Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2025-00260-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2025-00260-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 08001-23-33-000-2025-00260-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
25 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 08001-23-33-000-2025-00260-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: KAREN LORENA LÁZARO JAIMES
TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE NO SE CUMPLE
CON EL REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD. LA ACTORA NO
PROMOVIÓ EL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO, MECANISMO JUDICIAL IDÓNEO PARA DEBATIR LAS
INCONFORMIDADES PUESTAS DE PRESENTE EN LA ACCIÓN DE TUTELA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: MÍNIMO VITAL, DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,
TRABAJO Y BUENA FE.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra
la sentencia de 20 de agosto de 2025, mediante la cual el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO1 declaró improcedente la
solicitud de amparo.
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En adelante Tribunal.
2
Número único de radicación: 08001-23-33-000-2025-00260-01
Actora: KAREN LORENA LÁZARO JAIMES
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La señora KAREN LORENA LÁZARO JAIMES, actuando a través de
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso, a la
igualdad, al trabajo, a la buena fe y a los principios de confianza
legítima y a la estabilidad laboral, los cuales estima vulnerados por
la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN2 al haber expedido
el Decreto núm. 0617 de 30 de mayo de 2025, a través del cual
resolvió no prorrogar el nombramiento del cargo que venía
desempeñando en provisionalidad.
I.2.- Hechos
Señaló que laboró al servicio de la PROCURADURÍA desde el 14 de
septiembre de 2023, sin solución de continuidad, ocupando en
provisionalidad cargos de alta responsabilidad.
2
En adelante la Procuraduría.
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Actora: KAREN LORENA LÁZARO JAIMES
Aseguró que inicialmente mediante Decreto núm. 1103 de 7 de
septiembre de 2023, fue nombrada en el cargo de asesor código 1AS,
grado 24 (ID 0254), de libre nombramiento y remoción, adscrito al
despacho de la entonces procuradora general de la nación.
Indicó que a través del Decreto núm. 1732 de 1o. de noviembre de
2024, fue nombrada en el cargo de asesor código 1AS, grado 19 (ID
0651), en provisionalidad, por el término de seis meses.
Manifestó que durante el ejercicio del cargo, obtuvo calificaciones
positivas en las evaluaciones de desempeño, destacándose la
calificación de “adecuado”.
Mencionó que mediante Decreto núm. 0617 de 30 de mayo de 2025,
el procurador general de la nación, dispuso la finalización del
nombramiento en provisionalidad por vencimiento del término.
Arguyó que contra esa decisión interpuso recurso de reposición, el
cual se encuentra en trámite y, además, presentó derecho de petición
en el que solicitó información sobre los criterios objetivos de su
desvinculación. El segundo fue resuelto mediante Oficio de 15 de julio
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de 2025, en el que se le reiteró que la desvinculación obedeció
exclusivamente al vencimiento del término del nombramiento.
Manifestó que padece de una enfermedad autoinmune denominada
“miastenia gravis” por lo que requiere de controles y medicación
continua, asimismo añadió que tiene a su cargo a su progenitora y
que la finalización de su nombramiento compromete su mínimo vital
y el de su familia, ya que no cuenta con otra fuente de ingresos para
sufragar su afiliación al sistema se seguridad social.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de la actora, la finalidad de la acción de tutela es que de
manera transitoria se reintegre al cargo que venía desempeñando,
esto en razón a que el acto administrativo que la desvinculó incurrió
en falsa motivación y desconocimiento de las normas en las que
debió fundarse.
Aseguró que los argumentos del acto administrativo no están
debidamente sustentados, ni soportados en las causales legalmente
previstas, pues omitió el análisis de su situación particular, la
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inexistencia del concurso o la necesidad del servicio.
Afirmó que “[…] la acción de tutela que aquí se interpone también
encuentra fundamento en una inconsistencia sustancial del acto
administrativo contenido en el Decreto No. 0617 del 30 de mayo de
2025, mediante el cual se ordenó la finalización de mi nombramiento
en provisionalidad, ya que el cargo identificado en el decreto no
corresponde al cargo en el cual me encontraba legalmente nombrada
y en ejercicio de funciones […]”.
I.4.- Pretensiones
La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] 1. Se sirva AMPARAR COMO MECANISMO TRANSITORIO
de manera in mediata y efectiva los derechos fundamentales AL
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, ESTABILIDAD
LABORAL RELATIVA, ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA
POR SALUD, IGUALDAD, MÍNIMO VITAL, TRABAJO, BUENA
FE Y CONFIANZA LEGÍTIMA, mismos que han sido amenazados
y vulnerados por la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, al
expedir el Decreto No. 0617 del 30 de mayo de 2025, de
conformidad con los argumentos señalados en precedencia.
2. Como consecuencia inmediata del amparo constitucional, solicito
se ORDENE a la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, que, en
el término de 48 horas contado a partir de la notificación de esta
providencia, reintegre sin solución de continuidad a la señora
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KAREN LORENA LAZARO JAIMES¸ en el cargo que venía
desempeñando al momento del retiro, como medida de protección
transitoria y con el fin de evitar un perjuicio irremediable, mientras
se surte el proceso de selección por concurso de méritos o hasta
tanto se profiera decisión de fondo en la jurisdicción contenciosa
administrativa., que se interpondrá dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la notificación del Decreto No. 0617 del 30 de mayo
de 2025.
3. Advertir a la entidad accionada que la desvinculación de una
persona que padece una enfermedad crónica que exige atención
permanente, sin valoración previa ni medidas de protección frente
a su condición de salud, configura una vulneración grave al
principio de igualdad y al derecho a la estabilidad laboral reforzada.
4. Exhortar a la Procuraduría General de la Nación para que, en
adelante, garantice los principios de legalidad, debido proceso,
motivación suficiente y respeto por el mérito, al momento de
decidir sobre la finalización de nombramientos provisionales, en
especial cuando concurran circunstancias de salud que exijan
protección reforzada.
5. Disponer cualquier otra medida que su despacho considere
necesaria y proporcional para la protección plena de mis derechos
fundamentales, y para evitar la consolidación de los efectos lesivos
del acto administrativo impugnado […]”. (Destacado pertenece al
texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- La PROCURADURÍA señaló que la solicitud de amparo
resulta improcedente comoquiera que no satisface el requisito de
subsidiariedad, pues la actora cuenta con los mecanismos ordinarios
de defensa judicial idóneos y eficaces para cuestionar la legalidad del
acto administrativo de desvinculación.
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Informó que la actora interpuso recurso de reposición contra el
Decreto núm. 0617 de 2025, el cual fue tramitado y resuelto
mediante decisión de 18 de julio del año en curso, por lo que insistió
en que la acción de tutela no resulta procedente como mecanismo
principal para el estudio de fondo del asunto.
Resaltó que la entidad actuó en el marco de sus competencias legales
y constitucionales, ya que la decisión de no prorrogar el
nombramiento de la actora se adoptó en el ejercicio de la potestad
discrecional en el marco del régimen especial de carrera de la
entidad, el cual fue objeto de control constitucional.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
El TRIBUNAL mediante sentencia de 20 de agosto de 2025, declaró
improcedente el amparo al considerar que no se encontró satisfecho
el requisito de subsidiariedad, comoquiera que la actora dispone
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a
través del cual puede controvertir la legalidad del acto administrativo
que puso fin a su vinculación.
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Indicó que si bien la demandante allegó unas historias clínicas con
las que demostró que padece una enfermedad, no acreditó
encontrarse en una situación de riesgo o incapacitada para atender
sus necesidades básicas mientras agota la vía judicial ordinaria,
adicionalmente consideró que, la actora no presenta limitaciones que
le impidan ejercer su profesión, por lo que no se evidenció un estado
de indefensión que justifique la intervención del juez constitucional.
Resaltó que “[…] si bien esta Sección, en anterior oportunidad,
concedió el amparo en un asunto de similar naturaleza, lo cierto es
que los casos deben resolverse atendiendo a sus particularidades y
singularidades. En el sub examine, no se satisface el requisito de
subsidiariedad, pues, de las pruebas obrantes en el expediente, no
se acreditó la inminencia de un perjuicio irremediable ni la ausencia
de medios ordinarios eficaces de defensa judicial […]”.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia proferida por el TRIBUNAL
manifestando su desacuerdo con la motivación de la decisión, pues,
a su juicio, la providencia adolece de una valoración de las pruebas
con las que se demostró la vulneración de sus garantías
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constitucionales y la procedencia excepcional de la acción de tutela.
Manifestó que la decisión impugnada no valoró integralmente su
condición médica y la dependencia económica de su progenitora,
pues, se limitó a informar que tiene capacidad profesional y que su
familiar tiene bienes inmuebles, sin hacer un análisis de la
configuración del perjuicio irremediable debido a la patología que
padece.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
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Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 1991. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso concreto
En el presente caso, la actora instauró la acción de tutela con el fin
de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital,
al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, a la buena fe y a los
principios de confianza legítima y estabilidad laboral, los cuales
estima vulnerados por la PROCURADURÍA.
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Los disensos de la actora radican en que la entidad accionada
incurrió en la vulneración de sus derechos fundamentales, al haber
expedido el Decreto núm. 0617 de 30 de mayo de 2025, a través del
cual resolvió no prorrogar el nombramiento del cargo que venía
desempeñando en provisionalidad.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el
TRIBUNAL que, mediante sentencia de 20 de agosto de 2025,
declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no se
acreditó el requisito de subsidiariedad.
Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión
proferida en primera instancia, manifestando su desacuerdo con la
motivación de la decisión, pues, a su juicio, la providencia adolece
de una valoración de las pruebas con las que se demostró la
vulneración de sus garantías constitucionales y la procedencia
excepcional de la acción de tutela.
Manifestó que la decisión impugnada no valoró integralmente su
condición médica y la dependencia económica de su progenitora,
pues, se limitó a informar que tiene capacidad profesional y que su
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familiar tiene bienes inmuebles, sin hacer un análisis de la
configuración del perjuicio irremediable debido a la patología que
padece.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad
de la acción de tutela; y, de ser así, se establecerá si la autoridad
judicial accionada vulneró los derechos fundamentales deprecados.
En ese orden, se examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela, en especial, el
requisito de la subsidiariedad.
De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del
requisito de subsidiariedad
El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 prevé como causal de
improcedencia que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
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transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante»
(Subrayas y negrillas fuera del texto).
Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los
derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, el juez constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
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fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se
dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer
del fondo del asunto.»3 (Subrayas y negrillas fuera del texto).
Precisado lo anterior, la Sala evidencia que las inconformidades
planteadas por la actora en este trámite constitucional recaen en que
la entidad accionada vulneró sus derechos fundamentales, al haber
proferido el acto administrativo que resolvió no prorrogar el
nombramiento del cargo que venía desempeñando en
provisionalidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que, como bien lo
señaló el a quo la presente acción de tutela es improcedente
por carencia del requisito de subsidiariedad, habida cuenta que
la actora tiene a su disposición la existencia de otro mecanismo
judicial como lo es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
3 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge Iván
Palacio Palacio.
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CPACA4, como medio de defensa para pretender el amparo de los
derechos deprecados con relación a los señalamientos formulados
respecto a la legalidad del Decreto núm. 0617 de 30 de mayo de
2025, mediante el cual el procurador general de la nación dispuso la
finalización del nombramiento del cargo que desempeñó en
provisionalidad por vencimiento del término, así como frente al que
resolvió el recurso de reposición.
Así las cosas, la Sala considera que la presente acción de tutela
es improcedente ante la existencia de otro medio de defensa
judicial, esto es, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, el cual la actora tiene a su alcance,
por lo que mal podría el juez de tutela ordenar un amparo
constitucional con el propósito de que se emita una orden que
evidentemente es competencia del juez de conocimiento y que por
negligencia y desidia de la actora o de su apoderado, no han sido
ventiladas dentro del mecanismo judicial ordinario dispuesto para
ello.
4
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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Aunado a lo anterior, no se puede desatender en manera alguna el
carácter excepcional y subsidiario de la acción de tutela, habida
cuenta que su desconocimiento afectaría el ordenamiento jurídico en
el sentido de que la garantía de los derechos fundamentales no sería
examinada por el juez natural para resolver las controversias
jurídicas de acuerdo con las competencias establecidas por el
legislador.
Ahora bien, con el fin de analizar si en el presente caso se configura
la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la
acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala se remite a lo
dispuesto por la Corte Constitucional5:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha
precisado que éste debe reunir las siguientes características:
“debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un
considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos
que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del
daño. (…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona
(moral o material), pero que sea susceptible de determinación
jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una
respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como
respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por
último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto
es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de
evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable […]”.
5
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala no advierte la existencia de
un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela de
la referencia como mecanismo transitorio, dado que si bien la actora
adjuntó unas pruebas documentales con las que pretende demostrar
el acaecimiento de un perjuicio irremediable, de la valoración de tales
elementos probatorios no es posible establecer una circunstancia que
amerite la intervención del juez constitucional, habida cuenta que,
en primer lugar, la actora desempeñaba un cargo en provisionalidad
con plazo definido, por lo tanto tenía pleno conocimiento del carácter
temporal del nombramiento.
En ese sentido, no hay lugar a considerar la configuración de un
perjuicio irremediable, en la medida que la actora no logró demostrar
alguna de las causales definidas por el ordenamiento jurídico para
considerar un fuero de estabilidad laboral reforzada.
Aunado a lo anterior, esta Sala, en asuntos similares en los que se
ha solicitado la protección del mínimo vital como consecuencia de la
desvinculación de un cargo, ha indicado lo siguiente:
“[…] 49. Ahora bien, valga agregar que si bien es cierto la aquí
actora podría verse afectada en su mínimo vital por la falta de
salario, como consecuencia de la desvinculación laboral, ello no
habilita al juez de tutela para que adopte medidas en favor de la
extrabajadora, en razón a que toda terminación laboral trae
consigo la imposibilidad de continuar recibiendo la remuneración
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[…]”6.
En segundo lugar, la actora aduce que padece una condición médica
que requiere de controles y medicación continua, sin embargo,
la Sala advierte que en la historia clínica aportada al expediente7 se
evidencia que en el año 2020 la actora recibió atención medica por
el diagnostico denominado “miastenia gravis” cuyo tratamiento
farmacológico se ordenó para una vigencia de 3 meses, esto es, para
el período comprendido entre el 24 de diciembre de 2020 hasta
el 24 de marzo de 2021, como se evidencia a continuación:
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá, D.C., 14 julio de 2022. Radicación número: 11001-03-15-
000-2022-01920-01.
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Índice No. 2, aplicativo Samai, anexos expediente digital proceso No. 08001-23-33-000-2025-00260-
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En ese sentido, la Sala advierte que la actora fue atendida en el año
2020 por el diagnostico patológico que refiere en la solicitud, sin
embargo, no existe prueba documental que permita determinar que
para la fecha de desvinculación o de presentación de la solicitud de
amparo, la interesada dependiera de un tratamiento o de controles
permanentes, pues la información médica que presenta como prueba
data de hace más de 4 años, lo que desvirtúa la existencia de un
riesgo inminente y un estado actual de incapacidad o debilidad
manifiesta.
Finalmente, frente a los reparos relacionados con la dependencia
económica de su progenitora, la Sala no advierte que tales
argumentos por si solos permitan el estudio excepcional de la acción
de tutela, pues tal calidad no se encuentra probada, además, como
se indicó en líneas anteriores, no existen argumentos demostrativos
que permitan inferir un estado de debilidad o incapacidad que le
impida a la actora ejercer su profesión u otra actividad profesional o
económica que le permita suplir su necesidades y las de su núcleo
familiar.
En consecuencia, se confirmará la decisión del a quo, que declaró
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improcedente la solicitud de amparo, como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de septiembre de 2025.
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21
Número único de radicación: 08001-23-33-000-2025-00260-01
Actora: KAREN LORENA LÁZARO JAIMES
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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