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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-05874-00

Fecha
20 de febrero de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-05874-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, por la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA, contra la sentencia del 4 de junio de 2020 del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, de acuerdo con lo expresado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Condenar en costas, por el componente de agencias en derecho, a la Nación - Rama judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) y en favor de los señores Eliana Mayerly, Mónica Carolina, John Germán y Héctor Rolando Mora Palacio, este último en nombre propio y en representación de sus hijas Valentina Mora Onofre y SSMF, Héctor Manuel Mora Vincos y Josefina Palacio de Mora, de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia. TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta decisión, la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a cargo del recurrente. CUARTO: En firme esta providencia, el expediente deberá regresar al despacho del magistrado ponente para la aprobación de las costas liquidadas por la Secretaría General de Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-05874-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

20 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTIDÓS ESPECIAL DE DECISIÓN

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2021-05874-00
Demandante: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (DEAJ)
Demandados: HÉCTOR ROLANDO MORA PALACIOS Y OTROS

Asunto: Recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 4 de
junio de 2020 del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B

Tema: Causal invocada: “Existir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación” ─ Artículo 250, numeral 5 del CPACA. Requisitos para
su configuración.

SENTENCIA

La Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de Estado resuelve el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial1 con el objeto de que se infirme parcialmente la
sentencia proferida el 4 de junio de 2020 por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado2, con fundamento en la causal 5.ª del artículo 250
del CPACA3.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda de reparación directa

El 1.º de agosto de 2011, en ejercicio de la acción de reparación directa prevista
en el artículo 86 del CCA, los señores Eliana Mayerly, Mónica Carolina, John
Germán y Héctor Rolando Mora Palacio, este último en nombre propio y en
representación de sus hijas Valentina Mora Onofre y SSMF4, Héctor Manuel Mora
Vincos y Josefina Palacio de Mora formularon ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo demanda en contra de la Nación-Rama Judicial,
Fiscalía General de la Nación e Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC). En el escrito de demanda solicitaron las siguientes declaraciones y

1
En adelante DEAJ.
2
Radicación n.º 25000-23-26-000-2011-00798-01. M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
3
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011,
en adelante CPACA.
4
En consideración a que en la presente sentencia se relacionan hechos en los que se menciona
a niños y niñas que actúan a través de sus representantes legales, se ha adoptado como medida
de protección del derecho a la intimidad y la confidencialidad no mencionar su nombre en esta
providencia y, en su lugar, solo referir sus iniciales [artículo 33 de la Ley 1098 de 2006].

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1

Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2021-05874-00
Demandante: Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

condenas que se sintetizan [se transcriben in extenso inclusive con errores en el
texto la demanda de reparación directa]:

“PRIMERA. - Que LA NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL
• INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO “INPEC”, es responsable
administrativa y patrimonialmente de los perjuicios morales, materiales, extrapatrimoniales
y daños a la vida de la relación, que le fueron ocasionados a los demandantes, por la
detención física, injusta, ilegal e inconstitucional de la que fue objeto el señor HÉCTOR
ROLANDO MORA PALACIOS por espacio de seis (6) meses y veintisiete (27) días en su
propio domicilio, desde el 13 de agosto de 2007 hasta el 10 de marzo de 2008 cuando el
Tribunal Superior mediante fallo de tutela anuló la condena, pero que por defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, esta situación irregular se prolongó hasta
el 22 de octubre de 2010, cuando mediante un fallo de tutela del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, ordenó que se adoptaran las medidas
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Juzgado 6º de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad en proveído del 18 de marzo de 2008.

SEGUNDA. - Que como consecuencia de lo anterior, se condene a la NACIÓN-FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Y CARCELARIO “INPEC” a reconocer y pagar por perjuicios morales subjetivos para cada
uno de los demandantes las siguientes sumas de dinero:

[…]

HÉCTOR ROLANDO MORA PALACIOS 100 S.M.M.L.V.
VALENTINA MORA ONOFRE 100 S.M.M.L.V.
SARA SOFÍA MORA FORERO 100 S.M.M.L.V.
JOSEFINA PALACIO DE MORA 100 S.M.M.L.V.
HÉCTOR MANUEL MORA VINCOS 100 S.M.M.L.V.
ELIANA MAYERLY MORA PALACIOS 50 S.M.M.L.V.
MÓNICA CAROLINA MORA PALACIOS 50 S.M.M.L.V.
JOHN GERMÁN MORA PALACIOS 50 S.M.M.L.V.
650 S.M.M.L.V.

Para un total de 650 S.M.M.L.V. por concepto de perjuicio moral subjetivo.

La liquidación de perjuicios morales subjetivos se hará con base en el salario mínimo
mensual legal vigente al momento de la ejecutoria de la sentencia que la imponga o auto
que aprueba la conciliación.

TERCERA. Como consecuencia de la declaración primera, condénese a las demandadas,
a pagarle a los demandantes como resarcimiento del daño o perjuicio extrapatrimonial
causado como consecuencia de la violación de los derechos fundamentales a: la libertad,
la integridad, la honra y el buen nombre, la familia, el trabajo, a la intimidad personal y
familiar, el debido proceso, como consecuencia del error jurisdiccional, la detención y
prolongación injusta y arbitraria de la libertad de que fuera sujeto pasivo el señor HÉCTOR
ROLANDO MORA PALACIOS.

Por cada uno de los derechos conculcados se condenará en 50 S.M.M.L.V., y como son
al menos cuatro los derechos afectados, se tendría:

[…]

Para un total de 1.600 S.M.M.L.V. por concepto de perjuicio extra-patrimoniales. La
liquidación de perjuicios extrapatrimoniales se hará con base en el salario mínimo mensual
legal vigente al momento de la ejecutoria de la sentencia que la imponga o auto que
aprueba la conciliación.

CUARTA. Se condene a la NACIÓN -FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN- RAMA
JUDICIAL - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO y CARCELARIO "INPEC", como
consecuencia de la declaración de responsabilidad, a pagar a favor del señor HÉCTOR
ROLANDO MORA PALACIOS, la suma de 100 Salarios Mínimos Mensuales Legales
Vigentes y 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor de cada uno de sus
hijas menores VALENTINA MORA ONOFRE y SARA SOFÍA MORA FORERO, por
concepto del perjuicio fisiológico (daño a la vida de relación) causado por la detención
física, injusta, ilegal e inconstitucional de la que fue objeto el señor HÉCTOR ROLANDO
MORA PALACIOS por espacio de seis (6) meses y veintisiete (27) días en su propio
domicilio, desde el 13 de agosto de 2007 al 10 de marzo de 2008 cuando el Tribunal

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Demandante: Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Superior mediante fallo de tutela anuló la condena, pero que por defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, esta situación irregular se prolongó hasta
el 22 de octubre de 2010, cuando mediante un fallo de tutela del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, ordenó que se adoptaran las medidas
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Juzgado 6o de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad en proveído del 18 de marzo de 2008.

Para un total de 200 S.M.M.L.V. por concepto de perjuicio fisiológico (Daño a la vida de
relación).

La liquidación de perjuicios fisiológicos se hará con base en el salario mínimo mensual
legal vigente al momento de la ejecutoria de la sentencia que la imponga o auto que
aprueba la conciliación.

QUINTA.- Que se condene a la NACIÓN -FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN- - RAMA
JUDICIAL - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO y CARCELARIO "INPEC", a
reconocer y pagar al señor HÉCTOR ROLANDO MORA PALACIOS, los perjuicios
materiales y/o patrimoniales los que se demuestren en el curso del proceso, tales como
los honorarios profesionales que tuvo que cancelar a los profesionales del derecho que le
asistieron en el proceso penal así como también los daños materiales traducidos en daño
emergente y lucro cesante, consistente en los salarios o ingresos que dejó de percibir
durante los períodos de detención domiciliaria, los que estimo en una suma superior a
TRESCIENTOS OCHO MILLONES DE PESOS ($308.000.000) MCTE., y los que se
tasarán de acuerdo a los parámetros, tales como que el señor MORA PALACIOS para el
momento en que fue afectado con prisión domiciliaria se desempeñaba como Gerente de
la firma BASEWARNET y como consecuencia del proceso en el que se originó el daño
que se reclama, el referido MORA PALACIOS recibía como contraprestación de sus
servicios relacionados con negociaciones para distribuir los productos de la firma a nivel
nacional e internacional, atendía a clientes a nivel nacional como la Fiduciaria Cafetera;
Fiduciaria Bogotá; Fiduciaria GNB Sumaderis; Fiduciaria del Estado, entre otros, y por todo
ello obtenía un promedio mensual de ocho millones de pesos ($8.000.000), que si
multiplicamos por 36 meses (3 años), nos da un guarismo igual de $ 288.000.000, MÁS
$20.000.000 que canceló en su momento de honorarios profesionales por su defensa
penal.

Las anteriores sumas dineradas se deben actualizar de acuerdo a la variación del índice
de Precios al Consumidor IPC entre el día 13 de agosto de 2007 y la fecha de la sentencia
definitiva, o el auto que apruebe la conciliación.

SEXTA. - Las sumas así causadas devengarán los intereses previstos en el artículo 177
del C.C.A. y se ejecutará en los términos establecidos en el artículo 176 del Código
Contencioso Administrativo.

SÉPTIMA. - Sírvase condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandada, en
los términos consagrados en el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil” 5
(subrayado y énfasis original).

De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso de reparación
directa se encontraron probados los siguientes hechos relevantes:

La División Jurídica Tributaria de la Administración de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) formuló denuncia penal contra el señor Héctor Rolando Mora
Palacios, por incurrir en el delito de omisión del agente retenedor o recaudador
[artículo 402 de la Ley 599 de 2000]. La Fiscalía 193 Seccional de Bogotá6 inició
investigación y calificó el mérito del sumario a través de la resolución de
acusación fechada mayo 10 de 2005.

5
Págs. núm. 12 a 16 del documento .pdf “52_RECIBEPRUEBAS […]”, del índice 32 de SAMAI.
6
Adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública. En la demanda se informó que
el radicado ante el ente investigador fue el núm. “690328” Pág. núm. 17 del documento.zip ib.

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El 9 de julio de 20077, el Juzgado 36 Penal del Circuito de Bogotá condenó al
señor Mora Palacios a la pena privativa de la libertad de cuarenta y seis (46)
meses, además de la imposición de una multa equivalente al doble de lo dejado
de consignar por concepto de impuestos [$124.746.000] y, finalmente, concedió
el subrogado de prisión domiciliaria. Sin embargo, el condenado interpuso acción
de tutela en la que cuestionó la providencia judicial y solicitó la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa. En sentencia del 10
de marzo de 20088, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá concedió el
amparo deprecado y dejó sin efecto la sentencia condenatoria.

El 25 de junio de 20089, el Juzgado Treinta y Seis Penal del Circuito de Bogotá
declaró la cesación de procedimiento a favor del señor Héctor Rolando Mora
Palacios por encontrar acreditado que pagó las obligaciones adeudadas a la
DIAN. Por tanto, la autoridad judicial consideró que la persecución penal por el
delito imputado debía culminar por parte del Estado y, por estas razones, dispuso
el archivo de las diligencias y el envío de las comunicaciones sobre lo decidido a
las autoridades respectivas. En la parte resolutiva de la providencia, el juzgado
ordenó el archivo de las diligencias y dispuso que se debía enviar “las
comunicaciones de rigor ante las autoridades respectivas”.

Una vez se profirió el anterior proveído, el proceso fue remitido al Juzgado
Cincuenta Penal del Circuito de Bogotá, que el 19 de agosto de 2009 avocó su
conocimiento y ordenó “continuar con el trámite de notificación, dando
cumplimiento a lo ordenado en la decisión [que adoptó el Juzgado 36 Penal del
Circuito de Bogotá]”. El proveído de cesación de procedimiento fue notificado por
edicto que se desfijó el 4 de septiembre de 200810.

El 19 de noviembre de 2009, el señor Héctor Rolando Mora Palacios presentó
una petición ante el Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de Bogotá, en la que
solicitó oficiar a todas las autoridades respectivas, incluido el CENDOJ
─administrador del portal de la página de la Rama Judicial─, para eliminar del sistema
“la anotación correspondiente a este proceso en sede de ejecución de penas, ya
que, como consta en el proceso, la sentencia condenatoria fue anulad […] y
finalmente se dictó cesación de procedimiento”.

La anterior solicitud se formuló en atención a que, en sede de ejecución de
penas11, figuraba todavía la sentencia condenatoria proferida el 9 de julio de
2007. El solicitante indicó que aparecía en los registros como condenado,

7
Los demandantes del proceso de reparación directa señalaron que el radicado de la decisión
judicial fue el núm. “2005-0387”, p. núm. 17 del documento .pdf ib.
8
Según se observa en la providencia el radicado del proceso fue el núm.
“110012204000200800252” Pág. núm. 40 del documento .pdf “51_RECIBEPRUEBAS […]”, del
índice 32 de SAMAI.
9
Según se observa en la providencia el radicado del proceso fue el núm. “2005-0387” Págs. núm.
51 a 54 del documento .pdf ib.
10
Pág. núm. 56 del documento .pdf ib.
11
A cargo del Juzgado 6.º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.

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circunstancia que le causaba perjuicios en su actividad laboral, a su honra y buen
nombre12.

El 27 de julio de 2010, Héctor Rolando Mora Palacios solicitó a la Oficina de
Control de Prisiones Domiciliarias del Establecimiento Penitenciario y Carcelario
“La Picota” certificar si se encontraba vigente el registro de prisión domiciliaria en
su contra13. En ese orden, la Coordinadora Domiciliaria y Vigilancia Electrónica
del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de la Picota informó que:

“En atención a la petición presentada por usted de fecha julio 27 de 2010 del presente
año, me permito informar lo siguiente, que revisada la información que reposa en su
hoja de vida y el sistema SISIPEC:

1. El señor HÉCTOR ROLANDO MORA PALACIOS identificado con cédula de
ciudadanía No. 79.397.500, que usted reporta en la actualidad con Prisión Domicilia
(sic) con fecha de ingreso enero 21 de 2008.

2. Que de acuerdo con la documentación existente en su hoja de vida el JUZGADO
TREINTA Y SEIS PENAL DEL CIRCUITO de Bogotá, mediante oficio No. 1459 de
fecha noviembre 23 de 2007, informa que mediante providencia de fecha 9 de julio de
2007, dictó sentencia en contra del señor HÉCTOR ROLANDO MORA PALACIOS […]
radicado No. 387-2005, el cual le concedió el beneficio de prisión domiciliaria,
suscribiendo diligencia de compromiso el día 13 de agosto de 2007.

3. El JUZGADO SEXTO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
de Bogotá, mediante oficio No. 11658 de fecha diciembre 21 de 2007, radicado No.
110012204036200500387, en contra del señor HÉCTOR ROLANDO MORA
PALACIOS, […] informando que ese despacho avocó conocimiento. Al igual el anterior
despacho mediante oficio No. 5829 de abril de 2008, comunica que el Honorable
Tribunal Superior - Sala Penal de Bogotá mediante providencia de marzo 10 de 2008,
anuló la actuación a partir del (sic) proferimiento de la sentencia dentro del proceso de
la referencia”14.

Los demandantes manifestaron que, pese a la cesación del procedimiento penal,
el INPEC visitó en varias oportunidades el domicilio del señor Mora Palacios para
verificar el cumplimiento de la pena privativa de la libertad. El 9 de agosto de
2010, el INPEC realizó un informe de visita “a interno en prisión o detención
domiciliaria”, en la que indicó que “al condenado Mora Palacios Héctor Rolando,
se le efectuó en el día de hoy visita aleatoria y esporádica, quien se encuentra
disfrutando el beneficio de la prisión domiciliaria” 15.

Inconforme con todo lo descrito, el señor Héctor Rolando Mora Palacios presentó
solicitud de habeas corpus ante los Juzgados 6.º de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad y 50 Penal del Circuito de Bogotá.

12
Pág. núm. 57 del documento .pdf “51_RECIBEPRUEBAS […]”, del índice 32 de SAMAI.
13
Pág. núm. 58 y 60 del documento .pdf ib.
14
Págs. núm. 61 y 62 del documento .pdf ib.
15
Pág. núm. 63 del documento .pdf ib.

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El 22 de octubre de 201016, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá
decidió que (i) el Juzgado 6.º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá informó al INPEC que la sentencia condenatoria del Juzgado 36 Penal
del Circuito de Bogotá quedó sin efectos jurídicos ─mediante Oficio núm. 5829 de 5
de abril de 2008─ y (ii) la boleta de detención en contra del señor Mora Palacios
había sido anulada ─auto de 18 de marzo de 2008 ─. En consecuencia, determinó
que no había orden judicial vigente que restringiera la libertad de locomoción del
actor por lo cual negó la petición de libertad.

Sin embargo, en la providencia mencionada se anotó que subsistían errores
administrativos: (i) el INPEC realizó algunas visitas al domicilio del señor Mora
Palacios y (ii) las autoridades judiciales accionadas omitieron comunicar a todas
las dependencias las decisiones adoptadas en el proceso penal seguido contra
el solicitante. Por lo anterior, dispuso que se debían emprender las medidas
necesarias para actualizar el registro de la situación jurídica del señor Mora
Palacios.

A juicio de los demandantes, la Nación - Rama Judicial, Fiscalía General de la
Nación y el INPEC debían declararse administrativamente responsables y ser
condenados al pago de los perjuicios materiales e inmateriales por (i) la privación
injusta de la libertad del señor Héctor Rolando Mora Palacios, entre el 13 de
agosto de 2007 y el 10 de marzo de 2008 y (ii) el defectuoso funcionamiento de
la administración de justicia en el proceso penal adelantado en su contra,
radicado n.º “11001-31-04050-2008-0505” que, ante las visitas de control que
realizó el INPEC al domicilio del señor Mora Palacios ─según argumentaron─, se
prolongó injustamente la privación de la libertad hasta el 22 de octubre de 2010.

En ese orden, solicitó la reparación del daño antijurídico, como consecuencia de
la violación de los derechos a la libertad, la integridad, la honra y el buen nombre,
entre otros.

La demanda de reparación directa fue admitida por auto del 8 de septiembre de
2011 contra la Nación - Fiscalía General de la Nación y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)17. Posteriormente, con ocasión de una solicitud
de aclaración y/o complementación de la demanda, la decisión fue adicionada en
providencia del 1.º de diciembre de 2011, en el sentido de admitir la demanda
también en contra del INPEC, por cuanto los demandantes plantearon hechos y
pretensiones que guardaban relación con las actuaciones de esta última18.

16
Págs. núm. 121 a 127 del documento .pdf ib.
17
Págs. núm. 44 a 46 del documento .pdf “52_RECIBEPRUEBAS […]”, del índice 32 de SAMAI.
18
Págs. núm. 94 a 95 del documento .pdf ib. Las providencias referidas fueron proferidas por el
ponente de la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Sin embargo, el proceso fue remitido a la Subsección C de Descongestión del citado Tribunal
como consta en las páginas 105 a 107 del documento .pdf en cita.

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Las entidades demandadas solicitaron que se negaran las pretensiones de la
demanda.

En resumen, la DEAJ presentó excepciones de falta de legitimación en la causa
por activa, y adicionó (i) que no se encontraba acreditada la existencia del daño
antijurídico invocado por los demandantes, y (ii) que las autoridades judiciales
que conocieron el proceso penal no incurrieron en actuaciones
desproporcionadas y violatorias de los procedimientos legales, sino que se
configuró una culpa exclusiva y determinante del señor Mora Palacios al no haber
realizado las declaraciones y pagos de la retención en la fuente e IVA de forma
oportuna ante la administración tributaria19.

Por su parte, la FGN y el INPEC alegaron falta de legitimación en la causa, toda
vez que el Juzgado 36 Penal del Circuito de Bogotá fue la autoridad judicial que
dictó la sentencia condenatoria en contra del señor Mora Palacios20.

2. La sentencia de primera instancia

El 30 de agosto de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C de Descongestión declaró la caducidad de la acción de
reparación directa en lo concerniente al daño originado como consecuencia de la
privación de la libertad del señor Héctor Rolando Mora Palacios y la prolongación
de la misma. Igualmente declaró la falta de legitimación en la causa por activa de
las señoras Eliana Mayerly y Mónica Carolina Mora Palacios. Finalmente, en
cuanto al fondo del asunto, negó las pretensiones de la demanda frente al INPEC
─por la realización de visitas de control al domicilio del demandante─, pues se
probó que hubo culpa exclusiva la víctima, en la medida que el propio señor
Héctor Rolando Mora decidió recluirse en su residencia a pesar de que no había
condena en su contra.

3. El recurso de apelación

La parte actora interpuso recurso de apelación en el que solicitó la revocatoria de
la sentencia de primera instancia y, en su lugar, la condena de la parte
demandada, con los argumentos que se siguen: (i) no hubo falta de legitimación
en la causa por activa de las señoras Eliana Mayerly y Mónica Carolina Mora
Palacios toda vez que aportaron las pruebas que demostraron su condición de
hermanas del señor Mora Palacios; (ii) en cuanto a la caducidad de la acción de
reparación directa, la privación injusta de la libertad del señor Mora Palacios no
culminó con la cesación de procedimiento, sino que continuó con su detención
domiciliaria hasta que se profirió la sentencia de tutela del 22 de octubre de 2010
por parte del Tribunal Superior de Bogotá, en la que se ordenó adoptar las
medidas necesarias para dar cumplimiento a la anulación de la boleta de

19
Págs. núm. 56 a 70 del documento .pdf ib.
20
Págs. núm. 71 a 55 y 117 a 122 del documento .pdf ib.

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detención ─fecha a partir de la cual se debía contar el término de caducidad─; (iii) en
cuanto a la inexistencia del daño, si bien, en el formato del INPEC de visita no se
señaló el proceso penal por el que se ejerció el control, las demás pruebas si
evidenciaron que se ejerció con ocasión del punible de omisión de agente
retenedor; además, ninguna de las demandadas indicaron que contra el señor
Mora Palacios se siguieron otros procesos o condenas; (iv) en cuanto a la culpa
exclusiva de la víctima, señaló que el INPEC continúo realizando visitas
domiciliarias con posterioridad a la anulación del fallo condenatorio y el señor
Mora Palacios respondió a los funcionarios del INPEC que no debían realizar las
visitas y formuló diversas peticiones e incluso acudió a las acciones
constitucionales para cesar dichas perturbaciones, lo que demostró la existencia
del daño infligido.

4. La sentencia de segunda instancia

El 4 de junio de 2020, la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado
profirió sentencia de segundo grado a través de la cual revocó la sentencia del
30 de agosto de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que había negado las pretensiones de la demanda. En su lugar, (i) declaró la
caducidad de la acción de reparación directa en cuanto a la privación de la
libertad de la que fue objeto el señor Héctor Rolando Mora; y (ii) declaró que la
Nación-Rama Judicial y el INPEC eran solidarias y administrativamente
responsables por los perjuicios causados a los demandantes por el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia.

Como consecuencia de la anterior declaración, condenó solidariamente a la
Nación-Rama Judicial y al INPEC a pagar perjuicios materiales y morales.
Igualmente ordenó en el ordinal quinto que “la Nación-Rama Judicial e INPEC en
un plazo de un mes contado a partir de la ejecutoria de la presente sentencia, a
través de una misiva dirigida personalmente al señor Héctor Rolando Mora
Palacios y su familia le ofrecerá disculpas por la detención injusta de la que fue
objeto. Las entidades deberán coordinar con el aquí demandante si es suficiente
con que el documento le sea entregado personalmente a él o si, además, debe
publicarse en las plataformas de comunicación y difusión de aquella”.

II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

1. Demanda

El 1º de septiembre de 202121, la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial
(DEAJ), por disentir de lo resuelto en segunda instancia dentro del proceso de
reparación directa, presentó recurso extraordinario de revisión contra la sentencia
proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 4 de junio de 2020. El

21
Según consta en la página 2 del archivo Word “ED-1-RER 2020-03956-00 DR LUIS ALBERTO
A.doc” visible en el expediente digital, índice 3 del SAMAI.

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recurrente invocó la causal n.º 5 del artículo 250 del CPACA, “Existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación” por considerar que la Sección Tercera del Consejo de
Estado condenó a la Rama Judicial por un objeto distinto del pretendido en la
demanda con lo que incurrió en la violación del principio de congruencia.

El demandante desarrolló el cargo de violación al principio de congruencia con
base en los siguientes argumentos: (i) la Sección Tercera del Consejo de Estado
condenó a la Rama Judicial por un daño que no fue consignado en las
pretensiones de la demanda, esto es, afectación a bienes y derechos
constitucional y convencionalmente amparados, con lo que produjo una
afectación al debido proceso, la igualdad y el principio de contradicción del
extremo pasivo del litigio. (ii) No se probó el daño y, por el contrario, lo presumió,
sobre todo, sin verificar las condiciones de procedibilidad para conceder este tipo
de medidas reparatorias no pecuniarias. (iii) Desnaturalizó las funciones del
director ejecutivo de la Rama Judicial y transgredió el principio de autonomía e
independencia judicial, en la medida que, sin atender las funciones señaladas
para este funcionario en los artículos 98 y 99 de la Ley 270 de 1996, le impuso la
obligación de ofrecer disculpas frente a decisiones en las que no participó. (iv)
Las medidas ordenadas no fueron correlativas, ni oportunas, ni pertinentes ni
adecuadas con el daño irrogado al actor.

A partir de la narración anterior, la Dirección Ejecutiva de la Administración
Judicial formuló ante el juez de la revisión como única pretensión: “revo[car] el
numeral 4º de la sentencia de fecha 4 de junio de 2020, proferida por la Sección
Tercera Subsección B del Consejo de Estado”.

El INPEC22 coadyuvó las pretensiones erigidas por la DEAJ y adujo que (i) la
Sección Tercera “presumió el daño antijurídico”, esto es, la vulneración al buen
nombre y a la honra de los demandantes; (ii) el daño antijurídico reclamado por
los demandantes debe ser cierto y, en el caso concreto, no se demostraron los
supuestos de hecho; (iii) el Instituto carcelario tenía la obligación de atender la
orden judicial para no realizar los controles de la prisión domiciliaria, por lo tanto
el Director General del INPEC cumplió a cabalidad con lo señalado en la Ley 65
de 1993, respecto a la custodia de los internos sindicados y/o condenados.

En conclusión, el Instituto Penitenciario y Carcelario consideró que se presentó
una vulneración al debido proceso, igualdad y al derecho de contradicción al
imponerles a las entidades demandadas un ofrecimiento de disculpas que los
demandantes no solicitaron: “fallo extra petitum al resolver sobre un asunto que
no fue planteado por la parte demandante”.

22
Contestación presentada el 27 de octubre de 2021 y contenida en la anotación 22 de SAMAI y
sus anexos en la anotación 19 del referido aplicativo.

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2. Actuaciones procesales relevantes

Es relevante revisar (2.2.1.) el auto admisorio de la demanda, (2.2.2.) la
contestación de la demanda y (2.2.3.) el concepto del Ministerio Público.

2.1. Auto admisorio de la demanda

En decisión del 5 de octubre de 202123, el despacho sustanciador admitió24 el
recurso extraordinario de revisión y ordenó notificar esa decisión, por una parte,
a Héctor Rolando Mora Palacios, Valentina Mora Onofre, SSMF, Héctor Manuel
Mora Vincos, Josefina Palacio de Mora, Mónica Carolina Mora Palacios, John
Germán Mora Palacios y Eliana Mayerly Mora Palacios25, y por otra, a la Fiscalía
General de la Nación, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC 26, al
Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

En la misma decisión se ordenó que, por Secretaría General27, se solicitara a la
Secretaría de la Sección Tercera de la primera instancia la remisión en forma
digital o física, en calidad de préstamo, del expediente del medio de control de
reparación directa, identificado con el radicado 25000-23-26-000-2011-00798-01.

El envío de los mensajes para notificación personal a los sujetos procesales se
realizó el 11 de octubre de 202128.

2.2. Contestación de la demanda

Gustavo Perdomo Ceballos, obrando como apoderado de los señores (i) Héctor
Rolando Mora Palacios, quien actúa en nombre propio como víctima directa y en
el de su hija menor SSMF; (ii) Valentina Mora Onofre, hija mayor de la víctima;
(iii) Héctor Manuel Mora Vincos y Josefina Palacio de Mora (padres) (iv) Eliana
Mayerly, Mónica Carolina y John Germán Mora Palacios (hermanos) se
opusieron a las pretensiones de la demanda del recurso extraordinario de
revisión por cuanto (i) la parte actora si solicitó el reconocimiento del daño
originado por la afectación al buen nombre; y (ii) no se puede revivir debates
litigiosos que ya concluyeron en las instancias ordinarias29.

23
Providencia contenida en la anotación 11 de SAMAI.
24
Una vez la parte accionante subsanó la demanda de acuerdo con lo advertido en el auto de 14
de septiembre de 2021, anotación 5 de SAMAI.
25
Demandantes en la acción de reparación directa que se tramitó con el radicado 25000-23-26-
000-2011-00798-01.
26
Autoridades que fueron vinculadas al proceso de reparación directa con radicado 25000-23-26-
000-2011-00798-01.
27
La Secretaría General de esta Corporación emitió el Oficio JSGA3014 de 11 de octubre de 2021
en el que le solicitó a la Secretaría de la Sección Tercera el expediente N.º 25000-23-26-000-
2011-00798-01. Anotaciones 17, 21, 33 y 35 de SAMAI.
28
Como consta en los archivos contenidos en las anotaciones 14 a 17 de SAMAI,
respectivamente.
29
Contestación presentada el 28 de octubre de 2021, Documento PDF
”32_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CONTESTACIONDEMANDA(.pdf)N
roActua23”. Certificado de seguridad FE0F54F5AB5F9501 CB55F3F4EBAF4A9B
7AD2099BFF5AFDB1 B5009699FA366E15. Anotación 23 de SAMAI.

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2.3. Concepto del Ministerio Público

El procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el
presente asunto30 y solicitó que se declarara infundado el recurso extraordinario
de revisión por cuanto consideró (i) que los argumentos expuestos por el
recurrente carecen de razón y justificación, (ii) que la presunta nulidad que se
genera a raíz de la expedición de la sentencia de segunda instancia no se
materializó y (iii) que el recurrente no logró demostrar la violación al principio de
congruencia, como tampoco logró demostrar que el juez de segunda instancia
decidió asuntos que no habían sido discutidos en el proceso de reparación
directa, siendo este último un elemento esencial para el correcto uso de la causal
invocada para el recurso extraordinario de revisión.

La Fiscalía General de la Nación y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado guardaron silencio.

2.4. Auto de pruebas

Por medio de auto del 12 de noviembre de 2021, el ponente dispuso tener como
pruebas (i) la documental enlistada en el numeral 1 del acápite de pruebas de la
demanda ─ copia de la sentencia de fecha 4 de junio de 2020 proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado ─ y los numerales 6.1, 6.5 y 6.6 del acápite de
pruebas de la contestación a aquella ─constancia de ejecutoria de la sentencia del 4
de junio de 2020, petición presentada ante la Dirección de Investigación Criminal e
INTERPOL, que acreditó que en septiembre de 2019 subsistía el perjuicio, dos (2)
reservas de pasajes a Panamá en viajes frustrados por las anotaciones en contra del
demandante e impresión del pantallazo de la página Web de la Rama Judicial en la que
aparecía que para el 19 de septiembre de 2019 subsistían las anotaciones─; (ii) la
prueba trasladada obrante en el proceso con el radicado 25000-23-26-000-2011-
00798-01, relativo al proceso del medio de control de reparación directa, que
promovieron los demandantes contra la Nación- Rama Judicial - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ), la Fiscalía General de la Nación y el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.

Finalmente, el magistrado sustanciador no accedió al decreto de las pruebas
referidas en los numerales 6.2, 6.3 y 6.4 del acápite de pruebas de la
contestación a la demanda ─la respuesta del INPEC al señor Héctor Rolando Mora
Palacios sobre las disculpas que le ofreció por la privación injusta de su libertad y la
solicitud ante el INPEC y la Rama Judicial para el pago del crédito judicial─, por
considerarlas impertinentes dado que el objeto de las mismas no guardaba relación con
la causal alegada.

30
Concepto presentado el 25 de octubre de 2021 y contenido en la anotación 21 de SAMAI.

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III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Presupuestos procesales

1.1. Competencia

Esta Sala Especial de Decisión es competente para conocer del presente recurso
extraordinario de revisión por cuanto (i) el artículo 249 del CPACA ordenó que la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ─sin exclusión de la sección que profirió
la decisión─ conociera de los recursos de revisión contra las sentencias dictadas
por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado; (ii) el artículo 107 del
CPACA creó las Salas Especiales de Decisión ─reglamentadas por el Acuerdo 321
del 2 de diciembre de 2014─ y (iii) el numeral 1 del artículo 29 del Acuerdo 080 de
2019 asignó la competencia a aquellas sobre los recursos extraordinarios de
revisión.

En este orden de ideas, la Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de
Estado es competente para conocer del recurso extraordinario de revisión
formulado contra la sentencia proferida el 4 de junio de 2020 por la Sección
Tercera del Consejo de Estado.

1.2. Oportunidad

Se interpuso en oportunidad, por cuanto la fecha de presentación de la demanda
de revisión es del 1 de septiembre de 202131 y la decisión objeto del recurso
extraordinario de revisión del 4 de junio de 2020, con notificación por edicto
electrónico fijado el 28 de agosto de 2020 y desfijado el 1 de septiembre de esa
anualidad, por ende, cobró ejecutoria a los tres días siguientes, de conformidad
con el artículo 302 del Código General del Proceso32, esto es, 4 de septiembre
de 2020 ─constancia secretarial obrante en la actuación 39 de SAMAI del proceso con
radicado 25000-23-26-000-2011-00798-01─33.

En ese sentido, teniendo en consideración que el recurso extraordinario de
revisión se radicó el 1º de septiembre de 202134 y que el rigor extintivo de la

31
Demanda presentada en la ventanilla virtual de esta Corporación, según se indica en la
anotación 2 de SAMAI de este proceso.
32
“Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no
sean impugnadas o no admitan recursos. // No obstante, cuando se pida aclaración o
complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. //
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de
notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los
interpuestos”.
33
Archivo PDF “14_CERTIFICACION_50465-Constancia de ejecutoria.pdf(.pdf) NroActua 29”,
con código de 17F296072893CC18 16F5F734BF48753A E6F9857BBDFA32B5
C2FDAC88B08A171C.
34
Según consta en la página 2 del archivo Word “ED-1-RER 2020-03956-00 DR LUIS ALBERTO
A.doc” visible en el expediente digital, índice 3 del SAMAI.

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caducidad operaba el 5 de septiembre de 2021, la Sala considera que dicho
recurso extraordinario se presentó en tiempo, ya que entre la ejecutoria del fallo
objeto de censura y la presentación de la revisión transcurrió menos de un (1)
año, término que impone el legislador en el artículo 251 del CPACA.

1.3. Legitimación en la causa

La Sala considera que la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial (DEAJ)
y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) están legitimados en la
causa por activa; así como Héctor Rolando, Eliana Mayerly, Mónica Carolina y
John Germán Mora Palacios, Valentina Mora Onofre, SSMF, Héctor Manuel Mora
Vincos y Josefina Palacio de Mora por pasiva, toda vez que aquellos tuvieron
calidad de partes en el proceso de reparación directa en el que se profirió la
sentencia condenatoria objeto del recurso extraordinario de revisión.

2. Planteamiento del problema jurídico y adopción de la metodología para
su resolución

La Sala debe determinar si la causal de revisión establecida en el numeral 5º del
artículo 250 del CPACA, consistente en «[e]xistir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación», se configura con base en los motivos expresados por el solicitante
en revisión ─vulneración al principio de congruencia─, en la medida que ─a su
juicio─ (i) la Sección Tercera del Consejo de Estado ordenó a la Rama Judicial
pedir excusas a los demandantes por la privación injusta de la libertad del señor
Mora Palacios, sin tener en consideración que el daño a bienes o derechos
convencional o constitucionalmente amparados no hizo parte de las pretensiones
de la demanda; (ii) no se practicó, durante el proceso, ninguna prueba, que
pudiera determinar la existencia de esta tipología de daño inmaterial; (iii) se
desnaturalizaron las funciones del director ejecutivo de la Rama Judicial y
transgredió el principio de autonomía e independencia judicial, en la medida que,
sin atender las funciones señaladas para este funcionario en los artículos 98 y 99
de la Ley 270 de 1996, le impuso la obligación de ofrecer disculpas frente a
decisiones en las que no participó. En suma, las medidas ordenadas no fueron
correlativas, ni oportunas, ni pertinentes, ni adecuadas con el daño irrogado al
actor.

Para resolver la controversia, esta Sala, primero, revisará los contornos
generales de la categoría del daño autónomo a bienes constitucional y
convencionalmente amparados con el propósito de identificar su génesis y
evolución a partir del daño a la vida de relación y daño fisiológico, lo que permitirá
comprender su alcance y contenido frente a las pretensiones del recurso
extraordinario de revisión; segundo, revisará las generalidades de la causal
contenida en el numeral quinto del artículo 250 del CPACA y, por último,
establecerá, con base en los argumentos expuestos por el recurrente, si se violó

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el principio de congruencia cuando el juez de segunda instancia decidió sobre la
reparación de un daño inmaterial que no había sido planteado en la demanda de
reparación directa ni probado durante el trámite contencioso administrativo.

2.1. Una aproximación a la nueva categoría de perjuicio inmaterial. Del
perjuicio fisiológico al daño a bienes constitucional y convencionalmente
amparados. Evolución y consolidación

Para efectos de apreciar la línea de evolución de los perjuicios inmateriales, se
destacan las siguientes providencias:

La sentencia del julio 3 de 1992, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, concedió por primera vez en la Jurisdicción Contencioso administrativa
un perjuicio inmaterial ─distinto del moral─ identificado con el nombre de daño
fisiológico, con el que se hizo referencia a la pérdida de la posibilidad de realizar
actividades vitales que, aunque no producen rendimiento patrimonial, hacen
agradable la existencia. El Consejo de Estado ─Sección Tercera─ en sentencia
del 1º de julio de 1993 ─rad. 7772, M.P. Daniel Suárez Hernández─, respaldó la
anterior tesis, la cual fue reiterada en el fallo del 6 de mayo de 1993 ─rad. 7428,
M.P. Julio Cesar Uribe Acosta─, en la que se precisó que esta categoría es una
especie de resurrección del hombre “abatido por los males del cuerpo, y también
por los daños que atacan el espíritu, [se] orienta [a] la indemnización del daño
fisiológico o la vida de relación”. En sentencia del 25 de septiembre de 1997 –
rad. 10421, M.P. Ricardo Hoyos Duque, la Sección Tercera cambió la expresión
“perjuicio fisiológico” por el concepto de “perjuicio de placer”, asimilándolo al de
“daño a la vida de relación”.

Más tarde, en sentencia del 19 de julio de 2000 ─rad. 11842, M.P. Alier
Hernández Enríquez, precisó que este daño de orden inmaterial debía
denominarse “daño a la vida de relación”, por cuanto se trata de un concepto más
adecuado que el “perjuicio fisiológico”: “el perjuicio aludido no consiste en la
lesión en sí misma, sino en las consecuencias que, en razón de ella, se producen
en la vida de relación de quien la sufre”, afectación inmaterial que puede tener
origen en una lesión física o corporal, como también, por ejemplo, en una
acusación calumniosa o injuriosa, en la discusión del derecho al uso del propio
nombre o la utilización de este por otra persona, en un sufrimiento muy intenso
o, incluso, en un menoscabo al patrimonio o una pérdida económica.

Se debe recordar que, en anterior ocasión, antes de la Constitución Política de
1991, la Corte Suprema de Justicia tuvo la oportunidad de acoger el término
“daño a la persona”, para señalar que consiste en un “(…) desmedro a la
integridad física o mental, o en injuria al honor, la libertad o la intimidad”,
─sentencia de abril 4 de 1968, M.P. Fernando Hinestrosa. Precisó la providencia
que un daño puede dar origen a múltiples consecuencias, algunas de ellas de
carácter patrimonial o de linaje diverso que pueden repercutir en el equilibrio

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sentimental o quebrantos transitorios o definitivos, más o menos graves, en la
vida de relación del sujeto. El primero, hace referencia al daño emergente y lucro
cesante. El segundo, se identifica con el perjuicio de carácter moral, que incide o
se proyecta en el fuero interno de la persona, al generar sensaciones de aflicción,
congoja, desilusión, tristeza, pesar, etc. Y el tercero, es el denominado daño a la
vida de relación, que se traduce en afectaciones que inciden en forma negativa
sobre su vida exterior, concretamente, en su “actividad social no patrimonial”.

Posteriormente, en decisiones de 15 de agosto y 18 de octubre de 2007 ─rad.
2002-00004-01(AG) y 2001-00029-01(AG)─ la Sección Tercera cambió su
denominación y lo designó “alteración grave a las condiciones de existencia”, la
cual se acredita respecto de las condiciones de existencia previas, con las
características de ser graves, drásticas y extraordinarias:

[E]n esta oportunidad la Sala aprovecha para, en aras de precisión y rigor en la
nomenclatura, dejar de lado el nomen que hasta ahora se ha venido utilizando -en
ocasiones de manera inadecuada o excesiva- para acudir al concepto de daño por
alteración grave de las condiciones de existencia, el cual ofrece mayor amplitud
que el anterior y abarca no sólo la relación de la víctima con el mundo exterior,
sino, de manera más general, esos cambios bruscos y relevantes a las condiciones
de una persona en cuanto tal y como expresión de la libertad y el albedrío atributos
esenciales a la dignidad humana principio fundante del Estado Social de Derecho
colombiano y de su ordenamiento jurídico, según consagra el artículo 1° de la
Constitución Política (…) El reconocimiento de indemnización por concepto del
daño por alteración grave de las condiciones de existencia es un rubro del daño
inmaterial -que resulta ser plenamente compatible con el reconocimiento del daño
moral-, que, desde luego, debe acreditarse en el curso del proceso por quien lo
alega y que no se produce por cualquier variación menor, natural o normal de las
condiciones de existencia, sino que, por el contrario, solamente se verifica cuando
se presenta una alteración anormal y, por supuesto, negativa de tales condiciones.

Seguidamente, las providencias de 14 de septiembre de 2011 ─rad. 19.031 y
38.222─, sistematizaron la tipología de los daños inmateriales, así: (i) perjuicio
moral; (ii) daño a la salud ─perjuicio fisiológico o biológico─, cuando se deriva de
una lesión corporal y (iii) daños a bienes constitucionales.

Finalmente, la Sección Tercera, en sentencia del 28 de agosto de 2014, rad.
32.988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero, unificó la categoría de perjuicio inmaterial
e identificó este último como vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o
derechos convencional y constitucionalmente amparados cuyas características
destacadas fueron:

i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos
contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones
o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo
tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial.

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ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un
efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y
convencionales.

iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no
está condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos,
como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del
agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante
presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada
situación fáctica particular.

iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los
efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al grado de intensidad
de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de
gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y
convencionales.

La sentencia de unificación de la Sección Tercera precisó que la reparación del
daño a vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos
convencional y constitucionalmente amparados comprende los siguientes
aspectos:

i) El objetivo de reparar este daño es el de restablecer plenamente a la víctima
en el ejercicio de sus derechos. La reparación de la víctima está orientada a: (a)
restaurar plenamente los bienes o derechos constitucionales y convencionales,
de manera individual y colectiva; (b) lograr no solo que desaparezcan las causas
originarias de la lesividad, sino también que la víctima, de acuerdo con las
posibilidades jurídicas y fácticas, pueda volver a disfrutar de sus derechos, en lo
posible en similares condiciones en las que estuvo antes de que ocurriera el
daño; (c) propender para que en el futuro la vulneración o afectación a bienes o
derechos constitucionales y convencionales no tengan lugar; y (d) buscar la
realización efectiva de la igualdad sustancial.

ii) La reparación del daño es dispositiva: si bien las medidas de reparación de
este tipo de daños pueden serlo a petición de parte, también operan de oficio,
siempre y cuando aparezca acreditada su existencia.

iii) La legitimación de las víctimas del daño: se reconoce a la víctima directa de
la lesión como a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero
(a) permanente y los parientes hasta el 1º de consanguinidad, incluida la relación
familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas "de
crianza", en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen
entre ellos.

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iv) Es un daño que se repara principalmente a través de medidas de carácter no
pecuniario: se privilegian por excelencia las medidas reparatorias no
indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales cuya reparación integral,
a consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles
podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa,
mediante el establecimiento de una medida pecuniaria hasta 100 SMLMV, si
fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con
fundamento en el daño a la salud. Ese quantum deberá motivarse por el juez y
ser proporcional a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho
afectado.

v) Es un daño que requiere de un presupuesto de declaración: debe existir una
expresa declaración de responsabilidad del Estado por la existencia de un daño
a bienes constitucionales y convencionales imputables al mismo, y se deben
justificar y especificar las medidas de reparación integral adecuadas y pertinentes
al caso, de tal manera que el Estado ejecute el debitum iuris. Las medidas de
reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso y la
gravedad de los hechos, todo con el propósito de restablecer la dignidad de las
víctimas, reprobar las relevantes violaciones a los derechos humanos y concretar
las medidas de garantía de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás
definidas por el derecho internacional.

vi) Es un daño frente al cual se confirme el rol del juez de responsabilidad
extracontractual como reparador integral de derechos vulnerados, sin
desconocer que las indemnizaciones que tradicionalmente han venido siendo
reconocidas impactan directa o indirectamente en los derechos de las víctimas;
sin embargo, en tratándose de vulneraciones o afectaciones relevantes a
derechos constitucional y convencionalmente amparados, se impone la
necesidad de que el juez acuda a otras medidas, con el fin de reparar plenamente
a las víctimas.

Después de este recorrido jurisprudencial, se tiene que el daño a la vida de
relación presentó una evolución relevante en la sentencia de unificación del 28
de agosto de 2014, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, cuya
denominación que se utiliza para indicar la afectación a dicho daño a la vida de
relación es la «afectación de bienes o derechos convencional y
constitucionalmente protegidos», entre los que se encuentra el derecho al buen
nombre cuyo reconocimiento «procede de oficio o a solicitud de parte, siempre
y cuando se encuentre acreditado dentro del proceso su concreción y se precise
su reparación integral. […] debe privilegiarse la compensación a través de
medidas de reparación no pecuniarias y, […], solamente en casos excepcionales
debe reconocerse una indemnización pecuniaria de hasta 100 SMLMV

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exclusivamente para la víctima directa, quantum que debe motivarse por el juez
y ser proporcional a la intensidad del daño»35

2.2. La causal de revisión invocada por el actor: el numeral 5º del artículo
250 del CPACA ─violación del principio de congruencia─

La recurrente alegó la configuración de la causal de revisión correspondiente a
la existencia de una «nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
que no era susceptible de recurso». Particularmente, la Rama Judicial adujo que
la sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado debe ser
objeto de revisión, porque existe nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso judicial al desconocer el principio de congruencia, en este caso al
proceso de reparación directa.

El numeral quinto establece dos elementos esenciales para su configuración; el
primero, que la sentencia que se recurre no sea susceptible de apelación, esto
es, que se trate de una decisión en firme sin recurso por agotar; el segundo, que
la nulidad se presente en el momento en que se expide la sentencia, es decir, no
es válida la argumentación que indique una nulidad anterior a la sentencia que
puso fin al proceso judicial, pues su momento procesal para alegar ya habrá
pasado, y este se fundamente en un desconocimiento grave o insanable de
alguna ritualidad sustancial propia de esa actuación.

No obstante, el legislador no definió los eventos constitutivos del vicio, por lo que
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo36, en un ejercicio hermenéutico,
ha señalado de manera consistente, que los hechos que la configuran son
aquellos que constituyen las causales de nulidad procesal37, esto es, las previstas

35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena,
sentencia del 28 de agosto de 2014, rad. 66001-23-31-000-2001-00731-01(26251), M.P. Jaime
Orlando Santofimio Gamboa. Sentencia de la Subsección “A” de la Sección Tercera de esta
Corporación, proferida el 6 de diciembre de 2017, rad. 5000-23-26-000-2009-00867-01(47914),
M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
36
Ver, entre otras, las siguientes providencias: del 20 de abril de 2004, radicado 11001-03-15-
000-1996-0132-01; del 18 de octubre de 2005, radicado 11001-03-15-000-2000-00239-00, del 7
de febrero de 2006, radicado 11001-03-15-000-1997-00150-00; del 2 de marzo de 2010,
expediente número 185; del 9 de marzo de 2010, radicado 1100103150002002-1024-01, y del
31 de mayo de 2011, radicado 11001-03-15-000-2008-00294-00.
37
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 11 de mayo de 1998, Rad.
REV-093, M.P. Mario Alario Méndez, señaló, al respecto: “[…] Así, por ejemplo, la nulidad que
tiene origen en la sentencia puede ocurrir, en conformidad con la disposición referida, cuando se
provee sobre aspectos para los que no tiene el juez jurisdicción o competencia (numerales 1 y 2);
cuando, sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente
por sentencia firme, o sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por
el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención
del proceso, porque así se revive un proceso legalmente concluido, o cuando se dicta sentencia
como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, porque así se pretermite
íntegramente la instancia; o cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto
distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, o se condena
a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo concerniente, también se pretermite
íntegramente la instancia (numeral 3); o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia
después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en éstos

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en el artículo 133 del Código General del Proceso 38, pero no son figuras idénticas,
pues se trata de vicios procesales que surgen al momento de la expedición de la
sentencia, pero no los acaecidos en etapas anteriores, toda vez que, las
nulidades procesales deben seguir la regla de oportunidad prevista en el artículo
134 del CGP39. En otras palabras, la nulidad o vicio surge de la propia sentencia
y eso habilita la procedencia del recurso extraordinario de revisión40.

Sin embargo, también se ha aceptado la posibilidad de alegar la nulidad originada
en la sentencia, cuando, pese a configurarse el vicio constitutivo de la causal
antes de proferirse el fallo, “[…] no pudo ser advertida por el recurrente durante
el curso del proceso […]”41, caso en el cual, al afectado le asiste la carga de
probar que no tuvo la oportunidad de proponer la nulidad, pues de lo contrario, la
causal se convertiría en una excusa para subsanar las omisiones cometidas en
el proceso ordinario.

En este sentido resulta importante señalar que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en providencia de 31 de mayo de 2011,
con el fin de fijar el alcance interpretativo de la causal de revisión, enlistó algunos
de los supuestos que podrían configurar el vicio de nulidad en la sentencia, dentro
de los que, además de las causales de nulidad procesal, se incluyeron otros que
pueden afectar la validez de la decisión, por transgredir el debido proceso
constitucional, como se lee a continuación:

“[…]

En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de
jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso terminado
normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia
después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento,
aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv) cuando se dicta
sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, v) cuando se
condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en
la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a
quien no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere
sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de
suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la
sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada

casos, antes de la oportunidad debida (numeral 5), entre otros eventos […]”. (Se destaca).
Citada en: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de
octubre de 2005, radicado 11001-03-15-000-2000-00239-00. M.P. Jaime Moreno García.
38
En adelante CGP. Causales que antes estaban previstas en el artículo 140 CPC.
39
En este sentido puede verse la sentencia ya citada, proferida por la Sala Tercera Especial de
Decisión, el 4 de agosto de 2021, radicado 11001-03-15-000-2021-00610-00.
40
En este sentido puede v. sentencia ya citada, proferida por la Sala Especial de Decisión n.° 3,
4 de agosto de 2021, rad. 11001031500020210061000.
41
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 6 de agosto
de 2013, radicado 11001-03-15-000-2009-00687-00. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, en
la que se cita “Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. M.P. Mauricio Torres
Cuervo. Sentencia del 2 de marzo de 2010. Radicación número: 11001-03-15-000-2001-0091-01.
Actor: Pedro Antonio Durán Durán. Demandado: Contraloría General de la República.”.

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con un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece
completamente de motivación”.

Con posterioridad, en sentencia de 8 de mayo de 2018 42, con fines de unificación
jurisprudencial43 y a partir del artículo 29 superior, la Sala Plena fijó un nuevo
alcance de la causal de nulidad originada en la sentencia, de conformidad con el
cual, el fallo inhibitorio injustificado también configura la causal de revisión
mencionada por desconocer el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el
derecho de acceso a la administración de justicia.

En suma, la sentencia puede resultar viciada por hechos que, si bien no están
previstos como causales de nulidad procesal, lo cierto es que sí pueden afectar
la legalidad y justicia de la decisión, al punto que desconocería el artículo 29 de
la Constitución. Dentro de estos supuestos, a manera enunciativa, con
fundamento en la jurisprudencia decantada por esta corporación, se pueden citar
los siguientes: i) la sentencia en la que se condena a la parte que no fue vinculada
al proceso; ii) la sentencia de las corporaciones judiciales que no cuenta con el
número de votos necesarios para la aprobación, o aquella que aparece firmada
con mayor o menor número de magistrados; iii) la sentencia que no tiene formal
ni materialmente motivación ante la carencia total de pronunciamiento del juez
sobre las razones de hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión;
iv) la sentencia se dicta con violación al principio de la non reformatio in pejus;
v) la decisión que desconoce el principio de congruencia bien sea por una
condena extra, ultra o minuspetita44; y vi) cuando el juez, sin fundamento válido
y razonable, dicta una decisión inhibitoria que se traduce en denegación de
justicia45.

2.3. Verificación de la configuración de la causal invocada por el actor:
violación al principio de congruencia en la sentencia proferida el 4 de junio
de 2020 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado

En el presente caso, el recurrente considera que se rompió el principio de
congruencia cuando la Sección Tercera le ordenó a la Rama Judicial pedir por

42
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado radicado
11001-03-15-000-1998-00153-01 (REV), M.P. Alberto Yepes Barreiro. [En la providencia se
citaron, la sentencia C-739 de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis, que dispuso, entre otras, “[…]
ESTARSE A LO RESUELTO en las sentencias C-491 de 1995 […] y C-217 de 1996 […] y la
providencia de 7 de febrero de 2006, radicación: 11001-03-15-000-1997-00150-00 (REV), M.P.
María Elena Giraldo Gómez].
43
Por auto de 7 de julio de 2015, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación decidió asumir la competencia para decidir el caso con el propósito de unificar
criterios:
“[…]
i) En qué casos una sentencia inhibitoria puede dar origen a la procedencia del recurso
extraordinario de revisión por la causal de nulidad originada en la sentencia por violación al debido
proceso. […]”.
44
Consejo de Estado Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016,
radicado 11001-03-15-000-2015-02342-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
45
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de mayo de
2018, radicado 11001-03-15-000-1998-00153-01.

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medio de una carta excusas a los demandantes por la privación injusta de la
libertad a la que fue sometido el señor Mora Palacios.

En este contexto, el recurrente consideró que se violó el debido proceso, pues el
juez de segundo grado decidió sobre un punto de derecho que no fue formulado
en las pretensiones de la demanda ni tampoco objeto del debate litigioso, lo que
se corrobora ─según el recurrente─ con la orfandad de pruebas que no probaron
la existencia del daño a bienes o derechos convencional o constitucionalmente
amparados. En consecuencia, la Sección Tercera atentó contra el principio de
congruencia al imponer a la Rama Judicial una sanción por dicha lesión.

Frente a este escenario, la Sala Especial de Decisión no comparte el argumento
de violación del principio de congruencia, pues si se observa el proceso de
reparación directa, este giró en torno a dos hechos; el primero, la presunta
privación injusta de la libertad; y el segundo, por el defectuoso funcionamiento de
la administración de justicia, frente a los cuales la apoderada de la Rama Judicial
desconoció que en el contenido de la demanda si se solicitó la reparación por la
afectación a la honra y al buen nombre del señor Mora, incluidos dentro de la
categoría inmaterial de daños a bienes constitucional y convencionalmente
amparados ─anteriormente daños a la vida de relación o fisiológicos─:

“PRIMERA. - Que LA NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - RAMA
JUDICIAL - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO “INPEC”,
es responsable administrativa y patrimonialmente de los perjuicios morales,
materiales, extrapatrimoniales y daños a la vida de la relación, que le fueron
ocasionados a los demandantes, por la detención física, injusta, ilegal e
inconstitucional de la que fue objeto el señor HÉCTOR ROLANDO MORA
PALACIOS […]

TERCERA. Como consecuencia de la declaración primera, condénese a las
demandadas, a pagarle a los demandantes como resarcimiento del daño o
perjuicio extrapatrimonial causado como consecuencia de la violación de los
derechos fundamentales a: la libertad, la integridad, la honra y el buen nombre, la
familia, el trabajo, a la intimidad personal y familiar, el debido proceso, como
consecuencia del error jurisdiccional, la detención y prolongación injusta y
arbitraria de la libertad de que fuera sujeto pasivo el señor HÉCTOR ROLANDO
MORA PALACIOS.

CUARTA. Se condene a la NACIÓN -FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN-
RAMA JUDICIAL - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO y CARCELARIO
"INPEC", como consecuencia de la declaración de responsabilidad, a pagar a
favor del señor HÉCTOR ROLANDO MORA PALACIOS, la suma de 100 Salarios
Mínimos Mensuales Legales Vigentes y 50 salarios mínimos mensuales legales
vigentes a favor de cada uno de sus hijas menores VALENTINA MORA ONOFRE
y SARA SOFÍA MORA FORERO, por concepto del perjuicio fisiológico (daño a la
vida de relación) causado por la detención física, injusta, ilegal e inconstitucional
de la que fue objeto el señor HÉCTOR ROLANDO MORA PALACIOS […]” (se
subraya).

Una vez el juez de la reparación directa identificó y constató el daño a la honra y
buen nombre del señor Mora y su imputación a la Nación-Rama Judicial y al
INPEC, determinó en virtud de su autonomía e independencia judicial su modo
de restablecimiento:
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En primer lugar, consideró que la mayoría de los daños solicitados como
“fisiológicos” hacían referencia y estaban incluidos dentro de la denominación
genérica de daño moral y apuntaban más bien a resarcir el dolor o afectación por
el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por lo que concluyó
que los perjuicios fisiológicos no debían ser reparados:

“65. Los demandantes solicitaron el reconocimiento y pago de cien smlmv por
concepto de perjuicio fisiológico.

66. Sobre el particular, la Sala recuerda, si bien en un principio, la Corporación
acogió los conceptos de “perjuicios fisiológico y “daño a la vida de relación” para
indemnizar aquellos eventos en que el daño generaba un cambio o variación en
las condiciones particulares de desenvolvimiento personal o en sociedad de la
víctima, en pronunciamiento de unificación, la Sección Tercera luego de abordar
el estudio del origen de las diversas denominaciones de la tipología del perjuicio
inmaterial, señaló que tratándose de los perjuicios inmateriales, estos se
encontraban delimitados a tres categorías: El daño moral, el daño a la salud y
daños por afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y
constitucionalmente amparados.

67. En el presente caso, la Sala encuentra que en principio la mayoría de los daños
que se enuncian como “fisiológicos”, aparecen inmersos dentro de la
denominación genérica de daño moral, comoquiera que tienden al resarcimiento
del dolor o afectación por el defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia, que están comprendidos dentro de la segunda de las referidas tipologías
del perjuicio. De tal manera que no resulta viable reconocer por separado una
indemnización por la afectación a las condiciones de vida familiar, pues es evidente
que la misma conlleva a un dolor moral cuya indemnización está inmersa dentro
de esa caracterización del perjuicio inmaterial, frente al que ya se dispuso su
indemnización en atención a los parámetros establecidos por la jurisprudencia”.

No obstante, el juez de segundo grado explicó que la reparación a la honra y al
buen nombre que el señor Mora Palacios había solicitado en las pretensiones de
la demanda no estaba incluido dentro del perjuicio moral y, en consecuencia,
después de explicar que los perjuicios inmateriales se encontraban delimitados a
tres categorías ─daño moral, el daño a la salud y daños por afectaciones
relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados─,
el juez ordinario escogió el mecanismo idóneo y señalado en la sentencia de
unificación de la Sección Tercera del 28 de agosto de 2014 ─rad. 32.988─ para
reparar en un caso de privación injusta de la libertad y defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia la honra y el buen nombre mediante una
reparación de carácter no pecuniario, el ofrecimiento de excusas formales a los
demandantes por parte de las entidades demandadas:

“68. El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia provocó en este
caso una afectación al buen nombre y a la dignidad del demandante Héctor
Rolando Mora Palacios, de suerte que se torna en una afectación relevante a
bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados. La Sala
encuentra que la única forma de reparar este perjuicio es a través de la rectificación
como medida de reparación no pecuniaria y en tal sentido dispondrá que tanto la
Rama Judicial como el INPEC expresen disculpas al señor Héctor Rolando Mora

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Palacios y su familia, por el defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia que afectó su buen nombre, a través de una misiva dirigida al demandante.

69. Para asegurar que la medida de reparación sea concertada con la víctima, la
entidad demandada deberá coordinar con el aquí demandante si es suficiente con
que el documento le sea entregado personalmente a él o si, además, debe
publicarse en las plataformas de comunicación y difusión de la entidad. Esta
medida deberá cumplirse dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente
providencia”.

Teniendo en consideración que en la demanda se solicitó la reparación por la
lesión a la honra y buen nombre del señor Mora Palacios, las razones en las que
se fundó el juez de segundo grado para condenar a las entidades demandadas
se identificaron, así: (i) se probó que el nombre del señor Héctor Rolando, luego
de la cesación de procedimiento, seguía apareciendo en el sistema de consultas
de ejecución de penas y, además, el INPEC le realizó visitas esporádicas cuando
ya no había condena en su contra, aspecto que le generó afectación al buen
nombre; (ii) si bien el Juzgado 36 Penal del Circuito ordenó se hicieran las
comunicaciones pertinentes, su cumplimiento, correspondió al Juzgado 50 Penal
del Circuito que libró algunas comunicaciones, sin embargo, en el sitio web del
sistema de ejecución de penas, el señor Mora seguía apareciendo, lo que llevó a
este a presentar una petición al juzgado, en la que solicitó se hicieran las
actualizaciones pertinentes; (iii) el demandante no estaba llamado a soportar el
daño de seguir apareciendo en la base del sistema de ejecución de penas y que,
en virtud de ello, le hicieran unas visitas esporádicas, aspecto que le generó
afectaciones a su buen nombre.

Los argumentos del recurrente deben rechazarse no solo porque la reparación
del derecho a la honra y buen nombre ─incluidos dentro del daño a bienes
constitucional y convencionalmente amparados─ sí se consignaron en las
pretensiones de la demanda, sino también porque se desconoció que en el
transcurso del proceso de reparación directa se practicaron pruebas que
demostraron que el señor Mora Palacios seguía recibiendo visitas por parte de
funcionarios del INPEC pese a que el juzgado de ejecución de penas a cargo del
proceso penal ya les había informado de la anulación de la sentencia penal
condenatoria.

Finalmente, en cuanto a la postura del recurrente en el sentido que, las funciones
del Director Ejecutivo de Administración Judicial resultaron desnaturalizadas por
la imposición de la obligación de ofrecer disculpas a pesar de que no participó en
las decisiones judiciales por las cuales la administración de justicia resultó
condenada, la Sala Especial de Decisión no comparte sus argumentos por las
siguientes razones:

El artículo 49 de la ley 446 de 1998, modificatorio del artículo 149 del Código
Contencioso Administrativo ─norma vigente para el momento en que se interpuso
la demanda de reparación directa, esto es, 1º de agosto de 2011─, es la norma

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que regula el tema de la representación judicial de la Nación. La disposición
establecía lo siguiente:

“Art. 149 CCA. Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones
públicas podrán obrar como demandantes, demandadas o intervinientes en los
procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes,
debidamente acreditados. Ellas podrán incoar todas las acciones previstas en este
código si las circunstancias lo ameritan.

En los procesos contencioso administrativos la Nación estará representada por el
Ministro, Director General de Departamento Administrativo, Superintendente,
Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, Procurador o Contralor o por
la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho.

El presidente del Senado representa a la Nación en cuanto se relacione con el
Congreso. La Nación - Rama Judicial estará representada por el Director Ejecutivo
de Administración Judicial. En los procesos sobre impuestos, tasas o
contribuciones, la representación de las entidades públicas la tendrán el Director
General de Impuestos y Aduanas Nacionales en lo de su competencia, o el
funcionario que expidió el acto.

Parágrafo 1º. En materia contractual, intervendrá en representación de las
dependencias a que se refiere el artículo 2º, numeral 1º, literal b) de la Ley 80 de
1993, el servidor público de mayor jerarquía en éstas.

Parágrafo 2º. Cuando el contrato haya sido suscrito directamente por el Presidente
de la República en nombre de la Nación, la representación de ésta se ejerce por
él o por su delegado” (se subraya).

De la norma en cita, es posible identificar que la Nación, como persona jurídica,
tiene diferentes representantes judiciales, los que se determinan en función de
los escenarios fácticos ocurridos.

El inciso segundo precisa la regla general en materia de representación judicial
de la Nación, quien será representada por la persona de mayor jerarquía en la
entidad que expidió el acto o produjo el hecho, de tal forma que puede serlo, a
título ilustrativo (i) por un Ministro de despacho, (ii) un Director General de
Departamento Administrativo, (iii) un Superintendente, (iii) el Registrador
Nacional del Estado Civil, (iv) el Fiscal General, el Procurador o el Contralor, (v)
el Presidente del Senado.

Así las cosas, es claro que las anteriores autoridades, en primer lugar, concurren
al proceso en representación de las entidades que dirigen; sin embargo, también
acuden al proceso a representar a la persona jurídica de la que hace parte el
respectivo órgano o entidad, esto es, la Nación, quien tiene capacidad para ser
parte y comparecer al proceso, y lo hace, a través de sus representantes, lo cual
─tal como se dijo─ varía en función del órgano causante del daño.

La petición principal del recurrente es que la orden de carácter no pecuniario
─ofrecer excusas─ impuesta por la Sección Tercera no puede ser cumplida por

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el Director Ejecutivo de la Administración Judicial en la medida que es ajena a las
funciones de los artículos 98 y 99 de la Ley 270 de 1996.

La legitimación en la causa por pasiva refiere a la cuestión sobre quién debe ser
el llamado a responder dentro del proceso y, por ende, demandado. La
representación responde al interrogante sobre quién debe actuar en el trámite
judicial en nombre de la persona jurídica que conforma el extremo pasivo de la
contienda jurídica.

En otras palabras, en el caso en estudio, el juez de la Sección Tercera en
sentencia del 4 de junio de 2020 condenó a la Rama Judicial y al INPEC46. La
Rama Judicial hace parte de la persona jurídica demandada en el proceso, que
es la Nación, y es ésta a la que se le imputa el daño y tiene la obligación de
cumplir con la sentencia a través de la autoridad administrativa, esto es, el
Director Ejecutivo de la Administración Judicial. El INPEC, como establecimiento
público del orden nacional, con personería jurídica, a su vez debe cumplir la
condena impuesta.

En este orden de ideas, la Sala retoma el problema planteado: ¿Es posible que
de la normativa transcrita se pueda derivar una facultad radicada en el juez que
dictó la providencia penal para responder por las medidas de carácter pecuniario
impuestas en la sentencia de la Sección Tercera proferida el 4 de junio de 2020?
La respuesta es negativa, toda vez que la representación de la Rama Judicial fue
asegurada ─según la norma aplicable al caso concreto─ por el Director Ejecutivo
de la Administración Judicial.

De otro lado, lo que no establecen las normas transcritas es que el los jueces de
la República tengan la representación judicial de la Nación, pues ésta, para la
época de la radicación de la demanda de reparación directa estaba radicada
únicamente en el Director Ejecutivo de Administración Judicial.

En ese orden de ideas, la Sección Tercera del Consejo de Estado no hizo otra
cosa que dar aplicación al artículo 49 de la Ley 446 de 1998 y la Nación-Rama
Judicial fue representada por el Director Ejecutivo de la Administración Judicial,
de tal forma, que no pueda alegarse, al menos con éxito, la nulidad de la
sentencia de reparación directa porque la orden debía haber estado dirigida a los
jueces que profirieron las sentencias penales.

En conclusión, se itera, la Nación, como persona jurídica demandada y legitimada
en la causa, ejerció su derecho de defensa y contradicción, por lo que no es

46
“QUINTO: La Nación-Rama Judicial e INPEC en un plazo de un mes contado a partir de la
ejecutoria de la presente sentencia, a través de una misiva dirigida personalmente al señor Héctor
Rolando Mora Palacios y su familia le ofrecerá disculpas por la detención injusta de la que fue
objeto. Las entidades deberán coordinar con el aquí demandante si es suficiente con que el
documento le sea entregado personalmente a él o si, además, debe publicarse en las plataformas
de comunicación y difusión de aquella”.

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posible afirmar que se le vulneró el debido proceso con la imposición de una
medida de carácter no pecuniario, habida cuenta de que, durante su trámite, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial hizo uso de los mecanismos
procesales con el objeto de ejercer su defensa. Por tanto, el juez de la Sección
Tercera le impuso la medida de reparación in natura a la Nación-Rama Judicial,
en cabeza de quien asumió la representación judicial de la Nación, el Director
Ejecutivo de Administración Judicial, quien deberá cumplir con la condena
judicial.

2.4. Conclusión

La Sala no encontró acreditada la causal 5.ª de revisión prevista en el artículo
250 del CPACA, referida a la nulidad originada en la sentencia, invocada por la
parte actora, toda vez que el recurrente no logró demostrar la violación al principio
de congruencia, esto es, que el juez de segunda instancia hubiese decidido sobre
asuntos que no fueron planteados en la demanda y discutidos durante el trámite
de la reparación directa; todo lo contrario, el juez de segundo grado se pronunció
sobre lo solicitado en la demanda, el daño sufrido por el señor Mora Palacios a
la honra y buen nombre como consecuencia de su figuración en la base del
Sistema de Ejecución de Penas sin tener en consideración que la decisión penal
en su contra había sido declarada nula.

2.5. Costas

La Ley 2080 de 2021, por medio de su artículo 70, modificó el artículo 255 del
CPACA y en cuanto a este recurso dispuso que “si se declara infundado el
recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente”. A su vez, el artículo
86 ejusdem, relativo a la vigencia, indica que las reformas procesales allí
establecidas, prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el
momento de su publicación ─25 de enero de 2021─47.

Por tanto, como el recurso extraordinario se presentó el 1 de septiembre de
202148, para la Sala es aplicable al presente asunto la modificación introducida
por la Ley 2080 de 2021 al artículo 255 del CPACA, habida cuenta de que, para
la fecha de presentación del recurso, ya estaba en vigor la nueva ley.

Así las cosas, bajo una interpretación armónica que permita determinar el
alcance de la condena en costas dentro del recurso extraordinario de revisión, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 361 del CGP, las costas están integradas
por la totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias
en derecho, y solo habrá lugar a su imposición de acuerdo con el artículo 365,

47
Se sigue lo que se consignó sobre el aspecto relativo a costas por la Sala Veintidós Especial
de Decisión, sentencia del 21 de noviembre de 20222, rad. 11001-03-15-000-2022-04424-00,
M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
48
Demanda presentada en la ventanilla virtual de esta Corporación, según se indica en la
anotación 2 de SAMAI de este proceso.

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numeral 8.º ibidem “cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación”.

En el caso concreto, la Sala advierte que no procede la condena en costas por
concepto de expensas y gastos procesales, porque no aparece demostrado en
el expediente que la parte demandada hubiere incurrido en dichos pagos. En
cuanto al componente de agencias en derecho, debe señalarse que, aunado a
que el recurso se declarará infundado, el extremo de la parte pasiva, esto es, la
los demandados comparecieron al proceso mediante apoderado judicial dentro
de la oportunidad legal con el fin de oponerse, ejercer su derecho de defensa y
realizar solicitudes probatorias.

Por tanto, la Sala estima que la gestión de los demandados en este proceso
resulta suficiente para que se disponga la fijación de agencias en derecho a su
favor, a título compensatorio49 frente a los esfuerzos en el tiempo, dedicación,
vigilancia y diligencia que le demandó, en su calidad de extremo pasivo, el hecho
de contestar el presente recurso, sumado a la naturaleza y duración de esta
causa procesal, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 365 y 366 del
CGP.

Realizadas las precisiones anteriores, conviene indicar que, al ser un proceso de
única instancia ante esta Corporación, la liquidación de las costas será realizada
por la Secretaría General, de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo
36650 del CGP.

Asimismo, según el numeral 4.º del artículo 366 del CGP, para la fijación de
agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Al respecto, el Acuerdo n.º PSAA16-10554 de 2016,
dispuso lo siguiente:

“[...] Artículo 2. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario
judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas
establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión
realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del

49
La Sala Veintisiete Especial de Decisión de esta Corporación, M.P. Rocío Araújo Oñate, en
sentencia de 6 de agosto de 2019 precisó que “[…] la función de las agencias en derecho es la
de otorgar a la parte vencedora una razonable compensación económica por la gestión procesal
que realizó […]”, radicado 15001-33-33-007-2017-00036-01, demandante Yesid Figueroa García,
demandado Municipio de Tunja, asunto: Revisión Eventual.
50
Artículo 366. “Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto
de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: 1. El
secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o rehacerla. [...]. 4. Para la fijación
de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la
Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en
cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la
parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”.

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proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha
actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún
caso se puedan desconocer los referidos límites.

[…]. Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:

[...] 9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS.
Entre 1 y 20 S.M.M.L.V. [...]” (énfasis añadido por la Sala).

En consecuencia, se fijarán las agencias en derecho en favor de Héctor Rolando
Mora Palacios y otros y a cargo de la Dirección Ejecutiva de la Administración
Judicial (DEAJ), en un (1) salario mínimo legal mensual vigente – SMMLV- a la
fecha de ejecutoria de la presente providencia.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

V. FALLA

PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, por la causal 5.ª del
artículo 250 del CPACA, contra la sentencia del 4 de junio de 2020 del Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B, de acuerdo con lo expresado en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Condenar en costas, por el componente de agencias en derecho, a
la Nación - Rama judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
y en favor de los señores Eliana Mayerly, Mónica Carolina, John Germán y Héctor
Rolando Mora Palacio, este último en nombre propio y en representación de sus
hijas Valentina Mora Onofre y SSMF, Héctor Manuel Mora Vincos y Josefina
Palacio de Mora, de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia.

TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta decisión, la cual
deberá incluirse en la liquidación de costas a cargo del recurrente.

CUARTO: En firme esta providencia, el expediente deberá regresar al despacho
del magistrado ponente para la aprobación de las costas liquidadas por la
Secretaría General de Consejo de Estado.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE.

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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente de la Sala

MILTON CHAVES GARCÍA HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Magistrado Magistrado
Con salvamento parcial de voto

RAFAEL FRANCISCO SÚAREZ VARGAS MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Magistrado Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081

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