RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2022 › Radicado 08001-23-33-000-2019-00155-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00155-01

Fecha
10 de noviembre de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
9 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00155-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 3 de agosto de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que accedió a las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora Adela Medina Castro contra la Universidad del Atlántico. Segundo: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada y a favor de la demandante, las cuales serán liquidadas por el a quo. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI. 6 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]». 7 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […].» Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17 Radicado: 08001-23-33-000-2019-00155-01 (3424-2021) Demandante: Adela Medina Castro

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2019-00155-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

10 de noviembre de 2022

1

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00155-01 (3424-2021)
Demandante: Adela Medina Castro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00155-01 (3424-2021)
Demandante: ADELA MEDINA CASTRO
Demandada: UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

Temas: Reajuste del porcentaje de reconocimiento de sustitución
pensional a única beneficiaria reclamante. Principio
procesal de congruencia. Cohesión entre lo solicitado en
vía administrativa, lo deprecado a través de la demanda y
lo resuelto en la sentencia de primera instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-190-2022

ASUNTO

Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandada contra la sentencia proferida el 3 de agosto de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico que accedió a las pretensiones del libelo.

ANTECEDENTES

La señora Adela Medina Castro en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del
20111 formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones (Folios 4 a 5)

1. Declarar la nulidad de los actos administrativos descritos a continuación:

i) Parcialmente de la Resolución 001860 del 24 de noviembre de 2016 por
medio de la cual la Universidad del Atlántico reconoció y ordenó el pago de
una sustitución pensional a favor de la demandante, en un porcentaje del
50% de la prestación, ello por ostentar la calidad de cónyuge supérstite del
causante, el señor Rafael Francisco Suárez Mestre.

1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,

o CPACA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00155-01 (3424-2021)
Demandante: Adela Medina Castro

ii) Resolución 001820 del 2 de noviembre de 2017 con la que la entidad
demandada resolvió negativamente una solicitud de revocatoria directa
formulada contra el acto precitado.

iii) Oficio del 28 de septiembre de 2018 mediante el cual el referido ente
universitario denegó la petición de reliquidación pensional radicada por la
libelista.

2. Que como consecuencia de estas declaraciones y a título de
restablecimiento del derecho, se ordene a la demandada reliquidar y pagar
a favor de la señora Adela Medina Castro el 100% de la pensión reconocida
a su de cuius con base en todo lo devengado durante el último año anterior
a su fallecimiento.

3. Ordenar a la parte pasiva pagar de manera indexada las diferencias
causadas en virtud de dicho reajuste, con retroactividad desde el 18 de
octubre de 2015.

4. Dar cumplimiento al fallo conforme a las previsiones del artículo 192 del
CPACA.

Supuestos fácticos relevantes (Folios 1 a 4)

1. La Universidad del Atlántico profirió la Resolución 000319 de marzo de
1995 con la que reconoció a favor del señor Rafael Francisco Suárez
Mestre una pensión de jubilación por haber laborado como docente al
servicio de dicha institución educativa.

2. La señora Adela Medina Castro contrajo matrimonio con el señor Suárez
Mestre el 12 de noviembre de 1977 y convivió con aquel de forma continua
hasta el año 1985, cuando por problemas de salud mental de su esposo se
vio obligada a separarse de hecho de él, pues en varias oportunidades
puso en riesgo su vida. No obstante, el vínculo matrimonial no se disolvió
sino hasta la muerte del causante ocurrida el 18 de octubre de 2015.

3. La demandante en su condición de cónyuge supérstite presentó solicitud
de reconocimiento de sustitución pensional, no obstante, la entidad
demandada negó lo deprecado mediante la Resolución 001394 del 4 de
agosto de 2016, al aducir que la reclamante no demostró haber convivido
con el de cuius durante sus últimos 5 años de vida.

4. La libelista interpuso recurso de reposición contra dicha decisión, la cual
fue revocada por la mentada autoridad en virtud de la Resolución 001860
del 24 de noviembre de 2016, a través de la cual ordenó el pago a favor de
aquella de una sustitución pensional, pero calculada en un 50% de lo
devengado por el causante, a pesar de que este último nunca convivió con
otra persona a lo largo de su vida.

5. La parte activa formuló solicitud de revocatoria directa contra este acto
administrativo, empero se rechazó esta reclamación por medio de la
Resolución 1820 del 2 de noviembre de 2017 al indicar que la beneficiaria
ya había agotado la vía gubernativa al haber interpuesto recurso de
reposición contra la resolución de reconocimiento prestacional.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00155-01 (3424-2021)
Demandante: Adela Medina Castro

6. El 18 de agosto de 2018, la señora Medina Castro radicó petición ante la
Universidad del Atlántico con el fin de que fuera reliquidada su prerrogativa,
en orden de que esta fuera concedida con base en el 100% de lo percibido
en vida por su esposo. Sin embargo, la referida autoridad expidió Oficio del
28 de septiembre de 2018 en virtud del cual denegó lo instado al remitir su
pronunciamiento al plasmado en la Resolución 001820 del 2 de noviembre
de 2017, esto al considerar que se trataba de una solicitud reiterativa.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»2, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por los
sujetos procesales se convierten en una eficiente guía para el decreto de las
pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo
y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.

Fecha de la audiencia inicial: 6 de noviembre de 2019.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

No se emitió pronunciamiento al respecto dado que la entidad demandada no
formuló este tipo de medios de defensa. (Folio 87 y CD obrante a folio 1 bis
del plenario).

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«[…] De conformidad con lo planteado en los supuestos fácticos y lo pedido en las
pretensiones de la demanda, y en punto a que las partes conocen la numeración de
los hechos y su contenido, el trámite de la demanda y su resolución pasa por
establecer si los actos administrativos atacados se ajustan a derecho o incurren en
algunas de las causales de anulación que contempla la ley, de ser así se establecerá
si a la parte demandante le asiste el derecho a que la entidad demandada le reliquide
la prestación que viene percibiendo a título de sustitución pensional en un equivalente
del 100% de lo que devengaba en vida el causante señor Rafael Francisco Suárez
Mestre y de consecuencia pagar las diferencias causadas a su favor con
retroactividad y de ello determinar si las mesadas o diferencias en las mismas a que
tenga derecho se han visto afectadas por el fenómeno de la prescripción de forma
total o parcial, en caso negativo, se denegarán las súplicas de la demanda. […]»
(Folio 87 y CD que reposa a folio 1 bis del expediente).

2 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00155-01 (3424-2021)
Demandante: Adela Medina Castro

SENTENCIA APELADA
(Folios 111 a 126)

El a quo profirió sentencia escrita el 3 de agosto de 2020 por medio de la cual
accedió a las pretensiones de la demandante, ello con fundamento en las
siguientes consideraciones:

El tribunal inicialmente efectuó una precisión sobre los actos administrativos
que efectivamente podían considerarse susceptibles de control judicial. Al
respecto señaló que la Resolución 001860 del 24 de noviembre de 2016 es la
decisión que proyecta el derecho pensional en forma definitiva, aunque lo
declara parcialmente (en cuantía del 50% de la mesada), lo que suscita
precisamente debate en este escenario judicial, pues resuelve un recurso de
reposición contra la Resolución 001394 de 2016 y da por terminado el trámite
administrativo al no haber permitido la interposición de un recurso diferente.

Añadió que en atención a las regulaciones de los artículos 93 y subsiguientes
de la Ley 1437 de 2011, la administración decidió resolver de fondo la misma
solicitud, sin embargo, recordó que, en armonía con dicha regulación, este
pronunciamiento no es susceptible de control judicial, como tampoco lo son
las manifestaciones que definen solicitudes que se encaminen a cuestionar un
punto fáctico y jurídico ya decidido por la administración. En tal orden de ideas,
aseguró que no resulta procedente la viabilidad de la declaratoria de nulidad
de las Resoluciones 001820 del 2 de noviembre de 2017 que resuelve una
solicitud de revocatoria directa, ni el oficio de fecha 28 de septiembre de 2018
que rechaza la misma petición acerca de la sustitución pensional, pues ya se
había dado respuesta de fondo, situación que al mismo tiempo tampoco
renueva los términos de índole prescriptivo.

De otra parte, manifestó que al apreciar las pruebas conforme a las reglas de
la sana crítica y con fundamento en el principio de comunidad de la prueba,
esto es, en forma conjunta, se pudo verificar que la única persona que reclama
el derecho pensional del causante a título de sobrevivencia, es la señora Adela
Medina Castro, quien además fue reconocida por los hermanos del difunto
como la cónyuge, junto al registro de matrimonio, los cuales exponen que su
convivencia fue por al menos 8 años, aunque no hasta el final de la vida del
causante.

Sobre la legalidad de la Resolución 001860 del 2016 afirmó que el único reparo
argumentativo es la interpretación que expone la parte pasiva acerca de una
serie de sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral para no
declarar el 100% del objeto reclamado. Pese a esto, precisó que no se
comparte el alcance dado a las fundamentaciones de casación en que se
soporta la reducción del porcentaje del derecho periódico reconocido a la parte
demandante, pues al realizar una intelección sistemática del acto en mención,
en este no se exige para la cónyuge supérstite un requisito adicional y diferente
al mínimo de convivencia de 5 años. Indicó que por el contrario, el supuesto
en que eventualmente se puede reducir el porcentaje al derecho reclamado;
es precisamente la especial circunstancia en que el de cuius hubiera
mantenido una relación de convivencia con una compañera diferente a la
reclamante, que es esencialmente la vicisitud fáctica que intenta describir la
jurisprudencia de la alta corte en comento.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00155-01 (3424-2021)
Demandante: Adela Medina Castro

Aunado a lo anterior, planteó que conforme al expediente administrativo
aportado, no existe justificación alguna para reducir la cuantía de la pensión
de sobreviviente en los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, pues
reiteró que la libelista es la única beneficiaria que depreca el derecho, lo que
no hace posible aplicar las previsiones relativas al pago de la mesada en
proporción a los años de convivencia, pues esa regulación no acomete a la
situación fáctica puesta a consideración.

En punto al fenómeno prescriptivo acotó que una vez revisada la demanda y
su contestación, se advierte que ambas partes concuerdan en que la
reclamación primigenia del derecho debatido se hizo el 1.° de diciembre de
2015, por tanto, esta es la fecha que tendría en principio la virtualidad de
suspender el fenómeno temporal, hasta por 3 años adicionales, es decir, se
tenía hasta el 1.° de diciembre de 2018 para promover la demanda, sin
embargo, el medio de control fue interpuesto el 8 de marzo de 2019, lo que
denota que fue por fuera del término previsto para el efecto, de suerte que se
debe contar 3 años hacia atrás desde la presentación del libelo.

Por ello aseveró que en el presente caso se estructuró el referido fenómeno
frente a las mesadas causadas con anterioridad al 8 de marzo de 2016, es
decir, 3 anualidades hacia atrás desde la presentación de la demanda.

Acorde con estos razonamientos, el tribunal de primera instancia profirió
sentencia que se resume en su parte resolutiva así: i) declaró probada
parcialmente la excepción de prescripción; ii) declaró la nulidad de la
Resolución 001860 del 24 de noviembre de 2016 al haber denegado el 50%
restante del monto de la sustitución pensional; y iii) a título de restablecimiento
del derecho ordenó a la demandada reconocer y pagar de forma actualizada
y retroactiva a favor de la libelista en condición de cónyuge supérstite del
causante, el 100% de la pensión que percibía en vida este último, efectiva a
partir de la fecha de fallecimiento, pero con efectos fiscales desde el 8 de
marzo de 2016 por prescripción trienal.

RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 134 vuelto a 137)

La parte demandada formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada a fin de que se
nieguen las pretensiones de la parte activa.

Al respecto manifestó que lo pretendido por la demandante era el
reconocimiento del 100% de la pensión, pero a manera de reliquidación como
esta lo indica en el punto cuatro del acápite de declaraciones y condenas, lo
cual no era viable en la presente demanda, toda vez que la reclamante tenía
reconocida el 50% de la prestación y quedó en disputa el otro 50%, lo cual no
podía deprecarse en virtud de una reliquidación, sino bajo el postulado del
reconocimiento del otro 50% de la prerrogativa.

Aseguró que conforme a lo anterior, se infiere con claridad que lo ordenado
por el a quo no está acorde con lo instado en la demanda, lo cual configura
una incongruencia fáctica a voces de lo expuesto por la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil en sentencia SC-37242020 del 5 de octubre
de 2020 (11001310304020080076001), ello habida cuenta que lo resuelto en
la providencia recurrida no se acompasa con lo esgrimido en el libelo y en su
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00155-01 (3424-2021)
Demandante: Adela Medina Castro

contestación, puesto que el tribunal de primera instancia tuvo en cuenta una
situación diferente a las trazadas por las partes en el proceso, al punto de
desconocer lo pretendido por las partes del litigio.

Refirió que la parte activa solo ataca la reliquidación de la pensión, pero frente
a la Resolución 00820 del 2 de noviembre del año 2017, sin embargo no agotó
la actuación administrativa frente a la Resolución 001860 del 24 de noviembre
del año 2016 que fue la verificada en control judicial por el a quo, la cual por
tal razón no podía ser objeto de nulidad, dado que tal irregularidad debía
haberse enmendado dentro de su debida oportunidad, en el sentido de que
esto es un requisito previo para ejercer el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho conforme al artículo 164 del CPACA.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Parte demandante (índice 14 del registro en SAMAI): solicitó que se
confirme la sentencia apelada. Para ello expuso que mediante la Resolución
001860 del 24 de noviembre de 2016, la Universidad del Atlántico reconoció
una sustitución pensional a la libelista en cuantía del 50% de lo devengado por
el causante. Esgrimió que en razón de lo anterior, se equivoca la parte pasiva
cuando expresa que la reclamante debió solicitar el reconocimiento del 50%
de la pensión en disputa, y no la reliquidación para completar el 100% de la
prestación. Afirmó que como la demandante tenía el estatus de pensionada,
el procedimiento correcto era pedir el mentado reajuste con el fin de obtener
el pago completo de la pensión, y no el reconocimiento del porcentaje restante.
Consideró que por lo tanto es dable concluir que lo resuelto en la sentencia
apelada sí está acorde con lo pedido en la demanda.

Adicionalmente precisó frente al argumento de la falta de agotamiento de
actuación administrativa respecto a las Resoluciones 001860 del 24 de
noviembre de 2016 y 00820 del 2 de noviembre de 2016, que este no halla
sustento jurídico válido en la medida en que conforme a lo previsto en el
artículo 87 del CPACA, los actos administrativos quedarán en firme «cuando
contra ellos no proceda ningún recurso», lo cual sucede en el presente caso si
se revisa que las manifestaciones en mención no concedieron algún medio de
impugnación.

La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta
etapa procesal según constancia secretarial visible a folio 169 del plenario.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse únicamente sobre los argumentos expuestos en
la respectiva alzada, la cual en el presente caso solo presentó la parte
demandada.

Problema jurídico

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00155-01 (3424-2021)
Demandante: Adela Medina Castro

En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se
circunscribe a los argumentos de impugnación de la parte apelante, los cuales
se resumen en la siguiente pregunta:

¿Se transgredió el principio procesal de congruencia entre lo deprecado con
la demanda y lo resuelto en la sentencia de primera instancia, toda vez que la
libelista instó la reliquidación de la sustitución pensional que le había sido
otorgada mediante la Resolución 001860 del 24 de noviembre de 2016 en un
50% del monto de la prestación original, pero el a quo finalmente ordenó el
reconocimiento y pago del 100% de la prerrogativa, sin que supuestamente
se hubiese discutido lo propio en vía administrativa?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: no se vulneró el principio
procesal de congruencia entre lo instado con la demanda y lo determinado por
el a quo en la sentencia recurrida, pues se tuvo en cuenta tanto lo reclamado
en sede administrativa como las pretensiones y el sustento fáctico y jurídico
del caso, tal como fue planteado desde el inicio con el libelo y según se precisó
al momento de fijar el litigio, ello conforme a lo expuesto a continuación:

 Sobre el ámbito de competencia de decisión del juez en el presente
caso

En este punto es necesario recordar que la parte demandada esgrime como
único argumento de impugnación, el hecho de que el a quo se extralimitó en
su fallo al haber ordenado a la Universidad del Atlántico reconocer y pagar un
50% adicional del monto de la sustitución pensional a favor de la libelista, a
pesar de que esta no fue la petición ni la pretensión de la parte activa en el
presente litigio, ello en el entendido de que solo se reclamó la reliquidación de
la prerrogativa y no el otorgamiento de un porcentaje adicional, el cual tampoco
había sido objeto de discusión en vía administrativa.

Por lo expuesto, la Sala destaca que en esta instancia no es materia de
discusión ni constituirá elemento de análisis, el cumplimiento de requisitos
normativos para que la demandante accediera o no al 50% adicional del valor
total de la pensión de jubilación que percibía en vida su causante, la cual le
fue sustituida en razón de la muerte del primero, toda vez que la parte pasiva
en ningún momento ofrece un planteamiento de inconformidad u oposición
frente a la consideración del tribunal de origen, acerca del hecho de que no se
encontró razón ni prueba suficientes para concluir que la única beneficiaria
reclamante de la prestación, no podía consolidar su derecho en el 100% de la
cuantía inicialmente reconocida al pensionado.

Es decir, en el sub iudice solo habrá de estudiarse si en efecto el juez plural
de primera instancia desbordó su marco de decisión en virtud de facultades
extra o ultra petita que hubiesen vulnerado el principio procesal de la
congruencia, esto sin ningún pronunciamiento particular y de fondo sobre el
derecho prestacional en tensión, dado que la competencia del Consejo de
Estado en esta oportunidad fue limitada por el apelante único (parte
demandada), con base en sus exclusivos y precisos planteamientos de
impugnación, tal como lo prevé el artículo 328 del CGP.

Advertido lo anterior y una vez revisada la demanda que dio origen al presente
proceso, se encuentra que las pretensiones de la parte activa se
circunscribieron específicamente a lo siguiente (ver folios 4 a 5):
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00155-01 (3424-2021)
Demandante: Adela Medina Castro

«[…] DECLARACIONES Y CONDENAS

Con fundamento en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, así como de los hechos narrados, solicito a su señoría
las siguientes declaraciones y condenas.

PRIMERO: Que se declare la nulidad parcial de la resolución No. 001860 de
noviembre 24 de 2016, mediante la cual la Universidad del Atlántico reconoció a mi
poderdante una sustitución pensional en cuantía equivalente al cincuenta por ciento
(50%) de lo devengado por el causante.

SEGUNDO: Se declare la Nulidad total de la Resolución No. 001820 de Noviembre 2
de 2017, mediante la cual la Universidad del Atlántico resolvió negativamente una
solicitud de revocatoria directa contra la resolución No. 001860 de Noviembre 24 de
2016.

TERCERO: Que se declare la nulidad total del oficio de fecha 28 de septiembre de
2018, mediante el cual la Universidad del Atlántico negó la reliquidación de la
sustitución pensional.

CUARTO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de
Restablecimiento del Derecho, se condene a la Universidad del Atlántico a
reliquidar y pagar a mi representada, su sustitución pensional en cuantía
equivalente al cien por ciento (100%) de lo devengado por el causante al
momento de su fallecimiento.

QUINTO: Se condene a la Universidad del Atlántico a pagar las diferencias causadas,
con retroactividad, y los reajustes de ley, desde el 18 de Octubre de 2015.

SEXTO: Se ordene la indexación de las sumas adeudadas y el correspondiente.

SÉPTIMO: Que la condena cumpla los requisitos del Art. 192 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]». (Negrita de
la Subsección).

A partir del extracto transcrito, es totalmente visible la intención clara y puntual
de la parte demandante de obtener un reajuste en el cálculo de la sustitución
pensional que le había sido otorgada a través de la Resolución 001860 del 24
de noviembre de 2016, a fin de que el monto definitivo de la prestación sea
determinado en un 100% del valor de la pensión sustituida, y no el 50%
definido por la entidad demandada sin un sustento legal para la disminución
de dicha cuantía.

Si bien la Universidad del Atlántico aduce que es diferente deprecar una
reliquidación a un reconocimiento de un porcentaje adicional, lo cierto es que
tal argumento es solo de carácter semántico en punto a la definición de ambos
conceptos, pero en nada enerva el fin último, preciso y claro de la reclamante,
que no es otro que obtener el pago de la totalidad de la pensión que en vida
devengaba su causante al ser la única beneficiaria supérstite.

Es decir, desde una arista teleológica del pedimento bajo estudio, el hecho de
instar la reliquidación de la prerrogativa para que sea aumentada en un 50%,
técnicamente implica o conlleva de manera inherente, el reconocimiento de
esa misma proporción a fin de modificar el monto del derecho, lo cual es
completamente viable bajo la perspectiva de un reajuste como el solicitado,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00155-01 (3424-2021)
Demandante: Adela Medina Castro

sin tener que acudir a la intelección exegética de las palabras para desvirtuar
el sentido de las peticiones.

De hecho, al revisar el concepto de violación en el libelo (ver folios 5 a 10),
resulta palmario que el fundamento del medio de control impetrado por la
señora Medina Castro, siempre ha sido la falsa motivación en la que incurrió
el ente universitario demandado, al haber considerado que debía reducirse el
porcentaje de la prestación a sustituir, pese a que no se demostró la
intervención de ninguna otra persona como supuesta titular adicional del
derecho. Sobre el punto es de resaltar que en la demanda se indicó lo
siguiente:

«[…] Los actos administrativos demandados adolecen de falsa motivación por
error en la constatación de los hechos e interpretación equivocada de las
normas, que lo fundamentan. Basta revisar los documentos allegados por mí
representada, con el fin de obtener la sustitución pensional, para concluir que
ella en calidad de esposa, fue la única que reclamó la pensión. En ninguna
parte aparece probado que haya reclamo de tal derecho por parte de una
compañera u otra persona alegando la calidad de beneficiario. Por lo tanto,
la Universidad del Atlántico debió reconocer el 100% de la sustitución
pensional a mi poderdante, no el 50% como equivocadamente lo hizo.
[…]». (Negritas intencionales).

Precisamente, bajo este entendido fue fijado el litigio y formulado el problema
jurídico a resolver en primera instancia, tal como lo indicó el a quo en la
audiencia inicial (folio 87), así:

«[…] De conformidad con lo planteado en los supuestos fácticos y lo pedido en las
pretensiones de la demanda, y en punto a que las partes conocen la numeración de
los hechos y su contenido, el trámite de la demanda y su resolución pasa por
establecer si los actos administrativos atacados se ajustan a derecho o incurren en
algunas de las causales de anulación que contempla la ley, de ser así se establecerá
si a la parte demandante le asiste el derecho a que la entidad demandada le
reliquide la prestación que viene percibiendo a título de sustitución pensional
en un equivalente del 100% de lo que devengaba en vida el causante señor
Rafael Francisco Suarez Mestre y de consecuencia pagar las diferencias causadas
a su favor con retroactividad y de ello determinar si las mesadas o diferencias en las
mismas a que tenga derecho se han visto afectadas por el fenómeno de la
prescripción de forma total o parcial, en caso negativo, se denegaran las suplicas de
la demanda. […]» (Negrita fuera de texto).

Dicha fijación del litigio fue aceptada sin reparo por ambas partes,
particularmente por la actual apelante que no formuló oposición alguna a tal
delimitación del marco de competencia de decisión judicial. Por tal motivo, el
eje temático de discusión en cuanto a la condena a título de restablecimiento
del derecho, se limitó por la misma parte activa y por la propia entidad
recurrente, a lo expresamente deprecado en el libelo, que se concreta en el
reajuste de la sustitución pensional otorgada a la señora Adela Medina Castro,
en orden de que esta sea reconocida sobre el 100% del valor de la prestación
que disfrutaba en vida su causante, y no en el 50% sobre el cual se había
concedido inicialmente.

Ello se justifica en mayor medida al observar el iter administrativo llevado a
cabo con antelación al presente medio de control (ver Resolución 01394 del 4
de agosto de 2016 obrante de folios 19 a 21), pues se verifica que la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00155-01 (3424-2021)
Demandante: Adela Medina Castro

demandante acudió ante la Universidad del Atlántico el 22 de marzo y el 7 de
abril de 2016 para solicitar el reconocimiento y pago de una sustitución
pensional total a su favor respecto de la prestación que en vida devengaba su
causante y cónyuge, el señor Rafael Francisco Suárez Mestre, quien falleció
el 18 de octubre de 2015.

Sobre el punto se encuentra que con la Resolución 01394 del 4 de agosto de
2016, la parte pasiva negó lo deprecado al asegurar que la libelista no había
convivido con el de cuius durante sus últimos 5 años de vida. Por lo expuesto,
el 12 de agosto de 2016 la referida cónyuge supérstite interpuso recurso de
reposición contra el acto precitado, el cual fue resuelto mediante la Resolución
001860 del 24 de noviembre de 2016 (ver folios 22 a 26), ello en el sentido de
revocar la decisión primigenia y conceder el derecho pretendido, pero en
cuantía del 50% de la prerrogativa sustituida. Incluso, se destaca que en este
último pronunciamiento, claramente se indicó en el artículo sexto que en su
contra no procedía ningún recurso.

Por lo expuesto, el 13 de julio de 2017 la señora Medina Castro formuló
solicitud de revocatoria directa contra el acto precitado (folios 34 a 39), bajo el
entendido de que en su sentir, debía concederse el goce del 100% de la
sustitución pensional al no haber más reclamantes del derecho en cuestión.
Dicha petición fue rechazada conforme a la Resolución 001820 del 2 de
noviembre de 2017 (folios 27 a 30), de manera que con posterioridad, aquella
presentó reclamación el 18 de septiembre de 2018 (folios 15 a 17) con la que
instó la reliquidación del mentado derecho en el sentido de que fuera otorgado
en cuantía del monto total de la pensión percibida por el causante. Empero, el
aludido ente universitario denegó lo propio al manifestar que sobre el punto ya
se había dado respuesta negativa a través de la Resolución 001820 del 2 de
noviembre de 2017 (folio 12).

Como se aprecia de lo expuesto hasta este punto, en vía administrativa la
demandante sí planteó una clara inconformidad respecto de la decisión de la
Universidad del Atlántico de reconocer la sustitución pensional en un 50% del
valor de la mesada y no en el 100%, que posteriormente reclamó sin éxito a
través de una solicitud de revocatoria directa y otra de reliquidación. Debe
tenerse en cuenta que en el presente caso, la decisión en virtud de la cual se
configuró la situación jurídica debatida, fue la Resolución 001860 del 24 de
noviembre de 2016, la cual se emitió en respuesta a un recurso de reposición
contra la Resolución 01394 del 4 de agosto de 2016, por lo que evidentemente
se había configurado la ejecutoriedad de lo resuelto en el primer acto en
mención.

Lo referido ut supra implica que, efectivamente, tal como lo intentó la parte
activa en su momento, por tratarse de una prestación periódica, la única opción
que le restaba para que en vía administrativa se ajustara el monto de dicha
prerrogativa, era presentar una petición de reliquidación pensional tendiente a
aumentar el porcentaje en el que esta fue calculada.

Por tal motivo, es claro que la libelista realizó las reclamaciones pertinentes y
necesarias ante la administración, con el fin de que esta última en virtud del
principio de autotutela, lograra revisar su caso y de esta forma modificara el
valor de la pensión sustitutiva. Empero, lo cierto es que la autoridad
demandada solo se remitió a la decisión que en su momento rechazó la
solicitud de revocatoria directa, al punto de consolidar la situación de la señora
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00155-01 (3424-2021)
Demandante: Adela Medina Castro

Medina Castro en la forma en que aquella consideraba ilegal. Lo anterior
implica que, en efecto, la posibilidad que tenía la reclamante para que se
determinara el monto en que debía reconocerse su derecho, era acudir al
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para que en sede
judicial se revisaran las manifestaciones administrativas y se definiera cómo
habría de pagarse su prestación.

En tal sentido, se torna evidente que el ente universitario demandado no solo
conoció la petición que ahora se formula en clave de pretensiones, sino que
tuvo la oportunidad para pronunciarse al respecto bajo la órbita de su propia
competencia, de suerte que no encuentra respaldo el argumento de
impugnación de la parte recurrente cuando asegura que esta solicitud de
incremento en el porcentaje de reconocimiento de la sustitución pensional, no
había sido planteada en sede administrativa.

Incluso, la parte pasiva manifestó que tampoco se agotó el requisito de
procedibilidad del artículo 161 del CPACA relativo a la interposición de los
recursos que por ley son obligatorios. No obstante, es de resaltar como se
precisó anteriormente que, el acto administrativo que creó la situación jurídica
en litigio, fue la Resolución 001860 del 24 de noviembre de 2016, la cual es
producto per se de un recurso de reposición, lo cual significa que contra esta
no procedía ninguna impugnación adicional y en consecuencia se habilitó a la
señora Adela Medina para demandar su nulidad en vía judicial, tal como
aconteció en el asunto de marras. Es decir, no es cierto que se hubiese omitido
el cumplimiento de este requisito de procedibilidad, pues aquel no operaba
respecto de la decisión censurada en esta oportunidad.

Con todo, lo que se aprecia de este recuento es que en el sub examine sí
existió cohesión fáctica y jurídica entre lo reclamado ante la administración, lo
deprecado en la demanda y lo resuelto en primera instancia por el a quo.

 Del principio procesal de congruencia y las facultades de
decisión del juez para resolver el litigio

Acerca de este planteamiento se destaca que, en la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, no es viable para el juez asumir una interpretación
extensiva y favorable sobre los pedimentos del demandante cuando estos son
explícitos, pues al no existir duda en cuanto a lo instado, ir más allá implicaría
aceptar una postura que en principio se avizoraría vulneratoria del debido
proceso y el derecho de defensa, salvo que se configuren las excepciones
previstas normativamente para aplicar las facultades oficiosas ultra y extra
petita.

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que una de las bases adjetivas que
circunscriben las actuaciones judiciales ante la presente jurisdicción, es que el
proceso se desarrolla de manera general bajo la égida de la justicia rogada y
excepcionalmente de oficio cuando la misma ley lo permite o en situaciones
puntuales de abierta vulneración de garantías constitucionales que ameritan
una protección inmediata en razón de su prevalencia.

Lo anterior cobra sentido en tanto los medios de control previstos para verificar
la juridicidad de las diversas manifestaciones de la administración, deben
promoverse y desenvolverse bajo los criterios y presupuestos fácticos y
jurídicos que determine la parte afectada, sin que sea del caso fijar
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00155-01 (3424-2021)
Demandante: Adela Medina Castro

circunstancias más gravosas para el Estado, en tanto se presume ante todo la
buena fe y diligencia de sus decisiones en virtud del principio de legalidad.

Esto se traduce en que quien alega la vulneración de sus derechos por parte
de los agentes estatales y pretende el consecuente restablecimiento de estos,
en efecto debe instar lo propio con total precisión, claridad y completitud.

Estos planteamientos tienen un respaldo constitucional en virtud del principio
del debido proceso y el derivado derecho de defensa y contradicción, habida
cuenta de que no es dable sorprender a la parte demandada con decisiones
que afecten sus intereses cuando aquello no fue objeto de debate en la
definición propia del litigio ni ante su propia sede administrativa. Lo antedicho
se acompasa entonces con el principio procesal de la congruencia contenido
en el artículo 281 del CGP, que se predica como fundamento para que exista
coherencia entre lo pretendido con la demanda, lo discutido y probado en la
causa judicial y lo que debe resolver la autoridad judicial conforme a los límites
que tales extremos determinen. Al respecto la norma ejusdem prevé lo
siguiente:

«Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con
los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá
solamente lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado
por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley
permita considerarlo de oficio.

PARÁGRAFO 1o. En los asuntos de familia, el juez podrá fallar ultrapetita y
extrapetita, cuando sea necesario para brindarle protección adecuada a la
pareja, al niño, la niña o adolescente, a la persona con discapacidad mental o
de la tercera edad, y prevenir controversias futuras de la misma índole.

PARÁGRAFO 2o. En los procesos agrarios, los jueces aplicarán la ley
sustancial teniendo en cuenta que el objeto de este tipo de procesos es
conseguir la plena realización de la justicia en el campo en consonancia de los
fines y principios generales del derecho agrario, especialmente el relativo a la
protección del más débil en las relaciones de tenencia de tierra y producción
agraria.

En los procesos agrarios, cuando una de las partes goce del amparo de
pobreza, el juez de primera o de única instancia podrá, en su beneficio, decidir
sobre lo controvertido o probado aunque la demanda sea defectuosa, siempre
que esté relacionado con el objeto del litigio. Por consiguiente, está facultado
para reconocer u ordenar el pago de derechos e indemnizaciones extra o
ultrapetita, siempre que los hechos que los originan y sustenten estén
debidamente controvertidos y probados.

En la interpretación de las disposiciones jurídicas, el juez tendrá en cuenta que

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00155-01 (3424-2021)
Demandante: Adela Medina Castro

el derecho agrario tiene por finalidad tutelar los derechos de los campesinos,
de los resguardos o parcialidades indígenas y de los miembros e integrantes
de comunidades civiles indígenas.»

Ahora, precisamente como se observa ut supra, la excepción a la regla en
comento se contempla legalmente, pues se han previsto las facultades ultra y
extra petita, las cuales implican que el juez podría fallar más allá o por fuera
de lo deprecado respectivamente. Tales potestades tienen sentido en asuntos
concretos y determinados como se enuncian en dicha norma, no obstante, en
materia laboral el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social también consagra aquella posibilidad pues indica lo siguiente:

«ARTICULO 50. EXTRA Y ULTRA PETITA. El Juez podrá ordenar el pago de
salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, cuando los
hechos que los originen hayan sido discutidos en el proceso y estén
debidamente probados, o condenar al pago de sumas mayores que las
demandadas por el mismo concepto, cuando aparezca que éstas son inferiores
a las que corresponden al trabajador, de conformidad con la ley, y siempre que
no hayan sido pagadas.»

Puntualmente para casos en los que se han evidenciado sentencias con
decisiones por fuera de lo pretendido, esta Subsección ha fijado una posición
restrictiva sobre su uso, en orden de garantizar el principio de congruencia
como fundamento esencial de protección del debido proceso en el contexto de
esta jurisdicción. Frente a este punto en sentencia del 7 de octubre de 20193
se precisó que:

«Le asiste razón a la entidad demandada al afirmar que el fallo de primera
instancia es incongruente porque (i) lo solicitado en vía gubernativa (ii) las
pretensiones de la demanda (iii) los argumentos del concepto de violación y (iv)
la defensa de la entidad demandada, no corresponden con lo que se decidió,
esto es, el reconocimiento y pago de horas extras En otros términos, nos
encontramos ante la presencia de una sentencia extra petita, que si bien en
materia laboral es procedente, dado que el juez puede pronunciarse sobre el
pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, con
fundamento en el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo; lo cierto, es que
el ejercicio de dicha facultad procede siempre y cuando los hechos que los
originen hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente probados,
circunstancia que no ocurrió en el sub judice, como se evidenció. En conclusión
y toda vez que en la providencia apelada se concedió un derecho que no fue
reclamado en la vía judicial, la Sala de Subsección está de acuerdo en afirmar
que vulneró los derechos al debido proceso, audiencia y defensa de la E.S.E.
Hospital Universitario San Jorge de Pereira.»

Del mismo modo, en providencia del 30 de mayo de 20194 se manifestó sobre
el particular lo que se transcribe a continuación:

«Se evidencia que el Tribunal accionado, al confirmar la sentencia de primera
instancia, se pronunció sobre un aspecto que no fue solicitado por el
demandante y con ello hizo más gravosa su situación y transgredió el principio
de congruencia al fallar de forma extra petita. Efectivamente, la corporación
judicial decidió estudiar la forma en que debía fijarse la prima de antigüedad y

3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia

del 7 de octubre de 2019. Radicado: 66001-23-31-000-2012-00065-01 (3706-14).
4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia

del 30 de mayo de 2019. Radicado: 11001-03-15-000-2019-01946-00 (AC).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00155-01 (3424-2021)
Demandante: Adela Medina Castro

llegó a la conclusión de que la misma no debía concretarse sobre un 38.5 %
del 100 % de la asignación básica, sino sobre el 38.5% del 58.5 % de aquella.
Sobre el particular, se recuerda que el artículo 281 del Código General del
Proceso, aplicable al presente asunto por remisión expresa del artículo 306 de
la Ley 1437 de 2011, dispuso que las sentencias deben ser consonantes con
los hechos y pretensiones de la demanda, con las demás oportunidades
previstas en el Código y con las excepciones probadas. Así mismo, señaló que
el demandado no puede condenarse por objeto distinto al pretendido en la
demanda ni por una causa distinta. En esa línea de pensamiento, se precisa
que las sentencias judiciales deben ser congruentes con lo solicitado y
discutido en el proceso, lo cual constituye una garantía del debido proceso y
del derecho de defensa. Sin embargo, en el caso bajo estudio el Tribunal
Administrativo de Casanare transgredió este principio al ir más allá de lo
solicitado en la demanda. Ciertamente, la labor de la corporación judicial se
limitaba a examinar si el [actor] demostró la ilegalidad del acto administrativo
demandado, pero no podía hacer más gravosa su situación y afectar los
porcentajes que ya le había reconocido la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares.»

Como se observa a partir de los extractos jurisprudenciales transcritos, no es
dable proferir decisiones respecto de asuntos no discutidos en vía
administrativa y mucho menos cuando tampoco fueron planteados en la
demanda al punto de haberse incluido en el litigio con opción de
pronunciamiento por parte de la demandada.

Ahora, en el presente caso, tal como se adujo con anterioridad, la demandante
en todo momento dejó claro que su pretensión reliquidatoria era tendiente a
aumentar el porcentaje de reconocimiento de la sustitución pensional de un
50%, como se determinó mediante el acto demandado, a un 100% del valor
de la pensión otorgada en vida a su causante, dado que no se presentó
ninguna persona que acreditara igual o mejor derecho sobre la prestación.

Es decir, el litigio fue fijado en debida forma, tanto así que la parte demandada
no se opuso a este, por lo que el tribunal de origen analizó los extremos de la
controversia con fundamento en un contexto fáctico y jurídico que se ajusta
perfectamente a lo instado por la señora Adela Medina Castro. Por lo tanto, no
puede asegurarse en este punto que la Universidad del Atlántico hubiese sido
sorprendida con otras peticiones o argumentos no expuestos en su momento
ante esta misma, así como tampoco es viable asegurar que el a quo se
extralimitó con pronunciamientos ultra o extra petita, toda vez que a lo largo
de la sentencia recurrida, se aprecia que el análisis judicial se contrajo a los
hechos, las pretensiones, lo probado en la actuación y los argumentos que
circunscribían la definición de casos como el de marras.

Es más, sin que en esta oportunidad sea del caso adentrarse al fondo del
asunto en virtud de la competencia limitada del ad quem, la Subsección
observa que en primera instancia se verificó todo el acervo probatorio y se
confrontó con las premisas factuales y jurídicas aplicables en materia de
reconocimiento de una sustitución pensional, específicamente en lo relativo a
la falta de reclamación de algún otro beneficiario de la pensión del señor, la
condición de cónyuge supérstite del de cuius, y la separación de hecho entre
ambos esposos por el riesgo en la vida que corría la demandante.

Pues bien, pese a que tales aspectos pueden generar un análisis detenido
sobre el reconocimiento de la prestación, aquellos no eran puntos de debate

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00155-01 (3424-2021)
Demandante: Adela Medina Castro

en este proceso, en la medida en que el derecho ya había sido otorgado en
sede administrativa, y en todo caso, tampoco eran elementos que legalmente
estuvieran previstos para disminuir el monto de la prerrogativa como lo
determinó en su momento el ente universitario demandado, situación que sí
constituía el objeto de litigio, y que se reitera, fue abordado con congruencia
por parte del tribunal de primera instancia.

En conclusión: no se transgredió el principio procesal de congruencia entre
lo deprecado con la demanda y lo resuelto en la sentencia de primera
instancia, toda vez que el a quo tuvo en cuenta tanto lo reclamado y
estructurado como situación jurídica de la libelista en sede administrativa, al
igual que las pretensiones y el sustento fáctico y jurídico del caso planteado
desde el inicio con el libelo, tanto así que lo propio fue definido al momento de
fijar el litigio, sin que se haya observado oposición o reparo por el ente
universitario demandado.

Es decir, la parte pasiva no solo conoció en virtud de su competencia que la
reclamación de la demandante era un ajuste tendiente a obtener el
reconocimiento del 100% de la pensión que en vida percibía su causante, sino
que también era consciente de ello en vía judicial, al punto de que no es dable
alegar una vulneración del principio de congruencia o posibles transgresiones
al derecho al debido proceso o de defensa, habida cuenta de que el litigio
siempre giró en torno al referido pedimento, tal como lo verificó el tribunal de
primera instancia en su demanda en lo atinente al análisis jurídico y probatorio
del caso, sin que sobre tal eje temático se haya planteado algún argumento
de impugnación en el recurso de apelación formulado por la Universidad del
Atlántico.

Decisión de segunda instancia

Según lo expuesto, se impone confirmar la sentencia impugnada proferida por
el Tribunal Administrativo del Atlántico el 3 de agosto de 2020 que accedió a
las pretensiones de la libelista, ello habida cuenta de que no prosperan los
argumentos del recurso de apelación formulado por la parte demandada.

De la condena en costas de segunda instancia

Esta subsección en providencia de 7 de abril de 20165, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo para la
imposición de tal carga impositiva, ello bajo los siguientes fundamentos:

a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente

5 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del

Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00155-01 (3424-2021)
Demandante: Adela Medina Castro

realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP6, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público7.

Bajo este hilo argumentativo, se condenará en costas de la presente instancia
a la entidad demandada y a favor de la libelista, ello en la medida que conforme
el numeral 3.º del artículo 365 del CGP, la primera resultó vencida al
confirmarse la sentencia recurrida que accedió a las pretensiones de la parte
activa, y además, esta última intervino en la presente oportunidad al presentar
escrito de alegatos de conclusión visible en el índice 14 del registro en SAMAI,
tal como se indica en la constancia secretarial que reposa a folio 169 del
plenario.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 3 de agosto de 2020 proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico que accedió a las pretensiones de la
demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovió la señora Adela Medina Castro contra
la Universidad del Atlántico.

Segundo: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada y
a favor de la demandante, las cuales serán liquidadas por el a quo.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.
6 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
7 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00155-01 (3424-2021)
Demandante: Adela Medina Castro

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.