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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10435-00

Fecha
17 de febrero de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10435-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor Luis Antonio Murillo Murillo y la señora Cielo Ramírez Vega contra el Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-10435-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

17 de febrero de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2021-10435-00
Actor: Luis Antonio Murillo Murillo y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10435-00
Demandantes: LUIS ANTONIO MURILLO MURILLO Y CIELO RAMÍREZ
VEGA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de
reparación directa. Privación injusta de la libertad,
razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de
aseguramiento. Defecto fáctico

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Luis Antonio Murillo Murillo y la señora Cielo Ramírez
Vega, quienes actúan mediante apoderada judicial, contra el Tribunal
Administrativo del Tolima, en la que piden el amparo constitucional de sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y a la reparación integral, supuestamente vulnerados con la
decisión de 13 de mayo de 2021, por medio de la cual revocó el fallo favorable de
primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda de
reparación directa tendientes a obtener la indemnización de los perjuicios sufridos
como consecuencia de la privación de la libertad de la que fue objeto el señor
Murillo Murillo.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Los accionantes afirmaron que el señor Luis Antonio Murillo Murillo, quien se
desempeñaba como concejal del municipio de El Guamo, Tolima, fue privado de
la libertad durante 1 año, 11 meses y 26 días, como consecuencia de una medida
de aseguramiento expedida por la Fiscalía Veintidós de la Unidad Nacional contra
el Terrorismo, con sustento en una denuncia anónima que lo señalaba de tener
vínculos con grupos paramilitares en razón a unas reuniones que organizó y que
se adelantaron en la vereda Rincón de dicho municipio.

Relataron que el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión de
Ibagué en sentencia de 31 de diciembre de 2013, absolvió al señor Luis Antonio
Murillo Murillo, toda vez que si bien este llevó a cabo reuniones con grupos
paramilitares, lo cierto es que lo hizo con la finalidad de evitar que se
materializaran unas amenazas en contra de su vida e integridad personal.

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Actor: Luis Antonio Murillo Murillo y otro

Sostuvieron que en ejercicio del medio de control de reparación directa,
presentaron demanda contra la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se
condenara al Estado por la privación de la libertad a la que fue sometido el señor
Murillo Murillo y se reconociera los perjuicios causados a él y a sus familiares.

Indicaron que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Ibagué por medio
de sentencia de 29 de septiembre de 2017, accedió a las pretensiones de la
demanda y condenó a la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de
la libertad a la que fue sometido el señor Murillo Murillo.

Por último, sostuvieron que contra la anterior decisión las partes interpusieron
recurso de apelación. El Tribunal Administrativo del Tolima en sentencia de 13 de
mayo de 2021, la revocó, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda,
al considerar que la Fiscalía General de la Nación durante la etapa de indagación,
contó con los medios de prueba suficientes que comprometían la responsabilidad
del señor Luis Antonio Murillo Murillo en la posible conducta punible de concierto
para delinquir agravado, razón por la cual la imposición de la medida de
aseguramiento era legítima, razonada y proporcional.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y
a la reparación integral, supuestamente vulnerados con la decisión de 13 de mayo
de 2021, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Tolima revocó el fallo
favorable de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda de reparación directa tendientes a obtener la indemnización de los
perjuicios sufridos como consecuencia de la privación de la libertad de la que fue
objeto el señor Murillo Murillo.

Luego de referirse a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, afirmó que el Tribunal Administrativo del Tolima
incurrió en defecto fáctico, por cuanto del expediente del proceso penal se
evidencia que la Fiscalía General de la Nación valoró arbitraria, irracional y
caprichosamente los medios de prueba al imponer la medida de aseguramiento, lo
que desconoce los requisitos establecidos en los artículo 356 y 357 de la Ley 600
de 2000.

Resaltó que “a partir de los testimonios rendidos en el proceso penal (varios de
ellos testimonios de oídas), donde varias personas declararon que en la casa del
señor Murillo Murillo efectivamente se llevó a cabo una reunión que estuvo
mediada por la visita armada de las autodefensas a las viviendas de los
pobladores, quienes tuvieron que atender sus requerimientos de manera
inmediata”.

Sostuvo que en la valoración probatoria surtida a la luz del cumplimiento de los
requisitos establecidos en los artículos 356 y 357 de la Ley 600 de 2000, el
Tribunal Administrativo del Tolima incurrió en un error al analizar el expediente
penal de manera parcial bajo estos dos preceptos legales, pues con ello excluye
de manera deliberada lo indicado en el artículo 355 de la misma normativa, el cual
establece que la imposición de una medida de aseguramiento procede para
“garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena
privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuación de su actividad delictual
o las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos
probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria”.

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Indicó que en la valoración de las pruebas se omitió pronunciarse sobre la
necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida de aseguramiento, sin
efectuar una valoración probatoria integral, donde se incluyan y se apliquen todos
los presupuestos pertinentes y necesarios para determinar el cumplimiento de
estas características.

Finalmente, manifestó que “una valoración probatoria ecuánime, imparcial y
razonable requiere de un análisis integral que no esté signado por la exclusión
arbitraria de las normas que deben ser consideradas para determinar la
necesidad, la proporcionalidad y la razonabilidad de una medida de
aseguramiento. De haberse realizado una estimación integral y completa del
expediente penal, se hubiera determinado si, a la luz de los fines de la medida de
aseguramiento (artículo 355 de la Ley 600 del 2000), era procedente y necesaria
la ruptura de las cargas públicas que implicó para el señor Murillo Murillo la
privación de su libertad. Bien dice la Corte Constitucional, mediante sentencia SU
072 de 2018, que el criterio de necesidad “asegura que el medio empleado resulta
indispensable para alcanzar el objetivo propuesto pues (...) también los fines que
pueden ser perseguidos a través de las medidas de aseguramiento deben tener
un claro sustento constitucional, de manera que el análisis de necesidad debe
conducir a evidenciar más exactamente si la medida restrictiva es indispensable
para obtener un bien de relevancia constitucional”.

3. Pretensiones

La parte accionante formuló las siguientes:

“1. Que se TUTELEN los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al acceso efectivo a la administración de justicia y a la reparación
integral de los demandantes, vulnerados con la providencia del Tribunal
Administrativo del Tolima con Nº de Radicado 73001-33-33-008-2015-00243-
01 (Int. 1298-2017).

2. Que, como consecuencia de lo anterior, se REVOQUE la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 13 de mayo de 2021,
dentro del proceso administrativo de Reparación Directa con Nº de Radicado
73001-33-33-008-2015-00243-01 (Int. 1298-2017).

3. Que, como consecuencia de lo anterior, se ORDENE al Tribunal
Administrativo del Tolima, proferir una nueva sentencia donde se realice una
valoración probatoria que cumpla con los requisitos de ecuanimidad,
imparcialidad, razonabilidad y racionalidad”.

4. Pruebas relevantes

El 15 de diciembre de 2021, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Ibagué remitió copia digital del expediente N° 73001-33-33-008-2015-00243-01,
correspondiente al medio de control de reparación directa que adelantaron Luis
Antonio Murillo Murillo y otros contra la Nación, Fiscalía General de la Nación.

5. Trámite procesal

Por auto de 7 de diciembre de 2021, el despacho de la Magistrada Sustanciadora
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada,
así como al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Ibagué, a la Nación, a
la Fiscalía General de la Nación, a Fredy Alexander Murillo Rodríguez, Víctor
Hugo Murillo Rodríguez, Ana Dolores Murillo Murillo, Martha Rosa Murillo Murillo,
María Virginia Murillo Murillo, Ana Luz Murillo Murillo, Noralba Murillo Murillo,

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Demetrio Flores Murillo Murillo, María Victoria Murillo Murillo y Ángel Crescencio
Murillo Murillo, así como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 131631 a 131636 de 15
de diciembre de 20211. Igualmente, el 28 de enero de 2022 se procedió a publicar
un aviso, en razón a que la parte demandante no allegó la información relacionada
con la notificación de Fredy Alexander Murillo Rodríguez, Víctor Hugo Murillo
Rodríguez, Ana Dolores Murillo Murillo, Martha Rosa Murillo Murillo, María Virginia
Murillo Murillo, Ana Luz Murillo Murillo, Noralba Murillo Murillo, Demetrio Flores
Murillo Murillo, María Victoria Murillo Murillo y Ángel Crescencio Murillo Murillo,
pese a los reiterados requerimientos realizados por la Secretaría General del
Consejo de Estado.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Tolima

En correo de 16 de diciembre de 2021, el magistrado ponente de la decisión
objeto de tutela pidió que se negaran las pretensiones de la acción de tutela, toda
vez que no se vulneraron los derechos fundamentales de la parte accionante ni se
incurrió en defecto alguno.

Afirmó que no se observa la configuración de los requisitos establecidos por la
Corte Constitucional para la procedencia de la acción de tutela contra una
providencia judicial, por cuanto la parte actora no demostró que con la decisión se
incurrió en: a) defecto material o sustantivo; b) en un defecto fáctico, c) en
violación directa de la Constitución; d) en un defecto al expedirse una decisión sin
motivación, pues la misma se sustentó en normas vigentes, aplicables al caso
concreto y conforme con el material probatorio allegado al plenario, ni existió una
indebida valoración probatoria, como lo sugiere la parte actora.

Por último, sostuvo que en contraposición a los argumentos expuestos por la parte
actora en el escrito de tutela, no se configura ninguno de los requisitos
establecidos por la Corte Constitucional para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, a lo que agregó que la decisión adoptada por ese
estrado judicial fue ajustada a derecho conforme con las normas jurídicas vigentes
y después de efectuar el análisis de los planteamientos desarrollados en la
demanda.

6.2. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación

En escrito de 28 de diciembre de 2021, la profesional de la Dirección de Asuntos
Jurídicos de la entidad solicitó que se declare la improcedencia de la acción, al
considerar que no cumple con los requisitos de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, entre esos, el de la inmediatez.

Adujo que en el fallo de 13 de mayo de 2021 se evidencia que el juez contó con
los elementos de juicio suficientes para emitir el fallo de segunda instancia y que
realizó una valoración adecuada de los mismos, lo que desvirtúa la configuración
de un defecto fáctico en la providencia objetada.

1
El accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes direcciones de
correo electrónico: silmarpil@cajar.org; auxreparacion@cajar.org, stadtol@cendoj.ramajudicial.gov.co;
sgtadmintol@notificacionesrj.gov.co,
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co,ces2secr@consejoestado.ramajudicial.gov.co,
juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co; jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co; jur.novedades@fiscalia.gov.co,
jadmin08ibe@notificacionesrj.gov.co; adm08ibague@cendoj.ramajudicial.gov.co

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Sostuvo que en el caso examinado no se cumplen satisfactoriamente las
condiciones constitucional y jurisprudencialmente reconocidas para el ejercicio de
la acción de tutela contra providencia judicial, toda vez que se incumple el
requisito relacionado con demostrar la configuración del defecto fáctico.

Indicó que la parte accionante pretende, a través de la solicitud de amparo, crear
una instancia adicional de un asunto que ya surtió su trámite, para establecer
confusión y proyectar que se transgreden derechos fundamentales, lo cual es
inconcebible por el carácter subsidiario que caracteriza el mecanismo
constitucional y por cuanto en ningún momento en el escrito de tutela se
demuestra vulneración a derecho fundamental alguno.

Señaló que en el presente asunto se observa que el Tribunal Administrativo del
Tolima al proferir el fallo de 13 de mayo de 2021, respetó cada una de las
garantías del accionante, en consecuencia, la Fiscalía General de la Nación
encuentra que en el caso examinado no hay una violación del derecho
fundamental al debido proceso.

Por último, manifestó que la acción de tutela fue radicada el 30 de noviembre de
2021 y la providencia atacada por la parte accionante mediante la presente acción
fue proferida el 13 de mayo de 2021, notificada por correo electrónico el 20 de
mayo de 2021, por lo que superó los (6) meses que, por regla general, se
consideran oportunos para interponer la acción de tutela contra providencias
judiciales.

6.3. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Ibagué y Fredy
Alexander Murillo Rodríguez, Víctor Hugo Murillo Rodríguez, Ana Dolores
Murillo Murillo, Martha Rosa Murillo Murillo, María Virginia Murillo Murillo,
Ana Luz Murillo Murillo, Noralba Murillo Murillo, Demetrio Flores Murillo
Murillo, María Victoria Murillo Murillo y Ángel Crescencio Murillo Murillo,
guardaron silencio, a pesar de que fueron debidamente notificados.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima el 13 de mayo de 2021, en el marco del proceso de
reparación directa que el señor Luis Antonio Murillo Murillo adelantó contra la
Fiscalía General de la Nación, vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la reparación
integral, al incurrir supuestamente en defecto fáctico, por no valorar
adecuadamente las pruebas del proceso penal, específicamente los testimonios
practicados en este, que demostraban que el señor Luis Antonio Murillo Murillo fue
sometido a una privación injusta de la libertad, al imponerle una medida de
aseguramiento que no cumplía con los requisitos de legitimidad, razonabilidad y
proporcionalidad, por lo que debió ser resarcido por los perjuicios causados.

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3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos2 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos3, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20124, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias
judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20145, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20056.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico7; (ii) Defecto procedimental absoluto8; (iii) Defecto
fáctico9; (iv) Defecto material o sustantivo10; (v) Error inducido11; (vi) Decisión sin

2
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
3
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
4
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
5
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
7
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia
para ello.
8
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
9
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
10
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
11
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

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motivación12; (vii) Desconocimiento del precedente13 y (viiii) Violación directa de
la Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo14 y de la Corte
Constitucional15.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia

La Sala encuentra que los requisitos generales de procedencia están cumplidos
en el asunto bajo estudio, por cuanto (i) goza de relevancia constitucional porque
está involucrada la supuestamente vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la
reparación integral, por la supuesta indebida valoración de las pruebas del
proceso penal en la decisión objeto de tutela; (ii) la providencia objetada se dictó
en el marco del recurso de apelación, por lo que los accionantes no cuentan con
otro mecanismo de defensa judicial; (iii) la solicitud de amparo, contrario a lo
manifestado por la Fiscalía General de la Nación, se instauró dentro de los seis (6)
meses16 establecidos como plazo razonable precisado por esta Corporación17,
razón por la cual se entiende superado el requisito de la inmediatez; (iv) los
hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera clara y (v) la acción no
es contra un fallo de la misma naturaleza.

4.2. La autoridad judicial demandada no incurrió en el defecto fáctico
alegado

4.2.1. La Sala hará referencia a los argumentos en los que se sustentó la decisión
objeto de tutela, en la que se confirmó el fallo de primera instancia que negó las
pretensiones tendientes a la declaratoria de responsabilidad extracontractual del

12
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
13
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
14
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7
de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de
2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
15
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.
P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
16
La providencia atacada se profirió el 13 de mayo de 2021 y se notificó mediante correo electrónico de 20 de mayo de
2020, mientras que la acción de tutela se instauró el 19 de noviembre de 2021, es decir, trascurridos seis (6) meses.
17
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo
de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.:
Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-10435-00
Actor: Luis Antonio Murillo Murillo y otro

Estado por la supuesta privación injusta de la libertad que sufrió el señor Luis
Antonio Murillo Murillo.

El Tribunal Administrativo del Tolima por sentencia de 13 de mayo de 2021,
revocó la decisión favorable de primera instancia, para, en su lugar, negar las
pretensiones del medio de control de reparación directa que instauraron los
accionantes contra la Nación, Fiscalía General de la Nación, con sustento en lo
siguiente:

“Bajo ese panorama jurisprudencial, es preciso advertir que no estamos frente a ningún
caso en que se configure causal de aplicación para el régimen objetivo, por cuanto, el
actor Luis Antonio Murillo Murillo fue vinculado a la investigación penal, la cual finalizó
con sentencia absolutoria en la que se concluyó que existían elementos de prueba que
permitían deducir la estructuración del comportamiento punible de concierto para
delinquir agravado, pero que el actuar del proceso se dio bajo la causa de ausencia de
responsabilidad de obrar bajo insuperable coacción ajena, lo que sin duda exige un
estudio dentro del régimen de responsabilidad subjetiva – falla del servicio.

En ese orden de ideas, corresponde en primer lugar, realizar el análisis de la
razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida que ordenó la detención
preventiva, y así determinar si el daño de la privación se configura antijurídico.

Cabe advertir que en el expediente se encuentran los siguientes documentos: i) la
Resolución del 14 de marzo de 2012 emitida por la Fiscalía 22 UNAT, mediante la cual
se resolvió la situación jurídica del actor y la imposición de la medida de aseguramiento;
ii) Resolución del 23 de abril de 2012 emitida por la Fiscalía 22 UNAT, mediante la cual
se decidió no revocar la medida de aseguramiento impuesta, iii) Resolución de acusación
del 29 de junio de 2012 emitida por la Fiscalía 22 UNAT, y iv) sentencia emitida el 31 de
diciembre de 2012 por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión de
Ibagué, dentro del proceso penal con radicación No. 73001-31-07-002-2012-00391-00;
actuaciones que fueron desarrolladas bajo la ritualidad de la Ley 600 de 2000, Código
vigente para la época de los hechos (año 2001), por lo que la investigación inicialmente
adelantada contra Luis Antonio Murillo Murillo por el delito de concierto para delinquir
agravado, fue manejada por la Fiscalía Veintidós de la Unidad Nacional contra el
Terrorismo, y en la etapa de juicio, le correspondió el conocimiento a la Rama Judicial en
cabeza del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Ibagué-
Tolima.

Ahora bien, surtida esa diligencia, es preciso señalar que, el inciso primero del artículo
354 de la misma Ley 600 de 2000, consagraba que la definición de la situación jurídica
debía llevarse a cabo en los eventos en que fuera procedente la detención preventiva, es
decir, en aquellos previstos en el artículo 357 del mismo cuerpo normativo, siendo estos,
los siguientes: i) que el delito tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda
de cuatro (4) años; ii) que la investigación se adelante por uno de los delitos enlistados
en el numeral segundo del artículo 357 del C.C.P; iii) que en contra del sindicado
estuviere vigente sentencia condenatoria ejecutoriada por delito doloso o
preterintencional con pena de prisión, siempre que conducta punible tenga asignada
pena privativa de la libertad.

Bajo esa consideración normativa, se encuentra probado que Luis Antonio Murillo Murillo
fue vinculado a la investigación penal del delito de concierto para delinquir agravado
previsto en el inciso 2 del artículo 340 de la Ley 599 de 2000, y en cumplimiento de los
artículos 336 y 357 del C.P.P., era obligatorio resolverle la situación jurídica al indagado
por tratarse de un delito en el que es procedente la medida de aseguramiento de
detención preventiva, toda vez que, según el inciso 2 del artículo 340 ibídem sin la
modificación de la Ley 733 de 2002, la pena del delito endilgado al actor era de prisión
de seis (6) a doce (12) años; por consiguiente, era una conducta que superaba una
posible pena de prisión mayor a los 4 años.

Encontrándose habilitado el ente investigador para imponer medida de aseguramiento, la
misma debe aplicarse siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en los
artículos 356 y 357 de la Ley 600 de 2000, estos son: i) que el sindicado fuera un sujeto
imputable, ii) que con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso
aparecieran por lo menos dos (2) indicios graves de responsabilidad, iii) que el sindicado
no hubiera actuado amparado en una causal de ausencia de responsabilidad – artículo
32 del Código Penal, y iv) que se presentara uno de los eventos contemplados en el

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Actor: Luis Antonio Murillo Murillo y otro

artículo 357 de la Ley 600 de 2000, al que anteriormente se hizo alusión, y que en el
presente asunto corresponde al señalado en el numeral primero, por cuanto el delito de
concierto para delinquir agravado tiene prevista una pena de prisión cuyo mínimo excede
de cuatro (4) años”.

Posteriormente, hizo referencia de los elementos materiales probatorios con que
contaba la Fiscalía General de la Nación al momento de imponer la medida de
aseguramiento, como las declaraciones de las señoras Rosalba Ballesteros de
Vásquez y María Elssy Rodríguez de Rodríguez, así como la de los señores Jaime
Rodríguez Guzmán, Enrique Rodríguez Vásquez, José de Jesús Vásquez
Rodríguez y Ricardo Vásquez Rodríguez, de las cuales concluyó lo siguiente:

“Es decir, que todas las declaraciones coinciden en que miembros de las AUC reunieron
a pobladores del municipio del Guamo en la residencia de Luis Antonio Murillo Murillo,
para informarles el candidato que iban apoyar para la Alcaldía de ese mismo municipio;
además, de la declaración de Jaime Rodríguez Guzmán y Enrique Rodríguez Vásquez,
se advierte que el aquí demandante fue citado junto con los Presidente de la Junta de
Acción Comunal del Guamo a una reunión con miembros de las AUC en el municipio de
San Luis y fue quien comunicó a estos últimos sobre la mencionada reunión; sin que
hasta ese momento se pueda inferir de las declaraciones transcritas que el actuar de
Luis Antonio Murillo estaba amparado bajo una causal de ausencia de responsabilidad,
como la insuperable coacción ajena.

(…)

En este punto, cabe mencionar que fue la primera oportunidad donde la defensa de Luis
Antonio Murillo, planteó que su actuar estuvo sujeto a intimidación y amenazas de
muerte por parte de las AUC; sin embargo, en la Resolución antes transcrita no se
evidencia que se hayan aportado nuevas pruebas por parte de la defensa, que
soportaran lo dicho por el propio sindicado y tampoco se aportó en esa instancia judicial
prueba suficiente que demuestre que en ese momento procesal la Fiscalía Veintidós
UNAT, pudo establecer la ocurrencia de una causal de ausencia de responsabilidad,
como la declarada en etapa de juzgamiento por parte del Juez Penal, pues, se recuerda
que las declaraciones que hasta ese momento se tenían y que fueron plasmadas en la
Resolución del 14 de marzo de 2012, establecen que miembros de las AUC reunieron a
pobladores del municipio del Guamo en la residencia de Luis Antonio Murillo Murillo, para
informarles el candidato que iban apoyar para la Alcaldía de ese mismo municipio; que el
aquí demandante fue citado junto con los Presidentes de la Junta de Acción Comunal del
Guamo a una reunión con miembros de las AUC en el municipio de San Luis y fue quien
comunicó a estos últimos sobre la mencionada reunión; pero hasta ese momento no
hicieron alusión a que el actuar del señor Murillo Murillo fue por intimidación o bajo
amenazas del grupo al margen de la ley.

Por el contrario, en la declaración de Jime Rodríguez Guzmán – Presidente de la Junta
de la Vereda Rincón Santo del Guamo – Tolima, este indicó que ‘a todos los presidentes
de Juntas de Acción Comunal de ese sector, nos hicieron ir al campamento que tenían
ubicado en el municipio de San Luis, (…) el señor encargado de darnos la comunicación
se llama LUIS ANTONIO MURILLO, no sé porque lo escogieron a él para darnos la
noticia, nunca me lo comentó, él vive en el sector centro, en esa época no era miembro
de la junta, pero estuvo en la reunión, (…)’, es decir, que con esta declaración no se
logra inferir que el aquí demandante, haya actuado bajo alguna situación de intimidación
o coacción ajena.

(…)

Conforme a lo anterior, se insiste que aunque para el momento en que la Fiscalía
Veintidós UNAT, profirió resolución de acusación y ratificó la medida de aseguramiento
de Luis Antonio Murillo Murillo, este último sostenía que su actuar obedeció a amenazas
recibidas en contra de su vida o la de algún miembro de su familia por parte de las AUC,
lo cierto es que las declaraciones fueron transcritas en las diferentes decisiones tomadas
por la Fiscalía y que sirvieron de soporte de las mismas, no corroboraron lo dicho por el
sindicado, solo hace alusión a que en la residencia de este, miembros de las AUC
realizaron una reunión con connotaciones políticas al instigar a la población a apoyar a
un candidato a la Alcaldía del Guamo, y que igualmente, el señor Murillo Murillo asistió
junto con los Presidentes de las Juntas de Acción Comunal a una reunión con miembros
de las AUC, la cual fue comunicada a los asistentes a través del hoy demandante.

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Actor: Luis Antonio Murillo Murillo y otro

Es decir, que hasta el momento en que la Fiscalía Veintidós UNAT profirió la resolución
de acusación en contra de Luis Antonio Murillo Murillo, no era posible a simple vista que
el este acusador determinará a la configuración de la casual de ausencia de
responsabilidad de insuperable coacción ajena, en el actuar del sindicado, pues, aunque
este afirmó que fue amenazado por parte del grupo al margen de la ley que operaba en
la zona, los medios de prueba con los que se respaldó de imponer la medida de
aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, esto es, las
declaraciones transcritas, solo daban cuenta del actuar del demandante que consistió
en: i) citar a los Presidentes de las Juntas de Acción Comunal a una reunión con
miembros paramilitares, ii) asistir a dicha reunión aun cuando no era miembro de la Junta
de Acción Comunal y iii) que en su residencia se llevara a cabo otra reunión con
pobladores del municipio del Guamo organizada por la AUC, todo ello, sin que se
precisara en esas mismas declaraciones que el demandante se encontraba bajo
amenazas, lo cual pudo evitar la imposición de medida de aseguramiento.

Pues bien, solo en la etapa de juzgamiento se logró determinar la configuración de la
causal de ausencia de responsabilidad de insuperable coacción ajena, al punto que la
Fiscalía en sus alegatos solicitó sentencia de carácter absolutorio, pues, en esa
oportunidad procesal se recepcionaron declaraciones en las que se precisó que el actuar
de Luis Antonio Murillo Murillo obedeció amenazas y la coacción de miembros
paramilitares que operaban en la zona, lo cual al valorarse de manera integral con
declaraciones de paramilitares que se desmovilizaron y que indicaban que para la época
de los hechos tenían dominio del municipio del Guamo y que no conocían al sindicado,
dio lugar a la absolución del procesado, al concluir el juez penal que aunque existían
pruebas de la estructuración del delito de concierto para delinquir, no ocurría lo mismo
con la responsabilidad del hoy demandante.

(…)

Además de lo anterior, constatándose la legalidad de la medida, al cumplir con los
requisitos determinados en las normas aplicables, era razonable y proporcional ante los
hechos y pruebas consolidadas para ese momento que la Fiscalía dispusiera la medida
de aseguramiento, pues no podía exigírsele al ente investigador que en dicha etapa
preliminar contara con la suficiencia probatoria propia de un juicio, para imponer la
medida restrictiva de la libertad, y en ese entendido la detención no resultaría,
ajustándose entonces, a los parámetros de orden constitucional y legal vigentes para el
momento de su imposición.

De acuerdo a ello, para la Sala, es indiscutible que la Fiscalía contó con medios de
pruebas suficientes que comprometían la responsabilidad de Luis Antonio Murillo Murillo
en la posible conducta punible de concierto para delinquir agravado, para así, por un
lado, imponer la medida de aseguramiento cumpliendo con la carga legal para su
imposición, siendo legítima, razonada y proporcional la decisión del ente investigador
para vincularlo al proceso penal, y luego, privado de su libertad; por otro lado, porque la
Fiscalía contó con las pruebas necesarias y suficientes para calificar el mérito del
sumario con acusación, basando su decisión en argumentos razonables, lógicos y
coherentes con el material probatorio hasta ese momento procesal”.

Al respecto, la autoridad judicial accionada consideró que la Fiscalía General de la
Nación contaba con los elementos de convicción suficientes para que en la etapa
de la indagación dictara una medida de aseguramiento contra el señor Luis
Antonio Murillo Murillo, sujeta a los criterios de legalidad, razonabilidad y
proporcionalidad, por lo que no se probó la existencia de un daño antijurídico que
el Estado estuviese en la obligación de resarcir.

4.2.2. Ahora bien, los accionantes consideraron que el tribunal accionado debió
analizar en debida forma las pruebas del proceso penal, específicamente los
testimonios que recaudó la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que
constatara que no existían los elementos de convicción necesarios para dictar la
medida de aseguramiento intramural, por lo que la privación a la que fue sometido
el accionante se tornaba en injusta, más aún cuando de estas no se evidenciaba
que este actuó bajo coacción o amenazas contras su vida por parte de grupos
paramilitares.

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Actor: Luis Antonio Murillo Murillo y otro

En torno al defecto fáctico, la Corte Constitucional ha considerado que se
configura cuando “(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas
al proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya
desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos
casos, que la prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal
trascendencia que sea capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos
supuestos es posible la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, de manera que cuando los mismos no
satisfagan estas exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de
situaciones que se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción”.

Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse el
defecto fáctico: 1) una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su
valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que
de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad
de los hechos analizados por el juez; 2) una dimensión positiva, que se presenta
generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de
lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar
porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador
desconoce la Constitución18, o cuando se dan por establecidas circunstancias sin
que exista material probatorio que respalde su decisión19.

Es decir que, dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el
debate probatorio o de la interpretación de las normas legales utilizadas para
resolver el caso. Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores
manifiestos del fallo, que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.

Al respecto, la Sala considera que en el presente asunto no se configura el defecto
fáctico alegado, en tanto el tribunal demandado analizó razonablemente las
pruebas del proceso penal, específicamente los testimonios rendidos por las
señoras Rosalba Ballesteros de Vásquez y María Elssy Rodríguez de Rodríguez,
así como la de los señores Jaime Rodríguez Guzmán, Enrique Rodríguez
Vásquez, José de Jesús Vásquez Rodríguez y Ricardo Vásquez Rodríguez,
quienes, contrario a lo manifestado por el demandante en el escrito de tutela,
asistieron a la reunión y se indicó que la persona encargada de comunicar a los
invitados sobre la asistencia obligatoria a las reuniones era el señor Murillo Murillo
y, además, verificó que se cumpliera con los criterios de legalidad, razonabilidad y
proporcionalidad de la medida de aseguramiento.

En efecto, se observa que la autoridad judicial accionada, en primer lugar, advirtió
que el presente asunto se debía abordar bajo el régimen de responsabilidad
subjetivo, pues el asunto no estaba inmerso entre los eventos que la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han señalado que
es válido aplicar el régimen objetivo. Posteriormente, procedió a verificar si la
medida de aseguramiento dictada por la Fiscalía General de la Nación estaba
acorde con el ordenamiento jurídico, es decir, artículos 355, 356 y 357 de la Ley
600 de 2000, norma aplicable en ese momento.

Luego, en la sentencia objetada se abordaron y estudiaron las pruebas con que la
Fiscalía General de la Nación contaba en la etapa de investigación, para lo cual el

18
Sentencia T-781 de 2011. M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
19
Sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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Actor: Luis Antonio Murillo Murillo y otro

tribunal constató que había declaraciones de personas que afirmaron que el
accionante era el encargado de invitar a la reunión en la que participaron
miembros de grupos paramilitares sin que alguno de estos precisara que el
accionante lo hacía bajo amenaza o coacción, por lo que se evidenciaba que el
señor Murillo Murillo estaba inmerso en la conducta punible de concierto para
delinquir agravado y, en consecuencia, la medida de aseguramiento se
encontraba ajustada a los parámetros de legalidad, razonabilidad y
proporcionalidad.

Adicionalmente, se observa que el Tribunal Administrativo del Tolima al estudiar
las pruebas aportadas, constató que fue hasta la etapa de juzgamiento del
proceso penal en la que se aportaron pruebas por la parte acusada que
demostraron que el señor Luis Antonio Murillo Murillo actuó bajo amenazas, al
punto que la misma fiscalía solicitó al juez penal que dictara sentencia absolutoria.

Ahora bien, la parte accionante manifestó que la autoridad judicial accionada no
valoró todo el proceso penal del cual se evidenciaba que al señor Murillo Murillo lo
amenazaron y este actuó con el fin de evitar la materialización de dicha amenaza.
20
Al respecto, es necesario aclarar que esta Sala ha manifestado reiteradamente
que las valoraciones que se efectúan en el proceso penal son distintas a aquellas
que se hacen en el contencioso administrativo, pues en el primero van
encaminadas a determinar si la conducta es típica, antijurídica y culpable. En
cambio, en el contencioso, en los casos de privación de la libertad se realiza un
análisis con elementos de juicio propios del dolo y la culpa civil, al punto que el
hecho de que no se declare la responsabilidad penal, no establece per se la
responsabilidad del Estado.

En efecto, la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, ha
precisado que al juez de la responsabilidad no le corresponde desvirtuar la
presunción de inocencia sino analizar la culpa civil, de modo que existe una
“separación entre la investigación penal y la absolución y la indemnización que
debe ordenar el juez de la responsabilidad del Estado, esto último siguiendo los
parámetros del artículo 90 Constitucional bajo los lineamientos de los artículos 2,
83 y 95 del mismo ordenamiento”21.

En ese mismo sentido, la Subsección “C” de la Sección Tercera de esta
Corporación22, indicó que:

“El Juez Administrativo tiene la posibilidad de apartarse de la sentencia penal, o su
equivalente, ya que no tiene incidencia ni efectos de cosa juzgada en el proceso
de reparación directa que se adelanta ante esta jurisdicción por cuanto

“…(i) las partes, el objeto y la causa en ambos procesos son diferentes: a través del
ejercicio de la acción penal, el Estado pretende la protección de la sociedad, con la
represión del delito y para ello investiga quién es el autor del mismo y cuál su
responsabilidad; a través del ejercicio de la acción de reparación, la víctima del daño
antijurídico pretende la indemnización de los perjuicios que le ha causado el Estado
con una acción que le sea imputable; (ii) los principios y normas que rigen ambos
procesos son, en consecuencia, diferentes, lo cual incide, entre otros eventos en los
efectos de las cargas probatorias, así: en el proceso penal la carga de la prueba de la

20
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 27 de agosto de 2020, exp. Nº 11001-03-15-000-2020-02585-00, C.P.
Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 22 de mayo de 2019, exp. Nº 11001-03-15-000-2018-04479-00, C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 5 de marzo de 2020, exp. Nº 11001-03-15-000-2019-05114-00, C.P. Julio Roberto
Piza Rodríguez.
21
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B” sentencia de 10 de mayo de 2018, exp. Nº 27001-23-31-000-2009-
00163-01, C.P. Stella Conto Díaz Del Castillo.
22
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 11 de julio de 2013, exp. Nº 66001-23-31-000-2006-
00083-01 (36.295) C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

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responsabilidad del sindicado la tiene el Estado, quien deberá desvirtuar la presunción
de inocencia que por mandato constitucional ampara a todas las personas; en tanto
que en la acción de reparación directa, quien finalmente soporta los efectos adversos
de la carencia de prueba de los elementos de la responsabilidad estatal es el
demandante, y (iii) el fundamento de la responsabilidad del Estado no es la culpa
personal del agente, sino el daño antijurídico imputable a la entidad; de tal manera que
aunque se absuelva al servidor por considerar que no obró de manera dolosa o
culposa, en los delitos que admiten dicha modalidad, el Estado puede ser condenado a
indemnizar el daño causado, bajo cualquiera de los regímenes de responsabilidad y, en
cambio, el agente puede ser condenado penalmente, pero el hecho que dio lugar a esa
condena no haber tenido nexo con el servicio. Adicionalmente, se observa que la
responsabilidad patrimonial del Estado no constituye el efecto civil de un ilícito penal,
por eso, no son aplicables las normas relacionadas con los efectos de la sentencia
penal absolutoria sobre la pretensión indemnizatoria que se formule en proceso
separado del penal. Ello por cuanto la responsabilidad del Estado, conforme a lo
previsto en el artículo 90 de la Constitución, se genera en los eventos en los cuales se
causa un daño antijurídico imputable a la entidad demandada, al margen de que ese
daño hubiera sido causado con una conducta regular o irregular”23.

Para esta Sala, la parte demandante no puede suponer que la absolución de
responsabilidad penal del investigado “constituya per se un veredicto automático
de responsabilidad extracontractual del Estado, y que, en sede contencioso
administrativa, se deba declarar que existió un daño atribuible a la administración,
por la privación de su libertad. Al decidir esta clase de asuntos, el juez
administrativo no puede prescindir del análisis de los hechos que rodearon la
decisión de la privación de la libertad, se insiste, sin incidir en su ya declarada
ausencia de responsabilidad penal”24.

Precisado lo anterior, se advierte que, la autoridad judicial accionada valoró las
pruebas del proceso penal, al punto que verificó el actuar de la Fiscalía General de
la Nación en la etapa de indagación y los elementos con los que contaba para
imponer la medida de aseguramiento al señor Murillo Murillo, cuestión diferente es
que en la etapa de juicio se demostrara que este actuó bajo coacción, lo que
conllevó que se dictara sentencia absolutoria, situación que no desconoce que la
decisión del ente acusador de imponer medida de aseguramiento no se sujetara a
los criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad establecidos en la Ley
600 del 2000, pues en la investigación había material probatorio que evidenciaba
que la reunión con grupos paramilitares se realizó en la propiedad del señor Luis
Antonio Murillo Murillo y que era el encargado de asegurarse su asistencia.

En ese orden de ideas, se evidencia que en la sentencia objetada se analizaron
las pruebas del proceso penal que resultaban relevantes para el caso concreto
con apego al principio de la sana crítica sin que se observe alguna interpretación
caprichosa o contraria a la ley y, además, se verificó el cumplimiento de los
criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad al momento en que se
impuso la medida de aseguramiento en contra del accionante, indistintamente si
con posterioridad se dictara sentencia absolutoria.

Así las cosas, la Sala considera que el Tribunal Administrativo del Tolima en la
sentencia objeto de reproche constitucional realizó un análisis razonable y
ajustado a derecho de las pruebas, sin que se configure el defecto fáctico alegado,
razón por la cual se negarán las pretensiones de la acción de tutela.

23
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de febrero de 2011, expediente 19123. En similar sentido se
encuentran las sentencias del 30 de julio de 2008, expediente 16572 y del 24 de marzo de 2011, expediente 17993.
24
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 5 de marzo de 2020, exp. Nº 11001-03-15-000-2019-05114-00, C.P.
Julio Roberto Piza Rodríguez.

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III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por el
señor Luis Antonio Murillo Murillo y la señora Cielo Ramírez Vega contra el
Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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