Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01284-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01284-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-01284-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
27 de abril de 2023
Demandante: Julio César Orozco Martínez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección A.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01284-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01284-00
Demandante: JULIO CÉSAR OROZCO MARTÍNEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN A
Tema: Tutela contra providencia judicial – declara improcedente – relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela formulada por Julio César
Orozco Martínez contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. El señor Julio César Orozco Martínez, actuando por intermedio de apoderado
judicial, presentó acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado. El peticionario consideró que la autoridad judicial accionada
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad.
2. Desde el punto de vista de la parte actora, la trasgresión de las citadas
garantías constitucionales encontró sustento en la providencia proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera el 7 de marzo de 2023 que confirmó la decisión
de primer grado que, a su vez, negó por «improcedente» la acción de habeas corpus
presentada por el accionante con el fin de obtener su libertad por vencimiento de
términos1.
1 Rad. 13001-23-33-000-2023-00101-01.
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Julio César Orozco Martínez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección A.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01284-00
1.2. Pretensiones
3. La Sala en uso de las facultades interpretativas encuentra que el accionante
pretende por medio de este mecanismo constitucional el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la libertad; y en consecuencia, que se deje sin
efectos la providencia del 7 de marzo de 2023 proferida por la Sala Unitaria de
Decisión conformada por la Consejera Marta Nubia Velásquez, quien a su vez
integra la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, en la que, se
reitera, confirmó la decisión del 3 de marzo de este año del Tribunal Administrativo
de Bolívar en la que negó por improcedente la petición de habeas corpus.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
4. El 26 de octubre de 2022, el señor Julio César Orozco Martínez fue privado
de su libertad, porque en su contra se adelanta un proceso penal por la comisión
del delito de acceso carnal violento agravado (en concurso heterogéneo con actos
sexuales violentos agravados en concurso con lesiones personales), en la persona
de su hijastra, determinación adoptada por el Juzgado 9.º Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Cartagena.
5. En el curso del proceso penal adelantado contra el accionante, aquel
mediante agente oficioso, presentó acción de habeas corpus contra el Juzgado 4.º
Penal del Circuito de Conocimiento de Cartagena, la Fiscalía 48 Seccional de
Cartagena y el Centro de Servicios Judiciales de Cartagena. Esto, con el fin de que
se le concediera su libertad por vencimiento de términos, pues desde la fecha en la
que se decretó la medida de aseguramiento (26 de octubre de 2022) habían
transcurrido más de 120 días, sin que se haya realizado la audiencia de acusación 2.
6. Al efecto, sostuvo que la mencionada diligencia se programó para los días 17
y 22 de febrero de 2023, pero no se llevó a cabo por razones atribuibles al Juzgado
4º Penal del Circuito de Conocimiento de Cartagena, el cual fijó para el 9 de marzo
como nueva fecha para celebrarla.
7. El peticionario agregó que, en el proceso penal que se sigue en su contra
solicitó que se fijara fecha de audiencia de libertad por vencimiento de términos,
pero le dieron el tratamiento de una audiencia ordinaria, pues la fijaron para el 15
de marzo de 2023, es decir, en una fecha posterior a la programada para la
audiencia de acusación, con lo cual se subsanaría la prolongación injusta de su
libertad.
2 Código de Procedimiento Penal. Artículo 317. Causales de libertad. <Artículo modificado por el
artículo 2 de la Ley 1786 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Las medidas de aseguramiento indicadas en
los anteriores artículos tendrán vigencia durante toda la actuación, sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo
1o del artículo 307 del presente código sobre las medidas de aseguramiento privativas de la libertad. La libertad
del imputado o acusado se cumplirá de inmediato y solo procederá en los siguientes eventos:
(…)
5. Cuando transcurridos ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de
acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio.
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Demandante: Julio César Orozco Martínez
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8. Adujo que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia, la audiencia de libertad debe llevarse a cabo dentro de los 3 días siguientes
a su radicación, y su no realización en dicho término, impone la libertad del
imputado.
9. De la solicitud de habeas corpus conoció el Tribunal Administrativo de
Bolívar. Esa autoridad judicial en providencia del 3 de marzo de 2023 negó por
«improcedente» dicha petición por considerar que «el detenido debe esperar a que
el juez natural del proceso, en este caso el de control de garantías resuelva su
solicitud de libertad».
10. En este sentido, el juez de primer grado sostuvo que el accionante ya tenía
programada una audiencia en la que se resolvería su solicitud de libertad (15 de
marzo), por lo que cuenta, con esa oportunidad para plantear sus argumentos, con
independencia de que para ese momento ya se hubiere realizado la audiencia de
acusación.
11. Agregó que, si bien el funcionario judicial tiene un plazo máximo de 3 días
hábiles para realizar la audiencia respectiva, lo cierto es que el Centro de Servicios
Judiciales de Cartagena informó acerca del elevado número de solicitudes de
libertad y la existencia de pocos juzgados de control de garantías, lo que impedía
que dichas solicitudes se realizaran en el término establecido en la normativa que
regula la materia.
12. Contra la anterior decisión, la parte accionante presentó recurso de
apelación, el cual fue resuelto por la Sala Unitaria de Decisión conformada por la
magistrada Marta Nubia Velásquez, quien a su vez integra la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, que, en providencia del 7 de marzo de
2023, resolvió confirmar la decisión de primer grado, bajo los siguientes
argumentos:
13. En concreto, precisó que de conformidad con el artículo 317 numeral 5º del
Código de Procedimiento Penal (CPP), el plazo para que opere la libertad del
accionante no ha vencido. Esto, habida consideración de que su cómputo inició a
partir del 24 de enero de 2023 (fecha de presentación del escrito de acusación) y al
momento de la decisión de segunda instancia del habeas corpus, habían
transcurrido solo 41 días.
14. De otro lado, la juez de segunda instancia señaló que el accionante confundió
el término para presentar el escrito de acusación (artículo 317 numeral 4 del CPP)
con el plazo para surtir el juicio oral (artículo 317 numeral 5) sin tener en
consideración que esa primera fase ya había finalizado, pues el escrito de acusación
se presentó el 24 de enero del año en curso, con lo cual inició una nueva etapa del
proceso penal y no era viable predicar la procedencia del habeas corpus.
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15. Luego, el 8 de marzo de 2023, el agente oficioso del señor Julio César Orozco
presentó memorial ante la autoridad judicial de segundo grado, en el que solicitó
que se declarara que la decisión por ella adoptada era un «el acto irregular» y de
manera subsidiaria que se decretara la nulidad de todo lo actuado.
16. La magistrada ponente de la decisión de segunda instancia en providencia
del 9 de marzo de 2023 rechazó por improcedente la petición contenida en el escrito
radicado el 8 de marzo de ese mismo año.
1.4. Fundamentos de la vulneración
17. De la lectura del escrito de tutela se infiere que el accionante consideró que
la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales por los
siguientes motivos:
18. Señaló que el operador judicial que decidió en segunda instancia la acción
de habeas corpus incurrió en «error» al tener en cuenta para efectos de decidir
sobre su libertad por vencimiento de términos, el plazo contemplado en el numeral
5.º del artículo 317 del CPP, pues para aplicar aquella es necesario que ya se haya
realizado la audiencia de acusación, lo cual no había ocurrido en el caso concreto.
Por esto, en su sentir emplear al plazo contemplado en el numeral 4.º de esa misma
disposición normativa.
19. Luego, el tutelante citó la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que
establece que «cuando deben adoptarse decisiones que se refieran a la libertad
provisional del imputado o acusado, el funcionario judicial dispondrá máximo de 3
días hábiles para realizar la audiencia respectiva»3. Esto para indicar que la
audiencia para decidir sobre su libertad se programó de manera «tardía y
trasnochada» la audiencia de vencimiento de términos que en su consideración «es
el atropello grosero del derecho fundamental de la libertad y de locomoción».
20. Así las cosas, la Sala en uso de las facultades interpretativas enmarca los
reproches alegados por el peticionario en los defectos sustantivo y desconocimiento
del precedente.
1.5. Trámite de la acción de tutela
21. En auto del 15 de marzo de 2023, el magistrado ponente de la decisión
inadmitió la acción de tutela y concedió el término de 3 días para que la persona
que figuraba como agente oficioso aportara prueba, siquiera sumaria, que
acreditara la imposibilidad del agenciado para acudir personalmente a reclamar la
protección de sus derechos fundamentales; y especificara el o los defectos que le
adjudicaba a la decisión enjuiciada.
3 Corte Suprema de Justicia. Providencia del 30 de agosto de 2012. Rad. 39.804.
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22. En cumplimiento de lo anterior, el señor Mufid Kamell Cure Molina presentó
el poder judicial otorgado por el señor Julio César Orozco Martínez para actuar en
este proceso. Sin embargo, no realizó las precisiones solicitadas en el auto
inadmisorio.
23. Posterior a ello, en auto del 29 de marzo de 2023, el magistrado ponente de
la decisión admitió la acción de tutela formulada por Julio César Orozco Martínez
contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
24. Además, ordenó la vinculación como terceros con interés del Tribunal
Administrativo del Bolívar, del Juzgado 4º Penal con funciones de Conocimiento del
Circuito Judicial de Cartagena, de la Fiscalía 48 Seccional de Cartagena y del
Centro de Servicios Judiciales de Cartagena y de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
1.6. Informes
25. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se
presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
26. La magistrada ponente de la decisión reprochada rindió informe en el que
solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, debido a que no cumple
con el requisito general de relevancia constitucional.
27. Al efecto, mencionó que la solicitud de amparo denota una evidente falta de
carga argumentativa y con aquella se pretende que el juez constitucional realice un
nuevo estudio de la petición de habeas corpus para determinar si el accionante
tendría derecho o no a su libertad por vencimiento de términos, lo que desnaturaliza
el ejercicio –de por si excepcional– de la acción de tutela contra providencia judicial
proferida por una alta corte.
1.6.2. Fiscalía 48 Seccional de Cartagena
28. El ente investigador rindió informe en el que señaló que el actuar del señor
Julio César Orozco Martínez era temerario. Esto, porque previamente recurre a la
acción constitucional de manera «repetitiva», pretendiendo su libertad, con
fundamento en los argumentos que esgrime en la actual solicitud de amparo.
29. Al efecto, trajo a colación el fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cartagena en el que declaró improcedente una solicitud de
amparo presentada por el apoderado judicial del accionante contra el Juzgado 4.º
Penal con Funciones de Conocimiento del Circuito Judicial de Cartagena por la
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presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y libertad
de locomoción4.
1.6.3. Juzgado 4.º Penal con Funciones de Conocimiento del Circuito Judicial
de Cartagena
30. El juzgado vinculado a este trámite constitucional rindió informe en el que
señaló que el 9 de marzo de 2023 se celebró audiencia de acusación contra el
accionante y se encuentra programada audiencia preparatoria para el 21 de abril de
2023, a las 8:30 a.m.
31. Por lo anterior, adujó que al interior del proceso penal se han respetado los
derechos y garantías del procesado, toda vez que las audiencias que inician la etapa
de juicio oral se han celebrado dentro de los términos procesales establecidos para
ello.
32. Por otro lado, anotó que desde la audiencia de acusación (9 de marzo de
2023) hasta la fecha en que rindió el informe habían transcurrido solo 22 días. Por
esto, el término de 120 días para solicitar la libertad con fundamento en el numeral
5.º del artículo 317 del CPP no habían fenecido.
33. Con fundamento en lo anotado, el tercero con interés concluyó que no ha
existido vulneración de derechos fundamentales al debido proceso y de defensa
respecto del acusado Julio Cesar Orozco Martínez. Por esto, solicitó que se
declarara improcedente la solicitud de amparo.
34. El Tribunal Administrativo de Bolívar se limitó a remitir el expediente ordinario
y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Centro de Servicios
Judiciales de Cartagena, pese a que fueron notificadas guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
35. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
el señor Julio César Orozco Martínez contra el Consejo de Estado – Sección
Tercera – Subsección A. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991
y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
4 Rad. 13001220400020230010600.
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Demandante: Julio César Orozco Martínez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección A.
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2.2. Cuestión previa – sobre la duplicidad de solicitudes de amparo
36. De conformidad con la información suministrada por el apoderado judicial de
la Fiscalía 48 Seccional de Cartagena y verificado el sistema de consulta de
procesos de la Rama Judicial, la Sala evidencia que el señor Mufild Kamell Molina,
como agente oficioso de Julio César Orozco Martínez radicó la siguiente acción de
tutela contra el Juzgado 4º Penal con Funciones de Conocimiento del Circuito
Judicial de Cartagena:
• Tutela rad. 13001-22-04-000-2023-00106-00: El señor Mufild Kamell Molina como
agente oficioso del señor Julio César Orozco Martínez presentó acción de tutela
contra el Juzgado 4.º Penal con funciones de conocimiento del Circuito Judicial de
Cartagena. Esto, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso y a la libertad de su agenciado. El Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena decidió la solicitud de amparo en sentencia del 27 de marzo
de 2023 en la que declaró improcedente la acción de tutela instaurada por el señor
Mufild Kamell Molina. Esto, porque consideró que este último no estaba legitimado
en la causa por activa para representar los intereses del señor Julio César Orozco
Martínez.
37. De esta forma, la Sección advierte de forma inmediata que la acción de tutela
en cuestión con la que se decide en esta oportunidad, no comparte la triple identidad
(de parte, de causa petendi y de objeto) a la que se refiere el artículo 38 del Decreto
2891 de 19915 y la Corte Constitucional6 para que se configure el fenómeno de la
temeridad, como se pasa a evidenciar en el siguiente gráfico:
Presupuesto Expediente Expediente ¿cumple identidad?
13001-22-04-000-2023- 11001-03-15-000-2023-
00106-00 01284-00
Demandante: Mufild Demandante: Julio César NO.
Kamell Molina como agente Orozco Martínez a través del Las partes
Identidad de
oficioso del señor Julio apoderado judicial – Mufild demandante y
partes
César Orozco Martínez Kamell Molina. demandado difieren
5 ARTÍCULO 38. ACTUACIÓN TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma
acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos
hechos y derechos será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos
años. En caso de reincidencia, se cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás
sanciones a que haya lugar. (Negrilla y subrayado fuera del texto).
6 Sobre el ejercicio temerario de la acción de tutela, esta Corporación, en reiterada jurisprudencia ha
desarrollado los aspectos a tener en cuenta para abordar su posible configuración. Entre ellos, ha
sostenido que deben analizarse los siguientes: 1. Que se presente una identidad de procesos, esto
es, que las acciones de tutela presentadas de manera simultánea o sucesiva tengan una triple
identidad, a saber, se trata de las mismas partes, se plantean los mismos hechos y la misma solicitud.
2. Que el caso no sea uno de aquellos considerados como excepcionales que no constituyen una
actuación temeraria, de acuerdo con lo señalado explícitamente por la ley o la jurisprudencia. 3. Que
en caso de presentarse una solicitud de tutela que pretenda ser diferente a una anterior con la que
guarda identidad (a partir de un desarrollo argumentativo diferente) el juez constitucional acredite
que, en realidad, los dos procesos tienen las mismas partes, se sustentan en las mismas razones y
solicitud. Corte Constitucional. Sentencia SU-027 de 2021.
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Presupuesto Expediente Expediente ¿cumple identidad?
13001-22-04-000-2023- 11001-03-15-000-2023-
00106-00 01284-00
Demandado: Juzgado 4.º Demandado: Consejo de en las 2 solicitudes
Penal con funciones de Estado – Sección Tercera – de amparo.
conocimiento del Circuito Subsección A
Judicial de Cartagena
Considera vulnerados los Considera vulnerados sus NO. Considera
derechos fundamentales derechos fundamentales vulnerados sus
del señor Orozco Martínez porque la Subsección A de la derechos
porque el Juzgado 4.º Penal Sección Tercera de esta fundamentales por
Identidad de con funciones de Corporación en la diferentes motivos en
causa conocimiento del Circuito providencia que confirmó la diferentes procesos,
Judicial de Cartagena no ha decisión que negó el habeas el primero en el penal
otorgado su libertad por corpus por él interpuesto con y el segundo dentro
vencimiento de términos. el fin de obtener su libertad del trámite de habeas
por vencimiento de términos. corpus.
Se pretende el amparo de Se pretende el amparo de NO. Es diferente lo
sus derechos sus derechos fundamentales pretendido en cada
fundamentales y en y en consecuencia que se una de las acciones
consecuencia que el deje sin efectos la decisión de constitucionales.
Identidad de Juzgado 4.º Penal con 3 de marzo de 2023 proferida
objeto funciones de conocimiento por la autoridad judicial
del Circuito Judicial de accionada.
Cartagena disponga su
libertad por vencimiento de
términos.
38. En razón de lo anterior, esta Sección considera que no se reúnen los
elementos para que se configure la cosa juzgada y la temeridad, razón por la que
no hay lugar a declararla en esta instancia procesal y pasará a pronunciarse en
primera instancia sobre la actual solicitud de amparo.
2.3. Legitimación en la causa
39. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
40. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el
señor Julio César Orozco Martínez se encuentra legitimado en la causa por activa.
Esto porque figura como demandante en la acción de habeas corpus en el que se
profirió la providencia aquí cuestionada.
41. Por su parte, esta Colegiatura encuentra que la Sala de Decisión Unitaria
conformada por la magistrada Marta Nubia Velásquez Rico, quien a su vez integra
la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, está legitimada en la
causa por pasiva al ser la autoridad judicial que profirió la decisión reprochada en
esta oportunidad.
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2.4. Problemas jurídicos
42. El primer problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en
determinar si concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela, en especial la exigencia de relevancia constitucional.
43. De encontrarse superados los mismos, la Sala analizará lo siguiente:
44. ¿La Sala de Decisión Unitaria conformada por la magistrada Marta Nubia
Velásquez Rico de la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad del accionante,
por incurrir en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente con la
providencia proferida el 3 de marzo de 2023 que confirmó lo resuelto por el a quo,
que a su vez, negó la petición de habeas corpus presentada por el señor Julio César
Orozco Martínez con el fin de obtener su libertad por vencimiento de términos?
2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial y en especial sobre las decisiones que deciden las peticiones habeas
corpus
45. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20127. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema8. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales9.
46. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 10. En este fallo se
establecieron seis requisitos generales de procedencia11 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Radicado No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
9 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Radicado No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
11 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05
de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
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47. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:
i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
48. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se
intente reabrir el debate de instancia.
49. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
50. Finalmente, es preciso señalar que la Corte precisó que el uso de la acción
de tutela para controvertir una decisión que protege la libertad individual solo puede
ser posible bajo dos condiciones12:
i) la acción de tutela contra las providencias dictadas en el marco de la acción
constitucional de habeas corpus debe cumplir, en primera medida, los requisitos
genéricos y específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales y ii) cuando se trata de controvertir, en específico, la decisión que concede
el habeas corpus, su procedencia es excepcionalísima, por lo que las circunstancias
de cada caso concreto deben evaluarse “a fin de evidenciar actuaciones judiciales
manifiestamente irrazonables o fraudulentas”.
51. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar sí en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia
constitucional y solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la
sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
12 Corte Constitucional. Sentencia T-487 de 2019.
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2.6. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad
2.6.1. Relevancia constitucional
52. Sobre esta exigencia, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de
2022 modificó la postura que venía aplicando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que
se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible
vulneración de una garantía constitucional13.
53. Así, la Sala de Decisión en esta oportunidad, se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompañado con los criterios establecidos por
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron acogidos
por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera
instancia.
54. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial “el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
55. Asimismo, enfatizó en que, cuando se discute una providencia de una Alta
Corte, el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía,
en la materialización del principio de igualdad”.
56. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para “lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución”.
57. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a decidir
si en el presente caso los reproches planteados por los accionantes respecto de la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, revisten o no de
relevancia constitucional, de conformidad con los criterios antes planteados y
atendiendo a los fines acogidos por la Corte Constitucional y esta Corporación.
2.6.2. Análisis del requisito general de relevancia constitucional en el caso
concreto
58. Al respecto, para la Sala resulta pertinente reiterar, como se señaló en los
antecedentes de este proveído, que, al verificar la argumentación expuesta en el
escrito de tutela, el debate se circunscribe a los siguientes yerros:
59. En primer lugar, el accionante considera que la autoridad judicial accionada
incurrió en un defecto sustantivo por indebida aplicación de la norma, pues incurrió
en «error» al tener en cuenta para efectos de decidir sobre su libertad por
vencimiento de términos, el plazo contemplado en el numeral 5.º del artículo 317 del
CPP, pues para dar aplicación a aquella es necesario que ya se haya realizado la
audiencia de acusación, lo cual no había ocurrido en el caso concreto.
60. En segundo lugar, el peticionario mencionó que la autoridad judicial
accionada desconoció la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que
establece que cuando deben adoptarse decisiones referentes que se refieran a la
libertad provisional del imputado o del acusado, el funcionario judicial dispondrá
máximo de 3 días hábiles para realizar la audiencia respectiva14, lo cual fue omitido
por el operador judicial, pues desconoció que en el proceso penal la audiencia para
decidir sobre su libertad se programó de manera «tardía y trasnochada» lo que en
su consideración «es el atropello grosero del derecho fundamental de la libertad y
de locomoción.
14 Corte Suprema de Justicia. Providencia del 30 de agosto de 2012. Rad. 39.804.
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61. En los términos en que ha sido propuesta la controversia, la Sección nota
que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de tutela se dirigen
de manera exclusiva a discutir los argumentos que fueron debatidos en las
instancias respectivas de la acción de habeas corpus referente a si había lugar a
conceder la libertad del accionante por vencimiento de términos y porque no se
programó la audiencia para decidir sobre aquella dentro de la oportunidad prevista
por la Corte Suprema de Justicia, como pasa a explicarse.
62. En efecto, esta Sala observa que los anteriores argumentos fueron
abordados por el juez de segundo grado en la providencia del 3 de marzo de 2023
en la que se confirmó la decisión de primera instancia que negó por improcedente
la acción pública de habeas corpus, como se pasa a explicar.
63. En primer lugar, la autoridad judicial accionada en la providencia cuestionada
aclaró que el fundamento de la acción pública ejercida por el accionante radica en
el hecho de que se hubiere vencido el plazo previsto en el numeral 5.º del artículo
317 del CPP sin que se haya realizado la audiencia de acusación, mas no por el
hecho de que la solicitud de libertad elevada por el señor Orozco Martínez hubiese
sido programada para una fecha posterior a la audiencia de acusación, pues ese
argumento constituye un reproche frente al hecho de que, cuando se resuelva la
petición de libertad habría desaparecido su fundamento.
64. Por lo anterior, el juez de segunda instancia consideró que aunque el
accionante aludiera al numeral 4.º del artículo 317 del CPP, lo cierto es que el
fundamento normativo de la acción constitucional «es el numeral 5.º de dicha
disposición legal», sin que en su sentir fuera necesario estudiar como lo hizo el a
quo si las razones expuestas por el Centro de Servicios Judiciales de Cartagena
para programar la audiencia de libertad en una fecha posterior a la fijada para
realizar la audiencia de acusación era admisible o no, pues la acción de habeas
corpus no se sustentaba en ese aspecto.
65. Luego de realizada la aclaración, la Sala Unitaria de Decisión estudió si en
efecto se cumplía en el caso concreto uno de los presupuestos para conceder el
habeas corpus, esto es, cuando la privación de la libertad haya sido prolongada
indebidamente en el tiempo.
66. Lo anterior, a partir del material probatorio que obraba en el plenario y en
atención a los términos establecidos en el numeral 5.º del artículo 317 del CPP que
establece que la libertad procede cuando trascurridos los 120 días contados a partir
de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la
audiencia de juicio. A partir de este análisis, concluyó:
El 24 de enero de 2023, la Fiscalía 48 Seccional de Cartagena presentó escrito de
acusación para que fuera sometido a reparto, correspondiendo su conocimiento al
Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esa ciudad, el cual fijó los días 17 y 22 de
febrero de 2023 para la celebración de la audiencia de acusación, pero no se pudo
llevar a cabo, por lo que se reprogramó para el próximo 9 de marzo de 2023.
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Aunque la información que reposa en la actuación no permite establecer cuáles
fueron las razones por las que no se pudo celebrar la mencionada audiencia -en
las fechas inicialmente programadas-, lo cierto es que el plazo previsto en el
ordenamiento jurídico para que opere la libertad (artículo 317-5 CPP) no ha
vencido, habida consideración de que inició su cómputo a partir del 24 de enero
del año en curso (fecha de presentación del escrito de acusación), por lo que han
transcurrido 41 días.
De otro lado, conviene aclarar que en el escrito de habeas corpus se confunde el
término para presentar el escrito de acusación (artículo 317-4), con el plazo para
surtir el juicio oral (artículo 317-5), sin tener en consideración que esa primera fase
ya finalizó, pues el escrito de acusación se presentó el 24 de enero del año en
curso, con lo cual inició una nueva etapa del proceso penal y, en ese sentido, no
es viable predicar la procedencia del habeas corpus.
(…). (Subrayado fuera de texto)
67. Por lo anterior, la Sala Unitaria de Decisión conformada por la magistrada
Marta Nubia Velásquez Rico confirmó la decisión de primer grado, bajo la premisa
de que aún no se encontraba vencido el plazo establecido en el numeral 5.º del
artículo 317 del CPP para concederle la libertad al accionante.
68. Ahora bien, como se dijo al inicio de este acápite el accionante para
sustentar la vulneración de los derechos invocados en este mecanismo
constitucional, expuso nuevamente los argumentos señalados en la solicitud de
habeas corpus.
69. Así, nuevamente el señor Julio César Orozco Martínez en ejercicio de la
acción pública de habeas corpus, solicitó que se concediera su libertad por
vencimiento de términos. Esto, porque desde la fecha en la que se decretó la
medida de aseguramiento habían transcurrido más de 120 días sin que se hubiese
realizado la audiencia de acusación15. También, adujo que, de conformidad con la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la audiencia de libertad debe
llevarse a cabo dentro de los 3 días siguientes a su radicación, y su no realización
en dicho término, impone la libertad del imputado.
70. Nótese entonces que, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de
vicio o defectos a dichos argumentos es evidente que los fundamentos que soportan
la interposición de la acción de tutela son una reproducción de los que planteó en la
solicitud de habeas corpus y se dirigen de manera exclusiva a controvertir la
decisión adoptada, en el sentido de que se ordene conceder su libertad por
vencimiento de términos, planteamiento que constituye una insistencia al cargo
15 Código de Procedimiento Penal. ARTÍCULO 317. CAUSALES DE LIBERTAD. <Artículo modificado por
el artículo 2 de la Ley 1786 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Las medidas de aseguramiento indicadas
en los anteriores artículos tendrán vigencia durante toda la actuación, sin perjuicio de lo establecido en el
parágrafo 1o del artículo 307 del presente código sobre las medidas de aseguramiento privativas de la libertad.
La libertad del imputado o acusado se cumplirá de inmediato y solo procederá en los siguientes eventos:
(…)
5. Cuando transcurridos ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de
acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio.
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central de reproche que fue expuesto y debatido durante el trámite de la acción de
hábeas corpus.
71. Entonces, para la Sala resulta notorio que este mecanismo de amparo se
interpuso para revivir una discusión ya superada en un trámite agotado y no así para
poner de manifiesto una amenaza o vulneración de los derechos fundamentales.
72. Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela no reviste de
relevancia constitucional. Esto, porque el accionante con argumentos idénticos
pretende reabrir un debate jurídico sobre la manera en que ha de aplicarse una
disposición normativa para efectos de determinar si procede o no la concesión de
la libertad por vencimiento de términos, así como de la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia para efectos de determinar si las autoridades penales
incurrieron en algún yerro en la programación de la audiencia para decidir sobre su
libertad. No obstante, dichos argumentos ya fueron analizados en las instancias
respectivas de la acción de habeas corpus.
73. Al respecto, esta Sección reitera que en materia de tutela contra providencias
judiciales que se profieren en el curso de las acciones públicas de habeas corpus,
el juez del amparo no está facultado para pronunciarse sobre los cuestionamientos
planteados por el actor en contra de las providencias objeto de reproche por cuanto,
ya fueron estudiados y analizados por el juez del habeas corpus, sin que además
se advierta que la decisión reprochada contenga un análisis manifiestamente
irrazonable o esté fundada en una situación de fraude16.
74. Sobre este punto, es importante también señalar que si bien el accionante
invocó como vulnerado el derecho fundamental a la libertad individual, el cual de
acuerdo a la Corte Constitucional es uno de los pilares del Estado constitucional y
democrático de derecho y su protección se hace efectiva mediante diversas
garantías, es indudable que el habeas corpus es la herramienta más significativa
«al punto que se considera como la acción de tutela de la libertad»17. En ese orden
de ideas, realizar un nuevo análisis en esta oportunidad, excedería la órbita de este
juez constitucional, pues es de la competencia del juez que conoció el habeas
corpus, a quien le compete por excelencia de decidir sobre si procede o no la
libertad.
75. En consecuencia, por los motivos aquí expuestos, la Sala declarará la
improcedencia de la solicitud de amparo presentada por el señor Julio César Orozco
Martínez por no superar el requisito general de relevancia constitucional.
16 Al respecto, consultar, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta. Sentencias del 31 de octubre de 2018. Rad.11001-03-15-000-2018-02579-00; del 3
de octubre de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-04070-00; y del 12 de marzo de 2020, expediente
08001-23-33-000-2019-00834-01(AC).
17 Corte Constitucional. Sentencia T-487 de 2019.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Julio César Orozco Martínez, por no superar el requisito general de relevancia
constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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