Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2016-03353-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2017 › Radicado 11001-03-15-000-2016-03353-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2016-03353-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2016-03353-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés (e)
16 de febrero de 2017
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL IDÓNEO PARA PEDIR INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS DERIVADOS DE UN ACTO ADMINISTRATIVO REVOCADO POR LA ADMINISTRACIÓN - Reparación directa
[L]a Sala advierte que el juicio de responsabilidad patrimonial por parte del Juzgado Veintidós Administrativo Oral de Medellín se hizo a partir del control de legalidad de la Resolución 020 de 2010 (12 de junio), mediante la cual el Municipio de Amalfi otorgó una licencia de construcción a la Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial. (…) no había lugar a cuestionar la legalidad de la licencia de construcción (…) pues este acto administrativo no fue la fuente directa del daño antijurídico. El cuestionamiento endilgado a la administración municipal, en sede de reparación directa, debía circunscribirse a valorar y analizar las acciones materiales omitidas por la administración municipal, relacionadas con el deber de vigilancia que le asistía cumplir con ocasión de la ejecución de la obra, es decir, de las actividades desarrolladas con posterioridad a la expedición de la licencia de construcción. (…) el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Decisión Oral, no se equivocó al proferir el fallo de 6 de octubre de 2016, pues corrigió el yerro en que había incurrido el Juzgado Veintidós Administrativo Oral de Medellín, ya que la acreditación de la ilegalidad del acto y su siguiente declaración de nulidad era lo que podía tornar en antijurídico el daño causado, situación que no ocurría, pues en la acción de reparación directa se endilgan perjuicios ocasionados por un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble, pero no por la ilegalidad de un acto administrativo.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 187 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 2356 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 69 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 73 / LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 135 - NUMERAL 2 / LEY 388 DE 1997 - ARTÍCULO 99 - NUMERAL 7 / LEY 400 DE 1997 - ARTÍCULO 2 / LEY 400 DE 1997 - ARTÍCULO 17 - NUMERAL 2 / LEY 400 DE 1997 - ARTÍCULO 17 - NUMERAL 3 / LEY 400 DE 1997 - ARTÍCULO 17 - NUMERAL 5 / LEY 400 DE 1997 - ARTÍCULO 17 - NUMERAL 6 / LEY 400 DE 1997 - ARTÍCULO 21 - NUMERAL 1 / LEY 400 DE 1997 - ARTÍCULO 21 - NUMERAL 2 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 138 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 140 / DECRETO 1600 DE 2005 / DECRETO 564 DE 2006 / DECRETO 1469 DE 2010 - ARTÍCULO 21 / DECRETO 1469 DE 2010 - ARTÍCULO 25 / DECRETO 1052 DE 1998 - ARTÍCULO 23
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la configuración del desconocimiento del precedente jurisprudencial, ver las sentencias del 13 de marzo de 2013, M.P. Guillermo Vargas Ayala, exp. 11001-03-15-000-2012-02074-00 ydel 18 de abril de 2013, exp. 11001-03-15-000-2012-01797-00, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno, de esta Corporación. En relación con el tema de la falla del servicio como consecuencia de actos administrativos cuya presunción de legalidad no ha sido desvirtuada, ver la sentencia del 3 de abril de 2013, exp. 52001 23 31 000 1999 00959 (26437), M.P. Mauricio Fajardo Gómez, de esta Corporación.
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE HORIZONTAL - Inexistencia
La accionante alega que la sentencia proferida el 6 de octubre de 2016 incurre en desconocimiento de precedente judicial horizontal, porque desconoce el fallo de 14 de septiembre de 2016, dictado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad. (…) revisado el material probatorio allegado al expediente, se tiene acreditado que, ante la jurisdicción contencioso administrativa, se instauraron dos acciones de reparación directa por los familiares de las víctimas de los hechos del 23 de junio de 2010. (…) se observa que no existe desconocimiento de un precedente horizontal, comoquiera que el proceso con radicación número 05001 33 33 016 2012 00125 01 se tramitó en el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad (…) y el proceso con radicación número 05001 33 33 022 2012 00227 00 se tramitó en el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Decisión Oral (…).Debe recordarse que sólo existe violación del precedente horizontal cuando el mismo juez desconoce sus propios pronunciamientos jurisprudenciales.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el precedente horizontal, ver las sentencias del 23 de abril de 2015, exp. 11001-03-15-000-2014-02344-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez y del 26 de junio de 2015, exp. 11001-03-15-000-2015-00580-01, M.P. María Elizabeth García González, de esta Corporación.
AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
[L]a Sala no evidencia la ocurrencia de un defecto fáctico ni de un defecto sustantivo, porque el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Decisión Oral, no podía fundamentar su fallo en un juicio de legalidad de la Resolución 020 de 2010 (…) y, por lo mismo, no le era dable imponer una condena solidaria, en aplicación del artículo 2344 del Código Civil. (…) se denegará el amparo deprecado, al constatar que no se vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial, porque la sentencia proferida el 6 de octubre de 2016 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Decisión Oral, no incurrió en desconocimiento de precedente judicial vertical, en desconocimiento de precedente judicial horizontal, en defecto fáctico ni en defecto sustantivo.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 2344
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS(E)
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-15-000-2016-03353-00(AC)
Actor: IGLESIA CRISTIANA PENTECOSTÉS DE COLOMBIA DEL MOVIMIENTO MISIONERO MUNDIAL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA DE DECISIÓN ORAL
Se decide la acción de tutela presentada por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial, que actúa por conducto de apoderado judicial, en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Decisión Oral.
I. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud
La Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial, mediante apoderado, formuló acción de tutela por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia, en que, a su juicio, incurrió el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Decisión Oral, al proferir el fallo de 6 de octubre de 2016, en ejercicio de la acción de reparación directa con radicación número 05001-33-33-022-2012-00227-01, por medio del cual revocó el numeral primero de la sentencia proferida el 3 de febrero de 2014 por el Juzgado Veintidós Administrativo Oral de Medellín, condenándola a asumir exclusivamente la reparación de perjuicios en el proceso de reparación directa identificado con radicación número 05001-33-33-022-2012-00227.
1.2. Hechos
La accionante solicitó al municipio de Amalfi, Antioquia, una licencia de construcción para edificar un templo de dos pisos dedicado a la oración, en el inmueble ubicado en la calle 21 Nº 16-54.
El 12 de junio de 2010, el Municipio de Amalfi, a través de su Secretaría de Planeación, expidió la licencia de construcción Nº 020, que en el acápite de notas, numeral 16, señaló lo siguiente: “en la documentación presentada, la solicitante no presentó estudios de suelos, por lo tanto el constructor y propietario del inmueble son responsables de cualquier anomalía, daño o perjuicio que se pueda ocasionar a terceros por un posible deslizamiento de tierra u otro daño a perjuicio”.
El 23 de junio de 2010, colapsó el muro de la vivienda ubicada en la calle Córdoba Nº 16-40, colindante al inmueble en el que se adelantaba la construcción del templo, ocasionando la muerte de la señora Luz Helena Londoño Zapata y de las menores Karen Julieth Zapata Pérez y María Luisa Olascuagas Cogollos, así como lesiones personales a la señora Alba Rosa Tobón Mesa y a la menor Angie Ximena Zapata Pérez.
En este orden de ideas, mediante Resolución Nº 001 de 2010 (24 de junio), el Municipio de Amalfi suspendió temporalmente la licencia de construcción Nº 020, al considerar que era necesario “hacer todos los estudios pertinentes para esclarecer este suceso”.
Más adelante, por Resolución Nº 004 de 2010 (26 de junio), el Municipio de Amalfi canceló la licencia de construcción Nº 20, argumentando que: “la Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial, no acreditó en su momento la totalidad de la información requerida conforme a la legislación que regula la materia, en especial la Ley 400 de 1997 y el Decreto Nacional 1600 del 2005, en sus artículos 17 y 21. (…) Como puede apreciarse de los documentos aportados por los solicitantes para la expedición de la licencia, faltaron los contemplados en los numerales 2, 3, 5 y 6 del anterior artículo 17. Además los necesarios de los numerales 1 y 2 del artículo 18, como lo son los planos arquitectónicos de fachada, cubiertas, cuadro de áreas, de ubicación y nomenclatura, como tampoco los hidráulicos. Ahora, conforme al Manual de Sismoresistencia aprobado para Colombia por la Ley 400 de 1997 y el Decreto 34 de 1999 y el Decreto Nacional 1600 del 2005, ahora 926 del 2010, norma NSR 10, por el uso de la obra cuya licencia se otorgó debe cumplir con los requisitos exigidos en él, tal como son los estudios de suelos, ausentes en la actuación”.
Bajo el anterior contexto, los señores Alba Rosa Tobón Mesa, Yamile del Carmen Pérez Mesa, Angie Ximena Zapata Pérez, Lina Marcela Tobón Mesa, Yurani Andrea Pérez Mesa, Willinton de Jesús Pérez Mesa, Nino Alonso Tobón Sierra, Marleny del Socorro Mesa Gutiérrez, Adrian Alonso Londoño Zapata, Liliana María Londoño Zapata, Gildardo Antonio Londoño Zapata, María Cruselva Londoño Zapata, Luis Alfonso Londoño Zapata, Ramiro Antonio Londoño Zapata, Feníbera Londoño Zapata, Sor Ángela Londoño Zapata, Luis Carlos Olascuagas García, María de Jesús Cogollo Arrieta, Jhein Olascuagas Cogollo, Carlos Manuel Olascuagas Cogollo, Jhonatan Javier Cogollo Arrieta y Belarmina Irene Olascuagas García, mediante apoderado, presentaron una demanda, ante la jurisdicción contencioso administrativa, en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial y del Municipio de Amalfi. El proceso correspondió por reparto al Juzgado Veintidós Administrativo Oral de Medellín y se tramitó con radicación número 05001-33-33-022-2012-00227.
Por sentencia de 3 de febrero de 2014 el Juzgado Veintidós Administrativo Oral de Medellín condenó a la Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial y al Municipio de Amalfi, a pagar los perjuicios materiales e inmateriales ocasionados a los actores, reduciendo la apreciación del daño en un 50%, por considerar que concurrieron en la producción del mismo el hecho de la víctima y el hecho de un tercero.
La anterior providencia fue apelada por los demandados y por los accionantes. Del recurso de alzada conoció el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Decisión Oral, el cual, mediante fallo de 6 de octubre de 2016, revocó la decisión del Juzgado Veintidós Administrativo Oral de Medellín, y condenó exclusivamente a la Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial a pagar los perjuicios ocasionados a los actores.
1.3. Pretensiones
La accionante solicita el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia y que, en consecuencia, se revoque la sentencia de 6 de octubre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Decisión Oral.
1.4. Actuación
Por auto de 12 de diciembre de 2016 este Despacho admitió la acción de tutela y dispuso notificar a los Magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Decisión Oral; al Juzgado Veintidós Administrativo Oral de Medellín, a los demandantes en el proceso de reparación directa señores Alba Rosa Tobón Mesa, Yamile del Carmen Pérez Mesa, Angie Ximena Zapata Pérez, Lina Marcela Tobón Mesa, Yurani Andrea Pérez Mesa, Willinton de Jesús Pérez Mesa, Nino Alonso Tobón Sierra, Marleny del Socorro Mesa Gutiérrez, Adrian Alonso Londoño Zapata, Liliana María Londoño Zapata, Gildardo Antonio Londoño Zapata, María Cruselva Londoño Zapata, Luis Alfonso Londoño Zapata, Ramiro Antonio Londoño Zapata, Feníbera Londoño Zapata, Sor Ángela Londoño Zapata, Luis Carlos Olascuagas García, María de Jesús Cogollo Arrieta, Jhein Olascuagas Cogollo, Carlos Manuel Olascuagas Cogollo, Jhonatan Javier Cogollo Arrieta y Belarmina Irene Olascuagas García, y al Municipio de Amalfi.
1.5. Las contestaciones
1.5.1. El Juzgado Veintidós Administrativo Oral de Medellín consideró que la providencia cuestionada incurrió en violación al derecho de igualdad, pues, a su juicio, lo decidido no guardaba congruencia con otros fallos proferidos por el Tribunal Administrativo de Antioquia en casos análogos.
1.5.2. Los Magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Decisión Oral, y los demandantes dentro de la acción de reparación directa señores Alba Rosa Tobón Mesa, Yamile del Carmen Pérez Mesa, Angie Ximena Zapata Pérez, Lina Marcela Tobón Mesa, Yurani Andrea Pérez Mesa, Willinton de Jesús Pérez Mesa, Nino Alonso Tobón Sierra, Marleny del Socorro Mesa Gutiérrez, Adrian Alonso Londoño Zapata, Liliana María Londoño Zapata, Gildardo Antonio Londoño Zapata, María Cruselva Londoño Zapata, Luis Alfonso Londoño Zapata, Ramiro Antonio Londoño Zapata, Feníbera Londoño Zapata, Sor Ángela Londoño Zapata, Luis Carlos Olascuagas García, María de Jesús Cogollo Arrieta, Jhein Olascuagas Cogollo, Carlos Manuel Olascuagas Cogollo, Jhonatan Javier Cogollo Arrieta y Belarmina Irene Olascuagas García, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia de la Sala
Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1° y 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se dictan reglas para el conocimiento y reparto de la acción de tutela.
2. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
3. Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales
Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello (Rad.: 2009-01328, C. P.: Dra. María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derechoS fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.
4. Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción constitucional cuando se dirige contra decisiones judiciales
Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
Además de estas exigencias, la Corte en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”.
Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.
Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que éste instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001031500020120220101, C. P., Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
En el caso bajo examen se advierte que la acción de tutela cumple con los requisitos generales que exige la sentencia C-590 del 2005 para la procedencia contra providencia judicial, ya que: i) es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración de varios derechos fundamentales; ii) cumplió con el principio de inmediatez, pues se interpuso antes de que transcurrieran (6) meses después de ejecutoriada la sentencias acusada; iii) no existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales la accionante pueda lograr la protección de los derechos invocados; iv) no se trata de una presunta irregularidad procesal que pueda resultar determinante en el proceso; v) la actora identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y vi) no se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
5. El caso concreto
La Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial, presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Decisión Oral, porque, a su juicio, vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, al proferir la sentencia de 6 de octubre de 2016, por medio del cual revocó el numeral primero de la sentencia proferida el 3 de febrero de 2014 por el Juzgado Veintidós Administrativo Oral de Medellín, condenándola a asumir integralmente la reparación de perjuicios en el proceso de reparación directa identificado con radicación número 05001-33-33-022-2012-00227.
Al efecto, el apoderado de la accionante alega que la sentencia proferida el 6 de octubre de 2016 incurrió en: i) desconocimiento de precedente judicial vertical, porque no tuvo en cuenta los fallos de la Sección Tercera de esta Corporación relativos al tema de responsabilidad por falla en el servicio; ii) desconocimiento de precedente judicial horizontal, porque no consideró el fallo de 14 de septiembre de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad; iii) defecto fáctico, por no haber efectuado una adecuada valoración del material probatorio allegado al expediente y iv) defecto sustantivo, por no aplicar el artículo 2344 del Código Civil.
En este orden de ideas, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala en el presente caso consisten en determinar si, en efecto, la sentencia proferida el 6 de octubre de 2016 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Decisión Oral, incurre en desconocimiento de precedente judicial vertical, desconocimiento de precedente judicial horizontal, defecto fáctico y defecto sustantivo.
5.1. Del desconocimiento de precedente judicial vertical
En relación con el defecto de desconocimiento de precedente jurisprudencial, la Corte Constitucional ha determinado que por precedente jurisprudencial debe entenderse el “conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia”.
Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso determinado busca asegurar la eficacia de los principios y derechos fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia.
Lo anterior encuentra su fundamentó en el criterio desarrollado por la Corte Constitucional, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial, está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez (precedente horizontal).
En efecto, la Corte Constitucional, en sentencia T-457 de 2008, indicó:
“En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la correcta utilización del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”. (Negrilla fuera de texto)
Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia constitucional, cuya doctrina es obligatoria, la regla del respeto del precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación concreta.
Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala, a saber: (i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y el que se resuelve con posterioridad; (ii) una transformación significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; (iii) un cambio en el orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como precedentes; (iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, (v) la consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.
En efecto, la Sala ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial”, para lo cual resulta obligatorio referirse a éste –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión de apartarse.
Por tanto, y como lo ha sostenido la Sala, sólo el desconocimiento injustificado de un precedente es el que da lugar a la configuración del defecto de desconocimiento de precedente judicial, como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Ahora bien, en el caso sub examine, la inconformidad manifestada por la accionante consiste en señalar que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Decisión Oral, en la sentencia de 6 de octubre de 2016, desconoció el precedente judicial del Consejo de Estado, en punto de la declaración de responsabilidad, a la luz del título de imputación por falla en el servicio. Al efecto, citó apartes de la sentencia del 22 de junio de 2011, según la cual debe entenderse como falla del servicio: “aquella que se presenta cuando el servicio no funciona, o funciona mal o tardíamente, por el incumplimiento de deberes y obligaciones por parte de las autoridades y de tal circunstancia se derivan daños a terceros”.
Asimismo, afirmó que en la sentencia controvertida no podía afirmarse que hubiera existido un “hecho del tercero”, pues éste sólo se presenta cuando es imprevisible e irresistible y es causa adecuada y exclusiva del daño. A propósito hizo las siguientes transcripciones de las sentencias de 23 de agosto de 2010 (M.P. Ruth Stella Correa Palacio) y 16 de agosto de 2007 (M.P. Ramiro Saavedra Becerra):
Sentencia de 23 de agosto de 2010
“el mismo constituye causa extraña que exonera de responsabilidad a la entidad demandada, cuando reúne los siguientes requisitos: (i) Que sea la causa exclusiva del daño (…), (ii) Que el hecho del tercero sea completamente ajeno al servicio (…) (iii) Que la actuación del tercero sea imprevisible e irresistible a la entidad; porque, de lo contrario, el daño le sería imputable a ésta a título de falla del servicio en el entendido de que la entidad teniendo el deber legal de hacerlo, no previno o resistió el suceso. (…) Ahora bien, para que el hecho del tercero constituya causa extraña y excluya la responsabilidad de la entidad demandada no se requiere ni que el mismo aparezca plenamente identificado en el proceso ni que hubiera actuado con culpa, porque, se reitera, la relación causal es un aspecto de carácter objetivo. Lo determinante en todo caso es establecer que el hecho del tercero fue imprevisible e irresistible para la entidad demandada, que su actuación no tuvo ningún vínculo con el servicio y que fue causa exclusiva del daño”
Sentencia de 16 de agosto de 2007
“Una vez presentes tales elementos, la entidad pública demandada sólo podrá exonerarse de una declaratoria de responsabilidad si prueba que su actuación fue oportuna, prudente, diligente y con pericia, es decir, que no hubo falla del servicio o; si logra romper el nexo causal, mediante la acreditación de una causa extraña: fuerza mayor, hecho exclusivo y determinante de la víctima o, hecho también exclusivo y determinante de un tercero”
Lo anterior, al considerar que no están dados los elementos para que pueda hablarse de responsabilidad exclusiva de la Iglesia Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial, pues su actuación no fue la causa exclusiva del daño, sino que concurrió con el comportamiento omisivo y desinteresado del Municipio de Amalfi, el cual, a su juicio, otorgó una licencia de construcción sin el lleno de los requisitos exigidos en la ley.
En este orden de ideas, para comenzar, se advierte que la sentencia proferida el 3 de febrero de 2014 por el Juzgado Veintidós Administrativo Oral de Medellín, se fundamentó así:
“Al encontrarse establecido el primer elemento de responsabilidad, esto es, la existencia del daño antijurídico, debe establecerse si este es imputable a las entidades demandadas.
En relación con el Municipio de Amalfi, se tiene que la parte demandante atribuye dicho daño causado a los demandantes con la muerte de Karen Yulieth Zapata Pérez, María Luisa Olascuagas y Luz Elena Zapata Londoño y las lesiones de Angie Ximena Zapata Pérez y Alba Rosa Tobón Mesa por la falla del servicio de dicha entidad al otorgar licencia de construcción Nº 20 de 12 de junio de 2010 sin la totalidad de los requisitos exigidos en la legislación expedida por funcionaria que no se encontraba en ejercicio de sus funciones, para lo cual se acreditó ante este Despacho lo siguiente:
Mediante Resolución Nº 020 del 12 de junio de 2010 se expidió la Licencia de Construcción a la Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia para la construcción en su propiedad de primer y segundo piso, con un área a construir de 382.42 m2 en la calle 21 Nº 16-54, señalando de manera textual en la misma que: ‘Para la expedición de la presente licencia el (a) interesado (a) cumplió con todos los requisitos exigidos por la Secretaría de Planeación” (Negrilla fuera de texto), señalando además en el numeral 16 de las notas de la misma que: ‘En la documentación presentada, la solicitante no presentó estudio de suelos, por tanto el constructor y propietaria del inmueble, son responsables de cualquier anomalía, daños o perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por un posible deslizamiento de tierra o daño o perjuicio’ (fls. 485 a 486)
Por su parte, mediante Resolución Nº 004 del 26 de junio de 2010 el Municipio de Amalfi, canceló la licencia de construcción Nº 020 del 12 de junio de 2010 estableciendo entre otros motivos, la falta de acreditación en su momento de la totalidad de la información requerida conforme a la legislación vigente, de manera específica lo señalado en los numerales 2, 3, 5 y 6 del artículo 17 y numerales 1 y 2 del artículo 21 de la Ley 400 de 1997 señalando que el solicitante de la licencia agregó como documentación únicamente lo referente a escrituras públicas, certificado de paz y salvo del impuesto predial, autorización de los vecinos de la construcción, certificación de redes de acueducto y alcantarillado, certificado de disponibilidad de servicio, liquidación de impuestos, informe de cálculos estructurales y copias de los planos realizados, al respecto deberá este despacho realizar las siguientes precisiones:
El artículo 2º de la Ley 400 de 1997 ‘Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes’, normatividad vigente para la época de expedición dela licencia de construcción, establece que: ‘Las construcciones que se adelanten en el territorio de la República deberán sujetarse a las normas establecidas en el presente Ley en las disposiciones que reglamenten’, por su parte en su inciso primero señala respecto de la responsabilidad de los entes municipales que: ‘Corresponde a las oficinas o dependencias distritales y municipales encargadas de conceder las licencias de construcción, la exigencia y vigilancia de su cumplimiento. Estas se abstendrán de aprobar los proyectos o planos de construcciones que no cumplan con las normas señaladas en esta Ley o sus reglamentos” (Negrillas fuera de texto)
Por su parte, la Ley 388 de 1997 estableció en su numeral 7 del artículo 99 que será el Gobierno Nacional, quien establecerá los documentos que debe acompañar a las solicitudes de licencias, por lo cual de acuerdo con dicha facultad el Gobierno Nacional expidió varios Decretos, entre ellos el 1600 de 2005 y 564 de 2006 derogado por el Decreto 1469 de 2010 que en sus artículos 21 y 25 estableció de manera taxativa los documentos acompañantes de las licencias así:
(…)
De la normatividad anteriormente referida, así como del material probatorio allegado al expediente, de manera específica de las Resoluciones Nº 020 del 12 de junio de 2010 y 004 del 26 de junio de 2010 expedidas por el Municipio de Amalfi se advierte que efectivamente fue otorgada licencia de construcción sin la totalidad de los requisitos exigidos en la legislación, pues se evidencia que en los documentos aportados no se encuentran los planos estructurales del proyecto, así como la copia magnética del proyecto arquitectónico, tal como es exigido por el artículo 25 del Decreto 1469 de 2010, documentos necesarios para este tipo de construcción, tal como fue señalado por el Investigador Criminalístico en el Informe de Campo rendido para la Noticia Criminal Nº 050316100209201080157 (fl.456).
En efecto, correspondía al Municipio de Amalfi a través de su Secretaría de Planeación realizar la verificación de la documentación mínima exigida para el otorgamiento de la licencia de construcción, según la normatividad vigente, de conformidad con lo señalado en el inciso primero del artículo 2 de la Ley 400 de 1997, anteriormente referida, por lo que, para el momento del insuceso, esto es, el 232 de junio de 2010, la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, se encontraba ejecutando unas obras constructivas facultadas mediante licencia de construcción otorgada por el Municipio que no cumplía con los requerimientos mínimos exigidos, tal como fue señalado.
De igual forma advierte este Despacho que dicha licencia de construcción fue otorgada por la señora Eliana María Ruíz Meneses, Secretaria de Planeación (E) del Municipio de Amalfi, la cual de conformidad con la Resolución Nº 403 del 10 de junio de 2010 (fl. 556) se encontraba en situación de licencia no remunerada para dicha fecha y solo se reintegró a su cargo a partir del 20 de junio de 2010, tal como consta en la Resolución Nº 424 del 17 de junio de 2010 (fl. 557); por lo que de conformidad con el numeral 2 del artículo 135 de la Ley 270 de 1996, dicha funcionaria se encontraba ‘separada temporalmente del servicio de sus funciones’, y por tanto no podía expedir licencia de construcción alguna.
En consecuencia, se advierte responsabilidad patrimonial del Municipio de Amalfi con ocasión de la expedición irregular de la Licencia de Construcción Nº 020 del 12 de junio de 2010, en tanto quedó demostrado que la misma se otorgó sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de la normatividad urbanística además de ser proferida por funcionario incompetente, por lo que respecto de dicha entidad existe la obligación de indemnizar los perjuicios ocasionados en razón a que con su actuar negligente respecto de la concesión de dicha licencia de construcción potenció los riesgos inherentes a una construcción que posteriormente desencadenó los hechos objeto de demanda que causaron la muerte de Karen Yulieth Zapata Pérez, María Luisa Olascuagas y Luz Elena Londoño y las lesiones de Angie Ximena Zapata Pérez y Alba Rosa Tobón Mesa, indemnización que será establecida en el acápite correspondiente a los perjuicios.”(Negritas del texto original del fallo del 3 de febrero de 2014, subrayas de esta instancia)
Por su parte, el sustento de la sentencia proferida el 6 de octubre de 2016 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Decisión Oral, por medio de la cual se revocó el numeral primero de la sentencia proferida el 3 de febrero de 2014 por el Juzgado Veintidós Administrativo Oral de Medellín, fue el siguiente:
“Para la Sala, las causas del accidente al que llegó la Fiscalía General de la Nación, en la Inspección Técnica Judicial realizada por el Grupo de Arquitectos e Ingenieros del CTI, arroja suficiente ilustración que le permite concluir que la excavación que realizó el oficial de construcción, sumada a otras circunstancias ya descritas fue la que produjo la socavación de los cimientos de la tapia lo que conllevó a que esta perdiera la capacidad de soporte del suelo creando la pérdida de resistencia y de equilibrio haciendo que esta se desplomara, excavación bastante profunda pues medía 2.30 metros del nivel del piso.
(…)
En ese orden de ideas, se tiene que no le asiste la razón jurídica al Juez Veintidós Administrativo Oral de Medellín, cuando derivó responsabilidad del Municipio de Amalfi Antioquia, en los hechos que ocupan la atención de la colegiatura, con ocasión de la expedición irregular de la Licencia de Construcción Nº 20 del 12 de junio de 2012, ‘Por encontrar demostrado que la misma se otorgó sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de la normatividad urbanística, además de ser proferida por funcionario incompetente’, pues tal como lo indicó el Consejo de Estado ha sido reiterativo en indicar que la acreditación de la ilegalidad del acto y su siguiente declaración de nulidad es lo que torna en antijurídico el daño causado con el mismo, en tanto que, si los perjuicios se derivan de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble, la acción pertinente para reclamar indemnización, es la de reparación directa consagrada en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011.
Así las cosas, el medio de control de reparación directa no es procedente cuando existen actos administrativos que se consideran ilegales y decidieron en sede administrativa la situación que se discute ante la jurisdicción, por cuanto la declaración de voluntad de la administración está amparada por la presunción de legalidad, cuyos fundamentos jurídicos, en tanto estén vigentes, no permiten estimar que existe un daño antijurídico indemnizable, so pena de desconocer el principio de contradicción, razón por la cual, para los efectos de la acción ejercida en este proceso, deberá presumirse la legalidad del acto mediante el cual se otorgó la licencia de construcción N° 20 a la IGLESIA…
No existe pues, evidencia que la falta de estudios de suelo por sí solos haya ocasionado la tragedia, pues, a toda luces lo que se probó es que la Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial, inició en el Municipio de Amalfi Antioquia, la construcción de un templo, realizando una excavación en forma anti técnica que produjo la desestabilización de los cimientos del muro que se precipitó. De otro lado, tampoco se evidencia omisión luego de iniciada la obra que le permitiera a la administración municipal del municipio demandado (sic) predecir y advertir un perentorio riesgo de desplome de la tapia.
Tampoco tenía obligación, ni le era exigible al Municipio de Amalfi la adopción de ninguna medida de seguridad destinada a proteger la vida de las personas, pues, de un lado como se vio insensatamente, la Iglesia inició la construcción del templo sin licencia de construcción, y de otro, para el momento del accidente la obra estaba recientemente iniciada. Y es que ningún acaecimiento extraño o especial permitía revelar la necesidad de impedir la obra, ni de ordenar su cierre. Esa era una evaluación que incuestionablemente atañía al dueño y constructor de la obra siguiendo criterios técnicos.
(…)
En sentir de la Sala, el constructor era el responsable de tomar las medidas de seguridad en el adelantamiento de la obra. Y es que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la construcción es una actividad peligrosa, lo cual implica que la definición de la responsabilidad patrimonial por los daños que se causen como consecuencia de esa actividad, se rige por lo dispuesto en el artículo 2356 del Código Civil. Además, se presume, conforme a lo previsto en el artículo 187 ibidem, que el guardián de la obra es el propietario, quien, por lo tanto, será el llamado a responder por los daños que se causen con ocasión de la misma, a menos que demuestre que por cualquier razón había perdido los poderes de mando, dirección y control sobre la obra.” (subrayas fuera de texto)
Con sustento en los apartes transcritos de la providencia proferida en primera instancia, la Sala advierte que el juicio de responsabilidad patrimonial por parte del Juzgado Veintidós Administrativo Oral de Medellín se hizo a partir del control de legalidad de la Resolución 020 de 2010 (12 de junio), mediante la cual el Municipio de Amalfi otorgó una licencia de construcción a la Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial. En efecto, afirmaciones tales como que la licencia de construcción fue expedida de manera irregular, que se profirió sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de la normatividad urbanística y que había sido proferida por funcionario incompetente, implican un examen y un control de legalidad de dicho acto, el cual está reservado al ámbito propio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 CPACA.
No puede perderse de vista que en el marco de la acción contenciosa incoada ante el Juzgado Veintidós Administrativo Oral de Medellín, no había lugar a cuestionar la legalidad de la licencia de construcción N° 020 del 12 de junio de 2010, pues este acto administrativo no fue la fuente directa del daño antijurídico. El cuestionamiento endilgado a la administración municipal, en sede de reparación directa, debía circunscribirse a valorar y analizar las acciones materiales omitidas por la administración municipal, relacionadas con el deber de vigilancia que le asistía cumplir con ocasión de la ejecución de la obra, es decir, de las actividades desarrolladas con posterioridad a la expedición de la licencia de construcción.
En relación con el tema de la falla del servicio producto de actos administrativos cuya presunción de legalidad no ha sido desvirtuada, la Sección Tercera de esta Corporación, ha considerado lo siguiente:
“En otras palabras, la falla del servicio en la presente hipótesis se configuraría a partir de un defecto o vicio del acto administrativo que tuvo por consecuencia que un acto administrativo favorable al demandante hubiere salido del ordenamiento jurídico, en este entendido el análisis de la reparación de los perjuicios generados por la falla del servicio a la cual se hace referencia se compagina perfectamente con los presupuestos fácticos de la acción de reparación directa. Huelga señalar que en estos eventos el juez deberá analizar la conducta del beneficiario del acto administrativo, puesto que si la declaratoria de nulidad que lo afecte o la revocatoria directa son producto de su propia conducta no procederá la declaratoria de responsabilidad patrimonial de la entidad pública que expidió el acto administrativo.
(…)
Así las cosas, tres son las hipótesis que hasta este momento se han identificado para concluir acerca de la procedencia de la acción de reparación directa cuando el origen del daño lo constituya una actuación administrativa: i) Cuando se pretenda la reparación de los perjuicios causados por los actos administrativos ajustados al ordenamiento jurídico, siempre y cuando no se cuestione en sede judicial la legalidad del acto administrativo en cuestión; ii) Cuando se pretenda la condena por los perjuicios causados por la expedición y ejecución del acto administrativo ilegal que haya sido anulado o haya sido objeto de revocatoria directa; y, iii) Cuando se pretenda la reparación de los perjuicios causados por la anulación o revocatoria directa de un acto administrativo que hubiere sido favorable al actor, cuando quiera que la anulación o revocatoria directa hubiere sido causada por la inobservancia de las reglas propias del procedimiento administrativo o de las normas que rigen el ejercicio de la actividad administrativa que tiene a su cargo la administración pública.” (Negritas fuera de texto) (Sentencia del 3 de abril de 2013 Radicado 52001 23 31 000 1999 00959 (26437) M.P. Mauricio Fajardo Gómez)
De acuerdo con la sentencia transcrita, la acción de reparación directa procede con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios causados con ocasión de un acto administrativo legal, “siempre y cuando no se cuestione en sede judicial la legalidad del acto administrativo en cuestión”, como aconteció en el fallo de primera instancia.
Siendo ello así, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Decisión Oral, no se equivocó al proferir el fallo de 6 de octubre de 2016, pues corrigió el yerro en que había incurrido el Juzgado Veintidós Administrativo Oral de Medellín, ya que la acreditación de la ilegalidad del acto y su siguiente declaración de nulidad era lo que podía tornar en antijurídico el daño causado, situación que no ocurría, pues en la acción de reparación directa se endilgan perjuicios ocasionados por un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble, pero no por la ilegalidad de un acto administrativo.
Guardadas las proporciones con el caso en estudio, resulta ilustrativo tener en cuenta las siguientes consideraciones proferidas en el siguiente precedente proferido por la Sección Tercera, Sub Sección A, de esta Corporación, en el que se dijo:
“Se impone concluir que cualquier razonamiento en torno a la ausencia de motivación de la declaratoria contenida en el POT de Pasto, se encuentra fuera del alcance del análisis de esta providencia, en la medida en que la Sala se encontraría inhibida para pronunciarse respecto de dicho asunto; en este mismo orden de ideas, si se llegare a cuestionar la supuesta falla en el servicio derivada de o causada por algún defecto en la motivación de la referida de declaratoria como zona de alto riesgo volcánico, esta no podría considerarse como fuente del daño alegado mediante el cauce procesal de la acción de reparación, respecto de lo cual se impone confirmar el fallo de primera instancia.
El mismo razonamiento se aplicaría en el caso de que se hubieren allegado al expediente –lo que no ocurrió a pesar de que se esbozaron argumentos en ese sentido- actos administrativos mediante los cuales se denegaran solicitudes de licencia urbanística (en particular la ampliación del área de las edificaciones), de construcción o ambas elevadas por la sociedad demandante, en cuyo caso la obtención de los perjuicios derivados de dicha negativa, en la medida en que se alegara su ilegalidad, deberían ventilarse mediante la correspondiente acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
(…)
Sea lo primero afirmar que no le asiste razón a la parte actora cuando señala que se configuró una falla del servicio derivada de la omisión de la entidad territorial consistente en la omisión de revocar la licencia de urbanización y construcción que le fue otorgada a la sociedad demandante mediante la Resolución No. UC.0008 de 2000, pues el municipio de Pasto no podía hacer uso de esa competencia sin violar los derechos del hoy demandante; en efecto, en los términos del artículo 23 del Decreto 1052 de 1998, el régimen aplicable para la revocatoria de actos administrativos de carácter particular –como las licencias urbanísticas- se regía por la lectura complementaria de los artículos 69 y 73 del C.C.A., es decir, se requería el consentimiento del beneficiario del acto o de lo contrario se incurriría en una ilegalidad. Tampoco se puede pasar por alto que no existe medio de convicción alguno que pudiere dar cuenta de la solicitud de revocatoria de la licencia elevada en tal sentido por la sociedad demandante, titular y beneficiaria de la licencia; aun cuando, frente a tal supuesto (la responsabilidad por dejar a la demandante ejecutar la licencia), la sociedad Alcalá de Briceño hubiera podido –ante la eventual declaratoria de zona de riesgo- no hacer uso de los derechos conferidos por la licencia urbanística. En ambos casos, se reitera, en criterio de la Sala no se encuentra comprometida la responsabilidad patrimonial del Estado” (subrayas fuera de texto) (Sentencia del 10 de febrero de 2016 radicado N° 52001-23-31-000-2002-00882-01(35193) M.P. Martha Nubia Velásquez Rico)
5.2. Del desconocimiento de precedente judicial horizontal
La accionante alega que la sentencia proferida el 6 de octubre de 2016 incurre en desconocimiento de precedente judicial horizontal, porque desconoce el fallo de 14 de septiembre de 2016, dictado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad.
En este sentido, revisado el material probatorio allegado al expediente, se tiene acreditado que, ante la jurisdicción contencioso administrativa, se instauraron dos acciones de reparación directa por los familiares de las víctimas de los hechos del 23 de junio de 2010.
Bajo radicación número 05001 33 33 016 2012 00125 01, el Juzgado Dieciséis Administrativo Oral de Medellín, dentro del medio de control de reparación directa, demandante Edwin Arley Zapata Vélez, en sentencia de 19 de marzo de 2015, resolvió:
“SEGUNDO: DECLÁRASE administrativa y patrimonialmente responsable al Municipio de Amalfi – Antioquia y civil y patrimonialmente responsable a la IGLESIA CRISTIANA PENTECOSTÉS DE COLOMBIA DEL MOVIMIENTO MISIONERO MUNDIAL, de manera solidaria¸ por los perjuicios de orden moral, ocasionados al señor EDWIN ARLEY ZAPATA VELEZ, producto de la muerte de la menor KAREN YULIETH ZAPATA PEREZ en hechos ocurridos el 23 de junio de 2010, en el Municipio de Amalfi Antioquia.” (subrayas del texto original)
Esta providencia fue objeto del recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, mediante fallo de 14 de septiembre de 2016, así:
“PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el día diecinueve (19) de marzo de dos mil quince (2015) por el Juzgado Dieciséis Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín, mediante la cual se concedieron parcialmente las pretensiones de la demanda, según lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.”
Por otro lado, bajo radicación número 05001 33 33 022 2012 00227 00 el Juzgado Veintidós Administrativo Oral de Medellín, dentro del medio de control de reparación directa, demandantes Alba Rosa Tobón Mesa y Yamile del Carmen Pérez Mesa, Angie Ximena Zapata Pérez, Lina Marcela Tobón Mesa, Yurani Andrea Pérez Mesa, Willinton de Jesús Pérez Mesa, Nino Alonso Tobón Sierra, Marleny del Socorro Mesa Gutiérrez, Adrian Alonso Londoño Zapata, Liliana María Londoño Zapata, Gildardo Antonio Londoño Zapata, María Cruselva Londoño Zapata, Luis Alfonso Londoño Zapata, Ramiro Antonio Londoño Zapata, Feníbera Londoño Zapata, Sor Ángela Londoño Zapata, Luis Carlos Olascuagas García, María de Jesús Cogollo Arrieta, Jhein Olascuagas Cogollo, Carlos Manuel Olascuagas Cogollo, Jhonatan Javier Cogollo Arrieta y Belarmina Irene Olascuagas García, en sentencia de 19 de marzo de 2015, resolvió:
“PRIMERO: DECLARAR patrimonialmente y solidariamente responsable al MUNICIPIO DE AMALFI y a la IGLESIA CRISTIANA PENTECOSTÉS DE COLOMBIA DEL MOVIMIENTO MISIONERO MUNDIAL INC con NIT 830.052.488-4 por la muerte de Karen Yulieth Zapata Pérez, María Luisa Olascuagas Cogollo y la señora Luz Elena Zapata Londoño y las lesiones de Angie Ximena Zapata Pérez y Alba Rosa Tobón Mesa en hechos ocurridos el 23 de junio de 2010 en el Municipio de Amalfi-Ant., según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia”
Este fallo fue revocado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Decisión Oral, mediante providencia del 6 de octubre de 2016, así:
“PRIMERO: REVÓQUESE EL NUMERAL PRIMERO DE LA SENTENCIA EMITIDA EL 3 DE FEBRERO DE 2014, POR EL JUZGADO VEINTIDÓS ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el que se declaró la responsabilidad administrativa y solidaria del Municipio de Amalfi-Antioquia y de la Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial INC, conforme a las premisas discernidas en el cuerpo del presente proveído.
SEDUNDO: MODIFíCASE EL NUMERAL SEGUNDO DE LA DECISIÓN, en el siguiente sentido:
CONDÉNASE a la Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial INC en forma íntegra y sin lugar a reducción alguna, a asumir la reparación de los perjuicios ocasionados a los demandantes y que serán indemnizados así (…)”
Bajo el anterior contexto, se observa que no existe desconocimiento de un precedente horizontal, comoquiera que el proceso con radicación número 05001 33 33 016 2012 00125 01 se tramitó en el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad (Magistrados Doctores Yolanda Obando Montes, Jairo Jiménez Aristizabal y Martha Cecilia Madrid Roldán) y el proceso con radicación número 05001 33 33 022 2012 00227 00 se tramitó en el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Decisión Oral (Magistrados Doctores Rafael Darío Restrepo Quijano, Gonzalo Zambrano Velandia y Pilar Estrada González).
Debe recordarse que sólo existe violación del precedente horizontal cuando el mismo juez desconoce sus propios pronunciamientos jurisprudenciales. A propósito, esta Sala en sentencia de 26 de junio de 2015, radicado 2015 00580 01 (M.P. María Elizabeth García González) dijo:
“Sobre este punto en particular, cabe resaltar que la Sección Quinta del Consejo de Estado, al referirse al desconocimiento del precedente horizontal como causal de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial, concluyó:
“4.3.- Con la demanda el actor alegó la vulneración de su derecho a la igualdad por el supuesto desconocimiento del precedente ‘horizontal’, ya que 4 casos idénticos proferidos por la misma autoridad judicial se decidieron de forma diferente al suyo.
No obstante, encuentra la Sala que, así como lo indicó la autoridad tutelada con la demanda, tal derecho del tutelante no fue vulnerado porque las decisiones que refirió fueron dictadas por otras Salas del mismo Tribunal de las cuales no hacen parte la totalidad de los Magistrados que dictaron la decisión censurada. Esta sola precisión rompe con la identidad fáctica y jurídica que alega el actor, pues, a diferencia de como ocurrió en otro caso en el que esta Sección amparó los derechos del allí tutelante, lo cierto es que es posible que diferentes Salas de la misma Corporación adopten uno u otro criterio frente a un mismo punto, mientras que todos sean jurídicamente válidos. A lo que debe agregarse que, como lo estableció está Sección en sentencia de 19 de febrero de 2015, ‘…los juzgados y tribunales tienen el deber de aplicar la regla creada por el órgano de cierre, pero sus fallos, al carecer del carácter vinculante que antes fue explicitado, no obligan a sus pares o a quienes se encuentran en un nivel jerárquico inferior’…”. (Resaltado fuera del texto).”
En tal virtud, no se encuentra acreditado que la sentencia proferida el 6 de octubre de 2016 haya incurrido en desconocimiento de precedente judicial horizontal.
5.3. Del defecto fáctico y el defecto sustantivo
La accionante sostiene que el fallo cuestionado incurrió en un defecto fáctico y en un defecto sustantivo, porque adolece de una valoración contra evidente de las pruebas y porque dejó de aplicar el artículo 2344 del Código Civil, relativo a la responsabilidad solidaria. Lo anterior, al considerar que el ad quem no valoró las pruebas que dan certeza de la falla en el servicio en que incurrió el Municipio de Amalfi, al haber expedido la licencia de construcción No. 020 de junio 12 de 2010 sin el lleno de los requisitos legales y por la falta del seguimiento, vigilancia y control al desarrollo de la obra.
Sin embargo, la Sala no evidencia la ocurrencia de un defecto fáctico ni de un defecto sustantivo, porque el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Decisión Oral, no podía fundamentar su fallo en un juicio de legalidad de la Resolución 020 de 2010 (8 de junio), tal y como se expuso anteriormente y, por lo mismo, no le era dable imponer una condena solidaria, en aplicación del artículo 2344 del Código Civil.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, se denegará el amparo deprecado, al constatar que no se vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial, porque la sentencia proferida el 6 de octubre de 2016 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Decisión Oral, no incurrió en desconocimiento de precedente judicial vertical, en desconocimiento de precedente judicial horizontal, en defecto fáctico ni en defecto sustantivo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A
PRIMERO: DENEGAR el amparo deprecado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión por el medio más expedito y eficaz que asegure su cumplimiento.
Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Presidente
MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO (E)
Corte Constitucional. Sentencia de 3 de septiembre de 2009, Rad.: T-619, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
Sentencia del cinco (5) de agosto de 2014, C. P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Radicado No. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Demandante: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera. En dicho pronunciamiento, en lo pertinente, se sostuvo: “Anótese que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre este aspecto.
Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente. Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional.”
Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Sentencia T- 760A de 2011. Magistrado ponente doctor Juan Carlos Henao Pérez.
Sentencia del 13 de mayo de 2008, expediente T-1.806.953, C.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
Ver sentencias C-083 de 1995, C-037 de 1996, SU-640 de 1998.
Sentencia 13 de marzo de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Radicado: 11001-03-15-000-2012-02074-00.
Sentencia 18 de abril de 2013. C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicado: 11001-03-15-000-2012-01797-00.
Ibídem.
Sentencias T-1625 de 2000 y T-161 de 2010.
Ver, entre otras, Sentencia 13 de marzo de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Radicado: 11001-03-15-000-2012-02074-00. Sentencia 18 de abril de 2013. C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicado: 11001-03-15-000-2012-01797-00
“Artículo 138. Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.”
Visible a folios 112-144 Cuaderno de Anexos
Figura a folios 145-163 Cuaderno de Anexos
Visible a folios 112-144 Cuaderno de Anexos
Obra a folios 42-100 Cuaderno Anexos
Expediente núm. 2014-02344-01, C.P.: doctora Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
“Artículo 2344. Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355. Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción solidaria del precedente inciso”
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.