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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01450-01

Fecha
22 de agosto de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01450-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase la sentencia del 14 de mayo de 2024, a través de la cual la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el presupuesto de la relevancia constitucional respecto de los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente y, a su vez, negó frente al defecto fáctico, conforme a lo señalado en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-01450-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

22 de agosto de 2024

Demandante: Omar Francisco Cañón Alfaro
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otros
Rad: 11001-03-15-000-2024-01450-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., veintidós (22) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01450-01
Demandante: OMAR FRANCISCO CAÑÓN ALFARO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Y OTROS

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Confirma

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide la impugnación instaurada por la parte demandante, contra la
sentencia del 14 de mayo de 2024, a través de la cual la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de
tutela por no cumplir el presupuesto de la relevancia constitucional respecto de
los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente y, a su vez, negó
frente al defecto fáctico.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito del 22 de marzo de 2024, el señor Omar Francisco Cañón
Alfaro presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Casanare y
el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Yopal, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales a la libertad, a la igualdad y al
debido proceso, con ocasión de las sentencias del 7 y 12 de marzo de 2024,
proferidas en el proceso de habeas corpus identificado con el radicado número
85001-33-33-003-2024-00039-00/01.

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Demandante: Omar Francisco Cañón Alfaro
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otros
Rad: 11001-03-15-000-2024-01450-01

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora pretende:

Respetuosamente solicito A LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
que no habiendo otro procedimiento jurídico para obtener la libertad pronto, y
habiendo violado principios fundamentales por parte del el juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Yopal, cuando no resolvió la LIBERTAD, solicitada
dentro de los términos por parte de la defensa, por vía de hechos le niega la
libertad, y después el Tribunal Administrativo de Casanare, que de una forma
anormal, por un invento jurídico POR UNA VÍA DE HECHOS, le niegan
igualmente un derecho adquirido por mandato de un Juez de la república de
Colombia, cuando el defensor apela la prórroga de la medida de aseguramiento y
fue revocada dentro de la aplicación del Código de Procedimiento Penal, solicitó
la libertad, en vista que se habían vencido los términos de la medida que son de
un año; son estas las razones que solicito tutelar el derecho fundamental de la
libertad, artículo 28 de nuestra Constitución Política Nacional y el DERECHO A
LA IGUALDAD, artículo 13 de la misma Carta Magna, a FAVOR, Y EL
ARTÍCULO 29 DE LA MISMA CARTA MAGNA, en consecuencia decretar LA
LIBERTAD INMEDIATA a que tiene derecho; por intermedio de ACCION DE
TUTELA POR EXCESO DE VIAS DE HECHO, acorde con lo contemplado en el
artículo 86 de la Constitución Nacional y de conformidad con lo preceptuado en
los Decretos 2591 de 1991, 14 Decreto Número 306 de febrero 19 de 1992 y
normas concordantes en contra de LA DECISIÓN DEL TRIBUAL [administrativo]
DE CASANARE, DONDE NIEGAN LA LIBERTAD RESOLVIENDO UN
RECURSO DE APELACIÓN, EN VIOLACION DIRECTA AL ARTICULO,
ARTÍCULO 28 Y 29 DE LA CARTA POLITICA DE COLOMBIA.

En conclusión, mi petición es la siguiente que mediante fallo de tutela se declare:

“Primero: QUE SE TUTELE EL DERECHO A LA LIBERTAD VULNERADO POR
VIA DE HECHO POR LA SEÑORA JUEZ TERCERA [Administrativo] DEL
CIRCUITO DE YOPAL, Y CONFIRMADO POR EL TRIBUNAL [Administrativo]
DE [Casanare]; NEGANDO EL DERECHO DE LIBERTAD A QUE TENGO
DERECHO COMO LO EXPUSE.”

1.3. Hechos

La parte actora sostuvo que el 1° de junio de 2022, el Juzgado 16 Penal
Municipal con función de control de garantías de Bogotá le impuso una medida
de aseguramiento de detención preventiva por la presunta comisión del ilícito de
acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.

Refirió que, la defensa del señor Cañón Alfaro solicitó la sustitución de la
medida impuesta y, en audiencia de 5 de julio de 2023, el Juzgado 44 Penal
Municipal con función de control de garantías de Bogotá la negó. En su lugar,
dispuso la prórroga de la misma. Añadió que apeló tal decisión.
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Expuso que, mediante sentencia de 17 de noviembre de 2023, el Juzgado 42
Penal de Circuito con función de conocimiento de Bogotá lo como autor del
mencionado delito. Indicó que esta decisión fue apelada.

Mencionó que, a través de sentencia de 4 de marzo de 2024, el Juzgado 18
Penal de Circuito con función de conocimiento de Bogotá, en calidad de juez de
segunda instancia de la solicitud de sustitución de medida de aseguramiento,
revocó la decisión de primer grado y “ordenó librar su boleta de libertad”.

Afirmó que, presentó un habeas corpus con la finalidad de que se ordenara su
libertad inmediata, pues a su juicio, la sentencia condenatoria proferida en su
contra había sido apelada, por lo que no estaba ejecutoriada. Además, porque
el Juzgado 42 Penal de Circuito con función de conocimiento de Bogotá nunca
ordenó su captura ni se refirió a su detención para que cumpliera la pena
proferida de acuerdo a los artículos 450 y 451 del CPP. Por tanto, la única
medida privativa de la libertad que le había sido impuesta era la proferida por el
Juzgado 16 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá,
pero como dicha decisión fue revocada, se ordenó su libertad.

Agregó que, de tal vía constitucional conoció en primera instancia el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Yopal, el cual mediante sentencia
de 7 de marzo de 2023 negó tal protección al advertir que la medida de
aseguramiento y, con ello, la privación de la libertad tuvo como sustento que el
investigado compareciera al proceso y no lo obstaculizara, y evitar un perjuicio
a la sociedad y/o a la víctima. Esto, porque no existía decisión alguna del
juzgador de segunda instancia que modificara o revocara la pena a impuesta al
accionante. Al respecto, adujo que en dicha decisión se mencionó:

Por otra parte, es necesario advertir que, si bien es cierto que la decisión de
segunda instancia que ordenó revocar la decisión de prorrogar la medida de
aseguramiento en contra del señor OFCA… se expidió con posterioridad a la
sentencia condenatoria… también lo es que los efectos de la medida terminaron
cuando se anunció el sentido del fallo, de tal forma que en estos momentos el
señor OFCA, no está privado de la libertad en virtud de la medida de
aseguramiento, sino de la sentencia condenatoria dictada en su contra,
independientemente que no se encuentre en firme con ocasión al recurso de
apelación impetrado por parte de la defensa.

Señaló que, impugnó la anterior decisión y que el Tribunal Administrativo de
Casanare la confirmó con fallo del 12 de marzo de 2024, al considerar
improcedente el aludido mecanismo judicial pues la restricción de su libertad no
se edificaba en irregularidad o arbitrariedad alguna, pues en “…el marco del
proceso penal que se adelantó en su contra, se profirió sentencia condenatoria
que el mismo afirma conocer desde el 17 de noviembre de 2023, de modo tal
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que se encuentra privado de la libertad, precisamente por encontrarse en la
actualidad cumpliendo la condena que le fue impuesta y que dada la conducta
sancionada no es posible aplicar las medidas sustitutivas de la pena, ni la
efectividad de la orden dada por el Juzgado 18 Penal del Circuito de Bogotá.”

Agregó que, en dicha providencia se indicó que, no podía acudir directamente
ante el juez constitucional del habeas corpus, por cuanto, para para ello, existía
el juez natural, en este caso, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, a
quien le corresponde decidir sobre la condena, como de cualquier solicitud
relativa a su libertad.

1.4. Sustento de la petición

La parte actora sostuvo que las sentencias demandadas no tuvieron ningún
sustento probatorio, pues no se revisaron las actas y audios de las audiencias
del proceso penal llevado a cabo por el Juzgado 42 Penal de Circuito con
funciones de conocimiento de Bogotá.

Refirió que, no hubo pronunciamiento sobre su libertad en los términos de los
artículos 450 y 451 del CPP.

Expuso que, se incurrió en un error al señalar que, la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bogotá era el juez natural, puesto que la apelación se concedió con
efectos suspensivos.

Consideró que, utilizó “jurisprudencia no aplicable al caso” y que, se desconoció
el precedente jurisprudencial por la “errada interpretación de la jurisprudencia
de la corte”.

Precisó que su finalidad es que se haga efectiva la orden judicial de libertad
dictada en su favor.

1.5. Trámite en primera instancia

Mediante auto de 4 de abril de 2024, se admitió la acción de tutela contra las
autoridades judiciales demandadas y, a su vez se dispuso la vinculación de la
Fiscalía General de la Nación, Fiscalía 306 Seccional de Bogotá, así como al
“… Juzgado 18 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá, al
Juzgado 42 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá y a la
Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá” como terceros con interés en el
asunto.

Asimismo, se requirió al accionante para que allegara la siguiente prueba “2.
Audios de audiencia de sentido de fallo y traslado 44”.

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1.6. Contestaciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Casanare

Esta autoridad se opuso a la prosperidad de lo solicitado por el actor, al
considerar que este se encontraba privado de la libertad con ocasión de la
sentencia condenatoria proferida en su contra.

Refirió que, el proceso penal estaba en segunda instancia ante el Tribunal
Superior de Bogotá, por lo cual, como juez constitucional, no podía desplazar
las competencias del juez natural del asunto al que le correspondía decidir
sobre la condena y libertad del aquí accionante.

Mencionó que, realizó una correcta valoración probatoria bajo las reglas de la
sana crítica, por lo cual consideró que no había incurrido en el defecto alegado.

1.6.2. Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Yopal

Este despacho remitió el expediente objeto de demanda.

1.6.3. Juzgado Cuarenta y Dos Penal del Circuito con función de conocimiento
de Bogotá

Este despacho judicial señaló que profirió la sentencia que condenó al
accionante, contra la cual se presentó recurso de apelación, el cual fue
concedido.

Expuso que no vulneró los derechos fundamentales del demandante, pues en la
audiencia de sentido del fallo señaló que debía seguir privado de la libertad y
cumplir con la pena que le sería impuesta.
Destacó que, en la sentencia condenatoria negó la suspensión condicional de la
ejecución de la pena, así como la prisión domiciliaria en favor del hoy
accionante, por lo que expresó que debía continuar privado de la libertad.
Decisión que fue notificada en estrados.

1.6.4. Juzgado Dieciocho Penal del Circuito con función de conocimiento de
Bogotá

Esta autoridad judicial informó que, una vez profirió providencia de segunda
instancia, en la que revocó la decisión de primer grado y ordenó la libertad del
accionante, remitió las diligencias al Centro de Servicios Judiciales para que se
ejecutara su orden, sin embargo, le fue informado que no era posible dar
cumplimiento a la misma dado que se había proferido sentencia condenatoria
en contra del actor.

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Manifestó que, la finalidad de la medida de aseguramiento desaparecía al
momento de emitirse el sentido del fallo o proferirse sentencia condenatoria.

1.6.5. Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal

Este despacho sostuvo que se encontraba pendiente de proferir la sentencia de
segunda instancia. Por lo anterior, solicitó negar el amparo deprecado.

Advirtió que, si bien el 4 de marzo de 2024, el Juzgado Dieciocho Penal de
Circuito con función de conocimiento de Bogotá revocó la decisión de primera
instancia y ordenó la libertad del accionante, este no tuvo en cuenta que, para
dicha fecha, la medida de aseguramiento había perdido su vigencia puesto que
se había proferido sentencia condenatoria en su contra, por lo que se
encontraba privado de la libertad por cuenta de esa decisión.

1.6.6. Fiscalía General de la Nación, Fiscalía 306 Seccional de Bogotá

Esta entidad guardó silencio, pese a su notificación.

1.7. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 14 de mayo de 2024, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no
cumplir el presupuesto de la relevancia constitucional respecto de los defectos
sustantivo y desconocimiento del precedente y, a su vez, negó frente al defecto
fáctico.

Expuso que, el accionante no desplegó una carga argumentativa suficiente para
hacer notar la relevancia constitucional sobre los primeros defectos, en tanto
que, en el escrito de tutela se limitó a señalar que la decisión enjuiciada incurrió
en aquellos, pero omitió precisar el precedente que presuntamente fue
desconocido por el tribunal acusado.

Precisó que, tal deficiencia era de tal entidad, que no permite al juez de tutela
estudiar de fondo si la decisión cuestionada incurrió, o no, en la vulneración de
derechos alegada.

Encontró cumplidos los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela frente al defecto fáctico, para lo cual, indicó lo siguiente:

En relación con el defecto fáctico, la Sala considera que la acción de tutela es
procedente porque: (1) no existe recurso idóneo y eficaz que permitiera a la parte
actora alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa de los
derechos presuntamente vulnerados; (2) existió un plazo razonable entre la
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notificación de la providencia enjuiciada (14/3/2024)… y la presentación de la
acción de amparo (22/3/2024); (3) no se enjuició un fallo de tutela, pues la
controversia se relaciona con una sentencia de segunda instancia dictada en el
marco de una acción constitucional de habeas corpus; (4) se identificaron de
manera clara, detallada y comprensible los hechos y la presunta vulneración
derivada de ellos; y (5) se advierte que la controversia tiene relevancia
constitucional por tratarse de la presunta afectación de los derechos
fundamentales del demandante, en el marco de un proceso de habeas corpus, en
el que se declaró improcedente dicho mecanismo constitucional por lo que se
negó su libertad. Asimismo, no se advirtió que los argumentos planteados sean
una reiteración de aquellos presentados en el proceso ordinario aunado a que
sobre el defecto indicado se cumplió con la carga argumentativa que le asistía.

Sostuvo que, una vez se analizó el expediente del proceso penal, pudo
corroborar que las actuaciones del Juzgado 42 Penal de Circuito con funciones
de conocimiento de Bogotá se cumplieron conforme con el ordenamiento
jurídico, comoquiera que la autoridad judicial, en la audiencia de juicio oral
llevada a cabo el 9 de agosto de 2023, en la que dictó el sentido del fallo de
carácter condenatorio, expresó que el actor debía continuar privado de la
libertad.

Hizo referencia a la audiencia de lectura de sentencia del 17 de noviembre de
2023, en donde se indicó que, se le impondría “… una pena de 192 meses de
prisión y que se le inhabilitaría para el ejercicio de derechos y funciones
públicas por el mismo tiempo.”

Aclaró que, con las actas de audiencia de las anteriores diligencias, se observó
que el señor Cañón Alfaro y su defensor asistieron a las mismas, por lo cual la
afirmación, según la cual el Juzgado 42 Penal de Circuito con funciones de
conocimiento de Bogotá no se había pronunciado sobre la libertad del
accionante, no era cierta.

Recordó que, aunque el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó la
decisión de primer grado, lo cierto es que dicha autoridad, de acuerdo con las
consideraciones expuestas en la sentencia de 12 de marzo de 2024, declaró
improcedente el mecanismo constitucional en atención a que existe un medio
judicial idóneo como lo era el proceso penal que se está tramitando en segunda
instancia. Por lo anterior, dicho demandado concluyó que no podía desplazar
las competencias del juez natural del asunto.

Reiteró que, la medida de aseguramiento tiene vigencia hasta que se conozca
el sentido del fallo o hasta que se dicte sentencia condenatoria, tal y como lo
indicaron las partes e intervinientes en esta acción de tutela.

Mencionó que, el 9 de agosto de 2023, en audiencia de juicio oral, se dictó fallo

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condenatorio en contra del accionante, por lo cual se dispuso que debía seguir
privado de la libertad.

Agregó que, hasta dicho momento la medida de aseguramiento tenía vigencia,
por lo que la sentencia del 4 de marzo de 2024 del Juzgado 18 Penal de
Circuito con función de conocimiento de Bogotá, que revocó la prórroga de
dicha medida y ordenó la libertad del accionante, no producía efecto alguno, tal
y como lo informó el Centro de Servicios Judiciales toda vez que de manera
previa se había emitido fallo condenatorio su contra.

Concluyó que, con la decisión demandada no se incurrió en el defecto fáctico
alegado, puesto que, no resultaba irracional o desproporcionado el análisis y las
conclusiones a las que llegó el tribunal acusado, como juez del habeas corpus.

1.8. Impugnación

Mediante escrito remitido electrónicamente el 18 de junio de 2024. La sentencia
de primera instancia fue notificada mediante correo electrónico enviado el 14
del mismo mes y año.

Indicó que, “…[al] afrontar el juez, el derecho supraco[n]stitucional a la libertad
de frente, era improcedente una indebida motivación que en este caso NO
señaló la norma procedente para este caso y el Consejo considera suficiente
una mera alusión en este punto, insipiente al no ser tratado la persona como
una persona inocente al no tener un fallo ejecutoriado al respecto a dicho la
Corte en sentencia C 2221-2017.”

Recordó que, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido pacífica y
constante en reiterar, conforme al mandato legal, que la presunción de
inocencia es una garantía del debido proceso, de la que es titular toda persona
sometida a procedimiento sancionatorio.

Hizo referencia al derecho a la libertad y adicionalmente, citó varios
pronunciamientos relacionados con dicha garantía, así como a los mandatos
constitucionales como al debido proceso y a ser juzgado en un plazo razonable,
para destacar que, “[p]or tratarse de un derecho fundamental de toda persona
investigada o juzgada penalmente con privación de su libertad personal, los
plazos establecidos en la norma rigen para ambos procedimientos.”

1.9. Trámite de impedimento

Mediante auto del 25 de julio de 2024, se declaró infundado el impedimento
manifestado por el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, mediante escrito
del 11 del mismo mes y año.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto
2591 de 19911, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como por el artículo 25 del Acuerdo 080 de 2019,
de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes, corresponde a la sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la providencia de primera instancia en
virtud de lo planteado por la parte impugnante.

Por tanto, se analizará si la presente acción de tutela cumple con los requisitos
de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse acreditados, si se vulneraron los
derechos fundamentales de la parte actora con ocasión de las sentencias del 7
y 12 de marzo de 2024, proferidas en el proceso de habeas corpus identificado
con el radicado número 85001-33-33-003-2024-00039-00/01.

Para abordar el problema jurídico planteado se analizarán los siguientes
aspectos: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela
contra fallo de habeas corpus; y de ser el caso, ii) el estudio sobre los requisitos
de procedibilidad; y finalmente, iii) el fondo del reclamo.

4. Procedencia de la acción de tutela contra fallos de habeas corpus

La Constitución 1991 consagró como derecho fundamental de aplicación
inmediata, el de la libertad, en los siguientes términos:

Artículo 28.- Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o
familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino
en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las
formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez
competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste
adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y

1 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política.

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medidas de seguridad imprescriptibles.”

En efecto, la libertad es un valor y un derecho fundamental que permite al
individuo y a la sociedad misma, la realización de otros derechos. En cuanto a
la libertad de locomoción, el constituyente dispuso como regla general su no
perturbación.

No obstante, para armonizar su ejercicio con los derechos ajenos y en
observancia del principio de legalidad, también dispuso que su limitación
solamente puede provenir de las autoridades judiciales, quienes al impartir
órdenes de arresto o de privación de la libertad sujetas a parámetros
previamente definidos por el legislador que, en desarrollo del debido proceso,
debe fijar la autoridad competente, así como los motivos o las razones en que
se puede apoyar la medida restrictiva2.

Como garantía por los excesos o desafueros de las autoridades frente a este
derecho, el Constituyente estableció en el artículo 30 el mecanismo del habeas
corpus, así:

Quien estuviere privado de la libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene
derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por
interpuesta persona, el Habeas Corpus, el cual debe resolverse en el término de
treinta y seis (36) horas.

Con la Ley 1095 de 2016 se reglamentó dicho mecanismo y en su artículo 1° lo
definió como un “derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que
tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación
de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente.
Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y para su
decisión se aplicará el principio pro homine”.

Al respecto, esta sección sostuvo que el habeas corpus tiene una doble
connotación: i) de acción constitucional y, ii) de derecho fundamental, que tiene
por objeto salvaguardar la libertad personal, postura adoptada a partir de la
sentencia de 12 de febrero de 2015, radicación 11001-03-15-000-2014-03536-

2 Esta circunstancia ha llevado a la Corte Constitucional a sostener que: … la Constitución
establece una reserva judicial que beneficia al derecho fundamental a la libertad personal,
debido a la exigencia de los requisitos ya señalados. Así las cosas, sólo las autoridades
judiciales cuentan con la competencia para privar de la libertad. En consecuencia, las
autoridades administrativas no poseen la facultad, motu propio, de privar de la libertad sea
directa o indirectamente, al menos que esta decisión provenga de la autoridad judicial
competente. Por ende, dicha reserva judicial, no es sino el resultado de la tridivisión del poder al
interior de un Estado Democrático, en el cual se excluye la posibilidad que una autoridad
administrativa límite el ejercicio de la libertad personal sin el lleno de los parámetros exigidos
por la Constitución. Lo anterior, por cuanto la libertad personal es un derecho fundamental
esencial al Estado Social de Derecho como principio fundante del Estado Colombiano.
Sentencia C-237 de 2005. MP Jaime Araújo Rentería.

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003.

De manera que, se trata de una acción constitucional que resulta que es más
idónea y eficaz para la protección del mencionado derecho fundamental que la
acción de tutela, en razón a la perentoriedad que se tiene para su resolución
(36 horas), así como en su informalidad.

Esta corporación ha considerado que el habeas corpus tiene por objeto la
salvaguarda especialmente de la libertad personal y que, por tal motivo el
numeral 2° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 consagra la
improcedibilidad de la acción de tutela en aquellos eventos en los que para
perseguir el amparo se puede invocar el mecanismo de habeas corpus,
precisamente, porque su trámite permite garantizar de una manera más efectiva
ese derecho. Al respecto, se cita el contenido de la precitada norma:

ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción
de tutela no procederá:

…

2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas
corpus.

Al respecto, la Corte Constitucional lo ha definido como un mecanismo
“atemporal, irrevocable, irrenunciable, intransmisible, universal y específico”4,
para lo cual, recordó que este se caracteriza por la universalidad, la
irrenunciabilidad, la inalienabilidad, la imprescriptibilidad, la intangibilidad,
inviolabilidad y por su carácter perentorio y de aplicación inmediata.

A su vez, esta sección5 ha considerado que en materia de tutela contra
providencias judiciales proferidas en el curso de acciones de habeas corpus, el
juez del amparo no está facultado para pronunciarse sobre los
cuestionamientos planteados por el actor en contra de las providencias que se
reprochan. Esto, pues los argumentos ya fueron estudiados por el juez del de
dicho medio constitucional.

3 En ese mismo sentido, pueden consultarse, entre otras sentencias de esta Sección, las
siguientes: 8 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 12 de febrero de 2015, radicado
11001-03-15-000-2014-03536-00, magistrado Alberto Yepes Barreiro; sentencia del 13 de abril
de 2016, radicado 11001-03-15-000-2016-00674-00, magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio;
sentencia del 6 de abril de 2017 magistrado Alberto Yepes Barreiro rad. 11001-03-15-000-2017-
00616-00.
4 Corte Constitucional, sentencia T-491 de 2014.
5 Entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.

Sentencias del 31 de octubre de 2018. Rad.11001-03-15-000-2018-02579-00; del 3 de octubre
de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-04070-00; y del 12 de marzo de 2020, expediente 08001-
23-33-000-2019-00834-01(AC).

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Demandante: Omar Francisco Cañón Alfaro
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otros
Rad: 11001-03-15-000-2024-01450-01

En consonancia con lo anterior, se señala que, la Corte Constitucional en la
sentencia SU 350 de 2019, estableció la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones dictadas en los habeas corpus, de la siguiente manera:

39. En efecto, el precedente constitucional en la materia refleja, con
claridad, que la procedencia de la tutela contra decisiones de habeas
corpus, por configuración de “vías de hecho” (hoy causales genéricas y
específicas de procedibilidad) se ha limitado únicamente a las providencias
que niegan aquella acción...

40. Esto es así por cuanto, con la decisión mediante la cual se concede una
acción de habeas corpus, se materializa, como ya indicó la Corte, la “acción
de tutela de la libertad” ...De modo correlativo, la propia acción de tutela es
una herramienta de protección de los derechos fundamentales. Por tanto,
concebir su utilización para atacar y enervar los efectos de un recurso
judicial que reivindica precisamente uno de los más importantes derechos –
la libertad personal– solo podría ser posible bajo estrictas condiciones: i) la
acción de tutela contra las providencias dictadas en el marco de la acción
constitucional de habeas corpus debe cumplir, en primera medida, los
requisitos genéricos y específicos de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales…Con todo, ii) cuando se trata de controvertir,
en específico, la decisión que concede el habeas corpus, su procedencia
es excepcionalísima.

41. La constatación de la excepcionalidad de las circunstancias que
habilitan la acción de tutela contra la decisión que concede el habeas
corpus debe ser valorada en cada caso concreto, a fin de evidenciar
actuaciones judiciales manifiestamente irrazonables o fraudulentas.
(negrillas dentro del texto original, subrayado fuera del texto original)

5. Caso concreto

La parte actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales a la libertad,
a la igualdad y al debido proceso, con ocasión de las sentencias del 7 y 12 de
marzo de 2024, proferidas en el proceso de habeas corpus identificado con el
radicado número 85001-33-33-003-2024-00039-00/01, dictadas por el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y el Tribunal Administrativo
de Casanare, respectivamente.

Para tal efecto, alegó la configuración de un “defecto sustantivo” y el
“desconocimiento del precedente”, así como un defecto fáctico porque, a su
juicio, el tribunal demandado no revisó las audiencias del proceso penal, que no
hubo pronunciamiento sobre su libertad en los términos de los artículos 450 y
451 del CPP, que la apelación se concedió con efectos suspensivos y que,
debe hacerse efectiva su libertad.

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El a quo declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el presupuesto
de la relevancia constitucional respecto de los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente y, a su vez, negó frente al defecto fáctico.

El actor impugnó, para lo cual hizo referencia a la presunción de inocencia y al
derecho a la libertad.

Para resolver, se considera lo siguiente:

El actor invocó como vulnerado el derecho fundamental a la libertad, garantía
que es uno de los pilares del Estado constitucional y democrático de derecho y
cuya protección se hace efectiva mediante diversas garantías.

En lo particular, debe indicarse que, el habeas corpus es la herramienta más
significativa “al punto que se considera como la acción de tutela de la libertad”6.
Por lo tanto, realizar un nuevo análisis en esta oportunidad sobre aquella
garantía constitucional excedería la órbita de este juez constitucional, dado que
este asunto es de la competencia del juez del habeas corpus, a quien le
compete por excelencia decidir si procede o no la libertad7.

De igual manera, se encuentra que, si bien la parte actora con su impugnación
hizo alusión a la garantía de la presunción de inocencia y al derecho a la
libertad individual, lo cierto es que, tales planteamientos así como los señalados
en su escrito inicial respecto de los defectos sustantivo y del “precedente
presuntamente desconocido”, carecen de carga argumentativa que permitan al
juez de tutela efectuar un estudio de fondo.

La acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y
no una corrección del fallo cuestionado. Por lo que, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. El
presupuesto de la relevancia constitucional implica las siguientes finalidades:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del
uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal8 (Énfasis de la sala).

6 Sentencia T-487 de 2019.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 27

de abril de 2023. Rad. 11001-03-15-000-2023-01284-00.
8 Sentencia SU-573 de 2019.

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Así las cosas, la parte actora pretende reabrir un debate jurídico sobre la
manera en que debe aplicarse una disposición normativa para efectos de
determinar si procede o no la concesión de libertad por vencimiento de
términos, con el único fin de obtener una decisión favorable a sus intereses, sin
que medie un ejercicio argumentativo respecto de sus derechos fundamentales.

Por lo tanto, la sala evidencia que el accionante no presentó argumento alguno
tendiente a demostrar por qué este tema debe trascender las instancias ya
agotadas para llegar a la órbita del juez constitucional, pues no formuló ningún
cargo en específico que permita un estudio del fondo de la controversia en
perspectiva constitucional.

Por consiguiente, esta ausencia de la carga mínima argumentativa permite
concluir que los tutelantes pretenden que el juez constitucional lleve a cabo un
estudio oficioso el asunto en cuestión y, con ello, que actúe como el juez que
conoce el habeas corpus, como si se tratara de una instancia adicional. De
modo que, el objetivo de la presente demanda es reabrir una controversia ya
zanjada por el juez constitucional natural de la causa.

Por lo que, se precisa que, formular un simple desacuerdo con una decisión
judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva a que el asunto puesto en conocimiento del juez de
tutela revista necesariamente relevancia constitucional.

En ese orden, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre derechos
fundamentales en contraste con lo decidido por la autoridad demandada, que
amerite la intervención en sede constitucional. Por tanto, se confirmará el fallo
de primera instancia en cuanto a este asunto.

Finalmente, en cuanto al defecto fáctico planteado en el escrito inicial de tutela,
se observa que, el asunto demandado se circunscribe a cuestionar el análisis
valorativo realizado por el tribunal acusado con la finalidad de debatir lo que ya
fue objeto de estudio por esa autoridad judicial.

En efecto, se encuentra que, el Tribunal Administrativo de Casanare mediante
sentencia de 12 de marzo de 2024 confirmó la decisión de primera instancia
dictada en el habeas corpus formulado por el actor, con la cual se declaró
improcedente el mecanismo constitucional en atención a que existe un
mecanismo judicial idóneo como lo era el proceso penal que se está tramitando
en segunda instancia. Al respecto, se observa que dicha autoridad judicial
sostuvo:

…el Despacho precisa que la medida de aseguramiento dictada
inicialmente en contra del señor Omar Francisco Cañón Alfaro conforme a
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lo previsto en el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, tenía
como propósito no solo que asistiera a las etapas procesales previstas sino
que se (sic) con ella se garantiza el cumplimiento de la pena…

Por lo tanto, debe distinguirse entre la medida provisional y la sentencia
propiamente dicha, diferencia que debería conocer el hoy accionante al
estar asistido de un profesional del derecho en el trámite del proceso penal,
pues, por cuanto a partir de la revocatoria de la medida de aseguramiento
proferida por el Juzgado 18 Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá que ordenó su libertad, se quiere desconocer la
sentencia proferida en su contra por el Juzgado 42 del Circuito con Función
de Conocimiento de Bogotá el 17 de noviembre de 2023.

Lo anterior, debido a la diferencia temporal entre una y otra decisión que en
principio podría llevar a la confusión, pero que, acorde con la lectura
adecuada e integral de lo ocurrido no se encuentra que el señor Omar
Francisco Cañón Alfaro actualmente se encuentre ilegalmente privado de
su libertad.

Adicionalmente, debe indicarse que, dicha autoridad judicial concluyó que no
podía desplazar las competencias del juez natural del asunto. Para ello,
contrario a lo manifestado por la parte actora, sí analizó en debida forma el
acervo probatorio obrante en el expediente, y en esa medida llegó a la
conclusión que el mecanismo constitucional de habeas corpus no es
procedente por cuanto quedó demostrado la Sala Penal del Tribunal Superior
de Bogotá, es a la que le corresponde decidir sobre la condena, como de
cualquier solicitud relativa a su libertad.

Por consiguiente, no se halla configurado el defecto fáctico aducido, toda vez
que se precisó un análisis completo y suficiente para adoptar la decisión y, en
tal sentido, se confirmará el fallo de primera instancia.

FALLA

PRIMERO: Confírmase la sentencia del 14 de mayo de 2024, a través de la
cual la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir el presupuesto de la relevancia
constitucional respecto de los defectos sustantivo y desconocimiento del
precedente y, a su vez, negó frente al defecto fáctico, conforme a lo señalado
en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los terceros en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
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revisión, y envíese copia de esta al despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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