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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10571-00

Fecha
3 de febrero de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10571-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de tutela formulada por la señora Claudia Lorena Betancourt Suárez en contra del Tribunal Administrativo del Tolima, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma “SAMAI”. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-10571-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

3 de febrero de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2021-10571-00
Accionante: CLAUDIA LORENA BETANCOURT SUÁREZ

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Radicado: 11001-03-15-000-2021-10571-00
Accionante: CLAUDIA LORENA BETANCOURT SUÁREZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial / reparación
directa / privación injusta de la libertad / defecto
fáctico

ACCIÓN DE TUTELA - SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Claudia
Lorena Betancourt Suárez contra el Tribunal Administrativo del Tolima,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 333 de 2021 y demás
normas concordantes.

I. ANTECEDENTES

La señora Claudia Lorena Betancourt Suárez, actuando en nombre
propio, invoca la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial
efectiva, con fundamento en los siguientes:

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-10571-00
Accionante: CLAUDIA LORENA BETANCOURT SUÁREZ

1. Hechos

1.1. La accionante1 instauró medio de control de reparación directa
contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les
declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios sufridos con
ocasión de la privación de la libertad de que fue víctima su esposo, el
señor Ulises Avendaño Guzmán, durante 5 meses y 26 días.

1.2. El Juzgado Once Administrativo de Ibagué, mediante sentencia
del 28 de febrero de 2019, declaró probada la excepción de culpa
exclusiva de la víctima y negó las pretensiones de la demanda.

1.3. Apelada la decisión, el Tribunal Administrativo del Tolima a través
de providencia del 13 de mayo de 2021, confirmó lo resuelto por el a
quo, al considerar que en el proceso penal existían serios indicios
razonables para endilgarle responsabilidad penal al señor Avendaño
Guzmán, entre ellos, ciertos elementos materiales probatorios
recaudados en la diligencia de allanamiento de su residencia, por lo que
la medida restrictiva de la libertad estuvo debidamente sustentada y
justificada en criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

2. Fundamentos de la acción

Manifiesta que tanto el juzgado como el tribunal erraron al liberar de
responsabilidad a las entidades demandadas, en tanto no hicieron un
análisis de imputación adecuado a los criterios fijados por el Consejo
de Estado, que exigen examinar el carácter de injusto de la privación
de la libertad padecida por el señor Avendaño Guzmán bajo los criterios
de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de

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Actuaron también, como demandantes, el señor Ulises Avendaño Guzmán y sus hijas.
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-10571-00
Accionante: CLAUDIA LORENA BETANCOURT SUÁREZ

aseguramiento, puesto que se limitaron a trascribir apartes de la
sentencia de unificación, pero sin valorar adecuadamente las pruebas
aportadas, de las que no era dable establecer la participación directa o
indirecta del señor Avendaño Guzmán en la comisión de los hechos
materia de investigación.

Señala, además, que no es de recibo que en sede de reparación directa
se “prejuzgue” cuando ello ya se hizo en el trámite procesal penal, en
el cual el señor Avendaño Guzmán fue absuelto, y en el que, por demás,
se hizo referencia a una serie de elementos materiales probatorios que
no tenían relación directa o indirecta con su conducta y menos aún que
indicaran exigencias económicas ilícitas en el marco del delito por el
que se le privara de la libertad, lo que indica que la medida de
aseguramiento no cumplió con los requisitos de razonabilidad y
proporcionalidad.

En suma, sostiene que en el proceso penal se rompió el principio de
igualdad ante las cargas públicas, pues aunque la Fiscalía tuviera
información de una supuesta participación en la comisión de los delitos
de extorsión en el grado de tentativa y concierto para delinquir con
fines extorsivos, “es claro que, en el ejercicio de su misión
constitucional debió ahondar en la identificación clara y expresa del
indiciado, es decir, de ULISES AVENDAÑO; de suerte que en el mismo
sentido, al legalizar su captura y posteriormente disponerse de la
imposición de una medida de aseguramiento, el Juez de la causa
también debió establecer, en razón de las evidencias presentadas, la
posible autoría del demandante en el delito que se le imputaba, pues
no es posible que se tome a la ligera la restricción del derecho
fundamental a la libertad, pilar del Estado Social de Derecho”.

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Accionante: CLAUDIA LORENA BETANCOURT SUÁREZ

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, solicita:

«2.1. Que se me protejan los derechos fundamentales a la igualdad vulnerados por la
decisión adoptada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y JUZGADO
11 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ, Despachos que resolvieron
adversamente las pretensiones de la demanda de acción de reparación directa promovida
por el aquí suscrito y en contra de LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.

2.2. Ordenar que se deje sin efecto la sentencia de segunda instancia del 13 de mayo de
2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Tolima, ordenándole que emita nueva
decisión, graduando la responsabilidad de las entidades demandadas en la producción del
daño y tasando los perjuicios, conforme a lo probado en el proceso».

4. Intervenciones

Mediante auto del 3 de diciembre de 2021, se admitió la acción de tutela
de la referencia y se ordenó notificar al Juzgado Once Administrativo
del Circuito de Ibagué y al Tribunal Administrativo del Tolima como
accionados y a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y a la Fiscalía General de la Nación como
terceros interesados en las resultas del proceso.

4.1. El juez Once Administrativo de Ibagué se opuso a la
prosperidad de la acción de tutela, argumentando que lo que pretende
el accionante es reabrir un debate probatorio que fue debidamente
clausurado, en el cual se analizaron, bajo los criterios de la sana crítica,
las pruebas aportadas al proceso, de las cuales pudo establecer que las
entrevistas realizadas a 3 personas que reconocieron en fila de
personas al señor Avendaño Guzmán como una de las personas que se
había acercado a los establecimientos de comercio haciendo
cotizaciones, y las evidencias como consignaciones, varias sim card y
directorios de diferentes ciudades encontradas en la diligencia de
allanamiento a su residencia, le permitían a las autoridades penales

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Accionante: CLAUDIA LORENA BETANCOURT SUÁREZ

contar con los indicios suficientes para imponer la medida privativa de
la libertad, lo que descarta su carácter de injusto.

4.2. La Fiscalía General de la Nación señaló que la presente acción
de tutela es improcedente, toda vez que no se sustentó adecuadamente
el defecto fáctico que se le atribuye a la providencia del 13 de mayo de
2021 y, por el contrario, de la misma se advierte un análisis suficiente
y razonable de las evidencias aportadas al proceso de reparación
directa.

4.3. El Tribunal Administrativo del Tolima, a través del
magistrado ponente de la decisión cuestionada, se opuso a la
prosperidad de la presente demanda de tutela, toda vez que lo
pretendido por la accionante es reabrir un debate jurídico y probatorio
debidamente clausurado, lo que riñe con el carácter subsidiario y
residual de la acción constitucional.

4.4. No se rindieron más informes.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:

• ¿La presente solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se determinará:

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Accionante: CLAUDIA LORENA BETANCOURT SUÁREZ

• ¿El Tribunal Administrativo del Tolima, al proferir la sentencia del
13 de mayo de 2021 mediante la cual negó la indemnización de
los perjuicios derivados de la privación de la libertad sufrida por
el señor Ulises Avendaño Guzmán, incurrió en un defecto fáctico
y, por tanto, en la vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia y tutela
judicial efectiva?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar i) el marco conceptual de la acción de tutela contra
providencias judiciales; ii) el cumplimiento de los requisitos generales
de procedencia; iii) el marco conceptual del defecto fáctico; y iv) el caso
concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le
impone.

2 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
3
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-
01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
6

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Accionante: CLAUDIA LORENA BETANCOURT SUÁREZ

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino
en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de
tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente
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Accionante: CLAUDIA LORENA BETANCOURT SUÁREZ

únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la
actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al
verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto
sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error
inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la
Constitución y (vi) desconocimiento del precedente.

2.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional
cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

2.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración como los derechos quebrantados se encuentran
plenamente individualizados.

2.1.2. Así mismo, se observa que las providencias objeto de tutela
carecen de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el
amparo constitucional.

2.1.3. Se advierte, igualmente, que la interposición del mecanismo
constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», contado
desde la fecha de notificación de la sentencia cuestionada (25 de mayo
de 2021) hasta la radicación de la acción de tutela (23 de noviembre
de 2021).

2.1.4. Finalmente, el asunto a resolver es de marcada relevancia
constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible
vulneración iusfundamental como consecuencia del defecto fáctico en
que presuntamente incurrió la autoridad judicial cuestionada.

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Accionante: CLAUDIA LORENA BETANCOURT SUÁREZ

2.2. Defecto fáctico

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico
se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre
el particular la Corte Constitucional 4 ha identificado dos dimensiones en
las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa 5, que ocurre cuando el juez niega o valora
la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su
valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta
dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados
por el juez.

b. Una dimensión positiva6, que se presenta generalmente cuando
el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo
resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni
valorar.

Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención
del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural
es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto
fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de
los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el
ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual y
conjunto de los elementos probatorios»7.

4 Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010,

T-311 de 2009, entre otras.
5 Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.
6
Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
7 Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-10571-00
Accionante: CLAUDIA LORENA BETANCOURT SUÁREZ

En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa
realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

3. Caso concreto

En el presente asunto, la señora Claudia Lorena Betancourt Suárez
cuestiona la providencia del 13 de mayo de 2021 mediante la cual el
Tribunal Administrativo del Tolima confirmó el fallo que resultó adverso
a las pretensiones de la demanda de reparación directa instaurada por
la privación de la libertad sufrida por el señor Ulises Avendaño Guzmán
durante 5 meses y 26 días.

Al efecto, sostiene que dicha providencia adolece de defecto fáctico,
toda vez que no se analizó adecuadamente las pruebas aportadas al
proceso, que daban cuenta del rompimiento de las cargas públicas
sufrido al interior del proceso penal, puesto que los indicios que
supuestamente sustentaron la privación de la libertad, realmente no
dieron cuenta de la participación directa o indirecta del señor Avendaño
Guzmán en la comisión del delito, lo que se corroboró con la decisión
absolutoria tomada posteriormente.

De acuerdo con las piezas procesales que reposan en el expediente, la
Sala observa que la decisión adversa a las pretensiones de la demanda
de reparación directa, tuvo como sustento que aun cuando, en
principio, al señor Ulises Avendaño Guzmán no era dable exigirle asumir
la investigación penal durante el tiempo en que estuvo privado de la
libertad – 5 meses y 26 días –, el juicio de reparación implica, también,
analizar si este incurrió en alguna conducta dolosa o gravemente
culposa que diera lugar a la imposición de la misma.

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-10571-00
Accionante: CLAUDIA LORENA BETANCOURT SUÁREZ

En ese escenario, el Tribunal estableció que las entrevistas realizadas
a las víctimas del daño que dio lugar al inicio de la investigación penal,
el reconocimiento que estas hicieren en fila de personas y las evidencias
encontradas en la residencia del señor Avendaño Guzmán, tales como
celulares, directorios telefónicos, varias sim card, comprobantes de
consignación, entre otros, les permitía a las autoridades penales inferir
razonablemente su participación o autoría en la conducta delictiva, así
como la necesidad y proporcionalidad exigidos en los artículos 308 y
313 de la Ley 906 de 2004, lo que descartaba que dicho daño fuera
antijurídico e imputable a las autoridades demandadas.

Así lo expuso el Tribunal:

«Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, estima el Tribunal que atendiendo las
circunstancias propias del presente caso, si existían serios indicios para endilgar
responsabilidad penal en contra del señor ULISES AVENDAÑO GUZMAN, al momento
que se decidiera sobre la procedencia de la imposición de la medida de aseguramiento en
Establecimiento Carcelario, en razón a que algunos de los delitos por el cual fueron
investigados (CONCIERTO PARA DELINQUIR CON FINES EXTORSIVOS Y
TENTATIVA DE EXTORSIÓN (…), superaban la pena de cuatro años de prisión, sumado
a que fue imputada con concierto para delinquir, lo cual aumentaba el quantum punitivo.

(…)

Además, las propias versiones de los denunciantes y las posteriores investigaciones por
parte de la Policía Judicial en la recolección del material probatorio que fue encontrado en
la residencia del actor, dieron lugar al inicio de la investigación en su momento,
constituyeron un indicio grave de responsabilidad en contra del investigado penalmente, lo
cual tuvo mayor incidencia frente a la solicitud del ente investigador para que se impusiera
la medida de aseguramiento de carácter intramural y que la misma, hubiese sido decretada
por el Juez de Control de Garantías, independientemente, que surtiendo el proceso, se
hubiese considerado que no existía mérito para condenar al señor ULISES AVENDAÑO
GUZMAN, del delito endilgado.

En este sentido, reitera el Tribunal que atendiendo las circunstancias propias del presente
caso, si existían serios indicios para endilgar responsabilidad penal en contra del señor
ULISES AVENDAÑO GUZMAN, y por ello en su momento, haberle dictado medida de
aseguramiento, la cual es menester resaltar que si no estaban de acuerdo, contaron con la
oportunidad de recurrirla, lo cual no sucedió. A su vez, atendiendo los requisitos previstos
en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004, la medida de aseguramiento impuesta al actor,
estuvo ajustada a los parámetros legales y jurisprudenciales, máxime, cuando su libertad se
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Accionante: CLAUDIA LORENA BETANCOURT SUÁREZ

dio por vencimientos de términos y no por alguna irregularidad procesal durante su
detención.

Así las cosas, en cuanto a la responsabilidad de la administración respecto a la comisión
del daño que se endilga en su contra, considera el suscrito que en el sub judice no se puede
predicar una conducta contraria a derecho por parte de las entidades demandadas, en tanto
la medida de aseguramiento a que fue sometido en su momento el señor ULISES
AVENDAÑO GUZMAN, estuvo plenamente sustentada tanto en la normatividad que
regula el procedimiento a seguir en el tipo de investigación a que estaba siendo sometido,
como en el material probatorio que fue exhibido por la Fiscalía ante el juez de control de
garantías.

En este punto, resulta conveniente resaltar que son diferentes los requisitos que exige la
norma para la imposición de la medida de aseguramiento a los que se requieren para calificar
de mérito el sumario para condenar, pues es claro que para este último escenario, es preciso
que haya ausencia de duda, en tanto que, la imposición de la medida de aseguramiento, no
está sujeta a una prueba irrefutable de la responsabilidad penal de la persona investigada,
sino, que medie escrito de la autoridad judicial competente, que reúna los presupuestos
establecidos en la ley procesal para solicitarla.

Bajo esta premisa, concluye la Corporación, que las decisiones adoptadas por el Juez de
Control de Garantías, estuvieron sustentadas sobre los principios constitucionales de
razonabilidad y proporcionalidad, criterios que deben ser revisados tal y como lo dijo el
reciente pronunciamiento nuestro Máximo Órgano de Cierre, en virtud a que para ese
momento procesal fueron aportados elementos de juicio que gozaban de credibilidad para
la legalización de la captura, la imputación de cargos en contra del señor ULISES
AVENDAÑO GUZMAN, así como para la imposición de la medida de aseguramiento
intramural, puesto que se podía inferir razonablemente que el demandante estaba implicado
en los hechos materia de investigación penal.

Por tal razón, al no evidenciarse una conducta negligente o en su defecto, constitutiva de
falla en el servicio, no es posible predicar la existencia de responsabilidad de las entidades
demandadas, pues como se indicó en apartados anteriores, la carga impuesta al hoy
demandante en ningún momento fue lesiva, injusta o desproporcionada, teniendo en cuenta
los derechos fundamentales en conflicto, los cuales ameritaban la restricción del derecho a
la libertad del señor AVENDAÑO GUZMAN, hasta tanto se resolviera de manera definitiva
su situación jurídica.

Lo anterior permite a la Sala entender que la decisión proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima se sustentó en un análisis integral
del material probatorio aportado al proceso de reparación directa, del
cual estableció que las autoridades que impusieron la medida de
aseguramiento al señor Avendaño Guzmán sí contaron con elementos
suficientes que les permitieran “inferir razonablemente” su autoría o

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Accionante: CLAUDIA LORENA BETANCOURT SUÁREZ

participación en la conducta delictiva objeto de investigación así como
la proporcionalidad y razonabilidad de la medida, como lo exige la Ley
906 de 2004 en relación con la procedencia de la misma.

Así pues, el contexto descrito permite a la Sala colegir que el reproche
que plantea la accionante en esta sede constitucional tiene como
sustento su divergencia de criterio en la apreciación y valoración del
mismo conjunto de pruebas, las cuales, en su entender, no podrían
haber dado lugar a la restricción de la libertad de que fue objeto el
señor Avendaño Guzmán, argumento que no resulta suficiente para
estructurar el defecto fáctico endilgado, puesto que para que ello ocurra
es necesario que se demuestre que el juez de instancia se haya
separado por completo de los hechos probados, situación que no se
muestra evidente en este asunto.

De esta manera, comoquiera que la decisión del Tribunal Administrativo
del Tolima contiene una carga argumentativa suficiente y razonable,
sustentada en las pruebas legalmente practicadas en el proceso, no es
dable considerarla como constitutiva de defecto fáctico, pues, por el
contrario, corresponde al ejercicio de la función prevista a cargo de los
jueces, conforme se deduce del contenido normativo de los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial.

De esta manera, se concluye que la posición jurídica asumida por el
Tribunal Administrativo del Tolima constituye un ejercicio razonable de
la actividad judicial, lo que descarta que con la misma se vulneraran
los derechos fundamentales invocados por la accionante, lo que impone
a esta Sala negar el amparo deprecado.

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-10571-00
Accionante: CLAUDIA LORENA BETANCOURT SUÁREZ

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de tutela formulada por la señora
Claudia Lorena Betancourt Suárez en contra del Tribunal
Administrativo del Tolima, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

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