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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-10931-01

Fecha
14 de julio de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-10931-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Seccional Ibagué. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 21 de abril de 2022, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-10931-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

14 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022)

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10931-01
Accionante: ULISES AVENDAÑO GUZMÁN
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE
REVOCA FALLO IMPUGNADO. SE NIEGA ACCIÓN DE TUTELA
– No se configuran los defectos denunciados en el sub examine.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra de la
sentencia de 21 de abril de 2022, proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El ciudadano Ulises Avendaño Guzmán solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
tutela efectiva, cuya vulneración atribuyó a las sentencias de 28 de febrero de 2019
y de 18 de mayo de 2021, proferidas, respectivamente, por el Juzgado Once
Administrativo del Circuito de Ibagué y por el Tribunal Administrativo del
Tolima, dentro del medio de control de reparación directa No. 73001-33-33-752-
2015-00128-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que, por solicitud del Fiscal No. 31 Local del Líbano, el Juzgado Tercero
Promiscuo Municipal del Líbano emitió orden de captura en su contra por su presunta
participación en los delitos de extorsión en grado de tentativa y concierto para delinquir
con fines extorsivos.

2.2. Afirmó que fue capturado el 7 de enero de 2009 y presentado ante el Juzgado
Segundo Penal Municipal de Honda con Funciones de Control de Garantías, autoridad
judicial que le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10931-01
Accionantes: Ulises Avendaño Guzmán

2.3. Indicó que recuperó su libertad el 3 de julio de 2009 por vencimiento de términos,
y que estuvo privado de su libertad por el término de cinco meses y veintiséis días.

2.4. Señaló que, mediante fallo de 10 de julio de 2013, el Juzgado Segundo Penal del
Circuito Especializado de Ibagué lo absolvió de los delitos que le fueron imputados.

2.5. Manifestó que, junto a su grupo familiar, promovió el medio de control de reparación
directa en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y de la Nación – Fiscalía General de la Nación, para
que le fueran reparados los daños padecidos con ocasión de la privación injusta de
la libertad que padeció.

2.6. Expuso que, mediante sentencia de 28 de febrero de 2019, el Juzgado Once
Administrativo del Circuito de Ibagué negó las pretensiones de la demanda,
luego de considerar que no se acreditaron los elementos de la responsabilidad
extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad.

2.7. Señaló que la sentencia de primera instancia fue confirmada, a través de fallo de
de 18 de mayo de 2021, por el Tribunal Administrativo del Tolima.

2.8. Con base en todo lo anterior señaló que las sentencias de 28 de febrero de 2019
y de 18 de mayo de 2021 incurrieron en un defecto fáctico «derivado de los graves
y protuberantes errores en la apreciación de las pruebas que se arrimaron a la
actuación».

III. PRETENSIONES

3. De acuerdo con el escrito de tutela, la parte accionante formuló las siguientes
pretensiones:

[…] 2.1. Que se me protejan los derechos fundamentales a la igualdad
vulnerados por la decisión adoptada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
TOLIMA Y JUZGADO 11 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ,
Despachos que resolvieron adversamente las pretensiones de la demanda de
acción de reparación directa promovida por el aquí suscrito y en contra de LA
NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.

2.2. Ordenar que se deje sin efecto la sentencia de segunda instancia del 13 de
mayo de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Tolima, ordenándole
que emita nueva decisión, graduando la responsabilidad de las entidades
demandadas en la producción del daño y tasando los perjuicios, conforme a lo
probado en el proceso […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. La Sección Quinta de esta Corporación, a través del consejero a cargo de la
sustanciación del proceso y mediante el auto de 3 de diciembre de 2021, admitió la

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Accionantes: Ulises Avendaño Guzmán

presente acción de tutela en contra del Juzgado Once Administrativo del Circuito
de Ibagué y del Tribunal Administrativo del Tolima. Igualmente, ordenó la
vinculación, en calidad de terceros con interés en el resultado del proceso, «al fiscal
General de la Nación, al director Ejecutivo de Administración Judicial así como, a la
señora Claudia Lorena Betancourt Suárez (cónyuge) y, a las menores hijas del
accionante Valery Ximena y Mariana Avendaño Betancourt».

5. Posteriormente y mediante auto de 21 de febrero de 2022, el consejero a cargo
de la sustanciación del proceso de la Sección Quinta de esta Corporación ordenó
remitir el presente expediente al Despacho a cargo del doctor Gabriel Valbuena
Hernández, magistrado de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado para que estudiara de su posible acumulación al proceso de tutela No.
11001-03-15-000-2021-10571-00.

6. A través de auto de 4 de marzo de 2022, el consejero a cargo de la sustanciación
del proceso de la Sección Segunda – Subsección A de esta Corporación negó la
acumulación del proceso y avocó el conocimiento de la presente acción de tutela.

V. INTERVENCIONES

7. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas y vinculadas, se
produjeron las siguientes intervenciones:

7.1. ElTribunal Administrativo del Tolima, por conducto del magistrado
sustanciador del proceso, rindió informe en el que solicitó negar las pretensiones de
la presente acción de amparo porque no era cierto que en la decisión tutelada se
hubiese incurrido en un defecto fáctico; para demostrar la afirmación anterior
transcribió la totalidad de la providencia enjuiciada.

7.2. El Juez Once Administrativo del Circuito de Ibagué rindió informe en el que
solicitó que se negaran las pretensiones de amaro, luego de considerar que «no se
materializó la vulneración de derecho fundamental alguno».

7.3. Asimismo, adujo que la valoración probatoria efectuado por el despacho a su
cargo fue razonable, integral y ajustada a las reglas de la sana crítica.

7.4. Por último, señaló que en el proceso de tutela No. 11001-03-15-000-2021-10571-
00 esta Corporación, mediante la sentencia de 3 de febrero de 2022, resolvió una
acción de tutela idéntica a esta, por lo que solicitó que se ordene estarse a lo
resuelto en el referido fallo.

7.5. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Seccional Ibagué, a
través de su apoderado judicial, solicitó la desvinculación de la entidad por la falta
de legitimación en la causa por pasiva en el sub examine.

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Accionantes: Ulises Avendaño Guzmán

7.6. Además, señaló que la acción de tutela no cumplía con el requisito de inmediatez
debido a que habían transcurrido más de seis meses desde que se notificó la
decisión objeto de tutela.

7.7. La Fiscalía General de la Nación, a través de la dirección de asuntos jurídicos
de la entidad, solicitó que negaran las pretensiones de la presente acción de tutela:
(i) porque el accionante no sustentó en cuál causal de procedibilidad se incurrió en
las decisiones tuteladas, y (ii) dado que la acción de tutela no superaba el requisito
de subsidiariedad.

VI. FALLO IMPUGNADO

8. LaSubsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, mediante
sentencia de 21 de abril de 2022, dispuso estarse a lo resuelto en el fallo de 3 de
febrero de 2022, proferido por esa misma autoridad judicial en el proceso de tutela
No. 11001-03-15-000-2021-10571-00.

9. Como fundamento de lo anterior señaló lo siguiente:

[…] En este contexto, la Sala debe precisar que sobre el reproche que expone
el señor Ulises Avendaño Guzmán ya efectuó pronunciamiento en el marco
de la acción de tutela que presentara el 23 de noviembre de 2021 la señora
Claudia Lorena Betancourt Suárez contra el Tribunal Administrativo del
Tolima, que cursó bajo el radicado N.º 11001-03-15-000-2021-10571-00,
puesto que dicha demanda, además de dirigirse contra la misma
providencia, es idéntica a la que ahora ocupa la atención de la Sala.

(…)

Así las cosas, comoquiera que el señor Ulises Avendaño Guzmán expone
los mismos argumentos que ventilara su esposa, la señora Claudia
Lorena Betancourt Suárez en la tutela que radicara, incluso, un día
después de la presentación de esta demanda (23 de noviembre de 2021),
puesto que se trata de idéntico escrito en el que se le atribuyó al Tribunal
Administrativo del Tolima haber incurrido en defecto fáctico, la Sala
dispondrá estarse a lo dispuesto en la sentencia del 3 de febrero de 2022
que negó el amparo constitucional deprecado, en tanto no se encontró
acreditado el defecto fáctico alegado y se advirtió, por el contrario, un
ejercicio razonable y ponderado del ejercicio de la actividad judicial.

Lo anterior no obsta para prevenir a los accionantes para que, en lo sucesivo,
se abstengan de incurrir en las conductas evidenciadas en este proceso de
acudir de manera separada al juez constitucional, máxime cuando se puede
inferir que recibieron asesoría jurídica especializada, si se tiene en cuenta que
en ambas demandas de tutela se registró como dirección electrónica de
notificaciones sscolectivodeabogados@hotmail.com y las dos se radicaron con
un día de diferencia, y sin que sobre dichas circunstancias hicieran referencia
alguna, lo que podría atentar contra la lealtad procesal que debe imperar en las
actuaciones judiciales […].

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Accionantes: Ulises Avendaño Guzmán

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

10. El accionante impugnó la decisión de primera instancia y como fundamento de
su impugnación se limitó a reiterar los argumentos expuestos en la acción tutela
que, en síntesis, fueron los siguientes:

[…] Después de realizar el estudio de la sentencia impugnada de cara a las
pruebas arrimadas al proceso, con todo respeto afirmamos categóricamente
que ella resulta errada en cuanto que la solución de la controversia planteada
a partir de la demanda, resulta diametralmente opuesta a lo que realmente se
probó en el proceso. No se entiende cómo la sentencia de primera y segunda
instancia procesal, para liberar de responsabilidad a las demandadas, admite
como probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima, cuando a la
actuación se arrimaron las pruebas necesarias para demostrar que la situación
fáctica que sirvió de base para afectar con medida de aseguramiento de
detención preventiva en establecimiento carcelario al aquí suscrito, fue creada
artificialmente por los funcionarios de la Policía Nacional que participaron en el
procedimiento policivo que dio con la aprehensión del mencionado ciudadano
[…].

11. Aunado a lo anterior, el impugnante también señaló que: (i) a la luz de la
jurisprudencia de esta Corporación se configura una privación injusta de la libertad,
cuando un ciudadano es privado de su libertad y posteriormente es absuelto; (ii) se
encontraba acreditado el error judicial y la arbitrariedad de la autoridad penal cuando
ordenó su detención preventiva; (iii) no se cumplieron los presupuestos de la Ley
906 de 2004 para decretar la medida de aseguramiento; (iv) el juez contencioso y
el juez constitucional en primera instancia usurparon las funciones de la jurisdicción
ordinaria especialidad penal, y, por último, (v) insistió en que se incurrió en un
defecto fáctico en la valoración de las pruebas que obraban en el expediente. Al
respecto señaló:

[…] Descendiendo al caso que nos ocupa y colocándonos en el anterior
contexto, forzoso es admitir que, el JUZGADO 11 ADMINISTRATIVO DEL
TOLIMA, se equivocó al liberar de responsabilidad a las entidades demandadas
comoquiera que, dicha corporación no hace un análisis de la imputación en
materia administrativa apoyada en la normatividad penal aplicable a nuestro
caso en particular, que si bien trae a colación la sentencia de unificación y
subsiguientes, no hiciera lo que a colación trae la misma, es decir, que la misma
exigía que se examinara el carácter de lo injusto de la privación de la libertad
que padeciera en la humanidad ULISES AVENDAÑO GUZMÁN analizando los
criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de
aseguramiento y este JZUGADO [sic] y EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
TOLIMA solo trascribieron apartes de la sentencia sin escuchar los audios de
las pruebas allegadas al proceso, pues de haberlo hecho juiciosamente habría
coincidido la inocencia del aquí suscrito y por ende, el derecho a ser
indemnizado por su error de haberme privado de la libertad […].

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Accionantes: Ulises Avendaño Guzmán

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia

12. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación,
en virtud de lo previsto en el artìculo 31 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de
19911, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20212 y
en armonía con el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, respecto de la distribución
de negocios al interior de las secciones del Consejo de Estado.

VIII.2. Cuestiones previas

VIII.2.1. De la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – Seccional Ibagué

13. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Seccional Ibagué solicitó
su desvinculación del presente trámite constitucional, por cuanto carece de
legitimación en la causa por pasiva para comparecer.

14. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 2006, señaló:

[…] La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le
atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la
reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión
de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción […].

15. En este contexto, la Sala considera que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – Seccional Ibagué, al haber sido parte demandada
dentro del proceso de reparación directa N° 73001-33-33-752-2015-00128-00/01, sí
le asiste la legitimación en la causa en el presente asunto.

16. Confundamento en las anteriores premisas, la Sala negará la solicitud de
desvinculación propuesta por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
– Seccional Ibagué.

1
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
2
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10931-01
Accionantes: Ulises Avendaño Guzmán

VIII.2.2. De la cosa juzgada constitucional en el sub examine

17. En el fallo impugnado se advirtió que en el proceso de tutela No. 11001-03-15-
000-2021-10571-00 se había analizado un escrito de amparo idéntico al radicado
por el señor Ulises Avendaño Guzmán. Como consecuencia de ello, el a quo
declaró estarse a lo resuelto en la sentencia de 3 de febrero de 2022.

18. Vale la pena aclarar que en el escrito de impugnación el actor no controvirtió este
aspecto de la providencia, sino que se limitó a reiterar los argumentos expuestos en
su escrito de tutela. Sin embargo, esta Sección considera que, previamente a
analizar los argumentos que expuso el accionante en su escrito de impugnación,
resulta indispensable determinar si en el sub examine se configuró o no la cosa
juzgada.

19. Al respecto, se pone de relieve que la Corte Constitucional ha sostenido que en
aquellos eventos en los que se configure la cosa juzgada se «impide volver a
pronunciarse sobre un asunto ya decidido y, por lo tanto, impone estarse a lo
resuelto en la sentencia anterior»3.

20. La institución procesal de la cosa juzgada constitucional ha sido ampliamente
estudiada por la Corte Constitucional4 en el sentido de señalar que el objetivo de
dicha figura consiste en dotar de la calidad de inmutables, vinculantes y definitivas
a las decisiones proferidas por las autoridades judiciales con ocasión de los
procesos de tutela, con lo cual se garantiza la finalización de las controversias, así
como la seguridad jurídica.

21. De manera que a través de la cosa juzgada constitucional se previene,
fundamentalmente, la existencia de decisiones judiciales contradictorias. En tal
sentido, la Corte Constitucional ha visto en esta figura un límite legítimo al ejercicio
de la acción de amparo, en la medida en que ningún ciudadano se encuentra
facultado para promover dos o más veces una solicitud de tutela fundamentada
sobre los mismos hechos.

22. En virtud de lo anterior, la Corte Constitucional ha indicado que en materia de
acciones de tutela: «una providencia pasa a ser cosa juzgada constitucional frente
a otra cuando existe identidad de objeto,5 de causa petendi6 y de partes.7
Específicamente, las decisiones proferidas dentro de un proceso de amparo

3
Corte Constitucional. Sentencia C – 222 de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
4
Al respecto ver las sentencias SU – 055 de 2018,
5
“es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada.
Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o
sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que
no fueron declarados expresamente”. Sentencia C-774 de 2001.
6
“es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como
sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis
de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder
a fallar sobre la nueva causa.” Sentencia C-774 de 2001.
7
“es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión
que constituye cosa juzgada. Cuando la cosa juzgada exige que se presente la identidad de partes, no reclama la identidad
física sino la identidad jurídica.” Sentencia C-774 de 2001.

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Accionantes: Ulises Avendaño Guzmán

constituyen cosa juzgada cuando la Corte Constitucional adquiere conocimiento de
los fallos de tutela adoptados por los jueces de instancia, y decide excluirlos de
revisión o seleccionarlos para su posterior confirmatoria o revocatoria»8.

23. En caso de comprobarse su configuración deberá optarse, por regla general, por
la declaratoria de improcedencia de la acción con ocasión de la consolidación de
cosa juzgada en el respectivo asunto9.

24. Sin embargo, la Corte Constitucional ha precisado que no se configura cosa
juzgada entre dos acciones de tutela, «si la nueva solicitud de amparo se
fundamenta en hechos nuevos, que no habían sido analizados previamente por el
juez, o cuando al interponer la primera acción el peticionario no conocía- y no podía
conocer- nuevos elementos fácticos o jurídicos para sustentarla10».

25. Así las cosas, esta figura procesal tiene como propósito evitar que los
funcionarios judiciales conozcan, tramiten o fallen un asunto ya resuelto, mediante
un fallo de tutela que ha cobrado ejecutoria.

26. En resumen, para la configuración de la cosa juzgada en acciones de tutela es
indispensable que se encuentre acreditado una identidad de partes, de hechos y
de causa petendi.

27. Descendiendo al caso concreto, y a efectos de comparar si las acciones de tutela
números 11001-03-15-000-2021-10571-00 y 11001-03-15-000-2021-10931-00/01
comparten identidad de partes, de causa petendi y de hechos, la Sala pone relieve
el siguiente cuadro comparativo:

11001-03-15-000-2021-10571-00 11001-03-15-000-2021-10931-01
Partes
Accionante: Claudia Lorena Betancourt Suarez. Accionante: Ulises Avendaño Guzmán

Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima
y Juzgado Once Administrativo del Circuito De y Juzgado Once Administrativo del Circuito De
Ibagué Ibagué

Vinculados: Nación – Rama Judicial – Dirección Vinculados: Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y Nación - Ejecutiva de Administración Judicial, Nación -
Fiscalía General de la Nación. Fiscalía General de la Nación, Claudia Lorena
Betancourt Suarez y las hijas menores del
accionante V.X.A.B. y M.A.B.
Pretensiones

8
Sentencia T- 649 de 2011, T- 280 de 2017.
9
Sentencia T- 019 de 2016.
10
Sentencia T-185 de 2013. En esta oportunidad la Sala Novena de Revisión resolvió el caso de una persona a la que la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas le negó la entrega de la ayuda
humanitaria de emergencia debido a que se encontraba afiliada en calidad de cotizante al sistema de salud en el régimen
contributivo. Sin embargo, se constató que dicha controversia ya había sido resuelta mediante fallo emitido por otra autoridad
judicial, por lo que se configuró la cosa juzgada constitucional. Al respecto se indicó: “la Sala considera que la nueva solicitud
de amparo promovida por la demandante no se fundamentó en hechos nuevos. Es más todos supuestos fácticos afirmados
por la señora Guerra David fueron tenidos en cuenta con anterioridad por el juez. Incluso, no alegó nuevos elementos fácticos
o jurídicos que funden la solicitud actual”. Pese a ello se descartó la temeridad de la acción al considerarse que la actora se
encontraba en un alto grado de indefensión como quiera que hacía parte de un grupo poblacional que es sujeto de especial
protección constitucional y lo que pretendía era la entrega de ayuda humanitaria para satisfacer su mínimo vital, por lo que
se descartó un actuar doloso de parte de la accionante.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10931-01
Accionantes: Ulises Avendaño Guzmán

[…] 2.1. Que se me protejan los derechos […] 2.1. Que se me protejan los derechos
fundamentales a la igualdad vulnerados por la fundamentales a la igualdad vulnerados por la
decisión adoptada por el TRIBUNAL decisión adoptada por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y JUZGADO 11 ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y JUZGADO 11
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ, ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ,
Despachos que resolvieron adversamente las Despachos que resolvieron adversamente las
pretensiones de la demanda de acción de pretensiones de la demanda de acción de
reparación directa promovida por el aquí suscrito reparación directa promovida por el aquí suscrito y
y en contra de LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – en contra de LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL –
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL. JUDICIAL.

2.2. Ordenar que se deje sin efecto la sentencia de 2.2. Ordenar que se deje sin efecto la sentencia de
segunda instancia del 13 de mayo de 2021 segunda instancia del 13 de mayo de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo de Tolima, proferida por el Tribunal Administrativo de Tolima,
ordenándole que emita nueva decisión, ordenándole que emita nueva decisión, graduando
graduando la responsabilidad de las entidades la responsabilidad de las entidades demandadas
demandadas en la producción del daño y tasando en la producción del daño y tasando los perjuicios,
los perjuicios, conforme a lo probado en el proceso conforme a lo probado en el proceso […].
[…]. Hechos
[…] Primero: Por intermedio de apoderada judicial […] Primero: Por intermedio de apoderada judicial
interpuse, acción de REPARACIÓN DIRECTA interpuse, acción de REPARACIÓN DIRECTA
contra LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – contra LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL –
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL, para: JUDICIAL, para:
(…) (…)
Segundo: Los hechos que sirvieron de sustento a Segundo: Los hechos que sirvieron de sustento a
la acción reparatoria, así fueron consignados en el la acción reparatoria, así fueron consignados en el
escrito demandatorio: escrito demandatorio:
(…) (…)
Tercero: El conocimiento de dicho proceso le fue Tercero: El conocimiento de dicho proceso le fue
asignado al Juzgado Once Administrativo del asignado al Juzgado Once Administrativo del
Circuito de Ibagué (T), Despacho que mediante Circuito de Ibagué (T), Despacho que mediante
sentencia del 28 de febrero de 2019 negó las sentencia del 28 de febrero de 2019 negó las
pretensiones de la demanda: pretensiones de la demanda:
(…) (…)
Cuarto: Estando inconforme con la decisión, se Cuarto:

Estando inconforme con la decisión, se
presentaron los recursos de ley, pues no es de presentaron los recursos de ley, pues no es de
recibo que se mencione que es culpa de ULISES recibo que se mencione que es culpa de ULISES
el que el estado erradamente lo hubiera privado de el que el estado erradamente lo hubiera privado de
su libertad, puesto que, el resultado del proceso su libertad, puesto que, el resultado del proceso
penal arrojo la inocencia del mismo, absolviéndolo penal arrojo la inocencia del mismo, absolviéndolo
en ese orden y lo justo y razonable, es que el en ese orden y lo justo y razonable, es que el
estado indemnice su error, así como todos los estado indemnice su error, así como todos los
ciudadanos debemos reparar cuando incurrimos o ciudadanos debemos reparar cuando incurrimos o
cometemos un daño a un tercero, entonces no se cometemos un daño a un tercero, entonces no se
puede manifestar que es culpa exclusiva de la puede manifestar que es culpa exclusiva de la
víctima cuando se demuestra la inocencia de una víctima cuando se demuestra la inocencia de una
persona, púes en el caso que aquí nos ocupó, se persona, púes en el caso que aquí nos ocupó, se
logró establecer que ULISES nada tuvo que ver en logró establecer que ULISES nada tuvo que ver en
la comisión del delito que se le indilgara por parta la comisión del delito que se le indilgara por parta
de la FISCALÍA y que se pudo constatar mucho de la FISCALÍA y que se pudo constatar mucho
antes de que se pusieran a disposición de un juez antes de que se pusieran a disposición de un juez
penal, pues para cuando ello ocurrió, ya penal, pues para cuando ello ocurrió, ya reposaban
reposaban actas presentadas a la FISCALÍA por actas presentadas a la FISCALÍA por el GAULA,
el GAULA, en las que mencionaban que mi pareja, en las que mencionaban que mi pareja, no se
no se parecía en nada a los sujetos que exhibieran parecía en nada a los sujetos que exhibieran en
en fotografías a las testigos (Francy y Adriana) y fotografías a las testigos (Francy y Adriana) y
mucho menos que la edad coincidiera con la de mi mucho menos que la edad coincidiera con la de mi
esposo, pues para ese momento señalaban a una esposo, pues para ese momento señalaban a una
persona entre los 25 años y mi esposo tenía persona entre los 25 años y mi esposo tenía
alrededor de 43 años; así como también, que el alrededor de 43 años; así como también, que el

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10931-01
Accionantes: Ulises Avendaño Guzmán

delincuente era de estatura alta y delgada, delincuente era de estatura alta y delgada,
mientras que mi esposo es robusto y bajito; entre mientras que mi esposo es robusto y bajito; entre
otros tantos documentos y pruebas que llevaban a otros tantos documentos y pruebas que llevaban a
inferir razonablemente a la FISCALÍA GENERAL inferir razonablemente a la FISCALÍA GENERAL
DE LA NACIÓN y JUEZ DE CONTROL DE DE LA NACIÓN y JUEZ DE CONTROL DE
GARANTÍAS, que ULISES AVENDAÑO no tenía GARANTÍAS, que ULISES AVENDAÑO no tenía
ninguna participación en ese hecho delictivo. ninguna participación en ese hecho delictivo.

Quinto: Posteriormente, el Tribunal Administrativo Quinto: Posteriormente, el Tribunal Administrativo
del Tolima, mediante decisión fechada 13 de mayo del Tolima, mediante decisión fechada 13 de mayo
de 2021, resolvió: de 2021, resolvió:
(…) (…)
Sexto: El juez de segunda instancia reconoce la Sexto: El juez de segunda instancia reconoce la
existencia del DAÑO ANTIJURÍDICO, pues existencia del DAÑO ANTIJURÍDICO, pues
considera que, el mismo se concreta con la considera que, el mismo se concreta con la
privación de la libertad de mi pareja ULISES privación de la libertad de mi pareja ULISES
AVENDAÑO GUZMÁN sufrida en el marco del AVENDAÑO GUZMÁN sufrida en el marco del
proceso penal adelantado en su contra por el proceso penal adelantado en su contra por el
punible de extorsión en el grado de tentativa y punible de extorsión en el grado de tentativa y
concierto para delinquir. Que el mismo se concierto para delinquir. Que el mismo se satisface
satisface con la privación su libertad en con la privación su libertad en establecimiento
establecimiento carcelario. carcelario.

Séptimo: En cuanto a la IMPUTACIÓN, anota las Séptimo: En cuanto a la IMPUTACIÓN, anota las
sentencias del Consejo de Estado fechada 06 de sentencias del Consejo de Estado fechada 06 de
agosto de 2020, mediante la cual anotó que, con agosto de 2020, mediante la cual anotó que, con el
el fin de determinar si un daño podía catalogarse fin de determinar si un daño podía catalogarse
como antijurídico y adicionalmente, ser imputable como antijurídico y adicionalmente, ser imputable
a la administración, resultaba necesario examinar a la administración, resultaba necesario examinar
el carácter injusto de la privación de la libertad, a el carácter injusto de la privación de la libertad, a
la luz de los criterios de razonabilidad, la luz de los criterios de razonabilidad,
proporcionalidad y legalidad de la medida de proporcionalidad y legalidad de la medida de
aseguramiento a fin de determinar si la medida aseguramiento a fin de determinar si la medida
restrictiva resultó injusta y, en tal caso, generadora restrictiva resultó injusta y, en tal caso, generadora
de un daño antijurídico imputable a la de un daño antijurídico imputable a la
administración. administración.

No obstante que el Juzgador de segunda No obstante que el Juzgador de segunda instancia,
instancia, admite la existencia del daño, pasa por admite la existencia del daño, pasa por alto la
alto la valoración probatoria que hiciera el JUEZ valoración probatoria que hiciera el JUEZ PENAL
PENAL al momento de absolver esto es, debió al momento de absolver esto es, debió hacer él
hacer él estudió a detalle del carácter injusto del estudió a detalle del carácter injusto del que
que ULISES AVENDAÑO fue privado de la ULISES AVENDAÑO fue privado de la libertad, a
libertad, a saber: saber:
(…) (…)
Octavo: Ahora bien, se menciona un allanamiento Octavo: Ahora bien, se menciona un allanamiento
en una residencia, pero jamás se dijo en el en una residencia, pero jamás se dijo en el proceso
proceso que, los elementos incautados o que, los elementos incautados o recaudados como
recaudados como pruebas tuvieran relación pruebas tuvieran relación directa o indirecta con la
directa o indirecta con la supuesta comisión de un supuesta comisión de un ilícito, por lo que, no es
ilícito, por lo que, no es de recibo que en esta de recibo que en esta instancia procesal se
instancia procesal se prejuzgue a ULISES cuando prejuzgue a ULISES cuando ya eso se hizo en el
ya eso se hizo en el trámite procesal penal del trámite procesal penal del caso, pues lo que
caso, pues lo que indicaba ello era que, desde sus indicaba ello era que, desde sus inicios se puso en
inicios se puso en desventaja y vulneración su desventaja y vulneración su derecho a la libertad.
derecho a la libertad.
Noveno: Es tan cierto lo por mi mencionado que,
Noveno: Es tan cierto lo por mi mencionado que, en la sentencia penal ratifica lo por mi manifestado,
en la sentencia penal ratifica lo por mi esto es, que, no existieron elementos que
manifestado, esto es, que, no existieron indicaran exigencias económicas ilícitas que se
elementos que indicaran exigencias económicas relacionaran con ULISES AVENDAÑO en el delito
ilícitas que se relacionaran con ULISES del que se le privara de su libertad, tanto así que
AVENDAÑO en el delito del que se le privara de las mismas, FISCALÍA y MINISTERIO PÚBLICO,

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10931-01
Accionantes: Ulises Avendaño Guzmán

su libertad, tanto así que las mismas, FISCALÍA y reclamaron un fallo de absolución a su favor,
MINISTERIO PÚBLICO, reclamaron un fallo de postulación que fue acogida por el juzgador penal
absolución a su favor, postulación que fue acogida por lo que anunció un fallo absolutorio bajo el
por el juzgador penal por lo que anunció un fallo entendido que yo había demostrado su inocencia,
absolutorio bajo el entendido que yo había independientemente de que en la emisión de la
demostrado su inocencia, independientemente de sentencia consignara que lo hacía en aplicación
que en la emisión de la sentencia consignara que del In dubio Pro Reo.
lo hacía en aplicación del In dubio Pro Reo.

Décimo: Ahora, relacionaron una serie de Décimo: Ahora, relacionaron una serie de
documentos que claramente no tenían nada que documentos que claramente no tenían nada que
ver con ULISES AVENDAÑO GUZMÁN, pues si ver con ULISES AVENDAÑO GUZMÁN, pues si
bien se enunciaron unos supuestos registros bien se enunciaron unos supuestos registros
fotográficos, los mismos no fueron aportados al fotográficos, los mismos no fueron aportados al
proceso y de otra, la señora Fanny Quebradas proceso y de otra, la señora Fanny Quebradas dejo
dejo siempre por sentado que: que no podía siempre por sentado que: que no podía reconocer
reconocer a ningún sujeto –procesal- pues si bien a ningún sujeto –procesal- pues si bien eran
eran parecidos, no los había visto antes, amén de parecidos, no los había visto antes, amén de que
que las características que había dado de los las características que había dado de los sujetos
sujetos que intentaron la ilicitud, diferían que intentaron la ilicitud, diferían ostensiblemente
ostensiblemente de las de ULISES AVEDAÑO de las de ULISES AVEDAÑO GUZMÁN y;
GUZMÁN y; además, de que la señora DRIANA además, de que la señora DRIANA MARÍA
MARÍA OTÁLORA BEDOYA, en diligencia de OTÁLORA BEDOYA, en diligencia de
reconocimiento en fila de personas, expresamente reconocimiento en fila de personas, expresamente
manifestó que antes de esa diligencia, a ella la manifestó que antes de esa diligencia, a ella la
habían llevado a las instalaciones del GAULA y le habían llevado a las instalaciones del GAULA y le
habían mostrado las fotos de los presuntos habían mostrado las fotos de los presuntos
extorsionistas pero que a ella no le constaba nada. extorsionistas pero que a ella no le constaba nada.
Pruebas que quedaron al descubierto y que fueron Pruebas que quedaron al descubierto y que fueron
conocidas desde tiempo atrás de que ULISES conocidas desde tiempo atrás de que ULISES
AVENDAÑO fuera privado de su libertad. AVENDAÑO fuera privado de su libertad.

Décimo Primero: Dentro del trámite penal, también Décimo Primero: Dentro del trámite penal, también
quedo anotado que, las evidencias recaudadas y quedo anotado que, las evidencias recaudadas y
presentadas por la FISCALÍA en audiencia presentadas por la FISCALÍA en audiencia
preliminar e incautados en diligencia de preliminar e incautados en diligencia de
ALLANAMIENTO Y REGISTRO en nada podían ALLANAMIENTO Y REGISTRO en nada podían
relacionarse con la comisión de las conductas a relacionarse con la comisión de las conductas a
indilgadas a ULISES AVENDAÑO GUZMÁN. indilgadas a ULISES AVENDAÑO GUZMÁN.

Dicho análisis, si se hubiere hecho desde sus Dicho análisis, si se hubiere hecho desde sus
inicios por la FISCALÍA y el JUEZ DE CONTROL inicios por la FISCALÍA y el JUEZ DE CONTROL
DE GARANTÍAS, hubieran impedido la injusticia DE GARANTÍAS, hubieran impedido la injusticia
que se cometió con ULISES AVENDAÑO, dado que se cometió con ULISES AVENDAÑO, dado
que hubiera advertido la manipulación que los que hubiera advertido la manipulación que los
funcionarios de la policía judicial hicieron sobre la funcionarios de la policía judicial hicieron sobre la
testigo para llevarla a reconocer a ULISES como testigo para llevarla a reconocer a ULISES como
uno de los malhechores que la habían visitado en uno de los malhechores que la habían visitado en
el establecimiento en el cual laboraba, pese a que el establecimiento en el cual laboraba, pese a que
sus características en nada se parecían con las sus características en nada se parecían con las
que proporcionaran estas testigos en sus que proporcionaran estas testigos en sus
entrevistas iniciales, de donde surge que desde entrevistas iniciales, de donde surge que desde los
los albores de la investigación existían elementos albores de la investigación existían elementos de
de juicio que impedía su judicialización y la juicio que impedía su judicialización y la afectación
afectación de su libertad. de su libertad.

Es decir que, el funcionario, aprovechándose de Es decir que, el funcionario, aprovechándose de su
su autonomía (iura novit curia) que tanto autonomía (iura novit curia) que tanto mencionan
mencionan en sus escritos, adoptó una medida en sus escritos, adoptó una medida apresurada
apresurada que termino por afectar el derecho a la que termino por afectar el derecho a la libertad de
libertad de locomoción de ULISES AVENDAÑO, locomoción de ULISES AVENDAÑO, violación de
violación de su derecho que no estaba en la su derecho que no estaba en la obligación de
obligación de soportar, situación que se hubiera soportar, situación que se hubiera podido evitar si

12

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10931-01
Accionantes: Ulises Avendaño Guzmán

podido evitar si el ente acusador hubiera revisado el ente acusador hubiera revisado con
con responsabilidad y diligencia los medios de responsabilidad y diligencia los medios de
conocimiento reseñados. conocimiento reseñados.

Décimo Segundo: De esta manera se rompió el Décimo Segundo: De esta manera se rompió el
principio de igualdad ante las cargas públicas, principio de igualdad ante las cargas públicas,
pues aun cuando no hay duda que aun cuando la pues aun cuando no hay duda que aun cuando la
FISCALÍA tuviera información de la supuesta FISCALÍA tuviera información de la supuesta
participación de ULISES AVENDAÑO en la participación de ULISES AVENDAÑO en la
comisión de delitos de extorsión en el grado de comisión de delitos de extorsión en el grado de
tentativa y concierto para delinquir con fines tentativa y concierto para delinquir con fines
extorsivos, es claro que en el ejercicio de su extorsivos, es claro que en el ejercicio de su misión
misión constitucional debió ahondar en la constitucional debió ahondar en la identificación
identificación clara y expresa del indiciado, es clara y expresa del indiciado, es decir, del ULISES
decir, del ULISES AVENDAÑO GUZMÁN; de AVENDAÑO GUZMÁN; de suerte que en el mismo
suerte que en el mismo sentido, al legalizar su sentido, al legalizar su captura y posteriormente
captura y posteriormente disponerse de la disponerse de la imposición de una medida de
imposición de una medida de aseguramiento, el aseguramiento, el Juez de la causa también debió
Juez de la causa también debió establecer, en establecer, en razón de las evidencias
razón de las evidencias presentadas, la posible presentadas, la posible autoría del demandante en
autoría del demandante en el delito que se le el delito que se le imputaba, pues no es posible
imputaba, pues no es posible que se tome a la que se tome a la ligera la restricción del derecho
ligera la restricción del derecho fundamental a la fundamental a la libertad, pilar del Estado Social de
libertad, pilar del Estado Social de Derecho […] Derecho […]

28. Conforme al cuadro comparativo anterior, para la Sala es evidente que las acciones
de tutela números 11001-03-15-000-2021-10571-00 y 11001-03-15-000-2021-
10931-00/01 son idénticas en su contenido. Tanto es así que comparten los mismos
hechos, las mismas pretensiones y la misma parte demandada.

29. Sin embargo, no existe una identidad total de partes porque el proceso de amparo
No. 11001-03-15-000-2021-10571-00 fue promovido por la señora Claudia Lorena
Betancourt Suarez; mientras que la presente acción de amparo fue promovida por
el señor Ulises Avendaño Guzmán.

30. Aunado a lo anterior, en el primer proceso de tutela identificado con el radicado
número 11001-03-15-000-2021-10571-00 no se vinculó al señor Ulises Avendaño
Guzmán en calidad de tercero con interés en los resultados del proceso, razón
por la cual a juicio de la Sala no es posible tener por configurada la cosa juzgada,
en tanto que no ha habido pronunciamiento emitido por autoridad judicial en el que
se hayan resuelto las súplicas elevadas por el señor Avendaño Guzmán.

31. En conclusión, la Sección considera que no se configuró la cosa juzgada en el sub
examine porque no existe identidad de parte demandante y, en atención a ello, resulta
imposible estarse a lo resuelto en el fallo de tutela con radicado número 11001-03-15-
000-2021-10571-00.

VI.3. Problemas jurídicos

32. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado, a la Sala le corresponde establecer:

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10931-01
Accionantes: Ulises Avendaño Guzmán

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela.

b) Si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por el accionante, al haberse incurrido en un supuesto defecto
fáctico.

33. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, para posteriormente proceder a ii) resolver el caso concreto.

VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

11
34. En sentencia de 31 de julio de 2012 , la Sala Plena del Consejo de Estado
cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de
tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos
fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y
su propia jurisprudencia.

35. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

36. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

37. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
12
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial , la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución13.

11
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
12
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
13
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.

14

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10931-01
Accionantes: Ulises Avendaño Guzmán

38. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera «dejar sin efecto o modular la decisión14» que se encaje en dichos
parámetros.

39. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

40. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.5. Caso concreto

41. El ciudadano Ulises Avendaño Guzmán solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
tutela efectiva, cuya vulneración atribuyó a las sentencias de 28 de febrero de 2019
y de 18 de mayo de 2021, proferidas, respectivamente, por el Juzgado Once
Administrativo del Circuito de Ibagué y por el Tribunal Administrativo del
Tolima, dentro del medio de control de reparación directa No. 73001-33-33-752-
2015-00128-00/01.

42. En este punto, se debe precisar que, si bien es cierto la presente acción de tutela
se promovió en contra de las sentencias de 28 de febrero de 2019 y de 18 de mayo
de 2021, proferidas, respectivamente, por Juzgado Once Administrativo del
Circuito de Ibagué y por el Tribunal Administrativo del Tolima; la Sección
únicamente analizará si en esta última decisión se incurrió en el defecto fáctico
denunciado porque esta providencia fue la que hizo tránsito a cosa juzgada y puso
fin a la litis.

Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política»
14
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.

15

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10931-01
Accionantes: Ulises Avendaño Guzmán

VI.5.1. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela

43. En relación con el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala observa lo siguiente:

43.1. Respectodel requisito de relevancia constitucional, se observa que el
accionante identificó los derechos fundamentales que estaban viéndose afectados
y, además, cumplió con la carga argumentativa mínima exigible.

43.2. La parte accionante no tiene otro medio de defensa para solicitar la protección
de los derechos fundamentales que estima vulnerados con la decisión proferida, en
segunda instancia, por el Tribunal Administrativo del Tolima, pues se agotaron
todos los recursos ordinarios establecidos en el procedimiento común.

43.3. La acción de tutela se presentó dentro de un término razonable, dado que la
providencia censurada fue notificada por correo electrónico remitido el 21 de mayo
2021, mientras que esta solicitud de amparo fue radicada el 22 de noviembre de
2021. Conforme a lo anterior, la acción de tutela fue promovida dentro de los seis
meses siguientes a su notificación.

43.4. La situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales
fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela.

43.5. No se alega la existencia de una irregularidad procesal en el trámite de la tutela,
por lo que no es necesario efectuar un análisis al respecto.

43.6. La acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un proceso
de idéntica naturaleza y/o índole.

VIII.4.2. Análisis de los requisitos específicos en la presente acción de tutela

44. Encontrándose satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela, la Sala abordará el estudio de los requisitos especiales frente a la presunta
vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados por la parte
accionante con ocasión de la configuración del supuesto defecto fáctico.

VI.4.2.1. Caracterización del defecto fáctico

45. De conformidad con lo previsto en la sentencia T-008 de 2019 de la Corte
Constitucional, este defecto se presenta cuando el operador jurídico decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados, y resuelve a su
arbitrio el asunto jurídico sometido a su consideración, o cuando aprecia una prueba
allegada al proceso que se encuentra viciada. También se configura cuando la
autoridad judicial a pesar de que en el proceso existen elementos probatorios, omite
considerarlos, no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de

16

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10931-01
Accionantes: Ulises Avendaño Guzmán

fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que, de
haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido
variaría sustancialmente.

46. En la presente solicitud de amparo, se plantea que el Tribunal Administrativo
del Tolima incurrió en un defecto fáctico porque: (i) el juez contencioso pasó por
alto el contenido de la sentencia de 10 de julio de 2013, proferida por el Juzgado
Segundo Penal del Circuito Especializado de Ibagué, que absolvió al procesado;
(ii) los elementos encontrados en el allanamiento que efectuaron en la vivienda del
accionante no guardaban relación con los delitos que eran investigados por la
autoridad penal; (iii) desde la audiencia de legalización de captura e imposición de
medida de aseguramiento, el juez de control de garantías pudo evidenciar que las
pruebas recaudadas por la Fiscalía General de la Nación no permitían construir una
inferencia razonable acerca de la participación del accionante en la conducta
delictiva investigada, y (iv) la medida privativa de la libertad fue desproporcional,
irrazonable y arbitraria.

47. Por otra parte, se advierte que, en la sentencia objeto de tutela de fecha 18 de
mayo de 2021, la autoridad judicial accionada confirmó la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes
argumentos:

[…] Una vez establecida la existencia del daño, procede la Sala a verificar si el
mismo tiene la connotación de antijurídico y, además, si resulta imputable a las
entidades accionadas

Como se indicó anteriormente, el Consejo de Estado en providencia del
06 de agosto de 2020, proferida dentro del expediente con radicado No.
66001-23-31-000-2011-00235-01 (46.947), Consejero Ponente: José
Roberto Sáchica Méndez, expresó que con el fin de determinar si un daño
podía catalogarse como antijurídico y adicionalmente, ser imputable a la
administración, resultaba necesario examinar el carácter injusto de la
privación de la libertad, a la luz de los criterios de razonabilidad,
proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, puesto que,
el hecho que una persona resultara privada de la libertad y a la postre,
terminara con sentencia absolutoria o con resolución de preclusión, no
resultaba suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del
Estado, sino que era imprescindible, determinar si la medida restrictiva
resultó injusta y, en tal caso, generadora de un daño antijurídico
imputable a la administración.

En este orden de ideas, valorado en su conjunto los elementos materiales
probatorios obrantes en el expediente, se advierte lo siguiente:

El señor ULISES AVENDAÑO GUZMAN fue vinculado a una investigación
penal por los delitos de Tentativa de Extorsión en Concurso de Concierto
para Delinquir, por los hechos investigados sobre una banda de
delincuentes dedicados a la extorsión de varias personas que tenían
establecimientos comerciales en el Municipio del Líbano, señala que el
señor AVENDAÑO GUZMAN fue reconocido por los propietarios de los
establecimientos comerciales “granos de sierra” y de la ferretería “el

17

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10931-01
Accionantes: Ulises Avendaño Guzmán

colono”, al haber señalado que el señor anteriormente mencionado era
coautor del delito.

Se encuentra narrado por el Fiscal 31 el modus operandi (minuto 01:28:37 al
01:30: 00 del CD de audiencia preliminar), en la que quedó consignado lo
siguiente:
(…)
Indicaron, que a través de una llamada al número del Gaula 165, una persona
es quien delata la identidad de los presuntos 5 extorsionistas, dando el nombre
de 4 de ellos, manifestando la forma de como extorsionaban y como se
repartían el trabajo.

Posteriormente, manifiestan que se iniciaron las labores de investigación por
parte de la Fiscalía, en la cual se realizaron entrevistas a los empleados de los
establecimientos de comercio que fueron víctimas de extorción [sic] bajo el
mismo MODUS OPERANDI, de este trabajo investigativo se obtuvo varias
entrevistas, luego, se realizó un reconocimiento fotográfico que arrojó como
resultado el reconocimiento de ULISES AVENDAÑO GUZMAN y FABIO
RESTREPO JARAMILLO. Lo que llamo [sic] la atención que dos personas
de distintos establecimientos comerciales, a manifestar que el señor
AVENDAÑO GUZMAN se había acercado a los establecimientos a pedir
cotizaciones y que al día siguiente empezaron a extorsionarlos (Audio de
la audiencia preliminar, narración de la Fiscalía).

Dentro del mismo proceso penal, se encuentra que en el allanamiento
realizado al interior de la vivienda del señor AVENDAÑO GUZMAN, se
encontraron elementos materiales probatorios, tales como celulares,
CPU, impresora, directorios telefónicos de otras ciudades y de Venezuela,
CDs, simcards, consignaciones y tarjetas en blanco, que crearon una
inferencia razonable que sirvió como sustento para que el ente acusador
solicitara la detención del hoy demandante dentro de la actual acción.

El día 08 de enero de 2009, el Juzgado Segundo Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Honda– Tolima, realizó audiencia
Preliminar, en la cual impartió legalidad al allanamiento y registro,
legalización de captura librada en contra del señor ULISES AVENDAÑO
GUZMAN, se realizó la respectiva imputación y se impuso medida de
aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.

El 23 de febrero del 2009, el Juzgado segundo Penal del Circuito Especializado
con Función de Conocimiento, instala la audiencia de Formulación de
acusación por el delito de concierto para delinquir y extorsión en grado de
tentativa, entrevistas rendidas por ADRIANA OTALORA BEDOYA el 10 de
septiembre de 2008, OSCAR MALDONADO el día 10 de septiembre de 2008,
FANNY GALVIS DOSQUEBRADAS el día 15 de septiembre de 2008, LUIS
ALBERTO SIERRA el día 02 de octubre de 2008, acta de elaboración de álbum
fotográfico y acta de reconocimiento fotográfico verificado el día 02 de octubre
de 2008 por FANNY GALVIS DOSQUEBRADAS, acta de elaboración y
reconocimiento del álbum fotográfico, verificado el día 11 de septiembre de
2008 por ADRIANA OTALORA BEDOYA y OSCAR LEONARDO
MALDONADO, (Audio de la audiencia de Formulación de Acusación).
(…)
El día 10 de julio de 2013, se celebró la audiencia de lectura de sentencia, en
la cual se ABSOLVIÓ a ULISES AVENDAÑO GUZMAN de los delitos de
CONCIERTO PARA DELINQUIR CON FINES EXTORSIVOS Y TENTATIVA
DE EXTORSION, (Audio de la audiencia de lectura de fallo absolución de
ULISES AVENDAÑO).

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10931-01
Accionantes: Ulises Avendaño Guzmán

Efectuadas las precisiones anteriores, se vislumbra que el señor ULISES
AVENDAÑO GUZMAN fue investigado por los delitos de CONCIERTO PARA
DELINQUIR CON FINES EXTORSIVOS Y TENTATIVA DE EXTORSIÓN.

Ahora bien, como se explicó anteriormente, el hecho de que una persona
resulte privada de la libertad dentro de un proceso penal que termina con
sentencia absolutoria o con resolución de preclusión, no resulta
suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, toda
vez que se debe determinar si la medida restrictiva resultó injusta y, en tal
caso, generadora de un daño antijurídico imputable a la administración.

El presente caso, se tramitó bajo los postulados de la Ley 906 de 2004, que
establece en el artículo 308 los requisitos para que se decrete la medida de
aseguramiento:
(…)
Al respecto, resulta conveniente precisar que en el sub lite, fue
precisamente las entrevistas realizadas a las víctimas directas del daño
la que dio lugar a que se iniciara un proceso penal en su contra, y al
reconocimiento de FANNY GALVIS DOSQUEBRADAS, ADRIANA
OTALORA BEDOYA y OSCAR LEONARDO MALDONADO,
adicionalmente, se advierte que los elementos materiales probatorios
encontrados en la diligencia de allanamiento realizada a la vivienda del
señor AVENDAÑO GUZMAN, se encontró material que sirvió como
sustento para que el ente acusador solicitara la medida de aseguramiento,
tales como celulares, CPU, impresora, directorios telefónicos de otras
ciudades y de Venezuela, CDs, simcards, consignaciones y tarjetas en
blanco, lo que conllevó a la imposición de la medida de aseguramiento
del actor.

Fue entonces este el fundamento de gran envergadura que llevó a las
entidades accionadas a considerar como necesaria la adopción de decisiones
con la suficiencia de restringir su derecho fundamental a la libertad.

Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, estima el Tribunal que
atendiendo las circunstancias propias del presente caso, si existían
serios indicios para endilgar responsabilidad penal en contra del señor
ULISES AVENDAÑO GUZMAN, al momento que se decidiera sobre la
procedencia de la imposición de la medida de aseguramiento en
Establecimiento Carcelario, en razón a que algunos de los delitos por el
cual fueron investigados (CONCIERTO PARA DELINQUIR CON FINES
EXTORSIVOS Y TENTATIVA DE EXTORSIÓN), superaban la pena de
cuatro años de prisión, sumado a que fue imputada con concierto para
delinquir, lo cual aumentaba el quantum punitivo.

Cabe resaltar que la medida de aseguramiento impuesta en su momento
en contra del hoy accionante, atendió a los requisitos que para ello exige
la ley, puesto que era necesaria para evitar un perjuicio para la sociedad
por la naturaleza del delito endilgado.

Así las cosas, considera la Sala que la medida de aseguramiento a que
fue sometido en su momento el señor ULISES AVENDAÑO GUZMAN,
estuvo plenamente sustentada y justificada, atendiendo la naturaleza del
delito que se estaba investigando e igualmente, la cual ameritaba la
restricción de su libertad, en aras de garantizar no solo la comparecencia
del sindicado, sino para evitar el peligro para la comunidad y la
continuidad de la conducta delictiva por la cual se vinculó al proceso
penal.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10931-01
Accionantes: Ulises Avendaño Guzmán

(…)
Bajo esta premisa, concluye la Corporación, que las decisiones adoptadas por
el Juez de Control de Garantías, estuvieron sustentadas sobre los principios
constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, criterios que deben ser
revisados tal y como lo dijo el reciente pronunciamiento nuestro Máximo
Órgano de Cierre, en virtud a que para ese momento procesal fueron aportados
elementos de juicio que gozaban de credibilidad para la legalización de la
captura, la imputación de cargos en contra del señor ULISES AVENDAÑO
GUZMAN, así como para la imposición de la medida de aseguramiento
intramural, puesto que se podía inferir razonablemente que el demandante
estaba implicado en los hechos materia de investigación penal […].

48. Sea lo primero señalar que, contrario a lo manifestado por el actor en su escrito
de tutela, el Tribunal Administrativo del Tolima sí efectuó un análisis probatorio
integral y juicioso de los medios de prueba que obraban en el plenario.

49. De hecho, se aprecia que el Tribunal accionado realizó un recuento minucioso de
todas las circunstancias por las que el ciudadano Ulises Avendaño Guzmán fue
vinculado a la investigación penal que se abrió en su contra y los fundamentos de
orden jurídico y probatorio por los que el Juez Segundo Penal Municipal de Honda
con funciones de control de garantía, le impuso la medida privativa de la libertad
del procesado.

50. De acuerdo con la decisión objeto de tutela, la investigación penal tuvo inicio
cuando los propietarios de los establecimientos de comercio Granos de Sierra y El
Colono denunciaron ser víctimas del delito de extorsión. Aunado a lo anterior, la
Policía Nacional recibió información sobre cuatro personas que posiblemente
estaban detrás de las extorsiones a comerciantes del municipio del Líbano, entre
las cuales se encontraba el nombre del hoy accionante.

51. Con base en lo anterior, la Fiscalía General de la Nación inició las acciones de
investigación. En el ejercicio de estas actuaciones se realizaron entrevistas, así
como el reconocimiento fotográfico a los señores Adriana Otalora Bedoya, Oscar
Maldonado, Fanny Galvis Dosquebradas y Fanny Galvis Dosquebradas. En
estas actividades iniciales de investigación se identificó al hoy accionante como uno
de los posibles participantes de las acciones delictivas investigadas.

52. Sumado a lo anterior, el día de la captura del procesado se llevó a cabo diligencia
de allanamiento a su vivienda, en donde se le encontraron: «celulares, CPU,
impresora, directorios telefónicos de otras ciudades y de Venezuela, CDs, simcards,
[sic] consignaciones y tarjetas en blanco».

53. Con fundamento en el referido material probatorio, la autoridad judicial penal
consideró que existía una inferencia razonable sobre la posible participación del
procesado en la comisión de los delitos que se investigaban.

54. Así
las cosas, el Tribunal Administrativo del Tolima concluyó que no se
encontraba acreditado que la privación de la libertad del señor Avendaño Guzmán

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10931-01
Accionantes: Ulises Avendaño Guzmán

hubiese sido desproporcional, arbitraria e irrazonable porque se sustentó en las
declaraciones y el reconocimiento fotográfico hecho por los señores Adriana
Otalora Bedoya, Oscar Maldonado, Fanny Galvis Dosquebradas y Fanny
Galvis Dosquebradas.

55. Adicionalmente, en la diligencia de allanamiento efectuada a la residencia del
accionante se encontraron algunos objetos que lo relacionaban con los hechos
delictivos que eran materia de investigación.

56. Así las cosas, la Sala considera que el Tribunal Administrativo del Tolima no
incurrió en el defecto fáctico denunciado por el accionante porque la valoración de
las pruebas obrantes en el proceso fue razonable y ajustada al principio de la sana
crítica.

57. Desde esta perspectiva, no es cierto que en el proceso contencioso administrativo
se hubiese acreditado que la privación de la libertad del accionante hubiese sido
irrazonable, desproporcional o arbitraria. Contrario a ello, lo que se evidencia es que
el juez penal ordenó la medida de aseguramiento por considerar que se
encontraban acreditados los requisitos previstos en los artículos 308 y s.s. de la Ley
906 de 2004.

58. Valedestacar que, conforme a la normatividad penal, la medida de
aseguramiento puede ser decretada cuando «cuando de los elementos
materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la
información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el
imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se
investiga». Además, deben cumplirse alguno de los siguientes requisitos:

[…] 1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar
que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia.

2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de
la víctima.

3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no
cumplirá la sentencia […].

59. En el sub examine, el Tribunal Administrativo del Tolima evidenció que la medida
de aseguramiento cumplió con todos los requisitos previstos en la normatividad
penal porque: (i) existían elementos probatorios que permitían construir una
inferencia razonable; (ii) la medida se decretó porque el imputado constituía un
peligro para la víctima y para garantizar su comparecencia al proceso, y (iii) el delito
por el cual estaba siendo investigado el accionante era de competencia de los
jueces penales especializados.

60. Por último, no es cierto que la autoridad judicial accionada haya omitido valorar
la sentencia de 10 de julio de 2013, proferida por el Juzgado Segundo Penal del
Circuito Especializado de Ibagué. Cabe resaltar que al proceso de reparación directa

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-10931-01
Accionantes: Ulises Avendaño Guzmán

no se allegó copia del fallo absolutorio, sino únicamente se adjuntó la copia del acta
de la audiencia de lectura de fallo.

61. Por todo lo anterior, la Sala revocará la sentencia de 21 de abril de 2022, proferida
por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación y, en su lugar,
negará las pretensiones de la presente acción de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – Seccional Ibagué.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 21 de abril de 2022, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación. En su lugar, NEGAR las
pretensiones de la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
P:(15)

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