RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-31-000-2012-00171-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2012-00171-01

Fecha
23 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2012-00171-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia Tribunal Administrativo de Santander, el diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciocho (2018), por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriado este proveído, ENVÍESE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 68001-23-31-000-2012-00171-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

23 de septiembre de 2024

Radicado: 68001-23-31-000-2012-00171-01 (63249)
Demandante: Orsué León Rosas Díaz y Luis Alberto Rojas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 68001-23-31-000-2012-00171-01 (63249)
Actor: Orsué León Rosas Díaz y Luis Alberto Rojas
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y Ministerio de
Justicia y del Derecho; Superintendencia de Notariado y
Registro y Notario Segundo de Barrancabermeja
Acción: Reparación directa

Tema 1: Competencia funcional del juez de segunda instancia – se limita a pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio. Subtema 1.1. Legitimación en la causa por pasiva. Subtema 1.2. Responsabilidad del Estado
por la función notarial. Subtema 1.3. Modificación de la causa petendi. Subtema 1.4. Excepción de
falta de legitimación en la causa por pasiva – probada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, el diecisiete
(17) de mayo de dos mil dieciocho (2018), que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS

Los señores Orsué León Rosas Díaz y Luis Alberto Rojas fueron suplantados en un
trámite notarial que involucraba un inmueble de su propiedad. En el transcurso de esa
situación, la Fiscalía General de la Nación inició una investigación penal y decretó una
medida cautelar sobre el referido bien. Los aquí actores procuran la reparación de los
perjuicios causados con motivo de las actuaciones del notario segundo de
Barrancabermeja, quien no advirtió que los documentos presentados ante su
despacho eran falsos, y del proceder del ente fiscal, organismo que, pese a que ellos
no cometieron delito alguno, impuso la prohibición de realizar registros en el folio de
matrícula del predio. El Tribunal Administrativo de Santander, en el fallo de primera
instancia, negó las súplicas de la demanda. En el recurso de apelación, la parte
demandada censuró la declaración de falta de legitimación en la causa por pasiva de
la Superintendencia de Notariado y Registro.

II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda

Orsué León Rosas Díaz y Luis Alberto Rojas presentaron demanda1, en ejercicio
de la acción de reparación directa, el quince (15) de febrero de dos mil doce (2012),
con la que pretenden que esta jurisdicción profiera sentencia de condena a cargo de
la Nación – Fiscalía General de la Nación, de la Nación – Ministerio de Justicia y del
Derecho, de la Superintendencia de Notariado y Registro y del notario segundo de
Barrancabermeja, por los perjuicios irrogados con ocasión de: (i) la elaboración, el
protocolo y el registro de las escrituras públicas números 2.014 del treinta y uno (31)

1 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado E4BFEC500B3E48DC E821ADE01779C3AA

28F82BA244493797 198C0B26CE0DA290, ubicado en el índice 25 de SAMAI.

1

Radicado: 68001-23-31-000-2012-00171-01 (63249)
Demandante: Orsué León Rosas Díaz y Luis Alberto Rojas

de diciembre de dos mil cuatro (2004) y 310 del veinticinco (25) de febrero de dos mil
cinco (2005); y (ii) la medida cautelar decretada por el ente fiscal, consistente en la
prohibición judicial de realizar registros en el folio de matrícula inmobiliaria número
303-4006.

A juicio de la parte actora, por un lado, el notario segundo de Barrancabermeja violó
el principio de la fe pública pues suscribió dos escrituras en las que era visible que las
firmas allí consignadas eran falsas, y por otro, la Fiscalía General de la Nación incurrió
en una “vía de hecho por acción y omisión de funciones” toda vez que, a pesar de que
tenía conocimiento que los aquí demandantes no cometieron delito alguno, no levantó
la medida cautelar que pesaba sobre el bien ya referido, vulnerando, de esta manera,
sus derechos al trabajo, a la vida digna y al buen nombre.

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia

2.2.1. El Tribunal Administrativo de Santander, en auto del ocho (8) de noviembre de
dos mil trece (2013) 2 , admitió la demanda; decisión que fue notificada a los
demandados3.

2.2.2 La Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho4 contestó la demanda y se
opuso a las pretensiones. Planteó, como excepción, la falta de legitimación en la
causa por pasiva. Por otro lado, tras analizar la causa petendi de la demanda,
manifestó que, en modo alguno las actuaciones objeto de reproche forman parte del
acervo competencial de ese ministerio como que atañen al ejercicio de la función
notarial, y al ámbito de la Fiscalía General de la Nación, respectivamente.

Específicamente, frente a la responsabilidad generada por la prestación del servicio
público notarial, destacó que aquella recae en cabeza de los propios notarios de
conformidad con los artículos 195, 196 y 197 del Decreto 960 de 1970. Enfatizó que
tampoco podría atribuírsele responsabilidad con base en una supuesta falla en la
inspección y vigilancia de dicho servicio, toda vez que dicha función está asignada a
la Superintendencia de Notariado y Registro.

En lo concerniente a la Fiscalía General de la Nación, indicó que el Ministerio de
Justicia y del Derecho pertenece a la Rama Ejecutiva, por lo tanto, dentro de sus
competencias, no tiene función alguna relacionada con las decisiones que dicta el
ente fiscal, de ahí que no tenga el deber legal de responder por sus actuaciones.
Adicionó que el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo establece que la
Nación estará representada, entre otros, por el fiscal general.
En último término, concluyó que uno de los elementos esenciales para que se
configure la responsabilidad del Estado es la existencia del nexo causal, y que, en el
caso concreto, no hay relación real entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y las
2 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 15AA1321B75A3101 2F4134ECA4ED2E07

14738C6007E57510 E803A55879339083, ubicado en el índice 25 de SAMAI. En un principio, el a quo, en
proveídos del ocho (8) de marzo y del siete (7) de mayo de dos mil doce (2012), inadmitió la demanda para que la
parte actora remitiera: (i) el poder conferido al abogado Cristóbal Acuña Hernández, quien afirmaba actuar en su
representación, (ii) copia de la providencia debidamente ejecutoriada que ordenó la cancelación de la medida
cautelar decretada por la Fiscalía General de la Nación al inmueble de propiedad de los señores Rosas Díaz y
Rojas y (iii) copia del respectivo folio de matrícula inmobiliaria que contenga el levantamiento de la medida cautelar
al inmueble ya referido. Una vez admitida la demanda, en decisión del doce (12) de febrero de dos mil catorce
(2014), adicionó el auto del ocho (8) de noviembre de dos mil trece (2013), pues no vinculó como parte demandada
a la Superintendencia de Notariado y Registro.
3 Documentos contenidos en el expediente digitalizado con certificados 7C30B2E6D6CF26E7
0CC1C02F7D7DBF3D B8876D9FE0212B50 7446FFA7E0B7ED9A, 4CD9B7DAE627A57F FDE5944EB63132EE
E691DF993D4F331A 8F2C836F4A22E491, 022E7689F2AD1A8A D2034295E41795B1 64428E2981E7D1DB
25D3BF4F13A4CB2E y 76FE66814018779B D7B91862D9BF5500 B82CEFF70CCAA6C5 24254DF30A9D9B86,
ubicados en el índice 25 de SAMAI.
4 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado ADCBA97DF839BB98 26704743A5BDF322

497C58C77B7D620F 3FA767A766044E4E, ubicado en el índice 25 de SAMAI.

2

Radicado: 68001-23-31-000-2012-00171-01 (63249)
Demandante: Orsué León Rosas Díaz y Luis Alberto Rojas

causas objetivas determinantes en la producción de los eventuales hechos dañosos
que aducen los actores.

2.2.3. El notario segundo de Barrancabermeja5, José Javier Rodríguez Luna, se
opuso, también, a las súplicas de la demanda. Sostuvo que las escrituras públicas
números 2.014 de 2004 y 310 de 2005, que sirven como soporte para imputarle
responsabilidad, no fueron suscritas por él, pues, para esa época, no fungía como
notario. Por ello, aseguró que debe declararse la falta de legitimación en la causa por
pasiva.

Finalmente, alegó que la acción de reparación directa no fue presentada dentro del
plazo establecido en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, ya que,
por un lado, los hechos ocurrieron el diecisiete (17) de noviembre de dos mil nueve
(2009), fecha en que fue proferida la sentencia condenatoria contra Sonia Vergara
Monsalve, y por otro, las escrituras públicas fueron otorgadas el treinta y uno (31) de
diciembre de dos mil cuatro (2004) y el veinticinco (25) de febrero de dos mil cinco
(2005).

2.2.4. La Superintendencia de Notariado y Registro 6 , por su lado, fundó su
contestación en los siguientes argumentos: (i) la Fiscalía General de la Nación es un
organismo independiente, adscrito a la Rama Judicial, cuya función principal es
investigar y acusar a los probables responsables de haber cometido un delito, por lo
que no le corresponde a la entidad responder por sus actuaciones u omisiones – falta
de legitimación en la causa por pasiva –; (ii) no existe un nexo de causalidad entre el
daño padecido por los demandantes y la actuación de la Superintendencia de
Notariado y Registro; (iii) los hechos se originan en la actuación desplegada por Sonia
Vergara Monsalve, quien se hizo pasar como apoderada de los señores Rosas Díaz
y Rojas, demandantes, para lograr la venta del predio rural de su propiedad – hecho
de un tercero –; y (iv) en observancia del principio de rogación – artículo 3 de la Ley
1579 de 2012 –, la anotación que realizó la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Barrancabermeja se dio en cumplimiento de la orden emanada de la
Fiscalía General de la Nación.

2.2.5. Agotada la etapa probatoria, el a quo corrió7 traslado a las partes y al Ministerio
Público para que aquellas alegaran de conclusión y este rindiera concepto de
fondo; oportunidad que fue aprovechada por la Superintendencia de Notariado y
Registro8.

2.3. La sentencia recurrida

El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia del diecisiete (17) de mayo
de dos mil dieciocho (2018)9, resolvió: (i) declarar no probada la falta de legitimación
en la causa por pasiva propuesta por el Ministerio de Justicia y del Derecho; (ii)
declarar probada la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Superintendencia de Notariado y Registro; y (iii) negar las pretensiones de la
demanda.

5 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 9AEE949BD828E307 9B54A5FD20A6B255

EF7525F975B57050 394F34CD72FD1E41, ubicado en el índice 25 de SAMAI.
6 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 46CB2ED59130D8AB 1A1EECC582F1C7AF

D8F560FEE1CABE6D 25ABA84541003FD1, ubicado en el índice 25 de SAMAI.
7 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 743690C2CC0ABC32 1A25145B63B6CCFE

83FED60E093BD46E D915FE172CA1439E, ubicado en el índice 25 de SAMAI.
8 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado B60CC9C78ADF0FF6 C71159BB02615176

B2C74960B0A8EF47 FF84F2DDB7033322, ubicado en el índice 25 de SAMAI.
9 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 00A75D0FAC9603BE 93E5256C3E0BF318

B0C8B431DDBD1751 DC1694845C5EE1EA, ubicado en el índice 25 de SAMAI.

3

Radicado: 68001-23-31-000-2012-00171-01 (63249)
Demandante: Orsué León Rosas Díaz y Luis Alberto Rojas

En primer lugar, en lo atinente a la legitimación en la causa por pasiva, expuso que,
en los casos en que se procure la declaración de responsabilidad del Estado por la
conducta de un notario, debe demandarse a la Nación y en su representación debe
comparecer el Ministerio de Justicia y del Derecho, ente que tiene a su cargo la
reglamentación y gestión del servicio notarial; mientras que, frente a la
Superintendencia de Notariado y Registro, consideró que no es la llamada a
responder por las anomalías que se presenten durante el ejercicio de la función
notarial, máxime cuando las imputaciones fueron formuladas directamente contra el
notario por la irregularidad en que incurrió.

Una vez encontró demostrado el daño, efectuó el juicio de imputación. En el estudio
de este último elemento de la responsabilidad, denotó que el Estatuto Notarial no
exige a los notarios una labor minuciosa o exhaustiva para determinar la validez de
los documentos que se aportan para la realización de actos particulares, por el
contrario, aquel trabajo se limita a verificar los requisitos formales, es decir, estos
responden por la “regularidad formal” de los instrumentos que autorizan, pero no de
la veracidad de las declaraciones de los interesados, ni de la capacidad o de la aptitud
legal requerida para celebrar un acto.

Luego, en criterio de esa corporación, comoquiera que los señores Rojas y León
Rosas fueron suplantados durante todo el trámite de las escrituras 2.014 y 310 en la
Notaría Segunda de Barrancabermeja a través de la utilización de documentos falsos,
no le correspondía al notario controvertir su autenticidad, ya que ello es una función
propia y exclusiva de la jurisdicción penal, especialmente de la Fiscalía General de la
Nación. Asimismo, aseguró que no era competencia del notario constatar o
comprobar si los poderes conferidos para celebrar el negocio jurídico fueron
autenticados en alguna de las notarías del país.

Sobre la supuesta falla del servicio atribuida a la Fiscalía General de la Nación, arguyó
que, para la época de ocurrencia de los hechos, se encontraba vigente la Ley 600 de
2000, código que, en los artículos 21 y 114, imponía el deber de adoptar las medidas
necesarias para que cesaran los efectos creados por la comisión del hecho punible y
las cosas volvieran al estado anterior. Entonces, a juicio del a quo, el ente fiscal tenía
la facultad de ordenar cualquier actuación tendiente a restablecer los derechos del
señor Carlos Ronald Ayala, quien denunció ser víctima del delito de estafa; por
ejemplo, prohibir los registros en el folio de matrícula del inmueble “Santa Cruz”, tal
como fue decretada la medida cautelar en su momento.

Adicionalmente, argumentó que, si bien los aquí actores no tenían conocimiento ni
participaron en la estafa de la que fue víctima el señor Ayala, sí estaban relacionados
con el predio “Santa Cruz”, por lo tanto, a pesar de que solicitaron el levantamiento
de la medida cautelar, era razonable mantenerla hasta que culminara el proceso
penal, como efectivamente aconteció.

En vista de lo anterior, concluyó que no existió la falla en el servicio alegada por los
demandantes.

2.4. El recurso de apelación

La parte demandante10 interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia.

10 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 41DA6C550292B82C EEA9C098A0E7363E

45718B0348C87088 C746CFC3C327517D, ubicado en el índice 25 de SAMAI.

4

Radicado: 68001-23-31-000-2012-00171-01 (63249)
Demandante: Orsué León Rosas Díaz y Luis Alberto Rojas

En su escrito, planteó que el Tribunal Administrativo de Santander vulneró el derecho
al debido proceso, así como el principio de la recta administración de justicia, en tanto
declaró probada la falta de legitimación en la causa por pasiva, formulada por la
Superintendencia de Notariado y Registro, excepción que, consideró, a la luz de la
Constitución, la ley, la jurisprudencia y la doctrina, no debe prosperar teniendo en
cuenta que los hechos que desataron el pleito son “unívocos e inequívocos y están
demostrando en verdad meridiana que no existe mérito alguno para declarar probada
excepción alguna”. Protestó, en consecuencia, que el
a quo haya dictado una sentencia contraria a la verdad, afectada por falsa motivación
y viciada de “voluntad administrativa”.

Añadió que la Superintendencia de Notariado y Registro, como todos los demás
sujetos pasivos de la demanda, está inmersa en la actuación administrativa y, por
ende, debe responder en iguales condiciones que los demás demandados por los
daños y perjuicios ocasionados. Enfatizó que dicha entidad, como prestadora de
servicios públicos, tiene la obligación constitucional y legal de responder por los actos
administrativos cometidos por vías de hecho, por acción u omisión, toda vez que debe
inspeccionar y vigilar a las notarías; función que incumplió en este caso.

Para concluir, recalcó que todos los presupuestos procesales esenciales – existencia
de un daño, relación de causalidad entre el daño y la falla en el servicio y la
legitimación en la causa por pasiva – se cumplen, de ahí que pueda corroborarse la
responsabilidad de la Superintendencia de Notariado y Registro y, en ese orden de
ideas, deba declararse no próspera la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva.

2.5. Trámite procesal relevante en segunda instancia

El despacho sustanciador, en auto del veintitrés (23) de abril de dos mil diecinueve
(2019)11, admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. Más
adelante, en providencia del treinta (30) de julio de la misma anualidad 12 , corrió
traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio
Público para que rindiera concepto de fondo; oportunidad que fue utilizada por la
Nación – Fiscalía General de la Nación13 y por la Superintendencia de Notariado y
Registro14.

III. PROBLEMA JURÍDICO

Esta Corporación, en reiterada jurisprudencia15, ha indicado que el alcance del recurso
de apelación no se dirige sin límite alguno a censurar cualquier tipo de actuación o
inconformidad generada en el curso del proceso, como tampoco puede estar
encaminado a repetir el trámite surtido en primera instancia, pues ya esto fue objeto
de comprobación y debate, sino que busca garantizar el principio de la doble instancia.
De modo que es imprescindible que el recurrente ataque los fundamentos de hecho y
de derecho que sustentaron la providencia de primera instancia, en lo que considera
desfavorable; no basta con la simple interposición del recurso ni resulta suficiente

11 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 5FA5D2B7DDA421C3 A9A7F44D8B4C2AD0

545FD02CE0CD7375 8B323B7D65BA935B, ubicado en el índice 25 de SAMAI.
12 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 9BFA5CC8FB8F0CCE 4C7E0D1149112152

8A62A4F73C338811 B0E89A37C6B9AA1B, ubicado en el índice 25 de SAMAI.
13 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 6B3E01BD6E6BDF7C E02227D3DEC713FB

E6D7B0818B1E5885 4B7E38EF4146A27D, ubicado en el índice 25 de SAMAI.
14 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 27E4FBB08A87A632 1D2F5D0B27BB4461

79DF0E0BFDAFF931 1821C9D685BE77BA, ubicado en el índice 25 de SAMAI.
15 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A, sentencias del

veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiuno (2021) y del tres (3) de marzo y del veinticuatro (24) de abril de dos
mil veintitrés (2023), expedientes 52413, 58301 y 54823, respectivamente.

5

Radicado: 68001-23-31-000-2012-00171-01 (63249)
Demandante: Orsué León Rosas Díaz y Luis Alberto Rojas

repetir un argumento privado de motivos de disenso, por el contrario, la formulación
de la apelación debe responder a una tesis que discuta las razones que fundaron la
decisión recurrida.

A su vez, la Corte Constitucional16 ha dicho que la apelación no debe convertirse en
el instrumento a través del que se pretenda probar suerte ante el juez superior, al
contrario, solo debería acudirse a ella en aquellos supuestos en los que existan
razones sólidas que den cuenta de que la autoridad de primera instancia incurrió en
una equivocación. Lo anterior implica que la apelación deba ser sustentada, porque,
para controvertir una decisión judicial y provocar la intervención del superior, es
preciso esgrimir motivos serios que generen en el fallador una cierta duda sobre el
asunto recurrido o, al menos, que se planteen de manera clara y argumentada las
razones de la discrepancia.

En otras palabras, no habrá sustentación o se habrá hecho en forma indebida cuando
se realice una réplica auténtica de las razones expuestas en el curso de la primera
instancia17, puesto que ello dejaría sin contradicción la providencia dictada y reabriría
sin justificación el debate suscitado en dicha oportunidad, de manera que la repetición
única de lo que ocurrió en el trámite de la primera instancia no constituye una garantía
del principio de la doble instancia, que, como regla general, “está disponible para
controvertir las decisiones judiciales que se reputan contrarias el ordenamiento
jurídico”18. La consecuencia de que el juzgador de la segunda instancia constate una
falta de sustentación del recurso de apelación, de carácter material suficiente o
adecuada, será, entonces, la confirmación del proveído impugnado, como lo ha dejado
sentado la jurisprudencia de esta Corporación19, ya que el juzgador de segundo grado
quedaría desprovisto de elementos para la revisión de la sentencia.

3.1. Dicho esto, a efectos de delimitar la competencia funcional de la Sala, resulta
ineludible memorar las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida y en el
escrito de apelación presentado por la parte demandante.

3.1.1. El Tribunal Administrativo de Santander fundó su decisión, principalmente, en
lo siguiente: (i) la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho se encuentra legitimada
en la causa por pasiva, ya que, cuando se procura la declaración de responsabilidad
del Estado por el actuar de los notarios, es aquella cartera la encargada de representar
a la Nación; (ii) la Superintendencia de Notariado y Registro no tiene legitimación en
la causa por pasiva, dado que no es la entidad que debe responder patrimonialmente
por las irregularidades en que podrían incurrir los notarios en ejercicio de sus
funciones; (iii) la excepción de caducidad no tiene vocación de prosperidad porque la
demanda fue presentada dentro del término dispuesto en el artículo 136 del Código
Contencioso Administrativo; (iv) el daño fue debidamente probado; y (v) los actores
no demostraron la falla del servicio atribuida al notario segundo de Barrancabermeja
y a la Fiscalía General de la Nación.

Nótese como el a quo, al estudiar los presupuestos procesales de la acción, declaró
la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Superintendencia de Notariado y
Registro, pero, al no ser este el único organismo demandado, continuó con el examen

16 Corte Constitucional, Sentencia SU-418 de 2019.
17 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A, sentencia del

ocho (8) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), radicación número 76001-23-31-000-2006-03683-01.
18 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A, sentencia del

dos (2) de junio de dos mil veintitrés (2023), radicación número 66001-23-31-000-2011-00131-01.
19 Entre otras: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda – Subsección A,

sentencia del primero (1) de agosto de dos mil dieciocho (2018), radicación número 73001-23-31-000-2014-00160-
01; y Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A, sentencias
del cuatro (4) de marzo de dos mil veintidós (2022) y del tres (3) de marzo de dos mil veintitrés (2023), radicación
números 77001-23-31-000-2004-04217-01 y 44001-23-31-000-2009-00118-01.

6

Radicado: 68001-23-31-000-2012-00171-01 (63249)
Demandante: Orsué León Rosas Díaz y Luis Alberto Rojas

de los elementos de la responsabilidad frente a los demás. Específicamente, analizó
la existencia de un daño antijurídico, que estimó acreditado con la medida cautelar
ordenada por la Fiscalía General de la Nación, y, posteriormente, revisó si aquel era
imputable al notario segundo de Barrancabermeja y a la Fiscalía General de la Nación.

En lo atinente a la atribución de la responsabilidad, no encontró probada falla alguna
en el servicio.

Por un lado, explicó que, según lo preceptuado en el Decreto 960 de 1970, los notarios
no responden por la validez de los documentos que se aportan para la realización de
actos particulares ni por la veracidad de las declaraciones de los interesados, sino que
deben verificar los requisitos formales de los instrumentos que autorizan. Arguyó que,
comoquiera que los aquí demandantes fueron suplantados durante todo el trámite de
realización de las escrituras en la Notaría Segunda de Barrancabermeja, no era
función del notario controvertir la autenticidad de la documentación.

En segundo término, frente a la Fiscalía General de la Nación, concluyó que la
prohibición de realizar inscripciones en el folio de matrícula del inmueble tenía
sustento legal, ya que el ente fiscal tenía la facultad de adoptar las medidas necesarias
para lograr el restablecimiento de los derechos de la víctima del delito de estafa.
Además, pese a que los actores no estaban siendo acusados en uno de los delitos
objeto de investigación, la Finca Santa Cruz sí estaba involucrada, por consiguiente,
se justificaba mantener la cautela hasta que concluyera el proceso penal, como
efectivamente ocurrió.

Visto así el contenido de la sentencia, la parte demandante debía, en la sustentación
de su recurso de apelación, controvertir los motivos decisivos del proveído adoptado
por el Tribunal Administrativo de Santander, en cuanto se revelaban, para ella,
desfavorables: (i) las razones que determinaron la declaración de la falta de
legitimación en la causa por pasiva de la Superintendencia de Notariado y Registro;
(ii) las consideraciones que movieron a la desestimación de la prueba de la imputación
del daño al notario segundo de Barrancabermeja; y (iii) los fundamentos
determinantes de la desestimación de la prueba de la atribución del daño a la Fiscalía
General de la Nación.

3.1.2. Los actores enfilaron su recurso de apelación, exclusivamente, contra la
declaración de la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Superintendencia
de Notariado y Registro, y sin la menor referencia a la motivación atinente a la
imputación del daño a esta o a los demás demandados (vale decir, a la falta de
acreditación de la falla del servicio), reclamaron que, una vez sea revocada la decisión
declarativa de la falta de legitimación por pasiva de la referida superintendencia, se
acceda a las pretensiones contra todos los sujetos que forman parte del extremo
pasivo del proceso.

Empero, no existe relación alguna que vincule necesariamente la premisa de la
legitimación en la causa por pasiva de la Superintendencia de Notariado y Registro,
con la consecuencia que de ella reclama el recurrente, a manera de condena, contra
todos los demandados. La legitimación material es, como se verá, un presupuesto
insoslayable para que se profiera decisión de mérito frente a quien goza de esa
legitimación.

En vista de lo anterior, la Sala procederá, dentro de los linderos que definen el
contorno de los cargos de la alzada y en el marco de la competencia del juez de
segunda instancia, a dar respuesta al siguiente problema jurídico:

7

Radicado: 68001-23-31-000-2012-00171-01 (63249)
Demandante: Orsué León Rosas Díaz y Luis Alberto Rojas

¿La Superintendencia de Notariado y Registro está legitimada en la causa por pasiva?

Aunque la prueba de la legitimación material por pasiva de un determinado
demandado no basta para sustentar la atribución del daño cuya reparación se
pretende a quien se ha encontrado legitimado, pues unos son los presupuestos de la
legitimación por pasiva, y otros los presupuestos de la imputación del daño a quien se
encuentra legitimado, en esta ocasión, y sólo en lo que atañe a la Superintendencia
de Notariado y Registro, en caso de hallar mérito en las razones que expuso la parte
recurrente para motivar la revocación de la decisión atinente a su falta de legitimación
por pasiva, la Subsección avanzará al juicio de imputación sólo respecto de ese
demandado, y en la medida en que las razones expuestas por el recurrente lo
permitan. Y, de ser necesario, pasará a establecer si el demandante allegó los
elementos necesarios para una tasación en concreto de los perjuicios cuyo
resarcimiento depreca.

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Sobre el problema jurídico

4.1.1. De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación20, la legitimación en
la causa se califica en procesal o de hecho y material. La primera surge a partir de la
presentación de la demanda y de la notificación del auto admisorio, que permite a los
sujetos procesales intervenir en el proceso y ejercer el derecho de defensa; mientras
que la segunda se configura cuando se comprueba la participación real de las partes
en los hechos que motivaron el ejercicio de la acción21.

Entonces, es posible que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho por
encontrarse formalmente vinculado al proceso, pero carecer de legitimación material
por no tener relación con los hechos que sustentan la pretensión22.

Este presupuesto procesal requiere, en el presente asunto, un análisis con arreglo a
lo pedido en el escrito de demanda y a la causa petendi23.

4.1.2. En el presente asunto, los señores Orsué León Rosas Díaz y Luis Alberto Rojas
vinieron a la jurisdicción pretendiendo que esta declare la responsabilidad de la Nación
– Ministerio de Justicia y del Derecho, de la Nación – Fiscalía General de la Nación,
20 Entre otras: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencias del

veintidós (22) de noviembre de dos mil uno (2001), del diecisiete (17) de junio de dos mil cuatro (2004) y del
veintisiete (279 de abril de dos mil seis (2006), radicación números 52001-23-31-000-1994-6158-01, 76001-23-31-
000-1993-0090-01 y 66001-23-31-000-1996-03263-01, respectivamente.
21 “(…) La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras,

para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado. Nótese que el estar legitimado en la
causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a ganar; (…) si la falta de legitimación
en la causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos
en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder;
por eso, de otra parte, el demandado debe ser absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas
del demandante. (…)”. Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia
del veintidós (22) de noviembre de dos mil uno (2001), radicación número 52001-23-31-000-1994-6158-01.
22
Entre otras: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia del quince
(15) de junio del dos mil (2000), radicación número CE-SEC3-EXP2000-N10171; y Consejo de Estado – Sala de
lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C, sentencia del diecinueve (19) de noviembre de
dos mil veintiuno (2021), radicación número 76001-23-31-000-2008-00734-01.
23 “(…) Conforme a la jurisprudencia y la doctrina nacionales, el objeto de un proceso se encuentra definido tanto

por las declaraciones que, en concreto, se solicitan de la administración de justicia (petitum) (…). En relación con
la causa petendi o causa de pedir, las mismas fuentes señalan que ésta hace referencia a las razones que
sustentan las peticiones del demandante ante el juez. Es así como la causa petendi contiene, por una parte, un
componente fáctico constituido por una serie de hechos concretos y, de otro lado, un componente jurídico,
constituido no sólo por las normas jurídicas a las cuales se deben adecuar los hechos planteados sino, también,
por el específico proceso argumentativo que sustenta la anotada adecuación. En suma, es posible afirmar que la
causa petendi es aquel grupo de hechos jurídicamente calificados de los cuales se busca extraer una concreta
consecuencia jurídica. (…)”. Corte Constitucional, Sentencia T-162 de 1998.

8

Radicado: 68001-23-31-000-2012-00171-01 (63249)
Demandante: Orsué León Rosas Díaz y Luis Alberto Rojas

de la Superintendencia de Notariado y Registro y del notario segundo de
Barrancabermeja, por los perjuicios causados con ocasión de “la elaboración,
protocolo y registro de la escritura pública espuria número 2.014, de diciembre (…)
llevada a cabo en la Notaría Segunda de Barrancabermeja, en cabeza del notario, y
la medida cautelar ordenada por la Fiscalía General de la Nación (…) constante en la
anotación número 18 (…) del folio de matrícula inmobiliaria número 303-4004 (…)”.

Como fundamento fáctico, primordialmente, aludieron a cuatro hechos: (i) el notario
segundo de Barrancabermeja suscribió las dos escrituras, pese a que los documentos
presentados para realizar el trámite notarial tenían falencias y denotaban falsedades
documentales y personales; (ii) aunque no estuvieron involucrados en la comisión de
delito alguno, la Fiscalía General de la Nación, a través de oficio del veinticuatro (24)
de noviembre de dos mil cinco (2005), ordenó al registrador de instrumentos públicos
de Barrancabermeja inscribir en el folio de matrícula inmobiliaria 303-4006 una medida
cautelar; (iii) el predio identificado con la referida matrícula fue “sacado del mercado
entre el dos (2) de diciembre del años (sic) dos mil cinco (2005) y el diecisiete (17) de
noviembre del año dos mil nueve (2009), ocasionando graves daños y perjuicios
materiales (…) y morales subjetivos, que trajo (…) un detrimento económico,
patrimonial y familiares (sic)”; y (iv) como consecuencia de las actuaciones
desplegadas por el notario segundo de Barrancabermeja y de la Fiscalía General de
la Nación, el mentado bien quedó “comercial y económicamente muerto, esto es, fuera
del comercio y por ende todas las entidades crediticias, cooperativas y bancarias,
negaron los créditos solicitados (…) para mantenimiento, reparación y construcción
de vivienda y labores agrícolas (…)”.

No hay en la demanda alusión siquiera a hecho u omisión de la Superintendencia de
Notariado y Registro que permita inferir, como lo hace la parte recurrente, que aquella
esté inmersa en la actuación que la demandante señala como determinante del daño
cuya reparación pretende. Su censura va dirigida en contra de la conducta del notario
segundo de Barrancabermeja y de la Fiscalía General de la Nación, circunstancia que
bastaría para denotar la falta de legitimación por pasiva de esa superintendencia.

No obstante, en cuanto el Tribunal Administrativo de Santander dio por probada la
legitimación de hecho y avanzó al estudio de la legitimación material de la
Superintendencia de Notariado y Registro, y lo hizo con referencia a una decisión de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, concretamente la sentencia del primero (1)
de agosto de dos mil dos (2002) proferida en el expediente 13248, de la que tomó un
extracto que, lamentablemente, impide apreciar el estudio de fuentes de derecho
positivo que permitiera inferir la falta de legitimación que declaró en la parte resolutiva
de la sentencia recurrida, esta Subsección encuentra pertinente avanzar en el estudio
de los fundamentos de tal decisión.

4.1.3. Al punto, poco aporta la parte recurrente, quien tenía la carga de hacer
exposición de los motivos de su inconformidad con la decisión y se limitó a protestar
“la violación al debido proceso, la violación al principio de la recta administración de
justicia y la falsa motivación” que, a su juicio, entraña el fallo de la primera instancia,
al declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por la Superintendencia de Notariado y Registro, agregando que se trata
de una “excepción que a la luz de la constitución, la ley, la jurisprudencia y la doctrina,
no debe prosperar”, porque, aseguró, a renglón seguido, “es contraria a la verdad (…)
la sana crítica, la razón, los fundamentos jurídicos, la constitución y el derecho (…)”.
Lo anterior, por cuanto, afirmó, esa superintendencia, “como todos los demás sujetos
pasivos de la demanda, está inmersa en esta actuación administrativa y, por ende,
debe responder en iguales condiciones que los demás demandados por los daños y
perjuicios ocasionados a mis poderdantes”. Tal inmersión, en lo que a la

9

Radicado: 68001-23-31-000-2012-00171-01 (63249)
Demandante: Orsué León Rosas Díaz y Luis Alberto Rojas

superintendencia se refiere, ha de entenderse en función de la falta de supervisión y
de vigilancia del servicio notarial que protestó tardíamente, en esta segunda instancia.

4.1.3.1. Para responder tan precario señalamiento, la Sala encuentra que los
argumentos que esta Sección expuso en un caso análogo24 , en la sentencia a la que
aludió la primera instancia, son suficientemente reveladores de las razones por las
que el derecho positivo vigente no permite declarar tal legitimación, pero demandan
alguna actualización en lo que atañe a las fuentes formales de derecho de las que se
sirve.

En efecto, el Decreto 302 de 2004, vigente para el momento en que ocurrieron los
hechos que prestan fundamento a las pretensiones de los aquí demandantes, que
derogó el Decreto 2158 de 1992, asigna a la Superintendencia de Notariado y Registro
las siguientes funciones en relación con el servicio notarial:

• Adelantar las gestiones necesarias para la eficaz y transparente prestación del
servicio público de notariado.
• Impartir las instrucciones de carácter general, dictar las resoluciones y demás
actos que requiera la eficiente prestación de los servicios públicos de notariado
y de registro de instrumentos públicos, las cuales serán de cumplimiento
obligatorio.
• Instruir a los notarios sobre la aplicación de las normas que regulan su
actividad.
• Fijar los estándares de calidad requeridos para la prestación de los servicios
de notariado y de registro de instrumentos públicos.
• Ejercer la inspección, vigilancia y control de las notarías en los términos
establecidos en las normas vigentes, mediante visitas generales, especiales,
de seguimiento, por procedimientos, virtuales, o por cualquier otra modalidad.
• Realizar visitas periódicas de vigilancia, inspección y control a los entes
vigilados.
• Investigar y sancionar las faltas disciplinarias de los notarios en el desarrollo de
sus funciones, sin perjuicio del poder preferente que podrá ejercer la
Procuraduría General de la Nación.

Como puede apreciarse, las funciones a cargo de la Superintendencia de Notariado y
Registro tienen por objeto la procura de un servicio notarial oportuno y eficaz, a través
de la extensión de instrucciones y de la definición de modelos de calidad, esto es,
valida de lineamientos generales de servicio; mediante la práctica de visitas de diversa
naturaleza y modalidad, o a través de la investigación disciplinaria de la conducta de
los notarios en función del servicio a su cargo. En modo alguno resulta exigible a la
Superintendencia de Notariado y Registro, con fundamento en esta normativa, una
suerte de control en tiempo real sobre cada una de las actuaciones que el notario
despliegue en ejercicio de la función a su cargo, no sólo porque no es ese el alcance
de la normativa, sino porque entenderlo de esa manera comportaría, bien una
duplicidad en la función, o bien una sustitución del notario en el ejercicio de la tarea
que le ha sido asignada.

Lo cierto es que, en este caso, ni los accionantes hicieron en la demanda el más
mínimo señalamiento al rol legal y competencial de la Superintendencia de Notariado
y Registro que pudiera tener relación con el daño que pretenden les sea resarcido, ni

24 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia del primero (1) de

agosto de dos mil dos (2002), radicación número 08001-23-31-000-1998-05004-01(13248).

10

Radicado: 68001-23-31-000-2012-00171-01 (63249)
Demandante: Orsué León Rosas Díaz y Luis Alberto Rojas

adosaron a la variación de la causa petendi en sede de apelación alusión alguna a
siquiera una de las funciones antes indicadas, para establecer esa relación.

Precisado lo anterior, esta Subsección no encuentra motivo para tener por legitimada
materialmente en la causa por pasiva a la Superintendencia de Notariado y Registro
y, en consecuencia, confirmará la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander.

V. COSTAS

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se observa en el caso concreto
actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de
la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia Tribunal Administrativo de Santander, el
diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciocho (2018), por las razones expuestas en
esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriado este proveído, ENVÍESE el expediente al tribunal de origen
para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

VF
CAOP

11

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.