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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-31-000-2011-00131-01

De apelación: ámbito de competencia del ad quem – no se satisface la carga

Fecha
2 de junio de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-31-000-2011-00131-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de julio de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 66001-23-31-000-2011-00131-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

2 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., dos (02) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 66001-23-31-000-2011-00131-01 (60.273)
Actor: Carlos Alberto Campuzano y otros
Demandado: Instituto Nacional de Vías y otros
Referencia: Reparación directa

Temas: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CARGA ARGUMENTATIVA RECURSO
DE APELACIÓN – ámbito de competencia del ad quem – no se satisface la carga
argumentativa con la simple reiteración de las razones expuestas en el curso de la
primera instancia, es necesario que se confronte la razón que soporta la decisión que se
impugna – en este caso la parte actora no sustentó debidamente el recurso de alzada.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, a través
de la cual negó las pretensiones de la demanda.

Se demanda la reparación de un daño derivado de una falla del servicio por la
falta de mantenimiento de una vía y su falta de señalización, hecho que produjo
la muerte de dos personas en un accidente de tránsito.

I. SENTENCIA APELADA

1. Corresponde a la proferida el 25 de julio de 2017 por el Tribunal Administrativo
de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, mediante la cual se decidió la demanda
de reparación directa instaurada el 1° de abril de junio de 20111, por los señores
Carlos Alberto Campuzano (padre de la víctima Diana Milena), Miryam Gómez
Montoya (madre) y Felipe Campuzano Gómez (hermano); Marlene Largo de
Zuluaga (madre de la víctima James Zuluaga), Alirio Zuluaga Arias (padre),
Eugenia y Natalia Zuluaga Largo (hermanas), en contra de la Nación – Ministerio
de Transporte, el Instituto Nacional de Vías -en adelante Invías-, el Instituto
Nacional de Concesiones -hoy Agencia Nacional de Infraestructura ANI-2 y
Autopistas del Café S.A., con el fin de que se les declarara patrimonialmente
responsables por la muerte de los señores Diana Milena Campuzano Gómez y

1
Folio 78, c. 1-reverso-.
2
DECRETO LEY 4165 DE 2011 “ARTÍCULO 1o. CAMBIO DE NATURALEZA JURÍDICA Y
DENOMINACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES. Cámbiase la naturaleza jurídica del
Instituto Nacional de Concesiones (INCO) de establecimiento público a Agencia Nacional Estatal de
Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, que se denominará Agencia
Nacional de Infraestructura, adscrita al Ministerio de Transporte.

1

Radicación número: 66001-23-31-000-2011-00131-01 (60.273)
Actor: Carlos Alberto Campuzano y otros
Demandado: Instituto Nacional de Vías y otros
Referencia: Reparación directa

James Zuluaga Largo, ocurrida el 21 de junio de 2009, en un accidente de
tránsito; como consecuencia, se deprecó el pago de una indemnización de
perjuicios materiales y morales.

2. Como soporte fáctico de las pretensiones se indicó que, en horas de la tarde
del 21 de junio de 2009, en momentos en que el señor James Zuluaga Largo se
desplazaba en su motocicleta (conductor) en compañía de Diana Milena
Campuzano (pasajera) por la autopista del Café, sector La María, en el municipio
de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), perdió el control de su vehículo al
encontrarse con un represamiento de agua luego de una curva, lo cual generó
que cayeran de la moto y colisionaran contra un poste, produciéndose su muerte.

3. Sostuvo que el siniestro se produjo porque las condiciones de la vía no eran
óptimas, toda vez que momentos antes del accidente cayó un fuerte aguacero y
había un represamiento de aguas lluvias debido al taponamiento de las cunetas y
drenajes situados a los lados de la vía. Lo anterior sumado a la presencia de
parches en asfalto que generaba inestabilidad en los vehículos y a la falta de
señalización para advertir la existencia de la curva y el represamiento de agua,
todo lo cual configuró una falla del servicio por la falta de construcción y
mantenimiento de la vía.

4. Agregó que algunos de estos hechos ya se habían puesto en conocimiento de
la Administración e, incluso, que la interventoría de la autopista del Café desde
febrero de 2007 había detectado que “en el cruce de la doble calzada Jazmín –
Santa Rosa la vía que conduce a El Español” se evidenciaba un alto riesgo de
accidentalidad, debido al cruce de peatones, la poca visibilidad en la zona y las
altas velocidades que desarrollaban los vehículos al llegar a ese sector, por lo
que solicitó al contratista realizar un “refuerzo de señalización horizontal y
vertical” y que se estudiara la posibilidad ampliar la visibilidad de los conductores,
“realizando un corte del barranco que se encuentra treinta metros atrás del
cruce”; sin embargo, cuando ocurrió el accidente nada de ello se había llevado a
cabo.

5. Por último, la parte demandante indicó que solicitó un informe técnico de un
ingeniero civil, quien realizó un estudio de las características del tramo de la vía
donde ocurrieron los hechos objeto de litis (fue transcrito en la demanda) y en él
se identificaba la precariedad de señales de tránsito informativas, preventivas y
reglamentarias en el sector de ocurrencia del accidente.

La defensa

2

Radicación número: 66001-23-31-000-2011-00131-01 (60.273)
Actor: Carlos Alberto Campuzano y otros
Demandado: Instituto Nacional de Vías y otros
Referencia: Reparación directa

6. En las contestaciones de la demanda, tanto el Ministerio de Transporte 3, el
Invías4, la sociedad Autopista del Café5 y la ANI6 se opusieron a las
pretensiones; para tal efecto formularon las excepciones que denominaron: (i)
fuerza mayor, por cuanto el accidente se produjo por el represamiento de aguas,
originado en un evento climático adverso que ocurrió ese día y no por una falla
imputable a las demandadas; (ii) culpa exclusiva de la víctima, toda vez que la
motocicleta excedió los límites de velocidad permitidos en esa vía; (iii)
inexistencia del nexo causal, dado que la colisión se produjo por la impericia e
imprudencia del señor Zuluaga Largo y no por una acción u omisión atribuible a
las entidades demandadas; además, indicaron que las cunetas se encontraban
en óptimo estado, lo cual se demostraba con los informes de limpieza de drenaje
aportados; así como la adecuada señalización de la vía, que estaba acreditada
con el informe del inspector de tránsito y el inventario de señalización
correspondiente a la época del accidente.

7. También propusieron la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva. El Ministerio de Transporte arguyó que no estaba a su cargo la ejecución
de obras de infraestructura vial, pues esta función le correspondía al INCO (hoy
ANI). El Invías sostuvo que el accidente se presentó en una vía que no estaba a
su cargo, pues su mantenimiento y cuidado correspondía al concesionario
Autopistas del Café S.A. y a la ANI. Esta última entidad adujo que no era de su
competencia construir, operar y mantener en buen estado las vías
concesionadas y que, en este caso, las obligaciones que se alegan como
desconocidas estaban a cargo de la sociedad Autopistas del Café S.A., que
suscribió el contrato de concesión 0113 de 1997 “proyecto vial Armenia – Pereira
– Manizales”.

8. MAPFRE Seguros Generales de Colombia S.A. en respuesta al llamamiento
efectuado por el Invías7, sostuvo que apoyaba en su integridad la defensa
presentada por su llamante, en el sentido de que el corredor vial en el que
ocurrieron los hechos fue entregado en concesión a Autopistas del Café S.A.
mediante contrato 0113 de 1997 y, por tal razón, correspondía exclusivamente al
concesionario responder ante una eventual condena; no obstante, la causa
determinante del accidente fue la inobservancia de las normas de tránsito por
parte del conductor de la motocicleta. De otro lado, formuló las excepciones de:
(i) límites de responsabilidad hasta el monto máximo asegurable; (ii) deducible,
que equivale a la suma que debía asumir el asegurado de la indemnización por
siniestro y, (iii) ausencia de responsabilidad como consecuencia de una

3
Folios 145 a 154, c 1.
4
Folios 173 a 182, c. 1.
5
Folios 243 a 259, c. 2.
6
Folios 344 a 354, c. 2.
7
El Tribunal admitió el referido llamamiento en auto del 23 de abril de 2012 (folios 405 a 410, c. 2).

3

Radicación número: 66001-23-31-000-2011-00131-01 (60.273)
Actor: Carlos Alberto Campuzano y otros
Demandado: Instituto Nacional de Vías y otros
Referencia: Reparación directa

sentencia a favor del Invías, en caso de que prosperara alguna de las
excepciones por él propuestas8.

9. La compañía Aseguradora de Fianza (Confianza S.A.) dio respuesta al
llamamiento realizado por la ANI9, oportunidad en la cual señaló que no se
configuró una falla del servicio que fuera imputable a su llamante, dado que la vía
en la que ocurrieron los hechos estaba en buen estado y con la suficiente
señalización y que, en todo caso, la verdadera causa del siniestro fue el exceso
de velocidad por parte de la víctima. Además, propuso las excepciones que
denominó: (i) ausencia de cobertura de daños extrapatrimoniales y de lucro
cesante por expresa exclusión en la póliza; (iii) deducible, en virtud de lo
establecido en el artículo 1056 del Código de Comercio y, (iv) máximo valor
asegurable10.

10. A su turno, Allianz Seguros S.A. respondió el llamamiento en garantía
formulado por la ANI11 bajo los mismos argumentos esgrimidos por las anteriores
aseguradoras y, además de las excepciones referidas, propuso la de
“coexistencia de seguros”, toda vez que la responsabilidad civil extracontractual
se encontraba amparada por dos pólizas y aseguradoras distintas; por manera
que cada una debía responder proporcionalmente por el valor asegurado12.

11. Surtido el debate probatorio13, en las alegaciones, la ANI14 y el INVÍAS15
insistieron en su falta de legitimación en la causa para obrar como demandadas;

8
Folios 485 a 498, c. 3.
9
El Tribunal admitió el referido llamamiento en auto del 2 de agosto de 2012 (folios 461 a 465, c. 3).
10
Folios 509 a 514, c. 3.
11
El Tribunal admitió el referido llamamiento en auto del 2 de agosto de 2012 (folios 461 a 465, c. 3).
12
Folios 530 a 554, c 3.
13
Mediante auto del 30 de mayo de 2013, el Tribunal a quo decretó las pruebas documentales allegadas por
la parte actora (relacionadas en el folio 76, c.1); por el Invías (relacionadas en el folio 180, c. 1.); por
Autopistas del Café S.A. (relacionadas en los folios 258 y 259, c. 2.); por la ANI (relacionadas a folio 353, c.
2); por MAPFRE (relacionadas a folio 497); por CONFIANZA S.A. (relacionadas en el folio 514, c. 3) y por
ALLIANZS Seguros S.A. (relacionadas a folio 552, c.3). Testimonios: (i) José Barlaan Montoya Gil; (ii)
Alonso Carvajal; (iii) Miguel Ángel López Marulanda; (iv) Hernán Alonso Atehortúa Ríos; (v) Carlos Eduardo
Zuluaga Muñoz; (vi) Jairo Mora; (vii) Fabio Ernesto Pérez Chaparro; (viii) Marco Vinicio Charria. Oficios: (i) al
concesionario Autopistas del Café, para que aporte copia del diseño geométrico y de la señalización del
sector de La María, jurisdicción de Santa Rosa de Cabal y del estado de funcionamiento de los drenajes de
la vía para la época de los hechos; (ii) a la Seccional de Tránsito y Transporte, para que remita copia
auténtica del informe policial del accidente de tránsito ocurrido el 21 de junio de 2009; (iii) al ingeniero
Fernando Escobar, para que remita certificación vigente del COPNIA, tarjeta profesional y documentos que
lo acrediten como experto en vías; (iv) a la Fiscalía 19 Local del municipio de Santa Rosa de Cabal, para
que allegue el proceso penal adelantado por estos hechos, radicado 666826000065200900; (v) a Allianz
Seguros S.A., para que allegue copia autentica de la Póliza TRCM-92, con todos sus anexos,
modificaciones generales y particulares. (vi) Al Instituto Nacional de Medicina Legal – Unidad Básica Santa
Rosa, para que remita copia de la necropsia y pruebas de alcoholemia practicadas a los occisos; (vi) a
Autopistas del Café S.A. para que envíen la documentación relacionada en el numeral 1.3. folios 552 y 553,
c. 3; (vii) al IDEAM para que certifique el estado del tiempo el 21 de junio de 2009. Informes técnicos: (i) de
la Coordinación Grupo Carretero de la Agencia Nacional de Infraestructura y (ii) del director del Instituto
Nacional de Medicina para que con la ayuda de un profesional idóneo determinen la velocidad a la que iba la
motocicleta siniestrada (folios 599 a 605, c. 2).
14
Folios 683 a 703, c. 7.

4

Radicación número: 66001-23-31-000-2011-00131-01 (60.273)
Actor: Carlos Alberto Campuzano y otros
Demandado: Instituto Nacional de Vías y otros
Referencia: Reparación directa

mientras que Autopistas Café S.A.16, MAPFRE17 y ALLIANZ Seguros S.A.18
reiteraron la configuración de la causal eximente de responsabilidad de la culpa
de la víctima. Las demás partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

La decisión objeto de recurso

12. El Tribunal Administrativo de Risaralda resolvió, en primer lugar, declarar
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta
por el Ministerio de Transporte y la ANI, dado que, según las competencias
otorgadas por la ley a estas entidades, no eran las llamadas a efectuar el
mantenimiento de la vía donde se produjo el accidente.

13. En cuanto al fondo del asunto, negó las súplicas de la demanda, por
considerar que no se probó que la supuesta falta de señalización y de
mantenimiento la vía hubieran sido la causa eficiente del accidente de tránsito
objeto de la presente acción. En ese sentido, desestimó el informe técnico
elaborado por el ingeniero civil Fernando Escobar (aportado con la demanda) en
el que se señaló una deficiente señalización y que las cunetas existentes en la
vía fueron interrumpidas y vaciadas en concreto por la estación de servicio
BIOMAX para dar acceso a los vehículos, puesto que tuvo como soporte unas
fotografías que, al margen de su autenticidad, no permitían establecer de manera
clara las condiciones y supuestas falencias de la vía, así como tampoco se
delimitaba de manera específica el sitio de ocurrencia del siniestro.

14. Además, resaltó que la planilla de actividades de mantenimiento de la vía
revelaba que entre el 16 y 19 de junio de 2009 el concesionario realizó “limpieza
de obras de drenaje, incluye encole, descole, cuerpo de obra, cajas y sumideros”
del kilómetro 10+000 al 16+800 de esa vía, información que concordaba con lo
plasmado en el informe del accidente de tránsito suscrito por el inspector de
tráfico y el coordinador de operación y el informe de la Policía Nacional en los
que se indicó que la vía se encontraba en buen estado, sin inundaciones y con el
suelo mojado, y que las fotografías anexas al primero de los informes, tomadas
según se observaba el día del siniestro a las 13:40 (dentro de la hora siguiente al
accidente), no demostraban represamiento de agua.

15. Agregó que, de acuerdo con la ubicación de los cuerpos y de la motocicleta
luego del accidente, la declaración del señor Luis Horacio Ríos Quintero (testigo
presencial de los hechos) y el informe policial del accidente de tránsito, podía
deducirse que éste se produjo por infringir los límites de velocidad permitidos en
ese tramo, máxime teniendo en cuenta el torrencial aguacero que cayó en esos

15
Folios 741 a 748, c. 7.
16
Folios 750 a 778, c. 7.
17
Folios 735 a 748, c. 7.
18
Folios 711 a 734, c. 7.

5

Radicación número: 66001-23-31-000-2011-00131-01 (60.273)
Actor: Carlos Alberto Campuzano y otros
Demandado: Instituto Nacional de Vías y otros
Referencia: Reparación directa

momentos, todo lo anterior sumado a la impericia del conductor accidentado, lo
que desencadenó la pérdida de control del vehículo, por manera que se
configuró la causal eximente de responsabilidad consistente en la culpa exclusiva
de la víctima19.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

16. En su apelación, la parte demandante se limitó a reproducir en su integridad
y de forma idéntica, los fundamentos fácticos desarrollados en la demanda
enumerados desde el primero hasta el “trigésimo” -corresponde realmente al
décimo tercero-. Así, transcribió nuevamente los hechos y circunstancias que
rodearon el accidente, las razones que en su sentir habían ocasionado el
siniestro, la imputación por falla del servicio a la “Administración Pública” debido
a la falta de construcción y mantenimiento de los drenajes y alcantarillados
necesarios en la vía y la ausencia de señales de tránsito preventivas, reiteró que
estos hechos ya se habían informado a las autoridades competentes sin que
hubiesen adelantado las obras necesarias, transcribió nuevamente el informe del
estado de la vía elaborado por el ingeniero civil Fernando Escobar y, finalmente,
hizo alusión a los perjuicios materiales y morales padecidos por los actores20.

17. En el término para alegar de conclusión en la segunda instancia, Allianz
Seguros S.A. manifestó que lo relatado en los trece puntos del recurso de
apelación eran los mismos argumentos expuestos en la demanda, sin que
concretaran las razones por las que no estaban conforme con el fallo de primera
instancia y, por ello, en términos del artículo 212 del CCA, la apelación no fue
sustentada; además, reiteró las excepciones propuestas en la contestación de la
demanda21; por su parte, la ANI señaló que no se logró demostrar su injerencia
en la causación del accidente y, por tanto, no estaba llamada a ser parte del
presente proceso22.

18. A su turno Autopistas del Café S.A. también resaltó que los impugnantes no
realizaron reparos concretos ni expresaron razones de inconformidad frente a la
sentencia del Tribunal, por manera que no se cumplió con los requisitos exigidos
en el art. 322 del CGP y, arguyó que, en todo caso, no se acreditó falla del
servicio alguna atribuible a esta sociedad23; por último, Confianza S.A. 24 y el
Invías25 reprodujeron las excepciones formuladas en la contestación de la
demanda.

19
Folios 804 a 818, c, Ppal.
20
Folios 820 a 830, c, Ppal.
21
Folios 841 a 865, c. Ppal.
22
Folios 866 a 877, c. Ppal.
23
Folios 880 a 885, c. Ppal.
24
Folios 886 a 889, c. Ppal.
25
Folios 891 a 895, c. Ppal.

6

Radicación número: 66001-23-31-000-2011-00131-01 (60.273)
Actor: Carlos Alberto Campuzano y otros
Demandado: Instituto Nacional de Vías y otros
Referencia: Reparación directa

19. El Ministerio Público, en su concepto, solicitó confirmar la sentencia de
primera instancia, por cuanto conforme lo concluyó el Tribunal, las pruebas
acreditaban que el actuar del conductor fue determinante en la producción del
daño cuya indemnización se pretende y, por ende, hubo un rompimiento del nexo
causal, dada la configuración de la eximente de responsabilidad de la culpa
exclusiva de la víctima26. La parte actora guardó silencio27

III. CONSIDERACIONES

20. Surtido el trámite procesal sin que se observe causal de nulidad o vicio que
impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso de apelación.

El objeto de la impugnación y el alcance del estudio de segunda instancia

21. Previo a proceder con la determinación del asunto que debería ser resuelto
en esta instancia, la Sala estima necesario detenerse en el análisis de lo que
expresó la parte demandante en su recurso de apelación de cara a las razones
que fundaron la decisión que se cuestiona, para establecer si, en verdad, revela
razones de inconformidad que ataquen los argumentos que expuso el a quo para
acceder a las pretensiones de la demanda.

22. En primer lugar, puntualiza la Sala, como ya en otras oportunidades lo ha
hecho28, que el alcance del recurso de apelación, mecanismo de control de las
decisiones judiciales, no se dirige sin límite alguno a reprochar cualquier tipo de
actuación e inconformidad generada en el curso del proceso, ni puede estar
orientado a repetir el trámite acontecido en la primera instancia, pues
fundamentalmente –léase esta expresión en clave de garantías constitucionales–
busca garantizar el principio de la doble instancia que, como regla general, está
disponible para controvertir las decisiones judiciales que se reputan contrarias al
ordenamiento jurídico.

23. En este contexto, la Sala ha señalado que si la aspiración de justicia que
subyace al recurso de alzada tiene por finalidad que el superior revise la decisión
de primer grado acusada de ser errática o de romper o lesionar el ordenamiento
jurídico, resulta imprescindible que el recurrente determine mediante los cargos
planteados, cuáles asuntos deben ser resueltos ante el superior jerárquico; razón
por la cual no basta con la simple interposición del recurso, ni resulta suficiente
repetir un argumento desprovisto de motivos de disenso, toda vez que los

26
Folios 897 a 906, c. Ppal.
27
Folios 909, c. Ppal.
28
Al respecto se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias de esta Subsección: sentencias
del 6 de julio de 2022, expedientes. 44707 y 54666, sentencia del 17 de febrero de 2023, expediente:
62.136.

7

Radicación número: 66001-23-31-000-2011-00131-01 (60.273)
Actor: Carlos Alberto Campuzano y otros
Demandado: Instituto Nacional de Vías y otros
Referencia: Reparación directa

planteamientos de la apelación son los que definen los temas objeto de control,
de cara a la decisión judicial que es cuestionada29.

24. Para instrumentalizar lo anterior, el artículo 212 del CCA –aplicable al sub
judice–30, determinaba que la parte inconforme con la decisión debía interponer y
sustentar el recurso ante al a quo; a su vez, el parágrafo 1 del artículo 352 del C.
de P.C. establecía que “(…) [p]ara la sustentación del recurso, será suficiente
que el recurrente exprese, en forma concreta, las razones de su inconformidad
con la providencia” (se subraya). Adicionalmente, el artículo 357 de esa última
codificación prescribía que “[l]a apelación se entiende interpuesta en lo
desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la
providencia en la parte que no fue objeto del recurso (…)” (se resalta).

25. Bajo este designio normativo, la carga de sustentación que corresponde
cumplir a la parte recurrente no se satisface con la llana indicación de disenso
frente a la providencia recurrida, como tampoco con la solicitud de que se
revoque para que se acceda a los intereses de la parte inconforme, y menos aún
con la simple reiteración de las razones expuestas en el curso de la primera
instancia, bien sea en la demanda o en la contestación. Lo que la ley impone es
que se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de
sustento a la providencia de primera instancia en aquello que se considere
desfavorable, no solo porque la decisión sea contraria a los intereses de quien la
impugna, sino porque exista en realidad una razón por la que considere que lo
fallado no corresponde en derecho a la decisión acertada, lo cual, por tanto,
delimita el marco al que debe sujetarse el juez al revisar la sentencia recurrida.

26. En este sentido, es ajeno al recurso de apelación la reiteración de las
hipótesis que se plantearon como punto de partida en la construcción de la
decisión del proceso en primera instancia, en tanto aquéllas, luego de haber
transitado por las etapas probatorias, de contradicción y de alegaciones finales,
no pueden volver a presentarse al ad quem en su estado germinal, es decir,
como se postularon al presentar la demanda, pues ya fueron objeto de
comprobación y debate; sino que, de cara a la tesis adoptada por el a quo en las
conclusiones del fallo, corresponde al apelante la formulación de una tesis
diversa frente a éste, exigencia que, conforme lo prevé el legislador, se cumple a
través de la carga de sustentación, siendo “suficiente que el recurrente exprese,
en forma concreta, las razones de su inconformidad con la providencia”, como
dispone el artículo 352 del CPC.

29
El Consejo de Estado en casos similares se ha pronunciado en igual sentido, ver sentencias: (i) del 17 de
marzo de 2010, radicación 2009-00045 (36838), (ii) del 9 de junio de 2010, radicación 1997-08775-
01(19283), y (iii) del 14 de mayo de 2014, expediente 31469.
30
La demanda fue instaurada el 1° de abril de 2011, antes de que entrara en vigencia la Ley 1437 de 2011.
Conforme el art. 308 de este último estatuto entró a regir el 2 de julio de 2012.

8

Radicación número: 66001-23-31-000-2011-00131-01 (60.273)
Actor: Carlos Alberto Campuzano y otros
Demandado: Instituto Nacional de Vías y otros
Referencia: Reparación directa

27. En consecuencia, le corresponde al apelante confrontar los argumentos que
el juez de primera instancia tuvo en cuenta para adoptar su decisión con sus
propias reflexiones, para efectos de solicitarle al ad quem que decida sobre los
puntos o aspectos que se debaten en la segunda instancia; de ahí que la carga
de sustentación tampoco puede entenderse cumplida con la mera expresión de
afirmaciones genéricas y vagas que no confronten la razón de la decisión 31,
pues, aunque sucintas, deben ser suficientes por sí mismas para evidenciar las
razones o motivos que conduzcan a considerar que lo decidido en primera
instancia resultó desacertado.

28. Ciertamente, dado el marco de competencia fijado, al juez de la segunda
instancia le está vedado construir tales motivos de disenso, pues si así lo hiciera,
vulneraría el principio de imparcialidad32 y el derecho al debido proceso de la
contraparte33. En este punto, se recuerda que la tarea de confrontación entre los
argumentos del apelante y los aspectos de la decisión de primer grado que son
atacados por esta vía, es la que determina la competencia material del juez de
segunda instancia34, pues precisamente el tema de decisión a cargo del ad quem
queda delimitado, por regla general, al examen de dos tesis opuestas cuyo
enfrentamiento debe ser desatado35.

29. A partir de lo dicho, se reitera que, si se advierte la ausencia de una
sustentación suficiente, adecuada o material del recurso de apelación, cuyos
fundamentos sean simplemente afirmaciones genéricas y vagas, sin traer a
colación argumentos para cuestionar la providencia impugnada, al superior no le
queda una opción diferente a la de confirmar el proveído apelado36.

31
puede darse por sustentada una apelación, ni por ende cumplida la condición que subordina la
admisibilidad de este recurso, cuando el impugnante se limita simplemente a calificar la providencia
recurrida de ilegal, injurídica o irregular; tampoco cuando emplea expresiones abstractas tales como, ‘sí hay
prueba de los hechos’ u otras semejantes, puesto que aquellos calificativos y estas expresiones, justamente
por su vaguedad e imprecisión no expresan, pero ni siquiera implícitamente, las razones o motivos de la
inconformidad del apelante con las deducciones lógico-jurídicas a que llegó el Juez en s proveído
impugnado”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Auto de 30 de agosto de 1984, Gaceta
Judicial No. 2415. M.P. Humberto Murcia Ballén.
32
“Cuyo fundamento constitucional se encuentra en el artículo 13 Superior, impone al juez la obligación de
dar un trato igual a las personas que acuden a la administración de justicia”. Corte Constitucional, sentencia
C-450 de 2015.
33
Artículo 29 Constitucional.
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del
4 de marzo de 2022, radicación 73001-23-33-000-2015-00512-01 (66390), Consejera Ponente: Marta Nubia
Velásquez Rico.
35
En ese sentido, también se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia al señalar que “el deber de
sustentar este recurso [el de apelación] consiste precisa y claramente en dar o explicar por escrito la razón o
motivo concreto que se ha tenido para interponer el recurso, o sea para expresar la idea con un criterio
tautológico, presentar el escrito por el cual, mediante la pertinente crítica jurídica se acusa la providencia
recurrida a fin de hacer ver su contrariedad con el derecho y alcanzar por ende su revocatorio o
modificación”. Corte Suprema de Justicia, providencia del 30 de agosto de 1984. M.P. Humberto Murcia
Ballén.
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del
4 de marzo de 2022, radicación 77001-23-31-000-2004-04217-01 (47098), Consejera Ponente: María
Adriana Marín. En el mismo sentido, se pronunció esta Sección en sentencia del 3 de marzo de 2023,
radicación: 44001-23-31-000-2009-00118-01 (53.968), con ponencia del suscrito magistrado.

9

Radicación número: 66001-23-31-000-2011-00131-01 (60.273)
Actor: Carlos Alberto Campuzano y otros
Demandado: Instituto Nacional de Vías y otros
Referencia: Reparación directa

30. Precisado lo anterior, y revisado el recurso de apelación interpuesto por la
parte actora, encuentra la Sala que, a pesar de que formalmente se presentó el
recurso de alzada, lo cierto es que materialmente no puede deducirse un
argumento que esté destinado a debatir o cuestionar las razones que el a quo
expuso como fundamento de su decisión, en tanto, en su totalidad, lo consignado
en el escrito se limita a reproducir y transcribir literalmente los argumentos
planteados en el libelo demandatorio, sin confrontar el cimiento de la decisión de
la sentencia que se recurre.

31. En efecto, el recurso de apelación contiene la siguiente estructura: (i) en el
primer párrafo se identifica el apoderado de la parte actora y aduce que en
representación de ésta presenta recurso de alzada contra de la sentencia
notificada por edicto el 31 de julio de 2017, con fundamento “en lo siguiente:”; a
continuación, (ii) transcribe de forma idéntica los hechos relacionados en la
demanda así:

• Describe las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el accidente
de tránsito y la ocurrencia de la muerte de los señores Diana Milena Campuzano
Gómez y James Zuluaga Largo (hechos primero y segundo).

• Indica que el siniestro se produjo por el mal estado de la vía, el empozamiento
de agua, la falta de señalización y la existencia de parches en asfalto (hecho
tercero).

• Reitera las falencias en que se encontraba la vía, manifiesta que la motocicleta
estaba en óptimas condiciones y concluye que se configuró una falla del servicio
por omisión de la Administración, por cuanto el día del accidente los drenajes de
la carretera se encontraban obstruidos, generando el represamiento de agua que
condujo a que el conductor perdiera el control del vehículo y colisionaran (hechos
cuarto, quinto y sexto).

• Hace alusión a las peticiones elevadas por otros ciudadanos y respuestas que
la interventoría de la concesión 0113 de 1997 había otorgado, con énfasis en la
necesidad de ampliar la visibilidad de los conductores, reforzar la señalización y
construir un puente peatonal en el cruce de la doble calzada Jazmín – Santa
Rosa (hecho séptimo).

• Describe las características del lugar donde sucedieron los hechos, de acuerdo
con el informe de tránsito elaborado por el policía de carreteras, con especial
hincapié en que la carretera se encontraba húmeda (hecho octavo).

• Hace referencia al dictamen elaborado por el ingeniero civil Fernando Escobar y
transcribe su contenido (hecho noveno).

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Radicación número: 66001-23-31-000-2011-00131-01 (60.273)
Actor: Carlos Alberto Campuzano y otros
Demandado: Instituto Nacional de Vías y otros
Referencia: Reparación directa

• Señala las profesiones que tenían los dos occisos y sus ingresos, la expectativa
de vida que tenía cada uno, según las estadísticas del DANE, y los perjuicios de
orden material y moral que han padecido sus familiares (hechos décimo a
décimo tercero)37.

32. Por su parte, en la sentencia que se impugna, se encuentra que el Tribunal
analizó los argumentos planteados en el escrito inicial por el apoderado de los
demandantes, particularmente los que se refieren a la causa determinante y
eficiente de la colisión de la motocicleta en la que se transportaban las víctimas
directas, descartando las alegadas en la demanda, tales como el mal estado de
la vía, el empozamiento de agua en la carretera, la falta de señalización y la
existencia de parches en asfalto, pues de una valoración conjunta de las pruebas
allegadas al proceso, especialmente, la declaración del señor Luis Horacio Ríos
Quintero, el informe policial del accidente de tránsito y el croquis que revelaba la
posición en que quedaron los cuerpos y el vehículo, coligió que el mismo se
produjo porque el señor James Zuluaga Largó desatendió las normas de tránsito,
al exceder el límite de velocidad permitido en el tramo de la vía donde ocurrió el
siniestro y perder el control de la motocicleta debido al fuerte aguacero que caía
en esos momentos.

33. Asimismo, analizó el informe elaborado por el ingeniero civil Fernando
Escobar y señaló que aun cuando éste sugería una deficiente señalización y que
los drenajes de esa vía estaban obstruidos, no ofrecía suficiencia probatoria,
toda vez que se basó en unas fotografías que además de no gozar del requisito
de autenticidad, no se delimitaba de manera específica el sitio de ocurrencia del
siniestro ni permitía evidenciar de manera clara las condiciones y supuestas
falencias de la vía. En cambio, adujo que la mayoría de las pruebas demostraban
que durante esa semana se había realizado limpieza de las obras de drenaje y
que la vía estaba en buen estado.

34. No obstante que la razón medular por la que el a quo negó las pretensiones
de la demanda se fundamentó en la configuración de la causal eximente de
responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de la víctima, dado el valor
probatorio que asignó a determinadas pruebas, en el recurso de alzada no se
expone ningún argumento encaminado a desvirtuar el sustento de la decisión del
Tribunal, ni siquiera controvierte las conclusiones probatorias a las que arribó,
como tampoco refuta el razonamiento según el cual la causa eficiente del
accidente fue el exceso de velocidad al que se desplazaba el señor James
Zuluaga Largo, pues en el escrito contentivo del recurso, el apoderado de la
parte actora -se reitera- se limitó a repetir de manera literal los fundamentos de
hecho plasmados en la demanda. Supuestos que, como se señaló en

37
Folios 820 a 830, c. Ppal.

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Radicación número: 66001-23-31-000-2011-00131-01 (60.273)
Actor: Carlos Alberto Campuzano y otros
Demandado: Instituto Nacional de Vías y otros
Referencia: Reparación directa

precedencia, ya fueron conocidos y motivaron el pronunciamiento del a quo, que
decidió desvirtuarlos con base en los elementos de convicción acotados al
expediente.

35. Incluso, se advierte que en el recurso de alzada solo se suprimió el primer
hecho de la demanda que hacía referencia a la identificación del apoderado, los
demandantes y las entidades demandadas, el contenido restante son la
reproducción de los hechos segundo a décimo cuarto del escrito inicial,
resultando evidente la ausencia de un cuestionamiento particular y concreto
respecto de los puntos de la decisión del a quo, que la parte apelante hubiera
considerado errados o contrarios a derecho.

36. Así, el citado desarrollo no sólo no contradice ningún aspecto de la
sentencia, sino que incluso cada uno de los supuestos expuestos en esos
fundamentos fácticos ya fueron objeto de pronunciamiento por la Sala de
decisión del Tribunal, es decir, que fueron oportunamente estudiados y decididos
en la sentencia de primera instancia; por manera que no se proyecta una
propuesta novedosa sobre un punto no decidido o decidido erróneamente por el
juez a quo.

37. En ese sentido, la falta de cuestionamiento por parte de los apelantes
respecto del rompimiento del nexo causal, dada la configuración de la eximente
de responsabilidad de la culpa de la víctima en el sub júdice resulta evidente; en
esa medida, la Sala no cuenta con fundamento alguno que deba ser objeto de
estudio o sobre el que deba pronunciarse en lo que respecta a la decisión
“apelada”, lo que hace imposible que se realice un pronunciamiento de fondo a
fin de reformar o modificar la sentencia de primera instancia.

38. Decidir lo contrario, implicaría un palmario quebranto de la norma
procedimental que exige la debida sustentación del recurso de apelación, porque
si bastara para el recurrente con afirmar cada vez que impugna una decisión que
se atiene a lo sostenido en el curso de la instancia o simplemente repetirlo, no
tendría sentido la exigencia de la norma de que el recurso de apelación sea
sustentado por quien está interesado en la reforma o revocatoria de la decisión.

39. Por consiguiente, como se advierte una falta de sustentación del recurso de
alzada interpuesto por la parte actora, se confirmará la sentencia impugnada que
negó las pretensiones de la demanda.

Condena en costas

40. Como no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las
partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo

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Radicación número: 66001-23-31-000-2011-00131-01 (60.273)
Actor: Carlos Alberto Campuzano y otros
Demandado: Instituto Nacional de Vías y otros
Referencia: Reparación directa

previsto en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998.

IV. PARTE RESOLUTIVA

41. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de julio de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE
el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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