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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00546-01

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00546-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 35 No. Interno: 0270-2021 Demandantes: Sandra del Socorro Aguancha Alvear y Martha Cecilia Oliveros Torres Demandado: Universidad del Atlántico Primero. CONFIRMAR con modificación la sentencia del 8 de noviembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, la cual quedará así: “DECLARAR a Sandra Aguancha y a Martha Olivares la calidad de compañeras permanentes y sustitutas de la pensión de jubilación del causante Próspero Germán Pinzón Espinel, en cuantía del 50% de la mesada pensional para cada una, a partir de la decisión adoptada mediante esta providencia con efectos jurídicos retroactivos a partir del mes de enero de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.” Segundo. En lo demás se mantiene la decisión impugnada. Tercero. Sin condena en costas en esta instancia judicial. Cuarto. - Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, para que por su conducto y dentro de la mayor diligencia también, notifique a la demandada Universidad del Atlántico, la presente decisión para el cumplimiento de esta decisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2018-00546-01

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

18 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 08001-23-33-000-2018-00546-01 (0270-2021)

Parte actora: SANDRA DEL SOCORRO AGUANCHA ALVEAR
Y MARTHA CECILIA OLIVEROS TORRES

Demandado: Universidad del Atlántico

Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho Artículo
138 CPACA

Tema: Derecho a la sustitución pensional de las
compañeras permanentes al haber cumplido los
hijos del causante la edad máxima para ser
reconocidos como sustitutos pensionales a la luz
de la legislación vigente al momento del
fallecimiento del pensionado

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de
la parte demandada, contra la sentencia del 8 de noviembre de 2019 proferida por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió a las pretensiones de la
demanda y declaró la nulidad del acto administrativo demandado.

l. ANTECEDENTES

1. Demanda1

1.1. Pretensiones

Las señoras Sandra del Socorro Aguancha Alvear y Martha Cecilia Oliveros
Torres, por conducto de apoderado especial, acudieron a esta jurisdicción en

1 La demanda fue radicada el 25 de mayo de 2018 ante la Oficina Judicial de los juzgados administrativos de Barraquilla (folio 1) y fue

asignada al Juzgado Cuarto Administrativo Oral que mediante Auto del 5 de junio de 2018 declaró su falta de competencia en razón
de la cuantía por lo que remitió el expediente al Tribunal Administrativo del Atlántico (folios 108-109); la demanda fue repartida y el 31
de agosto de 2018 fue admitida por el despacho Ponente (folios 114-115)

No. Interno: 0270-2021
Demandantes: Sandra del Socorro Aguancha Alvear y Martha Cecilia Oliveros Torres
Demandado: Universidad del Atlántico

ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo CPACA, en procura se declare la nulidad del acto administrativo
consignado en el Oficio de 18 de enero de 2017 expedido por el Jefe del
Departamento de Gestión de Talento Humano de la Universidad del Atlántico,
mediante el cual no accedió a la solicitud de reliquidación de la sustitución
pensional del causante Próspero Germán Pinzón Espinel2.

A título de restablecimiento del derecho solicitó el apoderado de las accionantes,
se declaren las siguientes condenas: i) reconocer y pagar a Sandra del Socorro
Aguancha Alvear, en calidad de compañera permanente y sustituta de la pensión
de jubilación del causante Próspero Germán Pinzón Espinel en cuantía del 50%
de la mesada pensional, por ser titular del 25% en forma vitalicia y por haber
operado el acrecimiento a su favor del 12.5% de la mesada de cada una de sus
hijas Oriana Lucia y Roxana Violeta Pinzón Aguancha, por haberse extinguido o
perdido el derecho temporal de éstas al haber alcanzado la mayoría de edad.

ii) reconocer y pagar a Martha Cecilia Oliveros Torres, en calidad de compañera
permanente y sustituta de la pensión de jubilación del causante Próspero Germán
Pinzón Espinel en cuantía del 37.5% de la mesada pensional, por ser titular del
25% en forma vitalicia y por haber operado el acrecimiento a su favor del 12.5%
de la mesada de su hijo Camilo Germán Pinzón Oliveros, por haberse extinguido o
perdido el derecho temporal de éste al haber alcanzado la mayoría de edad.

iii) acrecentar en favor de Martha Oliveros el 12.5% de la mesada pensional de su
hijo Lucas Vicente Pinzón Oliveros, por haberse extinguido o perdido el derecho
temporal de éste, al haber cumplido 25 años de edad el 2 de enero de 2018, por lo
que en consecuencia le correspondería a esta demandante un 50% de la mesada
pensional del causante a partir de la mesada de enero de 2018.

Solicitó que los anteriores pagos se debían ajustar con base en el Índice de
Precios al Consumidor y que se debían reconocer los intereses moratorios acorde
con los artículos 187, 189, 192 y 195 CPACA, al tiempo que debía ser condenada

2 Folios 1-43

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Demandantes: Sandra del Socorro Aguancha Alvear y Martha Cecilia Oliveros Torres
Demandado: Universidad del Atlántico

en costas la demandada.

1.2. Hechos:

Fueron relatados por el apoderado de las demandantes en los siguientes términos:

El señor Próspero German Pinzón Espinel falleció el 18 de junio de 1993 según el
registro de defunción fechado 22 del mismo mes y año, estando en servicio activo
de la Universidad del Atlántico en un cargo directivo.

La señora Sandra Aguancha convivió con el causante durante 17 años de cuya
unión procrearon dos hijas Oriana Lucía quien nació el 25 de septiembre de 1980
y Roxana Violeta Pinzón nacida el 4 de noviembre de 1987; mientras que la
señora Martha Oliveros convivió 8 años con el docente fallecido, relación en la que
procrearon dos hijos Camilo Germán quien nació el 20 de abril de 1986 y Lucas
Vicente Pinzón Oliveros nacido el 2 de enero de 1993.

Las demandantes en representación de sus hijos reclamaron a la Universidad del
Atlántico, el reconocimiento de la sustitución pensional y el pago de la misma
como beneficiarios del docente fallecido, dada la acreditada convivencia que
mantuvieron y la dependencia económica que las dos familias tuvieron respecto
del pensionado. Destacaron que luego de efectuadas las respectivas
publicaciones no se presentaron otros beneficiarios a reclamar el beneficio
pensional.

Mediante Resolución N° 001440 de 31 de diciembre de 1996, la Universidad del
Atlántico y el Gerente de la Caja de Previsión Social de la misma, en virtud del
artículo 9° literal b) de la Convención Colectiva de Trabajo de 1976 suscrita entre
la institución académica y la Asociación Sindical de Profesores ASPU, le fue
reconocida la pensión de jubilación docente al señor Próspero Pinzón q.e.p.d. en
cuantía del 100%, que le fue sustituida por una parte y en cuantía del 50% a
Sandra Aguancha en representación de sus hijas Oriana Lucía y Roxana Violeta y,
por la otra, a Martha Oliveros también en un 50% en representación de sus hijos
Camilo Germán y Lucas Vicente Pinzón Oliveros.

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Demandantes: Sandra del Socorro Aguancha Alvear y Martha Cecilia Oliveros Torres
Demandado: Universidad del Atlántico

A través de la Resolución N° 000469 del 3 de abril de 2013, la rectora de la
Universidad del Atlántico dispuso el acrecimiento de la sustitución pensional, en
favor de Lucas Vicente Pinzón Oliveros en un 100% de la pensión de
sobreviviente representado por su madre Martha Cecilia Oliveros Torres.

El citado acto administrativo fue corregido por la propia institución académica.
mediante Resolución N° 000631 del 30 de abril de 2013, al considerar que en vista
de que Oriana Pinzón Aguancha de 32 años, Roxana Pinzón Aguancha de 25
años y, Camilo Pinzón Oliveros de 26 años en sus calidades de hijos y
beneficiaros de la pensión de Próspero Pinzón habían superado la edad de 25
años, les había fenecido sus condiciones de sustitutos pensionales, conforme el
artículo 47 de la Ley 100 de 1993. Este acto administrativo, acrecentó al 100% el
monto de la pensión de sustitución a favor de Lucas Vicente Pinzón Oliveros por
estar incapacitado para trabajar en razón de sus estudios.

Luego mediante Resolución N° 00075 de 14 de mayo de 2013 se modificó
parcialmente la Resolución N° 000631 del 30 de abril de 2013, en el sentido de
indicar que el acrecimiento del 100% de la pensión de sobreviviente de Lucas
Vicente Pinzón Oliveros, estaba representado por su madre Marha Oliveros
Torres.

El 21 de junio de 2016 Sandra Aguancha, Martha Oliveros y Lucas Vicente Pinzón
Oliveros, solicitaron a la Universidad del Atlántico reliquidara la sustitución
pensional del causante Próspero Germán Pinzón Espinel, con el objeto de que se
determinaran los siguientes beneficiarios y porcentajes: Sandra Aguancha con el
50%, Martha Oliveros 37.5% y Lucas Vicente 12.5% mientras este conservara la
condición de estudiante, reliquidación con efectos a partir de junio de 2013.

Mediante oficio del 18 de enero de 2017 el Departamento de Gestión de Talento
Humano de la Universidad del Atlántico (acto administrativo demandado), negó la
solicitud de reliquidación de la sustitución pensional deprecada, con fundamento
en el literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, desconociendo el Decreto
1160 de 1989 por cuanto el derecho a la pensión se causó el día 18 de junio de

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Demandantes: Sandra del Socorro Aguancha Alvear y Martha Cecilia Oliveros Torres
Demandado: Universidad del Atlántico

1993 cuando falleció el docente, fecha en la que no se había expedido la Ley que
reguló el sistema de Seguridad Social en Salud. Este acto acusado fue notificado
el 20 de enero de 2017.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como disposiciones legales vulneradas por el acto administrativo demandado, se
citan en la demanda las siguientes: los artículos 1°, 2°, 11, 12, 16, 46, 48, 49, 53 y
58 de la Constitución Política; los artículos 5°, 6° y 8° 13, 14, 16 y 17 del Decreto
1160 de 19893.

Afirmó el apoderado de las demandantes que, previa la Resolución que reconoció
la pensión de jubilación de Próspero Pinzo q.e.p.d., las demandantes le dirigieron
una comunicación al rector de la universidad demandada, en la que renunciaron a
los derechos que como compañeras permanentes les asistía sobre las
prestaciones del difunto profesor para transferirles dichos derechos a sus menores
hijos.

Señaló que Sandra Aguancha y Martha Oliveros, no podían renunciar a la
sustitución pensional de que eran beneficiarias de la pensión de jubilación del
causante ni hacerlo en favor de sus hijos, puesto que el artículo 6° numeral 1° del
Decreto 1160 de 1989 se los otorgó en forma vitalicia.

Adujo que la Resolución N° 001440 del 31 de diciembre de 1996 citó como
fundamento normativo, el artículo 9° literal b) de la Convención Colectiva de
Trabajo suscrita entre la Universidad del Atlántico y la Asociación Sindical de
Profesores ASPU de 1976 así como la Ley 71 de 1988, por cuanto el fallecimiento
del docente acaeció el 18 de junio de 1993 antes de la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, pero el parágrafo del artículo 151 ídem señaló que para los
servidores públicos departamentales dicha vigencia comenzó el 30 de junio de
1995.

Refirió que el Decreto 1160 de 1989 en el artículo 5° consagra que opera la

3 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 71 de 1988.

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Demandantes: Sandra del Socorro Aguancha Alvear y Martha Cecilia Oliveros Torres
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sustitución pensional, cuando fallece una persona pensionada o con derecho a
pensión de jubilación; el artículo 6° señala los beneficiarios de la prestación; el
artículo 8° establece el orden de distribución entre éstos, mientras que los
artículos 13, 14, 16 y 17 fijan la forma como se prueba la calidad de compañero
permanente, el estado civil y parentesco del beneficiario de la sustitución
pensional y la condición de estudiante.

El apoderado de las demandantes manifestó que el artículo 8° numeral 1° del
Decreto 1160 de 1989, señaló como forma de distribución de la sustitución
pensional, que a las compañeras permanentes les corresponde el 50% es decir la
mitad de la pensión de jubilación, por lo que en el sub judice, a cada una de las
accionantes ante la existencia de dos familias extramatrimoniales fruto de la
convivencia efectiva con el fallecido señor Pinzón Espinel, les asistía el derecho
irrenunciable y en forma vitalicia al 25% de la pensión de jubilación, que fue
desconocido en la Resolución 000469 del 3 de abril de 2013.

Refirió que es la convivencia material o efectiva al momento de la muerte del
pensionado, la que determina la legitimación para gozar de la sustitución
pensional por parte de las compañeras permanentes, por lo que, en el presente
caso, resulta incontrovertible que el señor Próspero Pinzón conformó dos familias
extramatrimoniales una, conformada por Sandra Aguancha y sus dos hijas Oriana
y Roxana y, la otra conformada por Martha Oliveros y sus dos hijos Camilo y
Lucas.

Manifestó que la existencia de las dos familias y la convivencia simultánea, fue
acreditada mediante las cuatro declaraciones juradas extra proceso acreditadas a
la Universidad del Atlántico, conforme al artículo 12 del Decreto 1160 de 1989.

Señaló que al extinguirse los derechos temporales de las hijas de Sandra
Aguancha por haber alcanzado la mayoría de edad, se ha debido acrecer su
pensión, igual situación se presentó con Martha Oliveros ante la mayoría de edad
alcanzada por su hijo Camilo Germán, dada la extinción de su derecho temporal.

En cuanto al acto administrativo demandado consignado en el oficio del 18 de

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enero de 2017 señaló que, al negar la solicitud de reliquidación de la sustitución
pensional, quebrantó entre otros los artículos 48 y 53 constitucionales y el Decreto
1160 de 1989, por lo que incurrió en las causales de nulidad de infracción de las
normas en que debía fundarse, falsa motivación y desviación de poder, al tiempo
que desconoció precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional y de esta
corporación.

Solicitó a título de restablecimiento del derecho, se ordenara el reconocimiento de
la sustitución pensional del causante Próspero Pinzón Espinel, con efectos
jurídicos a partir de la mesada de julio de 2013, teniendo en cuenta la prescripción
trienal que operó hasta junio de dicha anualidad, en favor de las compañeras
permanentes ahora demandantes así:

A Sandra del Socorro Aguancha Alvear en un 50% por ser titular del 25% y por
haber operado el acrecimiento a su favor del 12.5% de cada una de sus hijas
porque llegaron a la mayoría de edad, con efectos jurídicos a partir de julio de
2013.

A Martha Cecilia Oliveros Torres le corresponde el 37.5% por ser titular del 25%
en forma vitalicia y por haber operado el acrecimiento a su favor del 12.5% de su
hijo Camilo Germán Pinzón Oliveros, al haber alcanzado la mayoría de edad y el
restante 12.5% solicitó se acrecentara porque su otro hijo Lucas Vicente Pinzón
Oliveros, cumplió 25 años de edad el 2 de enero de 2018, acorde con el artículo 1°
de la Ley 1574 de 2012.

2. Contestación de la demanda

La Universidad del Atlántico al descorrer el traslado para contestar la demanda,
respecto de algunos hechos los compartió como ciertos, otros como parcialmente
ciertos y frente a otro dijo que debía probarse, mientras que se opuso a las
pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes razones de
inconformidad4:

4 Folios 85-96

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Las demandantes no presentaron solicitud para que se les reconociera como
beneficiarias de pensión de sobrevivientes en calidad de compañeras
permanentes del fallecido Próspero Pinzón Espinel, luego de que la universidad
hubiera publicado en diarios de alta circulación el fallecimiento del docente y, por
ende, haber convocado a todas aquellas personas que se creyeran con derecho a
la sustitución pensional.

Refirió que las señoras Sandra Aguancha y Martha Oliveros se presentaron en
calidad de representantes de sus menores hijos y así fueron tramitadas sus
solicitudes por el Fondo de Pensiones de la Universidad del Atlántico.

Señaló que mediante Resolución N° 001440 del 31 de diciembre de 1996, la
institución académica reconoció y pagó la pensión de jubilación docente en
cuantía del 100% a Próspero Pinzón Espinel fallecido el 18 de junio de 1993, al
tiempo que la sustituyó en las dos compañeras permanentes en cuantía del 50% a
cada una, en representación de sus hijos.

El apoderado de la universidad afirmó que, estando facultadas para proponer
recursos de reposición y apelación contra la Resolución N° 001440 las
demandantes no los interpusieron, con el fin de que su solicitud fuera estudiada y
atendida por el Fondo de Pensiones de la Universidad del Atlántico.

Por lo anterior, los beneficiarios de la pensión de jubilación del docente Pinzón
Espinel, fueron las personas que se encontraban en situación de dependencia
económica del fallecido, por tanto, es claro que todo beneficiario de la pensión es
también heredero del causante, pero los herederos no necesariamente son
beneficiarios de la pensión.

Cuestionó que no resulta admisible que transcurridos 20 años, se pretenda
cambiar la calidad en la cual se presentaron para la solicitud de sustitución
pensional, pues las accionantes no hicieron uso oportuno y adecuado de sus
medios de defensa, por lo que deberán someterse a las consecuencias de su
incuria.

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Respecto de la solicitud a favor del joven Lucas Vicente Pinzón Oliveros, indicó
que sus derechos como beneficiario de su padre, le fueron reconocidos a través
de la Resolución N° 001440 del 31 de diciembre de 1996 y posteriormente
mediante Resolución N° 000469 del 3 de abril de 2013, se le acrecentó a su favor
en un 100% la pensión de sobreviviente hasta el 2 de enero de 2018, fecha en que
cumplió los 25 años de edad, motivo por el cual solicitó fueran negadas las
pretensiones de la demanda.

Propuso el apoderado de la entidad académica demandada las siguientes
excepciones: i) caducidad de la acción al haber transcurrido más de cuatro
meses desde la fecha en que fue notificado y comunicado el oficio del 18 de enero
de 2017 objeto de nulidad y la fecha de interposición del medio de control de
legalidad; ii) inepta demanda toda vez que las accionantes demandaron el oficio
del 18 de enero de 2017, a través del cual se dio respuesta a su solicitud de
reliquidación pensional, por lo que mal podría entrarse a reliquidar un derecho que
no está reconocido en cabeza de las demandantes, dado que el fin último es que
les sea reconocida la sustitución pensional que ya le fue reconocida a sus hijos
mediante Resolución N° 01440 del 31 de diciembre de 1996 por lo que éste debió
ser el acto administrativo acusado; iii) prescripción de las mesadas pensionales
a que pudieran tener derecho porque ha transcurrido el término legal si se tiene
en cuenta la fecha de presentación de la demanda y la reclamación de las
mismas.

3. Audiencia Inicial

Ante el Despacho Ponente del Tribunal Administrativo del Atlántico, se llevó a
cabo el 26 de marzo de 2019 la audiencia del artículo 180 CPACA, a la que
asistieron los apoderados de las partes en conflicto y el delegado del Ministerio
Público5.

En cuanto a la excepción de prescripción indicó que su resolución se difería a la
expedición del fallo, dada su característica de atacar el derecho sustancial y no el
procedimental; respecto de la excepción de caducidad de la acción no la declaró

5 Folios 161-170 CD folio 160

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probada, toda vez que desde la notificación del acto acusado del 18 de enero de
2017 (no señala la fecha), no han transcurrido más de 4 meses contados desde la
presentación de la demanda (tampoco la citó), aunado a que no opera la
caducidad de los actos administrativos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente una prestación periódica, al poder ser demandados en cualquier
tiempo; en cuanto a la excepción de inepta demanda dispuso que tampoco se
configuró al no darse ninguno de los presupuestos para su configuración, por no
existir indebida acumulación de pretensiones ni tampoco la demanda adolece de
los requisitos formales, aunado al hecho de que no era necesario demandar el
acto administrativo que reconoció la pensión de sustitución pensional a los hijos de
las demandantes (Resolución N° 001440 del 31 de diciembre de 1996), sino que
bastaba con demandar el acto administrativo que les negó a las accionantes el
reconocimiento de la sustitución pensional en calidad de compañeras
permanentes.

En cuanto al problema jurídico estableció que se circunscribe a determinar, si las
demandantes tienen la calidad de beneficiarias del señor Próspero Pinzón, para
que la Universidad del Atlántico les reconozca una pensión de sustitución, además
deberá determinarse si hay lugar a reliquidar la pensión de sustitución que fue
reconocida a los hijos del finado a través de la Resolución N° 001440 del 31 de
diciembre de 1996.

4. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Atlántico mediante fallo del 8 de noviembre de 2019
adoptó la siguientes decisiones: i) declaró no probada la excepción de prescripción
propuesta por la Universidad del Atlántico; ii) declaró la nulidad del acto
administrativo contenido en el oficio de 18 de enero de 2017; iii) dispuso el
reconocimiento y pago a la señora Sandra Aguancha Alvear en calidad de
compañera permanente y sustituta de la pensión de jubilación del causante Pinzón
Espinel, en cuantía del 50% de la mesada pensional por ser titular del 25% en
forma vitalicia y por haber operado el acrecimiento a su favor del 12.5% de la
mesada de cada una de sus hijas, con efectos jurídicos a partir del 1° de julio de
2013; iv) dispuso el reconocimiento y pago a la señora Martha Oliveros Torres, en

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calidad de compañera permanente y sustituta de la pensión de jubilación del
causante Próspero Pinzón, en cuantía del 37.5% de la mesada pensional por ser
titular del 25% en forma vitalicia y, por haber operado a su favor el acrecimiento
del 12.5% de la mesada de su hijo Camilo Germán por haber alcanzado la
mayoría de edad, prestación que tendrá efectos desde el 1° de julio de 2013; v)
acrecentó en favor de Martha Oliveros el 12.5% de la mesada pensional de su hijo
Lucas Vicente, por haber cumplido los 25 años de edad el 2 de enero de 2018, por
lo que queda en un 50% de la mesada pensional del finado; vi) dispuso que las
anteriores sumas se debían reajustar con base en la fórmula del IPC. Se abstuvo
de condenar en costas a la demandada6.

Lo anterior, al haber encontrado acreditado que la Universidad del Atlántico en la
Resolución N° 001440 del 31 de diciembre de 1996, sólo reconoció el derecho a la
sustitución pensional por la muerte de Próspero Pinzón Espinel, a los hijos que
éste tuvo con las señoras Sandra Aguancha y Martha Oliveros, pero no otorgó
derecho alguno a las ahora demandantes.

Señaló que el Decreto 1160 de 1989 era la legislación aplicable por ser la vigente
a la fecha del fallecimiento del docente el 18 de junio de 1993, en el artículo 6°
numeral 1° señaló como beneficiario de la sustitución pensional, a la cónyuge
sobreviviente y a falta de ésta, a la compañera permanente del causante, por lo
que no era posible aplicar la Ley 100 de 1993, pues esta legislación no estaba
vigente para el 18 de junio de 1993 cuando falleció el docente.

También encontró probada la convivencia de la unión libre que sostuvo Sandra
Aguancha con el finado por espacio de 17 años hasta la fecha de su muerte, de
quien dependía económicamente según las declaraciones extra proceso rendidas
el 21 de julio de 1993 por las señoras María del Socorro Pagano Vigió y Lucía
Angulo de Fritz; así mismo se acreditó la convivencia y la dependencia económica
que tuvo con el mismo finado la señora Martha Oliveros durante 8 años, según las
declaraciones de Janeth Zambrano y Ana Cecilia Sabogal, acorde con el artículo
13 del Decreto 1160 de 1989.

6 Folios 151-168

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Según el Tribunal de primera instancia, respecto del escrito del 22 de noviembre
de 1996 dirigido por las demandantes con destino a la Caja de Previsión Social y a
la Universidad del Atlántico en el que manifestaron renunciar a sus derechos como
compañeras permanentes, consideró que no tiene la entidad de frustrar la
expectativa de las demandantes de adquirir la sustitución pensional solicitada, en
vista de que los derechos laborales y las prestaciones sociales son irrenunciables,
según el artículo 53 de la Carta Política y porque el artículo 48 ídem garantiza el
derecho irrenunciable a la seguridad social.

Por las anteriores razones, quedó desvirtuado el cuestionamiento de la
Universidad del Atlántico ya que el paso del tiempo no neutraliza el derecho
pensional que les asiste a las demandantes por el hecho de no haber sido
reclamado en su oportunidad, en vista de tratarse de derechos laborales, ciertos e
indiscutibles, frente a los cuales el ordenamiento constitucional impide renunciar.

En virtud de las anteriores consideración, accedió a la declaratoria de nulidad del
oficio del 18 de enero de 2017 y, otorgó el restablecimiento del derecho en los
términos en que ya fue indicado, al tiempo que declaró la improsperidad de la
excepción de prescripción propuesta por la Universidad del Atlántico, comoquiera
que en la demanda se precisó que el reconocimiento deprecado debía producir
efectos jurídicos a favor de las actoras a partir del mes de julio de 2013 en
adelante, toda vez que la solicitud de reliquidación de la sustitución pensional se
formuló el 21 de junio de 2016, y por tanto, sólo las acreencias causadas antes del
21 de junio de 2013 se encuentran afectadas por prescripción.

5. Fundamentos del recurso de apelación

La Universidad del Atlántico por conducto de apoderado judicial radicó memorial,
en el que reiteró los mismos argumentos esgrimidos en el escrito de contestación
de la demanda, mediante los cuales se opuso a la prosperidad de las pretensiones
de la demanda, al considerar que el acto administrativo demandado no perdió su
presunción de legalidad toda vez que: i) las demandantes no habían solicitado en
su oportunidad, se les reconociera la pensión de sobrevivientes en calidad de
compañeras permanentes del señor Próspero Pinzón Espinel; ii) no interpusieron

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los recursos legales contra la Resolución N° 001440 del 31 de diciembre de 1996;
iii) “no es admisible que luego de transcurridos 20 años pretendan cambiar la
calidad en la cual se presentaron para la solicitud de sustitución pensional…y en
tal sentido deberán someterse a las consecuencias de su incuria”; iv) mal puede re
liquidarse un derecho que no está reconocido en cabeza de las actoras, por lo que
la demanda resultaba inepta, pues el derecho perseguido ya había sido otorgado
en los términos de la Resolución N° 01441 de 1996 y, v) respecto de las mesadas
pensionales sí opera un término de prescripción7.

6. Alegatos de conclusión

Mediante auto de 28 de octubre de 2021 se corrió traslado a las partes para que
presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera
concepto8.

El 15 de febrero de 2022 el apoderado de la parte activa, envió memorial vía
correo electrónico allegado a la plataforma SAMAI9, en el que reiteró los
argumentos de la demanda al deprecar la nulidad del acto administrativo acusado
pues cada una de las compañeras permanentes del causante tienen derecho a la
sustitución pensional por tratarse de un derecho vitalicio, no susceptible de
renuncia alguna. En suma, procedía la reliquidación de la sustitución pensional,
atendiendo los artículos 5º, 6º, 8º, 12º a 16º del Decreto 1160 de 1989 y el aporte
jurisprudencial de esta Corporación y de la Corte Constitucional.

Por su parte, tanto el apoderado de la parte demandada como la Procuraduría
Segunda Delegada ante esta corporación, así como la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio, tal y como lo certificó la
constancia secretarial del 9 de marzo de 202210.

II. CONSIDERACIONES

7 Folios 247-251
8 Folio305
9 visible a índice 14
10 Folio 286

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Demandantes: Sandra del Socorro Aguancha Alvear y Martha Cecilia Oliveros Torres
Demandado: Universidad del Atlántico

1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo11, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Universidad
del Atlántico.

2. Problema jurídico

En los términos de la impugnación, deberá la Sala determinar si hay lugar a
revocar la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2019 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico que accedió a las súplicas de la demanda, al
considerar que las demandantes sí tienen derecho a ser reconocidas como
beneficiarias de la sustitución pensional del señor Próspero Germán Pinzón
Espinel q.e.p.d. quien fuera pensionado con jubilación docente, o si por el
contrario se ha de negar las súplicas de la demanda con el argumento de que en
su oportunidad ellas no solicitaron tal reconocimiento, por ende debían someterse
a las consecuencias de su incuria.

Bajo esta óptica la Sala desarrollará los siguientes aspectos: 2.1. Marco normativo
y jurisprudencial para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes; 2.2.
Marco legal y jurisprudencial del régimen pensional de los empleados públicos y la
competencia para fijarlo; 2.3. Resolución del caso concreto; 2.3.1. Cuestión previa;
2.3.2. Derecho a la sustitución pensional que le asiste a las demandantes a la luz
de los hechos acreditados y de la legislación vigente para la fecha del deceso del
pensionado según la Ley 71 de 1988 y el Decreto 1160 de 1989 y, 2.3.3. Del
restablecimiento del derecho.

2.1. Marco normativo y jurisprudencial para el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes

11 Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. Modificado por el art. 615, Ley 1564 de 2012. El Consejo

de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así
como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto
del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.

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Ha sido criterio jurisprudencial reiterado que la pensión de sobrevivientes fue
prevista para atender la contingencia derivada de la muerte de una persona, con el
objetivo principal de suplir la ausencia económica que daba el afiliado al grupo
familiar y de forma evitar un cambio sustancial en las condiciones de subsistencia
de las personas beneficiarias de la prestación.

La Corte Constitucional en diversas oportunidades se ha referido a la pensión de
sobrevivientes; en las que ha destacado que su creación tiene por objeto principal
proteger a la familia y los derechos fundamentales de quienes compartían de
manera cercana su vida con el causante, y que entran a soportar las cargas
económicas, ante la muerte del pensionado, de quien dependía el sustento
familiar. Dijo la Corte, en la sentencia T-701 de 22 de agosto de 2006:

“La Corte ya había advertido en reiteradas ocasiones que la pensión de
sobrevivientes tiene como finalidad evitar “que las personas allegadas al
trabajador y beneficiarias del producto de su actividad laboral queden por el
simple hecho de su fallecimiento en el desamparo o la desprotección” y, por
tanto, “busca impedir que, ocurrida la muerte de una persona, quienes
dependían de ella se vean obligados a soportar individualmente las cargas
materiales y espirituales de su fallecimiento.”.

Es así como el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de
seguridad social integral y se dictan otras disposiciones", previó los requisitos para
obtener la pensión de sobrevivientes, disposición normativa modificada por el
artículo 12 de la Ley 797 de 2003 “Por la cual se reforman algunas disposiciones
del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan
disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”.

Por su parte, el artículo 47 de la legislación general modificado por el artículo 13
de la Ley 797 de 2003, previó el orden de los beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes.

2.2. Marco legal y jurisprudencial del régimen pensional de los empleados
públicos y la competencia para fijarlo

La Constitución Nacional de 1886 en su artículo 62 numeral 1° contempló como

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facultad propia del Congreso de la República la reglamentación del régimen
prestacional de los servidores públicos:

“ARTICULO 62: La ley determinará los casos particulares de incompatibilidad de
funciones; los de responsabilidad de los funcionarios y modo de hacerla efectiva;
las calidades y antecedentes necesarios para el desempeño de ciertos empleos,
en los casos no previstos en la Constitución, las condiciones de ascenso y de
jubilación y la serie o clase de servicios civiles o militares que dan derecho a
pensión del Tesoro Público.

El Presidente de la República, Los Gobernadores, los Alcaldes y en general
todos los funcionarios que tengan facultad de nombrar y remover los empleados
administrativos, no podrán ejercerla sino dentro de las normas que expida el
Congreso, para establecer y regular las condiciones de acceso al servicio
público, de ascensos por mérito y antigüedad, y de jubilación, retiro o despido
(…)”.

Por su parte, el artículo 76 de la anterior Carta Política disponía:

“ARTÍCULO 76: Corresponde al Congreso hacer las leyes: por medio de ellas
ejerce las siguientes atribuciones:
1. Interpretar, reformar y derogar las leyes preexistentes;
(…)
10. Regular los otros aspectos del servicio público, tales como los contemplados
en los artículos 62, 132 y demás preceptos constitucionales (...)”.

El Congreso de la República quedó dotado de forma exclusiva de facultad para
regular aspectos relacionados, entre otras, con el acceso y retiro del servicio público
y la jubilación de los servidores estatales, teniendo competencia para expedir las
leyes reguladoras de la materia, a las que quedaban sujetos el Presidente de la
República, los Gobernadores y Alcaldes. En razón de dicha prerrogativa se dio paso
a la expedición sucesiva de leyes que en concreto regularon el asunto fijando de
forma específica las prestaciones de los funcionarios del Estado.

Dentro de este conjunto normativo se destacan la Ley 6 de 1945 que consagró el
régimen pensional para los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector
nacional, haciéndose extensiva a los empleados territoriales, y que fijó como edad
pensional 50 años. Posteriormente, se expidieron los Decretos 3135 de 1968 y
1848 de 1969 que además de dar una clasificación concreta a los servidores del
Estado, definieron las prestaciones sociales que a cada uno de ellos correspondía.
Luego surgió la Ley 4ª de 1976 concerniente a las pensiones de jubilación, invalidez,
vejez y sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus

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órdenes y en el sector privado. Posteriormente, se expidió la Ley 33 de 1985, que
definió las prestaciones para el sector público de todos los niveles, equiparando la
edad de la mujer con la del hombre en 55 años, a efectos de adquirir el derecho a la
pensión de jubilación y estableciendo su cuantía en 75% del salario promedio que
sirvió de base para los aportes durante el último año; esta norma en su artículo 1º
consagró un régimen de transición.

Posteriormente, la Constitución Política de 1991 otorgó al Gobierno Nacional la
facultad indelegable de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, pero siempre bajo criterios dados por el Congreso de la República. Indica la
norma:

“ARTÍCULO 150: Corresponde al Congreso hacer las leyes, por medio de ellas
ejerce las siguientes funciones:
(…)
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los
cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: (…)
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública
f) Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores
oficiales
g) Estas funciones en lo pertinente a prestaciones oficiales son indelegables en
las corporaciones públicas territoriales y estas no podrán arrogárselas (…)”.

Dicha competencia fue reiterada por el artículo 1º de La Ley 4ª de 1992, ley marco
que estableció las normas generales para determinar el régimen salarial y
prestacional de los servidores públicos.

En este sentido, la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos es una competencia que la Constitución y la ley reservó de manera
exclusiva al Gobierno Nacional, con observancia de los parámetros dados por el
Congreso de la República, en virtud de los cuales es claro que no es dable a otro
organismo arrogarse dicha facultad. Siendo así, resultan ilegales las normas de
carácter local, como ordenanzas, acuerdos municipales, resoluciones o acuerdos de
establecimientos públicos bien sean nacionales o del orden departamental, que
regulen la materia, y las convenciones colectivas en las que se consagren

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prerrogativas contra legem12.

Ya con anterioridad el Decreto Ley 80 de 1980, por el cual se organiza el sistema
de educación postsecundaria, había dispuesto en su artículo 130: “Quienes
actualmente están vinculados a las Instituciones Oficiales de educación superior y de
acuerdo con las disposiciones del presente decreto adquieren el carácter de empleados
públicos, no necesitarán ni nombramiento ni posesión. El cambio de la naturaleza jurídica
de la vinculación no implicará disminución o pérdida de la remuneración o de las
prestaciones sociales que hubieren alcanzado conforme a derecho con anterioridad a la
expedición de este decreto” (resaltado de la Sala).

Bajo el marco constitucional y legal, no resulta posible pactar la fijación de un
reglamento especial para el reconocimiento de las pensiones de jubilación y vejez de
los empleados públicos de las universidades, concediendo prerrogativas superiores
a las legales, puesto que estos derechos prestacionales sólo podían y pueden ser
regulados por el Congreso de la República como en efecto lo hizo a través de la
Leyes 6 de 1945, 4 de 1975 y 33 de 1985, entre otras.

No obstante, es preciso tener en cuenta que con posterioridad a la expedición de
la Carta Política de 1991 el legislador, considerando que en el nivel territorial
existían regímenes prestacionales contrarios a la Constitución y a la ley, avaló
dichas situaciones en materia pensional al expedir la Ley 100 de 1993, que previó
el siguiente supuesto normativo:

“Artículo 146. Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones
municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter
individual definidas con anterioridad a la presente ley, con base en
disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de
jubilación extralegales en favor de empleados o servidores públicos o
personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o sus
organismos descentralizados, continuarán vigentes.

También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones,
quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido [o
cumplan dentro de los dos años siguientes]13 los requisitos exigidos en dichas
normas.

12 En el mismo sentido se pronunció la Sala en sentencia del 23 de julio de 2009. Radicación
250002325000200403143 01 (1620-07). Actor: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. C.P. Gerardo
Arenas Monsalve.
13 Aparte declarado inexequible mediante sentencia C-410 de 1997. M.P. Hernando Herrera Vergara.

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Lo dispuesto en la presente ley no afecta ni modifica la situación de las
personas a que se refiere este artículo.

Las disposiciones de este artículo regirán desde la sanción de la presente ley".

Dentro de las razones que expuso la Corte Constitucional en la Sentencia C-410
de 1997 para declarar la exequibilidad parcial del artículo precedente está la
protección de los derechos adquiridos, al señalar:

“De esta manera, teniendo en cuenta la intangibilidad de los derechos
adquiridos de los pensionados por jubilación del orden territorial antes de la
expedición de la ley 100 de 1993, las situaciones jurídicas individuales
definidas con anterioridad, por disposiciones municipales y departamentales,
deben continuar vigentes.

Por lo tanto, se declarará la exequibilidad del inciso primero del artículo
acusado, así como del inciso segundo, en la parte que reconoce el derecho a
pensionarse con arreglo a las disposiciones municipales o departamentales en
materia de pensiones de jubilación extralegales, para quienes con anterioridad
a la vigencia de este artículo hayan cumplido los requisitos exigidos en dichas
normas. Ello con fundamento en la garantía de los derechos adquiridos,
reconocida por el artículo 58 superior, por tratarse de situaciones adquiridas
bajo la vigencia de una ley anterior al nuevo régimen de segundad social (ley
100 de 1993).

No sucede lo mismo con la expresión contenida en el citado inciso segundo
acusado, en virtud de la cual tendrán igualmente derecho a pensionarse con
fundamento en las disposiciones señaladas, quienes cumplan "dentro de los
dos años siguientes" los requisitos exigidos en dichos preceptos para
pensionarse. A juicio de la Corte, ello quebranta el ordenamiento superior, ya
que equipara una mera expectativa con un derecho adquirido. Ello impide que
los que están próximos a pensionarse -es decir, dentro de los dos años
siguientes a la entrada en vigencia de la ley- y que tan solo tienen una mera
expectativa de adquirir el derecho, puedan hacerse acreedores a los
beneficios propios de la ley 100 de 1993”. (subrayas fuera de texto)

La norma en comento guarda armonía con el artículo 11 ídem que dispone:

“El Sistema General de Pensiones consagrado en la presente ley, se aplicará
a todos los habitantes del territorio nacional, conservando y respetando,
adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y
beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas
anteriores (…) para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido
los requisitos para acceder a una Pensión o se encuentren pensionados por
jubilación (…)”.

Según el precedente transcrito, se puede llegar a concluir que se convalidan los
reconocimientos cuyo estatus pensional se haya consolidado con anterioridad a la

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entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el 30 de junio de 1995 según el
artículo 151.

Por su parte, esta Sección estableció su criterio jurisprudencial a partir de la
sentencia de Sala Plena de la Sección Segunda del 29 de septiembre de 2011 14, y
estimó que la convalidación de reconocimientos pensionales de orden territorial,
consolidados antes de la expedición de la Ley 100 de 1993 cobija por igual a los
actos administrativos unilaterales de los entes territoriales y a los actos
administrativos por medio de los cuales se da aplicación a convenciones
colectivas.

En efecto, según el texto del artículo 146 de la Ley 100 de 1993 la vigencia de las
“situaciones jurídicas de carácter individual” hace referencia a las que se basen en
“disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación
extralegales a favor de empleados o servidores públicos”, sin hacer distinción en torno
a la fuente jurídica de tales disposiciones de naturaleza territorial.

Así, se consideró en la sentencia en comento:

“La convención colectiva de trabajo en este caso surgió por la negociación
contractual y consensual celebrada entre el sindicato y los directivos de la
Universidad, quienes tenían autonomía administrativa y presupuestal, pero
que, como se precisó en consideraciones precedentes, no podían regular
salarios y prestaciones de sus empleados porque esto le correspondía al
legislador.

La naturaleza de la convención colectiva, en el caso de los empleados
públicos no puede definirse como un contrato, porque los primeros no pueden
gobernarse por esta clase de instrumentos; tampoco se puede definir como
de carácter normativo pues no tiene las formalidades propias de una
preceptiva, pero sí pueden estar encuadradas dentro de lo que la Ley
pretende aplicar como una “disposición”, máxime, cuando lo que buscó fue la
protección y progresividad de los derechos de los trabajadores; en otras
palabras, la Convención Colectiva, lleva inmersa la voluntad del empleador de
otorgar unos derechos a sus beneficiarios.15

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Consejero Ponente: Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila, sentencia

del 29 de septiembre de 2011, expediente con radicado 080012331000200502866 03 y número interno 2434-
2010.
15 La Corte Constitucional en sentencia C-009 del 20 de enero de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell, que

sostuvo: “En conclusión, aun cuando materialmente la convención es por sus efectos un acto regla, creador
del derecho objetivo, a semejanza de la ley, según lo admite la doctrina, no puede considerarse como
producto de la función legislativa del Estado, desde los puntos de vista orgánico, funcional y formal, en que
constitucionalmente aparecen estructurados y se manifiestan las funciones estatales.
Reafirma esta conclusión, la circunstancia de que el inciso final del art. 53 constitucional al establecer que, "la
ley, los contratos los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana

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Sin embargo, las convenciones colectivas están precedidas y son el resultado
de una actividad de una “negociación colectiva”, que contienen
reconocimientos o aprobaciones de la administración de derechos laborales y,
aunque son derechos “extralegales”, en este caso, por disposición del mismo
Congreso, se validan los reconocimientos efectuados, respecto de las
situaciones consolidadas, sin consideración a su irregularidad.”. 16

Con base en este criterio, que a su vez se asienta en la decisión de
constitucionalidad del artículo 146 de la Ley 100 de 1993 dispuesta en la sentencia
C- 410 de 1997 de la Corte Constitucional, se reconoce validez en los términos
estrictos del texto de la citada norma, a las disposiciones normativas territoriales
sobre reconocimientos pensionales, incluidas las originadas en convenciones
colectivas.

Por su parte, mediante la Ley 71 del 19 de diciembre de 1988 “Por la cual se
expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones” y el Decreto
1160 del 2 de junio de 1989 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 71 de
1988”, normatividad anterior a la Ley 100 de 1993, se establecieron los
presupuestos para la sustitución pensional tema que será analizado en el acápite
siguiente.

2.3. Resolución del caso concreto

2.3.1. Cuestión previa

Sea lo primero advertir que en el presente caso el asunto a resolver se contrae en
determinar si es procedente o no el reconocimiento del derecho a la sustitución
pensional deprecado por las demandantes, pero no se cuestionará el
reconocimiento de la pensión de jubilación docente del causante Próspero
Germán Pinzón Espinel y la consecuente sustitución que le fue reconocida a sus
cuatro hijos a través de la Resolución N° 001440 del 31 de diciembre de 1996,
comoquiera que este acto administrativo no fue objeto de demanda, por tanto, su
presunción de legalidad se mantiene vigente.

ni los derechos de los trabajadores", de manera expresa está reconociendo la distinción entre "ley"
propiamente dicha y "acuerdos y convenios de trabajo".
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, sentencia del 29 de

septiembre de 2011, expediente con radicado 080012331000200502866 03, número interno 2434-2010.

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De tal manera que la Sala no efectuará en estricto sentido una reliquidación de los
montos o cuantías de la pensión de jubilación del señor Próspero Pinzón, quien en
vida se desempeñó como docente de la Universidad del Atlántico, sino que se
pronunciará respecto de la declaratoria del derecho a la sustitución pensional
deprecada por las demandantes.

2.3.2. Derecho a la sustitución pensional que le asiste a las demandantes a la
luz de los hechos acreditados y de la legislación vigente para la fecha del
deceso del pensionado según la Ley 71 de 1988 y el Decreto 1160 de 1989.

Las señoras demandantes concurren en sede del medio de nulidad y
restablecimiento del derecho en procura de desvirtuar la presunción de legalidad
del oficio fechado 18 de enero de 2017 expedido por la dirección de Gestión de
Talento Humano de la Universidad del Atlántico, mediante el cual respondió la
solicitud de reliquidación de la sustitución pensional en su oportunidad dirigida por
las ahora demandantes, cuyo contenido literal es el siguiente17:

“En atención a su solicitud referenciada, en la que solicita se reconozca a
favor de sus poderdantes señora SANDRA DEL SOCORRO AGUANCHA
ALVEAR, MARTA CECILIA OLIVEROS TÓRRES Y LUCAS VICENTE
PINZÓN OLIVEROS, la reliquidación de la sustitución pensional del finado
PRÓSPERO GERMÁN PINZÓN ESPINEL, que fue objeto de reconocimiento
en la Resolución Rectoral Número 001440 de 31 de diciembre de 1996.

Nos permitimos informarle que una vez revisada la hoja de vida número 0633
que contiene los documentos del trámite de sustitución pensional del
causante señor PRÓSPERO GERMÁN PINZÓN ESPINEL, existe solicitud de
la señora SANDRA DEL SOCORRO AGUANCHA ALVEAR y la señora
MARTHA CECILIA OLIVEROS TÓRRES, radicada en esta institución bajo el
N° 009394 del 25/05/2011 a través de apoderado judicial Doctor JONATHAN
LUIS CARDOZO BARRIOS, en la cual solicita: “El reconocimiento y pago de
la sustitución pensional a favor de mis representantes, el cual se debe
conceder en un 50% en calidad de cónyuges sobrevivientes o compañeras
permanentes, divididos con el 25% para cada una de ellas, el 50% para los
hijos, ya que han cumplido con los requisitos para efectos como lo expresa la
norma. Este departamento mediante oficio número DGTH-0270/11 resolvió
dicha solicitud.

Con respecto a lo solicitado a favor del joven LUCAS VICENTE PINZÓN
OLIVEROS, me permito manifestarle que sus derechos como beneficiario del
señor PRÓSPERO GERMÁN PINZÓN ESPINEL, le fueron reconocidos a
través de la resolución rectoral N° 001440 de 31 de diciembre de 1996, y

17 Folios 47-48

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posteriormente mediante Resolución rectoral N° 000469 de 03 de abril de
2013 se le acrecentó a su favor en un 100% la pensión de sobrevivientes.

(…)
Por lo anterior no se accede a la reliquidación de la sustitución pensional
solicitada.”

Según el texto transcrito, la institución universitaria demandada les negó en el acto
administrativo acusado la reliquidación de la sustitución pensional que reclaman a
su favor en un 50%, dada su condición de compañeras permanentes del señor
Próspero Germán Pinzón Espinel q.e.p.d., por cuanto dicho derecho ya había sido
objeto de reconocimiento a través de la Resolución rectoral N° 001440 de 31 de
diciembre de 1996 y, porque mediante Resolución N° 000469 de 03 de abril de
2013 se le acrecentó en un 100% la pensión de sobrevivientes a uno de los hijos
del causante Lucas Vicente Pinzón Oliveros.

Por tanto, a juicio de la Sala, si bien es cierto el acto administrativo acusado negó
la solicitud de reliquidación de la pensión del causante Próspero Pinzón, lo cierto
es que el citado oficio del 18 de enero de 2017 acusado de nulidad, en el fondo lo
que decidió fue negarles a las ahora demandantes su reconocimiento como
sustitutas pensionales en calidad de compañeras permanentes del docente
fallecido, derecho que ahora reclaman en sede contenciosa judicial.

Revisados los antecedentes de la actuación administrativa objeto de
cuestionamiento, obra en la foliatura la Resolución Número 001440 de 31 de
diciembre de 1996 “Por el cual se reconoce una pensión de sustitución pensional”,
proferida por el Rector de la Universidad del Atlántico y el Gerente de la Caja de
Previsión Social, mediante la cual reconoció el derecho a la pensión de jubilación
a favor de Próspero Germán Pinzón Espinel q.e.p.d. en cuantía del 100%18.

Comoquiera que se trató de un acto administrativo de reconocimiento prestacional
expedido post mortem al acaecimiento del fallecimiento del señor Próspero Pinzón
ocurrido en la ciudad de Bogotá el día 18 de junio de 199319, dispuso la sustitución
pensional a nombre de Sandra Aguancha en representación de sus hijas Roxana
Violeta y Oriana Lucía Pinzón Oliveros, y Martha Cecilia Oliveros Torres en

18 Folios 50-51
19 Folio 58 Registro de Defunción indicativo serial 420601 del 22 de junio de 1993

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representación de sus hijos Camilo Germán y Lucas Vicente Pinzón Oliveros, del
derecho a la pensión de jubilación en cuantía de 50% para cada una, respecto del
último sueldo devengado por el docente.

Según se lee, la Resolución 001440 del 31 de diciembre de 1996, citó como
fundamento normativo para el reconocimiento pensional los parámetros de la ley
(no citó alguna en particular) y el artículo 9° literal b) de la Convención Colectiva
(1976), suscrita entre la Universidad del Atlántico y la Asociación Sindical de
Profesores ASPU.

Por su parte, en la Resolución Número 000469 del 3 de abril de 2013 “Por medio
de la cual se resuelve solicitud de acrecimiento de monto de sustitución pensional
del finado PRÓSPERO GERMÁN PINZÓN ESPINEL”, emitida por el Rector de la
Universidad del Atlántico dispuso acrecentar al 100% la pensión de sobreviviente
de Lucas Vicente Pinzón Oliveros, representado legalmente por su madre, la
señora Martha Cecilia Oliveros Torres, en calidad de hijo del finado a partir del 1°
de enero de 201320.

Es preciso acotar, que el citado acto administrativo fue objeto de corrección
mediante Resolución N° 000631 del 30 de abril de 201321 y de modificación a
través de Resolución N° 000705 del 14 de mayo de 201322, en todo caso estas
decisiones administrativas mantuvieron la decisión de acrecentar al 100% el
monto de la sustitución pensional a Lucas Pinzón incapacitado para trabajar en
razón de sus estudios, siendo representado por su progenitora Martha Cecilia
Oliveros Torres. Ninguno de los anteriores actos administrativos fue demandado.

Por tanto, acorde con el anterior devenir fáctico se tienen acreditados en el sub
judice los siguientes hechos irrefutables: el primero, que el señor Próspero
Germán Pinzón Espinel en vida prestó sus servicios docentes a la Universidad del
Atlántico por lo que le fue reconocida su pensión de vejez, asunto que no fue
cuestionado y por ello no puede ser motivo de pronunciamiento, por cuanto la
Resolución N° 001440 del 31 de diciembre de 1996 no fue objeto de demanda

20 Folios 53-54
21 Folios 55-56
22 Folio 57

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como ya se advirtió.

El segundo hecho acreditado, es que el pensionado q.e.p.d., no contrajo vínculo
matrimonial, sino que mantuvo dos relaciones sentimentales simultáneas, una con
la señora Sandra del Socorro Aguancha Alvear con quien procreó dos hijas Oriana
Lucía Pinzón Aguancha quien nació el 25 de septiembre de 198023 y Roxana
Violeta Pinzón Aguancha nacida el 4 de noviembre de 198724.

La otra relación afectiva que sostuvo el señor Próspero Pinzón fue con la señora
Martha Cecilia Oliveros Torres, con quien procreó a Camilo Germán quien nació el
20 de abril de 198625 y Lucas Vicente nacido el 2 de enero de 199326.

Ahora bien, retornando al devenir del acontecer fáctico de la actuación
administrativa adelantada previo el reconocimiento de la pensión de jubilación
docente mediante Resolución N° 001440 del 31 de diciembre de 1996, da cuenta
que las señoras Sandra Aguancha Alvear y Martha Oliveros Torres -actuando de
manera conjunta-, remitieron el día 22 de noviembre de 1996, una comunicación al
Gerente de la Caja de Previsión Social de la Universidad del Atlántico, en la que le
manifestaron lo siguiente27:

“Sandra Aguancha Alvear, mayor de edad identificada con c.c. N° xx de
Barranquilla. Martha Oliveros Torres, mayor de edad identificada con c.c. N°
xx de Cartagena, madres de los menores:

Oriana Lucía y Rosana Violeta Pinzón Aguancha, Camilo Germán y Lucas
Vicente Pinzón Oliveros, hijos del profesor PRÓSPERO GERMÁN PINZÓN
ESPINEL (fallecido); renunciamos a los derechos que como compañeras
permanentes tengamos sobre las prestaciones del extinto profesor y
solicitamos que esos derechos le san transferidos a sus menores hijos arriba
mencionados.” (subrayado fuera de texto)

De acuerdo con la anterior prueba queda en evidencia que para el año 1996 fecha
en que le fue reconocida la pensión de jubilación docente al señor Próspero
Germán Pinzón Espinel q.e.p.d. a las ahora demandantes en sus respectivas
calidades de compañeras permanentes del causante, también les asistía el

23 Folio 60 Registro Civil de Nacimiento indicativo serial T-19-F-90
24 Folio 61 certificación expedida por el Notario Primero del Círculo de Barranquilla el 23 de enero de 1996
25 Folio 62 Certificación expedida por el Notario Primero del Círculo de Barranquilla el 18 de agosto de 1993
26 Folio 63 Registro Civil de Nacimiento indicativo serial 19041119
27 Folio 59

25

No. Interno: 0270-2021
Demandantes: Sandra del Socorro Aguancha Alvear y Martha Cecilia Oliveros Torres
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derecho a la sustitución pensional en forma compartida con sus hijos sólo que
declinaron tal derecho para transferirlo a aquellos, en todo caso, actuando como
sus representantes legales.

Siendo así, evidencia la Sala que las accionantes lo que pretenden a través de la
presente demanda, es que se les reconozca y pague la sustitución pensional en
calidad de compañeras permanentes del causante, teniendo en cuenta que sus
hijos perdieron la condición de beneficiarios y sustitutos pensionales, derecho que
les asiste plenamente al tenor de uno de los principios consagrados en el artículo
48 de la Constitución Política como lo es el de la irrenunciabilidad a la seguridad
social integral y el del artículo 53 relativo a la irrenunciabilidad de los beneficios
mínimos establecidos en normas laborales, siendo uno de ellos sin duda alguna el
de la sustitución pensional.

Sobre el particular la Corte Constitucional en sentencia T-001 del 14 de enero de
2020 consideró28:

“El artículo 48 superior estableció que el derecho a la seguridad social es
irrenunciable indica que es imprescriptible. Recientemente, en la sentencia T-
321 de 2018, específicamente se reiteró que “las entidades administradoras
de pensiones no pueden negar las solicitudes de sustitución pensional o de
pensión sobrevivientes señalando que el peticionario formuló su reclamación
de manera tardía, pues ello desconoce abiertamente la naturaleza
imprescriptible e irrenunciable de los derechos pensionales”.

De tal manera que, atendiendo el anterior presupuesto constitucional y precedente
jurisprudencial, pierde solidez el argumento defensivo expuesto por el apoderado
de la Universidad del Atlántico al afirmar en la alzada, que las señoras Sandra
Aguancha y Martha Oliveros por el hecho de no haber solicitado dicho beneficio
pensional en el año 1996 lo habían perdido, menos aún le asiste la razón al
cuestionar que no era admisible que transcurridos 20 años pretendieran cambiar la
calidad en la que se presentaron y, que por ello debían someterse a las
consecuencias de su incuria.

Nada de ello acontece en el sub judice, pues se insiste, el derecho a la sustitución
pensional lo tienen per se, en tanto y en cuanto, la renuncia que hicieron al
28 M.P. Cristina Pardo Schlesinger

26

No. Interno: 0270-2021
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transferir las accionantes en favor de sus hijos no desdice del derecho que tenían
como tales a la sustitución pensional, de quien en vida fuera su compañero
sentimental.

De acuerdo con las anteriores probanzas, no cabe duda entonces que para la
fecha de expedición del acto administrativo demandado el 18 de enero de 2017,
en su orden los cuatro hijos reconocidos por el causante, contaban con las
siguientes edades: Oriana Lucía 36 años su hermana Roxana Violeta 30 años,
Camilo Germán 31 años y su hermano Lucas Vicente 24 años quien el 2 de enero
de 2018 cumplió los 25 años de edad.

Por otra parte, también resulta acreditado el hecho cierto que para fecha en que
las ahora demandantes reclamaron en forma conjunta ante esta jurisdicción la
sustitución pensional del causante Pinzón Espinel el día 25 de mayo de 201829,
sus descendientes habían superado el límite de la edad de los 25 años por lo que
les había fenecido a todos, su condición de sustitutos pensionales de su padre30.

Ahora bien, respecto de la legislación vigente para el reconocimiento del derecho
a la pensión de sobrevinientes, ha sido postura pacífica de esta Sección
considerar que es la que se encuentre en rigor al momento del fallecimiento del
causante, por tanto, para el presente caso como el deceso del señor Próspero
Pinzón ocurrió el 18 de junio de 1993, las normativas de la Ley de Seguridad
Social Integral no habían comenzado a regir dada la naturaleza de la Universidad
del Atlántico, que al tratarse de una entidad descentralizada del orden
departamental, los preceptos de la Ley 100 de 1993 comenzaron a regir a partir
del 30 de junio de 1995, por lo que no es aplicable al caso en estudio.

De allí que razón le asiste tanto al apoderado de las demandantes como al
Tribunal de primera instancia, al considerar que la sustitución pensional de las
accionantes está sometida a las exigencias normativas de la Ley 71 del 19 de
diciembre de 1988 “Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan
otras disposiciones” y del Decreto 1160 del 2 de junio 1989 “Por el cual se

29 Folio 1
30 A la luz del artículo 6° numeral 2° del Decreto 1160 de 1989

27

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reglamenta parcialmente la Ley 71 de 1988”.

Es así como la Ley 71 de 1988 prescribió:

“Artículo 3º. Extiéndense las previsiones sobre sustitución pensional de la Ley
33 de 1973, de la Ley 12 de 1975, de la Ley 44 de 1980 y de la Ley 113 de
1985 en forma vitalicia, al cónyuge supérstite o compañero o compañera
permanente, a los hijos menores o inválidos, a los padres o hermanos
inválidos que dependen económicamente del pensionado, en las condiciones
que a continuación se establecen:

1. El Cónyuge sobreviviente o compañero o compañera permanente, tendrá
derecho a recibir en concurrencia con los hijos menores o inválidos por
mitades la sustitución de la respectiva pensión con derecho a acrecer cuando
uno de los dos órdenes tenga extinguido su derecho. De igual manera
respecto de los hijos entre sí.

2. Si no hubiere cónyuge o compañero o compañera permanente, la
sustitución de la pensión corresponderá íntegramente a los hijos menores o
inválidos por partes iguales.

3. Si no hubiere cónyuge supérstite o compañero o compañera permanente,
ni hijos menores o inválidos, la sustitución de la pensión corresponderá a los
padres.

4. Si no hubiere cónyuge supérstite, compañero o compañera permanente, ni
hijos menores o inválidos, ni padres, la sustitución de la pensión
corresponderá a los hermanos inválidos que dependan económicamente del
causante.”

Por su parte, el Decreto Reglamentario 1160 de 1989 en el artículo 5° estableció
la definición de sustitución pensional en los siguientes términos:

“Artículo 5º.- Sustitución pensional. Hay sustitución pensional en los
siguientes casos:

a) Cuando fallece una persona pensionada o con derecho a pensión de
jubilación, invalidez o vejez;

b) Cuando fallece un trabajador particular o un empleado o trabajador del
sector público después de haber completado el tiempo de servicios requerido
por la ley, convenciones o pactos colectivos para adquirir el derecho a la
pensión de jubilación.”

Según las probanzas, la situación prevista en el literal b) del artículo 5° transcrito,
aplicaba para el caso del profesor pensionado Próspero Germán Pinzón Esquivel.

En cuanto a los beneficiarios de la sustitución pensional, el Decreto 1160 de 1989

28

No. Interno: 0270-2021
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estableció:

“Artículo 6º.- Beneficiarios de la sustitución pensional. Extiéndense las
previsiones sobre sustitución pensional:

1. En forma vitalicia al cónyuge sobreviviente y, a falta de éste, al compañero
o a la compañera permanente del causante.

Se entiende que falta el cónyuge:

a) Por muerte real o presunta;

b) Por nulidad del matrimonio civil o eclesiástico;

c) Por divorcio del matrimonio civil.

2. A los hijos menores de 18 años, inválidos de cualquier edad y estudiantes
de 18 años o más de edad, que dependan económicamente del causante,
mientras subsistan las condiciones de minoría de edad, invalidez o estudios.

3. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente o hijos con
derecho, en forma vitalicia a los padres legítimos, naturales o adoptantes del
causante, que dependan económicamente de éste.

4. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente hijos y padres
con derecho, a los hermanos inválidos que dependan económicamente del
causante hasta cuando cese la invalidez.

Parágrafo- Los órdenes de sustitución consagrados en el presente artículo, se
aplicarán a la pensión especial establecida en el artículo 1o. de la Ley 126 de
1985 en favor de los beneficiarios de los funcionarios o empleados de la
Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, conforme al artículo 4 de la Ley
71 de 1988.” (subrayado fuera de texto)

Traslapados los anteriores supuestos fácticos, en el sub lite se podían tener como
beneficiarias de la sustitución pensional, en forma vitalicia a las dos compañeras
permanentes, así como los hijos menores de 18 años y estudiantes de 18 años o
más de edad, que dependieran económicamente del causante, mientras
subsistían las condiciones de minoría de edad o de estudios.

Por su parte, el artículo 8° del analizado Decreto 1160 de 1989 señaló la
distribución entre beneficiarios de la sustitución pensional, llamando la atención en
los siguientes numerales:

“1. El 50% para el cónyuge sobreviviente o compañero o compañera
permanente del causante y el otro 50% para los hijos de éste, distribuido por
partes iguales.

29

No. Interno: 0270-2021
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2. A falta de hijos con derecho, se sustituirá la totalidad de la pensión, al
cónyuge sobreviviente o al compañero o compañera permanente del
causante.
(…)” (subrayado y negrita fuera de texto)

En vista de que, para la fecha del presente pronunciamiento judicial no existen
hijos con derecho a la pensión de jubilación docente del causante Próspero Pinzón
Espinel, ésta se sustituirá en su totalidad a las dos compañeras permanentes
ahora demandantes, por partes iguales en un 50% para cada una, tal y como así
se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

De suma ilustración y pertinencia para la resolución de la presente impugnación,
resulta el contenido de los siguientes preceptos normativos del Decreto 1160 de
1989 al prescribir:

“Artículo 12. Compañero permanente. Para efectos de la sustitución
pensional, se admitirá la calidad de compañero o compañera permanente y
haya hecho vida marital con el causante durante el año inmediatamente
anterior al fallecimiento de éste o en el lapso establecido en regímenes
especiales.
Parágrafo. El compañero o compañera permanente pierde el derecho a la
sustitución pensional que esté disfrutando cuando contraiga nupcias o haga
vida marital.

Artículo 13.- Prueba de la calidad de compañero permanente. Se acreditará
la calidad de compañero o compañera permanente, con la inscripción
efectuada por el causante en la respectiva entidad de previsión social o
patronal. Igualmente se podrá establecer con dos (2) declaraciones de
terceros rendidas ante cualquier autoridad política o judicial del lugar.”

De acuerdo con las normativas transcritas, en vigencia del Decreto 1160 de 1989
anterior a la entrada en vigencia de Ley 100 de 1993, se concebía como
compañero o compañera permanente quien hizo vida marital con el causante
durante un año inmediatamente anterior al fallecimiento, calidad que se acreditaba
con la inscripción que en vida hizo el causante a la entidad de previsión social o
patronal, o mediante dos declaraciones de terceros rendidas ante cualquiera
autoridad.

Esta misma Sala aportó el siguiente precedente jurisprudencial31:

31 Sentencia del 22 de abril de 2021 radicación número: 52001-23-33-000-2014-00405-01 (0675-19) M.P. Carmelo Perdomo Cuéter

30

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“Las disposiciones aplicables en materia de sustitución de la pensión
jubilación de los docentes afiliados al Fomag (…) son la Ley 71 de 1988 y el
Decreto 1160 de 1989, que prevén que para acceder a tal prestación el
interesado (compañero o compañera permanente) debe demostrar que hizo
«vida marital con el causante durante el año inmediatamente anterior al
fallecimiento de éste». (…)”

Pues bien, en el acopio probatorio se encuentran aportadas las siguientes pruebas
documentales, que acreditan la convivencia del señor Próspero Pinzón q.e.p.d.
con la señora Sandra del Socorro Aguancha Alvear:

Declaraciones juradas rendidas el día 21 de junio de 1993 (a escasos 3 días del
fallecimiento del señor Próspero Pinzón) por las señoras María del Socorro
Pagano Vigío y Lucía Angulo de Fritz ante el Notario Primero del Círculo de
Barranquilla, en la que afirmaron bajo la gravedad del juramento32:

“Nos consta que la señora SANDRA DEL SOCORRO AGUANCHA ALVEAR
identificada con la cédula de ciudadanía N° xx de Barranquilla, convivió en
unión libre durante 17 años, con el señor PRÓSPERO GERMÁN PINZÓN
ESPINEL, identificado con la cédula de ciudadanía N° xx de Tunja, hasta el
momento de su fallecimiento ocurrido en la ciudad de Santafé de Bogotá, el
día 18 de junio de 1993, y de cuya unión nacieron las menores, ORIANA
LUCÍA de 12 año de edad y ROXANA VIOLETA PINZÓN AGUANCHA de 5
años de edad, quienes dependían económicamente de él, hasta el momento
de su muerte”

Estas declaraciones coinciden con los extremos temporales de la relación afectiva
sostenida en vida por el señor Pinzón Espinel con Sandra Aguancha, pues al
haber convivido durante 17 años con el docente, esto es, durante el periodo
comprendido entre los años 1976 a 1993, fue en dicho interregno en el que
concibieron en 1980 a Oriana Lucía y en 1987 a Roxana Violeta.

Por su parte, respecto de la accionante Martha Cecilia Oliveros Torres, figura el
Acta de Declaración Juramentada N° 120593 del 14 de mayo de 1993 efectuada
por el propio causante antes de su fallecimiento, en la que consignó lo siguiente33:

“A SOLICITUD DE:
PRÓSPERO GERMÁN PINZÓN ESPINAL de 46 años de edad, de estado
civil SOLTERO, de profesión: DOCENTE domiciliado (a) residente en la
ciudad de: SANTAFE DE BOGOTÁ, en la dirección Cll 53 N° 9-59, con

32 Folio 64
33 Folio 66

31

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Demandado: Universidad del Atlántico

teléfono: 2356084, identificado con la cédula de ciudadanía N° xx de Tunja
Boyacá.

YO:
ANA CECILIA SABOGAL CASTRO de 33 años de edad de estado civil
SOLTERA profesión EMPLEADA domiciliada y residente en la ciudad de
SANTAFE DE BOGOTÁ, en la dirección Calle 42 N° 15-23 teléfono 2455908
identificado (a) con cédula de ciudadanía N° xx.

DECLARO:
PRIMERO: Que mis generales de ley son los anotados anteriormente.
SEGUNDO: Que me consta que vive en UNIÓN LIBRE desde hace 8 años
con la señora MARTHA CECILIA OLIVEROS TÓRRES con c.c. xx de
Cartagena, de cuya unión hay 2 hijos de nombres CAMILO GERMÁN y
LUCAS VICENTE PINZÓN OLIVEROS de 8 años y 4 meses
respectivamente.”

Una vez más como en el caso de la otra demandante, se acreditó la existencia de
la convivencia con anterioridad a un año del fallecimiento del causante, con su
propia declaración jurada a escasos días de su deceso que coincide con la de la
señora Ana Cecilia Sabogal Castro, por lo que los extremos temporales de la
relación afectiva con Martha Oliveros fueron entre los años 1985 y 1993 periodo
de más de 8 años en el que procrearon en 1986 a Camilo Germán y en 1993 a
Lucas Vicente, quien apenas tenía cuatro meses de vida al momento del deceso
de su progenitor.

Bajo las anteriores realidades fácticas, la Sala en atención a las reglas de la sana
crítica acorde con el artículo 176 del Código General del Proceso34, aprecia que en
el sub judice se está ante la existencia de dos hogares paralelos y simultáneos
que fueron mantenidos económicamente en vida por el docente pensionado,
según las anteriores declaraciones extra proceso que cumplen las exigencias del
artículo 13 del Decreto 1160 de 1989, toda vez que sirvieron sus dichos para
acreditar la calidad de compañeras del causante. Así mismo está más que
acreditada la exigencia de un año de convivencia exigida por el artículo 12 ídem.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala declarará en favor de
cada una de las demandantes su calidad de sustitutas de la pensión de jubilación
del causante Próspero Germán Pinzón Espinel, como compañeras permanentes
34 ARTÍCULO 176. APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas

de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.

El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.

32

No. Interno: 0270-2021
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Demandado: Universidad del Atlántico

por partes iguales en cuantía del 50%, al no existir derecho que reconocer a
ninguno de los hijos del causante, decisión ésta que tiene efectos jurídicos a partir
de la ejecutoria de la presente sentencia declaratoria de este derecho.

2.3.3. Del restablecimiento del derecho

Observa la Sala que, en la providencia de primera instancia, el Tribunal
Administrativo del Atlántico declaró la nulidad del acto administrativo acusado
oficio del 18 de enero de 2017, en cuanto no accedió a la solicitud de la
reliquidación de la sustitución pensional del finado Próspero Germán Pinzón
Espinel que fue solicitada por las demandantes el 21 de junio de 2016; al tiempo
que reconoció a Sandra Aguancha Alvear la calidad de sustituta de la pensión en
cuantía del 50% de la mesada pensional a partir del 1° de julio de 2013, mientras
que a Martha Cecilia Oliveros Torres le reconoció dicha condición en cuantía del
37.5% a partir del 1° de julio de 2013 y, el restante 12.5% de la mesada que
recibía su hijo Lucas Pinzón Oliveros para completar el 50%, a partir del 2 de
enero de 2018.

La Sala acoge la declaratoria de nulidad del acto administrativo demandado por
cuanto le negó a las accionantes el derecho a ser reconocidas como sustitutas
pensionales del causante decisión que según se analizó fue ilegal, sin embargo,
no se comparte la fecha a partir de la cual según el Tribunal Administrativo del
Atlántico surtió efectos jurídicos dicha declaratoria de nulidad.

Lo anterior, por cuanto si bien es cierto las demandantes solicitaron a la
Universidad del Atlántico el 21 de junio de 201635 tal reconocimiento, que dio
origen a la expedición del acto administrativo demandado expedido el 18 de enero
de 2017, no se puede perder de vista que mediante Resolución N° 000469 del 3
de abril de 2013 acrecentó al 100% la pensión de sobreviviente a Lucas Vicente
Pinzón Oliveros representado por su progenitora Martha Oliveros, a partir del 1° de
enero de 201336.

35 Folio 67
36 Folio 54

33

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Siendo ello así y comoquiera que Lucas Vicente Pinzón Oliveros cumplió el día 2
de enero de 2018 los 25 años de edad, se ha de colegir que, durante el periodo
comprendido entre enero de 2013 y enero de 2018, le fueron canceladas por la
Universidad del Atlántico en un 100% las mesadas pensionales del causante
Próspero Pinzón a uno de sus hijos.

De confirmarse la decisión de la primera instancia y reconocerse a las señoras
Sandra Aguancha y Martha Oliveros, la sustitución pensional con efectos
retroactivos de las mesadas pensionales del docente fallecido desde el 1° de julio
de 2013, se haría incurrir a la demandada en doble pago por el mismo concepto,
supuesto que transgrede el artículo 128 de la Carta Política37, dado que durante
dicho periodo devengó la mesada pensional en su integridad uno de los hijos del
causante. Además, se desconocería la voluntad de las propias accionantes
quienes en su momento cedieron sus derechos a sus hijos.

Así las cosas, no es compartido el análisis de la prescripción efectuado en la
sentencia impugnada según el cual “…en la demanda se precisa que las
pretensiones de reconocimiento de las mesadas pensionales impetradas deben
producir efecto jurídico a favor de las actoras a partir del mes de julio de 2013 en
adelante, teniendo en cuenta que la reliquidación de la sustitución pensional se
formuló el 21 de junio de 2016, y por tanto sólo las acreencias causadas antes del
21 de junio de 2013 se encuentran afectadas por prescripción (Art. 41 del Decreto
Ley 3135 de 1968)”.

Por tanto, la Sala confirmará parcialmente la sentencia proferida por la primera
instancia en el sentido de declarar el reconocimiento y pago de la sustitución de la
pensión de jubilación de Próspero Germán Pinzón Espinel q.e.p.d. a las señoras
Sandra Aguancha Alvear y Martha Oliveros Torres en su condición de compañeras
permanentes en un 50% a cada una, a partir del mes de enero de 2018, pues el
derecho que se reconoce a las demandantes surge a partir de la decisión
adoptada mediante esta providencia con efectos jurídicos retroactivos a partir de la
citada fecha.

37 Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro

público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados
por la ley.

34

No. Interno: 0270-2021
Demandantes: Sandra del Socorro Aguancha Alvear y Martha Cecilia Oliveros Torres
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Es pues con fundamento en las anteriores consideraciones, que la Sala confirmará
la sentencia de primera instancia, pero con la modificación anotada, tal y como así
se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En lo demás se mantiene
la decisión impugnada.

Sobre la condena en costas

Con la adopción del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011, el legislador abandonó el criterio subjetivo que
venía imperando en este tipo de asuntos para dar paso, según se advierte en el
artículo 188 ídem, a la valoración objetiva frente a la imposición, liquidación y
ejecución de las costas procesales.

En efecto, de la redacción del citado artículo se extraen los elementos que
determinan la imposición de la condena en costas, a saber: i) objetivo en cuanto a
que toda sentencia decidirá sobre las costas procesales, bien sea para condenar
total o parcialmente o, en su defecto, para abstenerse y ii) valorativo en el
entendido de que el juez debe verificar que las costas se causaron con el pago de
gastos ordinarios y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro
del proceso. Lo anterior en consonancia con lo dispuesto en el artículo 365 del
Código General del Proceso.

Como en el presente asunto, la parte accionada en el recurso de apelación no
solicitó la revocatoria de la condena en costas, por la potísima razón que no le
fueron impuestas por el Tribunal Administrativo del Atlántico, dicha decisión se
mantendrá incólume en sede de segunda instancia al no advertirse actos de mala
fe o temeridad en la actuación por parte de la Universidad del Atlántico.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección B administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

35

No. Interno: 0270-2021
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Primero. CONFIRMAR con modificación la sentencia del 8 de noviembre de
2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, la cual quedará así:

“DECLARAR a Sandra Aguancha y a Martha Olivares la calidad de
compañeras permanentes y sustitutas de la pensión de jubilación del
causante Próspero Germán Pinzón Espinel, en cuantía del 50% de la mesada
pensional para cada una, a partir de la decisión adoptada mediante esta
providencia con efectos jurídicos retroactivos a partir del mes de enero de
2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.”

Segundo. En lo demás se mantiene la decisión impugnada.

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia judicial.

Cuarto. - Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, para que
por su conducto y dentro de la mayor diligencia también, notifique a la demandada
Universidad del Atlántico, la presente decisión para el cumplimiento de esta
decisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS

(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

36

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