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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-00301-00

Acción de tutela contra auto que resuelve incidente de desacato: ampara el derecho al debido proceso

Fecha
11 de mayo de 2017
Consejero ponente
María Elizabeth García González
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-00301-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENIÉGANSE las pretensiones de la presente acción de tutela respecto de los Autos de 3 de agosto de 2016 y 8 de septiembre de 2016, proferidos respectivamente por el Tribunal Administrativo del Chocó y la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del incidente de desacato adelantado en la acción de tutela radicada bajo el núm. 2016-00001, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: AMPÁRASE el derecho fundamental al debido proceso, de la señora CLARA JANETH SILVA VILLAMIL, respecto de la vulneración originada en el Auto de 31 de octubre de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo del Chocó, dentro del proceso referido en el numeral anterior, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: Como consecuencia de lo anterior DÉJASE SIN EFECTO el Auto de 31 de octubre de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo del Chocó, dentro del incidente de desacato adelantado en la acción de tutela, radicada bajo el núm. 2016-00001 y, en su lugar, ORDÉNASE a dicha Corporación que declare la carencia de objeto de la sanción impuesta a la señora CLARA JANETH SILVA VILLAMIL, a través de Auto de 3 de agosto de 2016, por haberse producido el cumplimiento de la orden tutelar, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia CUARTO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2017-00301-00

Consejero ponente: María Elizabeth García González

11 de mayo de 2017

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTO QUE RESUELVE INCIDENTE DE DESACATO - Ampara el derecho al debido proceso / INAPLICACIÓN DE LA SANCIÓN EN INCIDENTE DE DESACATO - Procede cuando carece de objeto por haberse producido el cumplimiento de la orden tutelar

[E]s evidente que los Despachos Judiciales accionados al proferir los Autos 3 agosto y 8 de septiembre de 2016 que resolvieron el incidente de desacato objeto de controversia, procedieron de conformidad con la decisión de tutela que dio lugar a dicho trámite incidental, respetaron las garantías procesales de los incidentados e impusieron una sanción conforme al incumplimiento constatado para ese momento, la cual no fue desproporcionada ni arbitraria, por ello no hay lugar a dejar sin efecto las referidas providencias judiciales y se denegaran las pretensiones en lo que a éstas respecta. Ahora, frente al Auto de 31 de octubre de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo del Chocó, por medio del cual se denegó la solicitud elevada por la UGPP para que se le implicase la sanción impuesta a la actora en el trámite incidental por haber sido acatada la orden judicial proferida en la sentencia de 28 de enero de 2016, la Sala advierte que sí se presentó una vulneración del derecho fundamental al debido proceso, dado que lo allí resuelto contradice abiertamente el precedente jurisprudencial aplicable sobre la materia. (…) En el referido proveído, el Tribunal Administrativo del Chocó también manifestó que la UGPP le informó que ya había reincorporado en la nómina de pensionados a la señora [actora] y que había dado la orden de pagarle todas las mesadas dejadas de percibir desde su exclusión, por lo tanto no existía duda del acatamiento de la orden judicial y con ello, del cumplimiento de la finalidad de incidente de desacato, siendo procedente la revocatoria de la sanción; sin embargo, dicha Corporación inexplicablemente denegó la solicitud de la actora y mantuvo incólume la sanción, con lo cual claramente se le conculcó su derecho fundamental al debido proceso. Así las cosas, la Sala amparará el derecho fundamental al debido proceso de la actora

FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 52

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales cuando se vulneran derechos fundamentales, consultar: Consejo de Estado, sentencia del 31 de julio de 2012, exp.11001-03-15-000-2009-01328-01(AC), C.P. María Elizabeth García González. Sobre los requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, ver: Corte Constitucional, sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra la decisión que pone fin al trámite incidental de desacato, ver: corte constitucional, sentencia t-271 de 12 de mayo de 2015, m. p. Jorge Iván Palacio Palacio. Sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra la decisión que pone fin al trámite incidental de desacato, consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 23 de junio de 2016, Exp: 2015-03387-00, C.P. María Elizabeth García González.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-00301-00(AC)

Actor: CLARA JANETH SILVA VILLAMIL

Demandado: CONSEJO DE ESTADO SECCIÒN QUINTA Y OTRO

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la señora CLARA JANETH SILVA VILLAMIL, contra los proveídos de 3 de agosto y 8 de septiembre de 2016, proferidos respectivamente por el Tribunal Administrativo de Chocó y la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante los cuales se decidió el incidente de desacato tramitado dentro de la acción de tutela radicada bajo el núm. 27001-23-31-000-2016-00001-00. Igualmente, contra el Auto núm. 229 de 31 de octubre de 2016, emitido por el primero de los Despachos Judiciales referidos, a través del cual se denegó la solicitud de inaplicación o revocatoria de la sanción impuesta en el trámite incidental ya mencionado.

ANTECEDENTES.

I.1.- La Solicitud.

La señora CLARA JANETH SILVA VILLAMIL, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la Administración de Justicia y buen nombre, los cuales considera vulnerados por el Tribunal Administrativo del Chocó y la Sección Quinta del Consejo de Estado, al declararla en desacato, dada su condición de Subdirectora de Determinación de Derechos Pensionales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-, frente al cumplimiento del fallo de 28 de enero de 2016, proferido dentro de la acción de tutela radicada bajo el núm. 27001-23-31-000-2016-00001-00 y posteriormente, al denegarle la solicitud de inaplicar o revocar la sanción impuesta dentro de dicho proceso omitiendo que ya había cumplido la orden judicial que daba lugar al trámite incidental.

I.2 Hechos.

Manifestó que en el año 2002, la señora CLARISA MAQUILÓN GARCÍA le solicitó a la entonces Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL E.I.C.E., el reconocimiento de su pensión gracia al considerar que cumplía los requisitos para la misma.

Señaló que, mediante Resoluciones núms. 28654 de 7 de octubre de 2002 y 4082 de 28 de noviembre de la misma anualidad, la referida entidad denegó el reconocimiento y pago de la prestación social solicitada por la señora CLARISA MAQUILÓN GARCÍA, al no cumplir los requisitos legalmente establecidos.

Afirmó que la mencionada señora y otros 21 docentes, instauraron conjuntamente una acción de tutela con el fin de que se les reconociera la pensión gracia solicitada, la cual le correspondió por reparto al Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena, que mediante sentencia de 24 de febrero de 2005, decidió tutelar los derechos fundamentales invocados como violados por los accionantes y, como consecuencia de ello, le ordenó a CAJANAL E.I.C.E., el reconocimiento de la señalada prestación social y el correspondiente pago retroactivo.

Sostuvo que, mediante Resolución núm. 16199 de 10 de abril de 2006, la extinta CAJANAL E.I.C.E., dio cumplimiento al fallo de tutela proferido por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito Cartagena y ordenó reconocer la pensión gracia a favor de la señora CLARISA MAQUILON GARCÍA, en cuantía de $1.018.544, efectiva a partir del 25 de marzo de 2000.

Expresó que, tras una queja presentada en el año 2006 por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, inició una investigación disciplinaria contra la señora CARMEN DEL ROSARIO HERNÁNDEZ HERRERA, en su condición de Juez Séptima Laboral del Circuito de Cartagena, debido al presunto reconocimiento de pensiones gracia -via judicial- sin el lleno de los requisitos legalmente establecidos y contrariando la Jurisprudencia proferida sobre la materia.

Aseguró que dicho proceso disciplinario finalizó con la sentencia de segunda instancia de 28 de julio de 2010, proferida por el Consejo Superior de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria, a través de la cual se confirmó la decisión del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, en la que se le había impuesto una suspensión de 12 meses en el ejercicio de su cargo a la Juez Séptima Laboral del Circuito de Cartagena, por desconocer los ámbitos de competencia reservados para el Juez de Tutela e invadir campos jurisdiccionales radicados en cabeza de otros jueces.

Adujo que a raíz de la decisión disciplinaria referida, la UGPP, entidad que asumió algunas de las funciones que tenía la extinta CAJANAL, instauró ante el Tribunal Administrativo del Chocó una demanda contentiva del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicada bajo el núm. 27001-23-33-003-2015-00098-00, contra las Resoluciones por medio de las cuales se le había dado cumplimiento al fallo de tutela de 24 de febrero de 2005, proferido por la Juez Séptima Laboral del Circuito de Cartagena, que ordenaba el reconocimiento de la pensión gracia en favor de la señora CLARISA MAQUILÓN GARCÍA y otros 21 docentes, proceso que a la fecha no se ha fallado.

Aseguró que luego de un profundo estudio jurídico del caso particular de la señora CLARISA MAQUILÓN GARCÍA, como Subdirectora de Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP, decidió expedir la Resolución núm. RDP 046463 de 10 de noviembre de 2015, por medio de la cual se objetó la legalidad del fallo judicial proferido por la Juez Séptima Laboral del Circuito de Cartagena con fundamento en la sentencia de la Corte Constitucional T-488 de 2014; se decretó “su imposibilidad de cumplimiento” ya que era evidente la irregularidad en el reconocimiento de la pensión gracia y finalmente se ordenó su exclusión definitiva de la nómina de pensionados de la entidad.

Sostuvo que el mencionado acto administrativo fue confirmado mediante las Resoluciones núms. RDP 001189 de 18 de enero de 2016 y RDP 007823 de 23 de febrero de 2016, a través de las cuales se resolvieron los recursos de reposición y apelación.

Mencionó que contra dichas Resoluciones la señora CLARISA MAQUILÓN GARCÍA instauró una acción de tutela ante el Tribunal Administrativo del Chocó, radicada bajo el núm. 2016-00001, la cual fue decidida mediante sentencia de 28 de enero de 2016, en la que se ampararon los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, confianza legítima y acceso a la Administración de Justicia y, como consecuencia de ello, se le ordenó a la UGPP que, en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de dicho fallo, iniciara las acciones conducentes para continuar con el cumplimiento de la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena, a través de la cual se había ordenado el reconocimiento y pago de la pensión gracia en favor de la referida docente.

Señaló que en la misma providencia se le ordenó a la UGPP, reanudar el pago de las mesadas pensionales dejadas de percibir por la señora CLARISA MAQUILÓN GARCÍA y se le advirtió que no podía volver a suspenderlas, sin que mediara autorización judicial, emanada del Juez Natural, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que ya se estaba tramitando en el mismo Tribunal Administrativo del Chocó bajo radicado núm. 2015-00098-00.

Adujo que contra esta última providencia judicial, la UGPP instauró una acción de tutela la cual fue decidida en primera instancia por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado mediante sentencia de 5 de mayo de 2016, que denegó las pretensiones de la demanda, proveído que fue confirmado a través de fallo de 3 de octubre de 2016, dictado por la Sección Cuarta de la misma Corporación.

Afirmó que la UGPP radicó una denuncia penal contra la Juez Séptima Laboral del Circuito de Cartagena por los delitos de peculado y prevaricato al proferir el fallo de tutela de 24 de febrero de 2005, en el que se ordenó reconocer derechos pensionales sin el lleno de los requisitos legales.

Advirtió que dicha denuncia se encuentra en etapa de investigación ante la Fiscalía Quinta Seccional de Cartagena bajo el radicado núm. 130016000112820201515127.

Añadió que la señora CLARISA MAQUILÓN GARCÍA solicitó la apertura de un incidente de desacato en su contra, como Subdirectora de Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP, con la finalidad de que se atacara la sentencia de tutela de 28 de enero de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó en la que se le había ordenado continuar con el cumplimiento del fallo de 24 de febrero de 2005, dictado por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena respecto del reconocimiento de la pensión gracia de la referida docente y la respectiva reanudación de los pagos dejados de percibir.

Señaló que luego de surtido el trámite pertinente, el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante auto de 3 de agosto de 2016, decidió sancionarla con arresto de cinco (5) días y multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes por no haber dado cumplimiento a la sentencia de 28 de enero de 2016, proferida por dicha Corporación.

Sostuvo que ante la imposición de la sanción en su contra y a pesar de que desde el auto admisorio de la acción de tutela se le advirtió al Tribunal Administrativo del Chocó de la irregularidad del fallo de tutela proferido por la Juez Séptima Laboral del Circuito de Cartagena, la UGPP decidió expedir la Resolución núm. 029353 de 10 de agosto de 2016, a través de la cual expresamente se dio cumplimiento al fallo de 28 de enero de 2016 y se ordenó la reincorporación en la nómina de pensionados de la señora CLARISA MAQUILÓN GARCÍA.

Manifestó que la UGPP, a través de oficio núm. 201614202300551, requirió a la referida señora para que se notificara personalmente de la Resolución núm. 029353, tal y como consta en la guía de envío de la empresa de correo 4-72 núm. RN620450570CO; sin embargo, una vez transcurrido el término legal para el efecto, no se presentó a la entidad, por lo cual se procedió a la notificación por aviso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 18 de enero de 2011.

Informó que el mencionado acto administrativo fue debidamente reportado al Consorcio FOPEP –encargado de los pagos- para que la señora CLARISA MAQUILÓN GARCÍA recibiera su mesada pensional correspondiente al mes de septiembre de 2016 y el pago del retroactivo por valor de $22.398.966, correspondiente a las mesadas dejadas de percibir desde el mes de diciembre de 2015 a agosto de 2016.
Señaló que el 8 de septiembre de 2016, el Consejo de Estado resolvió la consulta del incidente de desacato, mediante auto de 8 de septiembre de 2016, en el que confirmó la sanción impuesta por el Tribunal Administrativo del Chocó en el proveído de 3 de agosto de 2016.

Indicó que mediante Resolución núm. 1847 de 14 de septiembre de 2016, la UGPP aceptó su renuncia como Subdirectora de Determinación de Derechos Pensionales.

Expresó que el 20 de septiembre de 2016, la UGPP a través de oficio núm. 201611102760921, le solicitó al Tribunal Administrativo del Chocó inaplicar la sanción que se le había impuesto, pues ya se había dado cumplimiento al fallo de tutela de 28 de enero de 2016, para lo cual se mencionaron diferentes pronunciamientos jurisprudenciales que permitían dicho proceder.

Finalmente, adujo que, mediante Auto núm. 229 de 31 de octubre de 2016, el Tribunal Administrativo del Chocó denegó la referida solicitud de inaplicación de la sanción, con lo cual se desconocieron los precedentes jurisprudenciales aplicables sobre la materia y de contera, se violaron sus derechos fundamentales.
I.3 Pretensiones.

La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados como violados y como consecuencia de ello, que se dejen sin efecto los Autos de 3 de agosto y 8 de septiembre de 2016, proferidos respectivamente por el Tribunal Administrativo del Chocó y la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante los cuales se decidió el incidente de desacato adelantado dentro de la acción de tutela radicada bajo el núm. 27001-23-31-000-2016-00001-00.

Asimismo, solicitó que se deje sin efecto el Auto de 31 de octubre de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo del Chocó, por medio del cual se denegó la revocatoria o inaplicación de la sanción que se le impuso en virtud del referido trámite incidental, pues al momento en que se profirió el mismo, ya estaba probado el cumplimiento de la sentencia de tutela de 28 de enero de 2016.

I.4 Defensa.

La Sección Quinta del Consejo de Estado, sostuvo que el Auto de 8 de septiembre de 2016, por medio del cual se resolvió el grado jurisdiccional de consulta, dentro del incidente de desacato tramitado en la acción de tutela radicada bajo el núm. 2016-00001, en el que se confirmó la sanción impuesta a la actora por el Tribunal Administrativo de Chocó, no vulneró derecho fundamental alguno ni incurrió en ninguna de las causales que da lugar a la procedencia de la acción de tutela frente a una decisión judicial en el trámite incidental.

Aclaró que si bien, la UGPP esgrimió argumentos para justificar la falta de cumplimiento del fallo de tutela de 28 de enero de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo del Chocó, éstos debieron rendirse durante el trámite de la acción de tutela no en sede de desacato.

Expresó que la Jurisprudencia de la Corte Constitucional claramente ha advertido que el Juez Constitucional que conoce de una tutela contra las providencias proferidas dentro de un incidente de desacato debe limitarse a estudiar “(i) si el juez que decidió el incidente de desacato se ajustó a la orden de amparo proferida cuyo incumplimiento define; (ii) si respetó el debido proceso y (iii) si la sanción impuesta –si fuere el caso- no es arbitraria, sin que por otra parte pueda reabrir el debate o decidir sobre el fondo del asunto ya fallado en la tutela donde se produjo el incidente de desacato que se ataca, ni cambiar la protección concedida o el alcance y contenido de aquélla.”.

Recordó que el único objetivo del incidente de desacato es lograr que el obligado obedezca la orden judicial impuesta y de advertirse una omisión, el Juez Constitucional deberá sancionar dicha conducta.

Manifestó que, según la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el grado jurisdiccional de consulta del incidente de desacato, no se debe hacer un estudio de la legalidad de la providencia de tutela en la cual se dio la orden que se alega como incumplida, ya que en este escenario, lo único que se busca es establecer si la sanción impartida al obligado se adecúa al ordenamiento jurídico.

Aseguró que, en el caso objeto de estudio, se concluyó que la sanción impuesta en el incidente de desacato se ajustó a la orden de amparo proferida, pues más allá de los argumentos expuestos por las partes, del acervo probatorio no se encontró acreditado que la Subdirectora de Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP u otro funcionario de dicha entidad, hubiesen realizado actividad alguna para dar cumplimiento al fallo de tutela de 28 de enero de 2016; por el contrario, en el escrito allegado al expediente la entidad se rehusó a acatar la orden e insistió en reabrir el debate jurídico con argumentos que confrontaban la referida providencia judicial, frente a los cuales no correspondía emitir ningún pronunciamiento.

Advirtió que en el trámite impartido al incidente de desacato y al grado jurisdiccional de consulta, se respetaron todas las garantías al debido proceso.

Recalcó que, en el auto de 8 de septiembre de 2016, por medio del cual se resolvió el grado jurisdiccional de consulta, se consideró que la sanción de arresto de cinco (5) días y la multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes era proporcional, razonable y necesaria, de conformidad con los parámetros establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-033 de 2014.

Por último, sostuvo que los argumentos referidos por la actora pretenden, nuevamente, reabrir un debate jurídico que culminó con el fallo de 28 de enero de 2016, lo cual no es procedente en sede de consulta y mucho menos en la presente acción de tutela, pues esta no es una instancia adicional del trámite incidental ya resuelto.

El Tribunal Administrativo del Chocó no hizo manifestación alguna.

I.5 Intervenciones.

La UGPP, luego de realizar un extenso recuento de los antecedentes jurisprudenciales en los que se han debatido los requisitos legales para reconocimiento de la pensión gracia, sostuvo que coadyuvaba los argumentos que fundamentan la presente solicitud de amparo constitucional, ya que era evidente que la acción de tutela en la que se ordenó el reconocimiento de la referida prestación económica a favor de la señora CLARISA MAQUILÓN GARCÍA fue tramitada en forma irregular y fraudulenta.

Aseveró que, según reiterada Jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo de Estado, el fin último del incidente de desacato no es la imposición de la sanción sino el cumplimiento de la sentencia judicial, por lo tanto al acatar la orden el incidentado puede evitar que se le haga efectiva la sanción.

II. - CONSIDERACIONES DE LA SALA:

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, luego de analizar la evolución jurisprudencial de la acción de tutela contra providencias judiciales tanto en la Corte Constitucional como en esta Corporación, concluyó que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala había sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente núm. AC-10203) han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que a partir de tal pronunciamiento se modificó ese criterio radical y se declaró la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema.

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn5#_ftn5" \o "" . De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela.

Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn10#_ftn10" \o "" [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.” (Negrillas fuera del texto)

Al analizar los requisitos generales precitados, encuentra la Sala que, en principio, podría inferirse la improcedencia de la solicitud de amparo constitucional, dado que en el sub examine se cuestionan diferentes Autos proferidos en virtud de un incidente de desacato tramitado dentro de una acción de tutela.

No obstante, al respecto, la Corte Constitucional ha establecido su procedencia excepcional, con base en lo siguiente:

“1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra la decisión que pone fin al trámite incidental de desacato.

De la lectura del artículo 52 del Decreto estatutario 2591 de 1991 se concluye que contra la decisión del incidente de desacato no procede ningún recurso, siendo obligatorio en cambio el grado jurisdiccional de consulta solamente en el caso en que se haya resuelto sancionar a quien ha incumplido la orden de tutela.
Ahora bien, esta Corporación ha sostenido que excepcionalmente es posible cuestionar mediante la acción de tutela la decisión que pone fin al trámite incidental del desacato cuando se generen situaciones que, a su turno, comprometan derechos fundamentales, especialmente el derecho al debido proceso, de cualquiera de las personas que fueron parte en la tutela previamente resuelta. Al respecto en Sentencia T-014 de 2009, expuso lo siguiente:

«De otra parte, esta corporación ha reconocido la posibilidad de que, con ocasión de la aplicación de alguna de estas medidas que buscan garantizar la prevalencia de los derechos fundamentales, se generen situaciones que, a su turno, comprometan derechos de esa misma naturaleza, particularmente el derecho al debido proceso de cualquiera de las dos partes que como demandante y demandado participaron en el trámite de la ya resuelta acción de tutela.

Esta circunstancia puede afectar a quien inicialmente solicitó la protección tutelar, si la renuencia de quien fue demandado continúa impidiendo el efectivo disfrute del derecho fundamental cuya protección fue judicialmente ordenada, y el juez que conoce del incidente se niega, injustificadamente, a reconocer el desacato que se ha planteado. Del otro lado, el demandado también puede ver lesionado su derecho al debido proceso, especialmente si se le sanciona sin que se reúnan los presupuestos de hecho necesarios para ello.

Por todo lo anterior, en varias oportunidades ha reconocido esta corporación que, excepcionalmente, es posible cuestionar, mediante el uso de la acción de tutela, la decisión del incidente de desacato que hubiere sido promovido por el actor de otra acción de tutela previamente tramitada, posibilidad que, según lo antes explicado, está abierta tanto a la persona que hubiere resultado sancionada al término de dicho incidente, como al demandante que solicitó la apertura de aquél(…).»

En este orden de ideas, esta Corte en un principio sostuvo que para que prosperara la acción de tutela contra una providencia que resuelve un incidente de desacato era necesario que: (i) se estuviera en presencia de una vía de hecho y (ii) la decisión proferida en el trámite de desacato se encontrara ejecutoriada.

Sin embargo, como se señaló anteriormente, esta Corporación estimó necesario redefinir el concepto de «vía de hecho» incluyéndolo dentro de uno más amplio de requisitos de procedibilidad, razón por la cual en jurisprudencia reciente se ha aclarado que la acción de amparo procede en este caso cuando, (i) además de estar ejecutoriada la providencia que resuelve el desacato, se (ii) reúnan los requisitos generales y se (iii) configure por lo menos una de las causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Esta Corporación, además de los anteriores requisitos, ha referido que: «(i) los argumentos del accionante en el trámite del incidente de desacato y en la acción de tutela deben ser consistentes; (ii) no deben existir alegaciones nuevas, que debieron ser argumentadas en el incidente de desacato; y (iii) no se puede recurrir a la solicitud de nuevas pruebas que no fueron originalmente solicitadas y que el juez no tenía que practicar de oficio».” (Negrillas y subrayas fuera del texto).

En virtud de lo anterior, de los requisitos generales de procedencia, se vislumbra que estos se cumplen a cabalidad, en la medida en que la cuestión que se discute tiene relevancia constitucional; se agotaron los medios ordinarios de defensa judicial existentes; la acción se interpuso dentro de un término razonable; y, se explicaron en forma clara los argumentos de inconformidad que dieron lugar a acudir al presente mecanismo constitucional.

Así, pues, se procederá a efectuar el análisis pertinente, pero con la salvedad de que en asuntos como el sub examine, la Sala solo puede circunscribirse al estudio del trámite y a la decisión adoptada dentro del incidente de desacato, es decir, que no podrá analizar el fondo de las pretensiones de la tutela que dio lugar al mismo ni reabrir el debate de lo ya decidido.

Sobre el particular, la Corte Constitucional explicó:

“6.4. Límites y facultades del juez cuando resuelve una acción de tutela contra la providencia que pone fin a un incidente de desacato.

6.4.1. La jurisprudencia constitucional ha aclarado que el juez de tutela que decida sobre la procedencia y prosperidad de la acción de amparo contra decisiones proferidas durante el trámite incidental de desacato «no podrá reabrir el debate constitucional dado con ocasión de la acción de tutela anterior, pues su análisis se encuentra limitado por las decisiones proferidas durante el trámite de desacato en cuestión, esto, con relación a la presunta vulneración de los derechos fundamentales del accionante». Por lo tanto, no está facultado para revisar la decisión original de amparar el derecho ni cambiar el alcance o contenido sustancial de las órdenes proferidas por el juez de tutela cuyo desacato se analiza, ya que con relación a éstas opera el fenómeno de cosa juzgada constitucional.

6.4.2. De igual forma, esta Corporación ha reiterado que el juez constitucional, cuando conoce y estudia la procedencia del recurso de amparo contra desacatos, debe limitarse a estudiar: (i) si la autoridad judicial que resolvió el incidente procedió de acuerdo con la decisión de tutela objeto de análisis; (ii) si se garantizó el debido proceso de los intervinientes; y (iii) si la sanción impuesta no fue arbitraria.”

Caso concreto:

En el presente caso, se advierte que la actora pretende que se dejen sin efecto los Autos 3 de agosto y 8 de septiembre de 2016, proferidos respectivamente por el Tribunal Administrativo de Chocó y la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante los cuales se decidió el incidente de desacato tramitado dentro de la acción de tutela radicada bajo el núm. 27001-23-31-000-2016-00001-00 y se le sancionó con multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes y cinco (5) días de arresto, por el incumplimiento de la sentencia de 28 de enero de 2016.

Igualmente, pretende que se deje sin efecto el Auto de 31 de octubre de 2016, por medio del cual el Tribunal Administrativo del Chocó decidió denegar la solicitud de inaplicación o revocatoria de la sanción impuesta en su contra dentro del incidente de desacato referido.

A las citadas providencias les atribuye la vulneración de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, acceso a la Administración de Justicia y buen nombre, habida cuenta de que, a juicio de la actora, los Despachos Judiciales mencionados incurrieron en un defecto procedimental absoluto y en el desconocimiento del precedente jurisprudencial aplicable al caso objeto de estudio.

Para sustentar la existencia de los defectos aludidos, la actora sostuvo que el fallo de 28 de enero de 2016, que dio lugar al trámite incidental, omitió que no era procedente continuar con el pago de la pensión gracia a favor de la señora CLARISA MAQUILÓN GARCÍA, por el actuar indebido de la Juez Séptima Laboral del Circuito de Cartagena al momento de su reconocimiento.

Así mismo, adujo que a pesar de que se demostró el cumplimiento del referido fallo, en Auto de 31 de octubre de 2016, el Tribunal Administrativo del Chocó decidió mantener la sanción impuesta, omitiendo que lo procedente era su inaplicación, ya que la finalidad del incidente de desacato no es la sanción en sí sino el acatamiento a la orden judicial, tal y como reiteradamente lo ha señalado la Jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

Teniendo en cuenta lo anterior, lo primero que es menester advertir es que, en el trámite incidental de desacato, no es de recibo controvertir la orden judicial que dio lugar al mismo, pues dicho debate jurídico se debía dar durante las etapas procesales de la acción de tutela. En otras palabras, el incidente de desacato no constituye una nueva instancia para alegar la improcedencia o ilegalidad de la orden judicial emanada de un fallo de tutela y mucho menos para pretender demostrar que no se vulneraron unos derechos fundamentales ya amparados por el Juez Constitucional.

Tal y como lo advirtió la Sección Quinta de esta Corporación, en el escrito contentivo de la contestación de la presente acción de tutela, el margen de decisión del Juez que resuelve el incidente de desacato y su respectiva consulta, se limita a determinar si se dio cumplimiento a la orden judicial y si la sanción impuesta fue acorde al ordenamiento jurídico, sin entrar a debatir la legalidad de la orden que dio lugar al trámite incidental.

Así las cosas, la presunta conculcación de los derechos fundamentales invocados por la actora originada en las providencias que decidieron el incidente de desacato adelantado dentro de la acción de tutela 2016-00001, se debe estudiar únicamente desde la perspectiva del limitado marco de actuación que tiene el Juez Constitucional en dicho trámite, en el cual, se repite, no es posible exigirle un pronunciamiento de fondo frente a la pertinencia de la orden judicial y mucho menos alegar una vulneración si no hay una decisión al respecto.

En el presente caso, la actora y la UGPP, como coadyuvante de sus pretensiones, atacaron los Autos que resolvieron el incidente de desacato con argumentos que iban encaminados a controvertir la idoneidad, pertinencia y legalidad del fallo de tutela de 28 de enero de 2016, que era la decisión objeto de cumplimiento, lo cual, como ya se explicó, no es procedente en dicho escenario incidental.

Bajo ese entendido, los Autos de 3 agosto y 8 de septiembre de 2016, proferidos respectivamente por el Tribunal Administrativo de Chocó y la Sección Quinta del Consejo de Estado, de ninguna manera conculcaron los derechos fundamentales invocados por la actora, toda vez que estos se fundamentaron en el material probatorio obrante en el incidente de desacato para el momento en que fueron proferidos, del cual no era posible advertir el cumplimiento de la sentencia de tutela de 28 de enero de 2016, que era lo único que se podía debatir en dicho trámite.
En efecto, la Sección Quinta de esta Corporación recordó que para la fecha en que se resolvió el grado jurisdiccional de consulta, esto es, el 8 de septiembre de 2016, ni la actora, como directamente incidentada, ni otro funcionario de la UGPP, habían aportado documento alguno que acreditase el acatamiento de la orden judicial que dio lugar al trámite incidental y los argumentos de defensa aportados hasta ese momento se limitaron a contrariar el fallo de tutela en el que se había ordenado el cumplimiento de la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena, que a su vez había ordenado el reconocimiento de la pensión gracia en favor de la señora CLARISA MAQUILÓN GARCÍA.

La Sala reitera que el Juez Constitucional que resuelve el desacato, en este caso, el Tribunal Administrativo del Chocó y la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el trámite incidental no podían pronunciarse respecto de las presuntas irregularidades alegadas por la actora, pues dicho debate jurídico ya se había dado al interior de la acción de tutela y la única decisión pertinente en ese momento era determinar si la UGPP, en cabeza de su Subdirectora de Determinación de Derechos Pensionales, había cumplido la orden dada en la sentencia de tutela, lo cual, como ya se dijo, no había ocurrido.

Así las cosas, es evidente que los Despachos Judiciales accionados al proferir los Autos 3 agosto y 8 de septiembre de 2016 que resolvieron el incidente de desacato objeto de controversia, procedieron de conformidad con la decisión de tutela que dio lugar a dicho trámite incidental, respetaron las garantías procesales de los incidentados e impusieron una sanción conforme al incumplimiento constatado para ese momento, la cual no fue desproporcionada ni arbitraria, por ello no hay lugar a dejar sin efecto las referidas providencias judiciales y se denegaran las pretensiones en lo que a éstas respecta.

Ahora, frente al Auto de 31 de octubre de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo del Chocó, por medio del cual se denegó la solicitud elevada por la UGPP para que se le implicase la sanción impuesta a la actora en el trámite incidental por haber sido acatada la orden judicial proferida en la sentencia de 28 de enero de 2016, la Sala advierte que sí se presentó una vulneración del derecho fundamental al debido proceso, dado que lo allí resuelto contradice abiertamente el precedente jurisprudencial aplicable sobre la materia.

En efecto, en reiteradas sentencias de esta Corporación y de la Corte Constitucional se ha sostenido que la finalidad del incidente de desacato no es la imposición de una sanción en sí misma, sino que debe considerarse como una de las formas de buscar el cumplimiento del respectivo fallo de tutela, enfatizando en su carácter persuasivo, por lo tanto de acatarse la orden judicial que dio lugar al trámite incidental, lo procedente es la inaplicación o revocatoria de la sanción impuesta.

Sobre el particular, en diferentes providencias la Corte Constitucional ha destacado lo siguiente:

“Del texto subrayado (se refiere al art. 27 del Decreto 2591 de 1991) se puede deducir que la finalidad del incidente de desacato no es la imposición de la sanción en sí misma, sino la sanción como una de las formas de búsqueda del cumplimiento de la sentencia. Al ser así, el accionante que inicia el incidente de desacato se ve afectado con las resultas del incidente puesto que éste es un medio para que se cumpla el fallo que lo favoreció.

Segundo, la imposición o no de una sanción dentro del incidente puede implicar que el accionado se persuada o no del cumplimiento de una sentencia. En efecto, en caso de que se inicie el incidente de desacato y el accionado, reconociendo que se ha desacatado lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanción, deberá acatar la sentencia.

En caso de que se haya adelantado todo el trámite y resuelto sancionar por desacato, para que la sanción no se haga efectiva, el renuente a cumplir podrá evitar ser sancionado acatando. Al contrario, si el accionado no acepta la existencia de desacato y el juez, por incorrecta apreciación fáctica, determina que éste no existió, se desdibujará uno de los medios de persuasión con el que contaba el accionado para que se respetara su derecho fundamental. Al tener un carácter persuasivo, el incidente de desacato sí puede influir en la efectiva protección de los derechos fundamentales del accionante y en esa medida existiría legitimación para pedir la garantía del debido proceso a través de tutela.” (Negrillas y subrayas fuera del texto original)

“El objetivo de la sanción de arresto y multa por desacato es el de lograr la eficacia de las órdenes impartidas por el Juez de amparo para la efectiva protección de los derechos… El objeto del incidente de desacato, de acuerdo a la Jurisprudencia de esta Corporación, se centra en conseguir que el obligado obedezca la orden impuesta en la providencia… Por tal motivo, la finalidad del mencionado incidente no es la imposición de una sanción en sí misma sino una de las formas de buscar el cumplimiento de la respectiva sentencia”. (Negrillas y subrayas fuera del texto original).

Igualmente, es pertinente recordar que en sentencia de 24 de septiembre de 2015, proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el núm. 2015-00542-01, esta Sala expresamente advirtió que era posible revocar la sanción impuesta en el trámite incidental de desacato, incluso, con posterioridad al Auto que resolvió el grado jurisdiccional de consulta, rectificando así una postura que impedía dicho proceder. En la referida providencia se dijo:

“En ese orden de ideas, para la Sala resulta forzoso rectificar la postura adoptada mediante el auto de 11 de julio de 2013, dictado en el expediente núm. 2012-00364, para, en su lugar, retomar el criterio Jurisprudencial de antaño frente a la finalidad y carácter persuasivo del incidente de desacato, que permite lograr el cumplimiento efectivo del fallo que ampara los derechos fundamentales, como claramente lo ha dilucidado la Jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Ello, por cuanto no existe razón alguna que justifique mantener una sanción por desacato contra quien ha sido persuadido por la misma y ha procedido a cumplir la orden tutelar correspondiente, aún cuando esto se produzca, inclusive, con posterioridad a la resolución del Grado Jurisdiccional de Consulta. Así lo ha sostenido, en forma reiterativa, la Corte Suprema de Justicia, al señalar que:

Así las cosas, deviene aplicable el precedente de esta Corporación, según el cual hay lugar a levantar la sanción cuando se obedecen las disposiciones del fallador constitucional, como ocurrió en este caso. En efecto, la Jurisprudencia tiene determinado que “cuando se observa el cabal cumplimiento de la orden de tutela, así sea extemporáneamente e incluso después de decidida la consulta, la Corte ha prohijado la tesis de que es del caso levantar las sanciones respectivas… pues el fin perseguido con el trámite del desacato ya se cumplió (…) Cabe acotar, que la Corte Constitucional sobre el tema ha precisado que “(…) se puede deducir que la finalidad del incidente de desacato no es la imposición de la sanción en sí misma, sino la sanción como una de las formas de búsqueda del cumplimiento de la sentencia”…” (31 de octubre de 2013. Exp. 00303-01)” (Las negrillas y subrayas no son del texto original).

Todo lo anterior pone de presente que, en cuanto a las Altas Cortes de la Rama Judicial Colombiana se refiere, es criterio generalizado el indiscutible carácter persuasivo del incidente de desacato, como una de las herramientas efectivas que el ordenamiento jurídico establece para obtener el amparo otorgado a los derechos fundamentales, mediante sentencia de tutela, lo cual permite modificar y/o revocar sanciones por desacato cuando se verifica el cumplimiento de la orden tutelar; criterio éste, que no puede desconocerse con hipótesis como la planteada en el auto de 11 de junio de 2013, cuyas consideraciones se abandonan a través de la presente rectificación Jurisprudencial.”

Así mismo, en Auto A-155 de 20 de abril de 2016, la Corte Constitucional recordó:

“6. A su vez, el numeral 153 de la parte motiva del Auto 181 de 2015 señaló que “En conclusión, (i) la figura del cumplimiento es de carácter principal y oficioso, mientras que el desacato es subsidiario; (ii) para imponer sanciones en el trámite incidental de desacato el juez debe establecer la responsabilidad objetiva y subjetiva del incidentado; (iii) para determinar la responsabilidad subjetiva del incidentado, se debe verificar que el desobedecimiento de la orden de tutela es producto de una conducta caprichosa o negligente de este; (iii) corresponde al incidentado informar al juez las medidas desarrolladas para alcanzar la satisfacción del fallo, así como las razones precisas que en el caso concreto han impedido el cumplimiento de la orden de tutela, evitando justificaciones vagas o genéricas que no tengan relación con la situación específica del demandante; (iv) de manera concomitante con el trámite de desacato, el juez debe dictar las medidas de cumplimiento que sean del caso, con el objeto de remover los obstáculos que impidan el acatamiento del fallo y; (v) en el supuesto en que el juez haya adelantado todo el procedimiento incidental y decidido sancionar por desacato al responsable, éste podrá evitar que se materialice la multa o el arresto cumpliendo el fallo que lo obliga a proteger los derechos fundamentales del actor. De este modo, si se verifica el cumplimiento del fallo luego de consultada y confirmada la sanción, el juez de primera o única instancia deberá declarar inmediatamente el cumplimiento de la sentencia y revocar o dejar sin efecto la sanción impuesta y las actuaciones que dependan de ella, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corte y la competencia asignada por el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 que dispone que este “mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza”. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que ya se hubieren ejecutado” (Negrillas y subrayas fuera del texto original)

Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente advertir que el Tribunal Administrativo del Chocó, al proferir el Auto de 31 de octubre de 2016, tajantemente afirmó que no era posible inaplicar o revocar la sanción impuesta a la actora en el trámite incidental, ya que el cumplimiento del fallo de tutela que daba origen al incidente de desacato se había dado con posterioridad a la fecha en la que quedó ejecutoriada la sanción, argumento que desobedece abiertamente los precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, traídos a colación en líneas anteriores.

Es claro que la sanción impuesta a la actora, la cual consistía en una multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes y cinco (5) días de arresto en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Bogotá, sí podía ser inaplicada o revocada, en el entendido de que ya se había demostrado el cumplimiento de la orden dada en la acción de tutela, independientemente de la extemporaneidad del mismo. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que ya se hubiesen ejecutado.

La Sala resalta que, el hecho de que el cumplimiento de la sentencia de tutela de 28 de enero de 2016 se haya dado después de proferido el Auto que resolvió el grado jurisdiccional de consulta no le impedía al Tribunal Administrativo de Chocó, como juez de primera instancia y competente del trámite incidental, declarar el acatamiento y revocar la sanción impuesta a la actora, como reiteradamente lo ha explicado la jurisprudencia constitucional.

Cabe recordar que, en la sentencia de tutela de 28 de enero de 2016, por la cual se originó el incidente de desacato objeto de estudio, el Tribunal Administrativo del Chocó le había ordenado a la UGPP, particularmente a la actora, como Subdirectora de Determinación de Derechos Pensionales, lo siguiente:

“SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ORDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP- Unidad de Determinación de Derechos Pensionales, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, inicie las acciones conducentes para continuar con el cumplimiento de la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena a través de la cual se ordenó el reconocimiento y pago de la pensión gracia de la señora Clarisa Maquilón García, y en virtud de la cual se expidió la Resolución No. 16199 de 10 de abril de 2006, mediante la cual “se dé cumplimiento a un fallo de tutela proferido por el Juzgado Séptimo Laboral de Cartagena en el que se reconoce una pensión gracia”, conforme lo expuesto en la parte motiva de ésta providencia.

TERCERO: ORDENASE a la UGPP – Unidad de Determinación de Derechos Pensionales, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, ordene a quien corresponda, reanudar, si fue suspendido, el pago de las mesadas pensionales dejadas de percibir por la accionante, así como aquellas que se causen a futuro, las cuales no podrán volverse a suspender sin que medie autorización judicial para ello del Juez natural dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 270012333003201500098-00, u otro que se interponga con tal fin, que defina el asunto con fuerza res judicata, conforme a los expuesto en la parte motiva de esta providencia.”

Igualmente, es importante hacer énfasis en que en la parte considerativa del Auto de 31 de octubre de 2016, el mismo Tribunal Administrativo del Chocó expresamente reconoció que la UGPP, al presentar la solicitud de inaplicación de la sanción impuesta en contra de actora, aportó copia de la Resolución núm. RDP 029353 de 10 de agosto de 2016, por medio de la cual se dio cabal cumplimiento a las órdenes transcritas, así como del trámite de notificación de dicho acto administrativo.

En el referido proveído, el Tribunal Administrativo del Chocó también manifestó que la UGPP le informó que ya había reincorporado en la nómina de pensionados a la señora CLARISA MAQUILÓN GARCÍA y que había dado la orden de pagarle todas las mesadas dejadas de percibir desde su exclusión, por lo tanto no existía duda del acatamiento de la orden judicial y con ello, del cumplimiento de la finalidad de incidente de desacato, siendo procedente la revocatoria de la sanción; sin embargo, dicha Corporación inexplicablemente denegó la solicitud de la actora y mantuvo incólume la sanción, con lo cual claramente se le conculcó su derecho fundamental al debido proceso.

Así las cosas, la Sala amparará el derecho fundamental al debido proceso de la actora y, como consecuencia de ello, se dejará sin efecto el Auto de 31 de octubre de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo del Chocó dentro del incidente de desacato adelantado en la acción de tutela radicada bajo el núm. 2016-00001 y en su lugar, se le ordenará a dicha Corporación que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, declare que la sanción impuesta en el Auto 3 de agosto de 2016, carece de objeto por haberse producido el cumplimiento de la orden tutelar, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENIÉGANSE las pretensiones de la presente acción de tutela respecto de los Autos de 3 de agosto de 2016 y 8 de septiembre de 2016, proferidos respectivamente por el Tribunal Administrativo del Chocó y la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del incidente de desacato adelantado en la acción de tutela radicada bajo el núm. 2016-00001, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: AMPÁRASE el derecho fundamental al debido proceso, de la señora CLARA JANETH SILVA VILLAMIL, respecto de la vulneración originada en el Auto de 31 de octubre de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo del Chocó, dentro del proceso referido en el numeral anterior, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior DÉJASE SIN EFECTO el Auto de 31 de octubre de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo del Chocó, dentro del incidente de desacato adelantado en la acción de tutela, radicada bajo el núm. 2016-00001 y, en su lugar, ORDÉNASE a dicha Corporación que declare la carencia de objeto de la sanción impuesta a la señora CLARA JANETH SILVA VILLAMIL, a través de Auto de 3 de agosto de 2016, por haberse producido el cumplimiento de la orden tutelar, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia

CUARTO: NOTIFÍQUESE a las partes por el medio más expedito y eficaz.

QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión y DEVUÉLVASE el original del proceso objeto de la presente acción al Juzgado de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 11 de mayo de 2017.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Radicada bajo el núm. 2006-00055.
Para tener claridad sobre el tema, es pertinente señalar que en esta sentencia el Tribunal Administrativo del Chocó advirtió que aun cuando la pensión sea al parecer ilegal o inconstitucional, si no hay evidencia probada del fraude, no es posible la revocatoria directa del acto administrativo por medio del cual se reconoció dicha prestación social sin que medie el consentimiento del titular, en aras de salvaguardar el derecho al debido proceso administrativo, la garantía de los derechos adquiridos y el derecho a la confianza legítima. Igualmente, sostuvo la UGPP decidió revocar directamente la Resolución por medio de la cual se le había reconocido la pensión gracia a la señora Clarisa Maquilón García, en cumplimiento de una sentencia judicial, sin que mediara autorización de aquella y luego de trascurridos casi 9 años de su reconocimiento, lo que constituyó una vulneración de sus derechos fundamentales.
Sobre el particular, la sentencia señaló: “Es inaceptable que la accionada sin previamente acudir a los procedimientos legales dispuestos para el efecto proceda a revocar un acto administrativo que reconoció un derecho pensional y que fue expedido precisamente por orden judicial, mismo que a la luz de la Constitución Política debe ser acatado y cumplido una vez ejecutoriado sin objeción alguna, pues si se advierte alguna irregularidad al momento de realizar los actos necesarios para su atacamiento es indispensable dejar las anotaciones y aclaraciones o salvedades que considere y proceder de inmediato a la utilización del procedimiento que se sabe existe en la legislación colombiana cuando quiera que la administración se aparte de sus propios actos expedidos ya en cumplimiento de un deber legal o ya en cumplimiento de una orden judicial.”.
Citó la sentencia de 21 de enero 2013. Sala de Casación Civil. Magistrada Ponente Margarita Cabello Blanco.
Citó la sentencia de 11 de febrero de 2016. Expediente radicado bajo el núm. 2015-03057. Magistrado Ponente Guillermo Vargas Ayala.
En sentencia T-271 de 12 de mayo de 2015, accionante ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., Magistrado Ponente doctor JORGE IVAN PALACIO PALACIO.
La norma en comento dice: “DESACATO. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. //La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción”.
Sobre este punto, en la Sentencia T-957 de 2004 la Corte dijo: “La decisión de imponer la sanción por desacato no es susceptible de apelación, ya que el mecanismo contemplado para que el tema suba al conocimiento del superior jerárquico es la consulta, cuyos alcances son diferentes. Si tramitada la consulta no hay objeción del superior, la sanción queda en firme y contra las correspondientes providencias no procede recurso alguno. (…)”.

Cfr. sobre este aspecto, entre otras, las sentencias T-763 de 1998, T-188 de 2002, T-086, T-421, T-459 y T-744 de 2003, T-368, T-939, T-944 y T-1113 de 2005 y T-994 de 2007.
Específicamente sobre la legitimación activa de la persona que promovió la primera acción de tutela, ver sentencias T-188 de 2002, T-086 de 2003, T-421 de 2003 y T-1113 de 2005.
Sentencias T-421 de 2003 y T-1113 de 2005, entre otras.
Sentencias T-171 y T-583 de 2009, entre otras.
Sentencia T-1113 de 2005.
Sentencia de 23 de junio de 2016 (Expedientes acumulados núms. 2015-03387-00 y 2015-03423-00, Consejera ponente María Elizabeth García González).

Sentencia T-421 de mayo 23 de 2003. Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra.
Sentencia T-652 de 2010. Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Suprema de Justicia, sentencia de 18 de diciembre de 2013, proferida en el Expediente núm. 2013-02975-00. Magistrado Ponente doctor: Fernando Giraldo Gutiérrez.

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