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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-04910-00

Fecha
28 de octubre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-04910-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la UGPP contra la sentencia proferida el 20 de febrero de 2020 por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por lo expuesto en esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS a la entidad accionante, de conformidad con el artículo 255 del CPACA. Por la Secretaría, liquídese el valor que se encuentre acreditado. 35 Número único de radicación: 11001031500020200491000 Actora: UGPP RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN TERCERO: ABSTENERSE de fijar agencias en derecho, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: En firme esta decisión, archívese la actuación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2020-04910-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

28 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA 8 ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Número único de radicación: 11001031500020200491000
Actora: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL - UGPP

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por

la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA

PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP, con fundamento en el artículo 20

de la Ley 797 de 20031, contra la sentencia proferida el 20 de febrero

de 2020 por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de

Estado, que confirmó el fallo de 26 de agosto de 2014, dictado por el

Tribunal Administrativo de Caldas.

I.- ANTECEDENTES

1.1.- El señor ALBERTO ORREGO URIBE, actuando por conducto

de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control previsto en

1
”Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley
100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”.

2

Número único de radicación: 11001031500020200491000
Actora: UGPP
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

el artículo 138 del CPACA, promovió demanda2 con el fin de obtener

la nulidad de: i) la Resolución 28133 de 3 de octubre de 20023; ii)

la Resolución 5482 de 19 de septiembre de 2003 4; iii) el Auto ADP

003049 de 28 de febrero de 20135, iv) la Resolución RPD 19795 de

17 de diciembre de 20126 y v) la Resolución RPD 015230 de 4 de

abril de 20137, expedidas por CAJANAL y la UGPP.

Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos

acusados solicitó, a título de restablecimiento del derecho, que se le

reliquidara la mesada pensional de acuerdo con el Decreto Ley 3135

de 1968 y el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

1.2.- Refirió que nació el 8 de septiembre de 1942 y que para el día

8 de septiembre de 1997 cumplió 55 años.

1.3.- Que laboró en el Instituto Colombiano Agropecuario desde el

20 de febrero de 1967 y también trabajó para la Corporación

Colombiana de Investigación Agropecuaria -CORPOICA- a partir del

1o. de enero de 1994 y hasta el 31 de octubre de 2003, fecha en la

que renunció.

2
A la demanda le correspondió el radicado número 17001-23-33-000-2013-00331-01(4890-14).
3
por medio de la cual se le reconoció una pensión por aportes al señor ORREGO URIBE, expedida por
el subdirector de prestaciones económicas de la Caja Nacional de Previsión Social - CAJANAL
4
Por la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el acto administrativo mencionado
en el literal anterior, proferida por el jefe de la oficina jurídica de Cajanal.
5
comunicado con el oficio Radicado UGPP 20139900552751 del 3 de junio de 2013.
6
por la que se le negó la reliquidación de la pensión de vejez, acto administrativo emitido por el
subdirector de atención a pensionado de la UGPP.
7
por la que se resuelve el recurso de apelación en contra del acto administrativo referido en el numeral
precedente y, proferido por el director de pensiones de la UGPP.

3

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Actora: UGPP
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

1.4.- El actor fundó su demanda en la presunta vulneración de los

artículos 12, 13, 29, 46, 48 y 53 de la Constitución Política; 1° de la

Ley 33 de 1985; 34 y 36 de la Ley 100 de 1993; 27 del Decreto 3135

de 1968; 68 a 77 del Decreto 1848 de 1969; Decreto 1045 de 1978;

y los artículos 69 y 73 del Decreto 01 de 1985.

1.5.- Adujo que le asistía el derecho a la reliquidación con todos

los factores salariales devengados, pues lo reconocido no se ajusta a

lo que percibió por asignación básica y por las primas de vacaciones,

navidad, servicios, técnica, antigüedad, y por la bonificación por

servicios, todos estos valores que deben incluirse en virtud del

artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 e indexarse para garantizar su

poder adquisitivo.

1.6.- El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia de 26

de agosto de 20148 declaró la nulidad parcial9 de las resoluciones

28133 de 3 de octubre de 2002, 5482 de 19 de septiembre de 2003,

19795 de 17 de diciembre de 2012 y 015230 de 4 de abril de 2013;

y ordenó reliquidar la pensión de jubilación del demandante en un

monto del 75% del promedio de todos los factores salariales

devengados sobre los que cotizó en 1993, último año que laboró

como empleado público.

8
Folios 489 a del expediente digital enviado por la Secretaría del Tribunal de Caldas. Carpeta Consejo
de Estado.
9
Declaró la ineptitud de la demanda en relación con el Auto ADP 003049 del 28 de febrero de 2013 al
considerar que no era un acto enjuiciable.

4

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Actora: UGPP
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

1.7.- La anterior decisión fue apelada por la parte demandada y pidió

que la sentencia fuera revocada en su integridad.

II.- SENTENCIA RECURRIDA EN REVISIÓN

Mediante sentencia de 20 de febrero de 2020, la Subsección “A” de la

Sección Segunda de esta Corporación confirmó la sentencia proferida

por el Tribunal.

En el recurso de apelación el apoderado de la UGPP manifestó

compartir la conclusión a la que arribó el a quo frente al régimen

aplicable al demandante, en relación con el hecho de que es

beneficiario del régimen de transición previsto, no solo en la Ley 100

de 1993, sino también en el de la Ley 33 de 1985; y en cuanto al

motivo de reproche, adujo que:

“[…] había incurrido en un «error»10 al incluir en la liquidación
pensional hecha en la Resolución 28133 de 2002 los tiempos
de servicio en el sector público y privado. Esta
equivocación, indicó, ocasionó que el monto pensional
reconocido fuera mayor al que debió ser si se hubiese tenido
en cuenta solo el tiempo de servicio prestado en el ICA. Por
ende, pidió en el recurso que se ordene descontar de la
condena los mayores valores pagados al demandante […]”.

Para abordar este planteamiento, la sentencia cuestionada, indicó:

“[…] en fallo cuestionado se ordenó pagar al señor Orrego Uribe
la diferencia que resulte entre lo que se le pagó por concepto
de mesada pensional y lo que debió sufragarse. Es decir, fue
un reconocimiento sobre el excedente.

10
Ese fue el término utilizado por el apoderado de la UGPP, quien expresó lo siguiente: «Al realizar un
estudio pormenorizado por parte de mi representada para el caso en mención, se puede establecer que
la administración incurrió en un error, al incluir los tiempos en que laboró en la entidad privada siendo
en el caso CORPOICA, cuyas cotizaciones se efectuaron al ISS en liquidación hoy Colpensiones, máxime
si se trata de una pensión reconocida en los términos establecidos de la Ley 33 de 1985 (…)». El texto
citado se encuentra en el folio 617.

5

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Actora: UGPP
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

En ese sentido, según el reproche de la UGPP11 para la Sala lo
pedido en recurso de apelación ya se había decidido por
el juez de primera instancia, al indicarse que «De las
mesadas pensionales reajustadas que ahora correspondan, se
deben deducir las sumas de las mesadas pensionales ya
pagadas»12, sin que se avizore que se hubiese ordenado un
pago doble de la mesada pensional.

Lo anterior motivó a que se concluyera que el recurso
interpuesto no cumplió con la finalidad prevista en el
artículo 320 del CGP, en tanto que no tuvo por objeto
revocar o modicar una decisión desfavorable en su
contra, lo que significa que debe ser despachado en forma
desfavorable al no evidenciarse un interés real para el
recurrente.

La Sala no emitirá pronunciamiento acerca de la
reliquidación ordenada y la interpretación sobre la
aplicación del régimen de transición, en tanto que la
demandada se mostró conforme con lo expuesto en la
providencia relacionado con que el señor Orrego Uribe es
beneficiario del régimen de transición previsto, no solo en la
Ley 100 de 1993, sino también en el de la Ley 33 de 1985 […]”.

III.- EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La UGPP presentó demanda en ejercicio del recurso extraordinario de

revisión, previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Dijo que

este recurso procede contra las providencias judiciales

que reconozcan la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o

pensiones de cualquier naturaleza, con cargo al tesoro público o a

fondos de naturaleza pública, decisiones que podrán ser revisadas

por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo

con sus competencias.

Como pretensiones del recurso, pidió las siguientes:

11
El fallo lo identificó en los s.s. términos: "[…] solicitó que se disponga que de la condena se
descuenten los valores que pagó de más al señor Orrego Uribe, en virtud del reconocimiento
pensional que hiciera en la Resolución 28133 de 2002 […]”
12
Folio 606.

6

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Actora: UGPP
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

“[…] 1. REVOCAR la sentencia proferida el 20 de febrero de
2020, por la subsección A, Sección Segunda, Sala de lo
contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que
confirmó la sentencia de primera instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, de 26 de agosto de 2014,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho de carácter laboral instaurado por el señor ALBERTO
ORREGO URIBE, contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
DE LA PROTECCIÓN SOCIAL– UGPP, en proceso con radicación
2013-00331.

2. Declarar que al señor ALBERTO ORRREGO URIBE, no le
asiste el derecho a que su pensión de jubilación se
liquide con la totalidad de los factores salariales
devengados en el ÚLTIMO AÑO DE SERVICIOS, siendo que
el ingreso base de liquidación debe calcularse conforme con las
previsiones del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
al tenor de lo expresado por la H. Corte Constitucional en
sentencias C- 258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU 395 de 2017,
de manera que resulta del caso incluir única y
exclusivamente la ASIGNACIÓN BÁSICA Y
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS para
efectos del cálculo de la mesada pensional.

3. Declarar que el señor ALBERTO ORREGO URIBE, debe
efectuar la devolución de las sumas pagadas de más en
virtud del acto de reliquidación de la pensión jubilación,
debidamente indexadas, al no haber lugar al pago de valor
ordenado, sin perjuicio de los intereses de mora que se causen
desde la fecha de exigibilidad de la obligación hasta la fecha de
pago total, liquidados a la tasa legal vigente aplicable […]”.

Para explicar sus peticiones, indicó luego del recuento de la actuación

administrativa y la adelantada en el proceso judicial que el recurso

de revisión es procedente habida cuenta que con ocasión del fallo

recurrido se generó un pago periódico de una mesada pensional que

excede lo debido legalmente y se creó una situación jurídica a favor

del señor ALBERTO ORREGO URIBE y en detrimento del erario, al

que se le impuso una carga prestacional sin fundamento legal, con

grave afectación del interés general.

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Actora: UGPP
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Señaló que se configura la causal prevista en el literal b) del artículo

20 de la Ley 797 de 2003, según la cual procede la revisión de

pensiones cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo

debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva

legalmente aplicables.

Estimó que la decisión que se profirió en el expediente 2013-00331

dispuso para efectos de la reliquidación pensional que debía

realizarse con el 75% del salario promedio devengado durante el

último año de servicios, incluyendo todos los factores salariales

devengados, siendo que debía atenerse a la regla establecida

en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, considerando sólo la lista

de factores previstos en el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994, al

tenor de lo expresado por la Corte Constitucional en sentencias C-

258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017.

Indicó que está acreditado que el señor ALBERTO ORREGO URIBE

nació el 8 de septiembre de 1942, por lo que al 1o. de abril de

1994, fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, contaba con

51 años, que lo califican como beneficiario del régimen de transición

previsto en tal estatuto debido a la edad.

También señaló que conforme a lo dispone el inciso 2° de la norma en

cita, -aludió atrás a la Ley 33 de 1995 pero no identifico un artículo-, las

prerrogativas de la transición consisten en que las personas que

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queden cobijadas con éste les asiste el derecho a que se les aplique el

régimen anterior al cual se encontraran afiliadas, en lo que tiene

que ver con la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo

de servicio y el monto de la prestación.

La UGPP afirmó que procede declarar probada la causal del literal b)

del artículo 20 de la Ley 797 de 2013. Para explicarlo, señaló:

i) Que según el artículo 1° de la Ley 33 de 1985, son elementos de

la prestación, los siguientes

1. Edad: 55 años.
2. Tiempo de servicio: 20 años en entidades oficiales.
3. Monto: 75%

ii) Que en el caso del señor ALBERTO ORREGO URIBE, tales

elementos permanecen inanes excepto los que se rigen por la Ley 100

de 1993, puntualmente, el ingreso base de liquidación.

iii) Que la Corte Constitucional en sentencia SU-230 de 2015,

haciendo referencia al precedente que adoptó en la sentencia C-258

de 2013, fijó los términos de interpretación del régimen de transición

contenido en la Ley 100 de 1993, expresando en lo pertinente lo

siguiente:

“[…] EL PRECEDENTE ESTABLECIDO EN LA SENTENCIA C-258 DE
2013.

2.6.1. El régimen de transición, regulado en el artículo 36 de la
Ley 100, entre otros, tiene como fundamento la protección de las
expectativas y la confianza legítima, y los derechos adquiridos en

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el tránsito de una legislación de seguridad social a otra. Por ello,
el mencionado artículo 36 estableció una excepción a la
aplicación universal del sistema de seguridad social en pensiones
para quienes el 1° de abril de 1994, tuvieran 35 años en el caso
de las mujeres o 40 años en el caso de los hombres, y 15 años o
más de servicios o de tiempo cotizado. A estas personas, en
virtud del régimen de transición, se les debe aplicar lo establecido
en el régimen anterior a la Ley 100 al que se encontraran
afiliados, en cuanto a (i) los requisitos para el reconocimiento del
derecho y (ii) la fórmula para calcular el monto de la pensión. El
artículo 36 precisó los beneficios otorgados y la categoría de
trabajadores con acceso al régimen de transición. Los beneficios
del régimen consistieron en conservar la edad en que la persona
accedía al derecho, el tiempo de servicio o el número de semanas
cotizadas, para adquirirlo y el monto de la misma.

[…] En cuanto a los servidores públicos, tanto del nivel nacional
como del territorial, se les aplicaba la Ley 33 de 1985, que
estipulaba una pensión de jubilación a cargo de la respectiva Caja
de Previsión a la cual se encontrara afiliado el trabajador, para
quien acreditara veinte (20) años de servicios continuos o
discontinuos y cincuenta y cinco (55) años de edad
(hombres y mujeres), en una cuantía equivalente al 75%
del salario promedio que sirvió de base para el cálculo de
los aportes en el último año de servicio.

[…] Así que antes de que entrara a operar el Sistema General de
Pensiones existía una gran variedad de regímenes. Algunos
fueron modificados o derogados por la Ley 100 de 1993 y
luego por el Acto Legislativo 01 de 2005, pero a pesar de ello
siguen produciendo efectos jurídicos en virtud del régimen de
transición que extendió sus prerrogativas a quienes estaban
próximos a cumplir los requisitos para acceder a la pensión de
jubilación o de vejez en la fecha en que entró en vigencia […].

Con fundamento en estas razones, la Sala Plena de la Corte
declaró inexequible la expresión “durante el último año” y
estableció que el IBL aplicable debía ser el dispuesto en el
régimen general del artículo 36 de la Ley 100. Es necesario
advertir en este punto que, a diferencia de la jurisprudencia
vigente de las Salas de Revisión de Tutela de la Corte
Constitucional sobre la aplicación inescindible de los regímenes
especiales, incluyendo las condiciones del IBL, esta providencia
declara la inexequibilidad de la norma especial y ordena remitirse
al régimen general de pensiones. Esto se encuentra
suficientemente justificado en la medida en que, para la Sala, al
igual que ocurre con las reglas de Ingreso Base de Liquidación,
factores y beneficiarios, la expresión aludida (i) vulnera el
principio de igualdad en tanto conduce a la transferencia de
subsidios públicos excesivos a un grupo de personas que no sólo
no están en condición de vulnerabilidad o debilidad, sino que, por
el contrario, por regla general pertenecen a un sector en mejores
condiciones socioeconómicas; e (ii) impone un sacrificio

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

desproporcionado de los principios y finalidades de la seguridad
social.

Así pues, la sentencia C-258 de 2013, fijó unos parámetros
determinados para el régimen especial dispuesto en la Ley 4 de
1992, pero, además, estableció una interpretación sobre la
aplicación del IBL a los regímenes especiales sujetos a la
transición del artículo 36 la Ley 100 […]”.

Después de transcribir algunos apartados de las sentencias de

constitucionalidad y de tutela en las que se funda, señaló:

“[…] En ese sentido, es claro que debemos acudir a las
previsiones del inciso 3º del mentado artículo 36, para
determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de
jubilación causada por el señor ALBERTO ORREGO URIBE y no
como lo hizo, acudiendo en su integridad al régimen
pensional anterior que lo cobijaba.

De manera que debe atenerse a la regla que indica que el ingreso
base para liquidar la pensión de vejez de las personas en
transición que les faltare menos de diez (10) años para adquirir
el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el
tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base
en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE, acudiéndose a los factores de
salario previstos en el Decreto 1158 de 1994.

Así las cosas, se advierte que la pensión causada por el señor
ALBERTO ORREGO URIBE, debía liquidarse con el promedio de
los salarios devengados en el tiempo que le hiciera falta para
adquirir el derecho, computando los factores establecidos en el
Decreto 1158 de 1994, que dispone lo siguiente:

“ARTICULO 1o. El artículo 6o del Decreto 691 de 1994, quedará
así: "Base de Cotización". El salario mensual base para calcular
las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los
servidores públicos incorporados al mismo, estará constituido
por los siguientes factores:

a) La asignación básica mensual;
b) Los gastos de representación;
c) La prima técnica, cuando sea factor de salario;
d) Las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación
cuando sean factor de salario.
e) La remuneración por trabajo dominical o festivo;
f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras,
o realizado en jornada nocturna;
g) La bonificación por servicios prestados; […]”.

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iv) En ese sentido, aseguró que el fallador de segunda instancia

“erró” en la consideración de los factores a tener en cuenta para la

liquidación de la pensión en favor del señor ORREGO URIBE, el

Decreto 1158 de 1994 reglamentario de la Ley 100 de 1993, que

estableció los conceptos que integran el salario base, siendo inviable

considerar todas y cada una de las sumas devengadas por el

beneficiario de la prestación.

v) Que, en ese orden, los factores salariales a incluir para la

liquidación de la mesada pensional del señor ALBERTO ORREGO

URIBE, corresponden única y exclusivamente a la asignación

básica mensual y la bonificación por servicios prestados para

efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación reconocida por

la UGPP, por lo que el señor ORREGO URIBE se está beneficiando

de un pago ilegal no autorizado ni establecido en el ordenamiento,

siendo que el pago de tales sumas debería fincar en el sistema

pensional el cubrimiento de mesadas que se encuentren acorde con

lo reglado en la ley.

IV.- TRÁMITE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

4.1. El recurso extraordinario de revisión se admitió por auto de 2

de julio de 202113, decisión que se ordenó le fuera notificada al señor

ALBERTO ORREGO URIBE y al Ministerio Público.

13
SAMAI, índice número 5. Documento 8_AUTOADMITIENDORECURSO(.DOC) NroActua 5

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4.2. Por auto de 17 de septiembre de 202114 el Despacho requirió a

la parte recurrente para que informara el correo electrónico del señor

ORREGO URIBE a fin notificar la admisión de este recuso. También

se requirió al Tribunal Administrativo de Caldas para que enviara el

expediente digital del trámite judicial ordinario en el que se profirió

la sentencia recurrida.

4.3. Ante la imposibilidad de lograr la notificación personal ordenada,

por auto del 16 de septiembre de 2022, el Despacho conductor

dispuso que la notificación se realizara mediante emplazamiento15,

en los términos del artículo 293 del CGP.

4.4. Mediante auto de 1o. de septiembre de 2023 y una vez agotado

el trámite del emplazamiento se designó 16 curador ad litem.

Posteriormente, por providencia de 1º. de diciembre de 202317 se

ordenó tener al abogado JOSÉ GUILLERMO JARA PARDO como

curador ad litem y se le autorizó el ingreso al aplicativo SAMAI.

4.5. En cumplimiento de la providencia anterior, la Secretaría

General procedió a realizar la notificación personal18 al curador ad

litem sin que durante el término de traslado se hubiera recibido

contestación al recurso extraordinario o solicitud de pruebas.

14
SAMAI, índice número 17. Documento 19_AUTOQUEORDENA(.DOC) NroActua 17
15
El edicto emplazatorio obra en el registro de SAMAI, Índice 33, bajo el siguiente documento:
_EDICTOEMPLAZATORIO_2EDICTO(.pdf) NroActua 33
16
Registro en el Índice 38 de SAMAI. Documento: 42_AUTOQUEORDENAASECRETARIA_TRAMITE(.pdf)
NroActua 38
17
Registro en el Índice 45 SAMAI. Documento: 49_AUTOQUEORDENAASECRETARIA(.pdf) NroActua 45
18
Según informe secretarial del 17 de enero de 2024. Registro en el Índice 50 de SAMAI. Documento:
54_ALDESPACHO_RER20200491000(.docx) NroActua 50

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4.6. El Ministerio Público se abstuvo de emitir concepto, pese a que,

por oficio de 9 de julio de 2021, la Procuraduría General de la Nación

informó que el proceso se repartió a la Procuradora Segunda

Delegada.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia de la Sala

El recurso extraordinario de revisión, en los términos del artículo 248

del CPACA, procede contra las sentencias ejecutoriadas19, dictadas

por el Consejo de Estado, los tribunales y los jueces administrativos.

Frente a la competencia asignada a esta Corporación, el artículo 249

del CPACA dispone que la Sala Plena conocerá del recurso

extraordinario de revisión contra las sentencias dictadas por las

secciones o subsecciones del Consejo de Estado, sin exclusión de

aquella Sección que profirió la decisión que se cuestiona.

En armonía con la anterior disposición, es preciso destacar que el

artículo 10720 del CPACA creó las Salas Especiales de Decisión para

19
Y también contra providencias que terminan el proceso. Esta posición es jurisprudencial. Respecto
de su procedencia excepcional esta Corporación refirió lo siguiente en auto de 25 de marzo de 2021, el
Presidente de la Sala Especial de Decisión núm. 17. Radicación número: 11001-03-15-000-2021-
01122-00(A). Actor: Isaac Escobar Romero. C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, refirió: “[…] Sin
embargo, la Corte Constitucional - en sentencia T-519 del 19 de mayo de 2005- y esta Corporación -
Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 25 de junio de 2015 Radicación número: 68001-23-33-
000-2014-00319-01(4194-14) - han aceptado de manera excepcional que algunos autos interlocutorios
que ponen fin al proceso hacen tránsito a cosa juzgada cuando tienen fuerza de sentencia, como ocurre
con la providencia que rechaza la demanda porque se demostró la estructuración de la caducidad del
medio de control. Se ha considerado, entonces, que tales providencias son susceptibles del recurso
extraordinario de revisión […]” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala
Veinticinco Especial de Decisión, Sentencia del 1 de octubre de 2019, Radicación número: 11001-03-
15-000-2018-01979-00(REV); Sección Quinta, 25 de mayo de 2017, Radicación número: 11001-03-
28-000-2017-00013-00).
20
“[…] ARTÍCULO 107. INTEGRACIÓN Y COMPOSICIÓN. […]

14

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Actora: UGPP
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

resolver los procesos asignados por competencia a la Sala Plena de

lo Contencioso Administrativo, o aquellos que ésta les encomiende.

De este modo, la Sala Plena del Consejo de Estado, a través de los

Acuerdos 321 de 2 de diciembre de 2014 y 080 de 2019, reglamentó

la integración 21 y el funcionamiento de las Salas Especiales y les

asignó, entre otras, la competencia para resolver 22 los recursos

extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las

secciones o subsecciones del Consejo de Estado.

5.2. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

Este recurso es un medio judicial de carácter extraordinario

establecido por el legislador como excepción al principio de

inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, que hacen tránsito a

cosa juzgada23.

Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este
Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por
inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de
las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso.
La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al
respecto establezca el reglamento interno […]”
21
“ARTÍCULO 28.- SALAS ESPECIALES DE DECISIÓN. Las Salas Especiales de Decisión creadas por el
artículo 107 de la Ley 1437 de 2011 estarán integradas por un (1) magistrado de cada una de las
Secciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La designación de un nuevo magistrado
no modificará la integración de las Salas Especiales de Decisión. El nuevo Magistrado entrará a formar
parte de la Sala a que pertenecía quien se retiró. La conformación o modificación de la integración de
cada una de estas Salas será publicada en el sitio web del Consejo de Estado. La Sala Plena podrá variar
la conformación de las Salas Especiales de Decisión, previa publicación en el sitio web del Consejo de
Estado. PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para la integración inicial de las Salas Especiales de Decisión cada
uno de los magistrados de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo hará Sala Especial de Decisión
con los magistrados de las otras Secciones, en orden alfabético por apellido […]”.
22
“ARTÍCULO 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado.
2. […]”
23
Y excepcionalmente de algunos autos que finalizan el proceso.

15

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Actora: UGPP
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Su propósito se orienta a cuestionar la decisión judicial que ha

adquirido firmeza, bajo el entendido que su controversia se sustenta

en la ocurrencia de alguna de las causales taxativas previstas en los

artículos 250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de 2003, que se tramitan

bajo este procedimiento especial.

El objeto del recurso extraordinario es el restablecimiento de la

justicia material y su procedencia se supedita a demostrar que la

decisión cuestionada es contraria a derecho.

Ello ocurre cuando se prueba que las circunstancias que surgieron

con la sentencia se encuadran en alguna de las causales delimitadas

por el legislador con lo cual procede la infirmación 24 , tanto para

“enmendar los errores o ilicitudes cometidos en su expedición, así

como [para] restituir el derecho del afectado a través de una nueva

providencia fundada en razones de justicia material, que resulte

acorde con el ordenamiento jurídico”25.

En estos términos, la Corte constitucional precisó:

“[…] La revisión, que no es un recurso sino una acción,
pretende, como lo ha señalado la doctrina y la
jurisprudencia, un examen detallado de ciertos hechos
nuevos que afectan la decisión adoptada y el sentido de
justicia que de ella emana. La acción de revisión, en la
medida en que afecta la certeza brindada por la cosa juzgada,
es no sólo extraordinaria, sino que además procede por las

24
El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 prevé la manera en
que el fallador debe proceder atendiendo la causal alegada que se encuentre fundada.
25
Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009. M.P María Victoria Calle.

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causales taxativamente señaladas por la ley, y no es
posible aducir otras distintas. Y esta taxatividad es
razonable, pues se trata de una figura que modifica
providencias amparadas en el principio de cosa juzgada, y por
ello las causales previstas para la revisión deben ser aplicadas
e interpretadas en sentido restringido” 26.

Además, es oportuno destacar que su objeto y la naturaleza de

constituir un nuevo trámite ajeno al proceso donde se dictó la

decisión cuestionada, torna en improcedente su uso como medio

para plantear reproches a modo de una instancia adicional, en razón

a que está vedado cuestionar la interpretación normativa y la

valoración probatoria que sustentó la decisión del juez natural; es

decir, que en este trámite únicamente pueden ventilarse aspectos

que encuadren en alguna de las causales taxativas27 que habilitan su

procedencia.

5.3. Las causales especiales de revisión frente a las
sentencias sobre pensiones

La Ley 797 de 2003, en su artículo 20, adicionó dos causales

especiales de revisión respecto de aquellas sentencias que

incorporan reconocimientos de sumas periódicas o pensiones a cargo

del tesoro público o fondos de naturaleza pública, así:

“[…] Las providencias judiciales que hayan decretado o

26
Corte Constitucional. Sentencia C-450 de 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
27
En Efecto, la taxatividad deviene de lo restrictivo y específico de su examen. Al respecto la
jurisprudencia destacó: “Las causales que pueden proponerse como fundamento de este recurso,
enlistadas de manera taxativa en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, dan cuenta de
la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que, de conformidad con la ley
procesal, son los únicos que permiten la revisión de la sentencia por la vía del recurso extraordinario
que se analiza […]” Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 1° de diciembre de 2010.
Radicación número: 11001-03-15-000-2008-00480-00 (REV). Actor: Municipio de Belmira y Otros.
Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. C.P. Susana Buitrago Valencia.

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decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza
podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a
solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del Contralor General de la República o del Procurador General
de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el
resultado de una transacción o conciliación judicial o
extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado
para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo
código y podrá solicitarse por las causales consagradas para este
en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido
de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables […]”.

Estas causales tienen un carácter sui generis28, puesto que, aunque

pretenden que se infirme una sentencia ejecutoriada - al igual que

las previstas en el CPACA en el recurso extraordinario de revisión -,

presentan unas particularidades que le otorgan una entidad propia,

relativas con la legitimación por activa calificada y su finalidad 29.

En efecto, la acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003, se

caracteriza por su especificidad en la interposición, objeto y tramite,

así: i) la reclamación está vinculada con la posibilidad de cuestionar

28
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP Jaime Araújo Rentería. En esta
providencia se indicó que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentencias
sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales,
esto último con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de
revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Precisó que las dos (2) causales especiales introducidas por
esa norma se predicaban únicamente respecto de las sentencias.
29
Consejo de Estado, Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 Rad. 11001-03-25-000-2012-
00561-00(2129-12) MP. Gerardo Arenas Monsalve.

18

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las sentencias judiciales que ordenaron el pago de sumas periódicas

de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con cargo al

tesoro público, ii) la legitimación por activa le corresponde

únicamente a aquellas entidades públicas cualificadas que identifica

la norma, y iii) su objetivo es la salvaguarda del erario “centrada en

la revisión de los montos de las pensiones reconocidas en contra de

lo establecido por la ley, en orden a salvaguardar el equilibrio entre

la prestación y su legalidad, así como también proteger los recursos

limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del

sistema de seguridad social y el principio de universalidad que lo

gobierna”30.

Esta delimitación en el ejercicio y la procedencia de estas específicas

causales constituye una barrera que excluye del alcance de la acción

de la Ley 797 la revisión de derechos que implique reabrir el debate

probatorio, pues su objetivo es “garantizar la justicia de la

sentencia”31.

5.4. Oportunidad y legitimidad del recurso extraordinario de
revisión

El inciso cuarto32 del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 prevé que

el término para la interposición del recurso extraordinario de revisión,

30
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley 56 de 2002 -Senado, que culminó con
la promulgación de la Ley 797 de 2003, según se refiere en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sala Especial de Decisión. No. 4, sentencia de 1º de agosto de 2017. CP Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez, Radicación. 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV).
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión No. 4, sentencia
de 1º de agosto de 2017, CP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación. 11001-03-15-000-2016-
02022-00(REV).
32
“[…] ARTÍCULO 251. TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO. El recurso podrá interponerse dentro
del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. […]

19

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cuando se invocan las causales de la Ley 797 de 2003, es de “cinco

años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial”.

De esta manera, bajo el conteo del término de la ejecutoria de la

sentencia, la interposición del recurso no superó los 5 años de que

trata la norma, pues la sentencia se notificó electrónicamente el 19

de junio de 202033 y para el momento de presentar la demanda de

revisión de la referencia, lo cual ocurrió el 25 de noviembre de

2020, se concluye que su ejercicio fue oportuno.

Ahora, frente a la legitimación de la UGPP para interponer este

recurso extraordinario, es oportuno referir que si bien el artículo 20

de la Ley 797 de 2003 le confirió al Gobierno la facultad34 para que

por conducto del: i) Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ii)

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, iii) Contralor General de la

República y iv) Procurador General de la Nación, ha de entenderse

que entre tales entidades también está comprendida la UGPP como

administradora de pensiones.

En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de
los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se
requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o
conciliatorio. […]”
33
Según el auto de unificación de 29 de noviembre de 2022. Rad. 68001-23-33-000-2013-00735-02
(68177) C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, la interpretación que ha de darse al artículo 203 del
CPACA es que “«La notificación de las sentencias por vía electrónica prevista en el inciso primero del
artículo 203 del CPACA se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles
siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente
al de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 205 del CPACA».”
lo que implica que el fallo quedó ejecutoriado bajo esta regla, el 27 de junio de 2020.
34
La que consiste en que se solicite ante esta Corporación, la revisión de aquellas providencias judiciales
donde se reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza
pública, con fundamento en las referidas causales especiales establecidas en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003.

20

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Lo anterior, por cuanto el Gobierno le delegó esta facultad a la UGPP,

a través del Decreto 502135 de 28 de diciembre de 2009, por medio

del cual le asignó como función la de adelantar o asumir, cuando

haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de

2003, disposición que continua vigente según el Decreto 0575 de

201336.

Además, porque este entendimiento también lo confirió la Corte

Constitucional al analizar la problemática surgida con la liquidación

de Cajanal en la sentencia SU427-16 37 , en la que reconoció su

titularidad para el ejercicio de este recurso.

Estas precisiones son suficientes, para concluir sobre la oportunidad

y la legitimación de la UGPP para el ejercicio de este recurso de

naturaleza extraordinaria.

5.5. De la causal invocada

35
“Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones de sus
dependencias.
36
En la actualidad el Decreto 0575 de 22 de marzo 2013 “Por el cual se modifica la estructura de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP) y se determinan las funciones de sus dependencias”, fija esta función a cargo de la UGPP
en el artículo 6 numeral, que dice: “[…] 6. Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adicionen o modifiquen […]”
37
Al respecto la Corte dispuso lo siguiente: “[…] 7.23. Ahora, frente a la legitimación para interponer
el recurso de revisión por la configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no
reguló la titularidad para interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos
en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones encargadas del pago de las
prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras instituciones llamadas
dentro del sistema pensional a velar por su buen funcionamiento financiero[137].
7.24. Por lo anterior, la Corte considera que la UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema
o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya
incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de
dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha
entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal […]” MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez.

21

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En este trámite se invocó la causal prevista en el literal b) del artículo

20 de la Ley 797 38 , de manera que es oportuno referirse a sus

elementos, así:

5.5.1. De la causal del literal b) del artículo 2039 de la Ley 797 de 2003

El literal b) de la Ley 797 de 2003 prevé que las pensiones con cargo

al erario pueden ser revisadas “Cuando la cuantía del derecho

reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o

convención colectiva que le eran legalmente aplicables”40.

A efectos de establecer las razones que motivaron la adopción de

esta causal y el propósito de la revisión extraordinaria frente al

sistema de pensiones, es oportuno traer a colación el siguiente

examen que sobre el particular realizó esta Corporación, que ahora

se prohíja:

“[…] Al respecto ha de señalarse que esta disposición tuvo
respaldo en la exposición de motivos del proyecto de Ley 56 de

38
“Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley
100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”.
39
“[…] Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de
fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo
de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por
el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo código y
además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables. […].”
40
Este artículo fue analizado por la Corte Constitucional con ocasión de la acción pública de
inconstitucionalidad que formuló el ciudadano Jorge Miguel Pauker Gálvez contra los artículos 19 y 20
de la Ley 797 de 2003 y que declaró inexequible la expresión “en cualquier tiempo”, contenida en el
primero y tercero incisos del artículo 20 de la ley 797 de 2003. En lo demás este artículo fue declarado
exequible, respecto de los cargos formulados y bajo los supuestos reseñados en el numeral 5 de las
consideraciones y fundamentos de esta sentencia.

22

Número único de radicación: 11001031500020200491000
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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

2002 - Senado, que indicó: “Artículos 20 y 21. Revisión y
revocatoria de pensiones. Estos artículos contemplan la
posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las
conciliaciones o las transacciones que han reconocido
pensiones irregularmente o por montos que no corresponden a
la ley. Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar
las pensiones irregularmente otorgadas. De esta
manera, se permite afrontar los graves casos de
corrupción en esta materia y evitar los grandes
perjuicios que pueda sufrir la Nación.”41

Con fundamento en esa teleología, el legislador dotó a las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de
control, de una herramienta judicial para solicitar la
corrección de los reconocimientos pensionales que se
encuadren en dichas causales, las que se insiste, se
establecieron con el propósito de fortalecer el principio
de moralidad de que debe estar precedida esta actividad
de reconocimiento pensional y como se lee en el aparte
pretranscrito de la exposición de motivos, para enfrentar y
afrontar el estado del arte actual en el tema de la corrupción
que tanto perjudica las finanzas públicas, en tanto, el pago de
las pensiones se nutre de los recursos del erario, ya de por sí
limitados, y que imponen un examen exigente y riguroso
frente a los montos que se autorizan, pues un exceso en
tales sumas que no correspondan con lo dispuesto
legalmente, afecta la liquidez y solvencia del sistema.

Es claro que el ejercicio de esta clase de recursos entra en
colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad
jurídica, pero precisamente, este mecanismo se instituyó como
una excepción que debe ceder ante un fin legítimo, el cual
es determinar si el reconocimiento se hizo con violación
al debido proceso o si como aquí se invoca, la cuantía
reconocida excede lo ordenado por la Ley.

Y es que no tiene asidero jurídico ni social sostener una
prestación periódica, cuando es evidente que no era viable
su reconocimiento o cuando su monto difiere en exceso,
en tanto ello atentaría contra el interés de carácter
general y el principio de universalidad que gobiernan el
sistema de seguridad social, bajo el amparo de dar
prevalencia a un interés particular, pero que es ficticio, en
cuanto a que es ilegitimo, lo que en últimas representa un
detrimento de los recursos sociales.

Ese equilibrio entre la prestación y la legalidad de la misma, es
la que debe buscar el juez extraordinario cuando en virtud de
su examen, analice si lo pedido en el recurso
extraordinario de revisión recae en pensión
irregularmente otorgada o en monto que no

41
17 Consulta disponible en
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=56&p_cons
ec =4821

23

Número único de radicación: 11001031500020200491000
Actora: UGPP
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

corresponde, o constituye una mera discrepancia que en
última aconteció por ausencia de reclamo o defensa en
las instancias ordinarias a efectos de plantear
discusiones de orden interpretativo que no resulten de
evidente disparidad con lo previsto u ordenado por la ley
[…]”42

5.6. Caso concreto

De acuerdo con el escrito del recurso se tiene que la UGPP invocó en

contra de la sentencia cuestionada, la causal especial de que trata el

literal b) del artículo 20 de la Ley 797, para lo cual presentó reproches

fundados en la aplicación del IBL, motivo por el cual la Sala procederá

a examinar si los fundamentos en que justifica su alegación

posibilitan la infirmación del fallo.

5.6.1. De la causal de revisión consagrada en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

En relación con la causal prevista en el literal b), que se alegó en la

demanda, se aclara que la revisión de la sentencia que reconoce la

prestación podrá solicitarse “cuando la cuantía del derecho

reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o

convención colectiva que le eran legalmente aplicables”, lo que

significa que bajo tal supuesto el aspecto a controvertir no debe

dirigirse a cuestionar el reconocimiento pensional propiamente dicho,

sino la cuantía bajo la cual se concedió la prestación.

42
Consejo de Estado Consejo - Sala de Lo Contencioso Administrativo. Sala Especial De Decisión 4.
Sentencia de 1° de agosto de 2017. Radicación número: 11001-03-15-000-2016-02022-00. Actor:
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social, UGPP. CP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

24

Número único de radicación: 11001031500020200491000
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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La UGPP para explicar esta causal, indica de manera general que la

suma reconocida excede el porcentaje que debió considerarse para

liquidar la pensión, porque aunque el pensionado está cobijado por el

régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de

1993, resulta aplicable el previsto por la Ley 33 de 1985, por lo que la

liquidación o porcentaje del ingreso base de liquidación o IBL debe ser

del 75% del promedio de lo devengado sobre el salario promedio de

los últimos 10 años de servicio.

Al respecto, se aclara por esta Sala que el monto de la pensión y su

liquidación ocurre por la interpretación que le confirió el Tribunal

Administrativo de Caldas y que confirmó el Consejo de Estado en el

fallo cuestionado, bajo el entendido de que no existió ningún reproche

de la UGPP a la decisión del Tribunal que resolvió acceder a la

reliquidación de la pensión, bajo los siguientes argumentos:

“[…] El Tribunal comprobó que al 1.º de abril de 1994 el señor
Orrego Uribe tenía más de 40 años de edad y 26 años, 10 mes
y 11 días de tiempo de servicio en el ICA, por lo que concluyó
que lo cubría el régimen de transición consagrado en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, en consecuencia,
estimó que EL RÉGIMEN PENSIONAL APLICABLE ERA EL
ESTABLECIDO EN LA LEY 33 DE 1985.

Dicho esto, el a quo explicó que al señor Orrego Uribe lo
cobijaba el régimen de transición previsto en el inciso
1.º del parágrafo 2.º del artículo 1.º de la Ley 33 de
1985; empero, advirtió que solo le era aplicable la edad
para pensionarse fijada en el régimen pensional anterior
a esta ley. Ello, pues al 13 de febrero de 1985, entrada en
vigencia de la ley en mención, el señor Orrego Uribe contaba
con un tiempo de servicio de 17 años, 11 meses y 23 días.

En tal sentido, el tribunal concluyó que al demandante le era
aplicable la regulación sobre la edad prevista en el
artículo 27 del Decreto 3135 de 1968; sin embargo, el

25

Número único de radicación: 11001031500020200491000
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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

tiempo de servicios y el monto de la prestación social
serían los señalados en la Ley 33 de 1985. También aceptó
que por haber efectuado aportes al ISS cuando era empleado
de CORPOICA, le era aplicable igualmente la Ley 71 de 1988,
por tal razón, analizó cuál normativa le era más favorable.

Hecho el análisis infirió que la Ley 33 de 1985 era la mejor
opción, puesto que exigía menos tiempo de servicio para
adquirir el derecho pensional. Así, decidió que para
efectos de reliquidar la pensión del señor Orrego Uribe
debía hacerse sobre el 75% de TODOS los factores
salariales recibidos y QUE SIRVIERON DE BASE PARA
LOS APORTES DURANTE EL ÚLTIMO AÑO DE SERVICIO
COMO EMPLEADO PÚBLICO (1993) en tanto que la ley
referida no señala de forma taxativa los que deben tenerse en
cuenta. El argumento lo completó al afirmar que estos deben
deducirse del contenido del artículo 45 del Decreto 1045 de
1978.

El Tribunal aseveró que, pese a que el demandante adquirió el
estatus pensional el día 8 de septiembre de 1997, solo
tiene derecho a recibir la mesada pensional a partir del
3 de noviembre de 2003, ya que, desde el 1.º de enero de
1994 hasta el 2 de noviembre de 2003 se vinculó como
trabajador de CORPOICA, ente descentralizado indirecto que si
bien tiene capital privado el aporte del Estado es mayoritario,
razón por la que en dicho lapso no puede recibir otro pago
proveniente del erario por prohibirlo el artículo 128 de la Carta
Política.

El a quo declaró no probada la excepción de prescripción al
encontrar que la petición la radicó el demandante el 12 de julio
de 2004 y que la entidad emitió las Resoluciones RPD 19795
del 17 de diciembre de 2012 y RPD 015230 del 4 de abril de
2013 para responder. Así, indicó que al presentar la demanda
el 2 de agosto de 2013 lo hizo sin que hubiese culminado el
término de tres años de que trata el artículo 102 del Decreto
1848 de 1969, computado desde la última respuesta dada por
la administración. También ordenó la indexación de los
factores salariales a incluir en la pensión devengados en
el año 1993 […]”.

La transcripción de algunos apartes del fallo recurrido resulta de

relevancia, en razón a que las consideraciones que allí se indicaron

para acceder a la reliquidación de la pensión del señor ORREGO

URIBE no fueron objeto de reproche alguno en el recurso de apelación,

lo que pone de manifiesto que lo que pretende la UGPP ahora es

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Actora: UGPP
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

cuestionar la decisión del Tribunal a través de este recurso de

naturaleza extraordinaria, no precisamente porque constituya un

exceso como lo plantea al invocar la causal alegada, sino porque está

en desacuerdo con el régimen aplicado para calcular el IBL (período de

liquidación) y los factores que deben considerarse para determinarlo.

En efecto, en el fallo recurrido, el Consejo de Estado para proferir la

decisión confirmatoria, precisó lo siguiente:

“[…] En lo que se refiere al deber de sustentar la apelación,
la Sala debe precisar que es una carga procesal
ineludible para el apelante, puesto que por mandato del
artículo 328 del CGP los argumentos en él contenidos son
los que determinan el campo de decisión del juez de
segunda instancia sin que pueda pronunciarse sobre
razones no expuestas43, salvo que la ley le exija decidir sobre
otros aspectos o que hubiesen apelado todas las partes, caso
en el cual le es posible abordar el estudio de la sentencia sin
limitación alguna.44
En tal sentido, la sustentación del recurso de apelación se
torna en indispensable para que pueda hacerse un
estudio de fondo y en ella deben plasmarse los motivos
por los cuales no se comparte la decisión del a quo, pues
son estos lo que delimitan la competencia del ad quem.

Cabe precisar que dicha argumentación debe ser congruente
con el contenido del fallo, en tanto que de no ser así se variaría
la finalidad fijada en el artículo 320 del CGP para el recurso de
apelación. Faltar al cumplimiento de esta carga procesal
impide un estudio de la decisión al carecer de objeto el

43
Sobre el deber de sustentar se puede consultar la sentencia de la Sección Cuarta de esta corporación
del 4 de marzo de 2010 con Radicado: 25000-23-27-000-1999-00875-01 (15328). En ella se plasmó
por parte de la Sala lo siguiente: «La sustentación es la oportunidad o el medio para que la recurrente
manifieste los motivos de inconformidad con la decisión, pero en los aspectos que fundamentaron su
posición, como demandante o demandada, en el debate judicial, y sobre los cuales el a quo se pronunció
de manera adversa o simplemente no se pronunció. El marco conformado por la sentencia y el
recurso de apelación es el parámetro que limita la decisión judicial de segunda instancia.
Como lo señaló la jurisprudencia citada, el superior no tiene la libertad de suponer otros motivos que a
su juicio debieron ser invocados en contra de la decisión». (Resalta la Sala).
44
El artículo 328 del CGP señala lo siguiente: «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de
segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido
al recurso, el superior resolverá sin limitaciones (…)».

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recurso45 y, por tanto, debe ser declarado desierto por
falta de interés para recurrir.46

[…] 2.4.1. Análisis del primer problema jurídico. Sobre la
condena impuesta en la sentencia de primera instancia.

En el recurso de apelación el apoderado de la UGPP solicitó que
se disponga que de la condena se descuenten los valores
que pagó de más al señor Orrego Uribe, en virtud del
reconocimiento pensional que hiciera en la Resolución
28133 de 2002.

Pues bien, el Tribunal Administrativo de Caldas en el texto de
la sentencia que se impugna,47 al referirse al restablecimiento
del derecho, ordenó reliquidar la pensión de jubilación del
demandante en un monto equivalente al 75% del
promedio de los factores salariales percibidos durante el
año 1993 y con efectos fiscales desde el 3 de noviembre
de 2003. Dicho esto, el Tribunal precisó lo siguiente:

«Surtido lo anterior, se ordenará que la demandada pague
al actor las sumas de dinero dejadas de percibir,
equivalentes a la diferencia entre lo efectivamente
recibido por él como pensión de jubilación y lo que le
corresponde al liquidarse dicha prestación, con base en
lo aquí ordenado.
De las mesadas pensionales reajustadas que ahora
correspondan, se deben deducir las sumas de las
mesadas pensionales ya pagadas y su resultado, en cada
caso, constituye las diferencias a pagar por este concepto». 48
(Resalta la Sala).

De igual manera, el Tribunal plasmó en la parte resolutiva de
la providencia lo que a continuación se trascribe:

«ORDÉNASE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
DE LA PROTECCIÓN SOCIAL- UGPP pagar al señor ALBERTO

45
Al respecto se puede consultar la siguiente providencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicación: 19001-33-31-000-2011-00336-01(3980-
17). Actor: Olga Leonor Martínez. Demandado: Departamento del Cauca y otros. Consejero ponente:
William Hernández Gómez. Bogotá, D. C. 29 de agosto de 2018.
46
La Corte Constitucional sobre el particular expresó lo que a continuación se cita: «En otros términos,
la apelación siempre se entiende interpuesta en lo desfavorable, tanto que una alzada propuesta contra
una decisión que de ninguna manera agravia, tendría que ser declarada desierta por falta de interés
para recurrir, pues tal falta afecta la legitimación en la causa».
En igual sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado en los siguientes términos: «Así pues, cuando
la ley lo exija, el recurrente debe señalar en forma oportuna, esto es dentro de los términos establecidos
por la ley, tanto los asuntos o aspectos que considere lesivos de sus derechos, como también justificar
las razones de su inconformidad, a las cuales deberá ceñirse el juez. La exigencia legal de que el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia deba sustentarse no es, en
consecuencia, una simple formalidad irrelevante para el proceso, por lo cual su inobservancia
acarrea la declaratoria de desierto y, por contera, la ejecutoria de la providencia que se
recurre (artículo 212 C.C.A.)». (Resalta la Sala). Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Tercera. Radicación: 73001-23-31-000-1998-03901-01(17605). Actor: Luz
Dary Arturo Ramírez Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional. Consejero ponente:
Mauricio Fajardo Gómez. Bogotá, D.C. 9 de junio de 2010.
47
Folios 590 a 607.
48
Folio 606.

28

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Actora: UGPP
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

ORREGO URIBE las sumas de dinero dejadas de percibir
equivalente a la diferencia entre lo efectivamente
recibido por él como pensión de jubilación y lo que
corresponde al liquidarse dicha prestación…». 49
(Negrilla de la Sala. Las mayúsculas hacen parte del
original).

De todo lo expuesto, la Sala puede concluir que en la
sentencia de primera instancia se ordenó que se pagara
al señor Orrego Uribe la diferencia que resulte entre lo
que se le pagó por concepto de mesadas pensionales y
lo que debió sufragarse, es decir, la orden solo se refiere y
procede sobre el excedente que faltó costear al demandante.

En ese sentido, para la Sala lo que pide la UGPP en el recurso
de apelación ya fue decidido en su favor en primera
instancia, pues esta indicó que «De las mesadas
pensionales reajustadas que ahora correspondan, se deben
deducir las sumas de las mesadas pensionales ya pagadas» 50,
sin que se avizore que se hubiese ordenado un pago doble de
la mesada pensional.

Por tal razón, el recurso interpuesto no cumple con la
finalidad que consagra el artículo 320 del CGP, en tanto
que no tiene por objeto que se revoque o modifique una
decisión desfavorable en su contra, lo que significa que
debe ser despachado en forma desfavorable al NO
EVIDENCIARSE UN INTERÉS REAL para el recurrente.

La Sala no emitirá pronunciamiento acerca de la reliquidación
ordenada y la interpretación sobre la aplicación del régimen de
transición, en tanto que LA DEMANDADA SE MOSTRÓ
CONFORME CON LO EXPUESTO EN LA PROVIDENCIA
RELACIONADO CON QUE EL SEÑOR ORREGO URIBE ES
BENEFICIARIO DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN
PREVISTO, NO SOLO EN LA LEY 100 DE 1993, SINO
TAMBIÉN EN EL DE LA LEY 33 DE 1985 […]”.

Lo transcrito pone en evidencia que la UGPP, como lo señaló el juez ad

quem, no se opuso a las conclusiones sobre el régimen que cobijaba

el derecho pensional del señor ORREGO URIBE ni tampoco a la

reliquidación ordenada, todo lo cual conduce a entender que lo

razonado por el Tribunal adquirió firmeza ante la ausencia de

argumentos de oposición.

49
Folio 607.
50
Folio 606.

29

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Actora: UGPP
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Ahora, es cierto que uno de los reproches en que se sustenta este

recurso es la necesidad no solo de aplicar el IBL respecto del tiempo a

promediar, sino de verificar los factores que lo integran, circunstancias

que al no haber sido debatidas en el recurso de apelación impiden que

esta Sala analice la ocurrencia del presunto exceso en el

reconocimiento de la pensión.

Al respecto esta Corporación, puntualizó:

“[…] 31. El recurso extraordinario de revisión no es el escenario
adecuado para exponer los argumentos que debían desplegarse
en las actuaciones de la nulidad y restablecimiento del derecho,
en este caso, en el recurso de apelación. Aceptar ello,
significaría aceptar que este recurso constituye una tercera
instancia en el que es posible discutir aspectos sustanciales
y formales del litigio y olvidar las causales restringidas y de
interpretación restrictiva que deben orientar la solución del
caso en el marco del recurso extraordinario de revisión51.
Este recurso busca despojar de eficacia a una decisión judicial para
el restablecimiento de la justicia material, siempre que se hubiera
visto afectada por situaciones externas que no pudieron ventilarse
en el proceso ordinario, pero, en todo caso, su objeto es la
revisión de la decisión adoptada por el juez ordinario en la
providencia no susceptible de recursos ordinarios […]” 52 .
(Subrayas y resaltas fuera del texto)

De este modo, no es posible para esta Sala entender que la

interpretación normativa que plantea la UGPP resulta en un exceso y,

por tanto, en una ventaja irrazonable, pues lo invocado ahora es

precisamente la oposición a la tesis jurídica que llevó al Tribunal a

acceder parcialmente a las pretensiones respecto de la solicitud de

51
En el mismo sentido, ver: Consejo de Estado. Sala Especial de Decisión No. 9. Sentencia de 22 de
noviembre de 2021. Rad. 11001-03-15-000-2019-01749-00 (REV) y Consejo de Estado. Sala Especial
de Decisión No. 14. Sentencia de 7 de septiembre de 2023. Rad. 110010315000-20170245600 (REV).
52
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala 14 Especial de Decisión Sentencia
de 11 de julio de 2024. Radicación número: 11001-03-15-000-2021-07061-00 Actor: Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -
UGPP Demandado: Jorge Eliécer Guevara. C.P. Alberto Montaña Plata.

30

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

reliquidación de la pensión del señor ORREGO URIBE y no porque de

ella resulte un excesivo incremento de la prestación que, valga reiterar,

no fue controvertido en el recurso de apelación, lo que impidió un

examen sobre los aspectos a los que ahora se opone o cuestiona la

UGPP.

Estos razonamientos tornan en imposible abordar la interpretación

de los motivos de reproche que se plantean ante el juez

extraordinario, no solo porque no se cuestionaron tales aspectos en

el recurso de alzada, sino porque de haber ocurrido la UGPP tampoco

precisó ni identificó esos valores pagados en exceso, resultando

insuficiente que como explicación de la causal se aluda a un criterio

jurisprudencial, omitiendo las cifras que presuntamente la acreditan.

En ese mismo orden, la alegación frente a que los factores salariales

que, en su entender, debieron estar limitados a la asignación básica

mensual y a la bonificación por servicios prestados y no a todos los

que recibió el beneficiario de la pensión, debió ser controvertida en la

instancia judicial ordinaria para, a partir de su examen, habilitar al juez

el estudio de si dicha inclusión, que denominó “ilegal”, ocasiona el

favorecimiento en el presunto reconocimiento en exceso de la

prestación, atendiendo al régimen que lo ampara.

En efecto, la Sala considera que es necesario que se aluda con

especificidad a ese motivo que hace que la pensión tenga un monto

31

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

que excede al que legalmente le corresponde. En este caso, el

argumento del IBL queda sin fundamento por las razones atrás

expuestas, sin que exista una explicación adicional que permita al juez

extraordinario el examen de la suma que le fue reconocida al señor

ORREGO URIBE por la orden que confirió el Tribunal a quo y que

confirmó el Consejo de Estado, como resultado de hallar que no hubo

reproche orientado a cuestionar el fallo proferido y la liquidación

ordenada.

Por lo expuesto, se declarará infundado este recurso extraordinario.

5.7. Costas

Las costas procesales se definen53 como la “erogación económica que

debe asumir la parte que resulte vencida en un proceso judicial, y se

compone de las i) expensas54 y las ii) agencias en derecho55”.

En la jurisdicción de lo contencioso administrativo su fijación varió

con respecto a lo estatuido en el CCA 56 , al pasar de un criterio

subjetivo 57 a uno objetivo valorativo 58 , que requiere que el juez

revise si se causaron.

53
Consejo de Estado - Sala Plena. Número único de radicación 15001-33-33-007-2017-00036-
01(AP)REV-SU. Sentencia de 6 de Agosto de 2019. CP Rocío Araújo Oñate.
54
“73. […] responden a los gastos necesarios para tramitar el proceso, tales como son el valor de
copias, publicaciones, impuestos de timbre, honorarios de peritos, honorarios de auxiliares de la
justicia, gastos de desplazamiento por diligencias fuera del despacho judicial, gasto de traslado de
testigos, por citar algunos ejemplos”.
55
“74. Las […] -agencias de derecho-, obedecen a la suma que el juez debe ordenar en beneficio de
la parte favorecida con la condena en costas, para reconocerle los costos afrontados por la
representación de un abogado o, si actuó en nombre propio, como contraprestación por el tiempo y
esfuerzo dedicados a la causa.”
56
Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección A.
Sentencia de 28 de febrero de 2020. Radicación número: 19001-23-33-000-2017-00086-01(2445-18).
CP William Hernández Gómez.
57
Esa valoración estaba atada a la prueba del comportamiento de la parte y a la mala fe o temeridad
durante el proceso.
58
En cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, bien sea total o
parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso.

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Ahora, si bien el CPACA prevé que las costas se fijen de manera

objetiva contra la parte vencida en juicio, no operan de manera

automática, pues al juzgador le corresponde valorar si se configura

alguna de las hipótesis previstas por el legislador, reglas que se

predicaban también respecto de los recursos extraordinarios de

revisión.

No obstante lo anterior, la condena en costas en el recurso

extraordinario fue objeto de reforma por la Ley 2080 de 2021, en el

sentido de prever, en los términos del artículo 255 ibidem, que

cuando “se declare infundado [el recurso] se condenará en

costas”.

Ahora, para verificar su aplicación es necesario establecer si en el

asunto bajo examen se dan estos presupuestos de la Ley 2080, que

reformó el CPACA, así: i) establecer si el proceso se radicó en

vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo, pues por mandato del artículo 86 59 de la

Ley 2080 las normas procesales le resultan aplicables a los procesos

59
Según lo prevé el artículo 86 “[…] De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887,
modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas
en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de
su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la ley 1437
de 2011.
En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en
curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias,
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las
notificaciones.

33

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Actora: UGPP
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

en curso y tramitados en vigor del CPACA60, y ii) si el recurso se

declaró infundado.

Para el efecto, en el caso bajo examen se dan los presupuestos

requeridos, lo que impone que se fijen de acuerdo con la naturaleza,

calidad y duración de la gestión útil.

Con tal propósito, se aprecia que el señor ORREGO URIBE fue

representado en este proceso a través de curador ad litem, lo que

indica que en el proceso se pudo incurrir en costas bajo componente

de expensas, las que deberán tasarse por la Secretaría General, bajo

el entendido de verificar aquellos gastos que se encuentren

acreditados y que fueron necesarios para el emplazamiento del actor

del proceso ordinario, según lo dispuesto en el auto de 16 de

septiembre de 202261.

Ahora, en los términos del numeral 762 del artículo 48 del CGP, no

hay lugar a asignar honorarios al auxiliar de la justicia por cuanto su

intervención no los genera63; además, si bien se hizo parte en el

60
En este caso, el procesó se radicó antes de la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021 pues se radicó
el 25 de noviembre de 2020 antes de que ésta se publicara en el Diario Oficial núm. 51.568 de 25 de
enero de 2021; sin embargo, ello no es óbice para su aplicación en los términos del artículo 86 ibidem.
61
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202004
910001100103
62
La norma en comento prevé: “[…] 7. La designación del curador ad lítem recaerá en un abogado que
ejerza habitualmente la profesión, quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor
de oficio. El nombramiento es de forzosa aceptación, salvo que el designado acredite estar actuando
en más de cinco (5) procesos como defensor de oficio. En consecuencia, el designado deberá concurrir
inmediatamente a asumir el cargo, so pena de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar, para lo
cual se compulsarán copias a la autoridad competente.”
63
Al respecto es oportuno indicar que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-083 de 2014,
declaró EXEQUIBLES las expresiones ‘quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor
de oficio’ del numeral 7° del artículo 48 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012).

34

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

proceso y se le notificó la admisión del recurso extraordinario, debe

destacarse que no participó en el trámite mediante contestación o

solicitud de pruebas.

Finalmente, al no evidenciarse que la parte vinculada haya incurrido

en gastos de defensa por cuanto no acudió por conducto de

apoderado judicial de confianza, la Sala se abstendrá de fijar

agencias en derecho ante la inexistencia de actuación que posibilite

su reconocimiento.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de Decisión,

administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de

revisión interpuesto por la UGPP contra la sentencia proferida el 20

de febrero de 2020 por la Subsección “A” de la Sección Segunda del

Consejo de Estado, por lo expuesto en esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS a la entidad accionante, de

conformidad con el artículo 255 del CPACA. Por la Secretaría,

liquídese el valor que se encuentre acreditado.

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Actora: UGPP
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

TERCERO: ABSTENERSE de fijar agencias en derecho, por lo

expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: En firme esta decisión, archívese la actuación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OMAR JOAQUIN BARRETO SUÁREZ
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ELIZABETH BECERRA CORNEJO MILTON CHAVES GARCÍA
Con aclaración y salvamento parcial de voto

(Firmado electrónicamente)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto

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