Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-02579-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Acción de tutela contra providencia judicial: autos proferidos en hábeas corpus
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-02579-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2018-02579-00
Consejero ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez
10 de septiembre de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Autos proferidos en hábeas corpus / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO – Se aplicaron adecuadamente las normas llamadas a regular el caso / LEGALIZACIÓN DE LA CAPTURA – Término / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD – Se mantiene en tanto se resuelvan el recurso de casación
[S]i bien el juez ordinario goza de autonomía e independencia para interpretar y aplicar las disposiciones del ordenamiento jurídico, el ejercicio de estas potestades no puede ser caprichoso. (…) Según el actor, la Subsección “F” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en este defecto por dos motivos: interpretó erróneamente la Sentencia C-042 de 2018 proferida por la Corte Constitucional y no podía fundamentar su decisión en las sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia porque, al ser expedidas antes de la vigencia de la Sentencia C-042 de 2018, se contradicen con la interpretación constitucional. (…) La Sentencia C-042 de 2018 declaró constitucional el parágrafo primero del artículo 298 de la Ley 906 de 2004 “en el entendido de que el capturado deberá ponerse a disposición del juez de conocimiento o en su ausencia ante el juez de control de garantías, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la privación de la libertad”. (…) Lo anterior, junto con los apartes transcritos del auto del 11 de julio de 2018, permite concluir que el tribunal no interpretó de forma errónea la sentencia de constitucionalidad. (…) Por el contrario, se evidencia que dio cumplimiento a la interpretación constitucional porque negó la acción de habeas corpus sólo después de constatar que la captura del actor fue legalizada por el juez de conocimiento dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la privación de su libertad. (…) Como consecuencia de lo anterior, resulta irrelevante si las sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia sean o no anteriores a la Sentencia C-042 de 2018. (…) En otras palabras, en la medida que la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se ajusta a lo dispuesto en la Sentencia C-042 de 2018, no es relevante la fecha en que fueron proferidas las demás sentencias citadas en el auto acusado porque no se contradicen con la interpretación constitucional del artículo 298 de la Ley 906 de 2004. (…) En este orden de ideas, no fue demostrada la existencia de un defecto sustantivo en el caso bajo examen. (…) Como consecuencia de los argumentos antes esgrimidos, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela de la referencia. NOTA DE RELAOTORÍA: Respecto de la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia del 31 de julio de 2012, exp No. 11001-03-15-000-2009-01328-01, M.P.: María Elizabeth García González.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 / LEY 906 DE 2004.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente: JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02579-00(AC)
Actor: HAROLD SMITH CORTÉS SAEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “F” y JUZGADO VEINTINCINCO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
Decide la Sala la acción de tutela instaurada por Harold Smith Cortés Sáez, de acuerdo con el Decreto 1983 de 2017.
ANTECEDENTES
El 30 de julio de 2018, Harold Smith Cortés Sáez, en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Veinticinco Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda - Subsección “F” por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la libertad.
1. Pretensiones
Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:
“Solicito al H. Consejo de Estado, que se ampare el derecho fundamental al debido proceso, entre los otros derechos fundamentales, ya determinados incluyendo el derecho a la libertad, y se ordene a las instancias judiciales accionadas CONCEDER el derecho a mi libertad del suscrito y por ende, declarar la procedencia de la ACCIÓN DE HABEAS CORPUS, interpuesto contra el Centro de servicios Judiciales con sede en Paloquemao y la Policía Nacional.
Este es el único medio legal y judicial para salvaguardar mi derecho a la libertad y (sic) que ha sido lesionado por un indebido procedimiento que ha causado perjuicio grave e irremediable”.
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. Mediante sentencia del 1º de septiembre de 2017, proferida por el Juzgado Treinta Penal del Circuito Judicial de Bogotá se condenó a Harold Smith Cortés Sáez por el delito de porte ilegal de armas.
2.2. La anterior decisión fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 16 de febrero de 2018
2.3. El 24 de abril de 2018, condenado presentó recurso extraordinario de casación contra la anterior decisión. Actualmente, este recurso se encuentra en trámite ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
2.4. El actor fue capturado por la Policía Nacional el 11 de junio de 2018.
2.5. Lorena Real González, en nombre del capturado, presentó acción de habeas corpus contra el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao y la Policía Nacional. La petición de libertad se sustentó en que no se legalizó la captura de Harold Smith Cortés Sáez dentro de las treinta y seis horas siguientes, como lo dispuso la Sentencia C–042 de 2018, y que se presume inocente mientras se adelante el recurso de casación.
2.6. El habeas corpus fue repartido al Juzgado Veinticinco Administrativo de Bogotá con el radicado N° 2018–00261, que mediante providencia del 5 de julio de 2018, declaró improcedente la acción, al considerar que la privación de la libertad está legitimada en el cumplimiento de una sentencia judicial.
2.7. La Subsección “F” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto del 11 de julio de 2018, revocó la decisión anterior, y en su lugar, negó la acción de habeas corpus.
Esta providencia tuvo sustento en que la diligencia de legalización de captura contra el actor fue realizada dentro de las treinta y seis horas siguientes a la privación de la libertad, como lo dispone la sentencia C–042 de 2018. Además, que la ley y la jurisprudencia permiten la captura mientras se tramitan los recursos de apelación y de casación.
3. Fundamentos de la acción
El actor asegura que al proferir los autos del 5 y 11 de julio de 2018, el Juzgado Veinticinco Administrativo de Bogotá y la Subsección “F” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente, incurrieron en defecto sustantivo, con lo que vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la libertad. Para sustentar estos cargos afirmó que:
3.1. La legalización de la captura de Harold Smith Cortés Sáez no se hizo dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la privación de la libertad, ya que el Juzgado Treinta Penal del Circuito de Bogotá y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá no tomaron ninguna decisión judicial frente a la captura.
3.2. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sólo tuvo conocimiento de la captura el 21 de junio de 2018, es decir más de diez días después de privación de la libertad, según consta en la página web de la Rama Judicial.
3.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca interpretó erróneamente la constitucionalidad condicionada del artículo 298 de la Ley 906 de 2004, declarada en la Sentencia C-042 de 2018; y el Juzgado 25 Administrativo de Bogotá ni siquiera hizo mención a ella.
3.4. El capturado no podía ser puesto a disposición de algún funcionario judicial porque todavía estaba amparado por la presunción de inocencia mientras no se resuelva el recurso extraordinario de casación que interpuso.
3.5. La decisión del tribunal estuvo fundamentada en las sentencia del 31 de agosto de 2017 y del 6 de marzo de 2018, proferidas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, antes de la vigencia de la Sentencia C-042 de 2018 (16 de mayo).
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 8 de agosto de 2018 se admitió la presente acción, se ordenó notificar a las partes, y se dispuso la vinculación de la Rama Judicial –Consejo Superior de la Judicatura (Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao), del Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Picota, y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (fl. 10).
4.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial informó que (fls. 24 a 27):
4.2.1. La solicitud de amparo de tutela es improcedente porque se trata de convertir en una instancia adicional al trámite de habeas corpus.
4.2.2. En el caso bajo examen no existe un perjuicio irremediable porque el actor se limita a manifestar su inconformidad con las decisiones judiciales acusadas.
4.2.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no tiene legitimación en la causa por pasiva debido a que no tiene competencia para proferir decisiones judiciales.
4.3. La Subsección “F” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca manifestó que (fl. 29):
4.3.1. Los artículos 190 y 450 de la Ley 906 de 2004, así como las sentencias del 31 de agosto de 2017 y 6 de marzo de 2018 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, establecen que una pena privativa de la libertad puede ejecutarse aunque se esté adelantando la apelación o la casación.
4.3.2. El actor fue capturado el 10 de junio de 2018 a las 11:00 p.m., y puesto a disposición del juez de conocimiento el día 12 del mismo mes y año a las 10:15 a.m.
4.3.3. Por lo anterior fue que el Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá emitió boleta de detención.
4.3.4. La Sentencia C-042 de 2018 proferida por la Corte Constitucional fue notificada mediante edicto fijado el 14 y desfijado el 18 de junio de 2018. Es decir, con posterioridad a la legalización de captura del actor.
4.3.5. En todo caso, el trámite de legalización de captura del actor no incumplió los parámetros previstos por la Corte Constitucional.
4.4. El Juzgado Veinticinco Administrativo de Bogotá señaló que (fls. 61 a 62):
4.4.1. El actor fue condenado mediantes sentencias ejecutoriadas del Juzgado Treinta Penal del Circuito de Bogotá con Funciones de Conocimiento y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
4.4.2. La Corte Constitucional, en Sentencia C-289 de 2012, señaló que la presunción de inocencia sólo cobija al investigado hasta el fallo definitivo en firme de culpabilidad.
4.5. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no rindió su informe aunque fue enterada de la existencia del proceso de la referencia (fl. 15).
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y excepcionales.
Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela es procedente contra providencias judiciales. Así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Sin embargo, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional. Por esto, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales y especiales que deben cumplirse de forma estricta. Si no se cumplen todos los requisitos generales y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales la acción no será procedente.
El análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso. En consecuencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de la acción.
3. Análisis del caso
3.1. Corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, en especial el de relevancia constitucional.
De ser así, se verificará si el Juzgado Veinticinco Administrativo de Bogotá y la Subsección “F” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrieron en un defecto sustantivo o material al proferir los autos del 5 y 11 de julio de 2018, respectivamente, mediante los cuales negaron la acción de habeas corpus interpuesta por Lorena Real González en nombre del actor.
3.2. Requisito de la relevancia constitucional como presupuesto general de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
3.2.1. Este requisito tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.
Para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar dos elementos cuando la tutela no es presentada contra una alta corporación judicial:
El primero, que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues para ello no basta que aduzca su vulneración.
Y, el segundo, consistente en que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
3.2.2. En el caso bajo examen, el actor afirma que el Juez Veinticinco Administrativo de Bogotá y la Subsección “F” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrieron en un defecto sustantivo porque:
i) La legalización de su captura no se realizó dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a su detención.
ii) La captura sólo se puso en conocimiento de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 21 de junio de 2018. Es decir, más de diez (10) días después de su captura el día 11 del mismo mes y año.
iii) El actor no podía ser capturado porque aún se presume su inocencia hasta que se resuelva el recurso extraordinario de casación.
iv) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca interpretó erróneamente la constitucionalidad condicionada del artículo 298 de la Ley 906 de 2004, declarada en la Sentencia C-042 de 2018.
v) La decisión del tribunal no podía fundamentarse en las sentencias proferidas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia porque son anteriores a la Sentencia C-042 de 2018 y, por tanto, se contradicen.
3.2.3. Los primeros tres argumentos fueron planteados por la esposa del actor en la demanda de habeas corpus. En efecto, señaló lo siguiente:
“Mi esposo tiene tramitando actualmente un RECURSO DE CASACIÓN ante la Corte Suprema de Justicia por haber sido condenado por el Juzgado 30 Penal del Circuito y confirmado por el Tribunal de Bogotá a la pena de 9 años por delito de porte ilegal de armas, estando a cargo del Magistrado EYDER PATIÑO CABRERA. Es decir, mi esposo todavía conserva la presunción de inocencia teniendo en cuanta (sic) el recurso que se encuentra tramitando.
Después de haber sido puesto a disposición del CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES desconocemos cual fue el trámite que realizaron para legalizar la captura de mi esposo, ya que en ningún momento el abogado fue citado y tampoco un JUEZ DE GARANTÍAS legalizó su captura.
Mi esposo igualmente estuvo detenido en la Estación de Bosa por más de 20 días y no fue puesto a disposición del Juzgado 30 Penal del Circuito y tampoco ante la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA y solo hasta ahora por información de la página web de la Rama Judicial, con fecha 21 de junio – constancia secretarial – dice que el CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES MEDIANTE boleta de detención No. 166651 y cancelación de orden de captura 3674, LEGALIZÓ LA CAPTURA del señor HAROLD SMITH CORTÉS SÁEZ. Esta constancia se adjunta para su análisis”.
3.2.4. Estos cargos fueron analizados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, en el auto del 11 de julio de 2018, consideró lo siguiente:
“Con relación al primer cargo, debe señalarse que el Despacho no le halla razón por cuanto el hecho de que una sentencia condenatoria proferida por un Juez Penal se encuentre apelada o en trámite de casación no impide que se disponga el cumplimiento de una pena de prisión, frente a la cual además se negó el subrogado penal de suspensión provisional de la ejecución de la pena.
Se tiene que los arts. 190 y 450 de la Ley 906 de 2004 establecen:
(…)
De las normas anteriores se desprende que la Ley prevé el cumplimiento de una pena privativa de la libertad puede ejecutarse independientemente de que el proceso penal se encuentre en instancia de apelación o casación.
Al respecto, y frente a un caso donde se discutió el punto aquí abarcado, se tiene que la Sala Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante auto dictado el 31 de agosto de 2017 en sede de impugnación de la acción de habeas corpus No. 50069 (AHP5786-2017), señaló:
(…)
En consonancia con lo anterior, la misma Sala de la Corporación citada, en sentencia de tutela dictada el 6 de marzo de 2018, No. de radicación 97371 (STP3373), indicó:
(…)
De acuerdo con lo anterior, el hecho de que se haya interpuesto recurso de casación en el proceso penal No. 2018-00261, y que dicho medio de impugnación se encuentre pendiente de admisión, no impide que pueda ejecutarse la pena de prisión impuesta contra el accionante mediante la sentencia del 1° de septiembre de 2017 dictada por el Juzgado 30 Penal del Circuito de Bogotá D.C., decisión que fue confirmada por el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.S. a través de sentencia del 16 de febrero de 2018, habida cuenta que en el fallo de primera instancia se ordenó librar orden de captura con fundamento en el art. 450 de la Ley 906 de 2004 para que el sr. CORTÉS SAEZ ‘entre a descontar la pena’.
(…)
Ahora bien, en relación al cargo planteado en el sentido de que la captura del accionante no se legalizó ante Juez de Control de Garantías, en consonancia con lo resuelto por la H. Corte Constitucional en la sentencia C-042 de 2018, considera el Despacho que el mismo tampoco prospera por lo siguiente:
(…)
De acuerdo con lo analizado por la H. Corte Constitucional en la sentencia C-042 de 2018, el capturado en virtud de una orden judicial impartida en sentencia debe ponerse a disposición del juez de conocimiento o, en su defecto, del Juez de Control de Garantías en las 36 horas siguientes a la aprehensión.
(…)
A través del oficio No. S-2018- del 12 de junio de 2018 el Comandante de la Patrulla cuadrante 44-2 CAI Villa del Río de Bogotá D.C. deja al sr. CORTÉS SAEZ a disposición del Juzgado 30 Penal del Circuito de Bogotá D.C. con funciones de conocimiento.
El Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá D.C. emitió la Boleta de Detención o Encarcelación No. 100 el 12 de junio de 2018 a las 10:15 am, dirigido al Director del Complejo Carcelario y penitenciario Metropolitano de Bogotá D.C. ´COMEB´LA PICOTA, mediante el cual se ordenó trasladar al sr. CORTÉS SAEZ al centro carcelario para que cumpla la condena impuesta por el Juzgado 30 Penal del Circuito de Bogotá D.C. a través de sentencia del 1° de septiembre de 2017
(…)
Por tal motivo, la captura del accionante fue debidamente legalizada en observancia del término y la competencia establecida a partir de la interpretación fijada por la H. Corte Constitucional en la sentencia C-042 de 2018 frente al parágrafo 1° del art. 298 de la Ley 906 de 2004´…”.
3.2.5. La lectura de los apartes transcritos demuestran que el actor trata de convertir la tutela en una instancia adicional al trámite del habeas corpus en relación a estos cargos, porque ya fueron resueltos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Debe recordarse que en estos casos, al juez de tutela le está prohibido inmiscuirse en la decisión del juez natural, so pena de desconocer los principios de autonomía e independencia judicial.
3.2.6. Respecto a los demás cargos, la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, por lo que serán estudiados de fondo.
3.3. Análisis del defecto sustantivo alegado
3.3.1. El defecto material o sustantivo, es aquel vicio relacionado con la interpretación y aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, que tiene una incidencia directa en la decisión y del que se puede predicar que de forma directa y autónoma lesiona los derechos fundamentales.
De esta forma, la jurisprudencia constitucional ha considerado este defecto se produce cuando el juez toma una decisión con fundamento en normas inexistentes, inconstitucionales o inaplicables al caso, lo que genera una contradicción evidente entre los fundamentos y la decisión.
Igualmente, puede presentarse cuando se interpreta una disposición en forma incompatible con las circunstancias fácticas y, por tanto, la interpretación dada por el juez resulta a todas luces improcedente. En estos casos, la jurisprudencia ha sido enfática en predicar que no cualquier interpretación inadecuada puede considerarse vulneradora del derecho al debido proceso, sino que esta debe ser abiertamente arbitraria y carecer de razonabilidad.
En atención a lo anterior, si bien el juez ordinario goza de autonomía e independencia para interpretar y aplicar las disposiciones del ordenamiento jurídico, el ejercicio de estas potestades no puede ser caprichoso.
3.3.2. Según el actor, la Subsección “F” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en este defecto por dos motivos: (i) interpretó erróneamente la Sentencia C-042 de 2018 proferida por la Corte Constitucional y (ii) no podía fundamentar su decisión en las sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia porque, al ser expedidas antes de la vigencia de la Sentencia C-042 de 2018, se contradicen con la interpretación constitucional.
3.3.3. La Sentencia C-042 de 2018 declaró constitucional el parágrafo primero del artículo 298 de la Ley 906 de 2004 “EN EL ENTENDIDO de que el capturado deberá ponerse a disposición del juez de conocimiento o en su ausencia ante el juez de control de garantías, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la privación de la libertad”.
Lo anterior, junto con los apartes transcritos del auto del 11 de julio de 2018, permite concluir que el tribunal no interpretó de forma errónea la sentencia de constitucionalidad.
Por el contrario, se evidencia que dio cumplimiento a la interpretación constitucional porque negó la acción de habeas corpus sólo después de constatar que la captura del actor fue legalizada por el juez de conocimiento dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la privación de su libertad.
3.3.4. Como consecuencia de lo anterior, resulta irrelevante si las sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia sean o no anteriores a la Sentencia C-042 de 2018.
En otras palabras, en la medida que la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se ajusta a lo dispuesto en la Sentencia C-042 de 2018, no es relevante la fecha en que fueron proferidas las demás sentencias citadas en el auto acusado porque no se contradicen con la interpretación constitucional del artículo 298 de la Ley 906 de 2004.
3.3.5. En este orden de ideas, no fue demostrada la existencia de un defecto sustantivo en el caso bajo examen.
3.4. Como consecuencia de los argumentos antes esgrimidos, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela de la referencia
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el señor Harold Smith Cortés Sáez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Cópiese, notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Consejero
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Consejero
Folio 1 del expediente.
Folio 7 del expediente.
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; y v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela.
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución.
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Folios 1 a 2 del anexo.
Véase el folio 9 del cuaderno No. 4 del expediente penal No. 2012-02605.
Véase el folio 7 del cuaderno No. 4 del expediente penal No. 2012-02605.
Folios 86 a 90 del anexo.
Sentencia SU-159 de 2002 proferida por la Corte Constitucional.
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