Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-10262-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-10262-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-10262-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
5 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-10262-01
Actores: Diana Carolina Duque Cardona y otros1
Demandado: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Tema: Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial/alcance
Derecho Fundamental Invocado: i) Debido proceso y ii) reparación integral
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado contra la sentencia de tutela de 3 de marzo de
2022 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, por medio del cual accedió a las pretensiones del amparo.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. Los actores, obrando mediante apoderado, presentaron solicitud de tutela
contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su
juicio, al proferir la providencia de 30 de septiembre de 2020, dentro del proceso
de reparación directa identificado con número único de radicación 05001-2333-
1
Ana Cecilia Duque Cardona, Juan Diego Duque Cardona, Ruby Cardona Zuluaga, Carlos Mario Duque
Castrillón, Miriam del Socorro Duque Castrillón, Luz Ángela Duque Castrillón y Hernán de Jesús Duque
Castrillón.
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000-2015-00726-01, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
reparación integral.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Adujeron que presentaron demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional, en ejercicio del medio de control de reparación directa, con el fin de que
se le declarara administrativamente responsable por los daños y perjuicios, como
consecuencia del homicidio del señor Jorge Ignacio Duque Castrillón perpetrado
por miembros de un grupo paramilitar.
Auto proferido el 27 de abril de 2017 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia dentro del proceso de reparación directa identificado con el número
único de radicación 05001-2333-000-2015-00726-01
4 El Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió declarar probada la excepción de
la caducidad del medio de control de reparación directa.
5. Consideró que:
“[…] Según lo explicado con antelación, en este caso se determinará si la parte
demandante presentó el medio de control contentivo de la pretensión de
reparación directa dentro del término fijado en el artículo 164, numeral 2, literal i)
de la Ley 1437 de 2011. Para la Sala, de las pruebas allegadas hasta este
momento al plenario se arriba a la conclusión que existe certeza sobre la fecha en
la que los demandantes tuvieron conocimiento del daño como la fecha de la
acusación del mismo. Según se relata en el libelo genitor, el daño frente al cual se
solicitan la indemnización de los perjuicios, se produjo el día 14 de 1993 (Según el
Registro de Defunción visible a fl. 86)
Así las cosas, el término con la que contaban los demandantes para incoar el
medio de control impetrado inició el 15 de junio de 1993, por lo que los dos años
para demandar se vencieron el 15 de junio de 1995, pero como ello se produjo el
25 de marzo de 2015, es evidente que operó el fenómeno procesal de la
caducidad […]”.
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Actores: Diana Carolina Duque Cardona y otros
Auto proferido el 30 de septiembre de 2020 por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso de reparación
directa identificado con el número único de radicación 05001-2333-000-2015-
00726-01
6. La parte resolutiva de la mencionada providencia dispuso textualmente lo
siguiente:
“[…] PRIMERO. CONFÍRMASE el auto proferido por el Tribunal Administrativo de
Antioquia el 27 de abril de 2017.
SEGUNDO. En firme esta decisión DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de
origen […]”.
7. Consideró que:
“[…] El demandante afirmó que las acciones indemnizatorias por “crímenes de lesa
humanidad” se pueden presentar en cualquier tiempo.
La reclamación para la reparación de los daños patrimoniales ocasionados por el
Estado (artículo 90 CN) tiene reglas distintas a las previstas para atribuir la
responsabilidad penal de sus agentes. Así, aunque en el ámbito penal ciertos delitos
puedan catalogarse de imprescriptibles, dicha calificación no se traslada al ámbito
de la responsabilidad patrimonial del Estado, ni puede modificar los términos
previstos en la ley para reclamar civilmente los perjuicios que le son imputables. En
otras palabras, el término para ejercer las acciones indemnizatorias por los daños
causados por el Estado difiere del término para ejercer la acción penal. Además, el
juez administrativo no tiene competencia alguna (artículo 104 CPACA)) para definir
la imprescriptibilidad de los delitos penales.
Salvo algunas excepciones legales, los derechos crediticios asociados a las
acciones indemnizatorias son renunciables, transigibles y, en general, de libre
disposición de su titular (art. 15 CC). Como el derecho a la reparación económica
propende la consolidación de las relaciones jurídicas y es de libre disposición, el
legislador está habilitado para regular el término que tienen los sujetos activos de la
obligación reparatoria para exigir su cumplimiento, vencido el cual no se puede
reclamar judicialmente su pago.
La Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su criterio sobre el inicio del
conteo del término de caducidad para formular las pretensiones indemnizatorias,
cuando estas se derivan de “delitos de lesa humanidad”. A juicio de la Sala, el
término para demandar, establecido por el legislador, debe contarse desde que los
afectados conocieron o debieron conocer la participación de agentes del Estado,
salvo que existan circunstancias que impidan materialmente el ejercicio del derecho
de acción.
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4. Los demandantes afirmaron que la Nación- Ministerio de Defensa Nacional es
responsable por la omisión de protección que causó la muerte de Jorge Ignacio
Duque Castrillón cometida por un grupo paramilitar. Agregaron que “el día 14 de
junio de 1993, en jurisdicción del municipio de San Rafael, Antioquia, fue ultimado
por impactos de bala Jorge Ignacio Duque Castrillón […] producto del accionar de
un grupo paramilitar” (f. 2 c. 1). Conforme a lo señalado en la demanda, los
demandantes, desde el mismo momento de los hechos, atribuyeron la participación
del Estado por omisión en el asesinato de Jorge Ignacio Duque Castrillón. Como el
14 de junio de 1993 murió Jorge Ignacio Duque Castrillón, según da cuenta su
registro civil de defunción (86 c. 1), circunstancia que -según la demanda- se debió
al incumplimiento de un deber de protección (f.3 c. 1), el termino de caducidad de
dos años para formular la demanda empezó a correr a partir del día siguiente y
venció el 15 de junio de 1995.
Como la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 17 de febrero de 2015
(f. 95 c. 1), y la demanda el 25 de marzo de 2015, según da cuenta el sello de
recibido de la demanda (f.1 c. 1 ) operó el fenómeno preclusivo de la caducidad,
pues el tiempo transcurrido entre el momento que los demandantes tuvieron
conocimiento del hecho dañoso y la fecha en que formularon la demanda, implicó la
renuncia a la reclamación de los perjuicios por la muerte de Jorge Ignacio Duque
Castrillón y, por ello, se confirmará la providencia apelada […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
8. Los actores solicitaron en su escrito de tutela:
“[…] Con fundamento en los hechos expuestos, solicito al CONSEJO DE ESTADO
emitir una orden de protección de los derechos constitucionales fundamentales
violados por EL CONSEJO DE ESTADO MAGISTRADO PONENTE: GUILLERMO
SÁNCHEZ LUQUE, protección que ha de hacerse en los siguientes términos:
PRETENSIONES PRINCIPALES
1- Decretar que EL CONSEJO DE ESTADO MAGISTRADO PONENTE:
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE, ha violado los derechos constitucionales
fundamentales enunciados en el concepto de violación y, en consecuencia;
2- Revocar la decisión del CONSEJO DE ESTADO donde se confirmó el auto
proferido por el Tribunal Administrativo de Medellín el día del 27 de abril de
2017 que declaro probada la excepción de caducidad en el proceso de
Reparación Directa con Radicado 05001233300020150072601.
PRETENSIÓN SUBSIDIARIA Ordenar al CONSEJO DE ESTADO
MAGISTRADO PONENTE: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE surtir lo pedido
por la parte demandante y que revoque la providencia que confirmo el auto
proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia del 27 de abril de 2017
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que declaro probada la excepción de caducidad en el proceso de Reparación
Directa con Radicado 05001233300020150072601 […]”.
9. Los actores en su escrito de tutela señalaron que la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial.
Actuación
10. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por auto de
19 de enero de 2022; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los
magistrados de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y
iii) vinculó a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional y a los señores Jorge Mario
Duque, Hernán de Jesús Duque Castrillón, Julián Fernando Duque Castrillón y
María Teresa de Jesús Castrillón Morales en calidad de terceros con interés
legítimo, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre
el particular.
Intervenciones de la parte demandada y de los terceros con interés legítimo
11. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró lo
siguiente:
“[…] Las consideraciones esgrimidas en la providencia del 30 de septiembre de
2020 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación son
suficientes para explicar la improcedencia del amparo solicitado […]”.
12. La Nación-Ministerio de Defensa Nacional y los señores Jorge Mario Duque,
Hernán de Jesús Duque Castrillón, Julián Fernando Duque Castrillón y María
Teresa de Jesús Castrillón Morales guardaron silencio en esta oportunidad
procesal.
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La sentencia impugnada
13. La Sala Mayoritaria2 de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado mediante sentencia de 3 de marzo de 2022, resolvió lo
siguiente:
“[…] Primero. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia de los señores Diana Carolina Duque Cardona, Ana
Cecilia Duque Cardona, Juan Diego Duque Cardona, Ruby Cardona Zuluaga,
Carlos Mario Duque Castrillón, Miriam del Socorro Duque Castrillón, Luz Ángela
Duque Castrillón y Hernán de Jesús Duque Castrillón, de acuerdo con lo expuesto
en este proveído. En consecuencia:
Segundo. Dejar sin efectos la providencia del 30 de septiembre de 2020, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, dentro del proceso de
reparación directa con radicado 05001-23-33-000-2015-00726-01-01.
Tercero. Ordenar al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que en el
término de veinte días, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia,
proceda a dictar una nueva decisión en la que se tenga en cuenta lo expuesto en
las consideraciones que anteceden […]”.
14. Consideró que:
“[…] Pues bien, se advierte que en la providencia objeto de censura el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, trajo a colación el artículo 136 del C.C.A.,
sobre la oportunidad para presentar la demanda de reparación directa, que es el
término de dos años, sin distinguir el tipo de daño que se cause, por lo que según la
norma, basta verificar el día en que ocurrió el hecho, omisión u operación
administrativa para contabilizar el plazo señalado, a menos que el perjudicado no
hubiere podido conocer el daño ocurrido en esa fecha, evento en el cual la
caducidad se debe empezar a computar desde que lo obtuvo.
Pues bien, se advierte que en la providencia objeto de censura, el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, para analizar el ejercicio oportuno de la
acción trajo a colación la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020,
expediente 61.033, en la que la Corporación concluyó que la caducidad en este tipo
de eventos sí operaba, y que se debía contar desde cuando los afectados
conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado, lo
cual solo admite excepción cuando se evidencian situaciones que impidieron
materialmente el ejercicio del derecho de acción.
Teniendo en cuenta lo anterior, procedió a analizar el caso concreto y, luego de
referirse a lo afirmado en la demanda y con base en el registro civil de defunción del
señor Jorge Ignacio Duque Castrillón, advirtió que los demandantes desde el
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El Consejero de Estado doctor William Hernández Gómez salvó el voto.
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momento en que ocurrió la muerte de su familiar —14 de junio de 1993— la
atribuyeron a la participación del Estado por omisión del deber de cuidado y
protección.
Así las cosas, concluyó que como los demandantes tuvieron conocimiento de la
participación del Estado el día de la muerte del señor Jorge Ignacio Duque
Castrillón, el término de caducidad de dos años para formular el medio de control
reparación directa empezó a correr a partir del día siguiente, por lo que este feneció
el 15 de junio de 1995 y, como la demanda fue presentada hasta el 25 de marzo de
2015, ello implicó la renuncia a la reclamación de perjuicios al haber operado el
fenómeno de la caducidad.
Bajo dichos derroteros, esta Sala de decisión puede evidenciar que, a diferencia de
lo planteado por la parte actora, en el caso bajo análisis no se configura la
existencia de un defecto fáctico, pues el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, advirtió que de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso
podía determinar que la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 era la
aplicable para establecer la interposición oportuna del medio de control reparación
directa de acuerdo con las particularidades del caso.
Sin embargo, aunque en el asunto no se evidencia configurado un defecto fáctico, sí
se advierte la estructuración del desconocimiento del precedente jurisprudencial,
según pasa a explicarse:
Es claro que para la fecha en que se emitió la providencia del 30 de septiembre de
2020, objeto de censura, ya existía un criterio definido en torno a la caducidad del
medio de control de reparación directa, en casos relacionados con delitos de lesa
humanidad, crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar
la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, que es el que se encuentra
previsto en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado y, por tanto, puede concluirse prima facie
que la autoridad judicial accionada estaba en la obligación de aplicar dado su
carácter vinculante, en términos de lo dispuesto en el artículo 270 del CPACA y en
la sentencia C -836 de 2001.
No obstante, en el sub examine debe tomarse en cuenta que, para el año 2015,
cuando se procedió a accionar al Estado para efectos de la reparación
administrativa, el criterio mayoritario de la Sección Tercera del Consejo de Estado
apuntaba a que no era procedente aplicar el fenómeno jurídico de la caducidad a las
acciones de reparación directa con pretensiones indemnizatorias formuladas con
ocasión de crímenes de lesa humanidad, genocidios y otras violaciones graves de
los derechos humanos, en atención a su naturaleza imprescriptible.
Lo anterior puede corroborarse, entre otras, en las siguientes providencias: i) auto
del 17 de septiembre de 2013;18 ii) sentencia del 7 de septiembre de 2015;19 iii)
auto del 11 de abril de 2016;20 iv) sentencia del 5 de septiembre de 2016;21 y v)
sentencia del 31 de julio de 2019,22 en las que, en aplicación al control de
convencionalidad, la Sección Tercera del Consejo de Estado no tomó en cuenta la
caducidad.
En el caso que se analiza, se advierte, además, que el recurso de apelación
interpuesto por los demandantes contra la providencia de primera instancia,
proferida el 27 de abril de 2017 por el Tribunal Administrativo de Antioquia se dirigió
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a cuestionar, entre otros aspectos, la inoperancia de la caducidad de la acción en
asuntos relacionados con delitos de lesa humanidad, y, para estos efectos, trajo a
colación diferente jurisprudencia de esta Corporación en la que se acogía dicho
criterio.
Pese a ello, se evidencia que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C, aplicó con radicalidad, la sentencia de unificación, sin pasar a analizar las
circunstancias particulares del caso, esto es, que existía plena convicción de que en
el asunto se controvertía la reparación administrativa por la muerte violenta del
señor Jorge Ignacio Duque Castrillón a manos de un grupo de autodefensas,
situación que estaba debidamente acreditada con la sentencia anticipada penal
emitida el 11 de octubre de 2012 y que, además, para el momento en que se llevó a
cabo la audiencia inicial, existía un criterio mayoritario de la Sección Tercera del
Consejo de Estado que apuntaba a no aplicar la figura jurídica de la caducidad en
estos casos.
En consecuencia, para la Sala, es procedente acceder al amparo de tutela invocado
por la configuración del defecto «desconocimiento del precedente jurisprudencial»,
al sorprender a la parte activa con la aplicación ipso iure de una sentencia de
unificación que no estaba vigente para el momento en que se emitió el auto del
Tribunal Administrativo de Antioquia que declaró probada la caducidad de la acción.
Además, se advierte que la sentencia unificadora no moduló sus efectos, por lo que
se entiende que opera a futuro o «ex nunc»; de ahí que el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, estaba en la obligación de ponderar los derechos al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los demandantes, de
cara a las circunstancias del caso concreto, a efectos de no hacer ilusorias las
garantías constitucionales, entre estas, la reparación patrimonial, cuando es diáfano
el daño causado por el Estado […]”.
La impugnación
15. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado impugnó
la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado. En ese orden de ideas, expresó lo siguiente:
“[…] En mi condición de consejero sustanciador de la providencia del 30 de
septiembre de 2020, rad. n°. 59340, impugno el fallo de tutela del 3 de marzo de
2022, que dejó sin efectos dicho auto. Según la decisión de tutela, el auto
reprochado desconoció el “precedente”, respecto de la caducidad del término para
formular la demanda de reparación directa en la reclamación de perjuicios
derivados de “delitos de lesa humanidad”, que tenía la Sección Tercera del
Consejo de Estado antes del 29 de enero de 2020, cuando expidió una decisión de
unificación sobre la materia3.
3
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 2020, Rad. nº. 61033 [fundamento
jurídico 5], con aclaraciones y salvamentos de voto
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Pues bien, el aludido desconocimiento del “precedente” no existe. El auto del 30
de septiembre de 2020 siguió el mismo criterio que se ha aplicado a controversias
similares decididas por la Subsección C de la Sección Tercera4, que, por demás,
no tiene fundamento distinto a la aplicación de los preceptos de orden público
contenidos en los artículos 136.8 CCA y 164, numeral 2, literal i, CPACA. Ahora
bien, se debe anotar que, antes de la decisión unificada de la Sección Tercera del
29 de enero de 2020, no existía un criterio “pacífico” ni mayoritario relacionado con
la “flexibilización” en la aplicación del término de caducidad de dos años para
demandas sobre “delitos de lesa humanidad”. De allí que, precisamente, el pleno
de la Sección optó por unificar su criterio no como “jurisprudencia anunciada”, sino
como criterio orientador para todos los procesos en curso. De manera coherente,
no es posible alegar alguna vulneración de derechos fundamentales por aplicar al
asunto el criterio unificado de la Sección Tercera. En efecto, las variaciones de
criterio traen consigo, como regla general, el hecho de que su efecto sea inmediato
y, por ende, que sean aplicables incluso a los asuntos que van a ser decididos,
dado que se hallan cobijados por la misma regla de derecho5.
Así las cosas, no es posible reprochar a la Subsección C desconocimiento alguno
del “precedente”, porque el auto reprochado no hizo cosa distinta a resolver el
asunto tal cual se han resuelto otro similares y conforme a la unificación
jurisprudencial del Pleno de la Sección Tercera, que se adoptó para evitar en los
procesos en curso decisiones contradictorias entre las subsecciones. Por ello,
pido, con todo comedimiento, que se revoque el fallo de tutela del 3 de marzo de
2022 […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
16. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por
el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 20216 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20187 y
con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta
sección el conocimiento de las acciones de tutela.
4
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 15 de noviembre de 2016, Rad. nº. 55380 [fundamento
jurídico 4], auto del 27 de febrero de 2019, Rad. n°. 60110 [fundamento jurídico 2, 3 y 4] y auto del 31 de julio
de 2019, Rad. n°. AG 2016-01318-01 [fundamento jurídico 2, 3 y 4].
5
Excepcionalmente, la Sala ha aplicado criterios jurisprudenciales superados. Cfr. Consejo de Estado,
Sección Tercera, sentencia de 7 de marzo de 2018, Rad. n°. 22.677 [fundamento jurídico 14].
6
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
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Generalidades de la acción de tutela
17. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y
sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por
las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente
señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas Jurídicos
18. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al proferir la
providencia de 30 de septiembre de 2020 dentro del proceso de reparación directa
identificado con el número único de radicación 05001-2333-000-2015-00726-01,
incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, lo que
trajo como consecuencia que declarara probada la excepción de la caducidad del
medio de control de reparación directa.
19. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento
de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial; v) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental al debido proceso; vi) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental a la reparación integral; vii) análisis del caso concreto y
finalmente las viii) conclusiones de la Sala.
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Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales
20. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello8, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la Ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales
21. Esta Sección9 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
22. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
23. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de
2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
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especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha
considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”10.
24. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
25. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”11 que encaje en dichos
parámetros.
26. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
27. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201412.
10
Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
11 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
25
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-10262-01
Actores: Diana Carolina Duque Cardona y otros
Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela en el caso concreto
28. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional.
29. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con
los requisitos generales de procedibilidad, así:
29.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales de
los actores al debido proceso y a la reparación integral.
29.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela
contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación de
los derechos fundamentales citados supra, y además, ii) los actores cumplieron
con la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial accionada incurrió en un posible sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial.
29.3. Para la Sala exigirle a la parte actora una carga argumentativa mínima se
justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica
principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales13, en el escenario
del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el
principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover
dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la
13
“Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el
derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
25
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-10262-01
Actores: Diana Carolina Duque Cardona y otros
argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una
providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos
fundamentales.
29.4. Cumplió con el principio de inmediatez14.
29.5. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces
y eficientes con los cuales los actores puedan lograr la protección de los derechos
invocados.
29.6. Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario
hacer un análisis de este requisito;
29.7. Los actores identificaron los hechos y los derechos cuya vulneración alegan;
y
29.8. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
30. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento
jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las
siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente
jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la
extensión de la jurisprudencia.
31. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley
169 de 31 de diciembre de 189615 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de
2011 ; así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 200117; C-
16
816 de 201118; C-179 de 201619; y T-102 de 201420.
14
Puesto que se interpuso antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia de 30
de septiembre de 2020 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
15
“Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
16
“se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de
Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar
25
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-10262-01
Actores: Diana Carolina Duque Cardona y otros
32. En relación con esta causal, la Corte Constitucional”21 ha desarrollado,
ampliamente, el concepto del precedente judicial, señalando que es el “[…]
conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su
pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe
considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de
dictar sentencia […]”, que busca asegurar la eficacia de los principios y derechos
fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza
legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso
efectivo a la Administración de Justicia.
33. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte
Constitucional22, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con
fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente
que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus
decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado
por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez
(precedente horizontal).
34. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia
constitucional, cuya doctrina es obligatoria23, la regla del respeto del precedente
no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible
frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio
tendiente a resolver una situación concreta.
jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de
revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de
2009”.
17
Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
18
Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
19
Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
20
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).
21 Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011,M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
22 Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
23 Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995,M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5
de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
25
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-10262-01
Actores: Diana Carolina Duque Cardona y otros
35. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en
los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados
jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala24, a
saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el
precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación
significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar
la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el
orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones
adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la
jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la consideración que
esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos,
principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.
36. En efecto, la Sala25 ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que
se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud
de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en
las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial26”, para lo cual
resulta obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso
concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se
sustenta la decisión de apartarse.
37. Por último, debe hacerse énfasis, en que la labor judicial que llevan a cabo los
órganos de cierre como lo son: la i) Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado y
iii) la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o fijan el alcance de una
disposición normativa, crean reglas y sub reglas jurisprudenciales, que deben
ser tenidas en cuenta por todos los jueces, cuando: a) se evidencie que los
hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente y b) que la ratio
decidendi resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de
2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.
25 ibídem.
26 Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica
Méndez y T-161 de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
25
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-10262-01
Actores: Diana Carolina Duque Cardona y otros
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso
38. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
39. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
27
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que
“[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en
forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente,
respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de
aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus
derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene
como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a
través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la
convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y
artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
27
Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
25
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Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la reparación
integral
40.Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y
en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de
otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en
ellos […]”.
41. Atendiendo a que la Corte Constitucional ha entendido que el derecho a la
28
reparación integral “[…] se trata de un derecho fundamental en atención a que “1)
busca restablecer la dignidad de las víctimas a quienes se les han vulnerado sus
derechos constitucionales; y 2) por tratarse de un derecho complejo que se
interrelaciona con la verdad y la justicia, que se traduce en pretensiones concretas
de restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y no
repetición […]”.
Análisis del caso en concreto
42. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
43. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por
los actores en su respectivo escrito de tutela y en la impugnación presentada por
28
Corte Constitucional, Sentencia T-083 de 13 de febrero de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
25
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-10262-01
Actores: Diana Carolina Duque Cardona y otros
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Acervo y análisis probatorios
44. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra el
siguiente documento:
44.1. Copia de la providencia de segunda instancia proferida por la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 30 de septiembre de 2020.
Solución del caso concreto
Análisis del presunto defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial
45. Los actores en su escrito de tutela indicaron que la autoridad judicial
accionada incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial. En ese orden de ideas, expresaron lo siguiente:
“[…] La caducidad no es un presupuesto que en casos como este, es decir, donde
se presume que se produjo un falso positivo, ejecución extrajudicial u homicidio en
persona protegida, pueda analizarse al momento de la admisión del medio de
control y al momento de la audiencia inicial, pues la presunción solo puede
desvirtuarse en el transcurso de proceso administrativo, si no hay fallo penal, y solo
al momento de dictarse el respectivo fallo será posible establecer la realidad de los
hechos con base en los cuales se demanda la responsabilidad del Estado.
No es posible decir que ha operado este fenómeno, pues, independientemente de lo
que afirmado por las sentencias que trae el togado, estaríamos violando normas de
carácter internacional y de contera nuestro ordenamiento jurídico que ha
incorporado al bloque de constitucionalidad la convención interamericana de
derechos humanos que determinan que en el caso de crímenes de lesa humanidad
no puede operar este fenómeno porque estaríamos revictimizando las víctimas de
estos hechos y les estriamos violando sus derechos fundamentales: sobre el tema
esto ha dicho recientemente la Consejo de Estado en sentencia del 30 de
agosto de dos mil veintiuno (2021), en proceso con Radicación número:
11001-03-15-000-2021-00097-01(AC) “ACCIÓN DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIA JUDICIAL / AUTO QUE DECLARA PROBADA LA EXCEPCIÓN
DE CADUCIDAD […]”.
[…]
25
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-10262-01
Actores: Diana Carolina Duque Cardona y otros
“[…] 1 - CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, Magistrado Ponente:
Alberto Montaña Plata, Bogotá D. C., 4 de junio de 2021, Radicación: 11001-03-
15-000-2021-00186-01, Accionante: María Elisa Quintero de Giraldo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Referencia: Acción de tutela.
Segunda instancia. Caso concreto.
En el presente asunto se revocará la decisión de primera instancia y, en su lugar, se
accederá la solicitud de amparo, por las razones que a continuación se exponen.
De acuerdo con lo establecido por la parte actora, se observa que su pretensión
buscó dejar sin efectos el Auto proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia
el 8 de septiembre de 2020, en consideración a que, en su entender, no se debió
aplicar el término de caducidad a su asunto, por abordar el tema relacionado con
crímenes de lesa humanidad.
Al respecto, se debe recordar que el artículo 164 1 del CPACA dispuso que el
término de caducidad para la reparación directa era de 2 años contados desde que
ocurrió el hecho, o desde cuando se tuvo o debió tenerse conocimiento de los
hechos.
No obstante, lo anterior, a nivel interno 2 , como a nivel internacional se ha
determinado que existen ciertos casos en los cuales se debe inaplicar ese término
de caducidad, con el fin de que las víctimas directas de crímenes atroces 3 puedan
acceder al sistema de justicia.
En ese orden, la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, el 28 de
noviembre de 2018, profirió Sentencia en el caso Órdenes Guerra vs Chile en la
cual estudió varios asuntos propuestos por grupos familiares y víctimas de
secuestro, desaparición y/o ejecución por parte de agentes estatales. Esas acciones
fueron rechazadas por Juzgados, Tribunales y Corte Suprema de Justicia de Chile
en aplicación de la figura de la prescripción.
En la referida decisión la CIDH consideró que era desproporcionado negar los
derechos a la reparación de las víctimas de crímenes atroces bajo el argumento de
la prescripción.
La Sentencia de la CIDH en el caso Órdenes Guerra contra Chile 4 hizo tránsito a
cosa juzgada respecto de Chile, y vinculó a los demás Estados parte como “norma
convencional interpretada ” 5 . En consecuencia, la eficacia interpretativa del tratado
tiene estrictos efectos en este Sistema, que se caracteriza por la obligación de
adecuación normativa e interpretativa del derecho interno al convencional. Los
Estados tienen la obligación de resultado 6 de crear normas acordes con los
estándares definidos por la Corte, y de eliminar todo obstáculo para su eficacia […]”.
[…]
[…] De manera puntual al caso bajo estudio, debe indicarse que, pese a que en este
asunto, la muerte del señor Francisco Javier Giraldo Quintero, aparentemente, fue
ocasionada por miembros de las AUC, lo cierto es que dentro del expediente, la
parte actora aseguró que hubo nexos entre esa organización, el Ejército Nacional y
25
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-10262-01
Actores: Diana Carolina Duque Cardona y otros
otros agentes estatales, para la comisión de crímenes atroces en el Municipio de
San Rafael.
En esa medida, la Sala considera que la audiencia inicial no era el escenario para
determinar si había caducidad del medio de control, toda vez que, de acuerdo con lo
manifestado por la parte accionante, existió relación entre las AUC y agentes
estatales en hechos violatorios de derechos humanos.
Por lo anterior, antes de declarar la caducidad era necesario que se agotara el
debate probatorio pertinente con el fin de determinar (1) si el hecho demandado se
enmarcó en lo que la CIDH ha considerado como crímenes atroces y superado ese
análisis, (2) establecer si ese hecho era imputable al estado. Lo indicado pues,
luego del debate probatorio y del estudio de los aspectos reseñados, solo será
posible determinar si existió caducidad o no en la interposición del medio de control.
Adicionalmente, se debe indicar que a pesar de que la decisión proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia se fundamentó en la Sentencia de Unificación
de 29 de enero de 202012 de la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre
reglas de unificación en materia de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra,
ese no era un argumento que sirviera de excusa para no cumplir la convención
pues, invocar esa sentencia como fundamento para declarar la caducidad de las
acciones de reparación en casos de crímenes atroces, desconoce la prohibición
establecida en la Convención de Viena13 de 23 de mayo de 1969, según la cual una
parte no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación
del incumplimiento de un tratado […]”. (Resaltado por la Sala).
46. Ahora bien, la Sala reiterando lo dicho por esta Sección29 en pronunciamientos
recientes, advierte que las sentencias de tutela del 4 de junio de 2021, y 30 de
agosto de 2021, proferidas por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado que se alegan desatendidas no constituyen precedente
judicial, toda vez que sus efectos son inter partes, tal como lo prevé el artículo 48
de la Ley 270 de 7 de marzo de 199630, que prevé que “[...] las decisiones
judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorio
únicamente para las partes. Su motivación sólo constituye criterio auxiliar para la
actividad de los jueces [...]”.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de marzo de
2022, C.P Nubia Margoth Peña Garzón, radicación número: 11001-03-15-000-2021-07479-01 y Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de marzo de 2022, C.P
Hernando Sánchez Sánchez, radicación número: 110010315000202110975-01.
30
Estatutaria de Administración de Justicia.
25
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-10262-01
Actores: Diana Carolina Duque Cardona y otros
47. Además, la Sala comparte plenamente lo expuesto en el escrito de
impugnación presentado por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, al considerar que en el caso concreto se aplicaron correctamente las
reglas jurisprudenciales fijadas en la providencia de 29 de enero de 202031
proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado. En ese orden de ideas,
para la Sala la autoridad judicial accionada estudió el momento en que los actores
conocieron de la participación del Estado en los hechos, y llegó a la conclusión
de que fue desde el fallecimiento del señor Jorge Ignacio Duque Castrillón, por lo
que el respectivo término de caducidad inició el 15 de junio de 1993 y finalizó el
15 de junio de 1995; sin embargo, la demanda se instauró hasta el 25 de marzo
de 2015, por lo que se configuró el fenómeno de la caducidad.
48. Por último, los actores en su escrito de tutela señalaron que la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo,
toda vez que se apartó del precedente fijado por el Tribunal Administrativo de
Antioquia dentro del medio de control reparación directa con radicado núm:
05001-23-33-000-2015-00726-00, sin embargo, para la Sala no se configuró
dicho defecto sustantivo, toda vez que los criterios jurisprudenciales emanados
por dicho Tribunal, constituyen antecedentes jurisprudenciales32, teniendo en
cuenta que solo las sentencias que profieren los órganos de cierre como lo es el
Consejo de Estado se constituyen en precedente judicial al fijar reglas y sub
reglas jurisprudenciales que deben ser tenidas en cuenta por los demás
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de
29 de enero de 2020, núm. único de radicación 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033), C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico.
32
Así mismo, se resaltan algunos pronunciamientos que han sostenido la misma tesis, entre ellos: Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 1 de diciembre de 2016; C.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación número: 110010315000201601285-01; Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de julio de 2018; C.P. Hernando Sánchez
Sánchez, radicación número: 110010315000201801525-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 27 de junio de 2019, C.P Carlos Enrique Moreno Rubio,
radicación número: 110010315000201901850-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia de 25 de julio de 2019, C.P Hernando Sánchez Sánchez, radicación número:
110010315000201903062-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 24 de octubre de 2019, C.P Hernando Sánchez Sánchez, radicación número:
110010315000201903307-01.
25
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operadores judiciales. Además, debe indicarse que la jurisprudencia proferida por
los Tribunales Administrativos no son vinculantes para el Consejo de Estado.
Conclusiones de la Sala
49. En suma, para la Sala la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, teniendo en cuenta que
profirió su providencia de manera razonable y ajustada a derecho, en donde no se
evidenció por esta Sala una actuación grosera o arbitraria que haya traído como
consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de los actores.
50. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala i) revocará la sentencia de primera instancia
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 3
de marzo de 2022, y en su lugar, ii) negará las pretensiones del amparo frente al
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela proferida el 3 de marzo de 2022 por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio del cual
accedió a las pretensiones del amparo, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones del amparo frente al defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
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Actores: Diana Carolina Duque Cardona y otros
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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