Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-02930-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-02930-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2019-02930-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
1 de agosto de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CÁLCULO DE LOS FACTORES SALARIALES A TENER EN CUENTA EN LA RELIQUIDACIÓN DE LA MESADA PENSIONAL - Aquellos objeto de cotización / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO - Valoración probatoria adecuada / AUSENCIA DE DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - No configuración / CONSONANCIA ENTRE LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS PARA CALCULAR EL IBL ESTABLECIDAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL Y EL CONSEJO DE ESTADO - Sentencia SU de 28 de agosto de 2018 / VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN - No configuración / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
[L]a Sala observa que la providencia cuestionada para resolver tuvo en cuenta las pruebas que acreditaban la fecha en que el accionante cumplió la edad y el tiempo de servicios concluyendo que le era aplicable la Ley 33 de 1985, por lo que el mentado defecto fáctico no se configuró. (…) [De otra parte,] el actor estima que se presenta un defecto procedimental absoluto en la medida que “(…) el ad quem [al] aplicar de manera retroactivas (sic) las sentencias de la Corte Constitucional C – 258 de 2013 y la C – 230 de 2013 y la sentencia del 28 del (sic) de agosto de 2018 del Consejo de Estado, desconoció que el accionante tenía un derecho adquirido y por lo tanto no se le podía aplicar las mencionadas sentencias debido a que eran posteriores a la adquisición del derecho aquí debatido y trataban situaciones fácticas y jurídicas distintas a las aquí debatidas (…)”. Sin embargo, no señaló cuáles fueron las normas procesales que, en su criterio, el juez de instancia dejó de aplicar o si el trámite surtido no era el pertinente para el caso concreto (…), en ese sentido, el defecto procedimental invocado no está acreditado. (…) [En lo concerniente al desconocimiento del precedente judicial,] la parte actora señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en este defecto, toda vez que desconoció lo establecido por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación dictada el 4 de agosto de 2010; no obstante, la Sala observa que en la providencia atacada se explicaron los motivos por los cuales ésta no era aplicable al caso concreto (…), [en razón a que,] la providencia atacada coincide con la regla jurisprudencial fijada por el órgano de cierre de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, según la cual, los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios del régimen de transición serán aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones. (…) [Ahora bien, frente al defecto sustantivo, se tiene que la autoridad judicial accionada] no hizo alusión a la sentencia C – 258 de 2013 y adicionalmente explicó que la providencia SU – 230 de 2015 no era aplicable al caso concreto. (…) [En tanto que,] el fundamento jurisprudencial de la providencia atacada, fue la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 proferida por esta Corporación (…) [y, en esa medida,] el aludido defecto no se configura [por cuanto] (…) el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho (…), estaba pendiente de resolverse cuando se profirió la sentencia de unificación. (…) [Por último, frente al defecto de violación directa de la Constitución,] la Sala itera que la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 moduló los efectos en el tiempo de las reglas jurisprudenciales ahí fijadas estableciendo que debían aplicarse a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como judicial (…), de modo que el pretendido defecto no está configurado puesto que el proceso (…) promovido por el accionante no había finalizado cuando se profirió la señalada providencia. (…) En conclusión, en el asunto bajo análisis, los pretendidos defectos no están configurados, lo que permite concluir que no le asiste razón al accionante y deberá negarse el amparo de tutela solicitado.
FUENTE FORMAL: LEY 33 DE 1985.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., primero (1) de agosto de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-02930-00(AC)
Actor: EVELIO SAÚL CARRILLO CORTÉS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Evelio Saúl Carrillo Cortés contra la Sección Segunda – Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, con ocasión de la decisión proferida el 24 de enero de 2019, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado bajo el nro. 25269 3333 751 2014 01013 02.
1.- SÍNTESIS DEL CASO
La parte actora promovió acción de tutela contra la Sección Segunda – Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de que fueran protegidos sus derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, para lo cual formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1.- Que se ordene estudiar y desvirtuar cada uno de los derechos fundamentales citados como violados argumentando, en cada caso, por qué no se presentaría la violación. Lo anterior, debido a que en tutelas anteriores no se ha estudiado de fondo cada uno de los derechos vulnerados pues se centran en la no existencia de violación del precedente jurisprudencial, dejando de lado, y sin estudio, los demás argumentos esbozados situación que conlleva a la violación del derecho de defensa y debido proceso del accionante.
2.- Que se ordene Tutelar el derecho fundamental del ACIONANTE (sic) a la seguridad social, el principio de favorabilidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales, derecho a la igualdad, derechos adquiridos, a la progresividad y no regresividad de los derechos laborales, la inescindibilidad de la norma, defecto fáctico, defecto sustantivo, violación del precedente constitucional vertical y por violación directa de la constitución Art. 1,13, 29, 48, 53, 93 y 230 de la Constitución Política y las leyes 33 del 85 Art. 21 C.S.T. y demás normas citadas.
3.- Como consecuencia de lo anterior, Se (sic) ordene a la accionada a proferir nueva providencia judicial ordenando reliquidar la pensión de mi mandate de conformidad con sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 Consejero Ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardilla Expediente nro. 25000232500020060750901 Número Interno: 0112 – 2009 Actor: Luis Mario Velandia Demandada: Caja Nacional de Previsión Social el cual ordenó tener en cuenta para la liquidación de las pensiones de jubilación con la Ley 33 de 1985 el 75% de TODOS LOS FACTORES SALARIALES DEVENGADOS EN EL ÚLTIMO AÑO DE SERVICIOS.
4.- Que se ordene Tutelar el derecho fundamental del ACIONANTE (sic) a la (sic) principio de acceso a la justicia, gratuidad, legítimo derecho de acción y demás normas citadas en este tutela y como consecuencia de esto se ordene proferir nuevo fallo, revocando las condenas en costas interpuestas […]”.
(Subrayas y negrillas en el escrito)
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que nació el 22 de octubre de 1945 y cumplió 55 años el 22 de octubre de 2000.
Explicó que trabajó desde el 11 de marzo de 1974 hasta el 30 de octubre de 2001, por lo que cumplió 20 años de servicio antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Indicó que por Resolución nro. 14378 del 1 de junio de 2001 la extinta Caja Nacional de Previsión Social le reconoció una pensión de vejez en cuantía de $ 2.121.647, sin tener en cuenta todos los factores salariales devengados.
Señaló que mediante escrito radicado el 21 de mayo de 2014 solicitó la “(…) revisión de liquidación e indexación de la primera mesada pensional con todos los factores salariales devengados en el último año de servicios (…)”.
Sostuvo que la UGPP a través de la Resolución nro. 024380 del 6 de agosto de 2014 “(…) NEGÓ la reliquidación de la pensión sin el 75% de todos los factores que constituyen salario (…)”, decisión que fue confirmada el 2 de octubre de 2014 por Resolución nro. 030246.
Añadió que promovió demanda bajo el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho “(…) solicitando la reliquidación con el 75% de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios de conformidad con la Ley 33 de 1985 (…)” la cual correspondió en reparto al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Facatativá que en fallo del 8 de junio de 2018 accedió parcialmente a las pretensiones.
Manifestó que contra la precitada decisión interpuso recurso de apelación y la Sección Segunda – Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en providencia del 24 de enero de 2019 ordenó revocarla parcialmente “(…) negando el derecho al reconocimiento de la reliquidación de la pensión con el 75% de todos los factores salariales devengados en el último años de servicios y en su lugar ordena la reliquidación de la pensión con el 75% de los factores salariales sobre los que se cotizó en el último año de servicios (…)”.
Afirmó que la autoridad judicial accionada desconoció la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 proferida por esta Corporación que “(…) ordenó tener en cuenta para la liquidación de las pensiones de jubilación con la Ley 33 de 1985 el 75% de TODOS LOS FACTORES SALARIALES DEVENGADOS EN EL ÚLTIMO AÑO DE SERVICIOS (…)”.
Argumentó: “(…) para el 1 de abril de 1994, tenía mas (sic) de 15 años de servicio, por lo que se encuentra amparado por el régimen de transición del Art. 36 de la Ley 100 de 1993 teniendo derecho a que su pensión sea liquidada con el 75% de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios de conformidad con el art. 1 de la Ley 33 de 1985 (…)”.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
3.1. La tutela fue radicada el 20 de junio de 2019 en la Secretaría General de esta Corporación y asignada en reparto el 21 adiado.
3.2. Por auto del 28 de junio de 2019, se admitió y dispuso notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; vincular al Juez Segundo Administrativo Oral del Circuito de Facatativá y al representante legal de la UGPP, por tener interés en las resultas del proceso, así como comunicar al representante legal de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Igualmente, se solicitó al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Facatativá que allegara copia en archivo digital o físico del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado bajo el nro. 25269 3333 751 2014 01013 01, quien remitió en préstamo el expediente original.
3.3. La Subdirectora de Defensa Judicial Pensional de la UGPP rindió informe en oportunidad solicitando declarar procedente la presente acción de tutela toda vez que la Sección Segunda – Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca “(…) no dio aplicación al precedente jurisprudencial frente a la correcta aplicación al régimen de transición (…)” y, en consecuencia, se ordene a la precitada autoridad judicial a proferir una nueva sentencia en el entendido que al señor Carrillo Cortés se le debe reconocer una pensión teniendo en cuenta el promedio de los últimos 10 años o el tiempo que le hiciere falta, de acuerdo con los factores salariales del Decreto 1158 de 1994.
Arguyó que en el presente asunto se debe aplicar el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que la norma que rige la pensión del señor Carrillo Cortés es la Ley 33 de 1985 “(…) pero solo en lo que respecta a edad, tiempo y monto, pero para efectos del Ingreso Base de Liquidación, como ya se ha explicado, aplicándose el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues el IBL no es objeto de aplicación del régimen especial anterior (…)”.
3.4. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Facatativá solicitó la desvinculación de la presente acción de tutela por cuanto las pretensiones no están dirigidas en su contra.
4.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. CUESTIÓN PREVIA
Acerca de la solicitud de desvinculación del presente trámite tutelar que formuló la Juez Segundo Administrativo del Circuito de Facatativá, la Sala advierte que dicha petición no es procedente, comoquiera que su llamamiento a este proceso se hizo en calidad de tercero con interés en el resultado del mismo y no como autoridad accionada, el cual es evidente dada su vinculación a la sentencia que es objeto de tutela.
4.2. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, a su vez modificado por el artículo 1° del Decreto 1983 del 30 de noviembre de 2017, así como el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.
4.3. HECHOS RELEVANTES:
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente:
4.3.1. El señor Evelio Saúl Carrillo Cortés nació el 22 de octubre de 1945.
4.3.2. Por Resolución nro. 14378 del 1 de junio de 2001 la extinta Caja Nacional de Previsión Social le reconoció al accionante una pensión de vejez que fue reliquidada mediante la Resolución nro. 22516 del 19 de agosto de 2002.
4.3.3. El interesado radicó el 21 de mayo de 2014 solicitud de reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de “(…) todos los factores que constituyen salario y que fueron devengados en el último año de servicios (…)”.
4.3.4. La UGPP a través de la Resolución nro. RDP 024380 del 6 de agosto de 2014 negó la solicitud de reliquidación, decisión que fue confirmada por el acto administrativo nro. RDP 030246 del 2 de octubre de la misma anualidad.
4.3.5. El accionante promovió demanda bajo el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de la UGPP, para lo cual formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Declarar la nulidad del (sic) Resolución nro. RDP 024380 del 6 de agosto de 2014, mediante la cual se niega la Reliquidación de la pensión.
2. Declarar la nulidad del (sic) Resolución nro. RDP 030246 del 02 de octubre de 2014, mediante la cual se resuelve el recurso de apelación y se confirma la resolución recurrida.
3. Que se ordene la revisión de la liquidación de la pensión para que se liquide la pensión con todos los factores que constituyen SALARIO devengados en el último año de servicio de conformidad con la ley 33 de 1985 modificada por la ley 62 del mismo año.
4. Que se ordene el reconocimiento y pago de la pensión con todos los factores que constituyen salario e indexación de la primera mesada para que la cuantía quede en de (sic) $588.607.58 a partir del 01 de noviembre de 2001 (…)
5. Ordenar al ente demandado a que sobre la cuantía antes indicada se practiquen los reajustes anuales de ley a que haya lugar a partir de la fecha de adquisición del derecho […]”.
(Negrillas en la demanda)
4.3.6. La demanda correspondió en reparto al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Facatativá que en sentencia proferida en audiencia inicial el 21 de septiembre de 2016, complementada el 8 de junio de 2018, resolvió:
“[…] ADICIÓNASE la sentencia de 21 de septiembre de 2016, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído. En consecuencia, la parte resolutiva del fallo quedará así:
“PRIMERO. Declarar la nulidad de la Resolución nro. RDP 024380 de 6 de agosto de 2014 proferida por la Subdirectora de Determinación de Derechos pensionales de la UGPP, por medio de la cual se negó la reliquidación de la pensión de vejez al demandante.
SEGUNDO. Declarar la nulidad de la Resolución nro. RDP 030246 de 2 de octubre de 2014 proferida por la Directora de Pensiones de la UGPP, por medio de la cual se confirmó en todas sus partes la Resolución nro. RDP 24380 de 6 de agosto de 2014.
TERCERO. CONDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP a reliquidar la pensión de vejez del señor Evelio Saúl Carrillo Cortés, identificado con cédula de ciudadanía número 4.092. 622 de Chiquinquirá, en cuantía equivalente al 75% del promedio de todo lo devengado por él en el último año de servicios, con inclusión de las sumas con carácter salarial devengadas en dicho período, cuales fueron sueldo básico, prima de antigüedad, horas extras, dominicales y festivos, bonificación por servicios, prima de alimentación, auxilio de transporte, prima de vacaciones, prima semestral y prima de navidad. Si frente a alguna de estas sumas no se realizaron descuentos con destino al sistema de seguridad social, la entidad realizará los descuentos que por ley le correspondía efectuar al trabajador, sobre todo lo devengado en su vida laboral que no hayan sido objeto de descuento y que se haya ordenado incluir en el cómputo de la prestación, y los girará a las entidades destinatarias de los mismos.
CUARTO. CONDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP a actualizar a favor del señor Evelio Saúl Carrillo Cortés, identificado con cédula de ciudadanía número 4.092.622 de Chiquinquirá, el ingreso base de liquidación de su pensión de jubilación conforme al Índice de Precios al Consumidor desde su retiro, año por año, hasta la fecha en que consolidó su status pensional, con el consecuencial reajuste de su pensión de jubilación y sus respectivas mesadas en la proporción que corresponda a los factores salariales aquí reconocidos. Se advierte que su pago debe realizarse a partir del 21 de mayo de 2011, por haber operado el fenómeno de la prescripción trienal de las mesadas pensionales, junto con los ajustes legales posteriores de rigor.
QUINTO. Niéganse las demás pretensiones de la demanda.
[…]”.
4.3.7. En contra de la precitada decisión las partes presentaron recurso de apelación y la Sección Segunda- Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia del 24 de enero de 2019 dispuso:
“[…]1. Se revoca parcialmente el ordinal TERCERO de la sentencia proferida en audiencia inicial el 21 de septiembre de 2016, complementada mediante providencia del 8 de junio de 2018, por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Facatativá, dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho adelantado por el señor Evelio Saúl Carrillo Cortés en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por lo antes expuesto, el que queda de la siguiente manera:
TERCERO: CONDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP a reliquidar la pensión de vejez del señor Evelio Saúl Carrillo Cortés, identificado con cédula de ciudadanía número 4.092.622 de Chiquinquirá, en cuantía equivalente al 75% del promedio mensual de los factores salariales cotizados o aportados en el último año de prestación de servicios, esto es, del 1 de noviembre de 2000 al 30 de octubre de 2001, teniendo en cuenta el 100% del sueldo básico, incremento por antigüedad y horas extras dominicales y feriados, y la doceava parte de la bonificación por servicios. La codena se extiende a los reajustes anuales de ley, teniendo en cuenta la nueva cuantía, y a la indexación de los valores resultantes. Al momento en que la entidad demandada vaya a dar cumplimiento a la presente providencia debe verificar si la liquidación que nace con esta sentencia es inferior a la liquidada mediante Resolución nro. 22516 del 13 de agosto de 2002, y si ello es así debe abstenerse de acatarla. Todo lo anterior de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la providencia.
2. Se revoca el ordinal CUARTO de la sentencia apelada, por las razones antes expuestas.
3. Se confirma en lo demás la sentencia apelada, de conformidad con lo antes expuesto […]”.
4.3.8. En cumplimiento del precitado fallo la UGGP mediante la Resolución nro. RDP 014547 del 13 de mayo de 2019, modificada por la RDP 016511 del 30 adiado, se ordenó la reliquidación de la pensión de vejez del señor Carrillo Cortés en los siguientes términos:
“[…]
Cuantía
$447. 379
Cuantía Letras
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE
Fecha Efectividad
01 de noviembre de 2001
Fecha Efectos Fiscales
Con efectos fiscales a partir del 21 de mayo de 2011 por prescripción trienal.
[…]”.
4.4. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales se observa lo siguiente:
i) El interesado agotó todos los medios de defensa que tenía a su alcance, pues interpuso los recursos procedentes en sede judicial; ii) la acción de tutela se presentó dentro de un término razonable habida cuenta que la providencia cuestionada que resolvió el recurso de apelación fue proferida el 24 de enero de 2019 y la tutela radicada el 20 de junio de esta anualidad; iii) las irregularidades manifestadas por el demandante conciernen a los defectos fáctico, procedimental, desconocimiento del precedente, sustantivo y violación directa de la Constitución iv) la situación que se afirma generó la vulneración de derechos fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela; v) no se trata de una providencia contentiva de una sentencia de tutela.
Por último, en cuanto a la relevancia constitucional, el accionante señaló que le fueron vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social; sin embargo, la Sala observa que solo se cumple este requisito frente al derecho fundamental a la seguridad social en la medida que la inconformidad de la parte actora está relacionada con la reliquidación de la pensión de vejez que estima debió hacerse con el total de los factores salariales devengados en el último año de servicios.
En consecuencia, es procedente descender al estudio de los defectos invocados:
4.4.1. El defecto fáctico
Es importante resaltar que sólo es factible sustentar una acción de tutela por defecto fáctico cuando se observa que la valoración probatoria hecha por la autoridad judicial en la correspondiente providencia es manifiestamente arbitraria. En ese sentido, el error en el juicio valorativo de la prueba “debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia”.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el defecto fáctico tiene lugar “cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado”. Así, la jurisprudencia ha entendido que el mencionado defecto surge: “(…) cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Se estructura, entonces, siempre que existan fallas sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a deficiencias probatorias del proceso. Según esta Corporación, el fundamento de la intervención del juez de tutela por deficiencias probatorias en el proceso, radica en que, no obstante las amplias facultades discrecionales con que cuenta el juez del proceso para el análisis del material probatorio, éste debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica, es decir, con base en criterios objetivos y racionales. (…)”.
Considera el Alto Tribunal Constitucional que la evaluación del acervo probatorio jamás podrá hacerse por el juez de manera arbitraria y que por ello la valoración que éste realice, necesariamente implica “la adopción de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el juez, racionales, es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos, esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas”.
Ahora bien, se han identificado dos dimensiones en las cuales es posible se configure el defecto fáctico, a saber:
Una negativa, que surge cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, situación que se presenta cuando: (i) no decreta, ignora o hace una valoración defectuosa de la prueba, y (ii) sin una razón válida da por no probado un hecho que emerge claramente.
Una positiva, que se produce cuando: (i) el juez aprecia pruebas que fueron determinantes en la decisión de la providencia cuestionada, las cuales no ha debido tener en cuenta porque, por ejemplo, se recaudaron indebidamente, eran ilegales o ineptas, o (ii) da por ciertas algunas circunstancias sin que exista material probatorio que fundamente su decisión.
Sobre esta última perspectiva, en pronunciamiento el intérprete constitucional indicó: “La dimensión positiva del defecto fáctico por indebida apreciación probatoria se concreta cuando el juez somete a consideración y valoración un elemento probatorio cuya ilegitimidad impide incluirlo en el proceso. Se trata de la inclusión y valoración de la prueba ilegal, es decir, de aquella que ha sido practicada, recaudada, y valorada en contravía de las formas propias de cada juicio, concretamente, del régimen legal de la prueba, o de la prueba inconstitucional, esto es, de aquella prueba que en agresión directa a los preceptos constitucionales, ha sido incluida en el proceso en desconocimiento y afrenta de derechos fundamentales.”
En el evento que se analiza, el apoderado de la parte actora afirmó que la autoridad judicial accionada omitió valorar las pruebas que acreditaban que el señor Carrillo Cortés cumplía con más de 20 años de servicio y la edad de pensión antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993; de la expedición de las providencias C – 258 de 2013 y SU – 230 de 2015 de la Corte Constitucional; de la sentencia del 28 de agosto de 2018 proferida por esta Corporación y del Acto Legislativo nro. 1 de 2005.
La Sala, en aras de determinar si la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico, estima necesario retrotraerse a lo que allí se analizó; es así como la sentencia proferida el 24 de enero de 2019 por la Sección Segunda – Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, planteó los siguientes problemas jurídicos:
“[…] Procede en consecuencia, como problemas jurídicos, determinar si (i) resulta ajustado a derecho que la pensión de vejez reconocida a la parte demandante quien es beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sea reliquidada teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados en el último año de servicios; y (ii) hay lugar a que sobre la orden de descuento de los aportes al sistema de seguridad pensional sobre los factores que no cotizó el demandante se aplique término prescriptivo […]”.
Como fundamento normativo aludió a los incisos 1 y 3 del artículo 1 de la Ley 33 de enero 29 de 1985 y al artículo 36 de la Ley 100 del 23 de diciembre de 1993 para concluir:
“[…] Se tiene que para el presente caso la parte demandante cumplió 20 años de servicio al Estado antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 y los 55 años de edad después de dicha vigencia, por lo que corresponde determinar si se encuentra sometida (sic) a lo dispuesto por la Ley 100 de 1993.
(…)
Se asume que, en virtud del principio de favorabilidad en materia laboral, la edad, en lo que respecta a las pensiones, es únicamente una condición para la exigibilidad de la prestación y no para su nacimiento, y en consecuencia cuando se completa el tiempo de servicios o las semanas cotizadas ya existe un derecho cierto para el trabajador, es decir, una situación jurídica consolidada que no puede ser desconocida por el legislador.
Siendo así, la parte demandante resulta benéfica de la Ley 33 de 1985 en su integridad […]”.
Así las cosas, la Sala observa que la providencia cuestionada para resolver tuvo en cuenta las pruebas que acreditaban la fecha en que el accionante cumplió la edad y el tiempo de servicios concluyendo que le era aplicable la Ley 33 de 1985, por lo que el mentado defecto fáctico no se configuró.
4.4.2. Defecto procedimental
El defecto procedimental se presenta en eventos donde la autoridad judicial se aparta de manera evidente de las normas procesales aplicables, o de manera excepcional cuando se presenta un exceso de ritualismos, en el cual el operador judicial resta o anula la efectividad de los derechos fundamentales por motivos excesivamente formales.
El fundamento normativo del denominado defecto procedimental se encuentra en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política, normas que consagran los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales.
La jurisprudencia Constitucional ha reconocido dos modalidades de defecto procedimental:
i) Absoluto, cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido para el trámite de un asunto concreto, ya sea porque sigue un trámite totalmente ajeno al pertinente o porque omite etapas sustanciales del procedimiento establecido, afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso, y
ii) Por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando el funcionario, por el apego excesivo e irrestricto a las formas, termina generando un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y, en consecuencia, sus actuaciones se convierten en una clara denegación de justicia. Se incurre en esta modalidad del defecto analizado cuando, entre varias interpretaciones posibles, el juez prefiere aquella que no favorece el principio pro homine e impide al ciudadano el acceso efectivo a la administración de justicia.
Respecto del defecto procedimental absoluto la Corte Constitucional ha señalado: “[…] [E]l defecto procedimental, se presenta en aquellos casos en los cuales el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite al proceso respectivo. Pero para que pueda solicitarse el amparo constitucional mediante la mencionada acción de tutela será necesario, adicionalmente (…) entre otros que, como consecuencia de todo lo anterior, aparezca una vulneración palmaria de los derechos fundamentales del procesado. En otras palabras, si las deficiencias en la defensa del implicado no tienen un efecto definitivo y notorio sobre la decisión judicial o si no apareja una afectación ulterior de sus restantes derechos fundamentales, no podría proceder la acción de tutela contra las decisiones judiciales del caso. […]”
De igual manera esta Corporación ha indicado que el defecto procedimental absoluto se puede configurar porque el funcionario judicial: (i) sigue un trámite totalmente ajeno al asunto sometido a su competencia (desvía el cauce del asunto); (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento establecido, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes o (iii) “pasa por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos fundamentales”.
Con todo, la jurisprudencia constitucional ha precisado que, para que sea procedente la acción de tutela contra providencias judiciales por defecto procedimental, deberán concurrir los siguientes elementos: “(i) (Q)ue no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso específico, y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una vulneración a los derechos fundamentales.”
Asimismo, la Corte ha aclarado que en ningún caso el desconocimiento del procedimiento que se alega puede ser una deficiencia atribuible al afectado.
En el caso concreto, el actor estima que se presenta un defecto procedimental absoluto en la medida que “(…) el ad quem aplicar de manera retroactivas (sic) las sentencias de la Corte Constitucional C – 258 de 2013 y la C – 230 de 2013 y la sentencia del 28 del (sic) de agosto de 2018 del Consejo de Estado, desconoció que el accionante tenía un derecho adquirido y por lo tanto no se le podía aplicar las mencionadas sentencias debido a que eran posteriores a la adquisición del derecho aquí debatido y trataban situaciones fácticas y jurídicas distintas a las aquí debatidas (…)”.
Sin embargo, no señaló cuáles fueron las normas procesales que, en su criterio, el juez de instancia dejó de aplicar o si el trámite surtido no era el pertinente para el caso concreto, o si la Sección Segunda – Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca omitió las etapas sustanciales dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento; en ese sentido, el defecto procedimental invocado no está acreditado.
4.4.3. Desconocimiento del precedente
De manera previa a abordar el alcance del defecto aludido, se debe precisar que la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia ha definido como precedente judicial “la sentencia o conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia o semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”. Al respecto, estableció como criterios para concluir cuando se está ante un precedente, los siguientes: “i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente”.
Bajo los parámetros indicados, un precedente se configura cuando la sentencia pretende resolver un idéntico problema, desde la perspectiva jurídica y fáctica, lo que supone un mismo aspecto jurídico a considerar, unos mismos hechos relevantes, probados y debidamente connotados e iguales fundamentos en derecho. A estos efectos, el examen de los requisitos que deben cumplirse para que se ataque la sentencia en sede de tutela por desconocimiento del precedente, impone al actor la carga de identificar el problema jurídico que resolvió la sentencia cuestionada para compararlo con el problema jurídico resuelto por el precedente, determinando consecuentemente su identidad en los hechos y en el derecho.
Visto así, el desconocimiento del precedente supone que la sentencia cuestionada sea idéntica con aquél en su objeto y causa, entendiéndose por el primero la pretensión jurídica analizada, y por la causa los hechos en que se funda dicha pretensión y los fundamentos normativos de la misma. No habrá entonces desconocimiento del precedente si la sentencia analizada difiere en cualquiera de los aspectos indicados.
Ahora bien, debe destacarse que el deber de respeto o sometimiento a los precedentes judiciales no es absoluto. En efecto, una comprensión excesiva del deber de atenerse a ellos podría suponer la negación de los principios de autonomía e independencia judicial (artículos 228 y 230 CP).
Precisamente por lo anterior la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que el juez puede apartarse válidamente de los precedentes, bien sean estos verticales u horizontales, siempre y cuando se justifiquen de manera clara y precisa las razones para ello. A este respecto, dicha Corporación precisó que resulta válido que las autoridades judiciales, merced a la autonomía que les reconoce la Carta Política, puedan en eventos concretos apartarse del precedente; pero aclaró que, en cualquier caso, esa opción argumentativa está sometida a estrictos requisitos, entre otros (i) hacer explícitas las razones por las cuales se aparte de la jurisprudencia en vigor sobre la materia objeto de escrutinio judicial –requisito de transparencia-, y (ii) demostrar suficientemente que la interpretación alternativa que se ofrece desarrolla de mejor manera los derechos, principios y valores constitucionales –requisito de suficiencia-.
En el escenario hasta aquí esbozado, es posible concluir que, cuando un juez desconoce una regla jurisprudencial vinculante y plenamente aplicable a determinada situación, sin cumplir con la carga argumentativa descrita, incurre en la causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, relacionada con el desconocimiento del precedente judicial y, en consecuencia, vulnera el derecho fundamental a la igualdad de las personas que acudieron a la administración de justicia. Contrario sensu, cuando la sentencia que difiere del precedente fundamenta su decisión de manera razonable y suficiente, justificando tal posición, no resultará procedente la acción de tutela por esta causal específica.
Finalmente, la jurisprudencia ha sido reiterativa en señalar las premisas bajo las cuales habrá de interpretarse una decisión judicial acusada de incurrir en el defecto en mención, anotando al respecto que se debe: “i) determinar la existencia de un precedente o de un grupo de precedentes aplicables al caso concreto y distinguir las reglas decisionales contenidas en estos precedentes; ii) comprobar que el fallo judicial impugnado debió tomar en cuenta necesariamente tales precedentes pues de no hacerlo incurriría en un desconocimiento del principio de igualdad; iii) verificar si el juez tuvo razones fundadas para apartarse del precedente judicial por encontrar diferencias fácticas entre el precedente y el caso analizado, o por considerar que la decisión debería ser adoptada de otra manera para lograr una interpretación más armónica en relación con los principios constitucionales, y más favorable a la vigencia y efectividad de los derechos fundamentales, de acuerdo con el principio pro homine.”
En el asunto bajo estudio, la parte actora señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en este defecto, toda vez que desconoció lo establecido por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación dictada el 4 de agosto de 2010; no obstante, la Sala observa que en la providencia atacada se explicaron los motivos por los cuales ésta no era aplicable al caso concreto:
“[…] Esta Sala de decisión, en acatamiento de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en casos como el presente, había accedido a que las personas beneficiarias del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 con 20 años de servicios públicos a su vigencia, en los términos de la Ley 33 de 1985 tenían derecho a la reliquidación del beneficio pensional que fuera reconocido incluyendo los factores salariales devengados durante el último año de servicios. Pero dicha postura debe modificarse, dando aplicación al contenido de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, al considerar que el criterio interpretativo según el cual “ el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban simplemente enunciados y no impedían la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicio, (…) trasapasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de su libertad de configuración enlistó los factores que conforman la base de liquidación pensional y a ellos es que se debe limitar dicha base.” […]”
A partir de lo anterior, se advierte que la autoridad judicial accionada no incurrió en el defecto señalado; por el contrario, la providencia atacada coincide con la regla jurisprudencial fijada por el órgano de cierre de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, según la cual, los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios del régimen de transición serán aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones, lectura que se sustenta en el principio de solidaridad que orienta el servicio público de seguridad social y que propende por garantizar la correspondencia entre el monto de lo aportado y lo que el sistema retorna al afiliado para asegurar la viabilidad financiera del mismo.
4.4.4. El Defecto sustantivo
Este defecto alude al aspecto normativo que sustenta las decisiones judiciales y se erige como causal de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias en consideración a que, si bien la competencia asignada a los jueces para interpretar y aplicar las normas jurídicas se encuentra amparada por los principios de autonomía e independencia, ésta no es absoluta, pues al ser una atribución que emana de la función pública de administrar justicia está limitada por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.
Los criterios señalados suponen que la irregularidad que se invoca debe ser de tal importancia y gravedad que haya dado lugar a una decisión violatoria de derechos fundamentales, pues la configuración del defecto sustantivo no puede darse a partir de cualquier diferencia con la interpretación en que se funda una decisión judicial; ello, ya que el derecho es dinámico y constituye una ciencia cultural en la que bien pueden debatirse vías jurídicas distintas para resolver un mismo caso, y todas ellas resultar razonables y compatibles con las garantías y derechos fundamentales de los sujetos procesales, pues son distintas las escuelas de pensamiento jurídico y variados los métodos de interpretación que se utilizan para resolver un problema. Precisamente de ello deriva la autonomía de los jueces en su labor de administración de justicia y la necesidad de establecer órganos de cierre.
Ahora bien, resulta pertinente precisar que en la jurisprudencia constitucional se han identificado varias situaciones que ponen de presente la existencia de un defecto material en una providencia judicial. En atención a los presupuestos que las configuran, dichos eventos pueden agruparse en i) el defecto sustantivo que plantea un conflicto en relación con la fuente formal de la providencia que se ataca y, ii) el defecto sustantivo en torno al método de interpretación de la norma jurídica que fundamenta la decisión, a saber:
Defecto sustantivo respecto de la fuente:
Tiene lugar cuando la sentencia se fundamenta en una norma que indiscutiblemente no es aplicable al caso bajo examen por cuanto, a) es inexistente, b) ha sido declarada contraria a la Constitución, o c) está derogada y por tanto perdió vigencia. Asimismo, tiene lugar este defecto cuando de forma manifiestamente arbitraria y grosera se aplica una norma legal que no se adecúa a la situación fáctica del caso, lo cual debe ser debidamente alegado y probado ante el juez constitucional, a riesgo de desconocerse la autonomía del funcionario judicial que dictó la providencia.
Defecto sustantivo en torno al método:
Se configura cuando la fuente formal de la sentencia radica en una norma aplicable al asunto bajo examen, por lo que hay acuerdo al respecto, pero la hermenéutica que de ella se hace no se encuentra dentro del margen de interpretación razonable y aceptable, o “[…] la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes […]”, o cuando se fija el alcance de una norma desatendiendo otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática.
En este asunto, el apoderado de la parte actora fundamentó este defecto en que “(…) la Sentencia objeto de tutela hizo retroactiva la sentencia C – 258 de 2013, SU – 230 de 2015 y retrospectiva la misma sentencia del 28 de agosto de 2018, para el caso aquí debatido, desconociendo que mi mandante tenía un derecho adquirido (…)”. (Subrayas en el escrito de tutela)
Para resolver, la Sala tendrá en cuenta lo siguiente:
(i) La Sección Segunda – Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no hizo alusión a la sentencia C – 258 de 2013, adicionalmente explicó que la providencia SU – 230 de 2015 no era aplicable al caso concreto:
“[…] Debe indicar la Sala que lo dicho por la Corte Constitucional en sentencia SU- 230 de 2015 acerca de la interpretación que debe otorgarse al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, señalando que el IBL no es un elemento del régimen de transición, no resulta aplicable al caso sub – lite, por cuanto la citada providencia se refiere a los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y para el presente caso como la parte demandante cumplió los 20 años de servicio como servidor público antes del 1 de abril de 1994, quedó sometido en su integridad a la Ley 33 de 1985 […]”.
(ii) En este orden, el fundamento jurisprudencial de la providencia atacada fue la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 proferida por esta Corporación, la cual moduló los efectos en el tiempo de las reglas jurisprudenciales ahí fijadas, así:
“[…] 115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables […]”.
(iii) Por consiguiente, el aludido defecto no se configura en la medida que el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, a través del cual el señor Carrillo Cortés pretendía la reliquidación de su pensión de vejez con todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, estaba pendiente de resolverse cuando se profirió la sentencia de unificación.
4.4.5. Violación directa de la Constitución
Esta causal de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales se fundamenta en el principio de supremacía constitucional previsto por el artículo 4 de la Constitución Política, en virtud del cual los preceptos y mandatos allí dispuestos son normas jurídicas de aplicación inmediata, de carácter vinculante y eficacia directa, cuya fuerza normativa impone a todos los administradores de justicia el deber de velar por su cumplimiento y prevalencia.
A este respecto, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que el actual ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los preceptos superiores, al punto que de ellos se derivan mandatos y previsiones cuya aplicación corresponde a las distintas autoridades y, en determinados eventos, a los particulares. En esas circunstancias, resulta plenamente factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales postulados.
En esa medida, el defecto por violación directa de la Constitución se asienta en el modelo de Estado Social de Derecho adoptado en 1991 y parte de la obligación “(…) que les asiste a todas las autoridades judiciales de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4° de la Carta Política, según el cual ‘la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales (…)’”.
En criterio de la Corte Constitucional, esta causal tiene lugar cuando el juez ordinario adopta una decisión que representa la inaplicación de una norma constitucional para el caso concreto, o cuando aplica una norma de rango inferior al constitucional, al margen de los dictados de la Constitución.
Ante la evidencia de que muchas de las situaciones caracterizadas coinciden con las causales de configuración de los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que entre las causales especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial “no existe un límite indivisible” y que una misma circunstancia bajo análisis puede encuadrarse dentro de varios de ellos.
La Corte ha explicado que la violación directa de la Constitución debe ser entendida como una causal específica autónoma de procedencia del amparo constitucional contra una decisión judicial, ante la exigencia de razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso interpretativo que realizan los jueces o autoridades administrativas, el cual siempre estará sujeto, entre otros aspectos, a la concordancia con la Carta Política.
Esta causal de procedibilidad de la acción de tutela no supone el desconocimiento de cualquier norma constitucional sino concretamente la infracción de normas superiores relativas a derechos y garantías fundamentales, en consideración a que es precisamente para el amparo de éstos que se encuentra instituida en la Carta Política la acción de tutela. Por ende, es indispensable que el análisis que efectúe el juez al examinar esta causal se circunscriba a las citadas normas constitucionales.
En el caso bajo examen, el apoderado del actor estima que se presenta una violación directa al debido proceso, a la seguridad social y al principio de favorabilidad, previstos, en su orden, en los artículos 29, 48 y 53 de la Constitución Política, para lo cual reiteró que la providencia cuestionada desconoció que el accionante adquirió el estatus de pensionado antes de la expedición de las providencias C- 258 de 2013; SU – 230 de 2015 proferidas por la Corte Constitucional y la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 dictada por esta Corporación, afirmando que no procedía aplicarlas de manera retrospectiva.
Frente a este reparo, la Sala itera que la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 moduló los efectos en el tiempo de las reglas jurisprudenciales ahí fijadas estableciendo que debían aplicarse a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como judicial, salvo en los eventos en los que ha operado la cosa juzgada, de modo que el pretendido defecto no está configurado puesto que el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovido por el accionante no había finalizado cuando se profirió la señalada providencia.
Por último, la Sala recuerda que la acción de tutela no fue instituida para impugnar o controvertir asuntos fallados en derecho por los jueces naturales en virtud de su autonomía y competencias constitucionales y legales, como si se tratara de una tercera instancia, pues es un mecanismo excepcional y subsidiario al que pueden acudir los ciudadanos de manera extraordinaria cuando las decisiones judiciales adolezcan de los defectos que ha desarrollado la jurisprudencia constitucional.
En conclusión, en el asunto bajo análisis, los pretendidos defectos no están configurados, lo que permite concluir que no le asiste razón al accionante y deberá negarse el amparo de tutela solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Juez Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Facatativá, conforme lo explicado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela instaurada por el señor Evelio Saúl Carrillo Cortés contra la Sección Segunda – Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, según lo analizado en precedencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que la presente providencia no fuere impugnada, ORDENAR a la Secretaría que devuelva al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Facatativá el expediente nro. 252693333751201400101300 enviado en calidad de préstamo.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Reverso folio 10 y 11 del cuaderno de la acción de tutela.
Folio1 del cuaderno de la acción de tutela.
Ibídem.
Reverso folio 1 del cuaderno de la acción de tutela.
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
A folio 1 del cuaderno de la acción de tutela obra sello de radicación de la Secretaría General.
Según consta en el Acta Individual de Reparto obrante a folio 50 del cuaderno de la acción de tutela.
Folios 52 y 53 del cuaderno de la acción de tutela.
Esta orden se cumplió en la fecha del 3 de julio de 2019 según consta de folios 54 a 60 del cuaderno de la acción de tutela.
Folio 137 del cuaderno de la acción de tutela.
Folio 61 a 129 del cuaderno de la acción de tutela.
Reverso folio 67 del cuaderno de la acción de tutela.
Folio 131 a 134 del cuaderno de la acción de tutela.
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.”
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, se publicó el día 1° de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
Lo que se desprende del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado con el nro. 25269 3333 751 2014 01013 02.
Folio 13 del cuaderno de la acción de tutela.
Folio 17 a 22 del cuaderno de la acción de tutela.
Folio 15 y 16 del cuaderno de la acción de tutela.
Folio 3 y 4 del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado con el nro. 25269 3333 751 2014 01013 02.
Folio 5 a 7 del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado con el nro. 25269 3333 751 2014 01013 02.
Folio 25 y 26 del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado con el nro. 25269 3333 751 2014 01013 02.
Folio 103 a 105 del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado con el nro. 25269 3333 751 2014 01013 02.
Folio 123 a 127 del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado con el nro. 25269 3333 751 2014 01013 02.
Folio 177 a 184 del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado con el nro. 25269 3333 751 2014 01013 02.
Folio 85 a 88 del cuaderno de la acción de tutela.
Folio 88 a 90 del cuaderno de la acción de tutela.
En el reverso del folio 86 del cuaderno de la acción de tutela consta que el valor actual de la pensión es de $1.034. 050.
Consejo de Estado- Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014, Radicado nro. 11001-03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera, donde se dijo que acogiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional era razonable que se presentara el amparo máximo en seis (6) meses después de notificada la providencia que se cuestionaba en sede constitucional, sin perjuicio de estudiar en cada caso, las circunstancias particulares para determinar el cumplimiento del requisito de inmediatez.
Cfr. sentencia T-442 de 1994.
Corte Constitucional, Sentencia T-567 de 1998, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.
Corte Constitucional, Sentencia T-419 de 2011, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Cfr. sentencia SU-1300 de 2001 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. La Corte encontró perfectamente razonable la valoración de las pruebas que hizo el Juez Regional en la sentencia anticipada. El Juez no omitió ni ignoró prueba alguna, ni dio por probado un hecho sin fundamento objetivo. “El hecho de que el incremento patrimonial no justificado del procesado, se derivó de actividades delictivas se probó a través de la confesión de {varios testigos}, y de un conjunto concurrente de indicios, entre los cuales sobresale el hecho de que las cuentas en las cuales se consignaron la mayoría de los 23 cheques recibidos por el peticionario, fueron abiertas por él usando información falsa y las fotocopias de las cédulas de sus empleados que aparecían en los archivos de las empresasnstructoras de la familia”.
Cfr. sentencia T-442 de 1994 MP. Antonio Barrera Carbonell.
Cfr. sentencia T-538 de 1994 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esa oportunidad se le concedió la tutela al peticionario por la indebida apreciación que hace el juez de la conducta asumida por una de las partes, que se atuvo a la interpretación que de unos términos hizo el secretario del juzgado, que le lleva a negarle la interposición de un recurso del que depende la suerte del proceso penal.
Corte Constitucional, Sentencia SU-159-2002, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.
Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional, Sentencias T-567 de 1998 y T-417 de 2008, entre otras.
Cfr. Sentencias T-239 de 1996 y T-747 de 2009.
Ver Corte Constitucional, Sentencias T-538 de 1994, T-086 de 2007 y T-747 de 2009, entre otras.
Corte Constitucional, Sentencia T-233 de 2007, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.
Folio 179 del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado con el nro. 25269 3333 751 2014 01013 02.
“por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público.”
“por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
Corte Constitucional, Sentencia T-781 de 2011, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto
Corte Constitucional, Sentencia T-996 de 2003, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.
Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
Corte Constitucional, Sentencia T-017 de 2007, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
Corte Constitucional, Sentencia T-020 de 2013, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
Corte Constitucional, Sentencia T-996 de 2003, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.
Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
Corte Constitucional, Sentencia T-778 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009, M.P.: Luís Ernesto Vargas Silva.
Ibidem
Op. Cit., Sentencia C-590 de 2005.
Ver las Sentencias SU-159 de 2002, C-590 de 2005 y T-737 de 2007.
Al respecto, ver las Sentencias T-781 de 2011 y T-1049 de 2012, entre otras.
Reverso del folio 6 del cuaderno de la acción de tutela.
Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018, T-499 de 2017, T-292 de 2006 y Auto 397 de 2014.
Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018 y SU-053 de 2015.
Corte Constitucional. Sentencia C-634 de 2011.
Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018 y T-351 de 2011.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Expediente nro. 25000 2325 000 2006 07509 01.
Reverso folio 182 del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado con el nro. 25269 3333 751 2014 01013 02.
Corte Constitucional, Sentencia T-757 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
Corte Constitucional, Sentencia T-453 de 2017, M.P.: Diana Fajardo Rivera, en la cual se reitera lo señalado en las sentencias SU-399 de 2012 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, SU-400 de 2012 M.P. (e): Adriana María Guillén Arango, SU-416 de 2015 M.P.: Alberto Rojas Ríos y SU-050 de 2017 M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
Corte Constitucional, Sentencia T-453 de 2017, M.P.: Diana Fajardo Rivera.
Reverso del folio 6 del cuaderno de la acción de tutela.
Corte Constitucional, Sentencia C – 258 de 2013, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Corte Constitucional, Sentencia SU – 230 de 2015, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Folio 182 del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado con el nro. 25269 3333 751 2014 01013 02.
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018, M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
Corte Constitucional, Sentencia SU-1073 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Corte Constitucional, Sentencia SU- 918. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Corte Constitucional, Sentencia T-704 de 2012, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva. En este mismo sentido pueden verse las sentencias T-967 de 2014, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-310 de 2009, M. P. Mauricio González Cuervo y T-555 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Corte Constitucional, Sentencia T-088 de 2018. M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
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