Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-02524-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Acción de tutela contra laudo arbitral
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-02524-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2017-02524-00
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez
1 de febrero de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LAUDO ARBITRAL / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / ADECUADA VALORACIÓN PROBATORIA DE DICTAMEN PERICIAL
[E]l problema jurídico consiste en determinar: (i) si el laudo del 18 de febrero de 2015 incurrió en defecto fáctico (…) al resolver las controversias surgidas entre el Consorcio Tolima y la Fábrica de Licores del Tolima, con ocasión del contrato FLT 054 del 29 de diciembre de 2008, cuyo objeto consistió en la compraventa, comercialización y distribución del aguardiente Tapa Roja (…) [concretamente los accionantes] señalaron que el laudo del 18 de febrero de 2015 incurrió en defecto fáctico: (i) por valoración indebida de las pruebas allegadas como sustento de las excepciones propuestas por los miembros del Consorcio Tolima. Entre otras, del dictamen pericial de la firma Extrema Mercadeo Relacional y de los testimonios practicados en el trámite arbitral, que demostraron el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la Fábrica de Licores del Tolima, en relación con el posicionamiento de la marca del aguardiente Tapa Roja y con la exclusividad de la distribución, y (ii) porque, al imponer la condena con base en la cifra propuesta en el juramento estimatorio, se basó en el dictamen rendido por [E], que fue objetado por presentar errores, y desconoció la experticia practicada por la firma Check Up Auditores Asociados S.A.S., que demostró que el cálculo de la condena pretendida por la convocante era desproporcionado. (…) [Para la Sala] el Tribunal de Arbitramento efectuó un análisis razonable de las pruebas allegadas por el Consorcio Tolima, como fundamento de las excepciones propuestas en el trámite arbitral. En efecto, el tribunal analizó las excepciones a la luz de las pruebas aportadas y concluyó que la Fábrica de Licores del Tolima no incumplió con las obligaciones contractuales. Que, por el contrario, la imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato no se originó en las supuestas omisiones de la entidad, sino que fue consecuencia de la decisión unilateral del consorcio de no continuar con el cumplimiento de sus obligaciones. Que el consorcio propuso la terminación del vínculo y la entidad lo aceptó, para lo que le dio la oportunidad de demostrar la supuesta ruptura del equilibrio contractual, pero no lo hizo. Que, además, no aceptó las contrapropuestas de la entidad, orientadas a reestructurar el negocio, e insistió en incumplir las obligaciones derivadas del contrato, situación que obligó a la entidad a emplear la excepción de contrato no cumplido, para buscar nuevos distribuidores del producto. (…) [Adicionalmente] los aquí demandantes no demostraron la existencia de un error protuberante en la pericia practicada por el señor [E] y, por el contrario, se fundamentaron simplemente en la discordancia entre las cifras propuestas por ese perito y la firma Check Up Auditores Asociados S.A.S., que practicó el dictamen sustento de la objeción. Siendo así, para la Sala no se configuró ningún vicio en la valoración de las pruebas efectuada por el Tribunal de Arbitramento. Por el contrario, la autoridad valoró de manera razonable las pruebas que sustentaron las excepciones propuestas por el Consorcio Tolima y el juramento estimatorio presentado por la Fábrica de Licores del Tolima, que tuvo como sustento un dictamen pericial conjunto, cuya objeción no prosperó.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA QUE RESUELVE RECURSO DE ANULACIÓN INTERPUESTO CONTRA LAUDO ARBITRAL / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / ADECUADA APLICACIÓN NORMATIVA DEL JURAMENTO ESTIMATORIO
[E]l problema jurídico consiste en determinar: (…) (ii) si la sentencia del 16 de marzo de 2017, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, incurrió en defecto sustantivo (…) porque: (i) al resolver la causal de anulación establecida en el numeral 9º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, aplicó indebidamente el artículo 87 CCA (que ya se encontraba derogado), y la sentencia del 1º de marzo de 2001, dictada por la Sección Tercera de la Corporación , que se dictó en vigencia del Código derogado, y (ii) al resolver la causal establecida en el numeral 7º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, aplicó indebidamente los artículos 176 y 206 CGP, que establecen que, aunque el juramento estimatorio no haya sido objetado, el juez debe valorarlo, con base en las pruebas allegadas y en las que decrete de oficio, para establecer si es notoriamente injusto, ilegal y si se obtuvo con fraude o colusión. (…) La Sala advierte que si bien la providencia cuestionada mencionó el artículo 87 CCA, que fue reemplazado por el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011, y citó una providencia que se expidió en vigencia del código derogado, eso no configura ningún defecto que vicie la decisión adoptada por la Sección Tercera de la Corporación. No existen diferencias sustanciales entre las dos disposiciones, que resulten relevantes frente a la resolución del asunto. En efecto, de ambas normas se puede extraer la misma conclusión, que sirvió de base a la decisión cuestionada, esto es, que no es necesario que se pida la terminación del contrato, para pronunciarse sobre el incumplimiento y los perjuicios. En cuanto al segundo argumento (…) la Sala estima pertinente resaltar que la causal de anulación consagrada en el numeral 7º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, que se refiere a los casos en los que se ha fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, no puede emplearse como un mecanismo para discutir la valoración jurídica y probatoria que haya efectuado el tribunal de arbitramento. (…) Siendo así, la sentencia del 16 de marzo de 2017, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, no incurrió en defecto sustantivo, por indebida aplicación de los artículos 176 y 206 CGP, relacionados con el juramento estimatorio, simplemente, porque al juez de la anulación no le está dado inmiscuirse en la valoración probatoria efectuada por el tribunal de arbitramento, y, para eso, no es válido utilizar la causal 7ª de anulación, como pretendieron los integrantes del Consorcio Tolima.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 176 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 206
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá, D.C., primero (1) de febrero de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-02524-00(AC)
Actor: JESÚS ALBERTO LÓPEZ CASANOVA Y OTRA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por los señores Jesús Alberto López Casanova y Alicia del Socorro Dávila Cabrera contra el laudo del 18 de febrero de 2015, dictado por el Tribunal de Arbitramento convocado para resolver las controversias surgidas entre el Consorcio Tolima y la Fábrica de Licores del Tolima, con ocasión del contrato FLT 054 del 29 de diciembre de 2008, cuyo objeto consistió en la compraventa, comercialización y distribución del aguardiente Tapa Roja, y contra la sentencia del 16 de marzo de 2017, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que resolvió el recurso de anulación presentado contra la anterior decisión.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, Jesús Alberto López Casanova y Alicia del Socorro Dávila Cabrera, por intermedio de apoderada, pidieron la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, que estimaron vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. En concreto, formularon las siguientes pretensiones:
PRIMERA. – Se amparen los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO (Art. 29 de la C.Pol), IGUALDAD (Art. 23 de la C.Pol), ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Art. 229 de la C.Pol) y CONFIANZA LEGÍTIMA (Art. 83 de la C.Pol) de mis mandantes, vulnerados por la Subsección “B” de la Sección 3ª del Consejo de Estado, por la expedición del fallo fechado 16 de marzo del 2017, a través del cual se resolvió el recurso extraordinario de anulación formulado por mi mandante en contra del laudo arbitral del 18 de febrero del 2015.
En igual sentido, declarar que los citados derechos fundamentales también fueron vulnerados en el laudo arbitral fechado el 18 de enero de 2015, así como su aclaración y complementación, proferidos por el Tribunal de Arbitramento constituido entre la Fábrica de Licores del Tolima y el Consorcio Tolima.
SEGUNDA. – En virtud de lo anterior, se ordene DEJAR sin efectos jurídicos el fallo del 16 de marzo del 2017, por medio del cual se resolvió el recurso extraordinario de anulación formulado en contra del laudo arbitral fechado el 18 de febrero del 2015.
TERCERA. – En virtud de lo anterior, se ordene DEJAR sin efectos jurídicos el laudo arbitral fechado 18 de febrero de 2015, así como su aclaración y complementación, proferidos por el Tribunal de Arbitramento constituido entre la Fábrica de Licores del Tolima y el Consorcio Tolima.
Cuarta. – Para el cumplimiento de la orden anterior, se adoptarán las medidas que el juez constitucional estime conducentes al cumplimiento de la orden de ineficacia.
Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
Que, el 3 de julio de 2013, la Fábrica de Licores del Tolima presentó ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Ibagué, solicitud de convocatoria a tribunal de arbitramento, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, pues, a su juicio, el Consorcio Tolima incumplió el contrato FLT 054 de 2008, cuyo objeto consistió en la compraventa, comercialización y distribución del Aguardiente Tapa Roja.
Que, mediante laudo arbitral del 18 de febrero de 2015, el Tribunal de Arbitramento declaró que el Consorcio Tolima incumplió el contrato FLT 054 de 2008, denegó las pretensiones de la demanda de reconvención y lo condenó a pagar la suma de $ 5.656.087.623. En la parte resolutiva, el laudo dispuso:
PRIMERA.- Declarar que el Consorcio Tolima representado por ALICIA DEL SOCORRO DÁVILA CABRERA, y conformado por ésta, JESÚS LÓPEZ CASANOVA y OMAR MÉDICIS CÁRDENAS incumplió el Contrato FLT-054 del 20 de Diciembre de 2008, sus adiciones y modificaciones cuyo objeto fue la Compraventa, Comercialización y Distribución de aguardiente Tapa Roja en sus distintas variedades y presentaciones que producía la Fábrica de Licores del Tolima, a título de exclusividad.
SEGUNDA.- Declarar terminado el contrato FLT-054 de 2008 conforme a lo solicitado por la parte CONVOCADA.
TERCERA.- Declarar que por el incumplimiento de las obligaciones contractuales, la Fábrica de Licores del Tolima ha sufrido perjuicios que el contratista está obligado a indemnizar.
CUARTA.- Desestimar la tacha de sospecha al testigo ALEXANDER VARGAS GONZÁLES, por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo.
QUINTA.- Desestimar por falta de fundamento la objeción por error grave formulada por la parte convocada al dictamen pericial rendido por el perito Enrique Cardoso Parga por las Razones expuestas en la parte motiva de este Laudo.
SEXTA.- Declarar probada la excepción de pago parcial en la suma de Mil millones de pesos ($1.000.000.000,oo), suma que fue cubierta por el Banco de Colombia, suma que se descontará del total de la indemnización por perjuicios.
SÉPTIMA.- Declarar probada la excepción de contrato no cumplido formulada por la parte convocante al contestar la demanda de reconvención.
OCTAVA.- Denegar las excepciones una a seis propuestas por la parte convocada.
NOVENA.- Condenar al Consorcio Tolima y de manera solidaria a sus integrantes ALICIA DEL SOCORRO DÁVILA CABRERA, JESÚS LÓPEZ CASANOVA y OMAR MÉDICIS CÁRDENAS, a pagar a la entidad demandante la suma de CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($5.656.087.623,29).
DÉCIMA.- Denegar las demás pretensiones declarativas, de condena y especiales, formuladas en la demanda de reconvención.
DÉCIMOPRIMERA.- Condenar en costas, al CONSORCIO TOLIMA ALICIA DEL SOCORRO DÁVILA CABRERA, JESÚS LÓPEZ CASANOVA y OMAR MÉDICIS CÁRDENAS, a pagar a la entidad demandante la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS ($377.573.220,OO), por los conceptos señalados en la parte motiva de este fallo.
(…).
Que los señores Jesús Alberto López Casanova, Alicia del Socorro Dávila Cabrera y Omar Médicis Cárdenas, integrantes del Consorcio Tolima, instauraron recurso de anulación contra laudo arbitral del 18 de febrero de 2015. Que el recurso correspondió al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que, mediante sentencia del 16 de marzo de 2017, declaró infundada la solicitud de anulación, al estimar que no se había configurado ninguna de las causales invocadas por los recurrentes.
Que los señores Jesús Alberto López Casanova y Alicia del Socorro Dávila Cabrera instauraron acción de tutela contra el laudo del 18 de febrero de 2015. Que, mediante sentencia del 21 de enero de 2016, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, confirmada por el fallo del 12 de mayo de 2016, dictado por la Sección Segunda de la Corporación, se declaró la improcedencia del amparo, con fundamento en que no cumplía con el presupuesto de la subsidiariedad, pues los demandantes habían instaurado el recurso de anulación contra el laudo, que estaba pendiente de ser resuelto. Es decir, porque había otro medio de defensa ordinario en curso.
Argumentos de la tutela
Los señores Jesús Alberto López Casanova y Alicia del Socorro Dávila Cabrera expusieron los defectos en los que, a su juicio, incurrieron el laudo del 18 de febrero de 2015 y la sentencia del 16 de marzo de 2017.
3.1. Los demandantes alegaron que el laudo del 18 de febrero de 2015 incurrió en los siguientes defectos:
3.1.1 Defecto fáctico
Señalaron que el laudo arbitral valoró indebidamente el dictamen pericial denominado «Diagnóstico del cambio de hábitos de consumo de aguardiente en los tolimenses durante el periodo 2010-2012», rendido por la firma Extrema Mercadeo Relacional, que demostró que la Fábrica de Licores del Tolima incumplió con la obligación de preservar la competitividad comercial de la marca Aguardiente Tapa Roja y de evitar la migración de los consumidores de ese producto al Aperitivo Néctar Verde, de la Empresa de Licores de Cundinamarca.
Que, además, el laudo desconoció los testimonios de los señores Nelson Eduardo Cárdenas Gálvez (revisor fiscal del consorcio), Juan Guillermo Beltrán Amórtegui y Jairo Enrique Robayo Moreno (exgerentes de Licores Tolima) y Alexander Vargas (supervisor del contrato entre 2008 y 2011), que demostraron el incumplimiento de otras obligaciones contractuales por parte de la Fábrica de Licores del Tolima. Que, entre otros aspectos, los testimonios demostraron que la contratante «no inició ningún proceso de innovación del producto, incurrió en irregularidades en su presentación y calidad, a saber: la suspensión de partículas en el licor, la debilidad de las botellas y la rotura de etiquetas y tapas».
Al respecto, agregaron que la Fábrica de Licores del Tolima incumplió la cláusula décima del contrato FLT 054 de 2008, al permitir que un tercero comercializara el aguardiente Tapa Roja Ice. Que, además, la contratante no garantizó que el precio de venta al público del aguardiente se acomodara al margen de comercialización del producto en el mercado, y nunca permitió renegociar las condiciones del contrato.
Que, con todo, el laudo arbitral desconoció las pruebas allegadas por el Consorcio Tolima, para demostrar el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la Fábrica de Licores del Tolima, y que ese incumplimiento fue lo que imposibilitó a los aquí demandantes continuar ejecutando de manera exitosa el contrato de comercialización y distribución del aguardiente Tapa Roja.
Que, en ese sentido, el laudo arbitral desconoció las pruebas allegadas por el Consorcio Tolima, para sustentar las excepciones propuestas al contestar la demanda, y para demostrar la responsabilidad de la Fábrica de Licores del Tolima, por el desequilibrio económico que sufrió el contrato FLT 054 de 2008.
Que, además, el defecto fáctico se configuró al condenar a los aquí demandantes, por el monto fijado en el juramento estimatorio, sin estudiarlo de manera razonable ni verificar si la solicitante actuó conforme con los principios de lealtad y buena fe. Que ese juramento se sustentó en el dictamen el rendido por el perito Enrique Cardozo Parga, que, en la audiencia en la que fue escuchado como testigo técnico, aceptó que la experticia presentaba errores respecto del valor de las unidades incumplidas con corte a febrero de 2013. Que, además, el perito mostró desconocimiento en relación con la obtención de los rubros objeto de indemnización.
Que, a pesar de lo anterior, el Tribunal de Arbitramento desestimó la objeción que, respecto de esa experticia, presentaron los integrantes del Consorcio Tolima, y, además, no tuvo en cuenta el dictamen practicado por la firma Check Up Auditores Asociados S.A.S., allegado al trámite arbitral por la parte convocada y sustentado en audiencia, que demostró que el cálculo de la condena pretendida por la convocante era desproporcionado.
Que, además, el Tribunal de Arbitramento afirmó, sin explicar en cuál prueba se basó, que el Consorcio pagó a la Fábrica de Licores del Tolima con cheques de otras plazas, lo que ocasionó perjuicios a la convocante, al tener que pagar comisiones.
3.1.2 Defecto sustantivo
Alegaron que el Tribunal de Arbitramento interpretó de manera equivocada los artículos 141 de la Ley 1437 de 2011 y 1546 del Código Civil («similar al artículo 870 del Código de Comercio»). Al respecto, señalaron que las pretensiones de la demanda instaurada por la Fábrica de Licores del Tolima no incluyeron la solicitud de terminación del contrato FLT 054 de 2008, por lo que el Tribunal de Arbitramento no podía declarar la terminación del mismo.
Que, al contestar la demanda, el Consorcio Tolima propuso la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, con fundamento en que la acción autónoma de perjuicios únicamente tendría cabida ante el vencimiento o la terminación del contrato. Que, por tanto, como a la fecha de presentación de la solicitud, el contrato FLT 054 de 2008 no había concluido el plazo de ejecución (que fenecía el 30 de diciembre de 2014), la convocante no podía pretender únicamente la indemnización de los perjuicios derivados del incumplimiento, sino que debía, asimismo, pedir la terminación del vínculo. Que, de hecho, el árbitro Alberto Montaña Plata salvó el voto, al no compartir la decisión adoptada en el laudo, precisamente por las razones expuestas en la excepción planteada por el Consorcio Tolima.
Que, además, el Tribunal de Arbitramento interpretó de manera errada el artículo 1609 del Código Civil, cuando concluyó que el Consorcio Tolima había incurrido en grave incumplimiento de las obligaciones contractuales, al decidir no continuar comprando botellas del aguardiente Tapa Roja, sin tener en cuenta que la Fábrica de Licores del Tolima incumplió la cláusula de exclusividad —pues permitió que un tercero distribuyera el aguardiente Tapa Roja Ice—, y con el deber de proteger la marca, lo que ocasionó que, a pesar de que el Consorcio cumplió con los deberes, «quedó frente al dilema de cumplir desbocándose a la quiebra, o suspender razonadamente el cumplimiento de sus obligaciones legitimado por el incumplimiento previo y grave de la contratante».
Que la interpretación correcta del artículo 1609 del Código Civil consiste en que: (i) el contratante cumplido o allanado a cumplir tiene la potestad de suspender las prestaciones relacionadas con las que primero incumplió el otro, y de demandar la resolución, cumplimiento e indemnización de perjuicios, facultades que no tiene el incumplido; (ii) el contrato se mantiene vigente, y (iii) el contrato se expone a la acción de ineficacia por mutuo disenso o resolución, sin indemnización de perjuicios, de extenderse en el tiempo el recíproco incumplimiento. Que, en tal sentido, si ninguno de los contratantes insiste válidamente en la ejecución del contrato, al punto que estancan las prestaciones debidas, puede entenderse que perdieron interés en el negocio y que tienen voluntad de terminarlo.
Que, por último, al imponer la condena en costas, el Tribunal de Arbitramento aplicó indebidamente los artículos 392 y 393 del Decreto 1400 de 1970 (Código de Procedimiento Civil – CPC), pues, al momento en que se dictó la sentencia del 16 de marzo de 2017, ya estaba vigente el Código General del Proceso. Que si bien las dos disposiciones son de similar naturaleza y efectos, lo cierto es que, al no haber prosperado totalmente la demanda contra el Consorcio Tolima, pues accedió a una de las pretensiones de la demanda de reconvención, el tribunal debió aplicar el numeral 5º del artículo 365 CGP, que establece que «en caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial».
3.2. Por otro lado, los demandantes señalaron que la sentencia del 16 de marzo de 2017 incurrió en los siguientes defectos:
3.2.1. Defecto sustantivo
Alegaron que la Fábrica de Licores del Tolima, en la solicitud de convocatoria de tribunal de arbitramento, no solicitó la terminación del contrato FLT de 2008, pero que esa autoridad la declaró, por lo que el laudo incurrió en la causal de anulación establecida en el numeral 9º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, que fue invocada por los aquí demandantes en el recurso de anulación.
Que, pese a lo anterior, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, desestimó la causal, con fundamento en el artículo 87 del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo – CCA), que ya se encontraba derogado, en lugar de aplicar el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011. Que, además, la autoridad demandada citó la sentencia del 1º de marzo de 2001, dictada por la Sección Tercera de la Corporación, que se dictó en vigencia del Código derogado.
Que, por otra parte, la autoridad demandada aplicó erróneamente el artículo 206 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso – CGP), al imponer la condena de $ 5.656.087.623, únicamente con base en el juramento estimatorio efectuado en la demanda, y en que éste que no fue objetado en la contestación. Que, por eso, en el recurso de anulación se alegó la causal establecida en el numeral 7º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, y argumentó que el tribunal de arbitramento no impuso la condena con fundamento en las pruebas allegadas a la actuación.
Que la «interpretación integral» de los artículos 176 y 206 CGP, implica que, aunque el juramento estimatorio no haya sido objetado, el juez debe valorarlo, con base en las pruebas allegadas y en las que decrete de oficio, para establecer si es notoriamente injusto, ilegal y si se obtuvo con fraude o colusión.
Que el juramento estimatorio de la demanda tuvo como base un dictamen pericial aportado por los convocantes, pero que el perito, en la audiencia en la que fue escuchado como testigo técnico, aceptó que la experticia presentaba errores respecto del valor de las unidades incumplidas con corte a febrero de 2013. Que, además, el perito mostró desconocimiento en relación con la obtención de los rubros objeto de indemnización.
Que, además, en el proceso se practicó un dictamen pericial conjunto, por parte del perito Enrique Cardozo Parga, que sirvió de base al Tribunal de Arbitramento para tasar la cuantía de los perjuicios, pero que esa prueba adolece de graves yerros.
3.2.2. Desconocimiento del precedente
Que, al pronunciarse respecto de la causal de anulación establecida en el numeral 9º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, respecto de la cual argumentó que la Fábrica de Licores del Tolima no había pedido la anulación o terminación del contrato, y concluir que el Tribunal de Arbitramento falló conforme con la interpretación de la demanda, la sentencia del 16 de marzo de 2017 desconoció la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que ha señalado que, en sede de anulación, se deben comparar las pretensiones de la demanda con la decisión adoptada en el laudo arbitral, con el objeto de establecer si se respetó el principio de congruencia.
Que, si se hubieran comparado las pretensiones formuladas en la demanda principal y en la de reconvención, frente a la decisión adoptada en el laudo, la autoridad judicial habría concluido que el Tribunal de Arbitramento adoptó una decisión extra petita, pues «enderezó los pedimentos de la demanda principal, a través de los propuestos en la demanda de reconvención».
Que, además, la decisión cuestionada desconoció el precedente de la Sección Tercera de la Corporación, que ha sostenido que, cuando se pretende la declaratoria de incumplimiento del contrato estatal, debe pedirse también la terminación. Que, en tal sentido, «la fábrica de Licores del Tolima debió en la convocatoria, instaurar una pretensión tendiente a la declaratoria de incumplimiento contractual y una pretensión principal que tocara con la fuerza vinculante del negocio (resolución, terminación, etc), para que una vez definida, se abriera paso la condena a la indemnización de perjuicios». Que, por tanto, «erró la Sala al afirmar que no es necesario que dentro del contencioso contractual se pida la terminación del contrato para pronunciarse sobre el incumplimiento y los perjuicios consecuenciales».
Intervención de la autoridad judicial demandada
El magistrado del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, ponente de la sentencia del 16 de marzo de 2017, sostuvo que el Tribunal de Arbitramento podía estudiar conjuntamente la demanda principal y la de reconvención, instaurada por el Consorcio Tolima, en la que solicitó la terminación de contrato. Que, por tanto, el laudo no incurrió en la causal de anulación establecida en el numeral 9º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, esto es, porque no se pronunció sobre un aspecto que no hubiera sido puesto en consideración del tribunal.
Que la decisión cuestionada citó el artículo 87 CCA, simplemente para señalar que el laudo indicó que esa norma había sido reemplazada por el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011, que consagra actualmente el medio de control de controversias contractuales. Que, en todo caso, ese aspecto es irrelevante frente a la decisión adoptada, pues ambas normas contienen disposiciones idénticas y, en últimas, la decisión se adoptó con base en otras consideraciones.
En cuanto a la supuesta aplicación indebida del artículo 206 CGP, al efectuar la condena con base en el juramento estimatorio, recalcó que el juez del recurso de anulación no funge como juez de instancia, por lo que no puede valorar las pruebas que soportaron el laudo arbitral. Que, de todos modos, el tribunal fundó la decisión en el dictamen pericial, que no fue objetado por los integrantes del Consorcio Tolima. Que los demandantes no rebatieron esa prueba en el proceso arbitral y pretendieron reabrir el debate en sede de anulación y, ahora, a través de la acción de tutela, mediante argumentos que no fueron planteados en el recurso.
Que, por otro lado, la providencia no desconoció el precedente del Consejo de Estado, relacionado con la obligación de pedir la terminación del contrato, para poder solicitar la declaratoria de incumplimiento. Al respecto, sostuvo que la providencia actuó conforme con la jurisprudencia que se ha referido al principio de congruencia y concluyó que el laudo se pronunció sobre lo pedido por las partes. Que si bien los demandantes mencionaron tres pronunciamientos del Consejo de Estado, no expresaron los supuestos de hecho y de derecho por los que esas providencias son precedente obligatorio para el sub lite. Que, además, se trata de providencias que se emitieron en procesos ordinarios de controversias contractuales, mas no al resolver recursos extraordinarios de anulación.
Intervención de terceros
La Fábrica de Licores del Tolima, por intermedio de apoderado, señaló que la sentencia del 16 de marzo de 2017 respetó las garantías que el ordenamiento jurídico confiere a las partes.
Propuso la excepción de cosa juzgada, con fundamento en que los demandantes ya instauraron otra acción de tutela, que fue negada en ambas instancias por esta Corporación.
Los señores Blanca Fanny Castro Bonells, María Jimena Galeano de Giraldo, Alberto Montaña Plata y Hernando Toro Suárez, que integraron el Tribunal de Arbitramento, y el señor Omar Humberto Médicis Cárdenas, que integró el Consorcio Tolima, no presentaron contestación, a pesar de que fueron notificados de la tutela.
II. CONSIDERACIONES
Cuestión previa
El magistrado Milton Chaves García manifestó estar impedido para conocer del asunto de la referencia, porque incurrió en la causal contemplada en el numeral 4 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, aplicable al asunto por remisión expresa del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991.
Antes de resolver la manifestación de impedimento, conviene decir que las recusaciones e impedimentos son mecanismos que garantizan que las decisiones judiciales se adopten conforme con los principios de independencia e imparcialidad.
La independencia constituye un principio esencial del debido proceso y obliga al juez a actuar libre de presiones exteriores o influencias que perturben su juicio. La imparcialidad, por su parte, precisa que el juez no tenga ningún interés en el asunto en cuestión ni que tenga ningún prejuicio.
En otras palabras, los principios de independencia e imparcialidad exigen que el juez no tenga ideas preconcebidas frente al asunto puesto a su consideración y menos que actúe de manera que beneficie sus propios intereses o los intereses de alguna de las partes del proceso.
En materia de acción de tutela, los impedimentos se rigen por las causales del Código de Procedimiento Penal. Así lo prevé el artículo 39 del Decreto 2591 de 1991:
Artículo 39. Recusación. En ningún caso será procedente la recusación. El juez deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario si fuere el caso.
Como se ve, el juez que conozca de una acción de tutela deberá declararse impedido cuando concurra alguna de las causales previstas en el Código de Procedimiento Penal.
En el caso concreto, el magistrado Milton Chaves García manifestó que está incurso en la causal de impedimento contemplada en el numeral 4º del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, porque, como abogado de uno de los demandantes, emitió concepto jurídico en relación con el trámite que se adelantó ante el tribunal de arbitramento que emitió el laudo del 18 de febrero de 2015.
A juicio de la Sala, la causal de impedimento invocada está configurada, pues, al haber conceptuado para una de las partes involucradas, el magistrado Milton Chaves García podría tener ideas preconcebidas sobre el objeto de la controversia.
En consecuencia, queda separado del conocimiento del asunto.
De la acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.
La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser eficaz para proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo impetrado como mecanismo transitorio, siempre que esté plenamente acreditada la razón para conceder la tutela.
A partir del año 2012, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, se precisó que la acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad pública.
Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una sentencia de tutela. Además, debe examinar si el demandante identificó y sustentó la causal específica de procedibilidad y expuso las razones que sustentan la violación o amenaza de los derechos fundamentales. No son suficientes las simples inconformidades frente a las decisiones tomadas por los jueces de instancia, sino que el interesado debe demostrar que la providencia cuestionada vulneró o dejó en situación de amenaza derechos fundamentales.
Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución.
Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.
La tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores excepciones, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
Es de esa manera que se estudia una providencia judicial mediante el mecanismo excepcional de la acción de tutela.
De la justicia arbitral y de la procedencia de la acción de tutela contra laudos arbitrales
El artículo 116 de la Constitución Política permite que los particulares sean investidos transitoriamente de la función pública de administrar justicia, en condición de árbitros habilitados por las partes para que decidan, en derecho o en equidad, conflictos que involucren derechos transigibles.
En términos generales, el arbitramento es un mecanismo alternativo de solución de conflictos que permite a las partes sustraerse voluntaria y libremente de la función pública de justicia que presta el Estado para que, en cambio, un particular decida el conflicto mediante un laudo que tiene efectos definitivos y vinculantes. El arbitramento representa un fenómeno de descentralización de una función pública que se transfiere en ciertas condiciones a los particulares.
No obstante, el Estado conserva la potestad de configurar el marco general bajo el que se desarrolla esa forma especial de justicia. La Ley 1563 de 2012, reguló el arbitramento y determinó el procedimiento arbitral. En materia de recursos, el artículo 40 de la ley establece que contra el laudo arbitral procede el recurso extraordinario de anulación, que deberá interponerse debidamente sustentado, ante el tribunal arbitral. A su vez, el artículo 46 ibídem consagra que, cuando el recurso de anulación se interpone contra laudos arbitrales en los que haya intervenido una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, el competente para resolverlo es la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Por su parte, el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 establece las causales de anulación del laudo arbitral. Empero, el recurso de anulación no es el mecanismo para cuestionar los errores de derecho que se produzcan por falta de aplicación, aplicación indebida o por interpretación errónea de una norma sustancial, pues la anulación no es una instancia adicional, sino un medio de protección excepcional y restringido para subsanar fallas de procedimiento, que no errores sustanciales. De hecho, los laudos arbitrales son decisiones inmodificables, que gozan de la presunción de acierto y legalidad, tal como las sentencias.
En cuanto a las características del recurso de anulación, como medio excepcional para cuestionar los laudos arbitrales, la Sección Tercera de esta Corporación ha dicho de manera uniforme que:
i) El recurso de anulación de laudos arbitrales, es de carácter excepcional, restrictivo y extraordinario, sin que constituya una instancia más dentro del correspondiente proceso.
ii) El recurso tiene como finalidad controvertir la decisión contenida en el laudo arbitral por errores in procedendo (por violación de leyes procesales), que comprometen la ritualidad de las actuaciones, por quebrantar normas reguladoras de la actividad procesal, desviar el juicio o vulnerar las garantías del derecho de defensa y del debido proceso, pero a través de él, no puede pretenderse atacar el laudo por cuestiones de mérito o de fondo, errores in iudicando (violación de leyes sustantivas), es decir, para examinar si el Tribunal de Arbitramento obró o no conforme al derecho sustancial (falta de aplicación de la ley sustantiva, indebida aplicación o aplicación errónea), ni tampoco para revivir un nuevo debate probatorio o considerar si hubo o no un yerro en la valoración de las pruebas o en las conclusiones a las cuales arribó el correspondiente Tribunal, puesto que el juez de anulación no constituye superior jerárquico del Tribunal de Arbitramento y en consecuencia, no podrá intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo y de esta manera modificar las decisiones plasmadas en el laudo, por no compartir sus criterios y razonamientos.
iii) Excepcionalmente, el juez de anulación podrá corregir o adicionar el laudo en aquellos eventos en que prospera la causal de incongruencia, por no haberse decidido la totalidad de los asuntos sometidos al conocimiento de los árbitros o por haberse pronunciado sobre aspectos que no estuvieron sujetos a la decisión de los mismos o por haberse concedido más de lo pedido, de conformidad con las causales previstas en los numerales 4º y 5º, del artículo 72, de la Ley 80 de 1993.
iv) Los poderes del juez del recurso de anulación están restringidos por el denominado “principio dispositivo”, el cual le impone limitarse exclusivamente a lo solicitado por el recurrente en la formulación y sustentación del recurso, el objeto que con él se persigue y ello, obviamente, dentro de las precisas y taxativas causales que la ley consagra; en consecuencia, no le es permitido al juez de anulación interpretar lo expresado por el recurrente para entender o deducir la causal invocada y menos aún pronunciarse sobre aspectos no contenidos en la formulación y sustentación del correspondiente recurso de anulación.
v) El recurso de anulación procede contra laudos arbitrales debidamente ejecutoriados, como excepción al principio de intangibilidad de las sentencias en firme; “tal excepcionalidad es pues, a la vez, fundamento y límite de los poderes del juez de la anulación, para enmarcar rígidamente el susodicho recurso extraordinario dentro del concepto de los eminentemente rogados.”
vi) Teniendo en cuenta el carácter restrictivo que identifica el recurso de anulación, su procedencia está condicionada a que se determinen y sustenten, debidamente, las causales que de manera taxativa se encuentran consagradas por la ley para ese efecto; por lo tanto, el juez de la anulación debe rechazar de plano el recurso cuando las causales que se invoquen o propongan no correspondan a alguna de las señaladas en la ley (Artículos 128 de la ley 446 de 1998 y 164 del Decreto 1818 de 1998).
El laudo arbitral, entonces, puede cuestionarse mediante el mecanismo de la anulación para que la Sección Tercera del Consejo de Estado declare la existencia de vicios procedimentales, que originen la nulidad. La anulación no es, pues, una instancia adicional del procedimiento arbitral, que es un trámite sujeto a normas especiales.
Ahora, la jurisprudencia y la doctrina han aceptado que las decisiones que producen los árbitros son auténticas providencias judiciales, por cuanto se dictan en un procedimiento de estirpe judicial reglado y por particulares que ejercen transitoriamente la función de administrar justicia. Como proceso judicial especial que es, está sujeto a las normas y principios que, de ordinario, rigen en el derecho procesal: verbigracia, las oportunidades para presentar pruebas y ejercer los derechos de contradicción y defensa, los poderes y deberes del juez, etcétera. Y, por tratarse de providencias judiciales, la regla general es que la acción de tutela es improcedente, salvo que se cumplan los requisitos generales y específicos que ha fijado la Corte Constitucional para la procedencia de la tutela contra ese tipo de providencias.
Por lo pertinente, la Sala trae a colación, in extenso, apartes de la sentencia T-408 de 2010, en la que la Corte Constitucional se refirió a la procedencia de la tutela contra laudos arbitrales, así:
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra los laudos arbitrales.
3.1. La jurisprudencia constitucional ha señalado en varios de sus fallos, que por regla general, la acción de tutela no procede ni contra los laudos arbitrales, ni contra el procedimiento que se adelanta ante los tribunales de arbitramento, ni contra las decisiones judiciales que resuelven los recursos de anulación, salvo que se incurra en dichas actuaciones en una vía de hecho que implique una vulneración directa de un derecho fundamental. En tal medida, la procedencia de la acción de amparo constitucional contra estas actuaciones es excepcional y exige la configuración de vías de hecho, o sea, de una actuación por fuera del derecho que vulnera en forma directa derechos fundamentales.
(…)
3.3. Esta Corporación en su reiterada jurisprudencia, también ha asimilado los laudos arbitrales a las sentencias judiciales para efectos de la procedencia de la acción de tutela y en esa medida ha sostenido que el mecanismo de protección constitucional es procedente contra laudos arbitrales cuando quiera que los derechos fundamentales de las partes o de terceros resulten amenazados o conculcados.
En la sentencia SU-174 de 2007, la Corte señaló los requisitos generales de procedibilidad contra los laudos arbitrales en los términos siguientes:
‘(1) un respeto por el margen de decisión autónoma de los árbitros, que no ha de ser invadido por el juez de tutela e impide a éste pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a arbitramento;
‘(2) la procedencia excepcional de la acción de tutela exige que se haya configurado, en la decisión que se ataca, una vulneración directa de derechos fundamentales;
‘(3) si bien es posible y procedente aplicar la doctrina de las vías de hecho a los laudos arbitrales, dicha doctrina ha de aplicarse con respeto por los elementos propios de la naturaleza del arbitraje, lo cual implica que su procedencia se circunscribe a hipótesis de vulneración directa de derechos fundamentales; y
‘(4) el carácter subsidiario de la acción de tutela se manifiesta con especial claridad en estos casos, ya que sólo procede cuando se ha hecho uso de los recursos provistos por el ordenamiento jurídico para controlar los laudos, y a pesar de ello persiste la vía mediante la cual se configura la vulneración de un derecho fundamental. En materia de contratos administrativos sobresale el recurso de anulación contra el laudo.
‘Según se indicó en la sección 3.4.1. anterior, estos cuatro criterios se derivan, conjuntamente, de (a) la estabilidad jurídica de los laudos arbitrales, (b) el carácter excepcional y transitorio de la resolución de conflictos mediante el arbitraje, (c) el respeto por la voluntad de las partes de someter la resolución de sus controversias a un particular específicamente habilitado para ello y no a los jueces estatales, y (d) la procedencia taxativa de las vías judiciales para controlar las decisiones proferidas por los árbitros.’
Respecto del cuarto requisito de procedibilidad, la jurisprudencia constitucional ha entendido que debido al carácter residual y subsidiario de la acción de tutela, ésta no es procedente contra laudos arbitrales cuando las partes no hayan hecho uso del derecho de defensa dentro del trámite arbitral o cuando los afectados por la decisión no hayan empleado los recursos ordinarios o extraordinarios a su alcance salvo que acudan al amparo constitucional como mecanismo transitorio en aras de evitar un perjuicio irremediable.
Ahora bien, los laudos arbitrales, a diferencia de las sentencias judiciales, no son susceptibles de recursos ordinarios que permitan su revisión por la jurisdicción ordinaria o de la jurisdicción contencioso administrativa, pues precisamente debido a las peculiares características de esta modalidad de justicia, el ordenamiento jurídico sólo ha previsto recursos extraordinarios con causales de procedencia taxativamente señaladas. (…) Respecto de los laudos proferidos por tribunales arbitrales convocados para dirimir controversias originadas en contratos estatales las causales aplicables son las previstas en el artículo 72 de la Ley 80 de 1993 (compiladas en el artículo 230 del Decreto 1818 de 1998), en las restantes materias las causales de anulación aplicables son las previstas en el artículo 38 del Decreto 1279 de 1989 (compiladas en el artículo 163 del Decreto 1818 de 1998).
(…)
3.4. La jurisprudencia constitucional ha definido las cuatro vías de hecho que pueden ser aplicables a los laudos, con las precisiones pertinentes para respetar la naturaleza específica del arbitraje que ha sido definida claramente en el artículo 116 de la Carta. Específicamente en la sentencia SU-174 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), la Corte se refirió, en los siguientes términos, a la vía de hecho por defecto sustantivo, orgánico, procedimental y por defecto fáctico:
• En materia arbitral la vía de hecho por defecto sustantivo: “surge cuando el laudo, al fundarse en una norma clara y evidentemente inaplicable al caso concreto, ha vulnerado de manera directa un derecho fundamental. Las discrepancias interpretativas o los errores argumentativos no tienen la entidad suficiente para que se configure una vía de hecho. En efecto, las interpretaciones de la ley y del contrato efectuadas por los árbitros gozan, como se vio, de una sólida protección constitucional debido a que las partes de forma voluntaria les han confiado la resolución de sus controversias a pesar de haber podido seguir la regla general de acudir a la justicia estatal. En esa medida, únicamente se configura una vía de hecho por defecto sustantivo cuando con el fundamento esencial del sentido del laudo se vulnera de manera directa un derecho fundamental.”
• En el campo del arbitramento, la vía de hecho por defecto orgánico: “tiene requisitos particularmente exigentes para su configuración, puesto que en virtud de la regla kompetenz-kompetenz –ver aparte 3.2.1. (a) subsiguiente-, los tribunales arbitrales tienen un margen autónomo de interpretación para determinar el alcance de su propia competencia. En consecuencia, para que se presente este tipo de vía de hecho es necesario que los árbitros hayan obrado manifiestamente por fuera del ámbito definido por las partes, o excediendo las limitaciones establecidas en el pacto arbitral que le dio origen, o en la Constitución y la ley, al pronunciarse sobre materias no transigibles. Así mismo, dado que las causales de procedencia del recurso de anulación incluyen hipótesis relativas a la falta de jurisdicción o competencia del tribunal, es indispensable que se haya interpuesto dicho recurso en forma oportuna contra el laudo que se ataca, y que luego de su resolución subsista el defecto orgánico. Las meras discrepancias respecto de la interpretación de la propia competencia efectuada por el tribunal arbitral no son suficientes para configurar este tipo de vías de hecho. Dado que son en principio los árbitros quienes están llamados a decidir el alcance de su competencia con base en la habilitación de las partes, el juez de tutela sólo podrá determinar si han incurrido en un exceso manifiesto, por salirse en forma protuberante del ámbito de su competencia.”
• Se configura la vía de hecho por defecto procedimental en materia arbitral: “se configura cuando se ha adoptado el laudo en forma completamente por fuera del procedimiento establecido legal o convencionalmente para el proceso arbitral respectivo, y con ello (a) se ha incurrido en una vulneración directa del derecho de defensa y de contradicción de las partes, o de una garantía constitucional integrante del derecho fundamental al debido proceso, y (b) dicha vulneración directa de derechos fundamentales ha sido determinante del sentido del laudo atacado, es decir, si no se hubiera incurrido en ella se habría llegado a una decisión arbitral distinta en ese caso concreto.”
• En materia arbitral la vía de hecho por defecto fáctico se configura, “en eventos en los cuales los árbitros han dejado de valorar una prueba determinante para la resolución del caso, han efectuado su apreciación probatoria vulnerando de manera directa derechos fundamentales, o han fundamentado su valoración de las pruebas con base en una interpretación jurídica manifiestamente irrazonable –hipótesis cuya ocurrencia examinó y descartó la Corte en la sentencia T-920 de 2004, arriba citada-, eventos que conllevan una vulneración directa de derechos fundamentales. Es necesario que en estos casos, el defecto haya sido determinante del sentido de la decisión finalmente plasmada en el laudo.
Al igual que con los otros tipos de vía de hecho, es indispensable que las partes interesadas hayan hecho uso de los recursos que consagra el ordenamiento jurídico para controlar el laudo que les afecta, y que con posterioridad a la resolución de dichos recursos, persista el defecto fáctico con clara violación de un derecho fundamental. (Negrillas fuera de texto).
La Sala comparte las razones que, frente al tema, ha expuesto la Corte Constitucional para la procedencia excepcional de la tutela contra las decisiones que se dictan en los procesos arbitrales. Simplemente se debe agregar lo siguiente:
• La tutela también procede como mecanismo principal cuando las inconformidades de las partes no encajen en ninguna de las causales previstas en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. Sobra decir que en ese caso la tutela está restringida por las llamadas causales de procedibilidad que ha trazado la Corte Constitucional. Asimismo, la tutela procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, a pesar de que existe otro medio de defensa: los recursos de anulación y el extraordinario de revisión. En ambos casos, el interesado debe demostrar que el laudo está viciado por algún defecto: sustantivo, orgánico, fáctico o procedimental.
• Por la naturaleza especial del arbitramento, la verificación de los requisitos generales y específicos para la procedencia y prosperidad de la tutela contra las providencias judiciales debe ser más exigente, más rigurosa, pues, de lo contrario, el juez de tutela se convertiría en el permanente revisor de la actividad judicial de los árbitros, circunstancia que no solo no se compadece con el carácter especial del arbitramento, como función pública judicial al fin y al cabo, sino que desconocería el carácter excepcional de la acción de tutela y pondría en riesgo la seguridad jurídica, valor fundante de todo sistema judicial, incluido el que desempeña el arbitramento.
El juez de tutela no puede suplantar a los árbitros en su función de administrar justicia, como si fuera el superior funcional. La tutela, se insiste, no prospera por el simple hecho de que se invoque alguno de los defectos que la Corte Constitucional ha establecido y que la Sala comparte. Las causales específicas para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales no pueden abrir la puerta para que los jueces revisen de fondo las decisiones arbitrales, como no ocurre tampoco en relación con las sentencias de los jueces.
Debe exigirse, entonces, que el interesado explique razonada y suficientemente los hechos en que funda el defecto en que incurrieron los árbitros. La acción de tutela no puede, por ende, convertirse en una instancia adicional para controvertir la interpretación normativa ni la valoración probatoria que realizan los árbitros habilitados transitoriamente para administrar justicia. Al igual que la tutela contra las providencias de los jueces de la república, la tutela solo procede cuando el ejercicio hermenéutico o de valoración de pruebas sea contraevidente, contrario a la razón, y ponga en grave riesgo o amenace derechos fundamentales.
Las demás discusiones frente a las decisiones de los árbitros deben resolverse por medio de los cauces ordinarios, mas no por medio de la tutela.
Planteamiento del problema jurídico
La Sala advierte que los señores Jesús Alberto López Casanova y Alicia del Socorro Dávila Cabrera instauraron otra acción de tutela contra el laudo del 18 de febrero de 2015, que fue declarada improcedente por el Consejo de Estado, Sección Primera, mediante la sentencia del 21 de enero de 2016, que fue confirmada por el fallo del 12 de mayo de 2016, dictado por la Sección Segunda del Consejo de Estado. En concreto, la Corporación señaló que, en ese momento, se encontraba en trámite el recurso de anulación contra el laudo arbitral, por lo que la tutela no cumplía con el presupuesto de la subsidiariedad.
Entonces, teniendo en cuenta que el recurso extraordinario ya fue resuelto por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante la sentencia del 16 de marzo de 2017, que aquí se cuestiona, la Sala estima procedente efectuar el análisis de fondo del asunto, para determinar si esa providencia y el laudo del 18 de febrero de 2015 vulneraron los derechos fundamentales de los señores Jesús Alberto López Casanova y Alicia del Socorro Dávila Cabrera.
En los términos de la demanda, el problema jurídico consiste en determinar: (i) si el laudo del 18 de febrero de 2015 incurrió en defecto fáctico y en defecto sustantivo, al resolver las controversias surgidas entre el Consorcio Tolima y la Fábrica de Licores del Tolima, con ocasión del contrato FLT 054 del 29 de diciembre de 2008, cuyo objeto consistió en la compraventa, comercialización y distribución del aguardiente Tapa Roja, y (ii) si la sentencia del 16 de marzo de 2017, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, incurrió en defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente, al resolver el recurso de anulación presentado contra el laudo del 18 de febrero de 2015.
Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala analizará primero el laudo del 18 de febrero de 2015 y luego la sentencia del 16 de marzo de 2017, con el fin de establecer si incurrieron en los defectos endilgados por los demandantes.
Solución del caso
4.1. Los señores Jesús Alberto López Casanova y Alicia del Socorro Dávila Cabrera, integrantes del Consorcio Tolima, señalaron que el laudo del 18 de febrero de 2015 incurrió en defecto fáctico: (i) por valoración indebida de las pruebas allegadas como sustento de las excepciones propuestas por los miembros del Consorcio Tolima. Entre otras, del dictamen pericial de la firma Extrema Mercadeo Relacional y de los testimonios practicados en el trámite arbitral, que demostraron el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la Fábrica de Licores del Tolima, en relación con el posicionamiento de la marca del aguardiente Tapa Roja y con la exclusividad de la distribución, y (ii) porque, al imponer la condena con base en la cifra propuesta en el juramento estimatorio, se basó en el dictamen rendido por el señor Enrique Cardozo Parga, que fue objetado por presentar errores, y desconoció la experticia practicada por la firma Check Up Auditores Asociados S.A.S., que demostró que el cálculo de la condena pretendida por la convocante era desproporcionado.
Con el fin de establecer si el laudo arbitral cuestionado incurrió en defecto fáctico, al pronunciarse sobre las pruebas que sustentaron las excepciones propuestas por el Consorcio Tolima, es pertinente citar, en extenso, el análisis que efectuó el Tribunal de Arbitramento:
(…)
Argumentos que reitera el apoderado de la parte convocada en sus alegatos cuando afirma que de las pruebas aportadas y practicadas en el curso del proceso, considera que se ha demostrado la responsabilidad de la fábrica en los hechos causantes de los daños y el desequilibrio económico que sufrió el Consorcio Tolima y que esto deberá valorarlo el Honorable Tribunal al momento de emitir el laudo arbitral, pruebas que hacen relación a las falencias en la planeación de la actividad comercial de dicha Fábrica como propietaria de la marca de licores Tapa Roja.
Manifiesta que esta aseveración está probada en el proceso con la experticia denominada “Estudio de Mercados. Diagnóstico del cambio de hábitos de consumo de aguardiente en los tolimenses durante el periodo 2010 a 2012” realizada por la firma “Extrema Mercadeo Relacional” y sustentada dentro del proceso por el experto ANDRÉS HERNÁN CIFUENTES WALDMANM y del cual haremos alusión más adelante.
Basta la lectura de las comunicaciones de 26 y 28 de diciembre de 2012 suscritas por la representante legal del Consorcio en las que se manifiesta que propone “dar por terminado el contrato de distribución y sus prórrogas de común acuerdo entre las partes sin indemnizaciones mutuas a partir de 31 de diciembre de 2012” y “los socios del Consorcio Tolima… han decidido no efectuar compra, para evitar un desequilibrio económico…”, respectivamente, para advertir que la comunicación GG de 5 de marzo de 2013 relacionada con la excepción de contrato no cumplido emanada de la fábrica, es la consecuencia de la decisión unilateral del Consorcio de no continuar cumpliendo con el contrato y para ello la Fábrica de Licores previamente con oficio GG046 del 24 de enero de 2013 requirió a la contratista por el incumplimiento del mismo.
(…)
Como se deduce, la imposibilidad de seguir ejecutando el contrato no tuvo sus antecedentes en las acciones emprendidas por la Fábrica como pretende hacerlo ver el apoderado de la Convocada. La Fábrica aceptó la terminación bilateral del contrato y le dio la oportunidad al Consorcio de demostrar el desequilibrio contractual, lo cual no hizo. Fue el Consorcio quien decidió no aceptar las contrapropuestas de la Fábrica y resolvió no efectuar más compras, actitud que cumplió aún a pesar de la voluntad demostrada por la convocante para reestructurar el negocio, esta posición llevó a la Fábrica a utilizar la excepción de contrato no cumplido, como una forma de liberarse de sus obligaciones, que le permitiera buscar los medios para cumplir con su función misional y objetivo social.
(…)
Lo anterior era razón suficiente para que la Fábrica de Licores del Tolima requiera conseguir nuevos distribuidores para poder cumplir con su objeto social de adquirir recursos para cumplir con su función misional.
(…)
En relación con la falta de planeación el sustento de este posible incumplimiento por parte de la Fábrica de Licores lo atribuye la Convocada a que en el estudio de conveniencia no se tuvieron en cuenta factores de riesgo que estaban afectando el mercado y que se consolidaron durante la ejecución del mismo.
Al respecto debe manifestarse, de conformidad a lo probado en el proceso, que la Fábrica contaba con un estudio de mercadeo realizado por la Universidad de Ibagué en el cual se hacía un análisis de la situación del mercado y que fue base para la elaboración del estudio de justificación y conveniencia, que en el año de 2008 dio como resultado la contratación del Consorcio Tolima como distribuidor exclusivo en el Departamento de los productos de la Fábrica de Licores del Tolima.
En el estudio de mercado realizado por la Universidad de Ibagué se tuvo en cuenta los antecedentes de ventas del producto Tapa Roja y Néctar situaciones que conocía el Consorcio al momento de presentar su propuesta el 17 de diciembre de 2008 donde acepta la invitación a ofertar en los términos y condiciones fijadas en el Estudio de Conveniencia y cuando asegura que el objetivo que el consorcio tiene con este contrato es el de “recuperar la posición, prestigio y liderazgo de la Fábrica de Licores del Tolima; consolidar el posicionamiento del Aguardiente Tapa Roja y Ron San Juan; Proveer información estructurada de análisis de mercados que garanticen su crecimiento y fortalezca su liderazgo en el departamento”. En el análisis de DOFA aceptan la existencia de riesgos entre otros el contrabando de aguardiente, la baja rotación, el menor precio de la competencia y la pérdida de fidelización de la marca, considerando que se puede recuperar la misma y lograr el posicionamiento con campañas que motiven el consumo.
Al aceptar dichas condiciones no puede el Consorcio alegar una falta de planeación menos aun cuando en la misma oferta manifiesta tener una experiencia de más de 25 años en el mercado de licores como distribuidor, lo que le daba confiabilidad a la Fábrica de que los integrantes del Consorcio tenían una gran experticia en el manejo de esta actividad, así como cualidades técnicas, profesionales y económicas en las cuales se apoyaría la fábrica para conseguir los objetivos presupuestos por el oferente entre otros mantener la posición de la marca.
(…)
Cuando la Convocada insistió a la Fábrica de Licores sobre la necesidad de sacar un producto que le hiciera competencia al Néctar 24 grados, la Fábrica plantea la necesidad de fabricar un nuevo producto que le hiciera competencia al Néctar 24 grados, la Fábrica procedió a estructurar el proceso de acuerdo a las exigencias legales y técnicas que tal proceso requiere, tal como lo expresa en su declaración el señor Máximo Vega, ingeniero químico de la Fábrica de Licores y el doctor Juan Guillermo Beltrán exgerente de la Fábrica, quien manifestó que para la época de su gestión los productos Néctar no eran tan fuertes y que lo que se tuvo en siempre en cuenta fue la movilidad del producto como causal de riesgo siendo el distribuidor el que debe hacer esfuerzos ante los riesgos del contrato. A su vez, el señor Alexander Vargas, Supervisor del contrato, manifiesta que informó a la Fábrica sobre la necesidad de contrarrestar el posicionamiento de Néctar y que uno de los factores de la competencia era el menor grado alcohólico de ese producto, agrega en su declaración que la Fábrica sacó nuevo producto y que la comercialización del mismo contó con el apoyo de la licorera, recalca que la baja en ventas se debió entre otras razones al precio del aguardiente, el sabor y la presentación.
Del aparte citado, la Sala extrae que el Tribunal de Arbitramento efectuó un análisis razonable de las pruebas allegadas por el Consorcio Tolima, como fundamento de las excepciones propuestas en el trámite arbitral. En efecto, el tribunal analizó las excepciones a la luz de las pruebas aportadas y concluyó que la Fábrica de Licores del Tolima no incumplió con las obligaciones contractuales. Que, por el contrario, la imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato no se originó en las supuestas omisiones de la entidad, sino que fue consecuencia de la decisión unilateral del consorcio de no continuar con el cumplimiento de sus obligaciones.
Que el consorcio propuso la terminación del vínculo y la entidad lo aceptó, para lo que le dio la oportunidad de demostrar la supuesta ruptura del equilibrio contractual, pero no lo hizo. Que, además, no aceptó las contrapropuestas de la entidad, orientadas a reestructurar el negocio, e insistió en incumplir las obligaciones derivadas del contrato, situación que obligó a la entidad a emplear la excepción de contrato no cumplido, para buscar nuevos distribuidores del producto.
Que, por otra parte, la entidad no incumplió con el deber de planeación, pues contaba con un estudio de mercadeo practicado por la Universidad de Ibagué, que tenía en cuenta las ventas de los aguardientes Tapa Roja y Néctar (competencia). De acuerdo con ese estudio y con los testimonios practicados en el trámite arbitral, el laudo señaló que el producto presentaba riesgos, como el contrabando, la baja rotación, el menor precio de la competencia y la pérdida de fidelización de la marca. Que esas situaciones fueron conocidas por el consorcio al presentar la propuesta y al suscribir el contrato, por lo que no le estaba dado excusarse en éstas para alegar el incumplimiento por parte de la entidad. Al respecto, el tribunal analizó los testimonios practicados en el proceso
Por otro lado, en cuanto a la imposición de la condena con base en el juramento estimatorio, la Sala estima pertinente citar el análisis que efectuó el Tribunal de Arbitramento frente a la objeción presentada por los integrantes del Consorcio Tolima respecto del dictamen pericial rendido por el señor Enrique Cardozo Parga:
1.4. Respecto de la objeción por error grave del peritazgo
El señor Enrique Cardozo Parga, presentó dictamen pericial, ordenado por el tribunal a solicitud de las partes el día 5 de agosto de 2014, el cual fue desarrollado de conformidad a las preguntas que las partes habían formulado previamente, una vez corrió el traslado, este fue objeto de aclaraciones y complementaciones por parte del Consorcio Tolima, quien posteriormente lo objetó por error grave y en sustento de ello presentó un nuevo dictamen elaborado por Check Up Auditores S.A.S.
(…)
La objeción por error grave debe ser sustentada en que el error sea de tal magnitud que salte a la vista y que el perito haya tomado parámetros distintos de los que debía optar o llegó a conclusiones manifiestamente contrarias al objeto de la prueba, se debe demostrar la existencia del error, de tal manera que cuando se produzca un nuevo dictamen, éste debe estar enfocado a poner en evidencia tales yerros. Pues no es la inconformidad con el resultado de la pericia atacada ni la disparidad de criterios que sirvieron de sustento a la conclusión lo que constituye un error grave.
(…)
En el caso del dictamen presentado por Check Up se presenta la inconformidad con las cifras tomadas por el peritazgo de Enrique Cardozo y cuestiona sus conceptos referentes a que se formularon conclusiones sin tener en cuenta los documentos soportes que respaldan las operaciones del Consorcio Tolima, igualmente que no se realizaron las solicitudes de información de los soportes, que desconoció los estados financieros certificados por contador público como fuente de información directa, que no hizo una valoración objetiva de los mismos y que a algunos les restó importancia probatoria, cuanto estos eran suficientes para emitir un juicio y responder el interrogante que se le había realizado, se cuestiona la validación de la información contable al advertir que las cifras que le fueron suministradas por el Consorcio no tienen respaldo en los libros de comercio llevados conforme a las disposiciones legales pues carecen de registro, cuestionamiento que se advierte por el objetante, carece de respaldo legal en la medida que los Consorcios no están obligados a registrar libros en el Registro mercantil.
No obstante esas apreciaciones, el nuevo dictamen, aunque demuestra algunos errores de la experticia objetada no logra evidenciar la gravedad de tales errores que llevaran a conclusiones diferentes de aquellas a las que llegó el peritazgo atacado, motivo por el cual habrá de resolverse negativamente la objeción, adicionalmente porque uno y otro dictamen no son fundamentales en la decisión a adoptar puesto que no serán soporte de la misma, motivo por el que cualquier contradicción entre los mismos sería inane y así se declarará.
De acuerdo con lo anterior, no les asistió razón a los demandantes al señalar que, al desestimar la objeción que los integrantes del Consorcio Tolima presentaron contra el dictamen pericial rendido por el señor Enrique Cardozo Parga, que sustentó dicho juramento estimatorio, el laudo del 18 de febrero de 2015 incurrió en defecto fáctico. Como se vio, en la objeción, los aquí demandantes no demostraron la existencia de un error protuberante en la pericia practicada por el señor Cardozo Parga y, por el contrario, se fundamentaron simplemente en la discordancia entre las cifras propuestas por ese perito y la firma Check Up Auditores Asociados S.A.S., que practicó el dictamen sustento de la objeción.
Siendo así, para la Sala no se configuró ningún vicio en la valoración de las pruebas efectuada por el Tribunal de Arbitramento. Por el contrario, la autoridad valoró de manera razonable las pruebas que sustentaron las excepciones propuestas por el Consorcio Tolima y el juramento estimatorio presentado por la Fábrica de Licores del Tolima, que tuvo como sustento un dictamen pericial conjunto, cuya objeción no prosperó.
En todo caso, la sala no advierte en la demanda ninguna situación concreta frente a la valoración probatoria efectuada por el Tribunal de Arbitramento, que haya dado lugar a la configuración del defecto fáctico. Por el contrario, los argumentos de la tutela son la reiteración de las excepciones expuestas por el Consorcio Tolima en la contestación de la demanda, pero ahora enfocados a la supuesta valoración indebida de las pruebas allegadas por ambas partes al trámite arbitral, lo que evidencia que lo pretendido por los demandantes es que el juez constitucional reinicie el debate probatorio y adopte una nueva decisión que dé la razón a los medios exceptivos que expusieron en esa oportunidad, circunstancia que no le es permitida al juez constitucional, pues, se insiste, la tutela no es una instancia adicional para discutir las decisiones judiciales.
4.2. Por otra parte, los demandantes alegaron que el laudo del 18 de febrero de 2015 incurrió en defecto sustantivo, por: (i) interpretación indebida de los artículos 141 de la Ley 1437 de 2011 y 1546 del Código Civil, porque declaró la terminación del contrato, a pesar de que la Fábrica de Licores del Tolima no la solicitó; (ii) interpretación indebida del artículo 1609 del Código Civil, al decidir sobre el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Consorcio Tolima, y (iii) aplicación indebida de los artículos 392 y 393 CPC (que ya estaban derogados), al imponer la condena en costas, en lugar de aplicar el artículo 365, numeral 5º CGP, que establece que, en caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial.
En relación con el primer argumento, es pertinente resaltar que el Tribunal de Arbitramento efectuó un análisis conjunto de las pretensiones de la demanda principal y de la de reconvención, y señaló que, en todo caso, el ordenamiento jurídico no exigía al demandante solicitar la terminación del contrato como requisito para resolver las pretensiones de incumplimiento. Al respecto, el laudo arbitral sostuvo:
Lo procedente si bien hace mención a la interpretación integral de la demanda oportuno es que esto se haga igualmente con la de reconvención habida consideración que, como lo apuntan las disposiciones procesales en casos como estos ambas demandas se tramitarán conjuntamente y para ellas se proferirá una sola sentencia. Adicional a ello se está frente a una controversia de la cual se ocupan ambas demandas se tramitarán conjuntamente y para ellas se proferirá una sola sentencia. Adicional a ello se está frente a una controversia específica de la cual se ocupan ambas demandas como es el contrato FLT-054 de 2008. Esto tiene su importancia en este laudo por cuanto han de examinarse todos los hechos y las pretensiones de manera armónica, sistemática e integral, es decir, tomados de ambas demandas.
(…)
De lo expuesto se infiere que el demandante no estaba obligado a formular primeramente la pretensión de terminación contractual como condicionamiento o requisito previo a la declaratoria de incumplimiento o cualquiera otra pretensión, pues es viable que aun estando vigente el contrato se pueda demandar la declaratoria de incumplimiento de alguna de las obligaciones y condena de perjuicios por actos o conductas del contratita (sic) dentro o durante la ejecución del contrato y sin embargo continuar con el cumplimiento de las demás obligaciones. Todo esto sin perjuicio que dentro de la integración con la demanda de reconvención se pueda acceder a la declaratoria de terminación del contrato.
(…)
No obstante lo anterior y aplicando el principio de interpretación integral de las demandas no se advierte óbice alguno de acoger la pretensión de la reconvención en este punto, que no necesariamente debe estar en estricta relación con los incumplimientos alegados por la convocada, sino que bien puede darse por sus propios comportamientos en el desarrollo del contrato.
Así las cosas y teniendo en cuenta las posiciones asumidas por las partes, debidamente probadas, el contrato dejó de ejecutarse a raíz del incumplimiento del Consorcio hasta la fecha de terminación de su vigencia, lo que conlleva a determinar que éste a pesar de estar inejecutado, desprovisto de utilidad, se extinguió por cumplimiento del plazo pactado, es decir, el 30 de noviembre de 2014.
De lo anterior, se evidencia que el Tribunal de Arbitramento expuso las razones de orden jurídico para declarar la terminación del contrato, esto es, que ninguna norma exigía que el convocante lo hubiera solicitado, y que, de todos modos, el contrato FLT 054 de 2008 había dejado de ejecutarse, por disposición de ambas partes, por lo que estaba desprovisto de utilidad.
La Sala no advierte en esas conclusiones ninguna oposición al artículo 141 de la Ley 1437 de 2011, que señala que cualquiera de las partes de un contrato estatal puede pedir que se declare la existencia, nulidad o incumplimiento, y la indemnización de los perjuicios a que haya lugar. Tampoco se advierte contradicción con el artículo 1546 del Código Civil, que establece que los contratos bilaterales llevan implícita la condición resolutoria, y que, en caso de incumplimiento de una de las partes, solo la otra puede pedir la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios.
Ahora, en cuanto a la supuesta interpretación indebida del artículo 1609 del Código Civil, que se refiere a la mora en los contratos bilaterales, la Sala se remite a las conclusiones que extrajo el Tribunal de Arbitramento respecto de las excepciones propuestas por el Consorcio Tolima en el trámite arbitral, ya analizadas en esta providencia. Esto es, que, conforme con las pruebas allegadas al expediente, la Fábrica de Licores del Tolima no había incurrido en incumplimiento de las obligaciones contractuales, y que el fracaso del contrato no se originó en las supuestas omisiones de la entidad, sino en la decisión unilateral del consorcio de no continuar cumpliendo con sus obligaciones.
La Sala no evidencia ninguna contradicción entre las conclusiones del tribunal y el artículo invocado por los demandantes, que simplemente consagra que, en los contratos bilaterales, ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte. Se insiste, después de analizar razonablemente las pruebas allegadas al expediente, el tribunal evidenció que la parte incumplida no era la Fábrica de Licores del Tolima, sino el Consorcio Tolima, por lo que ningún reproche merece la interpretación normativa efectuada por esa autoridad.
Finalmente, la Sala advierte que si bien le asistió razón a los demandantes al señalar que los artículos 392 y 393 CPC estaban derogados al momento de dictarse el laudo arbitral, también es cierto que el numeral 5º del artículo 365 CGP confiere la facultad, no una obligación, al juez para abstenerse de condenar en costas. Por tanto, no puede concluirse que, al haber accedido a una de las pretensiones de la demanda de reconvención, el Tribunal de Arbitramento estuviera obligado a abstenerse de condenar en costas al Consorcio Tolima.
4.3. Por otra parte, los demandantes alegaron que la sentencia del 16 de marzo de 2017, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, incurrió en defecto sustantivo, porque: (i) al resolver la causal de anulación establecida en el numeral 9º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, aplicó indebidamente el artículo 87 CCA (que ya se encontraba derogado), y la sentencia del 1º de marzo de 2001, dictada por la Sección Tercera de la Corporación, que se dictó en vigencia del Código derogado, y (ii) al resolver la causal establecida en el numeral 7º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, aplicó indebidamente los artículos 176 y 206 CGP, que establecen que, aunque el juramento estimatorio no haya sido objetado, el juez debe valorarlo, con base en las pruebas allegadas y en las que decrete de oficio, para establecer si es notoriamente injusto, ilegal y si se obtuvo con fraude o colusión.
En cuanto al primer argumento, la Sala observa que la sentencia cuestionada dijo lo siguiente, al resolver sobre la causal novena de anulación:
De otro lado, visto lo pedido en la primera demanda y lo resuelto por el Tribunal se tiene que los árbitros consideraron que hubo incumplimiento de una de las partes y la condenaron al pago de los perjuicios. En este punto, vale recordar que el recurrente afirma que se enmendó la demanda, porque para hacer las declaraciones referidas debía pedirse previamente en la demanda principal la terminación del contrato, lo que no se hizo. Sobre el particular, tal como lo explicó el laudo, no es necesario que dentro de la acción contractual regulada en el art. 87 del CCA se pida la terminación para pronunciarse sobre el incumplimiento y los perjuicios consecuenciales. En esa misma dirección se ha pronunciado la jurisprudencia de la Sección, así:
Es oportuno precisar que si bien de conformidad con el art. 1546 del Código Civil, en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, ante lo cual el contratante cumplido puede pedir la resolución o el cumplimiento contractual con indemnización de perjuicios, en materia de contratos estatales no es posible demandar que la entidad pública cumpla el contrato, puesto que el art. 87 precitado solamente prevé la posibilidad de que cualquiera de las partes pueda pedir que se declare su incumplimiento y se condene al responsable a indemnizar los perjuicios (Negrillas del texto original).
La Sala advierte que si bien la providencia cuestionada mencionó el artículo 87 CCA, que fue reemplazado por el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011, y citó una providencia que se expidió en vigencia del código derogado, eso no configura ningún defecto que vicie la decisión adoptada por la Sección Tercera de la Corporación. No existen diferencias sustanciales entre las dos disposiciones, que resulten relevantes frente a la resolución del asunto. En efecto, de ambas normas se puede extraer la misma conclusión, que sirvió de base a la decisión cuestionada, esto es, que no es necesario que se pida la terminación del contrato, para pronunciarse sobre el incumplimiento y los perjuicios.
En cuanto al segundo argumento, relacionado con las pruebas que el Tribunal de Arbitramento tuvo en cuenta para imponer la condena al Consorcio Tolima, esto es, el juramento estimatorio y la prueba pericial que lo sustentó, la Sala estima pertinente resaltar que la causal de anulación consagrada en el numeral 7º del artículo artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, que se refiere a los casos en los que se ha fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, no puede emplearse como un mecanismo para discutir la valoración jurídica y probatoria que haya efectuado el tribunal de arbitramento. En tal sentido, se pronunció la Sección Tercera del Consejo de Estado:
6.1.1. En segundo lugar afirma el recurrente que el Tribunal incurrió en la causal del No. 6, discutiendo el ejercicio interpretativo desplegado por el Tribunal respecto del anexo No. 11 de la Póliza de Seguro Global Bancario.
Semejante argumentación impone que se declare la improcedencia de la causal de anulación que ahora se alega, pues una de las principales funciones que debe emprender el funcionario judicial para efectos de determinar o establecer los derechos y las obligaciones que surgen en favor y a cargo de las partes en razón de un negocio jurídico, es la de interpretación, ejercicio éste que supone un fallo en derecho, pues para realizar éste ejercicio interpretativo el funcionario judicial respectivo no sólo debe tener en cuenta lo acordado por las partes sino también las normas legales y las posiciones doctrinales y jurisprudenciales aplicables.
Pero además, no es posible que en sede de anulación de laudo arbitral se discuta el ejercicio hermenéutico desplegado por el Juez arbitral, pues al juez de anulación de laudo no le es dable entrar a discutir dicho ejercicio, así como tampoco entrar a discutir la valoración probatoria o jurídica efectuada por el juez facultado transitoriamente por las partes para ejercer la función de administrar justicia.
Tampoco resulta procedente que se señale que se profirió un laudo en equidad por la no aplicación de las normas que a juicio del recurrente debían aplicarse para dar solución al caso concreto y así resultar favorecido con su decisión, pues tal como se precisó en líneas anteriores, el juez de anulación no se encuentra facultado para entrar a revivir la valoración probatoria o jurídica desplegada por el Juez arbitral.
Siendo así, la sentencia del 16 de marzo de 2017, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, no incurrió en defecto sustantivo, por indebida aplicación de los artículos 176 y 206 CGP, relacionados con el juramento estimatorio, simplemente, porque al juez de la anulación no le está dado inmiscuirse en la valoración probatoria efectuada por el tribunal de arbitramento, y, para eso, no es válido utilizar la causal 7ª de anulación, como pretendieron los integrantes del Consorcio Tolima.
En todo caso, vale resaltar que, como se vio al estudiar el laudo del 18 de febrero de 2015, el Tribunal de Arbitramento efectuó un análisis razonable del juramento estimatorio efectuado por la convocante, sustentado en la prueba pericial conjunta, cuya objeción presentada por el Consorcio Tolima no prosperó, al no haber cumplido con los requisitos que establece la ley.
4.4. Por último, los demandantes alegaron que, al resolver la causal 9ª de anulación, la sentencia del 16 de marzo de 2017 desconoció el precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que, alegan, ha sostenido que el juez de la anulación debe comparar las pretensiones de la demanda con la decisión adoptada en el laudo arbitral, con el objeto de establecer si se respetó el principio de congruencia, y que, cuando se pretende la declaratoria de incumplimiento del contrato estatal, debe pedirse también la terminación.
Al respecto, la Sala advierte que la sentencia del 16 de marzo de 2017 dijo lo siguiente:
Huelga recordar que la causal de falta de congruencia se limita a verificar si el laudo se pronunció sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, o concedió más de lo pedido o no decidió sobre las cuestiones sujetas al arbitramento. En esa medida, no es necesario para determinar su ocurrencia que se revisen las argumentaciones de los árbitros, en tanto ello, en principio, está proscrito; sin embargo, de lo expuesto no implica una libertad absoluta para interpretar la causa petendi, so pena de inscribirse en un fallo en conciencia o, incluso, en una vía de hecho.
De conformidad con lo expuesto, para determinar la ocurrencia de la causal en estudio, debe analizarse (i) si el asunto fue propuesto dentro del proceso arbitral y si es arbitrable; (ii) si se resolvió dentro de los límites pedidos ni más allá tampoco menos, (iii) y si se resolvió lo pedido. Luego, los insumos para estudiar son el ordenamiento jurídico, las pretensiones que se debaten en el proceso y lo decidido en la parte resolutiva del laudo.
De conformidad con lo expuesto, precisa advertir de entrada que no es posible ocuparse del análisis de si las demandas presentadas (la demanda propiamente dicha y la reconvención) se pueden analizar en forma conjunta o separada, pues significaría juzgar el fondo de las valoraciones de los árbitros, cuestión prohibida en sede de anulación.
De acuerdo con lo expuesto, para la Sección Tercera, Subsección B, con la finalidad de determinar si el laudo incurrió en la causal 9ª de anulación, no era procedente analizar las argumentaciones de la decisión, lo que no quiere decir que el Tribunal de Arbitramento goce de libertad absoluta para interpretar la demanda. En tal sentido, la autoridad demandada estimó que no le estaba dado, como juez de anulación, establecer si la demanda principal y la de reconvención podían estudiarse de manera conjunta, como lo hizo el tribunal, pues eso implicaría un juicio sobre las valoraciones de los árbitros.
La Sala estima que ese argumento es proporcionado y razonable, dado que, como se vio, el recurso de anulación no es una instancia adicional del laudo arbitral, y en éste no se puede cuestionar la hermenéutica aplicada por el tribunal de arbitramento.
De todos modos, como se explicó al analizar el defecto sustantivo endilgado contra el laudo del 18 de febrero de 2015, por indebida interpretación de los artículos 141 de la Ley 1437 de 2011 y 1546 del Código Civil, no se presenta ninguna contradicción entre esas normas y las conclusiones que expuso el tribunal de arbitramento, para sostener que era procedente declarar la terminación del contrato FLT 054 de 2008, esto es, que ninguna norma exigía que ésta se hubiese solicitado expresamente, y que el contrato había dejado de ejecutarse, por disposición de ambas partes, por lo que estaba desprovisto de utilidad.
5.Conclusión
De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que: (i) el laudo del 18 de febrero de 2015 no incurrió en defecto fáctico ni en defecto sustantivo, al resolver las controversias surgidas entre el Consorcio Tolima y la Fábrica de Licores del Tolima, con ocasión del contrato FLT 054 del 29 de diciembre de 2008; y (ii) la sentencia del 16 de marzo de 2017, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, no incurrió en defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente, al resolver el recurso de anulación presentado contra el laudo del 18 de febrero de 2015.
Queda así resuelto el problema jurídico y, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la tutela.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Declarar fundado el impedimento manifestado por el magistrado Milton Chaves García. En consecuencia, queda separado del conocimiento de la presente acción de tutela.
2. Denegar las pretensiones de la tutela, por las razones expuestas.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito.
4. Si no se impugna, enviar el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo, y devolver el expediente en préstamo.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Folios 84-85. Radicación: 11001-03-15-000-2015-01800-01. Artículo 1609. En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos. Artículo 41. Causales del recurso de anulación. Son causales del recurso de anulación:
(…)
9. Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento.
(…). Expediente: 11480. 7. Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo. Al respecto, citaron las siguientes sentencias de la Sección Tercera, Subsección C: sentencia del 19 de julio de 2017, consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas, radicación: 11001-03-26-000-2017-00043-00(59067); sentencia del 10 de noviembre de 2016, Sección Tercera, Subsección C, Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicación: 11001-03-26-000-2016-00063-00 (56845); y sentencia del 31 de octubre de 2016, consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicación: 11001-03-26-000-2016-00099-00 (57.422). Sobre este punto, citaron la sentencia del 28 de noviembre de 1996, consejero ponente: Carlos Betancur Jaramillo, radicación: 9351; la sentencia del 16 de mayo de 1991, consejero ponente: Julio Cesar Uribe Acosta, radicación: 5931, y la sentencia del 26 de julio de 2012, consejero ponente (E): Danilo Rojas Betancourth, radicación: 13001-23-31-000-1998-00343-01, expediente número: 23.605. Radicación: 11001-03-15-000-2015-01800-01. Folios 98, 120, 129 y 130. Artículo 56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento:
(…)
4. Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso.
(…). Ver sentencia del 31 de julio de 2012. Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01. Artículo 41. Causales del recurso de anulación. Son causales del recurso de anulación: 1. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> La inexistencia, invalidez absoluta o inoponibilidad del pacto arbitral. 2. La caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia. 3. No haberse constituido el tribunal en forma legal. 4. Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación, o falta de notificación o emplazamiento, siempre que no se hubiere saneado la nulidad. 5. Haberse negado el decreto de una prueba pedida oportunamente o haberse dejado de practicar una prueba decretada, sin fundamento legal, siempre y cuando se hubiere alegado la omisión oportunamente mediante el recurso de reposición y aquella pudiera tener incidencia en la decisión. 6. Haberse proferido el laudo o la decisión sobre su aclaración, adición o corrección después del vencimiento del término fijado para el proceso arbitral. 7. Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo. 8. Contener el laudo disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén comprendidas en la parte resolutiva o influyan en ella y hubieran sido alegados oportunamente ante el tribunal arbitral. 9. Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento. Las causales 1, 2 y 3 sólo podrán invocarse si el recurrente hizo valer los motivos constitutivos de ellas mediante recurso de reposición contra el auto de asunción de competencia. La causal 6 no podrá ser alegada en anulación por la parte que no la hizo valer oportunamente ante el tribunal de arbitramento, una vez expirado el término. Consejo de Estado, Sección Tercera, M.P.
Myriam Guerrero de Escobar, 17 de marzo de 2010. Radicación número: 11001-03-26-000-2009-00045-00(36838). Además, sobre este tema, se pueden consultar las siguientes sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado: Exp. 25811; de 4 de julio de 2002, Exp.21217; de 20 de junio de 2002, Exp. 19488; de 4 de julio de 2002, Exp. 22.012; de 1º de agosto de 2002, Exp. 21041; de 25 de noviembre de 2004, Exp. 25560; de 8 de junio de 2006, Exp. 32398; de 4 de diciembre de 2006, Exp. 32871; de 26 de marzo de 2008, Exp. 34071; de 13 de agosto de 2008, Exp. 34594.
«Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 15 de mayo de 1992, Exp. 5326; en el mismo sentido pueden consultarse las sentencias de 4 de agosto de 1994, Exp. 6550 y de 16 de junio de 1994, Exp. 6751».
«Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 32871».
«Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 15 de mayo de 1992, Exp. 5326». Consejo de Estado, Sección Tercera, M.P. Myriam Guerrero de Escobar, 17 de marzo de 2010. Radicación número: 11001-03-26-000-2009-00045-00(36838).
«Ver sentencias T-608 de 1998 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa), SU-837 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), SU-058 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), T-1228 de 2003 (MP. Álvaro Tafur Galvis), T-920 de 2004, (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), SU-174 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), T-244 de 2007 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto) y T-972 de 2007 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto)».
“ En la Sentencia T-244 de 2007 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto), la Corte afirmó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del ordenamiento superior, la justicia arbitral se caracteriza fundamentalmente por:” (i) es el ejercicio de la función jurisdiccional por particulares, (ii) el arbitraje tiene naturaleza procesal, (iii) es de carácter transitorio o temporal, (iii) tiene origen en la voluntad de las partes del conflicto, (iv) los fallos pueden ser proferidos en derecho o en equidad, (v) el arbitraje se desarrolla en los términos que señala la ley, de manera que el legislador tiene una amplia libertad de configuración de la justicia arbitral, con el límite último de los preceptos constitucionales.”
Radicación: 11001-03-15-000-2015-01800-01. Artículo 141. Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley.
(…). Artículo 1546. En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. Artículo 1609. En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos. Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
(…)
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
(…). Expediente: 11480.
«Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 01 de marzo de 2001, exp. 11480.
En el mismo sentido, ver sentencia del 22 de julio de 2009, exp. 17552». Artículo 87. De las controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas.
(…). Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de junio de 2015, Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicación: 11001-03-26-000-2014-00195-00(52969). Se refiere a la causal 6 del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998, hoy causal 7 de la Ley 1563 de 2012.
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