Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04424-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04424-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-04424-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
21 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTIDÓS ESPECIAL DE DECISIÓN
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04424-00
Demandante: GILBERTO ISAZA FLÓREZ
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y OTRO
Asunto: Recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de 8 de julio
de 2021, proferida por el Consejo de Estado Sección Segunda
Subsección B
Tema: Causal invocada: Existir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación - artículo 250, numeral 5.º del CPACA. Reiteración de
jurisprudencia.
SENTENCIA
La Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de Estado resuelve el recurso
extraordinario de revisión que el señor Gilberto Isaza Flórez interpuso1 para que
se infirme la sentencia de 8 de julio de 2021 de la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado2, con fundamento en la causal 5.ª del artículo
250 del CPACA3.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
En ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del CPACA, el señor
Gilberto Isaza Flórez acudió a la jurisdicción. Solicitó la nulidad del acto
administrativo contenido en el Oficio SEM-UAF-2063 de 18 de julio de 2016, a
través del cual la Secretaría de Educación del municipio de Manizales le negó el
reconocimiento y pago de intereses de mora por el pago tardío del retroactivo
salarial a causa de la homologación y nivelación de cargos del personal
administrativo del sector municipal de la educación. El demandante formuló las
siguientes pretensiones [se transcriben in extenso inclusive con errores en el
texto]:
“Primera. - Se declare la nulidad del Oficio SEM-UAF-2063 “acto administrativo”
del 18 de julio de 2016, notificado el día 25 de Julio de 2016, respecto de la
petición del (la) demandante, el (la) señor(a) GILBERTO ISAZA FLOREZ; y por
medio del cual desconocieron y negaron los Intereses moratorios generados con
ocasión al pago tardío del retroactivo de la Homologación y Nivelación salarial.
1
Por intermedio de apoderado judicial.
2
Demandados: Nación – Ministerio de Educación Nacional y municipio de Manizales - Secretaría
de Educación, radicación n.º: 17001-23-33-000-2016-00968-01. M.P. César Palomino Cortés.
3
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011,
en adelante CPACA.
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1
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04424-00
Demandante: Gilberto Isaza Flórez
Segunda. - Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, igualmente se declare que el(a) actor(a)
tiene pleno derecho a que el MUNICIPIO DE MANIZALES - SECRETARIA DE
EDUCACIÓN y LA NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, le
reconozcan y ordenen pagar, los intereses moratorios, efectivos a partir del día
siguiente a los treinta (30) días posteriores a su causación - 1 de Enero de 2003 al
año 2011 - y en adelante hasta el día en que fue efectivo el pago total del
retroactivo por homologación y nivelación salarial, esto es, el mes de Mayo de
2014.
Tercera. - Se condene al MUNICIPIO DE MANIZALES - SECRETARIA DE
EDUCACIÓN y LA NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, a pagar
al actor los intereses moratorios a que tiene derecho, liquidados con base al interés
bancario corriente desde la fecha de causación hasta la fecha efectiva de pago; en
consideración a que, el pago de la nivelación salarial debe hacerse al igual que el
salario, por periodos de treinta (30) días, por tanto, una vez ocurrido dicho
vencimiento, su no pago genera automáticamente la obligación de cancelar los
intereses aludidos.
Cuarta. - Se ordene liquidar y pagar, a expensas del MUNICIPIO DE MANIZALES
• SECRETARIA DE EDUCACIÓN y LA NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL, a favor del(a) actor(a), los intereses reclamados, con base al capital
neto cancelado, es decir, sin incluir el valor que por concepto de Indexación salarial
se reconoció.
Quinta. - Se ordene al MUNICIPIO DE MANIZALES - SECRETARIA DE
EDUCACIÓN y LA NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, dar
cumplimiento al fallo dentro del término previsto en el inciso segundo del artículo
192 del CPACA., igualmente que en virtud de la voluntad contemplada en el poder
conferido se haga entrega de los dineros al apoderado.
Sexta. - Se condene al MUNICIPIO DE MANIZALES - SECRETARIA DE
EDUCACIÓN y LA NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, a pagar
a favor de mi mandante, los intereses moratorios, conforme lo ordena el inciso
3ero. Del artículo 192 del CPACA.
Séptima. - Se condene en costas al MUNICIPIO DE MANIZALES - SECRETARIA
DE EDUCACIÓN y LA NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, en
caso de que se oponga a las pretensiones de esta demanda.
Octava. - En el fallo que acceda a las pretensiones de la demanda, se ordene
expedir al suscrito apoderado, primera copia que preste mérito ejecutivo, así como
copia autentica con constancia de ejecutoria.
Novena. - Una vez quede en firme el fallo que acceda a las pretensiones de la
demanda solicito muy comedidamente, que al momento de comunicar[4] al
MUNICIPIO DE MANIZALES - SECRETARIA DE EDUCACIÓN y LA NACIÓN-
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - se le remita copia auténtica con la
fecha exacta de la constancia de ejecutoria.
DECLARACIÓN Y CONDENA SUBSIDIARIA
Si este Despacho ha de considerar que de acuerdo a la situación fáctica del
presente caso, lo que se configuró fue el silencio administrativo negativo,
solicito, comedidamente, que subsidiariamente se hagan las siguientes
declaraciones:
Décima. - Se declare ocurrido el silencio administrativo negativo, surgido por la
falta de respuesta por parte de MUNICIPIO DE MANIZALES - SECRETARIA DE
EDUCACIÓN y LA NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, sobre el
derecho de petición presentado el 27 de Julio de 2015 con radicado SAC 7270,
con el cual desconocieron y negaron los Intereses moratorios generados con
ocasión al pago tardío del retroactivo de la Homologación y Nivelación salarial.
4
[Citó: “1 Ultimo inciso art. 203 CPACA”].
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
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Demandante: Gilberto Isaza Flórez
Décimo segunda. - Declarar la nulidad del acto administrativo ficto presunto,
derivado del Silencio Administrativo presuntamente negativo originario del
MUNICIPIO DE MANIZALES - SECRETARIA DE EDUCACIÓN y LA NACIÓN-
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, sobre el derecho de petición
presentado el 27 de Julio de 2015 con Radicado SAC 7270, con el cual
desconocieron y negaron los Intereses moratorios generados con ocasión al pago
tardío del retroactivo de la Homologación y Nivelación salarial.”5.
En resumen, el señor Isaza Flórez indicó que prestó sus servicios para la
Secretaría de Educación del municipio de Manizales y no se le reconocieron y
pagaron en forma oportuna las diferencias salariales causadas por la
homologación y nivelación del cargo que ocupaba al servicio del municipio6. A su
juicio, con fines resarcitorios, es viable reconocer intereses de mora en atención
a los principios de igualdad y favorabilidad en materia laboral. La demanda fue
admitida a través de auto de 26 de julio de 20177.
2. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Caldas emitió sentencia el 11 de abril de 20198 en
la que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al actor. En
primer lugar, realizó una breve exposición sobre la descentralización de la
educación y el proceso de homologación y nivelación salarial. Seguidamente, a
partir de la naturaleza jurídica de los intereses moratorios, explicó la diferencia
con la indexación9 y se refirió a las posturas jurisprudenciales de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en punto a la improcedencia para reconocer los
moratorios respecto de sumas indexadas10 y en materia de procesos de
homologación y nivelación salarial en el sector de la educación11.
El a quo precisó que el legislador fue claro al disponer que no puede existir ningún
empleo público que no esté sometido a un régimen salarial y prestacional.
Concluyó que el actor no tiene derecho al reconocimiento de los intereses
moratorios porque no se encuentran expresamente previstos en su régimen
prestacional y cualquier daño que se pudiera haber ocasionado fue compensado
5
Págs. núm. 6 y 7 del archivo “Cuaderno1 -2016-968.pdf”, contenido en el documento .zip
“RECIBEPRUEBAS […]”, del índice 13 de SAMAI.
6
Como consecuencia de la descentralización de la educación en el país, Ley 715 de 2001 “[p]or
la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con
los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud,
entre otros”.
7
Págs. núm. 114 a 116 ib. [previa inadmisión de la demanda en auto de 24 de febrero de 2017
del Tribunal Administrativo de Caldas, págs. núm. 57 a 59 ib.].
8
Págs. núm. 281 a 300 ib.
9
Sobre el particular en la providencia se hizo mención a la Sección Primera del Consejo de
Estado, sentencia de 30 de mayo de 2013, radicación n.º: 25000-23-24-000-2006-00986-01, M.P.
María Elizabeth García González.
10
El tribunal citó Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, sentencia de 22 de
abril de 2015, radicación n.º: 25000-23-25-000-2001-01312-01, M.P. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren.
11
El a quo refirió Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, sentencia de 7 de
diciembre de 2017, radicación n.º: 73001-23-33-000-2014-00311-01, M.P. William Hernández
Gómez.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
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con el reconocimiento de la indexación de la diferencia salarial, en la Resolución
n.º 511 de 11 de abril de 2014, cuyo pago se efectuó en el mes siguiente.
3. Recurso de apelación
El señor Gilberto Isaza Flórez apeló la decisión de primera instancia. Consideró
errónea la postura del a quo sobre la improcedencia del reconocimiento de
intereses moratorios frente a sumas indexadas. Señaló que la decisión del
Consejo de Estado que el tribunal tuvo en cuenta, corresponde a un caso
diferente y, por ende, no era aplicable a su situación. Igualmente, reprochó la
postura en cuanto a que no se podía acumular la indexación con los intereses
moratorios por el reconocimiento y pago tardío en los procesos de homologación
y nivelación salarial.
El apelante sostuvo que los conceptos de intereses moratorios e indexación son
totalmente diferentes. Así, la indexación permite mantener actualizado el valor
del dinero por el paso del tiempo y, los intereses moratorios, equivalen al
reconocimiento de los perjuicios causados por el cumplimiento tardío de las
obligaciones. En su criterio, al no ser excluyentes, debió accederse a lo
pretendido
Asimismo, el actor alegó que los intereses moratorios deben ser vistos como una
sanción y no como una prestación social. En este sentido, expresó que debió
acudirse a otras disposiciones normativas para su reconocimiento como el
Código Civil, Código de Comercio, Código Sustantivo de Trabajo, la Ley 100 de
1993, el Decreto 116 de 1976, y los principios constitucionales de igualdad,
favorabilidad, justicia y equidad. Finalmente, reprochó la condena en costas
porque no actuó con temeridad o mala fe en el proceso judicial12. El recurso fue
admitido mediante auto de 22 de noviembre de 201913.
4. Sentencia de segunda instancia
En sentencia de 8 de julio de 202114, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado confirmó la negativa de las pretensiones de la demanda. La
corporación se pronunció sobre el proceso de descentralización del servicio
educativo y la homologación del personal administrativo adscrito al sector de la
educación. En cuanto al caso concreto, explicó que no se discutía que la
Resolución n.º 511 de 11 de abril de 2014 ordenó el reconocimiento y pago de la
diferencia salarial y también la indexación a favor del accionante, por el período
de servicios prestados entre el 2003 al 2011.
Seguidamente, el ad quem determinó que los argumentos del apelante no tenían
vocación de prosperidad. Recordó el contexto fáctico y jurídico en el que se dio
la nivelación salarial y la postura jurisprudencial de la corporación que ya había
12
Págs. núm. 302 a 331 ib. [El orden de la digitalización se encuentra invertido].
13
Pág. núm. 348 ib.
14
Págs. núm. 363 a 377 ib.
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definido que no proceden los intereses moratorios en estos casos, dada la
magnitud de los trámites económicos y administrativos para culminar el proceso
de homologación y nivelación salarial15, la naturaleza sancionatoria de los
intereses y que los mismos no fueron previstos en el acto administrativo que
reconoció el retroactivo, ni en disposición legal para ese efecto16.
Por tanto, la decisión concluyó, que a partir de la expedición del acto que
reconoció el retroactivo indexado y su pago, solo transcurrió un mes, de modo
que no era procedente reconocer intereses moratorios, puesto que se trató de un
tiempo prudencial. Por otra parte, revocó la condena en costas por no
encontrarlas causadas, de acuerdo con el numeral 8.º del artículo 365 del CGP17.
II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
1. Demanda
El señor Gilberto Isaza Flórez interpuso recurso extraordinario de revisión contra
la sentencia de 8 de julio de 2021. Formuló las siguientes pretensiones [se
transcriben in extenso, incluso con errores]:
“PRIMERO. – Declarar Infirmada la sentencia proferida por el Consejo de Estado
• Sección Segunda - Subsección B, del 08 de julio de 2021, bajo el número
referenciado, que confirma la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de
Caldas.
SEGUNDO. – En consecuencia, como resultado de la declaratoria de la sentencia
viciada en nulidad, se reenvíe o remita el expediente al despacho de origen, es
decir, al Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B, conformada por
los Consejeros de Estado, Carmelo Perdomo Cuéter, Sandra Lisset Ibarra Vélez y
César Palomino Cortés, para que se resuelva en debida forma, es decir, profiriendo
un fallo favorable.
TERCERO. - Las demás que este Honorable Despacho considere necesarias”18.
En el escrito se invocó la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA, por cuanto la
sentencia de segunda instancia es nula porque desconoce la garantía al debido
proceso constitucional, por falta de congruencia entre lo pedido y lo fallado, y
configura una decisión “citra petita”19 que desconoce el artículo 281 del CGP.
15
La segunda instancia se fundamentó en la postura que había adoptado la sala en la sentencia
de 28 de septiembre de 2017, radicación n.º: 73001-23-33-000-2014-00406-(2488-15) M.P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez.
16
El ad quem citó Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de
diciembre de 2017, radicación n.º: 73001-23-33-000-2014-00311-01 (0905-15), M.P. William
Hernández Gómez y Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 23 de
agosto de 2018, radicación n.º: 73001-23-33-000-2014-00403-01 (4589-15). M.P. César
Palomino Cortés.
17
Ley 1564 de 2012 - Código General del Proceso - en adelante CGP.
18
Págs. núm. 4 y 5 del documento “ED_IH308 […]”, índice 2 de SAMAI.
19
En la demanda se citaron las siguientes providencias: Sala Veintidós Especial de Decisión,
sentencia de 2 de febrero de 2016, radicación n.º: 11001-03-15-000-2015-02342-00, M.P. Alberto
Yepes Barreiro.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil, providencia de 28 de abril de 2015, radicación
n.º: 11001-31-03-027-2010-00459-01, M.P. Ariel Salazar Ramírez.
Corte Constitucional, sentencia T- 455 del 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
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Al respecto, se argumentó que las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho se orientaron al reconocimiento de los intereses de
mora desde cuando el demandante se incorporó al servicio del municipio de
Manizales en el año 2003 hasta el 2014, fecha en la cual se concretó el pago del
retroactivo. Sin embargo, se reprocha que el juez de segunda instancia “[…]
entendió erróneamente que la reclamación de dichos intereses se refirió a los
que se causaron desde el acto de reconocimiento del retroactivo, dictado el 11
de abril de 2014, y hasta el año 2014 cuando se efectuó el pago”20. Asimismo, se
resaltó que la sentencia censurada es incongruente porque:
“[…] las pretensiones de la demanda no contienen ningún petitum respecto a la
indexación que los togados reconocieron de oficio, confundiendo lamentablemente
el significado de indexación y el postulado legal de los intereses moratorios, luego
entonces la confusión de los jueces de instancia reina de principio a fin dentro del
proceso, pues se atrevieron a decir en sus sentencias que los intereses de mora y
el fenómeno de indexación son incompatibles; pues resulta obvio, por no decir más
que lógico que estos dos son como el agua y el aceite, no se pueden confundir de
manera subjetiva, pues la indexación como se sabe fue creada para salvaguardar
el valor adquisitivo del dinero, que se va perdiendo con el paso del tiempo, en razón
a la inflación que vive permanentemente nuestra patria, y que los intereses legales
igualmente, como debe saberse en los ámbitos jurídicos, operan de pleno derecho
por mandato legal, esta situación honorables magistrados de confundir estos dos
aspectos de orden jurídico-económico, prueban de facto la incongruencia al
momento de fallar, pues niegan de una parte el pedido de la demanda, que es más
que justo y legal, y reconocen una indexación que por obvias razones no cabría
dentro de la expectativa de este pleito.
Ahora bien, en este punto de la discusión, queremos demostrar la incongruencia
que contiene la sentencia impugnada, y que por obvias razones resultó viciada al
momento de proferirse, cuando se afirma, de manera totalmente equivocada, que
no se reconocían intereses de mora, por la supuesta incompatibilidad con la
indexación; señalamiento que es a todas luces incoherente, porque la demanda es
diáfana en indicar que, los intereses de mora se liquidan sobre el capital neto sin
incluir indexación, entonces por qué el despacho concluye, que el(a) demandante,
solicita el reconocimiento de ambos emolumentos, ¿y habla de una supuesta
incompatibilidad?”21.
El actor señaló que la decisión recurrida contiene vicios que únicamente se
notaron al momento de su expedición, no corresponde con los supuestos fácticos
y jurídicos propuestos a lo largo del proceso y que el fallador resolvió sobre “[…]
unos extremos temporales totalmente diferentes a los pedidos, hasta reconocer
emolumentos que no se solicitaron en la demanda, como la ya mencionada
`indexación`”22. Igualmente, manifestó que el ad quem “[…] desvía entonces, los
fines del proceso mediante tesis acomodadas […]”23, respecto de la causación
de intereses de mora, esto es, al referirse a las posturas jurisprudenciales que
llevaron a concluir:
(i) Que existió una dilación justificada por parte de la administración a partir del
reconocimiento del pago del retroactivo y;
20
Pág. núm. 8 del documento “ED_IH308 […]”, ib.
21
Pág. núm. 13 ib.
22
ib.
23
Pág. núm. 14 ib.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
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(ii) A la improcedencia de los intereses moratorios ante la falta de norma que
prevea su reconocimiento en los procesos de homologación y nivelación
salarial.
A juicio del recurrente, los intereses de mora buscan resarcir los perjuicios
causados, los cuales son atribuibles al incumplimiento de obligaciones
pecuniarias, aspecto que está plenamente acreditado en el proceso judicial, por
lo que, pese a no existir norma en concreto que regule su reconocimiento, debió
darse aplicación a los principios constitucionales de igualdad, favorabilidad,
justicia y equidad del trabajador y accederse a las pretensiones de la demanda.
2. Auto admisorio de la demanda
Por medio de auto de 25 de agosto de 202224, el ponente admitió el recurso
extraordinario y ordenó notificar al actor, al Ministerio de Educación Nacional, al
municipio de Manizales - Secretaría de Educación, al Ministerio Público y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado25. Igualmente, en la providencia
se solicitó a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Caldas que remitiera el
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con el radicado n.º 17001-
23-33-000-2016-00968-0126.
3. El Ministerio de Educación Nacional presentó escrito de oposición a lo
pretendido y solicitó condenar en costas al recurrente27. Reiteró los hechos y
argumentos del proceso primigenio, las actuaciones que se adelantaron para la
homologación y nivelación salarial del personal administrativo al servicio del
municipio de Manizales, la normativa aplicable y las posturas jurisprudenciales
sobre la improcedencia del reconocimiento de intereses moratorios dada su
naturaleza sancionatoria28 y excluyente con la indexación29.
El ministerio acudió a los criterios generales fijados por esta Corporación 30
respecto del recurso extraordinario de revisión en cuanto a la causal 5.ª del
artículo 250 del CPACA. Sostuvo que la sentencia de 8 de julio de 2021 cumple
con los presupuestos y exigencias del artículo 187 del CPACA, por cuanto es
congruente, se encuentra debidamente motivada, se llevó a cabo el análisis de
las pruebas, las disposiciones legales aplicables y la jurisprudencia decantada
24
índice 4 de SAMAI.
25
La Secretaría General de esta corporación envió los mensajes para notificación personal el 30
de agosto de 2022. Índices 7 a 9 de SAMAI.
26
El expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho fue remitido en digital y
obra en el índice 13 de SAMAI.
27
Índice 14 de SAMAI.
28
Citó “[…] (apartes sentencia C- 781 del 10 de septiembre de 2013 — Corte Constitucional.
Concepto Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado Radicación No. 2106 del 09 de
agosto de 2012, Consejero Ponente Dr. Luis Fernando Álvarez Jaramillo.)”.
29
Citó “[…] Corte Suprema de Justica Sala civil, en la Sentencia 00161 de mayo 13 de 2010,
Magistrado Ponente Edgardo Villamil Portilla […] (Casación, jul. 19/36, G.J. T. XLIV, pág. 65) […]
(Sent. Cas. Civ., jul. 10/95, Exp. 4540”.
30
La contestación se fundamentó en la sentencia de 13 de octubre de 2020, Sala Catorce
Especial de Decisión, radicación n.º: 11001-03-15-000-2019-00119-00, M.P. Alberto Montaña
Plata.
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que sobre la materia ha definido el asunto. En ese sentido, concluyó que el
recurrente busca reabrir el debate jurídico y probatorio debidamente zanjado en
el proceso ordinario como lo concluyeron las respectivas autoridades judiciales,
asunto que no es posible dirimir por medio del recurso.
4. El municipio de Manizales – Secretaría de Educación, el Ministerio Público y
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, no se pronunciaron dentro de la
oportunidad otorgada.
5. Auto de pruebas
En providencia de 18 de octubre de 202231, el ponente dispuso tener como
prueba trasladada la obrante en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que se tramitó con el radicado n.º 17001-23-33-000-2016-00968-01.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Presupuestos procesales
1.1 Competencia
De acuerdo con el inciso 1.º del artículo 249 del CPACA, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión,
conoce de los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado.
Asimismo, es importante precisar que el artículo 107 del CPACA creó las Salas
Especiales de Decisión de esta corporación y que el Acuerdo n.º 321 del 2 de
diciembre de 2014, expedido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, reglamentó su integración y funcionamiento.
Por su parte, el numeral 1.º del artículo 29 del Acuerdo n.º 080 de 2019, asignó
la competencia a las Salas Especiales de Decisión sobre los recursos
extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado.
Así las cosas, la Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de Estado es
competente para conocer la demanda de revisión contra la sentencia de 8 de
julio de 2021, que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
profirió en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en
segunda instancia, que el señor Gilberto Isaza Flórez promovió contra la Nación
– Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Manizales - Secretaría de
Educación.
1.2. Oportunidad
El recurso extraordinario de revisión fue presentado dentro del término
establecido en el artículo 251 del CPACA, toda vez que se interpuso el 22 de
31
Índice 16 de SAMAI.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04424-00
Demandante: Gilberto Isaza Flórez
agosto de 202232 y la decisión objeto de revisión, es la sentencia de 8 de julio de
2021, notificada por medio electrónico el 13 de agosto de 202133, de acuerdo con
las previsiones del artículo 203 del CPACA34.
Así las cosas, como el envío del mensaje electrónico para notificar la sentencia
censurada ocurrió el 13 de agosto de 2021, debe entenderse que quedó
notificada el 18 de ese mes y año35, atendiendo las previsiones del artículo 52 de
la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 205 del CPACA y, por ende, cobró
ejecutoria a los tres días siguientes, de conformidad con el artículo 302 del
CGP36, esto es, el 23 de agosto de 202137.
Por lo tanto, la demanda de revisión extraordinaria cumple con el requisito de
oportunidad, ya que se presentó [12 de agosto de 202238] dentro del año
siguiente a la ejecutoria de la sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo
251 del CPACA.
1.3. Legitimación en la causa
En punto a este presupuesto procesal, la Sala considera que el recurrente está
legitimado en la causa por activa, toda vez que fue el demandante en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se tramitó con el
radicado n.º 17001-23-33-000-2016-00968-01. Por su parte, también la Nación –
Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Manizales - Secretaría de
Educación, por pasiva, porque actuaron como parte demandada en el
mencionado proceso en el que se dictó la sentencia objeto del recurso
extraordinario de revisión.
2. Problema jurídico
Conforme a los planteamientos expuestos en el recurso extraordinario de
revisión, corresponde a la Sala determinar si es procedente infirmar la sentencia
32
Documento “ED_CORREO […]” del índice 2 de SAMAI.
33
Índice 19 de SAMAI del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicación
n.º: 17001-23-33-000-2016-00968-01.
34
“Artículo 203.Notificación de las sentencias. Las sentencias se notificarán, dentro de los tres
(3) días siguientes a su fecha, mediante envío de su texto a través de mensaje al buzón
electrónico para notificaciones judiciales. En este caso, al expediente se anexará la constancia
de recibo generada por el sistema de información, y se entenderá surtida la notificación en tal
fecha. A quienes no se les deba o pueda notificar por vía electrónica, se les notificará por medio
de edicto en la forma prevista en el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil. Una vez en
firme la sentencia, se comunicará al obligado, haciéndole entrega de copia íntegra de la misma,
para su ejecución y cumplimiento.”.
35
En atención a que los días 14 a 16 de agosto de 2021 eran inhábiles.
36
“[…] Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando
no sean impugnadas o no admitan recursos. // No obstante, cuando se pida aclaración o
complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. //
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de
notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los
interpuestos”.
37
En atención a que los días 21 y 22 de agosto de 2021 eran inhábiles.
38
Por error en el auto de admisión se indicó que se interpuso el 22 de agosto de 2022.
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de 8 de julio de 2021 de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, que confirmó la decisión de 11 de abril de 2019 del Tribunal
Administrativo de Caldas que negó las pretensiones de la demanda del señor
Gilberto Isaza Flórez.
Así las cosas, la Sala deberá establecer si en el caso concreto se configura la
causal de revisión consistente en existir nulidad originada en la sentencia (art.
250.5 CPACA), por violación al principio de congruencia, pues, en criterio del
recurrente, la decisión de segunda instancia está viciada de nulidad en la medida
en que se negó el reconocimiento de los intereses de mora, bajo el argumento
de su improcedencia, al no estar previstos en la ley, y de incompatibilidad con la
indexación monetaria, lo cual, según se alega, resulta incoherente con las
pretensiones de la demanda.
En este orden de ideas, con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la
Sala abordará metodológicamente el estudio de los siguientes ejes temáticos: i)
generalidades del recurso extraordinario de revisión; ii) la causal quinta de
revisión, consistente en existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación, y iii) con base en lo
anterior, se resolverá el caso concreto a partir de los argumentos sustentados por
la parte recurrente.
2.1. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión39 constituye un medio de impugnación
excepcional que permite quebrantar el principio de cosa juzgada y, su finalidad
se contrae a restablecer el imperio de la justicia y la vigencia del ordenamiento
jurídico, que pueden resultar afectados por decisiones materialmente injustas.
De acuerdo con el artículo 248 del CPACA, el recurso procede contra “[…] las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos”.
Las causales que se pueden invocar se encuentran previstas en el artículo 250
del CPACA. Aquellas delimitan el ámbito de acción de este medio de
impugnación y no admiten interpretaciones extensivas dado que comportan
situaciones excepcionales a la institución jurídico procesal de la cosa juzgada.
39
Regulado en el Título VI “RECURSOS EXTRAORDINARIOS”, Capítulo I “Recurso
Extraordinario de Revisión”, artículos 248 al 255 del CPACA, con las modificaciones realizadas
por la Ley 2080 de 2021, artículos 68, 69 y 70.
Sobre las generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre otras
sentencias: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2 de
marzo de 2010, radicado REV-2001-00091, 6 de abril de 2010, radicado REV-2003-00678, 12
de julio de 2005, radicado REV-1997-00143-02, 14 de marzo de 1995, Rad. REV-078, 16 de
febrero de 1995, Rad. REV-070, 20 de abril de 1993, radicado REV-045 y 11 de febrero de 1993,
Rad. REV-037; Sección Tercera, sentencia de 22 de abril de 2009, radicado 35995 y Sección
Quinta, sentencia de 15 de julio de 2010, radicado 2007-00267. Cita original: Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de 2013, radicación n.º:
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En síntesis, se refieren a hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición
de documentos decisivos que modifiquen el sentido de la decisión o incluso la
violación al debido proceso. Se trata de causales que no se refieren a errores
sustanciales que puedan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación indebida
o la interpretación errónea de una norma sustancial, es decir, como lo ha
precisado esta Corporación, “[…] [n]o es un recurso que proceda por violación de
la ley […]”40. En otras palabras, “[…] el recurso extraordinario de revisión no da
cabida a cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la
ley en la sentencia.”41.
Por tanto, este medio de impugnación excepcional no está previsto para corregir
los yerros cometidos por las partes en el litigio que dio origen a la sentencia
recurrida, ni para mejorar el acervo probatorio, o para alegar hechos no
expuestos ante el juez natural del proceso, sino para garantizar el derecho al
debido proceso y el restablecimiento de la justicia material.
De manera que, como lo ha indicado esta Corporación42, el recurso extraordinario
de revisión no constituye una tercera instancia dentro del proceso, en la que se
puede intentar una nueva valoración de la prueba para replantear el litigio o
provocar una interpretación adicional de las normas aplicables al caso concreto.
En este sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-068 de 19 de noviembre
de 199843, señaló que: “[…] la revisión no está regulada para errores “in
judicando” ni puede fundamentarse en las mismas pruebas que sirvieron de
soporte a la decisión que puso término al proceso44; se trata de un examen
detallado de ciertos hechos nuevos que afectan la decisión adoptada y el sentido
de justicia que de ella emana […]”.
A su vez, en sentencia C-520 de 4 de agosto de 200945, la Corte se refirió al
recurso extraordinario de revisión en la jurisprudencia colombiana, y destacó la
tesis decantada por la Corte Suprema de Justicia, según la cual:
“[…] el recurso de revisión no puede ser usado como intento de revivir el debate
probatorio, ni para volver sobre aspectos de pura interpretación legal. De ello da
muestra la sentencia de 13 de enero de 2004, Expediente 0211-01, en la que la
Corte doctrinó acerca de que el recurso extraordinario no autoriza un análisis
panorámico del debate procesal, sino de establecer, por las precisas y taxativas
causales que estableció el legislador en el artículo 380 Código de Procedimiento
Civil, si el fallo, desde esa perspectiva, arremete contra las garantías procesales
que dichas causales protegen. De allí, entonces, que ‘los errores de apreciación
40
Cfr., Consejo de Estado, Sala Tercera Especial de Decisión, sentencia de 4 de agosto de 2021.
radicación n.º: 11001031500020210061000. M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
41
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de
2013, radicación n.º: 11001-03-15-000-2012-00231-00. M.P. Alberto Yepes Barreiro.
42
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de
Decisión, sentencia de 7 de abril de 2015, radicación n.º: 11001-03-15-000-2013-02724-00
(REV), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
43
Corte Constitucional, sentencia C-068 de 19 de noviembre de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
44
Cfr., Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, agosto 2 de 1994. M.P. Edgar
Saavedra Rojas.
45
Corte Constitucional, sentencia C-520 de 4 de agosto de 2009. M.P. María Victoria Calle
Correa.
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probatoria en que haya podido incurrir el juez al proferirlo, son aspectos ajenos al
recurso de revisión’, pues este ‘no constituye una tercera instancia en la que pueda
replantearse el litigio’, ni es ‘medio conducente para reparar cualquier irregularidad
de la sentencia, o su indebida fundamentación’ […] [46]”.
2.2. La causal de revisión consistente en la nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso – Reiteración de jurisprudencia
El numeral 5.º del artículo 250 del CPACA, establece como causal de revisión
“[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación” 47.
De acuerdo con lo anterior, la causal comprende los siguientes presupuestos:
(i) Que se dirija contra una sentencia respecto de la cual no proceda recurso
de apelación, “[…] porque entonces sería el juez ad quem quien debe
concurrir a desplegar la actividad judicial que permita enervar y solucionar
el hecho constitutivo de nulidad o en dado caso dejárselo explícito al a quo
si corresponde a éste implementar la solución, campo de acción que es
totalmente ajeno al juez del recurso extraordinario de revisión, pues se itera,
no funge como una tercera instancia y de hecho su competencia la fija una
condición sine qua non y es que la sentencia objeto de revisión esté
ejecutoriada y en firme, es decir, ya superó las instancias del juez natural
[…]”48.
ii) Que exista una nulidad procesal o constitucional, "[…] pero este segundo
supuesto pende del siguiente y (iii) que esta tenga nacimiento en la
sentencia que puso fin al proceso, o en su defecto, que la parte afectada,
bajo motivo invencible, no hubiera podido alegarla […]”49.
Así las cosas, aunque el enunciado normativo es claro, se ha dicho que “[…] se
trata de una de las causales de revisión que más discusiones ha generado en la
jurisprudencia de lo contencioso administrativo50 […] dado que en razón de su
redacción, ha correspondido al juez del recurso de revisión establecer su alcance,
46
Cit. “Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia, Sentencia 2004-00729 de agosto 29
de 2008, Expediente 11001-0203-000-2004-00729-01, MP: Edgardo Villamil Portilla.”
47
Sobre esta causal pueden verse, entre otras decisiones (REV): (i) sentencia de 3 de abril de
2018, radicación n.º: 11001-03-15-000-2014-00251-00, Sala Veintiuno Especial de Decisión,
M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, (ii) sentencia de 20 de agosto de 2021, radicación n.º:
10001-03-15-000-2020-02925-00, Sala Veinticinco Especial de Decisión, M.P. Marta Nubia
Velásquez Rico, (iii) sentencia de 10 de marzo de 2021, radicación n.º: 11001-03-15-000-2019-
03190-00, Sala Quince Especial de Decisión, M.P. Hernando Sánchez Sánchez, (vi) sentencia
de 16 de febrero de 2021, radicación n.º: 11001-03-15-000-2019-00788-00, Sala Quinta Especial
de Decisión, M.P. Milton Chaves García y (v) sentencia de 13 de octubre de 2020, radicación n.º:
11001-03-15-000-2019-00119-00, Sala Catorce Especial de Decisión, M.P. Alberto Montaña
Plata.
48
Sala Quince Especial de Decisión, sentencia de 3 de marzo de 2020, radicación n.º: 11001-03-
15-000-2016-02343-00 - acumulado (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
49
Ib.
50
Sala Veintiséis Especial de Decisión del Consejo de Estado, sentencia de 7 de abril de 2015,
radicación n.º: 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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por cuanto el legislador omitió determinar las circunstancias que podían generar
la nulidad de la providencia, es decir, se trata de un texto en blanco […]”51.
En otras palabras, si bien de la lectura del numeral 5.º del artículo 250 del
CPACA, se advierte que para la configuración de la causal es necesario que la
nulidad se presente al momento de proferir la sentencia, lo cierto es que, el
legislador no definió los eventos constitutivos del vicio, por lo que la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo52, en un ejercicio hermenéutico, ha señalado de
manera consistente, que los hechos que la configuran son aquellos que
constituyen las causales de nulidad procesal, esto es, las previstas en el artículo
133 del CGP53, pero no son figuras idénticas. Se trata de vicios procesales que
surgen al momento de la expedición de la sentencia, pero no los acaecidos en
etapas anteriores, toda vez que, las nulidades procesales deben seguir la regla
de oportunidad prevista en el artículo 134 del CGP54.
Sin embargo, también se ha aceptado la posibilidad de alegar la nulidad originada
en la sentencia, cuando, pese a configurarse el vicio constitutivo de la causal
antes de proferirse el fallo, “[…] no pudo ser advertida por el recurrente durante
el curso del proceso […]”55, caso en el cual, al afectado le asiste la carga de
probar que no tuvo la oportunidad de proponer la nulidad, pues de lo contrario, la
causal se convertiría en una excusa para subsanar las omisiones cometidas en
el proceso ordinario.
En este sentido resulta importante señalar que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en providencia de 31 de mayo de 2011,
resumió los supuestos que podrían configurar el vicio de nulidad en la sentencia,
así:
“[…]
En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de
jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso terminado
normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia
después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento,
aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv) cuando se dicta
sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, v) cuando se
condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en
51
Sala Veintidós de Decisión, sentencia de 7 de febrero de 2017, radicado 11001-03-15-000-
2016-02260-00(REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
52
Ver, entre otras, las siguientes providencias (REV): de 20 de abril de 2004, radicación n.º:
11001-03-15-000-1996-0132-01; de 18 de octubre de 2005, radicación n.º: 11001-03-15-000-
2000-00239-00, de 7 de febrero de 2006, radicación n.º: 11001-03-15-000-1997-00150-00; de 2
de marzo de 2010, expediente número 185; de 9 de marzo de 2010, radicación n.º: 11001-03-
15-000-2002-1024-01 y de 31 de mayo de 2011, radicación n.º: 11001-03-15-000-2008-00294-
00.
53
Causales que antes estaban previstas en el artículo 140 CPC.
54
En este sentido puede verse la sentencia ya citada, proferida por la Sala Tercera Especial de
Decisión, el 4 de agosto de 2021, radicación n.º: 11001-03-15-000-2021-00610-00 (REV).
55
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 6 de agosto
de 2013, radicación n.º: 11001-03-15-000-2009-00687-00 (REV). M.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas, en la que se cita “Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. M.P.
Mauricio Torres Cuervo. Sentencia del 2 de marzo de 2010. Radicación número: 11001-03-15-000-
2001-0091-01. Actor: Pedro Antonio Durán Durán. Demandado: Contraloría General de la
República.”.
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la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a
quien no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere
sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de
suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la
sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada
con un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece
completamente de motivación”.
Con posterioridad, en sentencia de 8 de mayo de 2018 56, con fines de unificación
jurisprudencial57 y a partir del artículo 29 superior, la Sala Plena fijó un nuevo
alcance de la causal de nulidad originada en la sentencia, de conformidad con el
cual, el fallo inhibitorio injustificado también configura la causal de revisión
mencionada por desconocer el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el
derecho de acceso a la administración de justicia.
En suma, la sentencia puede resultar viciada por hechos que, si bien no están
previstos como causales de nulidad procesal, lo cierto es que sí pueden afectar
la legalidad y justicia de la decisión, al punto que desconocería el artículo 29 de
la Constitución. Dentro de estos supuestos, a manera enunciativa, se pueden
citar los siguientes: i) la sentencia en la que se condena a la parte que no fue
vinculada al proceso; ii) la sentencia de las corporaciones judiciales que no
cuenta con el número de votos necesarios para la aprobación, o aquella que
aparece firmada con mayor o menor número de magistrados; iii) la sentencia que
no tiene formal ni materialmente motivación ante la carencia total de
pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que le
permiten arribar a una decisión; iv) la sentencia se dicta con violación al principio
de la non reformatio in pejus; v) la decisión que desconoce el principio de
congruencia bien sea por una condena extra, ultra o minuspetita58; y vi) cuando
el juez, sin fundamento válido y razonable, dicta una decisión inhibitoria que se
traduce en denegación de justicia59.
2.3. El caso concreto
La parte recurrente solicita que se infirme la sentencia de 8 de julio de 2021 de
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dado que, a su
juicio, se desconoció el principio de congruencia60 .
56
Cfr. Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicación n.º: 11001-03-
15-000-1998-00153-01 (REV), M.P. Alberto Yepes Barreiro. [En la providencia se citaron, la
sentencia C-739 de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis, que dispuso, entre otras, “[…] ESTARSE A
LO RESUELTO en las sentencias C-491 de 1995 […] y C-217 de 1996 […] y la providencia de 7
de febrero de 2006, radicación n.º: 11001-03-15-000-1997-00150-00 (REV), M.P. María Elena
Giraldo Gómez].
57
Por auto de 7 de julio de 2015, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
corporación decidió asumir la competencia para decidir el caso con el propósito de unificar criterios:
“[…]
i) En qué casos una sentencia inhibitoria puede dar origen a la procedencia del recurso
extraordinario de revisión por la causal de nulidad originada en la sentencia por violación al debido
proceso. […]”.
58
Consejo de Estado Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016,
radicación n.º: 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
59
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de mayo de
2018, radicación n.º: 11001-03-15-000-1998-00153-01 (REV) M.P. Alberto Yepes Barreiro.
60
La Sala considera importante precisar que el sub judice se da aplicación al artículo 16 de la Ley
1285 de 2009, por medio del cual se adicionó el artículo 63 A de la Ley Estatutaria de
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Demandante: Gilberto Isaza Flórez
El accionante censuró la sentencia porque el objeto del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho se limitó a la causación y, por ende, reclamación de
intereses moratorios, a partir del año 2003 hasta el 2014, como consecuencia del
pago tardío del retroactivo por el proceso de homologación y nivelación salarial
del personal administrativo vinculado a la Secretaría de Educación del municipio
de Manizales. A juicio del actor la autoridad judicial resolvió erróneamente el
asunto al establecer que dicho periodo comprendió el lapso entre el 11 de abril
de 2014 y mayo de ese año, es decir, solo a partir del acto administrativo que
ordenó el reconocimiento del retroactivo y el pago efectivo de las sumas
adeudadas.
Para abordar el análisis de los argumentos del recurso, debe recordarse que esta
Sala Especial de Decisión, a partir de la jurisprudencia de la Sala Plena de la
Corporación, ha señalado, que la incongruencia interna y/o externa de la
sentencia da lugar a la nulidad de la decisión por violación al debido proceso. La
tesis que se ha sostenido es la siguiente:
“[…]
El artículo 250 del CPACA consagra en su numeral 5º, como causal de
procedencia del recurso extraordinario de revisión “existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
[…] Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la
Sala Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del
artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada
en la sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al demandado se le
condena por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda
o por causa diferente a la invocada en la misma.
[…] En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la sentencia. Se puede
identificar porque en líneas generales es lo que preceptuaba el artículo 170 del
C.C.A., y las normas del procesal civil, según los cuales el fallo debe estar en
armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte demandante como por la parte
demandada. Y, en el segundo evento, corresponde a la congruencia interna, que
es la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la parte resolutiva y lo
argüido en la parte motiva de la providencia. […]
En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto, que
la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -antes
6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede
configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna
y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara violación
del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la providencia proferida
Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, toda vez que, el presente caso conlleva una
reiteración de jurisprudencia y guarda identidad temática con los recursos extraordinarios de
revisión resueltos por esta Corporación, entre otros (REV), en: (i) sentencia de 3 de mayo de
2022, Sala Sexta Especial de Decisión, radicación n.º: 11001-03-15-000-2022-00580-00, M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio, (ii) sentencia 31 de mayo de 2022, Sala Octava Especial de
Decisión, radicación n.º: 11001-03-15-000-2021-11310-00, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón, (iii)
sentencia de 29 de junio de 2022, Sala Tercera Especial de Decisión, radicaciones n.º: 11001-
03-15-000-2022-00721-00 y 11001-03-15-000-2022-00725-00, M.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez y (iv) sentencia de 14 de septiembre de 2022, Sala Novena Especial de Decisión,
radicación n.º: 11001-03-15-000-2022-00939-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04424-00
Demandante: Gilberto Isaza Flórez
en esos términos resulta contraria a las formas propias de cada juicio, en
específico, la falta de competencia del juez para abordar asuntos frente a los
cuales no se podía pronunciar […]”61.
Al hilo de lo anterior, se tiene que, el principio de congruencia es una garantía
procesal instituida en favor de las partes para exigir del juez una decisión que
resuelva la controversia formulada, no solo frente a las pretensiones que
proponga la parte actora, sino frente a la defensa de la demandada. Este principio
se encuentra regulado en el artículo 281 del Código General del Proceso
aplicable a los procesos que se adelantan ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo por remisión del artículo 306 del CPACA.
En este orden, la congruencia de la sentencia es tanto externa como interna. La
primera implica la coherencia entre la decisión y lo pedido por las partes en la
demanda, la contestación y excepciones propuestas. De lo anterior se
desprende, que la sentencia, no puede reconocer lo que no se ha solicitado en
la demanda (extra petita) ni más de lo pedido (ultra petita); tampoco puede dejar
de pronunciarse sobre la totalidad de los extremos planteados en la litis, esto es,
sobre alguna de las pretensiones de la demanda o las excepciones propuestas
por la parte accionada (sentencia minuspetita/citra petita). La segunda, esto es,
la interna, se refiere a la necesaria armonía que debe existir en la estructura
interna de la decisión, es decir, la consonancia entre la parte motiva y la resolutiva
del fallo, con el fin de evitar una decisión manifiestamente contradictoria e
ininteligible.
Asimismo, debe precisarse, que la congruencia en la decisión de segunda
instancia está sujeta a la competencia del superior funcional y al examen que le
corresponde realizar como consecuencia de la revisión de la providencia de
primera instancia y los argumentos de los apelantes, para que el fallador, según
su juicio, la revoque, la modifique o la confirme, conforme las previsiones de los
artículos 281, 320 y 328 del CGP62.
61
Consejo de Estado Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016,
radicación n.º: 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
62
Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla
y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en
la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho
sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda,
siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en
su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio.
[…]
Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por
el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto
del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71”
[,,,]
Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que
deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04424-00
Demandante: Gilberto Isaza Flórez
Frente al caso concreto, es importante resaltar, en relación con el recurso de
revisión, lo siguiente:
(i) El actor discrepa de lo decidido en la sentencia recurrida extraordinariamente
porque insiste en que el objeto de la demanda era el reconocimiento y pago de
unos intereses moratorios, soportado en un hecho que, a su juicio, no se discutía,
esto es, el pago tardío del retroactivo por homologación y nivelación salarial,
como consecuencia de la descentralización de la educación en el municipio de
Manizales. En ese sentido, aseguró que el fallador pasó por alto la pretensión de
liquidar los intereses moratorios, causados entre los años 2003 a 2014,
“desconociendo de plano las normas preexistentes […] como si cada obligación
en concreto debiera tener una norma particular para ejecutar su mora en caso de
incumplimiento” 63.
(ii) A su vez, considera que la sentencia es incongruente en la medida en que el
ad quem señaló: “(…) si bien es cierto el pago efectuado a la parte que hoy
demanda, fue realizado con posterioridad al proceso de homologación y
nivelación salarial, ello no significa per se la configuración de la mora (…)”,
argumento el cual, se sustentó en la jurisprudencia reiterada de la Sección
Segunda de la Corporación, la que, en criterio del recurrente, se ha venido
“fortaleciendo de manera equívoca, pues la obligación nació efectivamente con
la orden emitida del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación de
homologar y nivelar en un plazo de seis (6) meses, y no a los 11 años, como
pretenden hacer ver los jueces de instancia”64.
(iii) Reprochó que el fallo fue desestimatorio bajo “un objeto distinto del pretendido
en la demanda y una causa diferente a la invocada […]”. En su criterio, la decisión
se desligó del hilo conductor del proceso, porque el fallo objeto de revisión
reconoce la exigibilidad de la obligación “de una manera totalmente diferente a la
expuesta en la demanda”65.
(iv) Sostuvo que la sentencia de segunda instancia constituye un fallo “citra
petita”66, porque no resolvió el planteamiento por el cual se acudió a la jurisdicción
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de
la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las
nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia”.
63
Pág. núm. 6 del documento “ED_IH308 […]”, índice 2 de SAMAI.
64
Pág. núm. 5 ib.
65
Pág. núm. 8 ib.
66
“[…] si la resolución es «citra petita» porque el juez no resolvió sobre todas las pretensiones
que se le presentaron en el escrito de demanda, o respecto de las excepciones formuladas por
el demandado y que aparecen demostradas, u omitió pronunciarse frente a las defensas
perentorias que debió declarar de oficio, la decisión sí puede calificarse de incongruente”. Corte
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Demandante: Gilberto Isaza Flórez
contencioso administrativa y que, aunque aparentemente existe un
pronunciamiento, éste es por un asunto distinto al pretendido, lo que vulnera el
principio de congruencia.
Con vista en lo anterior, la Sala considera que los argumentos de la parte
recurrente no se enmarcan en el desconocimiento de la congruencia interna del
fallo, pese a lo anterior, se observa que la autoridad judicial de segunda instancia,
en las consideraciones de la decisión recurrida, planteó como problema jurídico
a resolver si procedía el reconocimiento de los intereses moratorios que solicitó
la parte actora en sus pretensiones y que reiteró en la apelación, y al encontrar
que no había lugar a ello, en la parte resolutiva, dispuso confirmar la decisión del
Tribunal Administrativo de Caldas que negó el petitum. Es decir, la sentencia
censurada respetó la coherencia y consonancia que debe existir entre la parte
motiva y la resolutiva del fallo, como condición necesaria para hacer inteligible y
armónica la decisión judicial.
En cuanto a la incongruencia externa porque, según el recurrente, la decisión
desestimatoria resolvió un objeto distinto al reclamado en la demanda, la Sala
advierte, que a partir de las pretensiones transcritas ut supra, el Tribunal
Administrativo de Caldas fijó el litigio en la audiencia inicial67 y, en la sentencia
de 11 de abril de 2019, se plantearon los siguientes problemas jurídicos a
resolver:
“[…] ¿Es procedente el reconocimiento de intereses moratorios por el pago tardío de
una homologación salarial?
En caso negativo deberá la Sala resolver:
¿Si el pago se hizo en fecha posterior al de (sic) proferirse la resolución de la
homologación, tiene derecho el actor a que se le reconozca por equidad y justicia
indexación que actualice el valor pasado a presente de los salarios homologados?
En caso Positivo (sic) de alguna de las anteriores preguntas deberá la Sala resolver
(sic)
¿Cuál es la entidad llamada a responder por el pago de los intereses, o de la
indexación? […]”.
En relación con los problemas jurídicos planteados, el a quo consideró:
Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. sentencia de 28 de abril de 2015. SC4959-2015
radicación n.º: número 11001-31-03-027-2010-00459-01.
http://consultajurisprudencial.ramajudicial.gov.co:8080/WebRelatoria/csj/index.xhtml
67
Diligencia que se llevó a cabo de manera simultánea, con otros casos similares, el 20 de marzo
de 2018, y en donde se fijó el litigio, a partir de los presupuestos fácticos expuestos por las partes,
así: “[…] ¿Es procedente el reconocimiento de intereses moratorios sobre la liquidación del
retroactivo por homologación salarial cancelado a la parte actora, cuando en esa liquidación se
le reconoció una indexación? // En caso afirmativo ¿Están probados los límites temporales para
efectos de calcular los intereses, esto es, la fecha en que se hizo el pago y la fecha en que se
notificó la resolución de homologación? // ¿Si el pago se hizo en fecha posterior al de proferirse
la resolución de homologación, tiene derecho el actor a que se le reconozca intereses por ese
lapso? // ¿Cuál es la entidad llamada a responder por el pago de los intereses que está
reclamando la parte actora?”.
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“[…] La tesis que defenderá la Sala es que, teniendo en cuenta la naturaleza
indemnizatoria de los intereses, sin que exista norma expresa y concreta que
imponga esta sanción por pago extemporáneo de la homologación salarial, la actora
(sic) no tiene derecho al pago de intereses por pago tardío del retroactivo por
homologación y nivelación salarial.
Naturaleza Jurídica de los Intereses Moratorios.
En primer momento, debe la Sala señalar que existe una diferencia entre los términos
indexación, e interés moratorio, la primera alude a la actualización del dinero en el
tiempo para mantener su valor y evitar la pérdida adquisitiva de la moneda. Así lo
reconoce el Consejo de Estado en providencia del 30 de mayo de 2013 expediente
con radicado 2006-00986-01, que precisó: "el propósito de la indexación es uno:
mantener el valor o poder adquisitivo constante de la moneda en razón la
depreciación que ha sufrido por el paso del tiempo. La indexación o corrección
monetaria no tiene por finalidad incrementar o aumentar el valor nominal de las
sumas económicas, sino actualizarlo, es decir, traerlo a valor presente".
En cuanto a los intereses moratorios, éstos tienen un carácter indemnizatorio por los
perjuicios que causa la mora en el cumplimiento de las obligaciones, conforme lo
establece el artículo 1617 del Código Civil.
Ahora bien, respecto de la procedencia del pago de intereses moratorios sobre
sumas indexadas, el Honorable Consejo de Estado ha decantado [68]:
"En vista de lo anterior, se observa que la sentencia de primera instancia no
sólo condena a Cajanal E.I.C.E. liquidada, a pagar al actor intereses por mora
como mecanismo indemnizatorio de los perjuicios sufridos por el demandante,
sino además a la indexación prevista en el artículo 178 del C.C.A., condenas
que resultan completamente incompatibles, en cuanto ambas cargas
económicas tienen una misma finalidad que es mitigar los efectos adversos
devenidos por la mora del deudor en el cumplimiento de las obligaciones y de
configurarse en conjunto tendría como resultado un enriquecimiento sin justa
causa a favor del acreedor.
[…]”
Por su parte, el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección "A" del 7 de diciembre de 201, (sic) radicación interna No
(0905-15), sostuvo que hay improcedencia del reconocimiento de intereses
moratorios por el pago tardío de homologación o nivelación.
[…]
Del Régimen Prestacional y Salarial.
[…]
La Ley General de la Educación, Ley 115 de 1994, en su artículo 175 estableció que
el régimen salarial de los educadores de los servicios educativos estatales del orden
departamental, distrital o municipal se rige por el Decreto 2277 de 1979, y la Ley 4
de 1992 y demás normas que lo modifiquen y adicionen, en armonía con el artículo
6 de la Ley 60 de 1993.
Conforme al marco legal anterior, se debe señalar o deducir que, el pago de
intereses moratorios dentro de una relación laboral legal y reglamentaria, atendiendo
su naturaleza indemnizatoria corresponde a una prestación social, pues este pago
no tiene las características para tenerlo como salario, esto es que sea una
68
El tribunal citó Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, sentencia de 22 de
abril de 2015, radicación n.º: 25000-23-25-000-2001-01312-01, M.P. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren.
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Demandante: Gilberto Isaza Flórez
contraprestación que tiene carácter retributivo, que se reciba en forma habitual y
periódicamente, y que sea una contraprestación directa y onerosa por la prestación
de un servicio, por ende, para que un empleado o servidor de cualquier entidad
pública, valga señalar del sector de la educación, tenga derecho al pago de intereses
moratorios por el no pago oportuno de sus emolumentos, debe estar expresamente
señalado en las disposiciones que reglamentan el régimen prestacional, verbi
gracia, los intereses por pago retardado de cesantías; revisadas las normas que
regulan el sistema prestacional no se observa que alguna de ellas regule el derecho
a reclamar intereses moratorios por pago tardío de una nivelación u homologación
salarial.
Así las cosas, como la demanda se encamina a que se le reconozcan intereses
moratorios por el pago presuntamente retardado de una nivelación salarial, la misma
no es procedente y se negarán por ello las pretensiones.
Es claro que cualquier daño que se pudiera ocasionar, con un procedimiento tardío
para el reconocimiento de la homologación y nivelación salarial, se compensa con
la indexación al menos la liquidada hasta la fecha de las resoluciones respectivas.
Solución al Segundo Problema Jurídico
La Sala defenderá la tesis, de que como el pago se hizo dentro del mes siguiente a
la expedición de la Resolución respectiva, no hay lugar tampoco a indexación.
Observa la Sala que la Resolución que ordenó el reconocimiento y pago de la
nivelación y homologación salarial, se expidió en el mes de abril de 2014, y
efectivamente el pago se hizo en el mes de mayo de ese año, por lo que no hay
lugar a indexación alguna, por cuanto por la potísima razón, de que ni siquiera
existen indicies (sic) para su liquidación, además por cuanto los valores fueron
indexados hasta el 11 de abril de 2014, según lo señalado en los actos demandados
y certificaciones de pago anexadas. […]”.
Inconforme con lo anterior, el señor Gilberto Isaza Flórez, en la apelación, insistió
en sus argumentos para el reconocimiento de la liquidación de intereses
moratorios desde 2003 a 2014, por cuanto no comparte las tesis de
incompatibilidad entre indexación e intereses moratorios, improcedencia en los
procesos de homologación y nivelación salarial ante su falta de previsión en el
régimen prestacional y legal, según lo consideró el a quo al negar las
pretensiones de la demanda, frente a lo cual indicó que son conceptos diferentes
y que la mora reclamada se produjo, por lo que debían reconocerse como
reparación a su favor y como sanción al empleador por el pago inoportuno de la
obligación.
En este orden de ideas, la sentencia censurada mantuvo la postura sobre la
improcedencia del reconocimiento de los intereses moratorios con ocasión del
proceso de homologación y nivelación salarial en el municipio de Manizales, bajo
los siguientes argumentos:
“[…] la Sala advierte que en el proceso no se discute que mediante la Resolución
511 del 11 de abril de 2014, al demandante le fueron reconocidas y pagadas unas
sumas de dinero por concepto de retroactivo del proceso nivelación y
homologación, que se causaron de los años 2003 a 2011, que fueron debidamente
indexadas.
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Sin embargo, lo reclamado por el accionante es el pago de los intereses moratorios
que, en su criterio, se causaron porque la administración no asumió el pago de sus
obligaciones salariales de manera inmediata, sino que lo hizo varios años después.
[…] esta Sala ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la procedencia
del pago de intereses moratorios presuntamente causados en razón de la
nivelación salarial que se efectuó en el proceso de homologación de los cargos del
personal administrativo del sector educativo que dependían de la Nación y pasaron
a las entidades territoriales, en desarrollo del proceso de descentralización del
referido sector ordenado por la Ley 60 de 1993. Así pues, en sentencia del 28 de
septiembre de 2017 se partió de la fecha de los actos administrativos de
reconocimiento del retroactivo de la nivelación salarial respecto del pago efectivo,
indicando que “trascurrió tan solo 1 mes entre el acto administrativo que reconoció
el derecho y el que ordenó el pago, evidenciándose un lapso mínimo, prudente y
proporcional, teniendo en cuenta la magnitud de los trámites económicos y
administrativos para culminar el proceso homologación y nivelación salarial” [69].
En el mismo sentido, en providencia del 7 de diciembre de 2017 se indicó que no
es procedente acceder al reconocimiento de los intereses moratorios respecto del
pago retroactivo de nivelaciones salariales, porque tratándose de derecho
sancionatorio debe existir una norma que ordene su pago, así:
“Por otro lado, tampoco hay lugar a reconocer intereses moratorios en el presente
caso, teniendo en cuenta la naturaleza eminentemente sancionatoria de los
mismos, en cuanto buscan castigar al deudor incumplido. Bajo este entendido si
no se dijo nada al respecto en las resoluciones que reconocieron el retroactivo,
como tampoco hay norma que expresamente lo consagre, no se puede en
consecuencia, entrar a reconocerse los intereses moratorios.
Recordemos que por su carácter sancionatorio, los intereses moratorios deben
estar consagrados en una norma que los autorice expresamente, es decir, que
faculte el cobro de los mismos para los casos de pagos retroactivos por
homologación y nivelación, o estar claramente incluidos en el documento que
reconoce el derecho, supuestos, que no se evidencian en el presente asunto” [70].
Siguiendo esta línea hermenéutica, en sentencia del 23 de agosto de 2018, se
reiteró que no hay lugar al pago de intereses moratorios cuando en el contenido
de los actos administrativos que reconocieron el retroactivo no se incluyó nada
sobre el particular y además no existe una norma que autorice dicho
reconocimiento [71].
Así las cosas, teniendo en cuenta que en el sub lite el pago de la nivelación salarial
se efectuó en el mes de mayo de 2014, tal como se indicó en la certificación de la
entidad accionada, y que la Resolución 511 que reconoció y ordenó el pago de la
nivelación data del 11 de abril de 2014, se evidencia que solo pasó un mes, de
modo que no es procedente la condena por el pago de intereses moratorios, puesto
que se considera un plazo prudencial, tal como se indicó en los antecedentes
jurisprudenciales previamente citados”.
De acuerdo con lo citado en precedencia, para esta Sala Especial de Decisión es
indudable que el debate jurídico del proceso ordinario giró en torno al
69
[En la providencia se citó “21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Sandra
Lisset Ibarra Vélez, proceso con radicado 73001-33-33-000-2014-00406-01 (2488-15)”].
70
[En la providencia se citó “22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William
Hernández Gómez, sentencia del 7 de diciembre de 2017, proceso con radicado 73001-23-33-
000-2014-00311-01 (0905-15)”].
71
[En la providencia se citó “23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 23 de agosto de 2018, M.P. César Palomino Cortés, proceso con radicado 73001-23-33-000-
2014-00403-01 (4589-15)”].
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reconocimiento de intereses moratorios con ocasión del proceso de
homologación y nivelación salarial en el municipio de Manizales, tal y como lo
planteó el actor en sus pretensiones y lo reiteró en el recurso de alzada.
Sobre las censuras del demandante, se advierte que, la Subsección B de la
Sección Segunda de esta corporación confirmó la negativa de las pretensiones
porque los intereses reclamados no se generaron a cargo de las entidades
demandadas en atención a su incompatibilidad con la indexación reconocida por
el ente territorial, su naturaleza eminentemente sancionatoria y la falta de norma
expresa que así lo permitiera.
Así las cosas, la Sala advierte que no se configura la causal de revisión
consistente en nulidad originada en la sentencia, dado que el fallo recurrido no
desatendió la congruencia externa del asunto, comoquiera que resolvió el objeto
de debate, esto es, la procedencia o no de intereses moratorios en el caso
concreto, sin que se observe pronunciamiento alguno que no guarde relación con
los reparos concretos formulados por el apelante.
Debe precisarse que, si bien el señor Gilberto Isaza Flórez manifestó que la
autoridad judicial limitó el análisis de su reclamación por concepto de intereses
moratorios, al periodo de abril y mayo de 2014, comprendido entre la fecha del
acto de reconocimiento del retroactivo y la fecha efectiva del pago, lo cierto es
que, este argumento no afecta la validez de la decisión recurrida dado que, la
segunda instancia al desatar la impugnación resolvió íntegramente los motivos
de inconformidad del actor, y más allá de un período indemnizatorio, el debate se
concretó en que, a partir de la jurisprudencia reiterada de la Sección Segunda de
esta Corporación, el derecho reclamado carece de sustento normativo que
permita su reconocimiento.
En este orden de ideas, la sentencia recurrida no está viciada de nulidad por
desconocimiento del principio de congruencia procesal. Si bien la decisión
desestimó el reclamo del apelante al confirmar el fallo del a quo, la Sala recuerda
que el recurso extraordinario de revisión no es una instancia adicional del proceso
ordinario en la que la parte inconforme pueda debatir y/o cuestionar el criterio del
juzgador de instancia, toda vez que al juez de la revisión le está vedado
pronunciarse sobre eventuales errores in judicando, escenario que realmente es
el propuesto bajo la argumentación del recurso para discutir el razonamiento del
ad quem, quien, como se expuso, resolvió sobre la pretensión de reconocimiento
de intereses moratorios.
En consecuencia, los cuestionamientos sobre el criterio expuesto por la autoridad
judicial en relación con la improcedencia de los intereses moratorios y la
indexación que reconoció el municipio de Manizales, no se enmarcan en el
debate jurídico propio de este tipo de trámites. En este orden de ideas, se
declarará infundado el recurso propuesto.
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2.4. Conclusión
La Sala no encontró acreditada la causal 5.ª de revisión prevista en el artículo
250 del CPACA, referida a la nulidad originada en la sentencia, invocada por la
parte actora, toda vez que, en el caso concreto no concurren los requisitos
necesarios para su configuración.
2.5. Costas
La Ley 2080 de 2021, por medio de su artículo 70, modificó el artículo 255 del
CPACA y en cuanto a este recurso dispuso que “si se declara infundado el
recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente”. A su vez, el artículo
86 ejusdem, relativo a la vigencia, indica que las reformas procesales allí
establecidas, prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el
momento de su publicación -25 de enero de 2021-.
Por tanto, como el recurso extraordinario se presentó el 12 de agosto de 2022 -
a través de una nueva demanda- para la Sala es aplicable al presente asunto la
modificación introducida por la Ley 2080 de 2021 al artículo 255 del CPACA,
como quiera que, para la fecha de presentación del recurso, ya estaba en vigor
la nueva ley.
Así las cosas, bajo una interpretación armónica que permita determinar el
alcance de la condena en costas dentro del recurso extraordinario de revisión, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 361 del CGP, las costas están integradas
por la totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias
en derecho, y solo habrá lugar a su imposición de acuerdo con el artículo 365,
numeral 8.º ibidem “cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación”.
En el caso concreto, la Sala advierte que no procede la condena en costas por
concepto de expensas y gastos procesales, porque no aparece demostrado en
el expediente que la parte demandada hubiere incurrido en dichos pagos. En
cuanto al componente de agencias en derecho, debe señalarse que, aunado a
que el recurso se declarará infundado, uno de los extremos de la parte pasiva,
esto es, el Ministerio de Educación Nacional fue el único que compareció al
proceso dentro de la oportunidad legal con el fin de oponerse, ejerció su derecho
de defensa y realizó solicitudes probatorias (índice 14 de SAMAI).
Por tanto, la Sala estima que la gestión del Ministerio de Educación Nacional en
este proceso resulta suficiente para que se disponga la fijación de agencias en
derecho a su favor, a título compensatorio72 frente a los esfuerzos en el tiempo,
dedicación, vigilancia y diligencia que le demandó, en su calidad de extremo
72
La Sala Veintisiete Especial de Decisión de esta Corporación, M.P. Rocío Araújo Oñate, en
sentencia de 6 de agosto de 2019 precisó que “[…] la función de las agencias en derecho es la
de otorgar a la parte vencedora una razonable compensación económica por la gestión procesal
que realizó […]”, radicado 15001-33-33-007-2017-00036-01, demandante Yesid Figueroa García,
demandado Municipio de Tunja, asunto: Revisión Eventual.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04424-00
Demandante: Gilberto Isaza Flórez
pasivo, el hecho de contestar el presente recurso, sumado a la naturaleza y
duración de esta causa procesal, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos
365 y 366 del CGP.
Realizadas las precisiones anteriores, conviene indicar que, al ser un proceso de
única instancia ante esta Corporación, la liquidación de las costas será realizada
por la Secretaría General, de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo
36673 del CGP.
Asimismo, según el numeral 4.º del artículo 366 del CGP, para la fijación de
agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Al respecto, el Acuerdo n.º PSAA16-10554 de 2016,
dispuso lo siguiente:
“[...] Artículo 2. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario
judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas
establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión
realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del
proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha
actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún
caso se puedan desconocer los referidos límites.
[…]. Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:
[...] 9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS.
Entre 1 y 20 S.M.M.L.V. [...]” (énfasis añadido por la Sala).
En consecuencia, se fijarán las agencias en derecho en favor del Ministerio de
Educación Nacional y a cargo del recurrente, en un (1) salario mínimo legal
mensual vigente – SMMLV- a la fecha de ejecutoria de la presente providencia.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de
Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
73
“Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto
de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: 1. El
secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o rehacerla. [...]. 4. Para la fijación
de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la
Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en
cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la
parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […].
6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y
revisión o se haga a favor o en contra de un tercero, la liquidación se hará inmediatamente quede
ejecutoriada la respectiva providencia o la notificación del auto de obedecimiento al superior,
según el caso”.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04424-00
Demandante: Gilberto Isaza Flórez
V. FALLA
PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por el señor Gilberto Isaza Flórez, por la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA,
contra la sentencia de 8 de julio de 2021, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, de acuerdo con lo expresado en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: Condenar en costas, por el componente de agencias en derecho,
al señor Gilberto Isaza Flórez y en favor del Ministerio de Educación Nacional, de
acuerdo con lo expuesto en esta sentencia.
TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta decisión, la cual
deberá incluirse en la liquidación de costas a cargo del recurrente.
CUARTO: En firme esta providencia, el expediente deberá regresar al despacho
del magistrado ponente para la aprobación de las costas liquidadas por la
Secretaría General de Consejo de Estado.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente de la Sala
MILTON CHAVES GARCÍA HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Magistrado Magistrado
Salva voto parcialmente
RAFAEL FRANCISCO SÚAREZ VARGAS MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Magistrado Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081
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