Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-01905-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-01905-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2017-01905-01
Consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro
10 de mayo de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DECLARACIÓN DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA - Sin análisis de fondo de los hechos / ATENTADOS CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL DE QUIEN NO PARTICIPA DIRECTAMENTE EN HOSTILIDADES - En el contexto del conflicto armado interno
Lo primero que se advierte (…) es que la decisión de la Sección Tercera para declarar la caducidad de la acción, tuvo como fundamento el hecho que la conducta objeto de reproche no se configura como uno de los eventos del artículo 7 del Estatuto de Roma que prescribe que un crimen es de lesa humanidad cuando se comprueba un ataque a la población civil generalizado o sistemático Bajo esa lógica, la Sección Tercera, sin analizar el contexto bajo el cual se desarrollaron los hechos, aplicó la caducidad a la que se refiere el literal i del numeral 2 del artículo 164 del CPACA. No obstante lo anterior, los hechos que dieron origen al medio de control de reparación directa, por lo menos en lo que hace a su descripción objetiva por el recurrente, responden a lo que en el Código Penal, artículo 135, describe como homicidio en persona protegida, en donde el bien jurídico tutelado son las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario y que en lenguaje periodístico y del común de la sociedad colombiana se denominan “falsos positivos”, mientras a nivel del Derecho de los Derechos Humanos se tipifican como ejecuciones extrajudiciales. Asunto este sobre el cual no existe ninguna consideración en la providencia objeto de reproche, pues, se repite, a la Subsección C de la Sección Tercera el Consejo de Estado, sin realizar un análisis sobre los hechos y el contexto en que éstos se desarrollaron, le bastó para señalar que había operado el fenómeno de la caducidad. Considera la Sala que, por hechos como los que dieron origen al proceso de reparación directa y a efectos de materializar los derechos de acceso a la administración de justicia de las víctimas, se requiere de una interpretación diferente del artículo 164 del CPACA, que permita la realización efectiva de los derechos de aquellos, pues, por la naturaleza y configuración de la conducta de los agentes del Estado que allí se alega, declarar la caducidad de la acción, sin realizar un análisis de fondo del asunto, que implique adelantar todo el proceso de reparación directa, es irrazonable y deja de lado la consideración de una circunstancia o presunción que se debe desvirtuar y es aquella según la cual, la muerte se presentó porque supuestamente se trataba de un actor armado, hecho que, en principio, impediría la configuración de la responsabilidad del Estado. Presunción que, en principio, solo se puede desvirtuar a lo largo del proceso y la discusión misma sobre sus verdaderas connotaciones (…) Por tanto, el juez de lo Contencioso en el marco de su función de garante de los derechos de los individuos debe, antes de tomar una decisión para cerrar la posibilidad de un pronunciamiento de fondo sobre el asunto puesto a su conocimiento, v. gr, porque operó la caducidad, evaluar las circunstancias de los hechos, so pena de vulnerar por esa vía intereses supremos como el de la justicia misma. Por ello, es importante que adelante el proceso y en el fallo, con todos los elementos del caso, se haga el respectivo examen (…) y lleve el proceso hasta su terminación para que después de analizar los hechos que le dieron origen, las pruebas y su contradicción, determine si se desvirtúa la presunción según la cual la persona muerta realmente estaba tomando parte directamente de hostilidades propias del conflicto que le impida a sus familiares exigir la responsabilidad del Estado.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 93 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 214 / CONVENIO DE GINEBRA DE 1949 / LEY 6 DE 1960 / PROTOCOLOS ADICIONALES I Y II DE 1977 / LEY 11 DE 1992 / LEY 171 DE 1994 / LEY 1448 DE 2011 - ARTÍCULO 3 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 103 / LEY 288 DE 1996 / RESOLUCIÓN 67/168 DE 2012 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS
NOTA DE RELATORÍA: La sentencia hace referencia a la constitucionalidad del precepto de caducidad de los medios de control, haciendo referencia a que ante la existencia de conductas que rompen las cargas mínimas que se deben soportar en las relaciones entre estado y particulares es necesario un tratamiento diverso y una valoración de los criterios de razonabilidad y proporcionalidad en la forma de contabilizar el término de caducidad para no restringir derechos fundamentales. En cuanto a las llamadas ejecuciones extrajudiciales y la aplicación de normas de Derecho Internacional Humanitario, la sentencia aborda el informe presentado por el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, en marzo de 2010, en el cual señala la situación de Colombia con respecto a dicho tema, así mismo, la Asamblea General de Naciones Unidas en Resolución 67/168 de 2012, indicó que las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, podían, según las circunstancias, equivaler a el genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO
Bogotá, D.C., diez (10) de mayo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-01905-01(AC)
Actor: JOSÉ LUIS DORIA ROMERO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C Y OTRO
Se pronuncia la Sala sobre la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de 25 de enero de 2018, por medio de la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo.
ANTECEDENTES
1. Solicitud
Con escrito presentado el 27 de julio de 2017, el señor José Luis Doria Romero, a través de apoderado, ejerció acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia y la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con el fin de reclamar el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Tales derechos los consideró vulnerados por las autoridades mencionadas, con ocasión de las providencias de 22 de mayo de 2015 y 15 de noviembre de 2016, proferidas dentro del proceso de reparación directa identificado con el número de radicado 05001-23-33-000-2014-02312-01.
2. Hechos
La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
El 3 de diciembre de 2014, el actor presentó demanda de reparación directa en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, en la que solicitó que se declarara la responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de los daños y perjuicios causados por la muerte del señor Luis Fernando Doria Montoya, quien falleció a causa de una ejecución extrajudicial el 3 de mayo de 1996.
El Tribunal Administrativo de Antioquia en proveído de 22 de mayo de 2015, la rechazó al considerar que había operado el fenómeno de la caducidad, comoquiera que el 21 de junio de 2007 se tuvo certeza del hecho dañoso, toda vez que para esa fecha se suscribió el oficio de la Fiscal 17 Delegada ante el Tribunal, Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, en el que se informó que el proceso cuyo origen es la muerte del señor Luis Fernando Doria Montoya, fue asignado a dicha unidad.
En contra de la anterior decisión se interpuso recurso de apelación, que le correspondió a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, quien mediante auto de 15 de noviembre de 2016, confirmó la providencia apelada, al considerar que, de acuerdo con la declaración de la madre del occiso, se tuvo conocimiento del hecho dañoso el 8 de marzo de 1996, fecha en la que se informó que su hijo lo había asesinado el Ejército Nacional “porque iba a poner una bomba en un puente”.
3. Petición de amparo constitucional
A título de amparo se incoaron las siguientes pretensiones:
“1. Solicito se tutelen los Derechos Fundamentales a la igualdad, al acceso a la justicia, a las garantías judiciales, a la protección judicial y al debido proceso del accionante y en consecuencia se revoque el auto del Consejo de Estado, proferido el 15 de noviembre de 2016, mediante la cual confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentido de declarar la caducidad de la acción.
2. Como consecuencia de lo anterior ruego que:
a. Ordene dejar sin efectos la decisión de segunda instancia proferida por Consejo de Estado dentro del proceso radicado número 0500123330002014231201 (55380).
b. Declare que respecto de la demanda promovida por JOSÉ LUIS DORIA ROMERO y otros, concurren elementos que enmarcan los hechos por la muerte de LUIS FERNANDO DORIA MONTOYA en un acto de lesa humanidad y desplazamiento que padecimos en un daño continuado, sin que tenga lugar por tal la caducidad de la acción y por en (sic) consecuencia se continúe con el estudio del caso a través del medio de control de pretensión reparación directa.”
4. Fundamentos de la solicitud
A juicio del demandante, las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por cuanto pasaron por alto que la muerte del señor Luis Fernando Doria Montoya se dio en el contexto del conflicto armado interno, que su secuestro y desaparición lo causaron los miembros de las autodefensas, quienes, en su sentir, actuaban en alianza con el Ejército Nacional.
Considera que el daño se derivó de una ejecución extrajudicial, es decir, un delito de lesa humanidad, por lo que el caso debió analizarse de fondo.
Resalta que las decisiones objeto de reproche incurrieron en desconocimiento del precedente judicial, pues, a su juicio, se apartaron de la regla que estableció la Sección Tercera del Consejo de Estado en los autos de 12 de septiembre de 2013, 17 de diciembre de 2014 y 13 de julio de 2016, así como la sentencia de 20 de marzo de 2013, frente al conteo de la caducidad en casos de lesa humanidad y desaparición forzada, lo cual padeció en forma continua el señor Luis Fernando Doria Montoya y el accionante.
5. Trámite de la acción de tutela
Mediante auto del 1° de agosto de 2017, el Consejero Ponente de la Sección Cuarta admitió la solicitud de amparo, ordenó notificar al demandante y a las autoridades judiciales demandadas.
Igualmente, a los señores Víctor Hernando Doria Montoya, Alba Romero Devia, María Emma Cartagena, Francia Elena Montoya de Doria, Luz Estella Doria Montoya, Marta Elena Doria Montoya, Blanca Emma Doria Montoya y Victoria Eugenia Doria Montoya, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
6. Contestaciones
6.1. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
El magistrado sustanciador de la decisión objeto de reproche, con escrito de 10 de agosto de 2017, indicó que los argumentos expuestos en la providencia de 15 de noviembre de 2016, eran suficientes para explicar la improcedencia de la solicitud de amparo.
6.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia
En escrito de 11 de agosto de 2017, el magistrado ponente pidió que se negaran las pretensiones de la acción de tutela, toda vez que las decisiones judiciales accionadas no incurrieron en interpretación errada de las normas.
Afirmó que no puede confundirse la imprescriptibilidad de la acción penal de los delitos de lesa humanidad, con la caducidad de los medios de control establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Manifestó que el apoderado del accionante no está legitimado para interponer la acción de tutela de la referencia, pues del traslado que le allegaron en razón a la notificación del auto admisorio, no se observó el poder especial otorgado por el demandante para que lo representara.
6.3. El Ministerio de Defensa Nacional
Guardó silencio, pese a haber sido notificado en debida forma
6.5. El Ejército Nacional
Guardó silencio, pese a haber sido notificado en debida forma
7. Sentencia de primera instancia
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 25 de enero de 2018, negó la solicitud de amparo al no encontrar probado el desconocimiento del precedente contenido en los pronunciamientos 12 de septiembre de 2013, 12 de diciembre de 2014, 13 de julio de 2016, y la sentencia de 20 de marzo de 2013, todos proferidos por la Sección Tercera del Consejo de Estado, frente al conteo de la caducidad en los casos que involucran delitos de lesa humanidad y desaparición forzada.
Encontró que en el auto del 12 de septiembre de 2013, la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado aplicando un control de convencionalidad, concluyó que no debió aplicársele el conteo de la caducidad como normalmente se hace, toda vez que se estaba frente al delito de desaparición forzada, a causa de los eventos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia de Bogotá, lo cual fue catalogado como un asunto de lesa humanidad.
Afirmó que en el auto de 12 de diciembre de 2014, la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, no declaró la caducidad del medio de control de reparación directa, en razón a que los demandantes, en su momento, no contaron con elementos de juicio que les permitieran estimar que la muerte de su familiar fue a manos de agentes del Estado y que, como consecuencia de esto, el desplazamiento forzado que padecieron, también pudo ser ocasionado por los mismos, por lo que no tenían razones suficientes para contemplar el ejercicio de la acción de reparación directa con el fin de que se declarara la responsabilidad del Estado.
Agregó que en la sentencia de 20 de marzo de 2013, la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado, al referirse al tema de la caducidad indicó que esta no había operado, toda vez que el conteo se realizó desde el momento en que tuvieron conocimiento de que la muerte del familiar del demandante ocurrió a manos de agentes del Estado, por lo que desde ese momento hasta la interposición de la demanda no transcurrieron los dos (2) años que establecen las normas procesales.
De lo anterior, concluyó que no se podía confundir el hecho de que la desaparición forzada que, en un momento determinado, puede ser considerado un delito de lesa humanidad, con los efectos continuados, en razón a que se desconoce el paradero de la persona afectada del mencionado acto delictivo. Y que, no se podía afirmar que la caducidad para los casos de desaparición forzada desapareció, o no se tiene en cuenta, puesto que desde el momento en que hay certeza del hecho dañoso, se activa el conteo de dicho fenómeno jurídico, por lo que el interesado debe procurar interponer el medio de control antes de que culmine el tiempo que establecen las normas procesales.
Precisó que la parte demandante en el medio de control de reparación directa informó en el recurso de apelación que no conocía que el deceso de su familiar se dio por miembros del Ejército Nacional, sino sólo hasta el 28 de octubre de 2013, fecha en la que fueron puestas a disposición de la madre de la víctima las copias del proceso adelantado por la Justicia Penal Militar, sin embargo, el Tribunal encontró una declaración juramentada de “Francia Elena Montoya de Doria, madre del occiso, presentada ante la Personería de Apartadó, del 8 de marzo de 1996 en la que manifestó que la Fiscalía había informado que a su hijo lo había matado el Ejército, porque iba a poner una bomba en un puente”. Razón por la cual consideró que el término de caducidad empezó a correr a partir de esa fecha, y había operado dicho fenómeno, comoquiera que la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial, había sido el 24 de octubre de 2014.
8. Impugnación
Con escrito recibido el 7 de febrero de 2018, el accionante impugnó la sentencia de primera instancia al señalar que el a quo no verificó el precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado relacionado con la inaplicación de la caducidad a los actos de lesa humanidad, estos son, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales.
Reiteró que antes del año 2013 no se había realizado el reconocimiento del cadáver ni había prueba de ADN que diera plena certeza de que se trataba de Luis Fernando Doria Montoya, por lo tanto, sólo hasta esa fecha se tuvo certeza del daño en cabeza del Ejército Nacional.
Agregó que en sentencia T-352 de 2016 la Corte Constitucional analizó la caducidad a la luz de la jurisprudencia del Consejo de Estado y concluyó que “existe una norma superior e inderogable, reconocida por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y refrendada en el contexto regional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dispone expresamente que el paso del tiempo no genera consecuencia negativa alguna para acudir a la jurisdicción a solicitar la reparación integral de los daños generados por tales actos inhumanos”.
Sin embargo, afirmó que el fondo del asunto está dado en que debe dársele tratamiento de ejecución extrajudicial y, en consecuencia, de delito de lesa humanidad por lo que debe inaplicarse la caducidad.
9. Trámite en segunda instancia
Con auto de 12 de marzo de 2018, el despacho sustanciador advirtió la necesidad de notificar en debida forma a los señores Víctor Hernando Doria Montoya, Alba Romero Devia, María Emma Cartagena, Francia Elena Montoya de Doria, Luz Estella Doria Montoya, Marta Elena Doria Montoya, Blanca Emma Doria Montoya y Victoria Eugenia Doria Montoya, quienes fueron vinculados en calidad de terceros interesados mediante auto de 1º de agosto de 2017, notificación de la que no se encontró registro en el expediente.
Hechas las notificaciones del caso, guardaron silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte actora en contra de la sentencia de 25 de enero de 2018, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y, en el artículo 2º del Acuerdo 55 de 2003 de la Sala Plena de esta Corporación.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la providencia de 25 de enero de 2018 emanada de la Sección Cuarta del Consejo de Estado en el curso de la acción de tutela instaurada por el señor José Luis Doria Romero en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia y la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con el fin de reclamar el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) el estudio sobre el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad adjetiva; y (iii) en caso en que se supere este análisis, se hará un examen de la conducta que dio origen al medio de control de reparación directa para determinar si la declaración de caducidad era procedente al momento de la admisión de la demanda.
3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
Esta Sección, mayoritariamente, venía considerando que la acción de tutela contra providencia judicial era improcedente por dirigirse contra una decisión judicial. Solo en casos excepcionales se admitía su procedencia, eventos éstos que estaban relacionados con un vicio procesal ostensible y desproporcionado que lesionara el derecho de acceso a la administración de justicia en forma individual o en conexidad con el derecho de defensa y contradicción.
Sin embargo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Señaló la Sala Plena en el fallo en mención:
“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.” (Negrilla fuera de texto)
A partir de esa decisión de la Sala Plena, la Corporación debe modificar su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.
A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y, en donde el actor tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.
En ese sentido, si bien la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, no ha distinguido con claridad cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -improcedencia sustantiva- y cuáles impiden analizar el fondo del asunto -improcedencia adjetiva-.
Por tanto, se deber verificar que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá principalmente: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
3.1. Análisis de los requisitos adjetivos de procedibilidad cuando se alegan violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
En relación con la observancia de los requisitos de procedibilidad adjetiva y la carga argumentativa mínima que se exige cuando se trata de tutelas contra providencias judiciales, es importante advertir, como reiteradamente lo ha señalado la Corte Constitucional y lo reiteró esta Corporación en fallo de unificación del pasado 5 de agosto de 2012, que, por la complejidad del asunto es necesario que en cada caso, se evalúen estos requisitos a fin de que no se desvirtúe la razón de ser de la acción de tutela.
En consecuencia, cuando se invoquen violaciones al Derecho Internacional Humanitario, el juez constitucional debe flexibilizar la valoración de los mencionados requisitos de procedibilidad adjetiva y la estricta carga argumentativa que se exige, en tratándose de tutela contra providencia judicial, como se desarrollará más adelante.
4. Caso concreto
Esta Sala ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse acerca del fenómeno de la caducidad en los procesos de reparación directa, en donde se alega la vulneración por parte del Estado, del Derecho Internacional Humanitario. A continuación se reiterarán algunos de sus argumentos:
4.1. El fenómeno de la caducidad de los medios de control en la jurisdicción de lo contencioso administrativo frente a determinadas conductas
Según lo ha indicado la Corte Constitucional, el instituto de la caducidad tiene como principal fundamento la necesidad de dotar las relaciones entre particulares y los de estos con el Estado de seguridad jurídica, para que, transcurrido un determinado tiempo o plazo, se tenga la certeza por unos y otros, que no se podrá acudir a la administración de justicia para la resolución de sus conflictos, porque se pierde la oportunidad para el efecto.
En ese sentido, en sentencia C-832 de 2001, sobre la constitucionalidad del precepto que consagraba la caducidad de los medios de control en vigencia del C.C.A, señaló:
“La caducidad es una institución jurídico procesal a través del cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se haya en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. La caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual, cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso. Esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.
La fijación de los términos de caducidad corresponde al legislador que, en desarrollo de su libertad de configuración normativa, puede establecer plazos diferenciados según la acción de que se trate. El único límite que tienen esa libertad son los principios de razonabilidad y proporcionalidad, los cuales, deben ser analizados en cada caso para no hacer nugatorios derechos como el de acceso a la administración de justicia, que es el primer derecho fundamental que resulta limitado con la aplicación de este instituto procesal.
En relación con este punto, el Tribunal Constitucional ha determinado que:
“La jurisprudencia constitucional ha señalado que, en virtud de la cláusula general de competencia, al legislador le corresponde regular en su totalidad los procedimientos judiciales y administrativos, por lo que goza de un amplio margen de autonomía o libertad de configuración normativa para evaluar y definir sus etapas, características, formas y, específicamente, los plazos y términos que han de reconocerse a las personas en aras de facilitar el ejercicio legítimo de sus derechos ante las autoridades públicas. Tal autonomía sólo se ve limitada por la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas, principios que constituyen el límite a los quehaceres del legislador, en cuanto los mismos han de servir para la realización material de los derechos sustanciales.”
En este orden de ideas, si bien el legislador puede válidamente establecer límites temporales a los ciudadanos para acceder a la justicia, en aras de asegurar la vigencia de la seguridad jurídica (finalidad de la medida) también lo es que esta debe resultar necesaria, idónea y adecuada para alcanzar dicho fin, la que, si bien en términos generales puede considerarse legítima, no siempre resulta necesaria o adecuada, según el caso de que se trate.
En otros términos, no se discute la finalidad y la importancia de la figura de la caducidad de las acciones. La que, se repite, en términos generales, resulta adecuada a su finalidad: dotar de seguridad jurídica las relaciones entre particulares y la de estos con el Estado.
Su regulación, entonces, no resulta discutible en la generalidad de los casos, no obstante surgen dudas cuando se trate de hechos que exceden lo que podríamos denominar el marco de “normalidad” que rige el tráfico de las relaciones, en especial, aquellas que se dan entre el Estado y los particulares, eventos en los cuales correspondería al legislador en forma abstracta consagrar un tratamiento diverso y/o al juez, en los casos sometidos a su conocimiento, establecer y determinar la razonabilidad y proporcionalidad del plazo de caducidad o la forma en que se contabiliza, para no hacer nugatorio o restringir de forma desproporcionada un conjunto de derecho fundamentales de quienes pretenden acudir a la administración de justicia.
Es, en este contexto, en donde se pregunta si el juez contencioso debe hacer un análisis diferenciador dependiendo de las conductas que, según los afectados, puedan generar una responsabilidad del Estado, en el marco del artículo 90 de la Constitución.
4.2. De las llamadas ejecuciones extrajudiciales como falsos positivos o infracciones, en el contexto colombiano, a las normas del Derecho Internacional Humanitario
En cuanto a la diferencia entre la desaparición y las ejecuciones extrajudiciales basta señalar que las Naciones Unidas, en 1980, Resolución 20 (XXXVI) de 29 de febrero de 1980, estableció el Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias.
Los trabajos de este grupo llevaron a que dos años más tarde, la HYPERLINK "http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/index.htm" Comisión de Derechos Humanos, en la Resolución 1982/29 de 11 de marzo de 1982, recomendara al Consejo Económico y Social nombrar un relator especial para determinar la existencia y alcance de la práctica de ejecuciones sumarias o arbitrarias. Dicha resolución fue adoptada por el Consejo Económico y Social en Resolución 1982/35, que estableció un mandato para el Relator Especial de ejecuciones sumarias o arbitrarias, diferenciado del grupo de las desapariciones forzadas o involuntarias, con el fin de establecer sus características y elementos.
Este Relator, en cumplimiento de su mandato, visitó Colombia en 2009, y sobre los llamados “falsos positivos”, señaló:
“10. El fenómeno de los llamados "falsos positivos" —ejecuciones ilegales de civiles manipuladas por las fuerzas de seguridad para que parezcan bajas legítimas de guerrilleros o delincuentes ocurridas en combate las pruebas documentales indican… que comenzaron a ocurrir con una frecuencia alarmante en toda Colombia a partir de 2004.
11. La dinámica fáctica de estos casos está bien documentada, por lo que solo será́ necesario aquí́ delinear las pautas generales comunes a todos los departamentos del país. En algunos casos, un "reclutador" pagado (un civil, un miembro desmovilizado de un grupo armado o un ex militar) atrae a las víctimas civiles a un lugar apartado engañándolas con un señuelo, por lo general la promesa de un trabajo. Una vez allí́, las víctimas son asesinadas por miembros de las fuerzas militares, a menudo pocos días u horas después de haber sido vistos por los familiares por última vez. En otros casos, las fuerzas de seguridad sacan a las víctimas de sus hogares o las recogen en el curso de una patrulla o de un control de carretera. Las victimas también pueden ser escogidas por "informantes", que las señalan como guerrilleros o delincuentes a los militares, a menudo a cambio de una recompensa monetaria. Una vez que estas víctimas son asesinadas, las fuerzas militares organizan un montaje de la escena, con distintos grados de habilidad, para que parezca un homicidio legítimo ocurrido en combate. El montaje puede entrañar, entre otras cosas, poner armas en manos de las víctimas; disparar armas de las manos de las víctimas; cambiar su ropa por indumentaria de combate u otras prendas asociadas con los guerrilleros; o calzarlas con botas de combate. Las víctimas son presentadas por los militares y anunciadas a la prensa como guerrilleros o delincuentes abatidos en combate. A menudo se entierra a las víctimas sin haberlas identificado (bajo nombre desconocido), y en algunos casos en fosas comunes”
En cuanto a su denominación, la Asamblea General de Naciones Unidas en Resolución 67/168 de 2012, indicó que las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, podían, según las circunstancias, equivaler a “el genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra”. Con esa especificación, en criterio de la Sala, se buscaba darle una autonomía a esta conducta frente a la de la desaparición forzada.
Para hablar de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario se requiere, en el ámbito interno, de la existencia de un conflicto armado dentro del territorio de un Estado, para distinguirlo de los conflictos armados internacionales. En ambos conflictos, la primera prohibición expresa que se impone es la de dirigir las acciones militares contra objetivos o personas que no tengan, tomen o hagan parte de las hostilidades.
El Estado Colombiano es parte de los Convenios de Ginebra de 1949, Ley 6 de 1960, y de los Protocolos Adicionales I y II de 1977, Leyes 11 de 1992 y 171 de 1994. Igualmente, ha reconocido la competencia de la Comisión Internacional de Encuesta, de conformidad con el Artículo 90 del Protocolo Adicional I de 1977 y adhirió a la Convención de Bienes Culturales de 1954 y la Convención de Armas Biológicas de 1972, entre otros.
El Convenio de Ginebra, sus protocolos adicionales como el artículo 3 común, parten de reconocer que todas las personas y bienes que no hagan o tomen parte en las hostilidades son protegidos, lo que se conoce como el principio de distinción, según el cual ninguna de las partes en conflicto puede involucrar a las personas que no tomen o hagan parte directamente de las hostilidades, las que por ese hecho, adquieren el estatus de personas protegidas. Se habla así, de los civiles.
En este punto cobra importancia el artículo 3 común a los convenios de Ginebra aplicable a los conflictos internos cuya vigencia y obligatoriedad es independiente de su reconocimiento por las partes involucradas en ellos.
Es decir, son vinculantes tanto para el Estado como para los grupos que se enfrenten con este, pese a que estos no hayan expresado su voluntad de acogerse a sus términos y condiciones; como tampoco cambia el estatus de aquellos, dado que el reconocimiento o aplicación de este precepto, no muda ni se puede entender como la aceptación del carácter beligerante de las fracciones enfrentadas en el territorio del Estado.
El mencionado precepto consagra lo siguiente:
“ARTÍCULO 3 DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA
En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:
1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo.
A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas: los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles.
“…
“La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto.” (Negrilla fuera de texto)
Esta normativa hace parte de lo que se denomina el Derecho Internacional Humanitario –DIH-, como reglas mínimas que deben ser tenidas en cuenta en el marco de un conflicto de carácter interno.
Por lo que se reitera, todas las personas civiles que no toman parte directamente del conflicto son, en aplicación del principio de distinción, personas protegidas por las normas internacionales en la materia.
En efecto, en estos casos, como lo reconoció el Relator Especial para las Ejecuciones Extrajudiciales y Sumarias, en su informe sobre Colombia, las fuerzas militares muestran a civiles como muertos en combate, como una forma de demostrar resultados positivos frente a la guerrilla, es decir, entiende la Sala que el mismo Estado reconoce a estos grupos armados como objetivos que deben ser combatidos, es decir, que existe conflicto.
Estos homicidios, entonces, parten de reconocer que hay fuerzas legítimas del Estado enfrentadas a grupos armados. Se lee en el mencionado informe:
“20. Muchos expertos e interlocutores con experiencia —incluidos los de las fuerzas militares— me confirmaron que en las unidades militares se ejercía cierta presión para "mostrar resultados" y demostrar que el ejército seguía ganando terreno a la guerrilla y a los delincuentes. Si bien algunos altos funcionarios del Gobierno refutaron esta idea y recalcaron que el homicidio de civiles no aumentaba la seguridad, es evidente que entre los militares el resultado satisfactorio solía medirse en términos del "número de bajas" del enemigo, es decir, de miembros de las FARC y de otros grupos muertos en combate. “
En ese orden de ideas, más allá de la discusión sobre si el Estado Colombiano está o estaba inmerso en un conflicto armado interno cuando se presentaron los hechos que dieron origen al proceso de reparación, para poder reconocer entonces, la aplicación de las normas del Derecho Internacional Humanitario –DIH-, en especial el artículo 3 común, cuestión que fue objeto de álgidos debates, en especial entre los años 2002-2010, lo cierto es que hoy esa discusión se superó con la expedición de la Ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, que, en su artículo 3, expresamente consagra que:
“ARTÍCULO 3o. VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.” (Negrilla fuera de texto)
Es decir, el propio Estado en esta ley no solo reconoció la existencia del conflicto armado interno -1985- sino la configuración de violaciones a las normas del Derecho Internacional Humanitario, en especial, el artículo 3 común a los Convenios y Protocolos de Ginebra, que, se insiste, a partir del principio de distinción, condena, entre otros el homicidio de todas aquellas partes que no han tomado parte en las hostilidades.
Debe aceptarse, en ese sentido, que cuando el Ejército Colombiano reporta en sus informes de acciones que ha dado de baja a actores armados, como lo hizo en el caso que se analiza, se parte de dos supuestos como mínimo i) que la operación militar que arrojó ese resultado, lo fue en desarrollo del conflicto armado interno que tiene el Estado con facciones armadas y ii) que las personas que murieron en su accionar contra el Estado no eran personas protegidas y, por tanto, su deceso hace parte de las hostilidades, frente a las cuales el Estado no tiene ninguna responsabilidad.
Estas connotaciones, obligaban, se repite, por lo menos desde las circunstancias descritas en los hechos de la demanda de reparación a un análisis diferente sobre la caracterización de la conducta y la forma de contar la caducidad del medio de control para lograr la reparación por parte del Estado, pues, en principio, a partir de los informes oficiales no se puede hablar de un hecho del cual pueda deducirse responsabilidad del Estado, del cual, por demás, pueda predicarse la caducidad del medio de control de reparación directa. Veamos:
Es claro para la Sala de Sección que, casos como los que fueron puestos a conocimiento de la jurisdicción contenciosa, en los que se alega que la persona que el Ejército colombiano presentó como un guerrillero no lo era, mientras los agentes estatales lo presentaron como persona que tomaba parte de las hostilidades y, que por tanto, no era objeto de protección del artículo 3 común, el fenómeno de la caducidad de la acción de reparación no puede, por esa sola circunstancia, ser analizada bajo raseros iguales al de otras conductas, pues aquella, por sus connotaciones, ha de tener un tratamiento diverso, con el objeto de lograr la garantía de los derechos de las víctimas de estos.
En el plano interno, por ejemplo, prescripciones más prolongadas y, en algunos casos, imprescriptibilidad que impone al Estado ejercer su función de investigación y juzgamiento en cualquier tiempo en aplicación de la normativa internacional que integra el bloque de constitucionalidad.
En efecto, a diferencia del delito de desaparición, en estos homicidios, a partir de los informes que rinden los miembros de las fuerzas legítimas del Estado, en los que se muestra a la persona como miembro de un grupo enfrentado con estas, hace que surja la presunción que el Estado actuó en ejercicio de sus deberes, lo que excluye la posibilidad de exigirle alguna responsabilidad, en los términos del artículo 90 de la Constitución, por cuanto no existe un daño antijurídico que resarcir.
Es decir, el daño antijurídico en estos casos, se materializa cuando el Estado establece que la persona que se dijo fue muerta por tratarse de un actor armado, en realidad, no hacía parte de las hostilidades, y, por tanto, fue involucrada en él, desconociendo todas las prescripciones internas e internacionales sobre el particular.
En otros términos, dadas las características y connotaciones de la conducta denominada homicidio en persona protegida y/o ejecución extrajudicial, no parece suficiente, por lo menos para efectos de contar la caducidad que “aparezca la víctima”, como lo señaló el legislador para el caso de las desapariciones forzadas o del acaecimiento del hecho, según lo advertía el artículo 164 del CPACA, pues, se repite, en estos sucesos, se parte del dicho del Estado, afirmación que admite prueba en contrario, según la cual, la persona que murió por el accionar de las fuerzas estatales, hacía parte de un grupo armado frente al cual, en muchos casos, existían supuestos informes de inteligencia que daban cuenta de sus actividades delictivas. Es decir, no se puede hablar de un daño antijurídico y por tanto de responsabilidad del Estado cuando se produce una “confrontación” y uno o varios miembros “del grupo armado” mueren como producto del “enfrentamiento” con la fuerza pública.
En estos casos, el solo hecho de la muerte no puede generar la caducidad, porque, en principio, no hay daño frente al cual se pueda reclamar, pese a que los familiares tengan el convencimiento que la persona señalada de pertenecer a las fuerzas armadas ilegales no lo era, en contraposición a los informes oficiales.
En ese sentido, insiste la Sala de Sección que, en razón de la naturaleza de esta conducta, el juez administrativo puede hacer uso de las teorías que ha ido construyendo, a efectos de buscar parámetros diferentes a la aplicación textual del precepto que consagra la caducidad, para determinar esta, con el fin de garantizar, en forma efectiva, no solo el componente del derecho a la reparación la que, en términos del derecho internacional de los derechos humanos, hace parte del derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, sino la garantía de otros derechos, igualmente fundamentales como el de acceso a la administración de justicia, pues declarada la caducidad, este derecho queda limitado.
El juez contencioso administrativo, como garante de los derechos fundamentales, como hoy lo establece expresamente el nuevo Código de lo Contencioso Administrativo –CPACA-, artículo 103, debe procurar la realización efectiva de estos, haciendo uso de los distintos instrumentos para el efecto, entre otros, la interpretación sistemática del ordenamiento y la aplicación de las teorías que se han venido desarrollando en la misma jurisdicción, entendiendo que de él hace parte, como norma de carácter constitucional y prevalente, para estos casos, las normas del Derecho Internacional del Derecho Humanitario, en los términos de los artículo 93 y 214, numeral 2 de la Constitución.
E insiste la Sala que esta discusión sobre la caracterización de la conducta que dio origen al proceso de reparación, es de suma importancia, por cuanto si se repara en la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 67/168 de 2012, las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, pueden, según las circunstancias, equivaler a “el genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra”, (negrilla fuera de texto).
Sobre el particular, por ejemplo, según lo estipulado en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, aprobado por el Estado colombiano mediante la Ley 472 de 2002 y vinculante para él a partir del 1 de noviembre de ese año, define qué delitos son de su competencia y así distingue entre los crímenes de genocidio, lesa humanidad, los de guerra y el de agresión.
En ese sentido, es importante advertir que este estatuto, que no se puede aplicar en el orden interno por consagrar tratamientos diferentes a los que prevé la Constitución y, por ende, solo pueden activarse cuando actúe la Corte Penal Internacional, define, se repite, para efectos de la competencia de esa Corte como crímenes de guerra en el artículo 8, literal c) las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, entre ellas, los dirigidos contra personas que no participen directamente en las hostilidades como los i) actos de violencia contra la vida y la persona, en particular, el homicidio en todas sus formas.
Y, en los elementos de los crímenes, documento que fue aprobado por la Asamblea de los Estados Partes en septiembre de 2002 y que hace parte del Estatuto de Roma, en relación con el homicidio en persona protegida que se configura cuando: i) el autor haya dado muerte a una o más personas; ii) que esa persona o personas hayan estado fuera de combate o hayan sido civiles…iii) que el autor haya sido consciente de las circunstancias de hecho que establecían esa condición, iv) que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado no internacional y relacionado con él y v) que el autor haya sido consciente sobre la existencia de un conflicto armado.
Sobre este particular, la Sala quiere resaltar que la jurisdicción no ha sido ajena al conflicto que de tiempo atrás vive el Estado y a partir de los diferentes tipos de imputación de responsabilidad, ha dado respuesta a la exigencia de justicia que se le ha presentado, y, en numerosos casos, ha realizado una interpretación maximizando las garantías propias del Estado Social de Derecho que nos rige, conforme, por demás, con las cláusulas convencionales del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, a partir de la integración que estipula el artículo 93 constitucional.
Sin duda, la construcción jurisprudencial de los regímenes de responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia, ha ido de la mano, en muchos asuntos, de la evolución del conflicto armado interno. Es decir, no se ha negado la existencia de aquel, y, por el contrario, ha intentado generar respuestas para compaginar el principio de justicia material con la realidad que vive el Estado Colombiano, lo que ha evitado, en muchos eventos, que los individuos no acudan a los sistemas de justicia internacional ante la ausencia de una respuesta y protección en el Estado colombiano.
Algunos casos emblemáticos fallados por la Sección Tercera a lo largo de su historia, han permitido que las víctimas de las hostilidades hayan encontrado en el juez administrativo la satisfacción de sus derechos fundamentales no solo el de acceso a la administración de justicia sino el de reparación, a partir de construcciones jurídicas en donde han prevalecido aquellos por encima de las interpretaciones formales de la ley.
En tal sentido, es válido afirmar que, más allá de las necesarias reparaciones administrativas de rango legal, las víctimas del conflicto armado colombiano, prácticamente desde sus primeras manifestaciones, han encontrado en la jurisdicción contenciosa, una instancia judicial presta a garantizar, en primer orden, su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, para garantizar por esa vía, la materialización de otros intereses igualmente fundamentales, como el de la reparación en el caso de las víctimas.
Así es que, la jurisdicción ha reconocido la existencia del conflicto armado y, por tanto, ello impone al juez de lo contencioso un examen más profuso de los elementos y circunstancias que rodean los hechos puestos a su conocimiento para satisfacer, se repite, no solo el derecho de acceso a la administración de justicia sino el de justicia y reparación, como derechos propios de las víctimas de ese conflicto e impedir así, que sean otras instancias, por ejemplo, las internacionales, las que tengan de emitir un pronunciamiento ante la ausencia de uno en el derecho interno.
En relación con este aspecto, basta señalar como, por ejemplo, en materia de violación de derechos humanos, la Ley 288 del 5 de julio de 1996, por la cual se establecen instrumentos para la indemnización de los perjuicios causados a las víctimas de violaciones de derechos humanos, introdujo el procedimiento a seguir para efectos de la conciliación prejudicial y judicial cuando el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, concluyan respecto de un caso concreto que el Estado colombiano ha incurrido en una violación de derechos humanos y se establezca que los correspondientes perjuicios deben ser indemnizados.
En esos eventos, después del concepto favorable de un grupo de instituciones a nivel interno sobre el cumplimiento de la decisión adoptada por el órgano internacional, se debe proceder a reconocer la indemnización, independientemente de si operó la caducidad del medio de control respectivo, en estos eventos, sin lugar a dudas, el de reparación directa, artículo 2, parágrafo 4.
Es decir, no es posible alegar por parte del Estado la caducidad, como medio para evitar el reconocimiento de su responsabilidad y la satisfacción por esa vía de los derechos de las víctimas de aquel.
4.3. Análisis del caso concreto
En el sub lite, el accionante consideró que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales comoquiera que la Sección Tercera de esta Corporación, ha tenido otras posturas, según las cuales, en los delitos de lesa humanidad no debe tenerse en cuenta la caducidad.
Al efecto, citó las sentencias proferidas dentro de los procesos identificados con número de radicado 25000-23-26-000-2012-00537-01, M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, 50187, M.P.: Danilo Rojas Betancourth, 25000-23-41-000-2014-01297-01, M.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera y 22491, M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 25000232600020120053701
En efecto, en las reseñadas providencias, la Sección Tercera de esta Corporación ha considerado que “existe una norma superior e inderogable reconocida por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, y refrendada en el contexto regional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dispone expresamente que el paso del tiempo no genera consecuencia negativa alguna para acudir a la jurisdicción a solicitar la reparación integral cuando se demanda la producción de daño (s) antijurídico (s) generados por tales actos de lesa humanidad.”, por lo tanto resolvió en sede de apelación que debía admitirse la demanda en procura de consolidar la verdad, la justicia y la reparación integral en armonía con la eficacia de la protección de los derechos constitucionalmente garantizados en los principales instrumentos del derecho internacional humanitario.
En esa medida, esta Sala considera importante recordar los argumentos de la decisión en sede de apelación, según los cuales, en el proceso ordinario obra prueba del conocimiento del daño desde 1996. Así lo señaló esa Sección:
“3. La parte demandante adujo que, de acuerdo a la jurisprudencia actual, el hecho generador del daño -exhibir a su familiar como un miembro de un grupo guerrillero dado de baja en combate por el Ejército Nacional “falso positivo”- constituye un delito de lesa humanidad, por lo que el término para formular la acción contenciosa administrativa no caduca y puede ser presentada en cualquier momento.
El artículo 7 del Estatuto de Roma prescribe que un crimen es de lesa humanidad cuando se comprueba un ataque a la población civil generalizado o sistemático. Evento que no se configura en el presente caso.
4. El recurrente esgrimió que tuvo conocimiento que la muerte la produjo el Ejército Nacional cuando la Fiscalía, mediante un oficio, les informó que el proceso penal había pasado a la Justicia Penal Militar, esto es, el 28 de octubre de 2013 (f. 65 c.1).
Sin embargo, dentro del material probatorio aportado con la demanda, obra declaración juramentada de Francia Elena Montoya de Doria, madre del occiso, presentada ante la Personería de Apartadó, del 8 de marzo de 1996 (f. 173 c.1), en la que manifestó que la Fiscalía había informado que a su hijo lo había matado el Ejército, porque iba a poner una bomba en un puente.
De modo que como se tuvo conocimiento de los hechos desde el día 8 de marzo de 1996, el término de dos años empezó a correr a partir de esta fecha y la caducidad se configuró, antes de la presentación de solicitud de conciliación extrajudicial, 24 de octubre de 2014 (f. 207 c.1)- De ahí que operó el fenómeno preclusivo de la caducidad y por ello se confirmará la decisión de primera instancia”.
De dicha transcripción se evidencia que, para la Sección Tercera este no es el caso descrito en el artículo 7 del Estatuto de Roma según el cual un crimen es de lesa humanidad cuando se comprueba un ataque a la población civil generalizado o sistemático.
Frente a dicha decisión el demandante argumenta que “esta situación no constituyó un hecho aislado pues (…) el actuar paramilitar era un hecho notorio dada su generalidad y sistematicidad, especialmente en el período de ocurrencia de los hechos. Asimismo se insistió en la demanda en los indicios derivados del proceso penal que no existió combate – párrafo 1 del numeral 11-, que el caso se enmarca en una ejecución extrajudicial o falso positivo, fenómeno respecto del que se ha establecido por el relator especial para las ejecuciones extrajudiciales de las Naciones el carácter de sistemático y generalizado desde el año 2010 (…)”
Así, llama la atención del juez de tutela el hecho de que la conducta que fue puesta en conocimiento de la Sección Tercera, por lo menos en el contexto de la situación que vive el Estado Colombiano, podía catalogarse como una posible infracción grave del Derecho Internacional Humanitario –DIH-, asunto que no fue objeto de análisis profundo por la Subsección C de la Sección Tercera el Consejo de Estado.
En efecto, el Estado Colombiano vivía, para los años 90, un contexto de guerra y violaciones al Derecho Internacional Humanitario. El Urabá Antioqueño, por su ubicación y condiciones selváticas, se caracterizó por ser un lugar estratégico para las rutas del tráfico ilegal de drogas y armas.
Durante los años de 1995 a 1997 ocurrieron aproximadamente 8 masacres que dieron como consecuencia los desplazamientos de la población civil. La violencia en ese sector del país no ha sido sistematizada totalmente, no puede desconocerse que se trata de un hecho notorio.
Así lo ha evidenciado el Gobierno Nacional en sus distintas publicaciones, de las que se puede concluir que para el año 1996, fecha en la que ocurrieron los hechos que dieron origen al proceso de reparación directa objeto de reproche, la tasa de homicidios en la región del Urabá, era de las más altas registradas. Así lo demuestra el siguiente gráfico:
Lo primero que se advierte en este punto, es que la decisión de la Sección Tercera para declarar la caducidad de la acción, tuvo como fundamento el hecho que la conducta objeto de reproche no se configura como uno de los eventos del artículo 7 del Estatuto de Roma que prescribe que un crimen es de lesa humanidad cuando se comprueba un ataque a la población civil generalizado o sistemático
Bajo esa lógica, la Sección Tercera, sin analizar el contexto bajo el cual se desarrollaron los hechos, aplicó la caducidad a la que se refiere el literal i del numeral 2° del artículo 164 del CPACA.
No obstante lo anterior, los hechos que dieron origen al medio de control de reparación directa, por lo menos en lo que hace a su descripción objetiva por el recurrente, responden a lo que en el Código Penal, artículo 135, describe como homicidio en persona protegida, en donde el bien jurídico tutelado son las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario y que en lenguaje periodístico y del común de la sociedad colombiana se denominan “falsos positivos”, mientras a nivel del Derecho de los Derechos Humanos se tipifican como ejecuciones extrajudiciales.
Asunto este sobre el cual no existe ninguna consideración en la providencia objeto de reproche, pues, se repite, a la Subsección “C” de la Sección Tercera el Consejo de Estado, sin realizar un análisis sobre los hechos y el contexto en que éstos se desarrollaron, le bastó para señalar que había operado el fenómeno de la caducidad.
Considera la Sala que, por hechos como los que dieron origen al proceso de reparación directa y a efectos de materializar los derechos de acceso a la administración de justicia de las víctimas, se requiere de una interpretación diferente del artículo 164 del CPACA, que permita la realización efectiva de los derechos de aquellos, pues, por la naturaleza y configuración de la conducta de los agentes del Estado que allí se alega, declarar la caducidad de la acción, sin realizar un análisis de fondo del asunto, que implique adelantar todo el proceso de reparación directa, es irrazonable y deja de lado la consideración de una circunstancia o presunción que se debe desvirtuar y es aquella según la cual, la muerte se presentó porque supuestamente se trataba de un actor armado, hecho que, en principio, impediría la configuración de la responsabilidad del Estado. Presunción que, en principio, solo se puede desvirtuar a lo largo del proceso y la discusión misma sobre sus verdaderas connotaciones.
Por tanto, es a partir de las diversas pruebas y su contradicción que el juez puede llegar al convencimiento sobre la realidad de los hechos alegados por los agentes del Estado y en esa medida, si se trató o no de un delito de lesa humanidad o crimen de guerra.
Es importante advertir que no se trata de enervar la interpretación que hizo el juez natural –Tribunal Administrativo de Antioquia y Sección Tercera-, la que en ejercicio de su autonomía e independencia, puede abordar el análisis de los casos sometidos a su conocimiento.
No. Se trata de demostrar que, en sus providencias, aquellos dejaron de analizar y valorar circunstancias que podrían haber generado una decisión diversa a la que se cuestiona en el amparo de la referencia.
Es decir, corresponde a este, según la caracterización de los hechos alegados hacer compatibles el principio de seguridad jurídica y derechos fundamentales como el de acceso a la administración de justicia, al momento de analizar la caducidad. Derecho este que tiene varias facetas, entre ellas que, i) existan acciones para defender los derechos; ii) las controversias se decidan en tiempos razonables; iii) el conflicto se decida de fondo, para ponerle fin en forma efectiva.
Por tanto, el juez de lo Contencioso en el marco de su función de garante de los derechos de los individuos debe, antes de tomar una decisión para cerrar la posibilidad de un pronunciamiento de fondo sobre el asunto puesto a su conocimiento, v. gr, porque operó la caducidad, evaluar las circunstancias de los hechos, so pena de vulnerar por esa vía intereses supremos como el de la justicia misma. Por ello, es importante que adelante el proceso y en el fallo, con todos los elementos del caso, se haga el respectivo examen.
En consecuencia, se ordenará dejar sin efectos los autos de 22 de mayo de 2015 y 15 noviembre de 2016, proferidos por la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso de reparación directa iniciado por el señor José Luis Doria Romero, mediante los cuales se declaró la caducidad del mencionado medio de control.
En su lugar, se ordenará a la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia que, en el término de quince (15) días, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, profiera auto admisorio y lleve el proceso hasta su terminación para que después de analizar los hechos que le dieron origen, las pruebas y su contradicción, determine si se desvirtúa la presunción según la cual la persona muerta realmente estaba tomando parte directamente de hostilidades propias del conflicto que le impida a sus familiares exigir la responsabilidad del Estado.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela adoptado el 25 de enero de 2018 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante el cual se negó la solicitud de amparo del señor José Luis Doria Romero en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia y la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
SEGUNDO. AMPARAR los derechos fundamentales del señor José Luis Doria Romero de acceso a la administración de justicia y a la reparación. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS los autos de 22 de mayo de 2015 y 15 noviembre de 2016, proferidos por la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el proceso de reparación directa iniciado por el señor José Luis Doria Romero, mediante los cuales se declaró la caducidad del mencionado medio de control. En su lugar,
TERCERO. ORDENAR a la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia que, en el término de quince (15) días, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, profiera auto admisorio y lleve el proceso hasta su terminación para que después de analizar los hechos que le dieron origen, las pruebas y su contradicción, determine si se desvirtúa la presunción según la cual la persona muerta realmente estaba tomando parte directamente de hostilidades propias del conflicto que le impida a sus familiares exigir la responsabilidad del Estado.
CUARTO. Ejecutoriada esta decisión, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO. Notifíquese de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
Ausente con excusa
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Folios 377 a 386.
Folios 1 a 19.
Folio 17.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, radicado Nº 25000-23-26-000-2012-00537-01, M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
Expediente 50187, M.P.: Danilo Rojas Betancourth.
Procedo radicado Nº 25000-23-41-000-2014-01297-01, M.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera.
Expediente 22491, M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
Folio 346.
Folio 351
Folio 352
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, radicado Nº 25000-23-26-000-2012-00537-01, M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
Expediente 50187, M.P.: Danilo Rojas Betancourth.
Procedo radicado Nº 25000-23-41-000-2014-01297-01, M.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera.
Expediente 22491, M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
Folios 394 a 395.
Folios 411 y 412.
Sobre el particular, el Consejero Ponente mantuvo una tesis diferente sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial que se puede consultar en los salvamentos y aclaraciones de voto que se hicieron en todas las acciones de tutela que conoció la Sección. Ver, por ejemplo, salvamento a la sentencia Consejera Ponente: Dra. Susana Buitrago Valencia. Radicación: 11001031500020110054601. Accionante: Oscar Enrique Forero Nontien. Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, y otro.
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Consejera Ponente: María Elizabeth García González.
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Consejera Ponente: María Elizabeth García González.
CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.
CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.:. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
CONSEJO DE ESTADO, Sección Quinta. Fallo de 12 de febrero de 2015, Rad. 11001-03-15-000-2014-00747-01 Cp. Dr. Alberto Yepes Barreiro
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia sentencia C-644 de 2011.
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/executions/
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/uploads/media/COI_2791. Este informe fue presentado por el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, en marzo de 2010, después de su visita a Colombia.
Ver historia del artículo 3 común a los convenios de Ginebra en https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdmmu.htm, que toma los comentarios al Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II) y del artículo 3 de estos Convenios, CICR - Plaza & Janés Editores Colombia S. A., noviembre de 1998.
Es importante señalar que a nivel internacional se viene haciendo un esfuerzo para distinguir entre las personas civiles protegidas por el DIH, en cuanto existe personal civil que toma indirectamente parte en los hostilidades, por ejemplo, aquellos que venden mercancía, enseres, provisiones a los grupos armados, pero que por esa sola circunstancia no pueden perder su condición de protegidas. Sobre el particular se puede consultar “El derecho internacional humanitario consuetudinario”. Volumen I. Jean-Marie Henckaerts y Louis Doswald-Beck. CICR. Págs 22 y siguientes.
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/uploads/media/COI_2791. Pág 13.
Es importante advertir que en las sentencias C-253 A y C-781 de 2012, la Corte Constitucional analizó el tema del conflicto armado interno en Colombia, para señalar, por ejemplo que “Esta conclusión también es armónica con la noción amplia de “conflicto armado” que ha reconocido la Corte Constitucional a lo largo de numerosos pronunciamientos en materia de control de constitucionalidad, de tutela, y de seguimiento a la superación del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, la cual, lejos de entenderse bajo una óptica restrictiva que la limite a las confrontaciones estrictamente militares, o a un grupo específico de actores armados con exclusión de otros, ha sido interpretada en un sentido amplio que incluye toda la complejidad y evolución fáctica e histórica del conflicto armado interno colombiano.(...). Igualmente, en la sentencia C-250 de 2012, se declaró la exequibilidad del año 1985, como año a partir del cual las víctimas del conflicto armado pueden solicitar la aplicación de la llamada ley de víctimas.
Sobre el particular conductas calificadas como de lesa humanidad. Y la discusión que se abre en relación con las conductas cometidas como consecuencia del conflicto armado interno.
“i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición”
Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-578 de 2002. En la que se indicó que las “normas del Estatuto surten efectos dentro del ámbito de competencia de la Corte Penal Internacional. Las disposiciones en él contenidas no reemplazan ni modifican las leyes nacionales de tal manera que a quien delinca en el territorio nacional se le aplicará el ordenamiento jurídico interno….” En esa medida, se señaló, por ejemplo, frente a la imprescriptibilidad de los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional que ese tratamiento diferenciado fue aceptado por el Acto Legislativo No. 02 de 2001, y que resulta contrario al artículo 28 de la Constitución que consagra la prescriptibilidad.
Estos elementos fueron aprobados por el Estado colombiano por medio de la Ley 1268 de 2008, por medio de la cual se aprueban “las reglas de procedimiento y prueba” y los “elementos de los crímenes de la Corte Penal Internacional” aprobados por la Asamblea de los Estados Parte de la Corte Penal Internacional, en Nueva York, del 3 al 10 de septiembre de 2002 y cuyo control de constitucional se verificó en la sentencia C-801 de 2009.
Entre otros ver: Sección Tercera, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 6 de octubre de 2005. Radicación número: 41001-23-31-000-2001-00948-01(AG). Actora: Natividad Oyola y otros. Demandado: Nación- Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional y Fuerza Aérea.
Sección Tercera. C.P. Ruth Stella Correa. 28 de junio de 2006. Radicación número: 05001-23-31-000-1995-00196-01(16630). Actor: Andrés Hernando Marín. Demandado: Nación- Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional.
Seción Tercera. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 9 de abril de 2008. Expediente número: 18.769 (Acumulados 12.561, 12.581, 12.582) Actor: Álvaro Herrera González y otros. Demandado: Nación- Ejército Nacional.
Sección Tercera, Subsección C. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 25 de mayo de 2011. Radicación número: 52001-23-31-000-1997-08789-01(15838, 18075, 25212 acumulados). Actor: José Ignacio Ibañez Díaz y otros. Demandado: Nación- Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional.
“PARÁGRAFO 4o. Habrá lugar al trámite de que trata la presente Ley incluso si hubieren caducado las acciones previstas en el derecho interno para efectos de obtener la indemnización de perjuicios por hechos violatorios de los derechos humanos, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en este artículo”. Esos requisitos, entre otros, tienen que ver con las pruebas tenidas en cuenta por el órgano internacional.
Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Citado en “Algunos Indicadores sobre la Situación de los Derechos Humanos en la Región del Urabá Antioqueño”, agosto de 2004
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