Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-03774-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-03774-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-03774-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
4 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03774-00
Actor: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Demandado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Temas: Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial/alcance
Defecto sustantivo por aplicación indebida de normas jurídicas/alcance
Defecto fáctico/alcance
Defecto procedimental absoluto/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso e ii) igualdad
Derechos Fundamentales Amparados: i) Debido proceso e ii) igualdad
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Al no haber obtenido la mayoría de votos el proyecto de sentencia presentado a
consideración de la Sala por la Consejera de Estado, doctora NUBIA MARGOTH
PEÑA GARZÓN, la Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio,
al proferir la sentencia de 11 de septiembre de 2020, dentro del proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con
el número único de radicación 17001-23-31-000-2010-00036-01, vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de
la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03774-00
Actor: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, obrando mediante apoderada, presentó solicitud de tutela contra la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al
proferir la sentencia de 11 de septiembre de 2020, dentro del proceso adelantado
en ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el número
único de radicación 17001-23-31-000-2010-00036-01, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Indicó que las señoras María Ernestina Hernández, Luz Mery Sánchez
Hernández, Mari Luz Obando Sánchez, con sus grupos familiares presentaron
demanda contra la Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, en
ejercicio del medio de control de reparación directa, con el fin de que se les
declarara administrativamente responsables por los daños y perjuicios
ocasionados, como consecuencia de la privación injusta de la libertad del que
fueran víctimas las señoras María Ernestina Hernández, Luz Mery Sánchez
Hernández y Mari Luz Obando Sánchez.
4. El Tribunal Administrativo de Caldas mediante sentencia de 23 de enero de
2013, resolvió declarar i) probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima
propuesta por la Fiscalía General de la Nación y ii) negó las pretensiones de la
demanda.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03774-00
Actor: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Sentencia proferida el 11 de septiembre de 2020 por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso de reparación
directa identificado con el número único de radicación 17001-23-31-000-2010-
00036-01
5. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 11 de septiembre de 2020, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 23 de enero de 2013 proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR a la Nación - Rama Judicial responsable por la privación
injusta de la libertad de las señoras María Ernestina Hernández, Luz Mery
Sánchez Hernández y Mari Luz Obando Sánchez, durante el período comprendido
entre el 22 de junio de 2005 y el 18 de octubre de 2007.
TERCERO: CONDENAR a la Nación - Rama Judicial a pagar, por concepto de
perjuicios morales, el equivalente en pesos de las siguientes sumas:
Demandante Cuantía
María Ernestina Hernández (Víctima directa) 100 SMLMV
Luz Mery Sánchez Hernández (Víctima directa) 100 SMLMV
Mari Luz Obando Sánchez (Víctima directa) 100 SMLMV
María Isabel Henao Obando (Hija de Mari Luz Obando) 100 SMLMV
Diego Alejandro Sánchez Hernández (Hijo de Luz Mery 100 SMLMV
Sánchez)
CUARTO: ORDENAR que el director ejecutivo de administración judicial, dentro
del mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, emita un comunicado en el
cual reconozca el daño antijurídico que causó y pida perdón por la afectación al
buen nombre de las señoras María Ernestina Hernández, Luz Mery Sánchez
Hernández y Mari Luz Obando Sánchez, de acuerdo con las especificaciones
expuestas en esta providencia.
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda […]”.
6. Expresó que:
“[…] En el presente asunto, no se aportó la copia de la audiencia en la que se
decretó la medida de aseguramiento impuesta en contra de las demandantes
principales. Al respecto, solo se cuenta con el oficio expedido el 27 de junio de 2005
por el Juzgado Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Aguadas,
en el que se afirmó haberse proferido medida de detención preventiva en
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Actor: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
establecimiento de reclusión en contra de las imputadas, en audiencia realizada el
23 de junio de 20051.
18. No obstante, el anterior documento no contiene los fundamentos de la
decisión que afectó la libertad de las demandantes, por lo que no es posible realizar
un análisis de fondo que permita determinar la legalidad o ilegalidad de esa medida
cautelar personal. En todo caso, dado que la Sala advierte la probabilidad de que
haya ocurrido un daño especial, se estudiará el caso bajo ese régimen objetivo de
responsabilidad2.
19. El 18 de octubre de 2007, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales, Sala de Decisión Penal, revocó el fallo proferido el 16 de diciembre de
2005 por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales, que había
condenado a las demandantes por los delitos de fabricación, tráfico y porte de
estupefacientes, así como de concierto para delinquir, en calidad de coautoras. En
consecuencia, dispuso su absolución, al no haberse probado que las sustancias
incautadas correspondieran a estupefacientes, así como tampoco el concierto para
delinquir con fines de narcotráfico. Lo anterior, toda vez que las pruebas
practicadas en el juicio, y con fundamento en las cuales se dictó sentencia
condenatoria de primera instancia, fueron excluidas por su ilegalidad3.
20. La Sala encuentra que las señoras María Ernestina Hernández, Luz Mery
Sánchez Hernández y Mari Luz Obando Sánchez estuvieron privadas de la libertad
durante 2 años, 3 meses y 27 días, en razón de una investigación penal en la que el
Estado no pudo desvirtuar su presunción de inocencia. Por lo que, en este caso, la
antijuridicidad del daño se deriva de la imposibilidad que surgió dentro del proceso
de justificar definitivamente la restricción del derecho a la libertad de las
demandantes, lo que generó para ellas un daño especial que deberá ser
indemnizado.
2.4. Entidad a la que se le imputa el daño
21. En este caso, la Sala no advierte la configuración de una culpa exclusiva
de la víctima, única causal eximente de responsabilidad posible en materia de
privaciones injustas de la libertad.
22. Respecto de este tema, la Sala observa que el a quo hizo un análisis sobre
la conducta pre procesal de la víctima, para determinar si su conducta rompió o no
el nexo causal entre la decisión de la privación de la libertad y el daño. Sin
embargo, dado que, en este tipo de casos, la decisión que pudo generar el daño se
produjo en el marco de un proceso, los únicos hechos o conductas (de la víctima)
aptos para romper el nexo causal entre esa decisión y el daño suceden en el
1
Folios 7 y 8 del cuaderno No. 1.
2
Al respecto ver, entre otras, las providencias de esta Subsección: Sentencia de 6 de febrero de 2020, exp.
42409, Sentencia de 13 de febrero de 2020, exp. 43482.
3
En la sentencia de segunda instancia se explicó lo siguiente: 1) El informe presentado por el agente Gonzalo
de Jesús Puerta Ramírez da cuenta que, en el examen definitivo de la sustancia incautada, no se siguieron
todos los procedimientos técnicos con el fin de determinar si la muestra era o no cocaína. Al respecto, se
explicó que no era suficiente el testimonio del perito para dar por cierto lo anterior y tampoco era posible
admitir un nuevo informe en la etapa de juicio, con la condición de prueba documental, respecto del cual no se
había podido ejercer el respectivo contradictorio por parte de la defensa; 2) las grabaciones valoradas dentro
del proceso debieron obtener previamente el aval de un juez de control de garantías, por lo que la ausencia de
tal autorización conduce a la ilegalidad de estas pruebas y 3) el descubrimiento probatorio realizado por la
fiscalía en la audiencia preparatoria desconoció la normativa procesal vigente, al haber adicionado unas
pruebas que no fueron presentadas previamente en el escrito de acusación y que fueron fundamentales para
respaldar la materialidad de las conductas imputadas, tal como ocurrió respecto del testimonio de Gloria
Norbela Sánchez y su importancia frente a la configuración típica del delito de concierto para delinquir.
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Actor: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
desarrollo de esa misma actuación, no antes de ella. Por tanto, se debió valorar si
la imposición de la medida de aseguramiento fue causada por la actuación procesal
de quien demandó y no los comportamientos cometidos antes de la investigación,
que aparentemente pudieron generar sospecha en el ente investigador para
proceder a su vinculación a un proceso penal.
23. El juez administrativo debe estudiar todos los elementos de
responsabilidad y reservar el estudio de la culpa civil de la víctima para la
valoración de sus conductas procesales en el análisis de causalidad o de
imputación fáctica. Sin embargo, en el contexto de ese examen, el juez
administrativo no puede sustituir al juez penal, que es el único competente para
valorar la conducta pre-procesal de quien fue privado de la libertad.
24. En consecuencia, del material probatorio que obra en el expediente, la
Sala no advierte la configuración de esta causal eximente de responsabilidad. Las
demandantes, en efecto, no desplegaron ninguna actuación dentro del proceso
penal, de la cual se pudiese predicar su incidencia en la causación del daño. Por el
contrario, sus intervenciones se circunscribieron a presentar los argumentos y las
respectivas justificaciones, tendientes a demostrar su inocencia en el
comportamiento investigado.
25. Ahora bien, como el aludido proceso penal se tramitó en vigencia de la Ley
906 de 2004, el daño alegado por la privación de la libertad de las demandantes
principales solo puede imputársele a la Rama Judicial, dado que el Juzgado Penal
Municipal de Control de Garantías de Aguadas fue el que impuso las medidas de
aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario en su contra.
En efecto, según esta normativa, si bien la fiscalía debe solicitar las medidas “que
aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal”, entre ellas, la
medida de aseguramiento, es el juez de control de garantías, en ejercicio de sus
competencias legales y de manera autónoma, quien adopta la decisión sobre la
libertad del ciudadano4 […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
7. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] 1. Se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a
la contradicción y a la igualdad al condenarse de forma arbitraria a la Rama
Judicial, dentro del expediente de reparación directa No.
17001233100020100003601 en el que actúa como demandante la señora Luz
Mery Sánchez Hernández y otros; y demandadas la Nación – Rama Judicial y
Nación -Fiscalía General De La Nación.
4
El artículo 306 de la Ley 906 de 2004 prevé que “[e]l fiscal solicitará al juez de control de garantías
imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento
necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la
defensa la controversia pertinente.// Escuchados los argumentos del fiscal, Ministerio Público y defensa, el
juez emitirá su decisión (…)”(Negrillas nuestras).
De lo anterior se desprende que, si bien el delegado de la fiscalía debe presentar la petición de imposición de
medida de aseguramiento, es al juez, en este caso de control de garantías, a quien le corresponde proferir, de
manera autónoma e independiente, la respectiva decisión.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03774-00
Actor: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
2. Como consecuencia de lo anterior, se deje sin valor y efecto la sentencia de
fecha 11 de septimebre (sic) de 2020, dentro del proceso de reparación directa No.
17001233100020100003601 en el que actúan como demandante la señora Luz
Mery Sánchez Hernández y otros; y demandadas la Nación – Rama Judicial y
Nación -Fiscalía General De La Nación, y se ordene, por consiguiente, a la Sección
Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado proferir un nuevo fallo en el que se
denieguen las pretensiones de la demanda.
3. En caso de no considerarse lo anterior, se ordene la Sección Tercera,
Subsección “B” del Consejo de Estado, confirmar el fallo proferido por el a -quo, por
las razones y argumentos expuestos por dicha instancia judicial […]”.
8 El actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada incurrió
en un i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, ii) en un
defecto fáctico, iii) en un defecto sustantivo por aplicación indebida del artículo
70 de la Ley 270 de 7 de marzo de 19965 y 63 del Código Civil; y iv) en un defecto
procedimental por desconocimiento del principio de congruencia.
Actuaciones
9. Durante el trámite de la presente acción de tutela, la Sección Quinta del
Consejo de Estado, mediante auto de 17 de marzo de 2022, declaró la nulidad de
todo lo actuado a partir del auto admisorio, al estimar necesaria la vinculación de
los herederos de la señora María Ernestina Hernández (q.e.p.d).
10. En ese orden de ideas, el Despacho sustanciador6, mediante auto de 29 de
marzo de 2022; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados de
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y iii) vinculó al Tribunal
Administrativo de Caldas, a la Fiscalía General de la Nación, al representante legal
de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a Luz Mery Sánchez
Hernández, Mari Luz Obando Sánchez, María Isabel Henao Obando, Diego
Alejandro Sánchez Hernández y a los herederos de la señora María Ernestina
Hernández (q.e.p.d): Carlos Ancízar Villanueva Hernández, Consuelo Sánchez
Hernández, Luz Enit Sánchez Hernández, Luz Mery Sánchez Hernández, María
Lindelia Osorio Hernández, Martha Lucía Sánchez Hernández y Diana Carolina
5
“Estatutaria de la administración de justicia”.
6
Despacho del Consejero de Estado doctor Oswaldo Giraldo López.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03774-00
Actor: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Sánchez Aguirre; en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el
término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.
Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo
11. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró
que:
“[…] Se considera que la providencia y el expediente de la respectiva acción de
reparación directa, contienen los argumentos y elementos necesarios para que el
juez de la acción de tutela tome la decisión que en derecho corresponda. En
consecuencia, el suscrito magistrado, en mi condición de ponente del fallo objeto
de esta acción de tutela, estaré presto a atender lo que disponga la Sala que
decida la acción constitucional […]”.
12. Luz Mery Sánchez Hernández, Mari Luz Obando Sánchez, María Isabel Henao
Obando, Diego Alejandro Sánchez Hernández y Carlos Ancízar Villanueva
Hernández adujeron que en el caso concreto no se acreditaba el cumplimiento del
requisito general de la inmediatez.
13. De igual manera, expresaron lo siguiente:
“[…] A través de la acción de tutela, la parte accionante pretende que se
desconozca el principio de autonomía judicial previsto en el artículo 228 de la
Constitución Política, con el propósito de anteponer un criterio o posición jurídica
frente a un razonamiento jurídico válido y razonable, el cual fue planteado y
desarrollado por el juez natural, esto es, por La Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, en la sentencia del 11 de septiembre de 2020. De
esa manera, la acción de tutela se está ejerciendo en este caso a la manera de
una tercera instancia definitoria del conflicto.
Al revisar los argumentos esbozados en la sentencia del 11 de septiembre de
2020, la Subsección B del Consejo de Estado, como juez natural, estimó que El
Estado no pudo desvirtuar la presunción de inocencia de las personas que fueron
objeto del proceso penal, por lo que “(…) en este caso, la antijuridicidad del daño
se deriva de la imposibilidad que surgió dentro del proceso de justificar
definitivamente la restricción del derecho a la libertad de las demandantes, lo que
generó para ellas un daño especial que deberá ser indemnizado”.
En la misma sentencia, para afianzar dicha aseveración, se dijo lo siguiente sobre
la decisión absolutoria emitida en el proceso penal por parte de La Sala de
Decisión Penal del Tribunal Superior de Manizales: “(…) En consecuencia, dispuso
su absolución, al no haberse probado que las sustancias incautadas
correspondieran a estupefacientes, así como tampoco el concierto para delinquir
con fines de narcotráfico. Lo anterior, toda vez que las pruebas practicadas en el
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juicio, y con fundamento en las cuales se dictó sentencia condenatoria de primera
instancia, fueron excluidas por su ilegalidad […]”.
[…]
“[…] La demanda que dio inicio al proceso de reparación directa por privación
injusta de la libertad fue presentada el 18 de diciembre de 2009, por hechos
ocurridos entre los años 2005 a 2008. Como fundamentos jurídicos esgrimidos en
la demanda, se tienen los que al momento de su presentación estaban vigentes,
de tal manera que exigir a la parte demandante unas reglas de juego diferentes y
posteriores, estas últimas previstas casi 10 años después de la presentación de la
demanda, constituye una violación a la cláusula de Estado de Derecho y al deber
general del Estado de respeto a las garantías judiciales, debido proceso, libertad,
igualdad, y confianza legítima […]”.
14. El Tribunal Administrativo de Caldas, la Fiscalía General de la Nación, el
representante legal de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los
herederos de la señora María Ernestina Hernández (q.e.p.d): Consuelo Sánchez
Hernández, Luz Enit Sánchez Hernández y María Lindelia Osorio Hernández
guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por
el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 20217 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20188 y
con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta
sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
16. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
7
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
8 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
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Actor: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas Jurídicos
17. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al proferir la
sentencia de 11 de septiembre de 2020 dentro del proceso de reparación directa
identificado con el número único de radicación 17001-23-31-000-2010-00036-01,
incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, ii) en
defecto sustantivo por aplicación indebida de normas jurídicas, iii) en defecto
fáctico y iv) en defecto procedimental absoluto, lo que trajo como consecuencia
que declarara la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad
de la que fueron víctimas las señoras María Ernestina Hernández, Luz Mery
Sánchez Hernández y Mari Luz Obando Sánchez.
18. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento
de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial; v) el defecto sustantivo por aplicación
indebida de normas jurídicas; vi) el defecto fáctico; vii) el defecto procedimental
absoluto; viii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso; ix) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad; x) análisis del caso concreto y finalmente las xi) conclusiones de la Sala.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03774-00
Actor: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales
19. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello9, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la Ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales
20. Esta Sección10 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación ha elaborado sobre el tema.
21. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
22. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de
2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03774-00
Actor: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”11.
23. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
24. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”12 que encaje en dichos
parámetros.
25. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
26. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413.
Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela en el caso concreto
27. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
11
Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
12 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
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Actor: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional.
28. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con
los requisitos generales de procedibilidad, así:
28.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales del
actor al debido proceso y a la igualdad.
28.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela
contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación de
los derechos fundamentales citados supra, y además, ii) el actor cumplió con la
carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial accionada incurrió en un posible defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial.
28.3. Para la Sala exigirle a la parte actora una carga argumentativa mínima se
justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica
principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales14, en el escenario
del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el
principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover
dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la
argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una
providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos
fundamentales.
14
“Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el
derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
13
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28.4. Cumplió con el principio de inmediatez15.
28.5. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces
y eficientes con los cuales el actor pueda lograr la protección de los derechos
invocados.
28.6. Por invocar la acción de tutela un defecto procedimental es necesario hacer
un análisis de este requisito;
28.8. El actor identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y
28.9. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
29. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento
jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las
siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente
jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la
extensión de la jurisprudencia.
30. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley
169 de 31 de diciembre de 189616 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de
2011 ; así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 200118; C-
17
816 de 201119; C-179 de 201620; y T-102 de 201421.
15
Puesto que se interpuso antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia de 11
de septiembre de 2020 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
16
“Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
17
“se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de
Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar
jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de
revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de
2009”.
18
Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
19
Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
20
Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
21
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).
14
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31. En relación con esta causal, la Corte Constitucional”22 ha desarrollado,
ampliamente, el concepto del precedente judicial, señalando que es el “[…]
conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su
pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe
considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de
dictar sentencia […]”, que busca asegurar la eficacia de los principios y derechos
fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza
legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso
efectivo a la Administración de Justicia.
32. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte
Constitucional23, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con
fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente
que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus
decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado
por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez
(precedente horizontal).
33. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia
constitucional, cuya doctrina es obligatoria24, la regla del respeto del precedente
no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible
frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio
tendiente a resolver una situación concreta.
34. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en
los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados
jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala25, a
saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el
precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación
22 Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011,M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
23 Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
24 Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995,M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5
de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de
2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.
15
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Actor: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar
la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el
orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones
adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la
jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la consideración que
esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos,
principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.
35. En efecto, la Sala26 ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que
se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud
de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en
las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial27”, para lo cual
resulta obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso
concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se
sustenta la decisión de apartarse.
36. Por último, debe hacerse énfasis, en que la labor judicial que llevan a cabo los
órganos de cierre como lo son: la i) Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado y
iii) la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o fijan el alcance de una
disposición normativa, crean reglas y sub reglas jurisprudenciales, que deben
ser tenidas en cuenta por todos los jueces, cuando: a) se evidencie que los
hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente y b) que la ratio
decidendi resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso.
Defecto sustantivo por aplicación indebida de una norma jurídica
37. La Corte Constitucional ha identificado los eventos en que se configura el
defecto sustantivo:
“[…] En sentido amplio se está en presencia del vicio cuando la autoridad
judicial emplea una norma inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la
26 ibídem.
27 Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica
Méndez y T-161 de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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norma adecuada, o interpreta las normas de tal manera que contraría la
razonabilidad jurídica28.
En estricto sentido, lo configuran los siguientes supuestos:
a. El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente29 o porque ha sido derogada30, es inexistente31,
inexequible32 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
Legislador33.
b. No se hace una interpretación razonable de la norma34.
c. Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos
erga omnes35.
d. La disposición aplicada es regresiva36 o contraria a la Constitución37.
e. El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición38.
f. La Decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma39.
g. Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó
o justificó de manera insuficiente su actuación.
Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de
un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente […]”. (Subrayado por la Sala).
38. En ese orden de ideas, uno de los eventos de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales es cuando el juez incurre en un defecto
sustantivo por haber aplicado indebidamente una norma jurídica, que terminó
siendo relevante para resolver el caso concreto.
28
Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 6 de marzo de 2002, T-295 de 31 de marzo de 2005 y T-743 de
24 de julio de 2008 todas con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 de 27 de enero
de 2005, T-657 de 10 de agosto de 2006 ambas con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra,
Corte Constitucional, sentencia T-686 de 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, Corte
Constitucional, sentencias T-033 de 1 de febrero de 2010, y T-792 de 1 de octubre de 2010 ambas con
ponencia del Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
29
Corte Constitucional, sentencia T-189 de 3 de marzo de 2005, M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
30
Corte Constitucional, sentencia T-205 de 4 de marzo de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
31
Corte Constitucional, sentencia T-800 de 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería
32
Corte Constitucional, sentencia T-522 de 18 de mayo de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
33
Corte Constitucional sentencia SU-159 de 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
34
Corte Constitucional sentencias T-051 de 30 de enero de 2009, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-
1101 de 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
35
Corte Constitucional, sentencias T-462 de 5 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnett, T-842 de
9 de agosto de2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, y T-814 de 19 de octubre de 1999, M.P Antonio Barrera
Carbonell.
36
Corte Constitucional, sentencia T-018 de 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
37
Corte Constitucional, sentencia T-086 de 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
38
Corte Constitucional, sentencia T-231 de 13 de mayo de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
39
Sentencia T-807 de 26 de agosto de 2004, M.P. Clara Inés Vargas.
17
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Defecto fáctico -reiteración jurisprudencial-
39. Esta Sección ha identificado los eventos en que se configura una causal de
procedibilidad por defecto fáctico:
40
“[…] En lo que respecta al defecto fáctico, la jurisprudencia41 ha determinado
que se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el juez resulta
arbitraria o abusiva por: a) dejar de valorar pruebas debidamente allegadas, b)
valorar las que debió haber desconocido (por no haber sido arrimadas en debida
forma); y, c) por interpretar el acervo de manera irracional; siempre que esas
pruebas resulten ser determinantes en el sentido del fallo; de lo contrario, se
entiende que las interpretaciones que realice el juez de instancia se encuentran
dentro de la autonomía e independencia propias del juez natural.
El defecto fáctico se estructura desde cualquiera de sus dos dimensiones, i) la
negativa que se presenta “cuando el juez niega o valora la prueba de manera
arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da
por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por
el juez;”42 mientras que, ii) la positiva, se configura “cuando el juez aprecia
pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada
que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la
Constitución.”43[…]“. 44
40. En ese orden de ideas, el defecto fáctico se configura cuando el juez de
manera arbitraria y caprichosa i) omite valorar los medios probatorios
debidamente allegados al proceso, ii) le da pleno valor a las pruebas que debió
haber desconocido y iii) por haber efectuado una interpretación irrazonable del
acervo probatorio.
41. Se debe resaltar que para la configuración de dicho defecto la prueba en
cuestión debe ser determinante o relevante para el sentido de la decisión judicial y
40
“En términos generales, dicha figura resulta de la actuación de los funcionarios con poder judicial de manera
arbitraria y caprichosa, sin fundamento objetivo y razonable, apartada de los parámetros constitucionales y
legales, sin operancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica, por la imposición del interés propio
de aquéllos, mediante comportamientos que prima facie parecieran reflejar los mandatos contenidos en el
ordenamiento jurídico vigente, dada la calidad de autoridad del funcionario que la profiere y de la potestad que
ejercita, pero que bajo un examen más estricto tales supuestos resultan descartados.” (Corte Constitucional,
Sentencia T-204 de 28 de febrero de 2008, M.P. Hernando Herrera Vergara).
41
Corte Constitucional. Sentencia T-737 de 25 de septiembre de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre
el tema, ver también: Sentencias SU-447 de 26 de mayo de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo y T-535 de
20 de agosto de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
42
Corte Constitucional.
43
Ibídem.
44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 30 de marzo de
2017, C.P. Roberto Augusto Serrano Valdés, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-00420-00.
18
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Actor: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
que con fundamento en los principios constitucionales de independencia y
autonomía judicial, los jueces tienen un amplio margen de apreciación para la
valoración de las pruebas. La Corte dijo:
“[…] La jurisprudencia ha reconocido, a partir del principio constitucional de
autonomía e independencia judicial, el amplio margen que tienen los jueces al
momento de efectuar la valoración de las pruebas aportadas al proceso conforme
a las reglas de la sana crítica; no obstante, también ha advertido que tal poder
comporta un límite ya que no puede ser ejercido de manera arbitraria, en tanto
puede lesionar derechos fundamentales […]”45
El defecto procedimental como causal de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales
42.Frente al defecto procedimental la Corte Constitucional ha establecido que
existen dos clases, a saber: i) defecto procedimental absoluto y ii) exceso ritual
manifiesto. En sentencia SU-159 de 2002 la Alta Corporación consideró que el
defecto procedimental se configura cuando “[…] el juez se desvía por completo del
procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones […]” y
actúa “[…] en forma arbitraria y con fundamento en su sola voluntad […]”.
Asimismo, señala que el proceso está viciado cuando “[…] se pretermiten eventos
o etapas señaladas en la ley para asegurar el ejercicio de todas las garantías que
se le reconocen a los sujetos procesales de forma tal que, por ejemplo, (i.) puedan
ejercer el derecho a una defensa técnica, que supone la posibilidad de contar con
la asesoría de un abogado –en los eventos en los que sea necesario -, ejercer el
derecho de contradicción y presentar y solicitar las pruebas que considere
pertinentes para sustentar su posición; (ii.) se les comunique de la iniciación del
proceso y se permita su participación en el mismo y (iii.) se les notifiquen todas las
providencias proferidas por el juez, que de acuerdo con la ley, deben serles
notificadas […]”46.
43.De igual manera, la Alta Corte, en sentencia T-204/15, consideró47:
“[…] El defecto procedimental absoluto ha sido definido por la Corte Constitucional
como el vicio que se configura cuando el juez se aparta completamente del
45
Corte Constitucional, Sentencia T-267 de 8 de mayo de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
46
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
47
Corte Constitucional, Sentencia T-204 de 20 de abril de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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procedimiento establecido por las normas jurídicas, ocasionando una vulneración
del derecho fundamental al debido proceso. Tal como lo ha reseñado la
jurisprudencia constitucional, la razón de ser de la consagración de esta causal de
procedibilidad contra sentencias judiciales está relacionada con la protección de
los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, que sujetan al juez a los procedimientos previamente establecidos, en
virtud del principio de legalidad.
De esta manera, en aquellos casos en que un juez resuelve, en forma arbitraria,
desconocer los procedimientos y las formas establecidas para el desarrollo de los
juicios, vulnera no sólo los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, relacionados con los derechos a la defensa y
contradicción que le asiste a las partes en el marco de un proceso judicial o de un
procedimiento activo. En realidad, con esta omisión, el juez natural pone en peligro
la protección y efectividad de los derechos subjetivos de las partes en el referido
trámite, lo cual supone una afectación de carácter sustancial, si se tiene en cuenta
que los procedimientos están concebidos para asegurar la efectividad de dichos
derechos sustanciales […]”.
44.En conclusión a lo anterior, la Sala advierte que el defecto procedimental
absoluto se configura cuando la autoridad judicial de manera grosera y arbitraria
se desvía completamente del procedimiento establecido en la ley, lo que trae
como consecuencia la vulneración del derecho fundamental al debido proceso.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso
45. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
46. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
48
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
48
Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
20
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actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que
“[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en
forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente,
respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de
aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus
derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene
como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a
través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la
convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y
artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
47. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
48. Atendiendo a que la Corte Constitucional ha entendido que el derecho a la
49
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
49
Corte Constitucional, sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
21
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basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Análisis del caso en concreto
49. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
50. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por el
actor en su respectivo escrito de tutela.
Acervo y análisis probatorios
51. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra el
siguiente documento:
51.1. Copia de la sentencia proferida en segunda instancia por la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 11 de septiembre de 2020 dentro del
medio de control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 17001-23-31-000-2010-00036-01.
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Solución del caso concreto
Análisis del presunto defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial
52.La parte actora en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial
accionada se apartó del precedente judicial establecido en las Sentencias C-037
de 199650 y SU-072 de 201851 proferidas por la Corte Constitucional.
53.En ese orden de ideas, la Sala debe efectuar el respectivo análisis de las
sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018 proferidas por la Corte
Constitucional, para concluir si la autoridad judicial demandada al resolver el caso
concreto desconoció dichos precedentes judiciales.
Sentencia SU-072 de 2018
54.Le correspondió a la Corte Constitucional revisar dos52 tutelas con similitud de
hechos y pretensiones, relacionadas con la revisión de acciones de tutela
presentadas contra providencias que analizaron la responsabilidad del Estado por
la adopción de medidas de aseguramiento respecto de las cuales, con
posterioridad se dispuso la libertad inmediata, en virtud del principio de in dubio
pro reo.
55.El problema jurídico planteado en dicha providencia consistió en determinar si
la autoridad judicial había incurrido en un defecto sustantivo al aplicar un régimen
de responsabilidad objetiva para resolver la demanda de reparación directa, y si se
incurrió en defectos orgánico y fáctico, por un tema de competencia y la no
valoración de una prueba documental aportada en copia simple.
56.En la providencia se realizó una breve reseña sobre los antecedentes de la
responsabilidad del Estado, para concluir que: “[…] En el caso de la privación
injusta de la libertad la Corte, ciñéndose exclusivamente al texto normativo y
50
Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
51
Corte Constitucional, Sentencia SU-072 de 5 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
52
T – 6.304.188 y T – 6.390.556
23
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teniendo en cuenta las dos premisas señaladas, esto es, que el artículo 90 de la
Constitución no define un título de imputación y que, en todo caso, la falla en el
servicio es el título de imputación preferente, concluyó en la sentencia C-037 de
1996 que el significado de la expresión "injusta" necesariamente implica definir si
la providencia a través de la cual se restringió la libertad a una persona mientras
era investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada, previa la verificación
de su conformidad a derecho […]”. Asimismo, indicó que:
“[…] Nótese que en el primer evento basta con desplegar todo el aparato
investigativo para establecer si fenomenológicamente hubo una alteración de
interés jurídico penal. No puede, entonces, el juez o el fiscal imponer una medida
privativa de la libertad mientras constata esta información, dado que esta debe
estar clara desde los albores de la investigación. No en vano las diferentes
normativas procesales han elaborado un esquema del cual hace parte una fase de
indagación encaminada, entre otros propósitos, a establecer justamente si se
presentó un hecho con trascendencia en el derecho punitivo que pueda ascender
a la categoría de conducta punible.
El segundo evento es una tarea que reviste una mayor sencillez en tanto depende
solo de un criterio jurídico esencialmente objetivo; se trata de un cotejo entre la
conducta que se predica punible y las normas que la tipificarían; de esa manera,
muy pronto debe establecer el Fiscal o el juez si la conducta encaja en alguna de
las descripciones típicas contenidas en el catálogo punitivo […]”.
57.La Corte concluyó que:
“[…] La Corte en esta oportunidad ratifica que el artículo 90 de la
Constitución Política no establece un régimen de imputación estatal
específico.
118. El artículo 68 de la Ley 270 de 1996, al igual que la sentencia C-037 de
1996, no definen un régimen de imputación concreto.
119. Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han aceptado
que el juez administrativo, en aplicación del principio iura novit curia, deberá
establecer el régimen de imputación a partir de las particularidades de cada
caso.
120. Definir, una fórmula rigurosa e inflexible para el juzgamiento del Estado
en los casos de privación injusta de la libertad contraviene el entendimiento
del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y de paso el régimen general de
responsabilidad previsto en el artículo 90 de la Constitución Política.
121. Determinar, como fórmula rigurosa e inmutable, que cuando sobrevenga
la absolución por no haberse desvirtuado la presunción de inocencia –
aplicación del principio in dubio pro reo-, o incluso en otros eventos, por
ejemplo, cuando no se acreditó el dolo, es decir, operó una atipicidad
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subjetiva, el Estado debe ser condenado de manera automática, esto es, a
partir de un título de imputación objetivo, sin que medie un análisis previo
que determine si la decisión a través de la cual se restringió preventivamente
la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria,
transgrede un precedente constitucional con efecto erga omnes,
concretamente la sentencia C-037 de 1996.
Ahora bien, a pesar del criterio aplicado por el juez penal, el juez
administrativo deberá establecer si está frente a un caso de duda acerca del
valor demostrativo de la prueba recaudada o de su absoluta inexistencia y,
en tal caso, elegir, si a ello hubiere lugar, un título de atribución objetiva. Esa
libertad judicial también se extiende a la nominación de las causales de
privación injusta, dado que estas no se agotan en el derogado artículo 414
del Código de Procedimiento Penal, en tanto responden a cierto estado de
cosas, independientemente de estar o no normados […]”. (Resaltado por la
Sala).
58.Además, la sentencia de unificación de tutela en comento sostiene que el
derecho a libertad es, excepcionalmente, restringido por el ejercicio del ius
puniendi, y en cuanto atañe al carácter constitucional de las medidas privativas de
la libertad de carácter preventivo y de su conformidad con la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, la misma providencia indicó lo siguiente:
[…] La jurisprudencia constitucional también se ha concentrado en
establecer las significativas diferencias que subyacen entre la detención
preventiva y la pena, esta como resultado de un proceso penal durante
el cual, con la previa observancia de todas las garantías procesales, se
ha vencido a un ciudadano y se ha determinado que la sanción por
desestabilizar el ordenamiento jurídico penal en desmedro de los bienes
jurídicamente tutelados de otro(s) conciudadanos debe ser la
restricción de su libertad.
Así, ha concluido la Corte que estas dos figuras, pena y detención
preventiva, no solo son compatibles con la Constitución, sino que en el
caso de la segunda no comporta una agresión del principio de
presunción de inocencia, dado que:
“(…) una cosa es detener al individuo contra el cual existen indicios
graves acerca de que puede ser responsable penalmente, para que esté
a disposición de la administración de justicia mientras se adelanta el
proceso en su contra, y otra muy distinta que, cumplidos los trámites
procesales y celebrado el juicio con observancia de todas las garantías,
reconocimiento y práctica del derecho de defensa, se llegue por el juez a
la convicción de que en realidad existe esa responsabilidad penal y de
que, por tanto, debe aplicarse la sanción contemplada en la ley. Es
entonces cuando se desvirtúa la presunción de inocencia y se impone la
pena. (El resaltado es del texto original).
(…) tal presunción subsiste respecto de quien apenas está detenido
preventivamente o ha sido objeto de otra medida de aseguramiento, ya que
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ninguna de ellas tiene por fin sancionar a la persona por la comisión del delito.
(…).
Las medidas de aseguramiento no requieren de juicio previo. Ellas
pueden aplicarse, a la luz de la Constitución, si se cumplen los
requisitos exigidos por el artículo 28 de la Carta. Así, si media orden
escrita del juez competente, se han cumplido las formalidades que la ley
consagre al respecto y el motivo de la detención, conminación,
prohibición de salida del país o caución está nítidamente consagrado en
norma legal preexistente, tales medidas se ajustan al mandato
constitucional y no implican desconocimiento del debido proceso,
aplicable en el caso de las penas.
(…)
Debe resaltarse que la norma constitucional del artículo 28 y las legales
que desarrollan el instituto de las medidas de aseguramiento no
implican posibilidad de abuso de la autoridad judicial competente, pues
ésta, al tenor de la Carta, debe estar fundada en motivos previamente
definidos en la ley. Tales motivos, según las normas acusadas, son los
indicios graves de responsabilidad que existan en contra del sindicado.”
66. En los últimos tiempos, el desarrollo normativo y jurisprudencial han
reforzado otros criterios sobre la posibilidad de restringir
preventivamente la libertad, puesto que el bloque de constitucionalidad
impone como criterio irreductible para el ejercicio de esa potestad
estatal, que ese tipo de medidas no solo dejen incólume el principio de
presunción de inocencia, sino que sean absolutamente necesarias.
Ese derrotero es también un límite importante para el legislador quien
“solo está legitimado para utilizarlas cuando sean estrictamente
indispensables y requeridas para la obtención de fines de naturaleza
constitucional”, los cuales, según la Constitución consistirán en
asegurar la comparecencia del procesado, la preservación de la prueba
y la protección de la comunidad, especialmente de las víctimas.
A su vez, como se dejó plasmado, la norma procesal en aras de materializar
los dictados superiores que imponen la normativa constitucional y la
internacional, también incluyó esos fines como parámetros, sin los cuales no
es posible afectar el derecho a la libertad de quien apenas enfrenta un
procesamiento penal.
71. Además de la necesidad de la medida, otro parámetro que establece
límites tanto al ejercicio punitivo preventivo del Estado es la
proporcionalidad, la cual “es el principal criterio de análisis que en el
marco de la justicia constitucional, permite examinar y neutralizar el
exceso en el uso de la potestad de configuración del legislador penal y,
por lo que aquí interesa, en el ámbito de las medidas cautelares dirigidas
a afectar la libertad personal del imputado.”
La Corte haciendo una recapitulación de las dos directrices que justifican la
existencia de medidas preventivas explicó que “la proporcionalidad está
orientada a determinar que los beneficios de adoptar las medidas sean
superiores o razonablemente equivalentes a las restricciones que ellas
imponen al afectado, el criterio de la necesidad es una pauta
fundamental, pues asegura que el medio empleado resulta indispensable
para alcanzar el objetivo propuesto. La Corte ha insistido, sin embargo, en
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que también los fines que pueden ser perseguidos a través de las medidas de
aseguramiento deben tener un claro sustento constitucional, de manera que
el análisis de necesidad debe conducir a evidenciar más exactamente si la
medida restrictiva es indispensable para obtener un bien de relevancia
constitucional.”
72. Así las cosas, en torno de la libertad se observa que: (i) es un valor,
principio y derecho de superlativa importancia en nuestro ordenamiento;
(ii) es un derecho que puede ser limitado en pro de la materialización de
intereses constitucionalmente prevalentes; y (iii) su limitación depende
de la necesidad y proporcionalidad de la medida restrictiva. Estas
precisiones, a su vez, constituyen el punto de partida a la hora de definir
cuándo el Estado genera daños a quienes se les restringe el derecho a la
libertad […].
59.De la cita anterior, la Sala extracta las siguientes conclusiones: i) las medidas
preventivas que restringen el derecho a la libertad de las personas se encuentran
amparadas por el ordenamiento constitucional y por la Convención Americana
sobre Derechos Humanos; ii) la medida de detención preventiva y cualquier otra
determinación preventiva adoptada en el marco de un proceso penal no puede
desconocer el principio de presunción de inocencia del procesado; iii) estas
medidas deben responder a tres principios cardinales como son: a) la necesidad
de la medida cautelar, b) la proporcionalidad de la medida, y c) la legalidad de la
medida.
60.A partir de lo anterior, la responsabilidad del Estado originada por la detención
preventiva de un ciudadano se estructura desde el análisis de estos tres
componentes, a fin de establecer si la medida privativa de la libertad transgredió
cualquiera de los tres aspectos enunciados y si con ello se ocasionó una privación
injusta de la libertad.
61.De lo anterior se colige que el carácter injusto de la privación preventiva de la
libertad a un ciudadano, deviene del análisis de los principios de razonabilidad,
proporcionalidad, necesidad y legalidad de la medida y no de la posterior
absolución, puesto que las medidas preventivas de privación de la libertad se
adoptan por la autoridad judicial conforme a unos criterios jurídicos y elementos de
juicio distintos que se valoran al momento de emitir una sentencia y de condenar a
un procesado por la comisión de una conducta punible.
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62.Así las cosas, es posible que un ciudadano sea privado preventivamente de la
libertad y que posteriormente sea absuelto, sin que ello signifique, prima facie, que
estemos en presencia de una privación injusta de la libertad, en tanto que la
función del juez de lo contencioso administrativo está orientada a estudiar si la
privación de la libertad ordenada por el funcionario judicial fue desproporcionada,
irrazonable, innecesaria y, por ende, arbitraria.
63.Cabe resaltar que, en consonancia con lo anterior, la Corte Constitucional, en
la sentencia SU-072 de 2018, señaló:
[…] el Consejo de Estado ha acudido a una fórmula en aras de ofrecerle
consistencia jurídica a los asuntos que se someten a su consideración cuando
su génesis lo es la privación injusta de la libertad y en esa tarea ha señalado
que es posible aplicar un sistema de responsabilidad objetivo o uno de falla
del servicio. Tal formulación, en principio, coincide con la jurisprudencia
constitucional, la cual, se reitera, no impone un determinado régimen de
responsabilidad.
Sin embargo, ha establecido esa alta Corporación que en cuatro eventos de
absolución, cuales son a saber: (i) que el hecho no existió; (ii) el sindicado no
lo cometió; (iii) la conducta no constituía hecho punible; o (iv) porque no se
desvirtuó la presunción de inocencia –principio in dubio pro reo- debe
acudirse a un título de imputación objetivo que está dado por la figura
del daño especial.
Para llegar a esa conclusión, el Consejo de Estado ha afirmado que la Corte
se equivoca al concluir que la responsabilidad del Estado debe circunscribirse
a la falla en el servicio público de administración de justicia; la cual, no es de
cualquier tipo, sino que debe ser la que proviene de una actuación
abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales.
(…)
102. De acuerdo con ese panorama y sin definir aún si efectivamente la
sentencia C-037 de 1996 estableció un régimen de imputación concreto
cuando el daño se ocasiona por la privación injusta de la libertad, se acota
que el Consejo de Estado pasa por alto que la falla en el servicio es el título
de imputación preferente y que los otros dos títulos –el riesgo
excepcional y el daño especial-, son residuales, esto es, a ellos se acude
cuando el régimen subjetivo no es suficiente para resolver una
determinada situación.
(…)
En el caso de la privación injusta de la libertad la Corte, ciñéndose
exclusivamente al texto normativo y teniendo en cuenta las dos premisas
señaladas, esto es, que el artículo 90 de la Constitución no define un título de
imputación y que, en todo caso, la falla en el servicio es el título de
imputación preferente, concluyó en la sentencia C-037 de 1996 que el
significado de la expresión "injusta" necesariamente implica definir si la
providencia a través de la cual se restringió la libertad a una persona
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mientras era investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada,
previa la verificación de su conformidad a derecho […].
64.Con fundamento en lo anterior, la referida sentencia SU-072 indicó:
[…] De esta manera, dependiendo de las particularidades del caso, es decir,
en el examen individual de cada caso, como lo han sostenido el Consejo de
Estado y la Corte Constitucional, el juez administrativo podrá elegir qué
título de imputación resulta más idóneo para establecer que el daño
sufrido por el ciudadano devino de una actuación inidónea, irrazonable y
desproporcionada y por ese motivo, no tenía por qué soportarse.
105. Esta Corporación comparte la idea de que en dos de los casos
deducidos por el Consejo de Estado –el hecho no existió o la conducta
era objetivamente atípica- es posible predicar que la decisión de privar al
investigado de su libertad resulta irrazonable y desproporcionada, luego,
para esos eventos es factible aplicar un título de atribución de carácter
objetivo en el entendido de que el daño antijurídico se demuestra sin mayores
esfuerzos.
En efecto, estando en ciernes la investigación, el ente acusador debe tener
claro que el hecho sí se presentó y que puede ser objetivamente típico, luego,
en este tipo de casos el juez administrativo puede ser laxo desde el punto de
vista probatorio y valorativo, en tanto en estas circunstancias es evidente que
la Fiscalía, hoy los jueces, disponen de las herramientas necesarias para
definir con certeza estos dos presupuestos y, en tal virtud, deberá ser la
administración la que acredite que fueron causas ajenas e irresistibles a su
gestión, las que propiciaron la imposición de la medida.
Nótese que en el primer evento basta con desplegar todo el aparato
investigativo para establecer si fenomenológicamente hubo una alteración de
interés jurídico penal. No puede, entonces, el juez o el fiscal imponer una
medida privativa de la libertad mientras constata esta información, dado que
esta debe estar clara desde los albores de la investigación. No en vano las
diferentes normativas procesales han elaborado un esquema del cual hace
parte una fase de indagación encaminada, entre otros propósitos, a
establecer justamente si se presentó un hecho con trascendencia en el
derecho punitivo que pueda ascender a la categoría de conducta punible.
El segundo evento es una tarea que reviste una mayor sencillez en tanto
depende solo de un criterio jurídico esencialmente objetivo; se trata de un
cotejo entre la conducta que se predica punible y las normas que la
tipificarían; de esa manera, muy pronto debe establecer el Fiscal o el juez si la
conducta encaja en alguna de las descripciones típicas contenidas en el
catálogo punitivo.
Lo anterior implica que en las demás eventualidades que pueden presentarse
en un juicio de carácter penal, no pueda asegurarse, con la firmeza que exige
un sistema de responsabilidad estatal objetivo, que la responsabilidad del
Estado es palmaria y que bastaría con revisar la conducta de la víctima.
106. Así las cosas, los otros dos eventos definidos por el Consejo de Estado
como causas de responsabilidad estatal objetiva –el procesado no cometió la
conducta y la aplicación del in dubio pro reo- exigen mayores esfuerzos
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investigativos y probatorios, pues a pesar de su objetividad, requiere del
Fiscal o del juez mayores disquisiciones para definir si existen pruebas que
permitan vincular al investigado con la conducta punible y presentarlo como el
probable autor de la misma […].
65.Con base en lo transcrito en precedencia, pueden extractarse las siguientes
reglas jurisprudenciales de obligatoria aplicación al régimen de responsabilidad del
Estado por privación injusta de la libertad:
66.Ni el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, ni el artículo 68 de Ley 270
de 1996, señalan un título de imputación específico en materia de responsabilidad
del Estado por privación injusta de la libertad. En tal contexto, corresponde al juez
contencioso decidir cuál título de imputación se ajusta al caso concreto estudiado.
Sin embargo, “[…] la falla en el servicio es el título de imputación preferente y (…)
los otros dos títulos –el riesgo excepcional y el daño especial-, son residuales,
esto es, a ellos se acude cuando el régimen subjetivo no es suficiente para
resolver una determinada situación […]”.53
67.La absolución de un procesado, por sí misma, no torna en injusta la privación
de la libertad que éste hubiere sufrido, para ello es indispensable que el juez
contencioso establezca si la privación de la libertad se apartó del criterio de
corrección jurídica exigida, para lo cual debe llevar a cabo valoraciones que
superan el simple juicio de causalidad y ello por cuanto una interpretación
adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sustento normativo de la
responsabilidad del Estado en estos casos, impone considerar,
independientemente del título de atribución que se elija, si la providencia adoptada
por el funcionario judicial penal se enmarca en los presupuestos de
proporcionalidad, legalidad y razonabilidad.
68.Con base en lo anteriormente expuesto, la sentencia SU - 072 de 2018
concluyó:
[…] 117. La Corte en esta oportunidad ratifica que el artículo 90 de la
Constitución Política no establece un régimen de imputación estatal
específico.
53
Corte Constitucional, Sentencia SU – 072 de 2018. M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03774-00
Actor: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
118. El artículo 68 de la Ley 270 de 1996, al igual que la sentencia C-037 de
1996, no definen un régimen de imputación concreto.
119. Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han aceptado
que el juez administrativo, en aplicación del principio iura novit curia, deberá
establecer el régimen de imputación a partir de las particularidades de cada
caso.
120. Definir, una fórmula rigurosa e inflexible para el juzgamiento del
Estado en los casos de privación injusta de la libertad contraviene el
entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y de paso el régimen
general de responsabilidad previsto en el artículo 90 de la Constitución
Política.
121. Determinar, como fórmula rigurosa e inmutable, que cuando
sobrevenga la absolución por no haberse desvirtuado la presunción de
inocencia –aplicación del principio in dubio pro reo-, o incluso en otros
eventos, por ejemplo, cuando no se acreditó el dolo, es decir, operó una
atipicidad subjetiva, el Estado debe ser condenado de manera automática,
esto es, a partir de un título de imputación objetivo, sin que medie un
análisis previo que determine si la decisión a través de la cual se
restringió preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable,
desproporcionada o arbitraria, transgrede un precedente constitucional
con efecto erga omnes, concretamente la sentencia C-037 de 1996.
Ahora bien, a pesar del criterio aplicado por el juez penal, el juez
administrativo deberá establecer si está frente a un caso de duda acerca del
valor demostrativo de la prueba recaudada o de su absoluta inexistencia y, en
tal caso, elegir, si a ello hubiere lugar, un título de atribución objetiva. Esa
libertad judicial también se extiende a la nominación de las causales de
privación injusta, dado que estas no se agotan en el derogado artículo 414 del
Código de Procedimiento Penal, en tanto responden a cierto estado de cosas,
independientemente de estar o no normados.
122. Se demostró que el Consejo de Estado, cuando expidió la sentencia que
resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General contra el
fallo expedido por el Tribunal Administrativo de Córdoba aplicó una regla
contraria a las directrices establecidas en la sentencia C-037 de 1996 […].
(negrillas y subrayas fuera del texto)
69.Además, la Sala al resolver un caso análogo al presente, consideró lo
siguiente54:
“[…] Por último, se destaca que las Subsecciones A55 y C56 de la Sección Tercera
del Consejo de Estado han acogido el criterio sentado por la Corte Constitucional en
54
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de mayo de
2021, C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-15-000-2020-05168-00.
55
Al respecto ver entre otras las siguientes providencias: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Subsección A. Sección Tercera. Sentencia de 16 de diciembre de 2020. Rad. No. 70001-33-
31-000-2012-00158-01. C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Subsección A. Sección Tercera. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Rad. No. 44001-23-
31-000-2006-00107-01. C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Subsección A. Sección Tercera. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Rad. No. 05001-23-
31
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03774-00
Actor: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
las mencionadas sentencias de constitucionalidad y de unificación. Igualmente, la
Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, mediante sentencia de 6 de
agosto de 2020, adoptó el criterio unificador propuesto por la Corte Constitucional,
en que se sostuvo lo siguiente:
[…] De conformidad con el criterio expuesto por dicha Corporación [se hace
referencia a la Corte Constitucional], el carácter injusto de la privación de la
libertad debe analizarse a la luz de los criterios de razonabilidad,
proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, de ahí que se
deba determinar en cada caso si existía o no mérito para proferir decisión en
tal sentido, pues de no serlo, se puede llegara comprometer la
responsabilidad del Estado.
Concordante con lo anterior, la Corte Constitucional señaló en la sentencia
SU-072 de 2018, que ningún cuerpo normativo -a saber, ni el artículo 90 de la
Constitución Política, ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, ni la sentencia C-
037 de 1996- establece un régimen de responsabilidad específico aplicable en
los eventos de privación de la libertad; entonces, el juez es quien, en cada
caso, debe realizar un análisis para determinar si la privación de la libertad fue
apropiada, razonable y/o proporcionada, o en otros términos, si devino o no
en injusta.
Sobre el particular, indicó (transcripción literal):
(…)
“En el caso de la privación injusta de la libertad la Corte, ciñéndose
exclusivamente al texto normativo y teniendo en cuenta las dos premisas
señaladas, esto es, que el artículo 90 de la Constitución no define un título de
imputación y que, en todo caso, la falla en el servicio es el título de imputación
preferente, concluyó en la sentencia C-037 de 1996 que el significado de la
expresión ‘injusta’ necesariamente implica definir si la providencia a través de
la cual se restringió la libertad a una persona mientras era investigada y/o
juzgada fue proporcionada y razonada, previa la verificación de su
conformidad a derecho …
“(…)
“De esta manera, dependiendo de las particularidades del caso, es decir, en
el examen individual de cada caso, como lo han sostenido el Consejo de
31-000-2007-02416-01. C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Subsección A. Sección Tercera. Sentencia de 9 de julio de 2020. Rad. No. 70001-23-31-000-
2011-01450-01. C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Subsección A. Sección Tercera. Sentencia de 9 de julio de 2020. Rad. No. 47001-23-33-000-
2013-00106-01. C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico.
56
Al respecto ver entre otras las siguientes providencias: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Subsección C. Sección Tercera. Sentencia de 5 de junio de 2020. Rad. No. 05001-23-31-000-
2000-01864-01. C.P.: Guillermo Sánchez Luque; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Subsección C. Sección Tercera. Sentencia de 11 de diciembre de 2019. Rad. No. 25000-23-25-000-2010-
00809-01. C.P.: Guillermo Sánchez Luque; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Subsección C. Sección Tercera. Sentencia de 5 de agosto de 2020. Rad. No. 18001-23-31-000-2010-00148-
01. C.P.: Jaime Enrique Rodríguez Navas; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Subsección C. Sección Tercera. Sentencia de 6 de julio de 2020. Rad. No. 25000-23-36-000-2012-00264-01.
C.P.: Jaime Enrique Rodríguez Navas; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Subsección
C. Sección Tercera. Sentencia de 6 de julio de 2020. Rad. No. 76001-23-31-000-2009-00839-01. C.P.: Jaime
Enrique Rodríguez Navas; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Subsección C. Sección
Tercera. Sentencia de 1 de junio de 2020. Rad. No. 18001-23-31-000-2010-00158-01. C.P.: Jaime Enrique
Rodríguez Navas.
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Actor: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Estado y la Corte Constitucional, el juez administrativo podrá elegir qué
título de imputación resulta más idóneo para establecer que el daño
sufrido por el ciudadano devino de una actuación inidónea, irrazonable y
desproporcionada y por ese motivo, no tenía por qué soportarse.
(…)
Así las cosas, el hecho de que una persona resulte privada de la libertad
dentro de un proceso penal que termina con sentencia absolutoria o con
resolución de preclusión, no resulta suficiente para declarar la
responsabilidad patrimonial del Estado, toda vez que se debe determinar
si la medida restrictiva resultó injusta y, en tal caso, generadora de un
daño antijurídico imputable a la administración […].
Así las cosas, advierte esta Sección que tanto la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, como la jurisprudencia de la Sala Plena y de las Subsecciones
A y C de la Sección Tercera del Consejo de Estado sostienen, de forma
pacífica y uniforme, que es deber del juez contencioso -sin importar el título
de imputación elegido- el estudiar si la medida privativa de la libertad fue
desproporcional, irrazonable, innecesaria y arbitraria, para, a partir de
dicho estudio, concluir si existió o no una privación injusta de la libertad […]”.
70.En el caso concreto, el actor consideró que la sentencia de 11 de septiembre
de 2020 desconoció sus derechos fundamentales porque se abstuvo de aplicar las
reglas jurisprudenciales contenidas en las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de
2018.
71.Específicamente aduce el actor que la sentencia objeto de la acción de tutela
desconoce el precedente constitucional citado, porque el juez contencioso tenía el
deber de analizar si la medida privativa de la liberad de las señoras María
Ernestina Hernández, Luz Mery Sánchez Hernández y Mari Luz Obando Sánchez
había sido desproporcionada, irrazonable, inapropiada o arbitraria, y que, en
el presente caso, se omitió hacer dicho análisis. Al respecto la parte actora señala
lo siguiente:
[…] La sentencia censurada se apartó de los lineamientos y de la
construcción jurisprudencial que en materia de régimen de
responsabilidad por privación injusta de la libertad ha expuesto la Corte
Constitucional en las sentencias C-037 de 19961 y la SU-072 de 2018.
Al respecto es de suma importancia señalar que, la citada sentencia SU-072
de 2018, ratificó que el artículo 90 de la Constitución Política no establece un
régimen de imputación estatal específico, como tampoco lo hacen el artículo
68 de la Ley 270 de 1996 y la Sentencia C-037 de 1996,2, cuando el hecho
que origina el presunto daño antijurídico es la privación de la libertad.
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Lo anterior en tanto la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han
aceptado que el juez administrativo debe establecer en estos casos el
régimen de imputación a partir de las particularidades de cada caso.
En otras palabras, definir una fórmula automática, rigurosa e inflexible para el
juzgamiento del Estado en hechos de privación injusta de la libertad
contraviene el entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 y de paso el
régimen general de responsabilidad, previsto en el artículo 90 constitucional
[…]”.
[…]
“[…] Pues se insiste que determinar, como fórmula rigurosa e inmutable, que
cuando sobrevenga la absolución por no haberse desvirtuado la presunción
de inocencia –aplicación del principio in dubio pro reo-, o incluso en otros
eventos, el Estado debe ser condenado de manera automática, esto es, a
partir de un título de imputación objetivo, sin que medie un análisis previo que
determine si la decisión a través de la cual se restringió preventivamente la
libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria,
transgrede un precedente constitucional con efecto erga omnes,
concretamente la sentencia C-037 de 1996.
En conclusión, en la sentencia aquí cuestionada no se realizó el análisis
exigido por las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018, puesto que para
eventos de privación injusta es necesario, por un lado, identificar la
antijuridicidad del daño, y por otro, verificar la ausencia de culpa grave o dolo
de la persona detenida, lo cual no se realizó en el fallo aquí señalado […]”.
72.Ahora bien, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado al
resolver el caso concreto expresó lo siguiente:
“[…] En el presente asunto, no se aportó la copia de la audiencia en la que se
decretó la medida de aseguramiento impuesta en contra de las demandantes
principales. Al respecto, solo se cuenta con el oficio expedido el 27 de junio de 2005
por el Juzgado Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Aguadas,
en el que se afirmó haberse proferido medida de detención preventiva en
establecimiento de reclusión en contra de las imputadas, en audiencia realizada el
23 de junio de 200557.
26. No obstante, el anterior documento no contiene los fundamentos de la
decisión que afectó la libertad de las demandantes, por lo que no es posible realizar
un análisis de fondo que permita determinar la legalidad o ilegalidad de esa medida
cautelar personal. En todo caso, dado que la Sala advierte la probabilidad de que
haya ocurrido un daño especial, se estudiará el caso bajo ese régimen objetivo de
responsabilidad58.
27. El 18 de octubre de 2007, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales, Sala de Decisión Penal, revocó el fallo proferido el 16 de diciembre de
2005 por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales, que había
condenado a las demandantes por los delitos de fabricación, tráfico y porte de
57
Folios 7 y 8 del cuaderno No. 1.
58
Al respecto ver, entre otras, las providencias de esta Subsección: Sentencia de 6 de febrero de 2020, exp.
42409, Sentencia de 13 de febrero de 2020, exp. 43482.
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Actor: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
estupefacientes, así como de concierto para delinquir, en calidad de coautoras. En
consecuencia, dispuso su absolución, al no haberse probado que las sustancias
incautadas correspondieran a estupefacientes, así como tampoco el concierto para
delinquir con fines de narcotráfico. Lo anterior, toda vez que las pruebas
practicadas en el juicio, y con fundamento en las cuales se dictó sentencia
condenatoria de primera instancia, fueron excluidas por su ilegalidad59.
28. La Sala encuentra que las señoras María Ernestina Hernández, Luz Mery
Sánchez Hernández y Mari Luz Obando Sánchez estuvieron privadas de la libertad
durante 2 años, 3 meses y 27 días, en razón de una investigación penal en la que el
Estado no pudo desvirtuar su presunción de inocencia. Por lo que, en este caso, la
antijuridicidad del daño se deriva de la imposibilidad que surgió dentro del proceso
de justificar definitivamente la restricción del derecho a la libertad de las
demandantes, lo que generó para ellas un daño especial que deberá ser
indemnizado.
2.4. Entidad a la que se le imputa el daño
29. En este caso, la Sala no advierte la configuración de una culpa exclusiva
de la víctima, única causal eximente de responsabilidad posible en materia de
privaciones injustas de la libertad.
30. Respecto de este tema, la Sala observa que el a quo hizo un análisis sobre
la conducta pre procesal de la víctima, para determinar si su conducta rompió o no
el nexo causal entre la decisión de la privación de la libertad y el daño. Sin
embargo, dado que, en este tipo de casos, la decisión que pudo generar el daño se
produjo en el marco de un proceso, los únicos hechos o conductas (de la víctima)
aptos para romper el nexo causal entre esa decisión y el daño suceden en el
desarrollo de esa misma actuación, no antes de ella. Por tanto, se debió valorar si
la imposición de la medida de aseguramiento fue causada por la actuación procesal
de quien demandó y no los comportamientos cometidos antes de la investigación,
que aparentemente pudieron generar sospecha en el ente investigador para
proceder a su vinculación a un proceso penal.
31. El juez administrativo debe estudiar todos los elementos de
responsabilidad y reservar el estudio de la culpa civil de la víctima para la
valoración de sus conductas procesales en el análisis de causalidad o de
imputación fáctica. Sin embargo, en el contexto de ese examen, el juez
administrativo no puede sustituir al juez penal, que es el único competente para
valorar la conducta pre-procesal de quien fue privado de la libertad.
32. En consecuencia, del material probatorio que obra en el expediente, la
Sala no advierte la configuración de esta causal eximente de responsabilidad. Las
59
En la sentencia de segunda instancia se explicó lo siguiente: 1) El informe presentado por el agente
Gonzalo de Jesús Puerta Ramírez da cuenta que, en el examen definitivo de la sustancia incautada, no se
siguieron todos los procedimientos técnicos con el fin de determinar si la muestra era o no cocaína. Al
respecto, se explicó que no era suficiente el testimonio del perito para dar por cierto lo anterior y tampoco era
posible admitir un nuevo informe en la etapa de juicio, con la condición de prueba documental, respecto del
cual no se había podido ejercer el respectivo contradictorio por parte de la defensa; 2) las grabaciones
valoradas dentro del proceso debieron obtener previamente el aval de un juez de control de garantías, por lo
que la ausencia de tal autorización conduce a la ilegalidad de estas pruebas y 3) el descubrimiento probatorio
realizado por la fiscalía en la audiencia preparatoria desconoció la normativa procesal vigente, al haber
adicionado unas pruebas que no fueron presentadas previamente en el escrito de acusación y que fueron
fundamentales para respaldar la materialidad de las conductas imputadas, tal como ocurrió respecto del
testimonio de Gloria Norbela Sánchez y su importancia frente a la configuración típica del delito de concierto
para delinquir.
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demandantes, en efecto, no desplegaron ninguna actuación dentro del proceso
penal, de la cual se pudiese predicar su incidencia en la causación del daño. Por el
contrario, sus intervenciones se circunscribieron a presentar los argumentos y las
respectivas justificaciones, tendientes a demostrar su inocencia en el
comportamiento investigado.
33. Ahora bien, como el aludido proceso penal se tramitó en vigencia de la Ley
906 de 2004, el daño alegado por la privación de la libertad de las demandantes
principales solo puede imputársele a la Rama Judicial, dado que el Juzgado Penal
Municipal de Control de Garantías de Aguadas fue el que impuso las medidas de
aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario en su contra.
En efecto, según esta normativa, si bien la fiscalía debe solicitar las medidas “que
aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal”, entre ellas, la
medida de aseguramiento, es el juez de control de garantías, en ejercicio de sus
competencias legales y de manera autónoma, quien adopta la decisión sobre la
libertad del ciudadano60 […]”.
73.En ese orden de ideas, la Sala observa que la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, al proferir la sentencia de 11 de septiembre de
2020, indicó que procede el análisis de la responsabilidad del Estado bajo el título
de imputación de daño especial, al sostener que:
“[…] En el presente asunto, no se aportó la copia de la audiencia en la que se
decretó la medida de aseguramiento impuesta en contra de las demandantes
principales. Al respecto, solo se cuenta con el oficio expedido el 27 de junio de
2005 por el Juzgado Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Aguadas, en el que se afirmó haberse proferido medida de detención preventiva
en establecimiento de reclusión en contra de las imputadas, en audiencia realizada
el 23 de junio de 200561.
19. No obstante, el anterior documento no contiene los fundamentos de la decisión
que afectó la libertad de las demandantes, por lo que no es posible realizar un
análisis de fondo que permita determinar la legalidad o ilegalidad de esa medida
cautelar personal. En todo caso, dado que la Sala advierte la probabilidad de que
haya ocurrido un daño especial, se estudiará el caso bajo ese régimen objetivo de
responsabilidad62.
60
El artículo 306 de la Ley 906 de 2004 prevé que “[e]l fiscal solicitará al juez de control de garantías
imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento
necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la
defensa la controversia pertinente.// Escuchados los argumentos del fiscal, Ministerio Público y defensa, el
juez emitirá su decisión (…)”(Negrillas nuestras).
De lo anterior se desprende que, si bien el delegado de la fiscalía debe presentar la petición de imposición de
medida de aseguramiento, es al juez, en este caso de control de garantías, a quien le corresponde proferir, de
manera autónoma e independiente, la respectiva decisión.
61
Folios 7 y 8 del cuaderno No. 1.
62
Al respecto ver, entre otras, las providencias de esta Subsección: Sentencia de 6 de febrero de 2020, exp.
42409, Sentencia de 13 de febrero de 2020, exp. 43482.
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74.De otra parte, en cuanto al análisis de la configuración de un daño especial en
el caso concreto, se advierte que se llega a la conclusión de que se causó un daño
especial a las procesadas, con fundamento en las siguientes consideraciones:
“[…] El 18 de octubre de 2007, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales, Sala de Decisión Penal, revocó el fallo proferido el 16 de diciembre de
2005 por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales, que había
condenado a las demandantes por los delitos de fabricación, tráfico y porte de
estupefacientes, así como de concierto para delinquir, en calidad de coautoras. En
consecuencia, dispuso su absolución, al no haberse probado que las sustancias
incautadas correspondieran a estupefacientes, así como tampoco el concierto
para delinquir con fines de narcotráfico. Lo anterior, toda vez que las pruebas
practicadas en el juicio, y con fundamento en las cuales se dictó sentencia
condenatoria de primera instancia, fueron excluidas por su ilegalidad63.
18. La Sala encuentra que las señoras María Ernestina Hernández, Luz Mery
Sánchez Hernández y Mari Luz Obando Sánchez estuvieron privadas de la libertad
durante 2 años, 3 meses y 27 días, en razón de una investigación penal en la que el
Estado no pudo desvirtuar su presunción de inocencia. Por lo que, en este caso, la
antijuridicidad del daño se deriva de la imposibilidad que surgió dentro del proceso
de justificar definitivamente la restricción del derecho a la libertad de las
demandantes, lo que generó para ellas un daño especial que deberá ser
indemnizado […]”.
75.En ese orden de ideas, para la Sala, la sentencia de 11 de septiembre de 2020
aplicó un régimen de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad
contrario al precedente contenido en las sentencias C–037 de 1996 y SU- 072 de
2018, especialmente si se tiene en consideración que la autoridad judicial
accionada da por sentado que la privación de la libertad fue injusta en razón a
que, posteriormente, las procesadas fueron absueltas, sin analizar si la medida
privativa de la libertad había sido desproporcional, irrazonable y arbitraria. Todo
ello, a juicio de esta Sección, comporta un desconocimiento de la jurisprudencia
vinculante existente en la materia.
63
En la sentencia de segunda instancia se explicó lo siguiente: 1) El informe presentado por el agente
Gonzalo de Jesús Puerta Ramírez da cuenta que, en el examen definitivo de la sustancia incautada, no se
siguieron todos los procedimientos técnicos con el fin de determinar si la muestra era o no cocaína. Al
respecto, se explicó que no era suficiente el testimonio del perito para dar por cierto lo anterior y tampoco era
posible admitir un nuevo informe en la etapa de juicio, con la condición de prueba documental, respecto del
cual no se había podido ejercer el respectivo contradictorio por parte de la defensa; 2) las grabaciones
valoradas dentro del proceso debieron obtener previamente el aval de un juez de control de garantías, por lo
que la ausencia de tal autorización conduce a la ilegalidad de estas pruebas y 3) el descubrimiento probatorio
realizado por la fiscalía en la audiencia preparatoria desconoció la normativa procesal vigente, al haber
adicionado unas pruebas que no fueron presentadas previamente en el escrito de acusación y que fueron
fundamentales para respaldar la materialidad de las conductas imputadas, tal como ocurrió respecto del
testimonio de Gloria Norbela Sánchez y su importancia frente a la configuración típica del delito de concierto
para delinquir.
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Actor: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
76.En este contexto, para la Sala el aludido desconocimiento del precedente es
claro porque la autoridad judicial accionada, en el caso objeto de estudio, se limitó
a verificar que la parte actora hubiese sido privada de la libertad y que,
posteriormente, hubieren sido absueltas, para concluir, a partir de ello, que la
privación de la libertad fue injusta.
77.Es por la anterior razón que se advierte que la decisión enjuiciada utilizó como
fundamento para aplicar el título de imputación de daño especial un argumento
similar que fue desarrollado por la Sala Plena de la Sección Tercera en la
sentencia de unificación de 17 de octubre de 2013, consistente en que toda
privación de la libertad que finaliza en una absolución causa un daño antijurídico
que debe ser imputado al Estado bajo el título de daño especial porque rompe el
principio de equilibrio de las cargas públicas; tesis que, como se expuso
anteriormente, fue analizada a profundidad por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-072 de 2018 y en dicha providencia se concluyó que desconocía los
efectos erga omnes de la sentencia de constitucionalidad C-037 de 1996.
78.Por lo anterior, es dable afirmar que la tesis que se sostiene en la sentencia de
11 de septiembre de 2020, pregona que toda medida privativa de la libertad
deviene en injusta cuando el procesado es absuelto por cualquier motivo,
desconociendo con ello, se itera, los pronunciamientos C-037 de 1996 y SU-072
de 2018, emanados de la Corte Constitucional.
79.Esta Sección, reiterando la jurisprudencia constitucional antes referida, debe
resaltar que el juicio de responsabilidad del Estado por privación injusta de la
libertad no se puede limitar a realizar un análisis liminar y causalístico, consistente
en constatar que el procesado haya sido privado de la libertad y luego absuelto,
para concluir que existió una privación injusta de la libertad, porque en ese caso
se incurría en una condena automática en contra del Estado, desconociendo con
ello el sentir de la sentencia de constitucionalidad C–037 de 1996, la cual
condicionó la constitucionalidad del artículo 68 de la Ley 270 de 1996.
80.Así las cosas, de acuerdo con el precedente constitucional en la materia, se
puede concluir que el juez administrativo tiene la potestad de decidir, bajo el
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Actor: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
principio de iura novit curia, cuál título de imputación resulta aplicable al caso en
concreto. Sin embargo, en todos los casos el juez contencioso tiene el deber de
hacer un análisis riguroso y exhaustivo con miras a establecer por qué la privación
de la libertad se tornó en injusta, para lo cual deberá verificar que la medida
privativa de la libertad haya sido desproporcional, irrazonable, innecesaria y,
con base en lo anterior, deducir su arbitrariedad.
81.Ahora bien, resulta pertinente señalar que es un deber de la parte demandante
allegar los medios de convicción necesarios para evaluar si la medida privativa de
la libertad había sido desproporcional, irrazonable y arbitraria. En tal sentido, esta
Sala de Decisión destaca el siguiente aparte de la providencia de 5 de febrero de
2021, proferido por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado64, en el cual se hace énfasis en la obligación del demandante de aportar
las pruebas necesarias y pertinentes a efectos de esclarecer por qué la medida
privativa de la libertad había sido injusta:
[…] Ninguna de las anteriores piezas procesales permite verificar las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para declarar la legalidad de la
captura e imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en
establecimiento carcelario al actor, ni las razones por las que, al
resolverse el recurso de apelación, se declaró ilegal la primera y se
revocó la segunda.
(…)
De conformidad con los criterios expuestos, resulta válido afirmar que el
carácter injusto de la privación de la libertad debe analizarse a la luz de
los criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida
de aseguramiento, de ahí que se torne imperiosa la ponderación de las
circunstancias que rodearon la imposición de la medida de
aseguramiento, a efectos de establecer si existía o no mérito para
proferir decisión en tal sentido.
En efecto, resulta imposible hacer valoración de los requisitos anotados
para declarar o no la privación injusta de la libertad que se depreca,
dado que solo se tiene referencia a que el demandante fue detenido en
flagrancia, el 5 de febrero de 2009, le fue dictada medida de
aseguramiento al día siguiente, el 3 de marzo fue declarada la ilegalidad
de la captura y el 17 de junio del mismo año se precluyó la investigación,
en aplicación del principio de in dubio pro reo.
Tanto de las medidas de captura, aseguramiento y su revocación se
carece de medios de prueba para realizar la valoración respectiva de los
criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, más aún,
cuando la sola enunciación de los fundamentos principales de cada
64
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Subsección A. Sección Tercera. Sentencia de 5
de febrero de 2021. Rad. No. 19001-23-31-000-2011-00314-01(60441). C.P.: María Adriana Marín.
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decisión resulta, prima facie, contradictoria, por lo que resultaba
imperiosa la valoración de las circunstancias fácticas y consideraciones
normativas que llevaron a dictarlas.
Por lo anterior, se concluye que la parte actora no cumplió con la carga
que le imponía la ley de aportar al proceso los medios de prueba
necesarios para determinar tanto la existencia del daño antijurídico
como la relación de causalidad atribuible a las demandadas y sus
consecuencias.
La Sala resalta que el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil
establece que “[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Este mandato
legal, en armonía con lo previsto en el artículo 178 del mismo estatuto
procesal, impone a los extremos de la relación procesal la carga de acreditar
los hechos de controversia en el litigio, mediante los medios de prueba que
cumplan con los requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y licitud. La
carga de la prueba es “una noción procesal que consiste en una regla de
juicio, que les indica a las partes la autorresponsabilidad que tienen para que
los hechos que sirven de sustento a las normas jurídicas cuya aplicación
reclaman aparezcan demostrados y que, además, le indica al juez cómo debe
fallar cuando no aparezcan probados tales hechos”. Dicha carga está
determinada por la posibilidad que tienen las partes de obrar libremente para
conseguir el resultado jurídico esperado de un proceso, aparte de indicarle al
juez cómo debe fallar ante la ausencia de pruebas que le confieran certeza
respecto de los asuntos sometidos a su conocimiento […].
82.En ese orden de ideas, para la Sala, y como quiera que la autoridad judicial
accionada omitió analizar si la medida privativa de la libertad decretada en contra
de las señoras María Ernestina Hernández, Luz Mery Sánchez Hernández y Mari
Luz Obando Sánchez había sido desproporcional, irrazonable o arbitraria y, sin
embargo, concluyó que la privación de la libertad fue injusta porque las
procesadas fueron absueltas, es dable señalar que la sentencia de 11 de
septiembre de 2020 desconoció el precedente contenido en las sentencias C-037
de 1996 y SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional.
83.Con base en lo anterior, la Sala amparará los derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad del actor y, como consecuencia de ello, se dejará
sin efectos la sentencia de 11 de septiembre de 2020, proferida por la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado para que, en su lugar, se dicte
nueva decisión, en la que proceda analizar si la medida privativa de la libertad
decretada en contra de las señoras María Ernestina Hernández, Luz Mery
Sánchez Hernández y Mari Luz Obando Sánchez fue desproporcional,
irrazonable o arbitraria.
40
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-03774-00
Actor: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
84. En ese orden de ideas, la Sala i) concederá el amparo de los derechos
fundamentales del actor al debido proceso y a la igualdad, por encontrarse
configurado el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial,
para que, en su lugar, se dicte nueva decisión, en la que proceda analizar si la
medida privativa de la libertad decretada en contra de las señoras María Ernestina
Hernández, Luz Mery Sánchez Hernández, Mari Luz Obando Sánchez fue
desproporcional, irrazonable o arbitraria, ii) se dejará sin efectos la sentencia
proferida el 11 de septiembre de 2020 por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado dentro del proceso de reparación directa identificado con el
número único de radicación 17001-23-31-000-2010-00036-01 y,
iii) se ordenará a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
que en el término de 40 días, contado a partir de la notificación de esta sentencia
profiera la providencia de reemplazo, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte
motiva de esta sentencia.
85. Finalmente, la Sala advierte que se abstendrá de emitir un pronunciamiento
frente al defecto sustantivo por aplicación indebida de normas jurídicas, defecto
fáctico y defecto procedimental por desconocimiento del principio de incongruencia
invocados por el actor en su escrito de tutela, comoquiera que se encontró
configurado en el sub examine el defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial, y efectuar un análisis sobre dichos defectos resulta
innecesaria.
Conclusiones de la Sala
86. En suma, para la Sala, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial,
toda vez que al proferir la sentencia de 11 de septiembre de 2020 dentro del
proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación
17001-23-31-000-2010-00036-01, trajo como consecuencia la afectación de los
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad del actor.
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Actor: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad invocados por el actor los cuales fueron vulnerados por la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En consecuencia, DEJAR SIN
EFECTO la sentencia de 11 de septiembre de 2020, por la citada Corporación,
dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de
radicación 17001-23-31-000-2010-00036-01, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado que dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la notificación de esta
sentencia, profiera la providencia de reemplazo con fundamento en las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31
del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria de esta providencia.
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Actor: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado Salva voto
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Salva voto
JAIME HUMBERTO TOBAR ORDOÑEZ
Conjuez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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