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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2014-00245-01

Fecha
23 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2014-00245-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, el veinticinco (25) de julio de dos mil dieciocho (2018), por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: CONDÉNASE en costas de esta instancia a la parte demandante, que serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal Administrativo del Magdalena de acuerdo con el artículo 366 del Código General del Proceso, 24 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. Además, se condenará en costas a quien se le resuelve de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe. (…)”. 25 “Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: (…) 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. (…) 6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y revisión o se haga a favor o en contra de un tercero, la liquidación se hará inmediatamente quede ejecutoriada la respectiva providencia o la notificación del auto de obedecimiento al superior, según el caso”. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 47001-23-33-000-2014-00245-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

23 de septiembre de 2024

Radicado: 47001-23-33-000-2014-00245-01 (63563)
Demandante: Edinson Rafael Pitre Montero y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 47001-23-33-000-2014-00245-01 (63563)
Actor: Edinson Rafael Pitre Montero, Alicia Montero Martínez y
Angela Guzmán Serna
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial
Medio de control: Reparación directa

Tema 1: Competencia funcional del juez de segunda instancia – se limita a pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio. Subtema 1.1. Carga argumentativa recurso de apelación. Subtema 1.2. Indebida
sustentación del recurso de apelación. Subtema 1.3. Consecuencias del incumplimiento de la carga
de sustentación de la alzada – impide pronunciamiento.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, el veinticinco (25) de julio de dos mil dieciocho (2018), que negó las
pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS

La Fiscalía General de la Nación inició una investigación penal en contra de los
señores Wilson de Jesús Daza Vergara, Tatiana María Pitre Barreneche, Marlene
Esther Barreneche Jolianis y Zayne Stella Zawady Barco, con ocasión de la
denuncia instaurada por Cristian Rafael Pitre Quiñones por los delitos de falsedad
en documento público y privado; trámite en el que se constituyó como parte civil
Edinson Rafael Pitre Montero. En el transcurrir procesal, el ente fiscal declaró la
extinción de la acción penal en atención a que se configuró la prescripción. El señor
Edinson Rafael Pitre Montero y su grupo familiar presentaron demanda de
reparación directa al considerar que la Fiscalía General de la Nación y la Rama
Judicial, organismos que adelantaron el mentado proceso penal, incurrieron en una
falla en el servicio por mora judicial ya que la causa penal culminó con la
prescripción de la acción, circunstancia que le impidió heredar unos bienes que por
ley le correspondían. El Tribunal Administrativo del Magdalena, en el fallo de primera
instancia, negó las pretensiones de la demanda porque estimó que no hubo una
mora injustificada en el trámite penal. En el recurso de apelación, la parte actora
reiteró los argumentos de la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

Edinson Rafael Pitre Montero y Ángela Guzmán Serna, en nombre propio y en
representación de sus hijas menores Natalia Pitre Guzmán y Sofía Pitre Guzmán,

1

Radicado: 47001-23-33-000-2014-00245-01 (63563)
Demandante: Edinson Rafael Pitre Montero y otros

y Alicia Montero Martínez presentaron demanda 1 , en ejercicio del medio de
control de reparación directa, el cinco (5) de agosto de dos mil catorce (2014),
con la que pretenden que esta jurisdicción profiera sentencia de condena a cargo
de la Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, con motivo de la
mora acaecida en el proceso penal adelantado por las entidades demandadas,
proceder que conllevó a la declaración de prescripción de la acción.

Para los demandantes, el actuar omisivo de los entes durante el proceso penal
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, en consideración a que, al declararse la prescripción de
la acción penal, los bienes que eran propiedad del padre del señor Pitre Montero y
que debían transferirse a los herederos por mandato de la ley quedaron en cabeza
de unas personas extrañas.

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia

2.2.1. El Tribunal Administrativo del Magdalena, en auto del ocho (8) de octubre de
dos mil catorce (2014) 2, admitió la demanda; decisión que fue notificada a las
entidades demandadas3.

2.2.2. La Nación – Rama Judicial4 presentó escrito de contestación, en el que
alegó que no vulneró derecho alguno a los actores, ya que las actuaciones de los
operadores judiciales se fundaron en las normas sustantivas y procesales vigentes
en ese momento, de ahí que sea inexistente la causación de un daño. Afirmó que
la Fiscalía General de la Nación fue quien tomó la decisión de devolver los bienes
a las personas que compraron de buena fe.

2.2.3. Agotada la etapa probatoria, el magistrado ponente prescindió de la
audiencia de alegaciones y juzgamiento y corrió5 traslado a las partes y al Ministerio
Público para que aquellas alegaran de conclusión y este rindiera concepto de
fondo; oportunidad que fue aprovechada por la demandante6 y por la Nación –
Rama Judicial7, quienes reiteraron los argumentos expuestos en el escrito inicial y
en la contestación, respectivamente.

2.3. La sentencia recurrida

El Tribunal Administrativo del Magdalena, en sentencia del veinticinco (25) de
julio de dos mil dieciocho (2018)8, negó las pretensiones de la demanda.

Como fundamento de su decisión, consideró que la dilación injustificada de una
decisión, ya sea judicial o administrativa, es potencialmente transgresora del

1 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 466ADC8BD6546456
055C0E5D05BD46D5 AB032E1C6A712AB2 9CE2FFDC8715CE2E, ubicado en el índice 18 de SAMAI, página
1 a 15.
2 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 74DB116FD891868B
8CDFDBB4DDFF7435 4AC97699777FFB8D 9260D0469E8F7206, ubicado en el índice 18 de SAMAI.
3
Documentos contenidos en el expediente digitalizado con certificado 4F88CCF4F3A3228E
61B2F184B0CEE6EB 036EA97FC0CAD4D1 B23A5147E82583A2, ubicado en el índice 18 de SAMAI.
4 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado BFB9B31305007E4D 4A873104118C3879

A1BB649361D7A272 D477040BBED4D191, ubicado en el índice 18 de SAMAI.
5 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 3767EA09FC301040
8ABE358AA70DDD7D 1D60058367DF6371 071666C9A22B3BEF, ubicado en el índice 18 de SAMAI.
6 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 52F500DFF8FD29FA
963364FA7D6CA46B 30FB580CA0A56DAD 01EC294DF43CB029, ubicado en el índice 18 de SAMAI.
7 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 68470E0AE14573C2 5B082AD58C5235D0

7E00A5896B0DEBEE B6FD5356C0DEF6FC, ubicado en el índice 18 de SAMAI.
8 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 89C71773E2D629BD
65E1FB76ABEFF9FC 3FABB3C94B39D1EC 89C71773E2D629BD 65E1FB76ABEFF9FC
3FABB3C94B39D1EC 291054C62044C229, ubicado en el índice 18 de SAMAI.

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Demandante: Edinson Rafael Pitre Montero y otros

derecho al debido proceso y de las garantías que de este se originan, conforme a
la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos que ha fijado el alcance de la noción de plazo razonable. A su
juicio, lo que determina la existencia de un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia por mora judicial es la inequívoca conclusión que aquel
retardo no se encuentra justificado por alguno de los factores que la jurisprudencia
ha entendido como exculpatorios de la lentitud procesal, irregularidad que puede
producir un daño antijurídico.

Más adelante, en línea con los elementos trazados por la jurisprudencia para los
casos de mora judicial, y una vez realizado un recuento de las actuaciones surtidas
dentro del proceso penal objeto de examen, arribó a las siguientes conclusiones:

(i) Aun cuando la etapa de instrucción excedió los veinticuatro (24) meses
establecidos en el artículo 329 de la Ley 600 de 2000 debido a que tardó veintisiete
(27) meses y tres (3) días, lo cierto es que el tiempo empleado fue razonable y
justificado en vista de que se logró vincular a las personas partícipes de la conducta
punible y el recaudo de las pruebas necesarias para calificar el mérito del sumario;

(ii) El proceso penal adelantado en contra de los señores Wilson de Jesús Daza
Vergara, Tatiana María Pitre Barreneche, Marlene Esther Barreneche Jolianis y
Zayne Stella Zawady Barco no era un “caso fácil”, pues “el daño cuya reparación
se pretendía en sede del juicio penal, no (sic) otro que la supuesta sustracción de
los bienes que formaban parte de la masa hereditaria del padre del demandante, la
cual se produjo a consecuencia, de las compraventas celebradas entre los
procesados de forma irregular a través de un presunto poder falsamente conferido
por el fallecido; actuaciones que configuraban un escenario de frontera entre el
derecho civil y el derecho penal (…). Por ello, no hay dudas (…) sobre la
complejidad del asunto”;

(iii) Si bien en siete (7) oportunidades consecutivas el Juzgado Penal del Circuito
de Soledad fijó fecha para la celebración de la audiencia preparatoria y esta no se
pudo realizar las seis (6) primeras ocasiones por el ausentismo de uno u otro sujeto
procesal, ese despacho judicial no incurrió en mora judicial toda vez que algunas
de las inasistencias fueron justificadas y, además, en la última suspensión, el juez
advirtió que, en caso de no comparecer alguna de las partes a la audiencia
programada, impondría la sanción prescrita en el artículo 150 de la Ley 600 del
2000.

(iv) Las actuaciones del Juzgado Penal del Circuito de Soledad, que declaró la falta
de competencia el nueve (9) de mayo de dos mil uno (2001) al tenor del artículo 83
de la Ley 600 del 2000 y ordenó el envío del expediente a los juzgados penales del
circuito de Santa Marta, y del Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta,
autoridad que declaró la nulidad de todo lo actuado, se ajustaron a la realidad
procesal vigente para la época del trámite, por ende, no se configuró un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, máxime cuando la solicitud de
nulidad presentada por el apoderado de uno de los procesados incidió
indirectamente en la demora del procedimiento.

Entonces, en función de la complejidad del asunto, del actuar de las autoridades y
de la actividad procesal de las partes en el proceso penal, encontró que no obraban
en el expediente los elementos de juicio suficientes para atribuir, a título de
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, las consecuencias del
daño alegado a la parte demandada.

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Demandante: Edinson Rafael Pitre Montero y otros

Finalmente, explicó que, aunque no había duda de que la prescripción declarada
en la acción penal comportó la imposibilidad de obtener un pronunciamiento de
fondo “en perspectiva de verdad y de justicia acerca de la responsabilidad penal y
civil de las personas involucradas”, la realidad es que los demandantes tenían otros
mecanismos para procurar el amparo de sus derechos, por ejemplo, un proceso
ordinario civil por nulidad absoluta con arreglo al artículo 1741 del Código Civil.

2.4. El recurso de apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, el dieciocho (18) de diciembre de dos mil dieciocho (2018)9.

En su escrito, expuso que la Nación es administrativamente responsable de los
perjuicios materiales, morales y a la vida de relación causados “por la morosidad en
el accionar de la Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, motivando la falla
en el servicio, por hechos que fueron objetos (sic) de investigación penal, dentro del
proceso seguido por la Fiscalía 14 Seccional Delegada (…) con radicación N°
24.719 y posteriormente en el Juzgado Penal del Circuito de Soledad”.

Alegó que el proceso penal duró nueve (9) años hasta que culminó con la
prescripción de la acción, lo que vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia. Ello, aunado a que las
propiedades del padre del señor Pitre Guerra fueron transferidas a personas
extrañas, cuando él, como hijo del fallecido, debía heredar los bienes en virtud de
la ley.

En último término, en su criterio, la falla en el servicio está acreditada por los
siguientes hechos: (i) el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta resolvió
que “la Fiscalía no cumplió con su deber, al no decretar la ruptura de la unidad
procesal, previo al cierre de investigación, para que las conductas endilgadas bajo
estas circunstancias se adelantaran en procesos diferentes”; (ii) la Fiscalía General
de la Nación, al pronunciarse sobre la anterior decisión, manifestó “lacónica e
irresponsablemente” que “no tenía ninguna objeción respecto a lo manifestado por
el señor juez”; y (iii) la Fiscalía General de la Nación, en las consideraciones de la
resolución del catorce (14) de abril de dos mil nueve (2009), en la que se decretó
“la preclusión por prescripción de la acción penal”, expresó que “es desacertada la
decisión del juez de conocimiento, al decretar la nulidad, porque según el fiscal,
estamos ante hechos punibles conexos, que estaban encaminados a un mismo
propósito criminal, como era los de apropiarse de los bienes de Edinson Pitre
Guerra”.

2.5. Trámite procesal relevante en segunda instancia

El magistrado sustanciador, en auto del ocho (8) de julio de dos mil diecinueve
(2019)10, admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora. Luego,
mediante providencia del nueve (9) de septiembre de la misma anualidad11, corrió
traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio
Público para que rindiera concepto de fondo; oportunidad que fue aprovechada por

9 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado F9DC641C7EF2EA6C
01283BE81509F019 9220E285CCE67BE0 BEDB03BD43CFF806, ubicado en el índice 18 de SAMAI.
10 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 2D1252C274176C1D
726E0E222B22BAC7 3918D392342A0FAC 0A4C79983EA0A853, ubicado en el índice 18 de SAMAI.
11 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado DF4397742ACC3BEF
95D5C6DE7219E504 6173BFC44B602A38 93F5B0123ABAE55D, ubicado en el índice 18 de SAMAI.

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Demandante: Edinson Rafael Pitre Montero y otros

la Nación – Fiscalía General de la Nación12, quien pidió confirmar la decisión de
primera instancia al considerar que el daño alegado no tiene la connotación de
cierto, en la medida en que el actor contaba con otro medio para obtener el
resarcimiento de los supuestos perjuicios reclamados.

III. PROBLEMAS JURÍDICOS

De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (CGP) —aplicable
en esta instancia conforme a la jurisprudencia administrativa unificada 13 — el
“recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para
que el superior revoque o reforme la decisión”. En razón a ello, la competencia
funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a “pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”, como lo
establece el artículo 328 del Código General del Proceso.

En principio, como la única parte que recurrió la decisión de primera instancia fue la
demandante, la competencia de esta Subsección estaría restringida a resolver los
motivos que en aquella oportunidad procesal fueron propuestos por ella, de no ser
porque la argumentación expuesta en el escrito de apelación revela ineludible la
verificación del cumplimiento de la carga de sustentación, exigencia impuesta por el
artículo 322 del Código General del Proceso. En virtud de ello, responderá el
siguiente interrogante:

¿La parte recurrente sustentó, desde la perspectiva material, debidamente el
recurso de apelación formulado contra la sentencia del veinticinco (25) de julio de
dos mil dieciocho (2018), proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena?

En caso de obtener una respuesta afirmativa, procederá a pronunciarse sobre los
reparos concretos incluidos en la alzada.

IV. CONSIDERACIONES

La Sala, una vez verificados los demás presupuestos procesales, se reconoce
competente para pronunciarse sobre el recurso de apelación en atención a lo
preceptuado en los artículos 150 14 y 152.6 15 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

4.1. Análisis de la Sala

Como lo ha indicado esta Corporación16, el alcance del recurso de apelación no se
dirige sin límite alguno a censurar cualquier tipo de actuación o inconformidad

12 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado A086B3E44ED11DBD
A6389D8091A0DB8C 627EC01F8EEF6CA6 4444C000400FDFC1, ubicado en el índice 18 de SAMAI.
13
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, auto del veinticinco (25) de
junio de dos mil catorce (2014), radicación número 25000-23-36-000-2012-00395-01(IJ).
14 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. <Artículo

modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. > El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos (…)”.
15 “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: 6. De

los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales,
cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
16 Entre otras: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C,

sentencia del cuatro (4) de octubre de dos mil veintitrés (2023), radicación número 76001-23-33-000-2014-
00677-01; Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A,
sentencias del veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiuno (2021) y del tres (3) de marzo y del veinticuatro (24)

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Demandante: Edinson Rafael Pitre Montero y otros

generada en el curso del proceso, como tampoco puede estar encaminado a repetir
el trámite surtido en primera instancia, pues ya esto fue objeto de comprobación y
debate, sino que busca garantizar el principio de la doble instancia. De modo que,
es imprescindible que el recurrente ataque los fundamentos de hecho y de derecho
que sustentaron la providencia de primera instancia, en lo que considera
desfavorable; no basta con la simple interposición del recurso ni resulta suficiente
repetir un argumento privado de motivos de disenso, por el contrario, la formulación
de la apelación debe responder a una tesis que discuta las razones que fundaron la
decisión recurrida.

A su vez, la Corte Constitucional17 ha dicho que la apelación no debe convertirse en
el instrumento a través del que se pretenda probar suerte ante el juez superior, al
contrario, solo debería acudirse a ella en aquellos supuestos en los que existan
razones solidas que den cuenta de que la autoridad de primera instancia incurrió en
una equivocación. Lo anterior implica que la apelación deba ser sustentada, porque,
para controvertir una decisión judicial y provocar la intervención del superior, es
preciso esgrimir motivos serios que generen en el fallador una cierta duda sobre el
asunto recurrido o, al menos, que se planteen de manera clara y argumentada las
razones de la discrepancia.

En otras palabras, no habrá sustentación o se habrá hecho en forma indebida
cuando se realice una réplica auténtica de las razones expuestas en el curso de la
primera instancia18, puesto que ello dejaría sin contradicción la providencia dictada
y reabriría sin justificación el debate suscitado en dicha oportunidad, de manera que
la repetición única de lo que ocurrió en el trámite de la primera instancia no
constituye una garantía del principio de la doble instancia, que, como regla general,
“está disponible para controvertir las decisiones judiciales que se reputan contrarias
el ordenamiento jurídico” 19 . La consecuencia de que el juzgador de la segunda
instancia constate una falta de sustentación del recurso de apelación, de carácter
material suficiente o adecuada, será, entonces, la confirmación del proveído
impugnado, como lo ha dejado sentado la jurisprudencia de esta Corporación 20, ya
que el juzgador de segundo grado quedaría desprovisto de elementos para la
revisión de la sentencia.

En el caso concreto, el Tribunal Administrativo del Magdalena sustentó su decisión
en, básicamente, las siguientes razones: (i) aun cuando los términos establecidos
en la Ley 600 de 2000, para la instrucción y juzgamiento, fueron superados por las
entidades demandadas, la duración del proceso fue razonable y justificada en
consideración a la complejidad del asunto, a la actuación de las autoridades y de
las partes y a lo que disponían las normas procesales vigentes para ese momento;
y (ii) los demandantes tenían la posibilidad de acudir a otros mecanismos para sacar
avante sus pretensiones, entre esos, un proceso ordinario civil por nulidad absoluta
de conformidad con el artículo 1741 del Código Civil.

de abril de dos mil veintitrés (2023), expedientes 52413, 58301 y 54823, respectivamente; y Consejo de Estado
– Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta, sentencia del veintisiete (27) de abril de dos mil
veintitrés (2023), radicación número 05001-23-33-000-2015-01272-02.
17 Corte Constitucional, Sentencia SU-418 de 2019.
18 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A, sentencia del

ocho (8) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), radicación número 76001-23-31-000-2006-03683-01.
19 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A, sentencia del

dos (2) de junio de dos mil veintitrés (2023), radicación número 66001-23-31-000-2011-00131-01.
20 Entre otras: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda – Subsección A,

sentencia del primero (1) de agosto de dos mil dieciocho (2018), radicación número 73001-23-31-000-2014-
00160-01; y Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A,
sentencias del cuatro (4) de marzo de dos mil veintidós (2022) y del tres (3) de marzo de dos mil veintitrés
(2023), radicación números 77001-23-31-000-2004-04217-01 y 44001-23-31-000-2009-00118-01.

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Radicado: 47001-23-33-000-2014-00245-01 (63563)
Demandante: Edinson Rafael Pitre Montero y otros

Inconforme con la sentencia de primera instancia, la parte demandante interpuso
recurso de apelación, que ha de precisarse de una vez carece de cualquier ejercicio
argumentativo orientado a controvertir las consideraciones expuestas por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, pues: (i) realizó afirmaciones generales y
abstractas sobre la responsabilidad del Estado, ausentes de un vínculo concreto
con el análisis realizado por el a quo; (ii) citó apartes de sentencias relacionadas
con los títulos de imputación de defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia y de error judicial, sin comentario alguno adicional que demostrara cómo
dichas providencias debían ser aplicadas al asunto bajo estudio o cuál era la causa
para invocarlas en su escrito; y (iii) reiteró lo expuesto en el transcurso de la primera
instancia.

Mas aún, para denotar cómo el recurso está desprovisto de algún razonamiento
encaminado a discutir la sentencia de primera instancia, basta con realizar una
comparación entre el escrito de interposición o sustentación del recurso y los
alegatos por esa parte presentados ante el Tribunal Administrativo del Magdalena,
por supuesto, antes de la expedición de la providencia materia de recurso. Es más,
los aludidos alegatos son una reproducción del contenido de la demanda,
específicamente, de la pretensión primera y de los hechos cuadragésimo cuarto
(44), cuadragésimo quinto (45) y cuadragésimo séptimo (47), así:

Demanda21 Alegatos22 – recurso de apelación23
“Declaraciones. 1. Declarar administrativamente “(…) Es indudable, que la Nación – Fiscalía General
responsable a la Nación – Fiscalía General de la de la Nación y Rama Judicial – Dirección Ejecutiva
Nación y Rama Judicial (…), de los perjuicios de la Administración Judicial, son
materiales, perjuicios morales, a la vida de relación administrativamente responsable, de los perjuicios
causados, al señor Edinson Rafael Pitre Montero (…) materiales, perjuicios morales y a la vida de relación,
a su vez la señora Alicia Montero Martínez (…) la causados al señor Edinson Rafael Pitre Montero (…)
señora Ángela Guzmán Serna (…) por la morosidad a su vez la señora Alicia Montero Martínez (…) la
en el accionar de la Fiscalía General de la Nación y señora Ángela Guzmán Serna (…) por la morosidad
Rama Judicial, motivando la falla en el servicio, por en el accionar de la Fiscalía General de la Nación y
hechos que fueron objetos de investigación penal Rama Judicial, motivando la falla en el servicio, por
dentro del proceso seguido (..) con radicación N° hechos que fueron objetos de investigación penal
24.719 (…) que con su accionar omisivo terminó de dentro del proceso seguido (..) con radicación N°
concretar la violación a los derechos fundamentales 24.719 (…) que con su accionar omisivo terminó de
constitucionalmente protegidos de los demandantes, concretar la violación a los derechos fundamentales
como lo son el derecho al debido proceso y por la constitucionalmente protegidos de los demandantes,
negación al acceso a la administración de justicia (…) como lo son el derecho al debido proceso y por la
situaciones que (…) conllevan a una falla en el negación al acceso a la administración de justicia (…)
servicio tanto de la Fiscalía (…) como de los jueces situaciones que (…) conllevan a una falla en el
(…), los cuales deambularon procesalmente a lo servicio tanto de la Fiscalía (…) como de los jueces
largo de 9 largos años, lo que terminó con la (…), los cuales deambularon procesalmente a lo
prescripción de la acción penal investigada, y todo largo de 9 largos años, lo que terminó con la
esto aunado, determinó que los bienes que estaban prescripción de la acción penal investigada, y todo
en propiedad del finado (…) al momento de su esto aunado, determinó que los bienes que estaban
muerte, los cuales debían pasar a poder de sus en propiedad del finado (…) al momento de su
herederos por mandato de la ley, quedaran todos en muerte, los cuales debían pasar a poder de sus
manos extrañas, quitándole el derecho que tenía mi herederos por mandato de la ley, quedaran todos en
poderdante, (…) como hijo del finado, de heredar manos extrañas, quitándole el derecho que tenía mi
unos bienes que por ley le correspondía. (…). poderdante, (…) como hijo del finado, de heredar
unos bienes que por ley le correspondía. (…).
Hechos
(…) 44. La audiencia preparatoria programada por el Las fallas en el servicio por parte de la Fiscalía
juzgado para el 27 de febrero de 2009 se surtió, y en General de la Nación y Rama Judicial (…) quedaron
ella se determinó, acogiendo la petición del en evidencia irrefutable, cuando en la audiencia
apoderado de Tatiana María Pitre Barreneche, preparatoria programada por el juzgado para el 27 de
decretar la nulidad de todo lo actuado, (…) porque febrero de 2009, en ella se determinó, acogiendo la

21 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 466ADC8BD6546456
055C0E5D05BD46D5 AB032E1C6A712AB2 9CE2FFDC8715CE2E, ubicado en el índice 18 de SAMAI.
22 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 52F500DFF8FD29FA
963364FA7D6CA46B 30FB580CA0A56DAD 01EC294DF43CB029, ubicado en el índice 18 de SAMAI.
23 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado F9DC641C7EF2EA6C
01283BE81509F019 9220E285CCE67BE0 BEDB03BD43CFF806, ubicado en el índice 18 de SAMAI.

7

Radicado: 47001-23-33-000-2014-00245-01 (63563)
Demandante: Edinson Rafael Pitre Montero y otros

según el Juez (…) expresó textualmente “la Fiscalía petición del apoderado de Tatiana María Pitre
no cumplió con su deber, al no decretar la ruptura de Barreneche, decretar la nulidad de todo lo actuado
la unidad procesal, previo al cierre de la (…) porque según el Juez (…) expresó textualmente
investigación, para que las conductas indilgadas bajo “la Fiscalía no cumplió con su deber, al no decretar
estas circunstancias se adelantaran en procesos la ruptura de la unidad procesal, previo al cierre de la
diferentes”. 45. De la anterior decisión, se le corrió investigación, para que las conductas indilgadas bajo
traslado a la representante de la Fiscalía (…) la cual estas circunstancias se adelantaran en procesos
manifestó textualmente “que no tenía ninguna diferentes”. (…) De la anterior decisión, se le corrió
objeción respecto a lo manifestado por el señor juez”, traslado a la representante de la Fiscalía (…) la cual
demostrando con esto la falla en el servicio (…). manifestó textual, lacónica e irresponsablemente, al
47.La Fiscalía 14 (…) mediante resolución calendada no defender la entidad que ella estaba representando
el 14 de abril de 2009, en las consideraciones de “que no tenía ninguna objeción respecto a lo
esta, expresa textualmente: “que es desacertada la manifestado por el señor juez”. (…) Para corolario de
decisión del juez de conocimiento al decretar la todas las violaciones que determinan la falla del
nulidad, porque según el Fiscal, estamos ante servicio, encontramos en las consideraciones de la
hechos punibles conexos, que estaban encaminados resolución calendada el 14 de abril de 2004 (…) la
a un mismo propósito criminal, como era los de Fiscalía (…) expresó textualmente “que es
apropiarse de los bienes de Edinson Pitre Guerra”. desacertada la decisión del juez de conocimiento, al
(negrillas fuera del texto). decretar la nulidad, porque según el fiscal, estamos
ante hechos punibles conexos, que estaban
encaminados a un mismo propósito criminal, como
era los de apropiarse de los bienes de Edinson Pitre
Guerra” (…)”.

Como puede apreciarse, lejos de atacar los fundamentos de la providencia del
Tribunal Administrativo del Magdalena en la que resolvió que no se configuró un
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, esto es, de discutir los
motivos que adujo el Tribunal para inferir la razonabilidad que observaba en la
extensión temporal que tuvieron las etapas de instrucción y juzgamiento en el
proceso penal cursado contra Wilson de Jesús Daza Vergara, Tatiana María Pitre
Barreneche, Marlene Esther Barreneche Jolianis y Zayne Stella Zawady Barco; sin
aludir siquiera a las razones de esa judicatura para denotar la complejidad que
entrañaba la investigación de las conductas de los investigados; o de controvertir
los asertos del fallador sobre la actuación de las partes y en relación con la falta de
certeza del daño habida consideración de la oportunidad que tenían los aquí
demandantes de acudir a la jurisdicción civil en procura de sentencia declarativa de
la nulidad absoluta de los actos jurídicos que entorpecían la efectividad de sus
derechos herenciales, se limitaron los accionantes a reiterar, casi literalmente, los
hechos y fundamentos de su demanda, circunstancia que impide al juez de segunda
instancia volver sobre el mismo marco de juzgamiento que delimitó la competencia
del a quo.

En estas condiciones, la impugnación propuesta contra la sentencia proferida el
veinticinco (25) de julio de dos mil dieciocho (2018) no fue debidamente sustentada
desde el plano material o, lo que es lo mismo, no revela los motivos que los llevaron
a alzarse contra el fallo de primera instancia y que pudieran venir determinantes
para incidir en la decisión revocatoria del proveído. Por tanto, no encuentra la Sala
objeto sobre el que pueda proferir un pronunciamiento de fondo.

En síntesis, comoquiera que la actora no cuestionó los argumentos que el juez de
primera instancia tuvo en cuenta para adoptar su decisión y la competencia del juez
de segundo grado deviene de la confrontación entre lo expuesto en el recurso de
apelación y la decisión de primera instancia, no queda otra alternativa que confirmar
la decisión del Tribunal Administrativo del Magdalena, puesto que no le corresponde
a esta Sala construir los motivos de divergencia objeto de estudio, ya que, si lo
hiciere, vulneraría el principio de imparcialidad y el derecho al debido proceso de la
contraparte. De ahí que, a efectos de salvaguardar el principio de congruencia, los
límites y las finalidades por las que se instituyó el recurso de apelación, deba
aplicarse cierta exigencia en la interpretación del recurso, sin que ello equivalga a
un excesivo ritualismo.

8

Radicado: 47001-23-33-000-2014-00245-01 (63563)
Demandante: Edinson Rafael Pitre Montero y otros

V. COSTAS

El artículo 361 del Código General del Proceso dispone que “las costas están
integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del
proceso y por las agencias en derecho”. A su vez, los artículos 365.1 24 y 36625
ibidem, aplicables por remisión expresa del artículo 188 26 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, prescriben que se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación. Su liquidación se realiza, de manera
concentrada, por la secretaría del juzgador que haya conocido el proceso en primera
instancia, sin embargo, en este escenario corresponde la fijación de las agencias
en derecho, de acuerdo con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la
Judicatura.

Bajo tales supuestos, la Sala condenará en costas a la parte demandante dado que
sus pretensiones fueron despachadas en forma desfavorable. El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca deberá efectuar la correspondiente liquidación y
tasación, debiendo considerar que en esta instancia se fijarán agencias en derecho
por el 0.01% del valor total de las pretensiones27 negadas a favor de la Nación –
Fiscalía General de la Nación, entidad que intervino en esta instancia, de
conformidad con las tarifas establecidas en el numeral 3.1.3. del artículo sexto28 del
Acuerdo 1887 de 200329 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. Dic

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, el veinticinco (25) de julio de dos mil dieciocho (2018), por las razones
expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: CONDÉNASE en costas de esta instancia a la parte demandante, que
serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal Administrativo del
Magdalena de acuerdo con el artículo 366 del Código General del Proceso,
24 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya

controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
Además, se condenará en costas a quien se le resuelve de manera desfavorable un incidente, la formulación
de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en
relación con la temeridad o mala fe. (…)”.
25 “Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el

juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con
sujeción a las siguientes reglas: (…) 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la
justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan
comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho
que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. (…) 6. Cuando la condena se
imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y revisión o se haga a favor o en contra de un
tercero, la liquidación se hará inmediatamente quede ejecutoriada la respectiva providencia o la notificación del
auto de obedecimiento al superior, según el caso”.
26 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil. (…)”.
27 El total de las pretensiones, según la estimación realizada por la actora, corresponde a $12.026.800.000.
28 “Artículo sexto. Tarifas. Fijas las siguientes tarifas de agencias en derecho: (…) III. Contencioso

Administrativo. 3.1. Asuntos. (…) 3.1.3. Segunda instancia. (…) Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del
valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. (…)”.
29 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.

9

Radicado: 47001-23-33-000-2014-00245-01 (63563)
Demandante: Edinson Rafael Pitre Montero y otros

teniéndose en cuenta la fijación de agencias en derecho a favor de la Nación –
Fiscalía General de la Nación por la suma de 0.01% del valor total de las
pretensiones negadas.

TERCERO: En firme esta providencia, ENVÍESE el expediente al Tribunal
Administrativo del Magdalena para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente
Firmado electrónicamente

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VF
CAOP

10

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