
Radicación: 44001-23-31-000-2009-00118-01 (53.968)
Actor: María Isabel Castro Solano y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
2. Como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron por concepto de
perjuicios materiales la suma global de tres mil novecientos treinta y dos millones
novecientos noventa y nueve mil setecientos veintiocho pesos m/cte.
($3.932’999.728) para la cónyuge y sus hijos, y la suma equivalente a doscientos
(200) SMLMV por concepto de perjuicios morales para cada uno. Por este último
concepto deprecaron cien (100) SMLMV para cada uno de los suegros de la víctima.
3. Como fundamento fáctico de la demanda, se narró, en síntesis, que el empresario
Mauricio Ernesto Vives Lacouture fue secuestrado por la guerrilla del ELN en
noviembre de 2005 y que, en mayo de 2007, luego de que sus familiares
adelantaron varias actuaciones para lograr su liberación, resultó muerto en medio
de un presunto enfrentamiento entre el grupo al margen de la ley y el Ejército
Nacional en zona rural del municipio de Dibulla, La Guajira. Agregaron que el cuerpo
del señor Vives Lacouture fue presentado ante la opinión pública como el de un
subversivo muerto en combate, junto a material de guerra supuestamente incautado
en la operación, y fue enterrado como N.N.
4. Debido a que las circunstancias de la muerte no eran claras, se estructuraron 3
hipótesis posibles: (i) muerte no intencional causada por el Ejército Nacional en el
marco del combate; (ii) muerte intencional cometida por los militares luego de que
finalizara el combate; y, (iii) rescate militar fallido, en el que los miembros del grupo
subversivo fueron los que le ocasionaron la muerte al señor Vives Lacouture.
5. Adujo que, independiente de la hipótesis que se acogiera sobre las circunstancias
modales en que ocurrieron los hechos, la muerte de Mauricio Ernesto Vives
Lacouture se produjo en enfrentamiento entre el ELN y miembros del Ejército
Nacional como consecuencia de la acción ofensiva que se adelantaba en contra del
grupo subversivo, por manera que la responsabilidad del Estado se debía predicar,
bien sea a título de falla del servicio por la negligencia con la que se adelantó el
operativo y las actuaciones posteriores, o de riesgo excepcional por haberse creado
la situación de riesgo que se concretó en la muerte de un civil ajeno a la contienda
militar.
La defensa
6. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional se opuso a la prosperidad
de las pretensiones, para cuyo efecto adujo que ese luctuoso hecho se produjo en
momentos en que los militares se hallaban adelantando operaciones contra grupos
subversivos, quienes decidieron causarle la muerte al señor Mauricio Vives
Lacouture, para impedirle que escapara o que fuera rescatado, circunstancia que
configuró la causal de exoneración del Estado consistente en el hecho de un tercero.
Asimismo, formuló la excepción que denominó “carencia de poder absoluto para
solicitar perjuicios materiales” en tanto los demandantes únicamente otorgaron
poder al abogado que los representa “con el fin de obtener el reconocimiento y pago
total de daños y perjuicios morales”, por manera que el apoderado no estaba
facultado para solicitar el reconocimiento de otro tipo de perjuicios, al tiempo que se
opuso al monto deprecado por concepto de perjuicios morales2. Surtida la etapa
2 Folios 56-70 c. ppal. 1.
2
Radicación: 44001-23-31-000-2009-00118-01 (53.968)
Actor: María Isabel Castro Solano y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
probatoria3, las partes reiteraron los planteamientos fácticos y jurídicos expuestos
en la demanda y contestación4, mientras que el Ministerio Público guardó silencio5.
3 Mediante auto del 23 de noviembre de 2009 se decretaron como pruebas documentales de la parte actora,
tener los documentos aportados con la demanda con el valor probatorio que les asigne la ley y oficiar a: (i)
Comando Segunda Brigada en la ciudad de Barranquilla, para que remitiera copia autenticada del comunicado
expedido los días 27 y 28 de mayo de 2007 con ocasión de la muerte del señor Vives Lacouture; (ii) CTI de la
Fiscalía General de la Nación para que remitiera copia del informe 0772 de 30 de mayo de 2007 en relación
con el apoyo prestado al Juzgado 17 Penal Militar y diligencia de inspección a cadáver No. 012 del 23 de mayo
de 2007, junto con sus anexos (álbum fotográfico, copia de acta de inspección a cadáver y circular No. 0010
del 16 de julio de 2002); (iii) Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses – División de Certificación y
Acreditación forense para que remita copia autenticada de protocolo de necropsia No. 01/07; (iv) Director del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Santa Marta para que certifique sobre los trámites
realizados a un cadáver recibido entre los días 23 o 24 de mayo de 2007 e informe cuál es el tiempo normal de
permanencia del cadáver de una persona desconocida en las neveras del instituto para permitir a los familiares
la posible identificación del mismo y la razón por la cual el cadáver del señor Mauricio Vives Lacouture fue
inhumado en menos de 48 horas; (v) Juez Penal del Circuito Especializado – Despacho Gaula en la ciudad de
Riohacha para que remita copias auténticas de las diligencias adelantadas por ese despacho en relación con
la muerte de un supuesto guerrillero en hechos ocurridos el 22 de mayo de 2007 en jurisdicción del municipio
de Dibulla; (vi) Comando Primera División en la ciudad de Santa Marta para que remita copia auténtica de la
orden de operaciones emitida con el propósito de iniciar misión táctica ofensiva de destrucción a Cobalto 1 y
del informe rendido por el Comandante de la compañía que realizó el operativo; (vii) Comando del Ejército
Nacional en la ciudad de Santa Marta para que certifique si los militares que participaron en los hechos
ocurridos el 22 de mayo de 2007 tenían dotación de arma corta (pistola o revólver) o si el día de los hechos
portaban ese tipo de armas; (viii) Juzgado 17 Penal Militar en la ciudad de Santa Marta para que remita copias
auténticas de las diligencias indicadas en los literales a, b, c, c bis, d, e, f, g, y h numeral 12, relacionadas con
al muerte de Mauricio Vives Lacouture; (ix) Juzgado 17 Penal Militar para que certifique sobre el material de
guerra y el fusil AK-47 hallado en el lugar donde se produjo el enfrentamiento armado; (x) Comandante del
Batallón de Alta Montaña en la ciudad de Santa Marta para que remita copia del informe titulado “Lecciones
Aprendidas”; (xi) Fiscalía Quinta Especializada ante los Jueces Penales del Circuito de Santa Marta para que
informe si en ese despacho cursan diligencias penales contra miembros del Ejército Nacional por la muerte del
señor Vives Lacouture y remita copia autenticada de las providencias interlocutorias proferidas; (xii)
Procuraduría General de la Nación – Dirección de Investigaciones Especiales para que remita copias
autenticadas de las providencias interlocutorias dictadas dentro del proceso disciplinario radicado bajo el
número 009160615-2007 adelantado por la muerte del señor Vives Lacouture.
Igualmente determinó que
teniendo en cuenta el experticio técnico rendido por el señor Víctor Elías Noguera Cotes aportado como prueba
por la parte actora, se debía oficiar a la Oficina Judicial de la Dirección Seccional de Administración Judicial del
Magdalena, para que certificara si el señor Noguera Cotes hacía parte de la lista de auxiliares de la justicia de
la ciudad de Santa Marta y ordenó la recepción de los testimonios de los señores Juan Ignacio Vives Lacouture,
Eduardo Velandia Pinto, Javier Calderón Bustamante, Eduardo Rodríguez Pérez, Carlos López Poveda,
Wilman Fernández Guerrero, Jorge Tribín Jassir, Gina de las Salas González, Diana Vengoechea Méndez,
Víctor Caballero Londoño, José Hugo Londoño Ardila. En cuanto respecta a las pruebas solicitadas por la parte demandada, se determinó tener los documentos
aportados con la contestación de la demanda con el valor probatorio asignado por la ley y oficiar al: (i)
Comandante del Batallón de Alta Montaña No. 6 para que remita copia autenticada de los documentos que
solicita el demandado en los numerales 1 y 2 del acápite de pruebas documentales solicitadas, y (ii) Juzgado
17 de Instrucción Penal Militar con sede en el Batallón Alta Montaña No. 6 para que informen si por los hechos
ocurridos el 22 de mayo de 2007 se adelantó investigación penal. Asimismo, ordenó la recepción del testimonio
del seño Carlos Mauricio García Mafla y determinó que una vez recaudada la información oficiada a la Oficina
de Reparto Judicial de la ciudad de Santa Marta en cuando respecta a la prueba pericial practicada sobre los
perjuicios materiales, de la misma se correría traslado a la parte demandada. Folios 82-89 c. ppal. 1. En el proceso se practicaron las siguientes pruebas: 1. Registros civiles de nacimiento de los demandantes, registro civil de defunción del señor Mauricio Vives
Lacouture y registro civil de matrimonio de los señores Vives Lacouture y Castro Solano. 2. Oficios de fechas 14 y 15 de diciembre de 2009 y 12 de enero de 2010 del Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses. 3. Informe pericial de necropsia No. 000173 realizada al cadáver del señor Mauricio Ernesto Vives Lacouture
el 24 de mayo de 2007. 4. Comunicado de prensa del 28 de mayo de 2007 elaborado por la Segunda Brigada de la Primera División
del Comando Conjunto No. 1 “Caribe”. 5. Informe de patrullaje de la Misión “Milenio”, Misión Táctica Fragmentaria No. 052 “Milenio I”, radiograma
operacional de la misión y otros documentos oficiales de la misión. 6. Álbum fotográfico, informe No. 772 y circular No. 0010 emanada de la Dirección Nacional del CTI
relacionados con los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2007 en el municipio de Dibulla, La Guajira donde
resultó muerto el señor Vives Lacouture. 7. Certificación de la oficina judicial de administración judicial del Magdalena en la que consta la inscripción
del señor Víctor Elías Noguera Cotes en la lista de auxiliares de la justicia en la especialidad de Administrador
de Empresas. 8. Documentos del proceso disciplinario No. 009-160615/2007 seguido por la muerte del señor Mauricio Vives
Lacouture contra el Capitán Carlos García Mafla y otros.
3
Radicación: 44001-23-31-000-2009-00118-01 (53.968)
Actor: María Isabel Castro Solano y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
La sentencia de primera instancia
7. Al resolver el conflicto, el Tribunal Administrativo de La Guajira declaró la
responsabilidad patrimonial de la demandada en los siguientes términos (se
transcribe de manera literal):
“PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la causal de exoneración de
responsabilidad civil extracontractual ‘causa extraña – hecho de un tercero’, de
conformidad con las razones expuestas en motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR administrativamente y patrimonialmente responsable
a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL por los
perjuicios ocasionados a los demandantes señora MARÍA ISABEL CASTRO
SOLANO en calidad de cónyuge, y a los menores GUSTAVO ANDRÉS VIVES
CASTRO, MAURICIO JOSÉ VIVES CASTRO y SEBASTIÁN JOSÉ MIGUEL
VIVES CASTRO en calidad de hijos del occiso, como consecuencia del
operativo militar desplegado por uniformados de la Segunda Brigada del
Ejército Nacional – ‘Batallón de Alta Montaña No 6, Primer Pelotón CP. C
BAMRU- 6’ en desarrollo de la misión táctica ‘Milenio BCG°2 Guajiros’, en el
sector del ‘Caño Palomino estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta
(Guajira)’, el día 22 de mayo de 2007, en donde perdió la vida el señor Mauricio
Ernesto Vives, de conformidad con las razones expuestas en la parte
considerativa de esta sentencia.
TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
EJÉRCITO NACIONAL a pagar a los demandantes a título de perjuicios
materiales la suma de ciento cincuenta y cuatro millones, trescientos once mil
setecientos cincuenta y nueve pesos m/l ($154.311.759).
A la señora MARÍA ISABEL CASTRO SOLANO, la suma de ochenta y dos
millones setecientos setenta y cuatro mil ciento veinte pesos ($82.774.120);
para los menores GUSTAVO ANDRÉS VIVES CASTRO la suma de veintiún
millones cuatrocientos noventa y tres mil quinientos treinta y siete pesos
($21.943.537), MAURICIO JOSÉ VIVES CASTRO la suma de veinticuatro
millones ciento sesenta y seis mil setecientos siete pesos ($24.166.707) y
SEBASTIÁN JOSÉ MIGUEL VIVES CASTRO la suma de veinticinco millones
ochocientos setenta y siete mil trescientos noventa y cinco pesos
($25.877.395).
CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN –MINISTERIO DE DEFENSA –
EJÉRCITO NACIONAL a pagar a favor de los demandantes a título de
perjuicios morales la suma equivalente a cuatrocientos salarios mínimos
legales mensuales vigentes (400 SMLMV) que equivalen a la suma de
doscientos cuarenta y seis millones cuatrocientos mil pesos ($246.400.000),
discriminados así:
9. Testimonios de los señores Juan Ignacio Vives Lacouture, Eduardo Velandia Pinto, Diana Cecilia de
Vengoechea Méndez, Javier Calderón Bustamante, Gina Margarita de las Salas González, Jorge Tribín Jassir,
Víctor Cabello Londoño, Wilman Alfonso Fernández Guerrero y Eduardo Rodríguez Pérez.
10. Oficios y cartas relacionados con el proceso de negociación con el ELN para la liberación del señor Mauricio
Vives Lacouture y numerosas notas de prensa y otros documentos concernientes a su muerte y a la
investigación seguida por los hechos.
11. Certificaciones sobre los ingresos del señor Mauricio Vives Lacouture.
12. Declaraciones extrajudiciales rendidas por Jorge Tribin Jassir, Víctor Eduardo Cabello Londoño y Gina
Margarita de la Salas González.
13. Copias del expediente del proceso penal No. 1973 seguido por el Juzgado 17 de Instrucción Penal Militar.
4 Folios 315-341 y 342-353 c. ppal. 1.
5 Folio 355 c. ppal. 1.
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Radicación: 44001-23-31-000-2009-00118-01 (53.968)
Actor: María Isabel Castro Solano y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
A la señora MARÍA ISABEL CASTRO SOLANO, la suma equivalente a cien
(100) salarios mínimos legales mensuales vigentes; y para los menores
GUSTAVO ANDRÉS VIVES CASTRO, MAURICIO JOSÉ IVES CASTRO y
SEBASTIÁN JOSÉ MIGUEL VIVES CASTRO en calidad de hijos menores el
equivalente de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para
cada uno.
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
SEXTO: A este fallo se le dará cumplimiento de conformidad con los preceptos
contenidos en los artículos 176 y 177 del C.C.A. para lo cual, expídanse las
copias auténticas de esta sentencia, con la constancia de su ejecutoria (artículo
115 del C.P.C).
SÉPTIMO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 del C.C.A.,
consúltese la presente sentencia ante el superior funcional, en caso de no ser
apelada.
OCTAVO: Sin costas en la instancia”.
8. Para arribar a la anterior decisión, sostuvo que si bien no se acreditó una falla del
servicio, lo cierto era que en desarrollo de la actuación lícita y legítima de la fuerza
pública al enfrentarse al grupo armado que lo atacó, se produjo la muerte del señor
Mauricio Vives Lacouture, quien en razón del enfrentamiento armado resultó
muerto, lo cual comportó una carga que no estaba en el deber de asumir, por
manera que ese daño resultaba imputable a la demandada con base en el régimen
objetivo de responsabilidad de daño especial.
9. Así, declaró no probada la configuración de la causal eximente de
responsabilidad consistente en el hecho de un tercero, en tanto determinó que en
los actos de terrorismo u operaciones de guerra se aplica la teoría de “presunción
de la causalidad”, dado que el Estado puede ser responsable bajo el título de daño
especial por los perjuicios ocasionados a los ciudadanos derivados de actos de
terrorismo cometidos por grupos al margen de la ley en el contexto del conflicto
armado, en la medida en que el atentado estuviere dirigido en contra de una
organización estatal, lo cual se constituye en causa eficiente del perjuicio para los
particulares por los que debe responder la administración. Asimismo, se refirió a los
principios de solidaridad y equidad que sustentan la posibilidad de imputar
responsabilidad al Estado en este tipo de casos, apartándose de la óptica tradicional
de la causalidad y de la falla del servicio.
II. LOS RECURSOS INTERPUESTOS
Sustentación de los recursos de apelación
10. La parte demandante apeló únicamente en lo que respecta al reconocimiento
de perjuicios. En primer lugar, cuestionó la cuantía de la condena por lucro cesante,
en tanto adujo que si bien se podían excluir para el cómputo de los perjuicios los
valores considerados como “renta de capital” –sumas canceladas por concepto de
dividendos y/o participación en calidad de accionista y el arrendamiento de un
apartamento- debía verificarse la vigencia de la jurisprudencia que excluyó este tipo
de ingresos y que, de cualquier manera, la decisión de efectuar la liquidación con el
5
Radicación: 44001-23-31-000-2009-00118-01 (53.968)
Actor: María Isabel Castro Solano y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
salario mínimo legal mensual vigente desconoció el criterio de equidad y reparación
integral, pues se acreditó en el plenario la actividad laboral del señor Vives
Lacouture como gerente de firmas y miembro de juntas directivas, así como su
elevado estándar de vida.
11. En este sentido, adujo que el juez de primera instancia desconoció la prueba
aportada para estos efectos y no tuvo en cuenta los valores que por concepto de
salario recibía el señor Vives Lacouture, como lo eran: (i) los pagos realizados por
la Comercializadora Internacional de Bananos y Palma Banapalma por concepto de
prestación de servicios como gerente y por servicios de transporte, (ii) la
manutención reconocida por la Compañía Banavica S.A. por concepto de salario en
especie, y (iii) las sumas que devengaba como miembro de las juntas directivas de
la Sociedad Portuaria de Santa Marta y de la Operadora de Carbón de Santa Marta
por cada sesión a la que asistía, respecto de las cuales, a pesar de que no se
acreditó el número de ocasiones en que se reunió cada junta, por lo menos debió
estimarse un número dada la magnitud de las empresas, debieron ser de por lo
menos una vez al mes. Así las cosas, afirmó que el ingreso mensual del señor Vives
Lacouture ascendía, por lo menos, a dieciocho millones setenta mil quinientos
veinticinco pesos m/cte. ($18’070.525), cantidad sobre la cual debió calcularse el
lucro cesante.
12. En segundo lugar, adujo que la decisión del a quo de negar el reconocimiento
de perjuicios morales en favor de los suegros del señor Mauricio Vives Lacouture
como terceros damnificados, desconoció las amplias declaraciones extra proceso
posteriormente ratificadas en la presente causa, que acreditaban la relación afectiva
y de cercanía que tenían con la víctima y el profundo dolor que les ocasionó su
muerte.
13. Finalmente, solicitó el reajuste del monto reconocido por concepto de perjuicios
morales con base en la regla de excepción adoptada por las sentencias de
unificación del Consejo de Estado, dado que se trató de un caso de violación grave
de derechos humanos.
14. A su turno, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional reprodujo en
su integridad y de forma idéntica, los argumentos desarrollados en la contestación
de la demanda denominados “Excepción de carencia de poder absoluto para
solicitar perjuicios materiales”, “De la misión institucional de las fuerzas militares”,
“De la teoría de la responsabilidad”, “De la imputación del daño y nexo causal”,
“Causal de exculpación – hecho de un tercero” y “De la carga de la prueba”.
Finalmente, insistió en que se configuró una “falta de legitimación para solicitar
perjuicios materiales” por la ausencia de poder otorgado con este fin a su
apoderado6.
15. Al alegar de conclusión, la parte demandante se opuso a los cuestionamientos
del Ejército Nacional y reiteró los argumentos propuestos en el recurso de alzada 7,
mientras que la demandada guardó silencio8.
6 Folios 424-434 c. del Consejo de Estado.
7 Folios 455-475 c. del Consejo de Estado.
8 Folio 484 c. del Consejo de Estado.
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Radicación: 44001-23-31-000-2009-00118-01 (53.968)
Actor: María Isabel Castro Solano y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
16. El Ministerio Público pidió que se confirmara la sentencia recurrida, por
considerar que la muerte del señor Vives Lacouture es atribuible al Ejército Nacional
a título de daño especial, dado que la misma se produjo en medio de un ataque
contra la fuerza pública9.
III. CONSIDERACIONES
17. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,
procede la Sala a resolver los recursos de apelación formulados.
El objeto de la impugnación y el alcance del estudio de segunda instancia
18. Para proceder a la determinación de los asuntos que deberían ser resueltos en
esta instancia, la Sala primero estima necesario detenerse en el análisis de lo que
expresó la parte demandada en su recurso de apelación de cara a las razones que
fundaron la decisión que se cuestiona, para establecer si, en verdad, revela razones
de inconformidad que ataquen los argumentos que expuso el a quo para acceder a
las pretensiones de la demanda.
19. Empieza la Sala por señalar, como ya en otras oportunidades lo ha hecho 10,
que el alcance del recurso de apelación, mecanismo de control de las decisiones
judiciales, no se dirige sin límite alguno, a reprochar cualquier tipo de actuación e
inconformidad generada en el curso del proceso, ni puede estar orientado a repetir
el trámite acontecido en la primera instancia, pues fundamentalmente –léase esta
expresión en clave de garantías constitucionales– busca garantizar el principio de
la doble instancia que, como regla general, está disponible para controvertir las
decisiones judiciales que se reputan contrarias al ordenamiento jurídico.
20. Bajo este análisis, esta Sala ha señalado que si la aspiración de justicia que
subyace al recurso de alzada tiene por finalidad que el superior revise la decisión
de primer grado acusada de ser errática o de romper o lesionar el ordenamiento
jurídico, resulta imprescindible que el recurrente determine mediante los cargos
planteados, cuáles asuntos deben ser resueltos ante el superior jerárquico; razón
por la cual no basta con la simple interposición del recurso, ni resulta suficiente
repetir un argumento desprovisto de motivos de disenso, toda vez que los
planteamientos de la apelación son los que definen los temas objeto de control, de
cara a la decisión judicial que es rebatida11.
21. Instrumentalizando lo anterior, el artículo 212 del CCA –aplicable al sub judice
–, determinaba que la parte inconforme con la decisión debía interponer y sustentar
el recurso ante al a quo; a su vez, el parágrafo 1 del artículo 352 del C. de P.C.
establecía 12 que “(…) [p]ara la sustentación del recurso, será suficiente que el
9 Folios 477-483 c. del Consejo de Estado.
10 Al respecto se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias de esta Subsección: sentencia del
6 de julio de 2022, Exp. 44707, sentencia del 20 de mayo de 2022, Exp. 53800 y sentencia del 6 de julio de
2022, Exp. 54666.
11 El Consejo de Estado en casos similares se ha pronunciado en igual sentido, ver sentencias: (i) del 17 de
marzo de 2010, radicación 2009-00045 (36838), (ii) del 9 de junio de 2010, radicación 1997-08775-01(19283),
y (iii) del 14 de mayo de 2014, expediente 31469.
12 Aplicable por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo.
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Radicación: 44001-23-31-000-2009-00118-01 (53.968)
Actor: María Isabel Castro Solano y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
recurrente exprese, en forma concreta, las razones de su inconformidad con la
providencia” (se resalta); y en el artículo 357 de esa misma codificación se
prescribía que “[l]a apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante,
y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue
objeto del recurso (…)”.
22. Es así como, reitera en esta oportunidad la Sala, la carga de sustentación que
corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la llana indicación de
disenso frente a la providencia recurrida, como tampoco con la solicitud de que se
revoque para que se acceda a los intereses de la parte inconforme, y menos aún
con la simple reiteración de las razones expuestas en el curso de la primera
instancia, bien sea en la demanda o en la contestación. Lo que la ley impone es que
se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la
providencia de primera instancia en aquello que se considere desfavorable, no solo
porque la decisión sea contraria a los intereses de quien la impugna, sino porque
exista en realidad una razón por la que considere que lo fallado no corresponde en
derecho a la decisión acertada, lo cual, por tanto, delimita el marco al que debe
sujetarse el juez al revisar la sentencia recurrida.
23. En este sentido, es ajeno al recurso de apelación la reiteración de las hipótesis
que se plantearon como punto de partida en la construcción de la decisión del
proceso en primera instancia, en tanto aquéllas, luego de haber transitado por las
etapas probatorias, de contradicción y de alegaciones finales, no pueden volver a
presentarse al ad quem en su estado germinal, es decir, como se postularon al
presentar la demanda, pues ya fueron objeto de comprobación y debate; sino que,
de cara a la tesis adoptada por el a quo en las conclusiones del fallo, corresponde
al apelante la formulación de una tesis diversa frente a éste, exigencia que,
conforme lo prevé el legislador, se cumple a través de la carga de sustentación,
siendo “suficiente que el recurrente exprese, en forma concreta, las razones de su
inconformidad con la providencia”, como dispone el artículo 352 del C. de P.C.
24. En consecuencia, le corresponde al apelante confrontar los argumentos que el
juez de primera instancia tuvo en cuenta para adoptar su decisión con sus propias
reflexiones, para efectos de solicitarle al ad quem que decida sobre los puntos o
aspectos que se debaten en la segunda instancia; de ahí que la carga de
sustentación tampoco puede entenderse cumplida con la mera expresión de
afirmaciones genéricas y vagas que no confronten la razón de la decisión 13, pues,
aunque sucintas, deben ser suficientes por sí mismas para evidenciar las razones
o motivos que conduzcan a considerar que lo decidido en primera instancia resultó
desacertado, en tanto, dado el marco de competencia fijado, al juez de la segunda
instancia no le está dado construir tales motivos de disenso; si lo hiciera, vulneraría
13 “(…) no puede darse por sustentada una apelación, ni por ende cumplida la condición que subordina la
admisibilidad de este recurso, cuando el impugnante se limita simplemente a calificar la providencia recurrida
de ilegal, injurídica o irregular; tampoco cuando emplea expresiones abstractas tales como, ‘sí hay prueba de
los hechos’ u otras semejantes, puesto que aquellos calificativos y estas expresiones, justamente por su
vaguedad e imprecisión no expresan, pero ni siquiera implícitamente, las razones o motivos de la inconformidad
del apelante con las deducciones lógico-jurídicas a que llegó el Juez en s proveído impugnado”. Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil. Auto de 30 de agosto de 1984, Gaceta Judicial No. 2415. M.P. Humberto
Murcia Ballén.
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Radicación: 44001-23-31-000-2009-00118-01 (53.968)
Actor: María Isabel Castro Solano y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
el principio de imparcialidad14 y el derecho al debido proceso de la contraparte15.
Recuérdese que la tarea de confrontación entre los argumentos del apelante y los
aspectos de la decisión de primer grado que son atacados por esta vía, es la que
determina la competencia material del juez de segunda instancia 16 , pues
precisamente el tema de decisión a cargo del ad quem queda delimitado, por regla
general, al examen de dos tesis opuestas cuyo enfrentamiento debe ser desatado17.
25. A partir de lo dicho, la Sala reitera, como en otras oportunidades lo ha hecho,
que si se advierte la ausencia de una sustentación suficiente, adecuada o material
del recurso de apelación, cuyos fundamentos sean simplemente afirmaciones
genéricas y vagas, sin traer a colación argumentos para cuestionar la providencia
impugnada, al superior no le queda una opción diferente a la de confirmar el
proveído apelado18.
26. Precisado lo anterior, y revisado el recurso de apelación interpuesto por el
Ejército Nacional, encuentra la Sala que, a pesar de que formalmente se presentó
la impugnación, lo cierto es que materialmente no puede deducirse un argumento
que esté destinado a debatir o cuestionar las razones que el a quo expuso como
fundamento de su decisión, en tanto, casi en su totalidad, lo consignado en el escrito
se limita a reproducir y transcribir literalmente los argumentos planteados en la
contestación de la demanda -pues se advierte que se reprodujeron los acápites de
“Excepción de carencia de poder absoluto para solicitar perjuicios materiales”, “De
la misión institucional de las fuerzas militares”, “De la teoría de la responsabilidad”,
“De la imputación del daño y nexo causal”, “Causal de exculpación – hecho de un
tercero” y “De la carga de la prueba”-, sin confrontar el cimiento de la decisión de la
sentencia que se recurre.
27. Para expresar las razones que conducen a la anterior conclusión, es pertinente
reiterar que el Tribunal analizó en su decisión, los argumentos planteados en la
contestación de la demanda por el apoderado del Ejército Nacional, particularmente
los que se refieren a la configuración de la causal de exoneración de
responsabilidad consistente en el hecho exclusivo de un tercero, a pesar de lo cual,
de un análisis detallado de la jurisprudencia que a este respecto ha proferido esta
Corporación, concluyó que los hechos le eran imputables al Estado bajo el título de
imputación de daño especial.
14 “Cuyo fundamento constitucional se encuentra en el artículo 13 Superior, impone al juez la obligación de dar
un trato igual a las personas que acuden a la administración de justicia”. Corte Constitucional, sentencia C-450
de 2015.
15 Artículo 29 Constitucional.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4
de marzo de 2022, radicación 73001-23-33-000-2015-00512-01 (66390), Consejera Ponente: Marta Nubia
Velásquez Rico.
17 En ese sentido, también se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia al señalar que “el deber de sustentar
este recurso [el de apelación] consiste precisa y claramente en dar o explicar por escrito la razón o motivo
concreto que se ha tenido para interponer el recurso, o sea para expresar la idea con un criterio tautológico,
presentar el escrito por el cual, mediante la pertinente crítica jurídica se acusa la providencia recurrida a fin de
hacer ver su contrariedad con el derecho y alcanzar por ende su revocatorio o modificación”. Corte Suprema de
Justicia, providencia del 30 de agosto de 1984. M.P. Humberto Murcia Ballén.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4
de marzo de 2022, radicación 77001-23-31-000-2004-04217-01 (47098), Consejera Ponente: María Adriana
Marín.
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Radicación: 44001-23-31-000-2009-00118-01 (53.968)
Actor: María Isabel Castro Solano y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
28. En el análisis del sub examine, determinó que el Estado puede ser responsable
a título de daño especial por los perjuicios ocasionados a los ciudadanos derivados
de actos de terrorismo, en la medida en que el atentado se hubiese dirigido contra
una organización estatal, lo cual se constituye en causa eficiente del perjuicio
irrogado a los particulares, como en este caso ocurrió al provocarle la muerte a un
ciudadano en el marco de un enfrentamiento armado entre soldados pertenecientes
al Batallón de Alta Montaña No. 6 y miembros del ELN. En este sentido, el Tribunal
sostuvo que: “Toda vez que (…) considerar tales actuaciones como el hecho
exclusivo de un tercero, implicaría condenar irremediablemente a la población a
tener que sufrir las consecuencias de los actos demenciales del terrorismo, sin
ninguna posibilidad de aplicación del modelo solidario, a pesar de ser el Estado el
responsable de la salvaguarda de la vida, honra y bienes de los ciudadanos,
detentando por mandato superior el monopolio legítimo de las armas”.
29. No obstante que la razón medular por la que el a quo accedió a las pretensiones
de la demanda se fundamentó en la aplicación del título de imputación de daño
especial con base en los principios de solidaridad y equidad, y en la consecuente
conclusión sobre la ausencia de la causal eximente consistente en el hecho de un
tercero, en el recurso de alzada no se exhibe ningún argumento encaminado a
desvirtuar el sustento de la decisión del Tribunal -ni siquiera se hizo una referencia
somera a las pruebas practicadas dentro del proceso-, ya que en el memorial de
alzada el apoderado del Ejército Nacional se limitó a repetir de manera literal las
consideraciones plasmadas en la contestación de la demanda. Consideraciones
que, como se señaló en precedencia, ya fueron conocidas y motivaron el
pronunciamiento del a quo, que decidió desvirtuarlas con base en la prueba allegada
al expediente y en el estudio del desarrollo jurisprudencial en la materia.
30. De hecho se advierte que del escrito de alzada, sólo siete de los párrafos no
constituyeron una reproducción literal de la contestación de la demanda, sin que ni
siquiera uno de los mismos ofrezca un cuestionamiento particular y concreto
respecto de los puntos de la decisión del a quo, que la parte apelante hubiera
considerado errados o contrarios a derecho. Así, en tres párrafos se hace referencia
de manera genérica a lo que el Ejército denominó “reglas de derecho operacional”
-que, según se indica, rigen las operaciones militares- y en los demás, insiste -
aunque con palabras distintas a las que se utiliza en el resto del recurso y de la
contestación- en que se acreditó que el día de los hechos los miembros del Batallón
de Alta Montaña No. 6 no adelantaban una operación de rescate sino una táctica
ofensiva, en ejecución de la cual fortuitamente se encontraron con miembros del
ELN que iniciaron la confrontación armada y causaron la muerte del señor Vives
Lacouture para evitar que escapara.
31. Sin embargo, el citado desarrollo no sólo no contradice ningún aspecto de la
sentencia, sino que incluso es concordante con lo decidido por el juez de instancia
que específicamente concluyó que no existían elementos de juicio determinantes
respecto de los cuales se pudiera establecer que los militares hubieran ultimado con
tiros de gracia al señor Vives Lacouture, ni que el día de los hechos se encontraban
adelantando una operación de rescate para la liberación de la víctima, sino que su
presencia obedeció a una operación de rutina ofensiva. Con base en estos
argumentos, es que el Tribunal concluyó la ausencia de prueba de la falla del
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servicio; pese a lo cual, estudió la imputación bajo el título de daño especial, análisis
que no fue objeto de reparo alguno por la parte interesada.
32. La ausencia de cuestionamiento por parte del apelante a la condena por daño
especial es evidente, en tanto los argumentos reproducidos textualmente sobre el
hecho exclusivo de un tercero no tienen vocación de cuestionar ese título de
imputación, además de que fueron oportunamente estudiados y decididos en la
sentencia con base en los principios de igualdad, solidaridad y dignidad humana,
por manera que no se trató de una propuesta novedosa sobre un punto no decidido
o decidido erróneamente por el juez de primera instancia.
33. De otro lado, se advierte que en la alzada también se reiteraron de manera literal
los argumentos sobre la excepción de carencia de poder absoluto para solicitar
perjuicios materiales. Sin embargo, el Tribunal Administrativo al pronunciarse en la
sentencia sobre nulidades y presupuestos procesales determinó que no se hallaron
irregularidades procedimentales que conllevaran a declarar la nulidad parcial o total
de lo actuado y que los presupuestos procesales se encontraban cumplidos;
decisión sobre la que el Ejército Nacional no presentó reparo alguno distinto de lo
que había desarrollado en el trámite de primera instancia.
34. Así las cosas, como la parte demandada no planteó ninguna consideración
sobre el análisis probatorio adelantado por el fallador de primera instancia, ni
argumentó el desconocimiento de alguna norma de derecho, esta Sala no cuenta
con fundamento alguno que deba ser objeto de estudio o sobre el que deba
pronunciarse en lo que respecta a la decisión de primera instancia, lo que hace
imposible que se realice un pronunciamiento de fondo a fin de reformar o modificar
lo relativo a la declaratoria de responsabilidad del Ejército Nacional. Decidir lo
contrario, implicaría un palmario quebranto de la norma procedimental que exige la
debida sustentación del recurso de apelación, porque si bastara para el recurrente
con afirmar cada vez que impugna una decisión que se atiene a lo sostenido en el
curso de la instancia o simplemente repetirlo, no tendría sentido la exigencia de la
norma de que el recurso de apelación sea sustentado por quien está interesado en
la reforma o revocatoria de la decisión de primera instancia.
35. De manera que, al advertir la falta de sustentación de la impugnación propuesta
por la parte demandada conforme a los estándares previamente reseñados, esta
Subsección confirmará la sentencia impugnada en cuanto concierne a la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte del señor
Mauricio Ernesto Vives Lacouture y procederá a estudiar lo relativo al
reconocimiento de perjuicios en favor de los demandantes para determinar si la
indemnización ordenada en primera instancia resulta acorde con la ley y con lo
probado en el proceso, en el marco de los cargos de apelación propuestos por la
parte actora.
Indemnización de perjuicios
Perjuicios morales
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Radicación: 44001-23-31-000-2009-00118-01 (53.968)
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36. En punto a la indemnización de perjuicios morales 19 , el Tribunal accedió al
reconocimiento en favor de la cónyuge y los tres hijos de la víctima 20 y lo denegó
respecto de los señores Gustavo Castro Guerrero y Angelina Solano de Castro,
suegros del señor Mauricio Ernesto Vives Lacouture 21 . Sobre estos últimos, el
Tribunal únicamente refirió que no se acreditó la congoja y dolor que habrían sufrido
con ocasión de la muerte del Vives Lacouture, aunque no hizo referencia a la prueba
testimonial recabada en el proceso ni mencionó algún elemento de convicción
adicional que hubiera sido valorado.
37. En su recurso de alzada, la parte demandante adujo que en el plenario se
acreditaron las relaciones afectivas existentes entre ellos, de las cuales se permite
suponer que el hecho luctuoso dejó en los dos demandantes un profundo
sentimiento de tristeza y congoja.
38. Al respecto, esta Corporación ya ha definido los criterios para la reparación del
daño moral en caso de muerte teniendo en cuenta los cinco niveles de cercanía
afectiva entre la víctima directa y quienes reclaman perjuicios que, en este caso,
respecto de los suegros del señor Vives Lacouture se halla comprendido en las
relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados)22. Así las cosas, se ha
establecido que para la acreditación del perjuicio de terceros damnificados, se debe
probar la relación afectiva.
39. En el plenario obran declaraciones extra juicio rendidas por los señores Jorge
Tribin Jassir, Víctor Eduardo Cabello Londoño y Gina Margarita de la Salas
González, en las cuales se confirma la relación de cercanía entre los señores
Gustavo Castro Guerrero, Angelina Solano de Castro y el señor Mauricio Ernesto
Vives Lacouture, las cuales fueron debidamente ratificadas en el proceso ante el
Tribunal Administrativo del Magdalena en despacho comisorio. Así, la señora Gina
Margarita de las Salas González, vecina y amiga de la familia, indicó que el señor
Vives Lacouture tenía una relación “cordial, amorosa, cercana, basada en el
respeto” con sus suegros y afirmó que la lamentable muerte de la víctima fue
traumática para su esposa “al igual que en la vida de sus suegros (...) me refiero
GUSTAVO y ANGELINA que cambiaron sus vidas por apoyar y acompañar a su
hija, su mamá venía y pasaba un largo tiempo en Santa Marta dándole apoyo, ellos
se turnaban a acompañar a su hija durante todo el proceso del secuestro y después
de la muerte de MAURICIO”23.
19 Cuando se hace referencia al daño moral, se alude al generado en “el plano psíquico interno del individuo,
reflejado en los dolores o padecimientos sufridos a consecuencia de la lesión a un bien”. Este daño tiene
existencia autónoma y se configura una vez satisfechos los criterios generales del daño: que sea particular,
determinado o determinable, cierto, no eventual y que tenga relación con un bien jurídicamente tutelado.
20 En lo que respecta a la señora María Isabel Alexandra Castro Solano, en el expediente consta el registro civil
del matrimonio contraído con el señor Mauricio Ernesto Vives Lacouture (Folio 41 c. ppal.) y, en cuanto concierne
a Gustavo Andrés Vives Castro, Mauricio José Vives Castro y Sebastián José Miguel Vives Castro, constan los
respectivos registros civiles de nacimiento en los que se verifica que son hijos de la víctima (Folios 43-45 c.
ppal.).
21 Sobre la relación entre los nombrados, a folio 41 del cuaderno principal 1 obra el registro civil de matrimonio
entre el señor Mauricio Ernesto Vives Lacouture y la señora María Isabel Alexandra Castro Solano, así como el
registro civil de nacimiento de esta última (folio 47 c. ppal. 1).
22 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Exp. 26.251. C.P. Jaime Orlando
Santofimio Gamboa.
23 Folio 62 c. despacho comisorio del Tribunal Administrativo del Magdalena.
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Radicación: 44001-23-31-000-2009-00118-01 (53.968)
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Referencia: Reparación directa
40. Por su parte, el señor Jorge Tribín Jassir afirmó que en las ocasiones en que
vio al señor Mauricio Vives Lacouture con sus suegros, le pareció que mantenían
una relación muy cordial24 y el señor Víctor Cabello Londoño, quien dijo ser amigo
de la infancia del señor Vives Lacouture, manifestó: “Doy fe de que Mauricio para
sus suegros era un hijo más y tenía la mejor relación familiar y personal (…) la
muerte de Mauricio fue para toda su familia un golpe emocional y sentimental muy
grande el cual considero que aún no se han podido reponer”25.
41. A este respecto también se pronunció la señora Diana Cecilia de Vengoechea
Méndez, quien dijo ser amiga de la familia Vives Castro e indicó que el señor
Mauricio Vives Lacouture y sus suegros tenían una excelente relación familiar 26.
42. Estos testimonios son claros y contestes entre sí y no fueron tachados de falsos
ni sospechosos por la parte contraria, por lo cual merecen credibilidad. No obstante,
sin fundamento alguno, el a quo no los valoró y denegó los perjuicios sin hacer
referencia a la prueba testimonial recabada ni a lo que ella daba cuenta.
43. Para la Sala están acreditadas las relaciones afectivas de la referida víctima
directa con los señores Gustavo de Jesús Castro Guerrero27 y Angelina del Rosario
Solano de Castro28, motivo por el cual habrá lugar a modificarse en este punto la
sentencia apelada y se accederá al reconocimiento de perjuicios morales en favor
de ambos como terceros damnificados, por el monto que ha establecido la
jurisprudencia unificada de esta Sección.
44. Ahora bien, en cuanto concierne a la solicitud realizada en el recurso de
apelación para reajustar la tasación final de los perjuicios morales, la Sala advierte
que no se trata de aquellos eventos que la jurisprudencia ha identificado como
excepcionales por tratarse de graves violaciones a derechos humanos29, en tanto
que, a pesar del contexto en que habrían ocurrido los hechos, lo cierto es que la
responsabilidad del Ejército Nacional se declaró a título de daño especial por los
daños irrogados a los demandantes en el marco de la ejecución lícita y legítima de
una operación ofensiva que culminó con un combate armado entre miembros de
dicha institución y un grupo del ELN.
45. Por consiguiente, la regla de excepción referenciada por la parte actora no es
aplicable al caso objeto de estudio, además de lo cual no se acreditó ninguna
24 Folio 63 c. despacho comisorio del Tribunal Administrativo del Magdalena.
25
Folio 64 c. despacho comisorio del Tribunal Administrativo del Magdalena.
26 Folio 58 c. despacho comisorio del Tribunal Administrativo del Magdalena.
27 Nombre que consta en el registro civil de matrimonio con la señora Angelina del Rosario Solano. Folio 46 c.
ppal.
28 La Sala advierte que en la demanda se hizo referencia a la demandante como Angelina del Rosario Solano -
como se verifica en su registro civil de matrimonio (folio 46 c. ppal.)-; sin embargo, en el poder otorgado al
abogado Juan Alberto Polo Figueroa y autenticado en la Notaría 46 de Bogotá, obra su firma como Angelina
Solano de Castro; por manera que, para efectos de la presente providencia, se utilizará su nombre completo
con el apellido de casada, así, Angelina del Rosario Solano de Castro.
29 A este respecto, es importante precisar que esta Corporación ha establecido en sentencia de unificación que
es posible el reconocimiento y liquidación de perjuicios morales, con base en una regla de excepción, según la
cual en casos excepcionales como los de graves violaciones a los derechos humanos, entre otros, podrá
otorgarse una indemnización mayor de la señalada en todos los eventos anteriores, cuando existan
circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño moral; quantum que deberá
motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño. Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo – Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 32988,
M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
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Radicación: 44001-23-31-000-2009-00118-01 (53.968)
Actor: María Isabel Castro Solano y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
situación que demostrara la necesidad de aplicar estándares distintos a los de la
unificación en la materia.
46. Las pruebas recaudadas, valoradas y contrastadas, prueban la relación afectiva
entre los demandantes y la víctima, pero no obra prueba sobre una mayor intensidad
de la afectación moral y gravedad del daño, amén de que no se trata de un caso de
grave violación a los derechos humanos, de ahí que la Sala confirmará lo decidido
por el Tribunal salvo en los aspectos ya referidos y reconocerá las siguientes sumas:
Demandante Parentesco Indemnización
María Isabel Alexandra Castro Cónyuge 100 SMLMV
Solano
Gustavo Andrés Vives Castro Hijo 100 SMLMV
Mauricio José Vives Castro Hijo 100 SMLMV
Sebastián José Miguel Vives Castro Hijo 100 SMLMV
Gustavo de Jesús Castro Guerrero Suegro 15 SMLMV
Angelina del Rosario Solano de Suegra 15 SMLMV
Castro
Perjuicios materiales
Lucro cesante
47. Según el artículo 1614 del Código Civil, el lucro cesante es “la ganancia o
provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la
obligación, o cumpliéndola imperfectamente, o retardado su cumplimiento”. A partir
de allí, queda claro que la indemnización de perjuicios abarca el aumento
patrimonial que fundadamente podía esperar una persona de no ser por haber
tenido lugar, en el caso de la responsabilidad extracontractual, el hecho dañoso, por
lo tanto, este perjuicio se corresponde con la idea de ganancia frustrada30. Sobre
este punto, la jurisprudencia de esta Corporación ha razonado indicando que para
que proceda el reconocimiento del lucro cesante, es necesario que se acredite la
existencia de una actividad productiva lícita previa 31.
48. A este respecto, la Sala advierte que se allegaron diversos documentos para
acreditar los valores que se le pagaron en el año 2007 al señor Vives Lacouture por
concepto de dividendos y/o participación en calidad de accionista de las empresas
Sociedad de Inversiones Vives y CIA S.A., Inmobiliaria Kasuma S.A. y
Comercializadora Internacional de Banano y Palma C.I. BANAPALMA S.A.32, sumas
30 “En cuanto al lucro cesante esta Corporación ha sostenido reiteradamente, que se trata de la ganancia
frustrada o el provecho económico que deja de reportarse y que, de no producirse el daño, habría ingresado ya
o en el futuro al patrimonio de la víctima. Pero que como todo perjuicio, para que proceda su indemnización,
debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a reparación alguna. Así las cosas,
este perjuicio, como cualquier otro, si se prueba, debe indemnizarse en lo causado”, Consejo de Estado,
sentencia del 21 de mayo de 2007, exp. 15989.
31 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de junio de 2019. Exp. 44.572. C.P. Carlos Alberto
Zambrano Barrera. “La precisión jurisprudencial tiene por objeto eliminar las presunciones que han llevado a
considerar que la indemnización del perjuicio es un derecho que se tiene per se y establecer que su existencia
y cuantía deben reconocerse solo: i) a partir de la ruptura de una relación laboral anterior o de una que, aun
cuando futura, era cierta en tanto que ya estaba perfeccionada al producirse la privación de la libertad o ii) a
partir de la existencia de una actividad productiva lícita previa no derivada de una relación laboral, pero de la
cual emane la existencia del lucro cesante”.
32 Folios 361-363 c. anexos demanda.
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Radicación: 44001-23-31-000-2009-00118-01 (53.968)
Actor: María Isabel Castro Solano y otros
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Referencia: Reparación directa
que no se enmarcan en el concepto anteriormente definido, pues se trata de una
renta de capital que sobrevive al difunto y cuya causación no se ve frustrada con la
lamentable muerte del señor Vives Lacouture, tal como lo concluyó el a quo.
49. Ahora bien, en cuanto concierne a la prueba documental que la parte
demandante cita en el recurso de apelación para acreditar los ingresos que como
rentas de trabajo recibía el señor Vives Lacouture y que, según su dicho, se vieron
frustrados con su muerte, la Sala advierte que no obra en el expediente ningún
medio de prueba que demuestre que el señor Vives Lacouture dejó de percibir
salarios u honorarios con ocasión de su muerte en el año 2007.
50. Con esto se observa que la parte actora allegó dos certificaciones en las que
consta que la Comercializadora Internacional de Banano y Palma C.I. BANAPALMA
S.A. le canceló al señor Mauricio Ernesto Vives Lacouture unas sumas por concepto
de “servicio de transporte de materiales y frutas” 33 y “servicios prestados como
gerente del Proyecto Kasuma”34. Sin embargo, llama la atención de la Sala que
dichos pagos se realizaron en el año 2007 por servicios prestados por la víctima,
aunque en el año 2007 se encontraba privado de la libertad en poder del grupo
subversivo desde hacía dos años y en mayo de ese mismo año se reportó su
fallecimiento. Por manera que dichas certificaciones no pueden ser tomadas como
parte de un ingreso causado a favor del señor Vives Lacouture que hubiera dejado
de percibir de manera regular y continua por su muerte, con ocasión de la prestación
de un servicio.
51. En cuanto al pago de un salario en especie realizado al señor Vives Lacouture
por la compañía Banavica S.A. por la prestación de servicios, lo único que consta
en el expediente es una certificación en la que se dejó consignado que se canceló
una suma a la señora María Isabel Castro Solano “correspondiente a los gastos de
manutención durante el año 2007”, sin que se refiera, ni pueda desprenderse de
ningún otro medio de prueba, que dicho pago se realizó como parte del salario que
se le reconocía al señor Vives Lacouture en dicha empresa -como lo adujo la parte
actora en la demanda, sin fundamento alguno-, pues ni siquiera se acreditó que
laborara en la misma35.
52. Finalmente, al expediente se allegaron dos certificaciones expedidas por la
Directora Jurídica de la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A. 36 y la
33
Certificación suscrita en el mes de marzo de 2009 por el Revisor Fiscal de la Compañía Comercializadora
Internacional de Banano y Palma C.I. BANAPALMA S.A. en la que consta que se “canceló al señor MAURICIO
ERNESTO VIVES LACOUTURE (…) la suma de cuarenta y seis millones trescientos ochenta y nueve mil
doscientos noventa y cuatro pesos moneda legal con 20/100 centavos ($46.389.294.20.00), correspondiente
al servicio de transporte de materiales y de fruta con los vehículos de placas: PBA172, AWL026 y UQN668,
efectuados durante el año 2007” (se resalta). Folio 356 c. anexos demanda.
34 Certificación suscrita en el mes de marzo de 2009 por el Revisor Fiscal de la Compañía Comercializadora
Internacional de Banano y Palma C.I. BANAPALMA S.A. en la que consta que se “entregó al señor MAURICIO
ERNESTO VIVES LACOUTURE (…) la cantidad de 9.687 canastillas de banano por valor de cuarenta y ocho
millones cuatrocientos treinta y cinco mil pesos moneda legal ($48.435.000.00), correspondiente a las fincas
de la empresa durante el año 2007, como parte de pago de los servicios prestados como Gerente del
Proyecto Kasuma” (se resalta). Folio 357 c. anexos demanda.
35 Certificación suscrita en el mes de marzo de 2009 por el Revisor Fiscal de la compañía BANAVICA S.A. en
la que consta que “canceló a la señora MARÍA ISABEL CASTRO SOLANO (…) la suma de noventa y seis
millones de pesos moneda legal ($96’000.000.00), correspondiente a los gastos de manutención durante
el año 2007” (se resalta). Folio 358 c. anexos demanda.
36 Folio 359 c. anexos demanda.
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Radicación: 44001-23-31-000-2009-00118-01 (53.968)
Actor: María Isabel Castro Solano y otros
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Referencia: Reparación directa
Operadora de Carbón de Santa Marta Ltda.37 en las que se registró que para el año
2005 el señor Vives Lacouture era miembro de ambas juntas directivas y por ese
concepto se le pagaban tres (3) y dos (2) SMLMV, respectivamente, por sesión
asistida. Sin embargo, tal como fue señalado por el Tribunal, no obra en el plenario
constancia de las sesiones a las que habría asistido la víctima en el año en el que
fue miembro de dichas juntas directivas a la par de que la participación en tales
juntas se debía dar por la vía de las decisiones que anualmente están llamadas a
adoptar las sociedades sin perjuicio de lo previsto bajo los estatutos sociales, de
manera que concurre una situación más que se proyecta sobre la certeza del
ingreso que se reclama como dejado de recibir.
53. Para la Sala, la ausencia de prueba sobre la periodicidad en la que el señor
Vives Lacouture habría ejercido la actividad reseñada, impide determinar con
certeza el valor dejado de percibir susceptible de ser indemnizado, en tanto que,
con los elementos de convicción en poder de esta Corporación, no es posible
acreditar la configuración de una ganancia habitual y cierta que se hubiera visto
frustrada por el hecho de la muerte de la víctima y, en todo caso, los honorarios por
los que ahora se reclama, debieron ser pagados por las mentadas empresas al
término de la relación contractual.
54. Aunado a lo anterior, la Sala advierte que al proceso tampoco se allegaron
documentos tales como desprendibles de nómina, comprobantes de pago,
certificaciones o contratos laborales que permitieran determinar el ejercicio de una
actividad productiva personal que se hubiera visto interrumpida por la muerte del
señor Mauricio Ernesto Vives Lacouture.
55. Por fuerza de los argumentos consignados, se impone concluir que pese a que
se demostró que para el momento de su secuestro el señor Mauricio Ernesto Vives
Lacouture se encontraba en edad productiva y adelantaba actividades lucrativas, no
se allegaron medios de convicción suficientes que acrediten con certeza el salario
que devengaba.
56. Esta Corporación ha definido que la base de liquidación será el salario mínimo
legal mensual vigente –SMLMV- en aquellos casos en que la prueba no es suficiente
para acreditar un monto superior, o la prueba acredita menos del salario mínimo o
incluso, cuando no existe prueba del ingreso38.Así las cosas, en el sub lite, tal como
fue determinado por el fallador de primera instancia, la liquidación de este perjuicio
debió efectuarse con base en el salario mínimo para la época de los hechos.
57. Por fuerza de las anteriores consideraciones y debido a que ninguno de los
cargos propuestos en el recurso de alzada tiene vocación de prosperar, la Sala se
limitará a actualizar la suma reconocida por el a quo por este concepto a favor de
cada uno de los demandantes, así:
Ra: Vh (Valor histórico)*IPC final/IPC inicial
Lucro cesante para María Isabel Alexandra Castro Solano (cónyuge)
37 Folio 360 c. anexos demanda.
38 Véase: Consejo de Estado. Sentencia del 24 de octubre de 1990. Exp. 5902. C.P. Gustavo de Greiff Restrepo
y sentencia del 13 de junio de 2013. Exp. 26.800. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
16
Radicación: 44001-23-31-000-2009-00118-01 (53.968)
Actor: María Isabel Castro Solano y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
Renta actualizada (Ra): Rh ($82’774.120)* 128,27 (índice final – enero de
202339)
------------------------------------------
82,47 (índice inicial – diciembre
de 201440)
Ra: $128’743.014
58. Total perjuicios materiales para la señora María Isabel Alexandra Castro
Solano: ciento veintiocho millones setecientos cuarenta y tres mil catorce pesos
m/cte. ($128’743.014).
Lucro cesante para Gustavo Andrés Vives Castro (hijo)
Renta actualizada (Ra): Rh ($ 21’943.537)* 128,27 (índice final – enero de
2023)
------------------------------------------
82,47 (índice inicial – diciembre
de 2014)
Ra: $34’129.956
59. Total perjuicios materiales para Gustavo Andrés Vives Castro: treinta y
cuatro millones ciento veintinueve mil novecientos cincuenta y seis pesos m/cte.
($34’129.956).
Lucro cesante para Mauricio José Vives Castro (hijo)
Renta actualizada (Ra): Rh ($ 24’166.707)* 128,27 (índice final – enero de
2023)
------------------------------------------
82,47 (índice inicial – diciembre
de 2014)
Ra: $ 37’587.771
60. Total perjuicios materiales para Mauricio José Vives Castro: treinta y siete
millones quinientos ochenta y siete mil setecientos setenta y un pesos m/cte. ($
37’587.771).
Lucro cesante para Sebastián José Miguel Vives Castro (hijo)
Renta actualizada (Ra): Rh ($ 25’877.395)* 128,27 (índice final – enero de
2023)
------------------------------------------
39 Último conocido.
40 La sentencia de primera instancia fue proferida el 4 de diciembre de 2014.
17
Radicación: 44001-23-31-000-2009-00118-01 (53.968)
Actor: María Isabel Castro Solano y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
82,47 (índice inicial – diciembre
de 2014)
Ra: $ 40’248.495
61. Total perjuicios materiales para Sebastián José Miguel Vives Castro:
cuarenta millones doscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y cinco
pesos m/cte. (40’248.495).
Costas
62. Como no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes,
la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el
artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR los ordinales tercero y cuarto de la sentencia proferida el
4 de diciembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de La Guajira, la cual quedará
de la siguiente manera:
PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la causal de exoneración de
responsabilidad civil extracontractual “causa extraña – hecho de un
tercero”, de conformidad con las razones expuestas en motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR administrativamente y patrimonialmente
responsable a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO
NACIONAL por los perjuicios ocasionados a los demandantes señora
MARÍA ISABEL ALEXANDRA CASTRO SOLANO en calidad de
cónyuge, a los menores GUSTAVO ANDRÉS VIVES CASTRO,
MAURICIO JOSÉ VIVES CASTRO y SEBASTIÁN JOSÉ MIGUEL VIVES
CASTRO en calidad de hijos del occiso y a los señores GUSTAVO DE
JESÚS CASTRO GUERRERO y ANGELINA DEL ROSARIO SOLANO
DE CASTRO como consecuencia del operativo militar desplegado por
uniformados de la Segunda Brigada del Ejército Nacional – ‘Batallón de
Alta Montaña No 6, Primer Pelotón CP. C BAMRU- 6’ en desarrollo de la
misión táctica ‘Milenio BCG°2 Guajiros’, en el sector del ‘Caño Palomino
estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta (Guajira)’, el día 22 de
mayo de 2007, en donde perdió la vida el señor Mauricio Ernesto Vives,
de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de
esta sentencia.
18
Radicación: 44001-23-31-000-2009-00118-01 (53.968)
Actor: María Isabel Castro Solano y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
EJÉRCITO NACIONAL a pagar, por concepto de perjuicios materiales
en la modalidad de lucro cesante, las siguientes sumas:
-Para la señora María Isabel Alexandra Castro Solano: ciento veintiocho
millones setecientos cuarenta y tres mil catorce pesos m/cte.
($128’743.014).
-Para Gustavo Andrés Vives Castro: treinta y cuatro millones ciento
veintinueve mil novecientos cincuenta y seis pesos m/cte. ($34’129.956).
-Para Mauricio José Vives Castro: treinta y siete millones quinientos
ochenta y siete mil setecientos setenta y un pesos m/cte. ($ 37’587.771).
-Para Sebastián José Miguel Vives Castro: cuarenta millones doscientos
cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y cinco pesos m/cte.
(40’248.495).
CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
EJÉRCITO NACIONAL a pagar a cada uno de los demandantes por
concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero:
Demandante Parentesco SMLMV
María Isabel Alexandra Castro Cónyuge 100 SMLMV
Solano
Gustavo Andrés Vives Castro Hijo 100 SMLMV
Mauricio José Vives Castro Hijo 100 SMLMV
Sebastián José Miguel Vives Hijo 100 SMLMV
Castro
Gustavo de Jesús Castro Tercero damnificado 15 SMLMV
Guerrero
Angelina del Rosario Solano de Tercero damnificado 15 SMLMV
Castro
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO: A este fallo se le dará cumplimiento de conformidad con los
preceptos contenidos en los artículos 176 y 177 del C.C.A. para lo cual,
expídanse las copias auténticas de esta sentencia, con la constancia de
su ejecutoria (artículo 115 del C.P.C).
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
19
Radicación: 44001-23-31-000-2009-00118-01 (53.968)
Actor: María Isabel Castro Solano y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Reparación directa
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
VF
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