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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2018-04339-00

Recurso extraordinario de revisión: características

Fecha
24 de abril de 2019
Consejero ponente
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2018-04339-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLÁRASE FUNDADO el impedimento manifestado por el Consejero Roberto Augusto Serrato Valdés y, en consecuencia, SEPÁRESELE del conocimiento del presente asunto, sin que sea necesario designar conjuez, en atención a que no se afecta la mayoría decisoria. SEGUNDO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra la presente providencia no procede recurso alguno, de conformidad con el artículo 131 del CPACA. TERCERO: DECLÁRASE INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor LELIO MORALES PEÑA, dentro del proceso de pérdida de investidura radicado con el No. 68001-23-33-000-2017-01224-01. CUARTO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente de pérdida de investidura No. 68001-23-33-000-2017-01224-01 al Tribunal Administrativo de Santander. Luego archívese el de la referencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2018-04339-00

Consejero ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

24 de abril de 2019

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Características / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Procedencia / DEMANDA DE REVISIÓN – Requisitos

De acuerdo con lo normado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, consiste en un medio de impugnación excepcional que permite afectar las sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo revestidas por la intangibilidad de la cosa juzgada, cuandoquiera que se acredite de manera inequívoca la configuración de alguna de las causales que taxativamente señaladas en el artículo 250 de la mencionada codificación (…) En tal sentido, son pasibles del recurso “(i) las dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; (ii) las dictadas en única, primera o segunda instancia por los Tribunales Administrativos y (iii) las dictadas en primera o segunda instancia por los Jueces Administrativos, cuya naturaleza permita la interposición de tal recurso”. Para su formulación deben atenderse los requisitos de las demandas ordinarias indicados en el artículo 252 del CPACA. Especialmente, el recurrente deberá señalar con precisión y justificar la causal o las causales del artículo 250 ibídem en que se funda el recurso y aportar las pruebas necesarias

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 248 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 250 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 250

HABERSE DICTADO SENTENCIA CON FUNDAMENTO EN DOCUMENTOS FALSOS – Como causal de revisión / CAUSAL DE REVISIÓN INVOCADA – No implica reabrir debate probatorio

[S]e debe aclarar que “esta causal que exige la demostración de la falsedad o adulteración, en la cual se basó la sentencia, no debe entenderse como una oportunidad para reabrir un debate propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria, ni verificar la autenticidad de las pruebas”. La valoración de los medios de prueba que se acusan de tal falencia, dentro del ámbito de la revisión extraordinaria que convoca a la Sala, no se encuentra sujeta a la calificación previa de un juez penal, pero, en contraste, el examen del juzgador contencioso debe extremar el rigor con el que se aprecian los documentos cuya falsedad o adulteración se reputa

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 250

NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA QUE PUSO FIN AL PROCESO – Ingredientes normativos

puede decirse, entonces, que la causal comprende, como ingredientes normativos: (i) que se intente contra una sentencia respecto de la cual no proceda recurso de apelación, (ii) que exista una nulidad procesal o constitucional y (iii) que esta tenga nacimiento en la sentencia que puso fin al proceso, o en su defecto que la parte afectada, bajo motivo invencible, no hubiera podido alegarla (…) Nótese cómo las causales de nulidad originadas en la sentencia, que habilitarían la interposición del recurso extraordinario de revisión están enmarcadas en dos categorías: las irregularidades originadas en vicios que constituyen causal de nulidad del proceso y solo pudieron ser advertidos en la sentencia y, las relativas a los vicios que contiene la sentencia

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 250

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA CUARTA ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Bogotá D.C., dos (2) de abril de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03162-00(REV)

Actor: EDWIN ACERO CASTILLO

Demandado: LELIO MORALES PEÑA

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Temas: Violación del régimen de inhabilidades por parte de concejal. Causales 2º y 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA

Procede la Sala a resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 24 de mayo de 2018, proferida en segunda instancia por la Sección Primera del Consejo de Estado, dentro del proceso de pérdida de investidura radicado con el No. 68001-23-33-000-2017-01224-01.

I. ANTECEDENTES

1.1. DEMANDA DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 143 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), el señor EDWIN ACERO CASTILLO, mediante demanda radicada el 3 de septiembre de 2017 bajo el No. 68001-23-33-000-2017-01224-01, solicitó el levantamiento de la investidura de concejal de Lebrija ostentada por el ciudadano LELIO MORALES PEÑA por la violación del régimen de inhabilidades en que incurrió al haber sido elegido para la duma municipal de Lebrija (Santander) en el período 2016-2019, pese a que su hija Eliana Morales Rodríguez ejerció autoridad civil y administrativa dentro de los doce meses anteriores a la elección del demandado en su condición de Inspectora de Tránsito y Transporte de la misma municipalidad.

1.2. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Santander, en providencia del 7 de noviembre de 2017, declaró la pérdida de investidura de concejal del señor LELIO MORALES PEÑA, luego de advertir la concurrencia de los siguientes aspectos: (i) El accionado fue elegido el 25 de octubre de 2015, por tanto el período inhabilitante se proyecta desde el 24 de octubre de 2014 hasta el día de la elección. (ii) Existe un vínculo de primer grado de consanguinidad entre aquel y la señora Eliana Morales Rodríguez –padre e hija–. (iii) Esta última fue encargada de las funciones de Inspector Urbano 3 A 6 Categoría, Código 03, Grado 04 y de Inspector de Tránsito y Trasporte Código 312 Grado 04, (vi) que conllevan el ejercicio de autoridad civil. (v) Aunque no obra en el plenario el acta de posesión, se allegaron números actos administrativos suscritos, dentro del período generador de la inhabilidad del demandado, por la referida funcionaria en el trámite de querellas e imposición de sanciones. Y (vi) que se demostró el elemento subjetivo de la conducta, “… al menos a título de culpa”.

1.3. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Primera del Consejo de Estado, a través de sentencia proferida el 24 de mayo de 2018, descartó los argumentos del recurso de apelación interpuesto por el señor LELIO MORALES PEÑA y, consecuencialmente, confirmó el fallo del Tribunal.

Para arribar a tal resolutiva, explicó en primer lugar que la violación del régimen de inhabilidades es causal de pérdida de investidura para los concejales, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2º del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, aún vigente.

Seguidamente, precisó que en el caso se configura la causal de inhabilidad contenida en el numeral 4º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, en virtud de la calidad de concejal ostentada por el accionado, su vínculo de consanguinidad en primer grado con la señora Eliana Morales Rodríguez y el ejercicio de autoridad civil por parte de esta dentro de los 12 meses anteriores a la elección.

En relación con el último aspecto mencionado, detalló que la señora Morales Rodríguez, en su rol de Inspectora de Tránsito y Transporte, contaba con facultades para “vigilar y controlar el tránsito y la movilidad, e imponer sanciones a los respectivos contraventores, emitir conceptos técnicos y realizar audiencias para la “imposición de comparendos”, cuyo ejercicio se encuentra probado en el expediente.

Así mismo, puso de relieve que, acorde con lo estipulado en los artículos 3º y 7º de la Ley 769 de 2002 los inspectores de tránsito “son autoridades en su respectiva jurisdicción”, con funciones regulatorias y sancionatorias.

Consideraciones similares esgrimió en cuanto al cargo de Inspector Urbano de cuyas funciones también se encargó a la hija del demandado, que le permitió adelantar “proceso policivos originados en la perturbación material o con la tenencia de un bien inmueble”.

Finalmente, recabó en la culpabilidad del señor MORALES PEÑA en tanto que los argumentos de la Sección Primera “…en modo alguno permiten indicar que el demandado actuó con la diligencia debida pues está establecido en este proceso que no obstante su deber de conocer los requisitos y calidades con los que debe contar un candidato para ser elegido concejal municipal, así como las inhabilidades que le impiden serlo, dentro de la que se encuentra la que ahora se le endilga, el señor Leilo Morales Peña procedió a inscribirse para tales comicios”.

1.4. RECURSO DE REVISIÓN

El señor LELIO MORALES PEÑA, a quien se le levantó la investidura de concejal, radicó la demanda contentiva del recurso extraordinario de revisión el 4 de septiembre de 2018, que erigió en las causales 2º y 5º del artículo 250 del CPACA:

(i) Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados

Indicó que la decisión recurrida tuvo en cuenta “… la prueba obrante al folio 179 y 180 del plenario; prueba que, además de no ser conducente y pertinente para probar la causal alegada por el actor, ésta se constituye, en la actuación procesal y la sentencia, en un medio fraudulento que indujo en error al fallador para proferir sentencia en favor de las pretensiones del actor”.

A su juicio, el secretario general de la alcaldía de Lebrija (Santander) ocultó la información relacionada con la fecha de posesión de la señora Eliana Morales Rodríguez alegando una supuesta dificultad operativa para aportarla oportunamente al proceso judicial; cuando en realidad no existe “fecha” o acta de posesión para los cargos cuyas funciones cimentaron la desinvestidura en cuestión.

Asegura que la falsedad se evidencia “… en el archivo magnético y físico que contiene la hoja de vida de Eliana Morales Rodríguez, hija del accionado; documentación entregada el once (11) de julio del presente año, y en la cual, no aparece archivada, registrada o foliada la mencionada fecha de posesión o acta de posesión”

(ii) Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación

Por un lado, considera que la “falsedad” respecto de la posesión de la señora Eliana Morales Rodríguez, redunda también en la existencia de una nulidad originada en la sentencia recurrida.

Por el otro, arguye que “… con relación a la culpabilidad del accionado, no se allegó al proceso prueba alguna mediante la cual se haya probado la culpabilidad subjetiva del demandado, y en su lugar, la culpabilidad del demandado se funda sobre funciones ejercidas, temporalmente, por el término comprendido entre el 27 de enero de 2015 hasta el 23 de febrero de 2015, las cuales, según lo señala el fallador en la sentencia tienen la potencialidad de alterar o influir en la decisión del sufragante, sin dejar de advertir que la culpabilidad subjetiva del accionado no aparece expresamente calificada en la sentencia”, esto es, con la indicación expresa de haberse cometido a título de dolo o culpa.

Lo anterior, aunado a que, por el denotado hecho de la falta de posesión, tampoco se dio el ejercicio de “cargo o empleo revestido de autoridad civil”, y mucho menos puede decirse que el demandado haya obtenido un beneficio electoral imputable a las labores desempeñadas por su hija en la alcaldía de Lebrija; máxime cuando la delegación de funciones o aceptación de encargos comporta una “situación laboral completamente ajena a la voluntad” por la que ni siquiera recibió remuneración salarial distinta al cargo de “Técnico Administrativo” del que era titular.

1.5. TRÁMITE DEL RECURSO

Mediante auto de 7 de septiembre de 2018, la Magistrada Ponente explicó que la demanda satisface los requisitos fijados en el artículo 250 del CAPCA, y que fue presentada en tiempo, dado que la sentencia recurrida, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado el 24 de mayo de 2018, cobró ejecutoria el 14 de junio de 2018, mientras que el recurso se interpuso el 3 de septiembre de 2018.

Con base en ello resolvió: (i) admitir el recurso extraordinario, ordenar las notificaciones de rigor al señor EDWIN ACERO CASTILLO (para tal efecto se comisionó el Tribunal Administrativo de Santander) y al Ministerio Público; igualmente oficiar al Tribunal Administrativo de Santander para que remitiera en calidad de préstamo el expediente No. 68001-23-33-000-2017-01224-01, y reconocer personería al apoderado de la parte recurrente.

El 24 de enero de 2019 tuvo lugar la fijación en lista No. 29 concerniente al traslado del artículo 253 del CPACA.

1.6. INTERVENCIÓN DEL SEÑOR EDWIN ACERO CASTILLO

A pesar de haber sido notificado en debida forma, de acuerdo con la comisión efectuada al Tribunal Administrativo de Santander, guardó silencio.

1.7. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El señor Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, a través del concepto allegado el 26 de junio de 2018 a la Secretaría General del Consejo de Estado señaló que el recurso extraordinario de revisión debe declararse infundado.

Explicó la forma en que, en concordancia con los falladores de instancia, se acreditaron los elementos de la inhabilidad aplicada: la calidad de concejal del demandado, el parentesco en primer grado de consanguinidad con la señora Eliana Morales Rodríguez, y el ejercicio de autoridad civil –especialmente por imposición de multas y trámite de querellas policivas– de esta dentro de los 12 meses anteriores a la elección dentro del mismo municipio.
Acerca de las causales invocadas por el recurrente indicó que no está demostrado que los documentos que este menciona hayan sido oportunamente tachados de falsos. Refirió que, pese a no allegarse acta en la que se indique la fecha de posesión de su hija, sí obra prueba del nombramiento y ejercicio de funciones por parte de aquella como Inspector Urbano e Inspector de Tránsito materializadas en las múltiples resoluciones que profirió, y que obran en el expediente.

Resaltó que lo pretendido con su interposición es “… revivir un debate probatorio ya resuelto en las instancias procesales anteriores, lo cual está proscrito tanto por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como por la del Consejo de Estado...”, que además impide “… volver sobre aspectos de pura interpretación legal”.

1.8. MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO

Mediante escrito de 2 de abril de 2019, el Consejero Roberto Augusto Serrato Valdés manifestó impedimento para conocer del presente asunto, con fundamento en las causales establecidas en los numerales 1º y 2º del artículo 141 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 130 del CPACA, por haber actuado como ponente en segunda instancia del fallo de pérdida de investidura objeto del recurso extraordinario de revisión, y por asistirle interés en que dicha providencia no sea revocada.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. COMPETENCIA

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, acorde con lo establecido en el artículo 249 del CPACA, y a través de las Salas Especiales de Decisión implementadas mediante el Acuerdo N° 321 de 2014 de esta Corporación, “por medio del cual se reglamenta la integración y funcionamiento de las Salas Especiales de Decisión”, es competente para conocer del recurso extraordinario de revisión interpuesto, por cuanto se trata de una providencia ejecutoriada dictada por una de las Secciones de esta Corporación.

2.2. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a la Sala, con base en los argumentos esgrimidos por el recurrente en la demanda contentiva del recurso extraordinario, determinar si existen fundadas razones para declarar la prosperidad de las causales 2º y 5º del artículo 250 del CPACA, respecto de la decisión recurrida, en el entendido que presuntamente se adoptó con base en una prueba fraudulenta que indujo en error al fallador, según se advertiría de documentos obtenidos con posterioridad al fallo; y considerando lo que sería un inadecuado estudio de su culpabilidad frente a los hechos que condujeron al levantamiento de su investidura como concejal de Lebrija (Santander).

2.3. CUESTIÓN PREVIA

Mediante escrito de 2 de abril de 2019, el Consejero Roberto Augusto Serrato Valdés manifestó impedimento para conocer del presente asunto, con fundamento en las causales establecidas en los numerales 1º y 2º del artículo 141 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 130 del CPACA, que a la letra señalan:

“ARTÍCULO 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de recusación las siguientes:

1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso.

2. Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente”.

Lo anterior, sustentado en el hecho de haber actuado como ponente de la decisión contenida en la sentencia de 28 de mayo de 2018 dictada en segunda instancia dentro del proceso de pérdida de investidura radicado con el No. 68001-23-33-000-2017-01224-01, objeto del recurso extraordinario de revisión, y en el interés que le “asiste en que la misma no sea revocada”.

Para la Sala, es procedente declarar fundado el referido impedimento, por las razones que se pasan a exponer.

Ciertamente el artículo 249 del CPACA consagra que “de los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión”; en este caso, la Sección Primera a la que pertenece el Consejero Roberto Augusto Serrato Valdés.

No obstante, ello no constituye un óbice para aplicar las causales de impedimento establecidas de manera general en las normas de procedimiento. Así lo ratificó inclusive la Corte Constitucional en la sentencia C-450 de 2015 en la que declaró la exequibilidad del aparte transcrito en el párrafo inmediatamente anterior.

En similar sentido, deviene imperioso recordar que los impedimentos están instituidos como prenda de imparcialidad del juzgador en el desempeño de su función, esto “con el fin de garantizar al conglomerado social que el funcionario judicial llamado a resolver el conflicto jurídico, es ajeno a cualquier interés distinto al de administrar una recta justicia y, en consecuencia, que su imparcialidad y ponderación no están afectadas por circunstancias extraprocesales”, las cuales, en todo caso, son de carácter taxativo y restrictivo, pero que, de presentarse, determinan la separación del servidor del conocimiento del asunto.

Conforme lo decantado por la jurisprudencia de esta Corporación, la causal de se trate impide una decisión imparcial, en tanto supone la afectación del criterio y juicio de quien tiene el asunto bajo su conocimiento.

Bajo esa cuerda, es dable colegir que el hecho de que el respetado togado ponga de manifiesto que se ve afectada su imparcialidad, por cuanto le asiste interés en defender el sentido de la providencia recurrida en el asunto de la referencia resulta suficiente para que esta Sala Especial de Decisión lo separe del conocimiento del caso, pues el interés subjetivo en el resultado, como elemento propio de su íntima convicción ha sido exteriorizado, que incluso es objetivamente verificable, pues conocía de primera mano los argumentos que ahora son motivo de reproche, uno de los cuales tiene por pilar la causal 5º del artículo 250 del CPACA consistente, en existir nulidad originada en la sentencia”, que, en principio, supone la existencia de un eventual vicio que no podría ser endilgado a circunstancias sobrevinientes, como se predica frente a las demás causales de estirpe probatoria que son propias del recurso extraordinario de revisión, con lo que encuentra procedente la causal 141-1 del CGP.

Razones diferentes son predicables de la configuración de la otra causal alegada, esto es, aquella contenida en el numeral 2º del artículo 141 ibidem, toda vez que si bien se corrobora en el expediente que, en efecto, el magistrado Serrato Valdés suscribió la providencia que se ataca, ha sido posición reiterada y de antaño que el recurso extraordinario de revisión constituye un escenario autónomo a la pérdida de investidura que le precede o al negocio subyacente y primigenio que antecede en el tiempo a la censura extraordinaria.

En ese orden de ideas, tal como se anunció en líneas previas, la Sala declarará fundado el impedimento manifestado por el Consejero Roberto Augusto Serrato Valdés dentro del contexto de la causal 141-1 del GGP y, en consecuencia, lo separará del conocimiento del presente asunto. No obstante como el quórum para adoptar la decisión colegiada no se altera, no hay lugar a designar conjuez.

2.4. GENERALIDADES DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN. REITERACIÓN

La Ley 1881 de 2018 establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, consagra la doble instancia y el término de caducidad, entre otras disposiciones. Por mandato expreso del artículo 22 ejusdem, dicha preceptiva “las disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables, en lo que sea compatible, a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados”.

Bajo esas mismas glosas y por ministerio de los artículos 19 y 21, deben aplicarse a estos miembros de corporaciones públicas las previsiones establecidas en el CPACA en lo concerniente al recurso extraordinario de revisión.

De acuerdo con lo normado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, consiste en un medio de impugnación excepcional que permite afectar las sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo revestidas por la intangibilidad de la cosa juzgada, cuandoquiera que se acredite de manera inequívoca la configuración de alguna de las causales que taxativamente señaladas en el artículo 250 de la mencionada codificación, con el fin de “… enmendar errores o ilicitudes cometidos en la expedición de la sentencia, con el fin de restituir el derecho al afectado a través de una nueva sentencia”.

Es así que “…el restablecimiento de la justicia material -que se pone en evidencia en cada una de las causales reseñadas- es la finalidad que explica la excepcional revisión de una sentencia ejecutoriada”.

En tal sentido, son pasibles del recurso “(i) las dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; (ii) las dictadas en única, primera o segunda instancia por los Tribunales Administrativos y (iii) las dictadas en primera o segunda instancia por los Jueces Administrativos, cuya naturaleza permita la interposición de tal recurso”.

Para su formulación deben atenderse los requisitos de las demandas ordinarias indicados en el artículo 252 del CPACA. Especialmente, el recurrente deberá señalar con precisión y justificar la causal o las causales del artículo 250 ibídem en que se funda el recurso y aportar las pruebas necesarias.

Respecto de la tipología y comprensión particular de cada una de estas causales, esta Sala Cuarta Especial de Decisión, en pronunciamiento de 4 de febrero de 2017, precisó:

“A excepción de la causal del numeral 4°, referida a la violencia o cohecho en que se pudo incurrir en el pronunciamiento del fallo, ninguno de los yerros que posibilitan la revisión extraordinaria aluden a la actividad interpretativa del operador jurídico de las instancias, ni a la hermenéutica soporte de la decisión; no cuestionan la labor intelectual de juzgamiento, sino irregularidades procesales y probatorias, como se observa en cada una de las causales previstas en el mencionado artículo.

Así las cosas, las causales “sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada” (numeral 8) y “existir nulidad originada en la sentencia” (numeral 5) son de índole procedimental; mientras que “haberse dictado la sentencia con base en documentos falsos o adulterados” (numeral 2); “haberse recobrado (…) documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente” (numeral 1); “aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar” (numeral 6); falta de calidades y aptitud legal a quien se le decretó pensión periódica (numeral 7); haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en la expedición de la experticia (numeral 3), recaen sobre aspectos que atañen a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el sentido de la decisión.

Esa taxatividad de las causales no sólo abarca los eventos o supuestos fácticos que en forma detallada contiene la disposición, sino las materias intrínsecas en ellas, se reitera -aspectos procesales y probatorios- dada la teleología tanto del recurso extraordinario, como del propósito de respetar el principio de cosa juzgada y la seguridad jurídica, sin que sea cortapisa para restablecer la justicia material” (Negrillas de la Sala).

Por otro lado, la técnica del recurso exige real correspondencia entre los argumentos en que se fundamenta y la causal invocada, de forma tal que prescinda de elucubraciones dirigidas a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios de valor que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida, así como de corregir errores u omisiones de la propia parte, como si se tratara de una instancia adicional.

En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia. Antes bien, es riguroso en cuanto a su procedencia, pues, como se advirtió, se restringe a las causales enlistadas en el artículo 250 del CPACA.

Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de la sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito interpretativo.

2.5. CASO CONCRETO

Para no redundar en aspectos que fueron reseñados en los antecedentes del presente proveído, el desarrollo de los cuestionamientos que se examinan en los subsiguientes acápites reporta como agenda metodológica la caracterización normativa y jurisprudencial de la causal invocada y, seguidamente, su confrontación con los reparos concretos del recurrente, así:

2.5.1. PRIMERA CENSURA. CAUSAL 2º DEL ARTÍCULO 250 CPACA

Con arreglo a lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 250 del CPACA, el recurso de revisión es viable en caso de “haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados”.

Ello implica que su invocación conlleva poner en evidencia la existencia de pruebas documentales que adolecen de falta de veracidad en su esencia, bien porque no corresponden a la persona a quien se le atribuya o porque fueron producidos con desapego a las reglas de veracidad que deberían informar su contenido. Dentro de ese contexto puede hablarse de falsedad material o ideológica, respectivamente.

Ahora, en armonía con las consideraciones expresadas de manera general frente al recurso, se debe aclarar que “esta causal que exige la demostración de la falsedad o adulteración, en la cual se basó la sentencia, no debe entenderse como una oportunidad para reabrir un debate propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria, ni verificar la autenticidad de las pruebas”.

La valoración de los medios de prueba que se acusan de tal falencia, dentro del ámbito de la revisión extraordinaria que convoca a la Sala, no se encuentra sujeta a la calificación previa de un juez penal, pero, en contraste, el examen del juzgador contencioso debe extremar el rigor con el que se aprecian los documentos cuya falsedad o adulteración se reputa.

Igualmente, la censura, a criterio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, debe recaer sobre el documento que sirvió de fundamento principal a la decisión recurrida. Esto significa que “… no puede tratarse de cualquier documento, sino sólo de aquel o aquellos que fundamentaron o tuvieron una incidencia directa en el sentido de la decisión contenida en la providencia recurrida”.

Dentro de ese marco jurídico y conceptual aprecia la Sala que no hay lugar a declarar la prosperidad de la censura que el libelista adosa en la supuesta falsedad o alteración de la prueba obrante en folios 179-180 del expediente de pérdida de investidura No. 68001-23-33-000-2017-01224-01, en cuanto concierne al informe presentado por el Secretario general de la alcaldía de Lebrija en cumplimiento de la prueba decretada por el Tribunal Administrativo de Santander en auto de 12 de octubre de 2017.

El a quo, ordenó al reputado funcionario allegar con destino al proceso de pérdida de investidura copia “… (i) del acta de posesión del cargo en el que la señora Eliana Morales Rodríguez fue nombrada en la R.021/15, (ii) de al menos cinco actos administrativos proferidos por aquella en ejercicio de las funciones de que habla la citada R.021/15”.

Es cierto que, en tal sentido, como lo manifiesta el recurrente, el Secretario general del ente territorial indicó que “… revisado el archivo institucional, no se encontró el acta por cuanto parece que se encuentra refundida dentro de la documentación de archivo general, y por la inmediatez que se requiere allegar la documentación no da tiempo para hacer una exhaustiva búsqueda del documento en mención, en tal sentido este despacho continuará en este proceso de búsqueda”.

Ergo, podría hablarse, en caso de comprobarse que tal información sea dolosamente contraria a la verdad, de una eventual falsedad ideológica en el contenido del citado reporte. No obstante, tal demostración resulta innecesaria en el sub judice, por las razones que se pasan a explicar.

Nótese en primer lugar que no existe objetivamente una afirmación categórica del funcionario a quien se atribuye el referido informe acerca de la existencia o no del acta de posesión, pues este se limita a decir que no se había encontrado documento atinente al acta de posesión en cuestión y que se continuaría su búsqueda.

Ahora, al margen de que existiera certeza o no del acta con la fecha en la que la señora Eliana Morales Rodríguez tomó posesión de las funciones de “Inspector Urbano 3 A 6 Categoría, Código 03, Grado 04 y de Inspector de Tránsito y Trasporte Código 312 Grado 04”, de las que fue encargada por medio de la Resolución No. 021 del 27 de enero de 2015 –aportada al trámite contencioso de primera instancia–, en este caso, no puede hablarse de la configuración de la causal establecida en el numeral 2º del artículo 250 del CPACA, habida cuenta que, lo cierto es que tanto el fallo del Tribunal Administrativo de Santander como el de la Sección Primera del Consejo de Estado tuvieron por sustento el voluminoso grupo de actos administrativos signados por la hija del demandado, aportado por el Secretario general del municipio de Lebrija, en los que se aprecia, de la manera en que lo reseñaron estos juzgadores, el trámite impartido a querellas por perturbación de la posesión y las multas impuestas a ciudadanos por contravención a las normas de tránsito.

Como puede verse, lo informado por el secretario municipal en cuestión, aun cuando fue objeto de mención por los colegiados de instancia, carece de la entidad suficiente para constituir la base de la desinvestidura cuestionada, pues, informan la aplicación del criterio funcional del ejercicio de la autoridad civil, en lugar de la meramente orgánica, ante la evidencia de su materialización en manifestaciones expresas de la voluntad de la administración municipal, canalizada por la señora Eliana Morales desde el rol de Inspectora Urbana y el de Inspectora de Tránsito y Transporte.

Esta circunstancia no varía con el hecho de que en sede del recurso extraordinario de revisión la parte accionada aporte documentos para acreditar que la hija del concejal desinvestido nunca tomo posesión de los encargos realizados en la Resolución No. 021 del 27 de enero de 2015 proferida por el alcalde de Lebrija, pues se insiste, ello no fue el fundamento de la decisión atacada, como sí lo fue el comprobado ejercicio de autoridad en los actos administrativos analizados por el Tribunal y la Sección Primera del Consejo de Estado.
Cabe recordar que la forma en que tales autoridades judiciales valoraron los referidos actos que proveyeron sobre multas y querellas no puede ser objeto de calificación alguna en la presente providencia, comoquiera, tal como se explicó en líneas previas, la excepcionalísima vía de la revisión no debe entenderse como una oportunidad para reabrir un debate propio de las instancias, suplir la deficiencia probatoria de las partes o verificar la autenticidad de las pruebas; máxime cuando el censor preconiza que los falladores fueron inducidos en error, lo que de suyo conduce a la Sala a destacar que no se puede confundir la eventual y supuesta apreciación equivocada que a juicio del censor aconteció en este caso con la falsedad o adulteración de un documento.

Es por ello que no en pocas ocasiones se ha indicado al decidir los recursos extraordinarios de revisión en los demás asuntos contencioso administrativos, que si bien algunas de las causales, en su taxatividad, refieren a aspectos de adosamiento probatorio, como acontece con las censuras de recobro documental, documentos falsos o adulterados, dictamen por parte de peritos condenados penalmente, como se advierte, se trata de hechos externos ajenos al raciocinio lógico mental que el operador judicial debe emprender al decidir un asunto, es decir, no proviene de su intelecto hermenéutico como administrador de justicia.

Esa la razón por la cual el Consejo de Estado como juez del recurso extraordinario, con buen criterio, se ha decantado por indicar que el recurso de revisión, dado su ropaje extraordinario, no debe desnaturalizarse con discusiones propias de la valoración probatoria que el juez de instancia haya hecho del acervo que tuvo bajo su conocimiento, pues ello implicaría convertirse en otra instancia; ello, claro está, sin perjuicio de que, levantada la presunción de acierto de la sentencia acusada y ante la prosperidad de la censura extraordinaria, el juez de la revisión pueda dictar el correspondiente fallo de reemplazo.

Como se observa de lo indicado con antelación, el censor pretende dirigir a esta Sala hacia una discusión respecto de la valoración probatoria que el juez de la instancia en su autonomía consideró, aspecto que le está vedado al operador extraordinario.

Por otro lado, respecto de la ausencia de posesión, valga recordar que, sin pretender ingresar a aspectos propios de la instancia, la nominación a partir del encargo presenta algunas sutilezas distintivas que en algunos eventos desembocarán en encargo del cargo o en encargo de funciones, según sea el caso, y dependiendo de ello es posible que esa asignación de atribuciones no conlleve el acto formal de la posesión.

En efecto, si bien el encargo es una modalidad de provisión temporal del empleo público, tal alcance y concepción facilita su homologación a un nombramiento, pero en realidad son varias las veces que por necesidades del servicio se encarga a un trabajador de las funciones, pero no del cargo y, por ende, ello marca un diferencial del espectro competencial, pues en el primero, esto es, en el encargo de funciones no comporta per se una auténtica o propiamente dicha provisión del cargo sino tan solo la designación de algunas funciones, sin que el encargado pueda desempeñar el catálogo de funciones asignadas al empleo, por lo que se entiende que se trata de un encargo “relativo”.

Por lo que “… el ‘encargo del cargo’ [sí] es la verdadera situación que constituye un encargo en el sentido estricto del concepto, habida cuenta que el denominado ‘encargo de funciones’ es en realidad una delegación de estas, y por ello, claramente, no corresponde a una forma de provisión de un empleo que lo es que se pretende hacer a través del encargo”.

Lo anterior, como se itera, para dar claridad en cuanto a la connotación ab sustantian actus que el censor pretende exponer frente a la carencia del acto formal de la posesión, porque lo cierto es que la causal de inhabilidad que prosperó en el sub lite no tiene que ver con el hecho de haberse ocupado un determinado cargo ni la modalidad del encargo, sino con el ejercicio de autoridad civil por parte de una servidora pública con la que el demandado tenía parentesco en primer grado, que como se ha decantado por años por la jurisprudencia del Consejo de Estado, puede ser ejercido por el funcionario público independiente y autónomamente de la modalidad con la cual haya sido designado en el empleo.

Aunado a lo anterior, tampoco se advierte del expediente de la pérdida de investidura que se hubiese dado trámite a tacha de falsedad alguna frente al informe rendido por el secretario general de la alcaldía de Lebrija.

En ese orden de cosas, dado que la manifestación sobre la posesión del encargo de la señora Eliana Morales Rodríguez, contenida en el informe visible en folios 179-180 del expediente primigenio no fue determinante en la decisión recurrida, que no es dable reabrir el debate de instancia mediante el recurso extraordinario de revisión y que no se controvirtió en la oportunidad procesal debida la presunta inconsistencia del documento, la Sala encuentra que el cargo abordado en el presente acápite no está llamado a prosperar.

2.5.2. SEGUNDA CENSURA. CAUSAL 5º DEL ARTÍCULO 250 CPACA

Según deviene de lo normado en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA, el recurso de revisión se puede intentar en caso de “Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

Aunque en su composición gramatical responde a un enunciado de la mayor sencillez, “… se trata de una de las causales de revisión que más discusiones ha generado en la jurisprudencia de lo contencioso administrativo (…) dado que en razón de su redacción, ha correspondido al juez del recurso de revisión establecer su alcance, por cuanto el legislador omitió determinar las circunstancias que podían generar la nulidad de la providencia, es decir, se trata de un texto en blanco”.

Dentro de ese marco de controversia argumental, la Sala Plena del Consejo de Estado ha aceptado que los hechos que la configuran, en principio –pues la jurisprudencia de la Corporación ha abierto un campo restringido a otro tipo de supuestos–, “…son los que constituyen las causales de nulidad procesal, esto es, las causales del artículo 133 del Código General del Proceso (CGP), pero no son figuras procesales idénticas”.

Estas deben tomar como parámetro temporal y material la expedición del fallo mismo, y no instancias o etapas anteriores, salvo “… que el afectado no haya tenido la oportunidad de invocarlos ante el juez porque solo los conoció cuando se dictó la sentencia recurrida”, comoquiera que lo contrario desnaturalizaría la esencia de la causal, pues la norma que la consagra es suficientemente explícita en la oportunidad de configuración. Esta concepción impide el acaecimiento de la inexorable confusión entre el instrumento de corrección y saneamiento del proceso con el de realización de la justicia material que subyace al recurso extraordinario de revisión que tiene por objeto la decisión judicial que puso fin a la litis.

Con esa orientación, bien puede decirse, entonces, que la causal comprende, como ingredientes normativos: (i) que se intente contra una sentencia respecto de la cual no proceda recurso de apelación, (ii) que exista una nulidad procesal o constitucional y (iii) que esta tenga nacimiento en la sentencia que puso fin al proceso, o en su defecto que la parte afectada, bajo motivo invencible, no hubiera podido alegarla.

A manera de ilustración, conviene decir que el Consejo de Estado ha enunciado algunos de los supuestos concretos que desarrollan la causal de procedencia por nulidad originada en la sentencia. Con ese derrotero, en providencia de 7 de febrero de 2017 se precisó:

“Ahora bien, sobre los supuestos que dan origen a esta causal, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha señalado los siguientes:

1. Dictarse sentencia a pesar de la terminación previa del proceso por desistimiento, transacción o perención, porque con esto se revive un proceso legalmente concluido.
2. Dictarse sentencia cuando el proceso se encuentra suspendido.
3. Dictarse sentencia sin las mayorías necesarias para la decisión, por la firma de más, o menos jueces de los requeridos legalmente.
4. Pretermitir la instancia, por ejemplo: i) al proferir una sentencia sin motivación o ii) violar el principio de la non reformatio in pejus [como cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda o por causa distinta a la invocada].
5. Decidir aspectos que no corresponden, por falta de jurisdicción o competencia del juez.”.

A estas cabría agregar también la falta de congruencia interna o externa de la providencia. En tal sentido se destaca lo decantado por la Sala Especial de Decisión No. 22 del Consejo de Estado, en providencia de 2 de febrero de 2016, que en lo pertinente ora:

“…es procedente el recurso extraordinario de revisión contra los fallos dictados por esta jurisdicción en segunda instancia o única, si se alega el desconocimiento del principio de la congruencia, que en últimas implica una actuación sin competencia.

(…)

(…) se puede calificar según las relaciones que se produzcan entre la sentencia, entendida como un todo, y lo pedido y planteado por las partes.

En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la sentencia. Se puede identificar porque en líneas generales es lo que preceptuaba el artículo 170 del C.C.A., y las normas del procesal civil, según los cuales el fallo debe estar en armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte demandante como por la parte demandada. Y, en el segundo evento, corresponde a la congruencia interna, que es la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la providencia”

Nótese cómo las causales de nulidad originadas en la sentencia, que habilitarían la interposición del recurso extraordinario de revisión están enmarcadas en dos categorías: las irregularidades originadas en vicios que constituyen causal de nulidad del proceso y solo pudieron ser advertidos en la sentencia y, las relativas a los vicios que contiene la sentencia.

Se trata de supuestos bastante estrictos que, a la par del rigor con el que se deben estructurar los cargos en la vía extraordinaria en comento, se deben apreciar con la misma perspectiva general que la irradia, que encuentra en lo inédito de la censura su principal abrigo, en el entendido que, como lo ha repetido la Sala con pletórica insistencia, no puede ser empleada como instrumento para debatir la comprensión jurídica del fallador, ni mucho menos reabrir debates propios de la instancia respectiva, incluidos los hechos constitutivos de nulidad procesal que pudieron y debieron ser alegados oportunamente dentro del trámite de las instancias.

Aplicando tales máximas al asunto de la referencia, este colegiado advierte que tampoco hay lugar a declarar fundado el pedido del recurrente en cuanto versa a la censura que dirige en contra del análisis efectuado por el Tribunal Administrativo de Santander y la Sección Primera del Consejo de Estado, de un lado, porque la invocación de la causal no es admisible contra el fallo del a quo, por no ser el que puso fin al proceso; y del otro, porque no se aviene a los estrictos y precisos términos que habilitan su empleo frente a la sentencia emanada del reputado ad quem.

El recurrente sostiene, puntualmente, que esta última se encuentra viciada de nulidad por la supuesta falsedad de la prueba arrimada por el secretario general de la alcaldía de Lebrija. Sobre este punto conviene acotar en generales glosas que la Sala se refirió en el acápite “2.4.1.” de esta providencia, de tal manera que la falta de incidencia de las falencias probatorias aducidas por la parte accionada respecto de la decisión adoptada por la Sección Primera del Consejo de Estado, el carácter restringido del recurso extraordinario que impide reabrir el debate de instancia y la falta de presentación oportuna de los reproches en el trámite ordinario de la pérdida de investidura resultan suficientes para descartar la configuración de la causal 5º del artículo 250 del CPACA por la razón que propone el censor.

De otro lado, se observa que en cuanto concierne a los reparos dirigidos en contra del juicio efectuado por la Sección Primera respecto de la culpabilidad del concejal cuya investidura levantó, no se plantea otra cosa que la disconformidad del censor frente a los argumentos esgrimidos por el fallador en al marco de la autonomía e independencia judicial que le fueron conferidos por la Constitución y la ley, especialmente en cuanto concierne a la valoración probatoria.

Adicionalmente, en el escrito que promueve la actuación de la Sala no se alega ninguna causal específica de nulidad, de aquellas a las que se ha hecho alusión en lo corrido del presente acápite, lo que de suyo implica una falencia en el componente de sustentación que, dado el carácter rogado de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y, más aún del especial mecanismo que sirve de instrumento para la manifestación de la inconformidad del señor LELIO MORALES PEÑA, impide a la Sala adentrarse en los contornos de una discusión cuyo planteamiento recae en el ámbito de lo subjetivo.

Con todo, aún bajo el espectro de la mayor flexibilidad posible de interpretación de la demanda contentiva de la solicitud de revisión extraordinaria, y suponiendo que pudiera hablarse de una eventual falta de congruencia –que, desde ya, se descarta– en la medida en que no hubiese desarrollado el análisis debido sobre la culpabilidad del demandado, tampoco sería posible declarar fundado el recurso.
Esto por cuanto, contrario a lo apuntalado por la defensa del concejal cuya investidura fue levantada, el ad quem fue lo suficientemente explícito al señalar las razones por las que, a su juicio, se materializó su culpabilidad. Así del fallo de 24 de mayo de 2018 –objeto del cuestionamiento– se extrae:

“En el presente caso, la Sala debe evaluar la conducta desplegada por el concejal demandado, esto es, si al inscribirse a los comicios del 25 de octubre de 2015, en los cuales se elegirían los concejales de, entre otros entes territoriales, el municipio de Lebrija (Santander), conocía que su hija, Eliana Morales Rodríguez, ejercía autoridad civil al desempeñar en encargo los cargos de Inspectora Urbana e Inspectora de Tránsito y Transporte en el mismo municipio.

Al respecto no debe perderse de vista para el presente caso, que la Corte Constitucional, en la Sentencia SU 501 de 2015, Magistrada Ponente Myriam Ávila Roldan, subrayó que como quiera que en los procesos de pérdida investidura no es posible calificar el grado de culpabilidad (dolo, culpa grave o leve), y por tanto tampoco es posible modular la sanción, se requiere acreditar un mínimo de culpabilidad para que sea impuesta la sanción.

Entonces, esta Sala precisó en la precitada sentencia de 25 de mayo de 2017, que el abordaje del aspecto subjetivo requiere el análisis del dolo y la culpa y, para el análisis de esos aspectos, debía acudirse al artículo 63 del Código Civil, que prevé:

(…)

Cabe resaltar que es una obligación general para quien pretende acceder a la función pública la revisión de los requisitos y el marco normativo que rige el cargo al cual se aspira, incluso en los eventos de elección popular; sin embargo el entendimiento de dichos requisitos debe analizarse de acuerdo con las condiciones personales del sujeto, esto es el grado de formación, su profesión, las circunstancias que lo rodearon; e, igualmente, se tendrán en cuenta los actos que haya realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la referida inhabilidad, para con base en ello, determinar si se obró con el cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida el reproche subjetivo de su obrar.

Ahora bien, los hechos descritos anteriormente en modo alguno permiten indicar que el demandado actuó con la diligencia debida pues está establecido en este proceso que no obstante su deber de conocer los requisitos y calidades con los que debe contar un candidato para ser elegido concejal municipal, así como las inhabilidades que le impiden serlo, dentro de la que se encuentra la que ahora se le endilga, el señor Lelio Morales Peña procedió a inscribirse para tales comicios.

Esta conducta corresponde, según el citado artículo 63, a la falta de cuidado que los hombres emplean ordinariamente en los negocios propios, en la medida en que, se reitera, la Ley 617 establece, en el numeral 4º del artículo 40, las inhabilidades o requisitos negativos de los que debe carecer el candidato al Concejo para ser elegido y ejercer la curul, dentro de las cuales se encuentra, como ya se ha explicado, tener vínculo con funcionario que haya ejercido autoridad civil dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección en el mismo ente territorial” (Subrayas de la Sala).

En ese orden de cosas, no cabe duda de que en el fallo de segunda instancia se expusieron las razones para arribar a la conclusión de que el señor LELIO MORALES PEÑA no obró con la debida diligencia para evitar la violación del régimen de “inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses”, mismas que desembocaron en su culpabilidad frente al conocido resultado. Estas exposición es suficiente para concluir que no se presentó una deficiencia ad procesum que permita deducir la configuración de una nulidad originada en la sentencia, pues basta la existencia de motivos razonables por parte de la autoridad judicial que profiere la decisión que se revisa, en tanto no es propio de este extraordinario escenario de estudio rebatir tales premisas.

Las mismas consideraciones aplican a la alegada inexistencia de un provecho electoral con ocasión del encargo de funciones realizado a la hija del demandado, a la forzosa aceptación del mismo por parte de aquella y a la ausencia de remuneración; máxime cuando la culpa que debía auscultarse en el proceso de pérdida de investidura era la del miembro de corporación pública accionado, y no la de la persona que ejerció la autoridad civil en el mismo municipio dentro del período inhabilitante, y cuyo aspecto relacional y parental es el que converge para estructurar el hecho constitutivo de la causal de pérdida de investidura, pero que, se insiste, se analiza de cara al demandado y no respecto de su pariente, y que en nada se desvirtúa como condición inhabilitante por el que hecho de que se haya o no obtenido provecho o aventajamiento electoral, en tanto ello es un aspecto consecuencial o de efecto que ni siquiera corresponde ni está conectado al elemento subjetivo o conductual de la pérdida de investidura, por lo que aún menos puede endilgarse yerro a la providencia censurada bajo la vía del recurso extraordinario de revisión, con cargo a una indebida valoración probatoria y como fundamento del predicado de nulidad originada en la sentencia, pues como se ha indicado párrafos atrás, resulta un cuestionamiento contra la hermenéutica probatoria del fallo de instancia ajeno al recurso extraordinario de revisión.

De conformidad con los anteriores argumentos, es claro que los motivos de inconformidad abordados en el presente capítulo carecen de la entidad suficiente para infirmar la sentencia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado el 24 de mayo de 2018 dentro del radicado No. 68001-23-33-000-2017-01224-01.

Por lo expuesto, la Sala Cuarta Especial de Decisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLÁRASE FUNDADO el impedimento manifestado por el Consejero Roberto Augusto Serrato Valdés y, en consecuencia, SEPÁRESELE del conocimiento del presente asunto, sin que sea necesario designar conjuez, en atención a que no se afecta la mayoría decisoria.

SEGUNDO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra la presente providencia no procede recurso alguno, de conformidad con el artículo 131 del CPACA.

TERCERO: DECLÁRASE INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor LELIO MORALES PEÑA, dentro del proceso de pérdida de investidura radicado con el No. 68001-23-33-000-2017-01224-01.

CUARTO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente de pérdida de investidura No. 68001-23-33-000-2017-01224-01 al Tribunal Administrativo de Santander. Luego archívese el de la referencia.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Magistrada

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Magistrada

Folios 1-5 del cuaderno 1 del expediente 68001-23-33-000-2017-01224-01. En adelante CPACA. Folio 1. Folios 249-259 del cuaderno 1 del expediente 68001-23-33-000-2017-01224-01. Folios 46-60 del cuaderno 2 del expediente 68001-23-33-000-2017-01224-01. Folios 65 a 77. Folio 67. Folio 71. Folio 69. Folio 74. Folio 75. Folios 80-81. Cabe decir que el término de 5 años consagrado en el artículo 17 de la Ley 144 de 1994 fue extendido por la Corte Constitucional al recurso extraordinario de revisión en la sentencia C-207 de 2003. Aunque dicha normativa fue derogada por la Ley 1881 de 2018, que fijó en 2 años el término para interponer el recurso extraordinario de revisión respecto de las sentencias que levantan la investidura de un parlamentario (y por aplicación del artículo 22 ejusdem también la de los diputados y concejales), la regla anterior –de 5 años para hacer operativa la caducidad– se sigue aplicando respecto de los términos que hubieran empezado a correr antes de su vigencia, en aplicación de lo normado en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887. Obra en el plenario informe de dicha autoridad judicial, que da cuenta del cumplimiento de la notificación personal comisionada, la cual se realizó por aviso del 3 de diciembre de 2018 (folio127), enviado por correo certificado a la dirección señalada en la demanda de pérdida de investidura (folios 112-128). El 13 de septiembre de 2018 se entregó copia de la providencia y del recurso al señor Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado (folio 85). Con oficio remisorio radicado el 1º de octubre de 2018 se cumplió la orden (folio 98). Folio 123. Obra en el plenario informe de dicha autoridad judicial, que da cuenta del cumplimiento de la notificación personal comisionada, la cual se realizó por aviso del 3 de diciembre de 2018 (folio127), enviado por correo certificado a la dirección señalada en la demanda de pérdida de investidura (folios 112-128). Folios 86-97. Folio 96. Auto de julio 6 de 1999. Magistrado ponente, doctor Jorge Aníbal Gómez Gallego, reiterado en auto de 17 de julio de 2014, M. P. Alberto Yepes Barreiro (E), rad. 70001-23-33-000-2014-00112-01. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, sentencia de 4 de abril de 2017, rad. 11001-03-15-000-2016-02425-00(REV). En el mismo sentido cfr.: Sala Veintidós Especial de Decisión, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, sentencia de 7 de febrero de 2017, rad. 11001-03-15-000-2016-02260-00(REV); Sala Cuarta Especial de Decisión, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, sentencia de 7 de febrero de 2017, rad. 11001-03-15-000-2013-02042-00(REV).
“ARTÍCULO 19. Son susceptibles del recurso extraordinario especial de revisión, interpuesto dentro de los dos (2) años siguientes a su ejecutoria, las sentencias mediante las cuales haya sido levantada la investidura de un parlamentario, por las causales establecidas en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Cabe decir que el término de 5 años consagrado en el artículo 17 de la Ley 144 de 1994 fue extendido por la Corte Constitucional al recurso extraordinario de revisión en la sentencia C-207 de 2003. Aunque dicha normativa fue derogada por la Ley 1881 de 2018, que fijó en 2 años el término para interponer el recurso extraordinario de revisión respecto de las sentencias que levantan la investidura de un parlamentario (y por aplicación del artículo 22 ejusdem también la de los diputados y concejales), la regla anterior –de 5 años para hacer operativa la caducidad– se sigue aplicando respecto de los términos que hubieran empezado a correr antes de su vigencia, en aplicación de lo normado en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.
“ARTÍCULO 21.

Para la impugnación de autos y en los demás aspectos no contemplados en esta ley se seguirá el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de forma subsidiaria el Código General del Proceso en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”. Corte Constitucional, sentencia C-520 de 2009, M. P. María Victoria Calle Correa. Sala Cuarta Especial de Decisión, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, sentencia de 3 de febrero de 2015, rad. 11001-03-15-000-2012-00456-00(REV). Corte Constitucional, sentencia C-520 de 2009, M. P. María Victoria Calle Correa. M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, sentencia de 7 de febrero de 2017, rad. 11001-03-15-000-2013-02042-00(REV). Consejo de Estado, Sala Dieciséis Especial de Decisión, M. P. JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, sentencia de 4 de septiembre de 2018, rad. 11001-03-15-000-2010-01518-00(REV). Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Ocho Especial de Decisión, M. P. María Elizabeth Garcia González, sentencia de 2 de junio de 2015, rad. 11001-03-15-000-2005-00560-00(REV). Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, sentencia de 6 de agosto de 2013, rad. 11001-03-15-000-2004-01210-00(REV). Folios 106-107 del cuaderno 1 del expediente 68001-23-33-000-2017-01224-01. La Sala aclara que se refiere a la resolución por medio de las cuales se encargó a la hija del demandado de las funciones de Inspectora Urbana y de Inspectora de Tránsito y Transporte. Folio 107 del cuaderno 1 del expediente 68001-23-33-000-2017-01224-01. Folio 181 del cuaderno 1 del expediente 68001-23-33-000-2017-01224-01. Visibles en folios 181-225 del cuaderno 1 del expediente 68001-23-33-000-2017-01224-01. El tema de la falta del documento de la posesión para acreditar el ejercicio del cargo no es nuevo en los asuntos que ha tenido en conocimiento esta Corporación. En efecto, a título ilustrativo puede consultarse la sentencia de 24 de noviembre de 2016, en la que se analizó cómo con otros medios de prueba podía darse por acreditada la posesión y el ejercicio de las funciones con autoridad en el caso de la inhabilidad por parentesco: “Así que no solo faltaron a la verdad sino que alteraron la realidad de los fundamentos fácticos, que en principio inclinaban la balanza en el convencimiento del juez, de que la señora Echeverry Rodríguez nunca se posesionó ni protocolaria ni formalmente -para utilizar las mismas expresiones del demandado- en el cargo, dando a entender que si bien fue nombrada al no haber aceptado el cargo, se revocó el nombramiento y nunca fungió como Secretaria Departamental, la Sala encuentra que el factor de desempeño en cargo público con autoridad, que consagra el artículo 43 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, por parte del pariente que inhabilita al elegido, se encuentra acreditado. || Y es que si bien, en muchos casos se ha exigido el acta de posesión, ello es lo que tradicionalmente corresponde al deber ser del derecho probatorio, cuando no se cuenta con otro medio de prueba con suficiente convicción para darla por acreditado.

Pero en este caso concreto, la situación es clara, pues existen medios probatorios de gran fuerza de convicción provenientes de la misma entidad pública, que dan cuenta que la señora Echeverry Rodríguez fue nombrada el 19 de mayo de 2015 en el cargo de Secretaria de Turismo y Comercio del Departamento, se posesionó, solo que ese mismo día o al siguiente, según el decreto 0818 de 22 de mayo de 2015 expedido por el Gobernador de ese entonces, indicó que la nombrada no había aceptado el nombramiento por razones personales y que ello era la causa para revocar el nombramiento. || Dijo el demandado, al manifestarse luego de notificado el auto de mejor proveer, que la real Secretaria de Turismo y Comercio fue la doctora Nelssy Piedad Varela Marmolejo y pidió remitirse a la certificación obrante a folio 53 del cuaderno 1. Pues bien, la Sección Quinta encuentra que dicha señora fungió como tal desde el 16 de junio de 2015 y su antecesor hasta el 21 de mayo de 2015, siendo que lo acontecido con la señora Echeverry Rodríguez, según el relato comprobado de los hechos en cuanto al cargo de Secretaria de Turismo y Comercio data del 19 de mayo al 23 de mayo de 2015, en el que esos dos funcionarios sobre todo la señora Varela Marmolejo no fungían en dicha cartera, como lo afirma la parte demandada. || Tampoco es de recibo el antecedente que se cita frente al fallecido Guillermo Gaviria Correa, pues la situación analizada y juzgada en esa oportunidad estuvo rodeada de un evento de fuerza mayor, como fue secuestro y la posterior muerte en cautiverio del pariente que motivaba la inhabilidad de Aníbal Gaviria Correa (hermano) en calidad de Gobernador del Departamento de Antioquia. || Se insiste en que la posición actual y unánime responde a parámetros normativos que evidencian un supuesto objetivo y es que la autoridad no está limitada o marcada por un determinado lapso de tiempo en su ejercicio, pues el texto de la norma no dice que sea mínimo horas, días, semanas o cualquier otro parámetro temporal y, menos, aún que deba ejercerse materialmente. Ha de recordarse que los casos de ejercicio de autoridad el análisis se hace desde el punto de vista funcional u orgánico, dependiendo del contenido de las atribuciones o de que dentro de la estructura orgánica así se evidencie de la jerarquía.”. (Radicado 76001-23-33-000-2015-01577-02. Actor: Geimi Beltrán Fernández. Demandado: Albeiro Echeverry Bustamante (Concejal de Cali), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez).

Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de 14 de agosto de 2009. M.P. Gerardo Arenas Monsalve, Rad. 2143-2007.
Sobre el tema véase auto de 30 de noviembre de 2017. Exp. 11001-03-28-000-2017-00035-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de agosto treinta (30) de 2018, expediente 25000-23-41-000-2018-000165-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro. En el mismo sentido, cfr Sección Quinta, M. P. Carlos Enrique Moreno Rubio, auto de Sala de 29 de noviembre de 2018, rad. 20001-23-33-000-2018-00265-01.
Hace parte del texto citado: “En cuanto al alcance de esta causal, Cfr. Sentencia de la Sala Especial de Decisión No. 26 del Consejo de Estado, proferida el 7 de abril de 2015, dentro del expediente 110010315000201300358-00, Demandante: Luis Facundo Maldonado Granados, Demandado: Universidad Pedagógica Nacional”.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 22, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, sentencia de 7 de febrero de 2017, rad. 11001-03-15-000-2016-02260-00(REV).
Hace parte del texto citado a continuación: “Ver, entre otras, las siguientes providencias: del 20 de abril de 2004, expediente número: 11001-03-15-000-1996-0132-01; del 18 de octubre de 2005, expediente número 11001-03-15-000-2000-00239-00, del 7 de febrero de 2006, expediente número 11001-03-15-000-1997-00150-00; del 2 de marzo de 2010, expediente número 185; del 9 de marzo de 2010, expediente número 1100103150002002-1024-01, y del 31 de mayo de 2011, expediente número 1100103150002008-00294-00”.
También se ha hablado de la eventual procedencia cuando se advierte el acaecimiento de circunstancias que, si bien no encuadran en alguna de las causales taxativamente señaladas en el artículo 250 ejusdem, traducen una patente y protuberante violación del derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución.
Hace parte del texto citado: “Causales que antes estaban previstas en el artículo 140 CPC”.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Tres Especial de Decisión, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez, sentencia de 4 de diciembre de 2018, rad. 11001-03-15-000-2018-00888-00(REV).
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Tres Especial de Decisión, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez, sentencia de 4 de diciembre de 2018, rad. 11001-03-15-000-2018-00888-00(REV).
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, sentencia de 7 de febrero de 2017, rad. 11001-03-15-000-2013-02042-00(REV).
Hace parte del texto citado: “Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 29 de mayo de 2014. Radicado: Nº 70001-23-31-000-2005-01422-01(18915)”.
Hace parte del texto citado: “Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 3 de febrero de 2009, Rad. REV-1998-00170”.
Hace parte del texto citado: “Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de junio de 2005, Rad. REV-062”.
Hace parte del texto citado: “Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de mayo de 1998, Rad. REV-093”.
Hace parte del texto citado: “Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de diciembre de 1997, Rad. REV-080”.
M. P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 11001-03-15-000-2015-02342-00.

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00155-01
Demandante: José Del Cristo Polo Polo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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