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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10931-00

Fecha
21 de abril de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10931-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: ESTARSE A LO RESUELTO por esta Sala de Subsección en la sentencia del 3 de febrero de 2022 proferida dentro de la acción de tutela radicada con el N.º 11001-03-15- 000-2021-10571-00, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma “SAMAI”. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-10931-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

21 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022)

Radicado: 11001-03-15-000-2021-10931-00
Accionante: ULISES AVENDAÑO GUZMÁN
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial /
reparación directa / privación injusta de la libertad /
defecto fáctico

Acción de tutela - sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Ulises
Avendaño Guzmán contra el Tribunal Administrativo del Tolima, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 333 de 2021 y demás
normas concordantes.

I. ANTECEDENTES

El señor Ulises Avendaño Guzmán, actuando en nombre propio, invoca
la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, con
fundamento en los siguientes:

1. Hechos

1.1. El accionante y su grupo familiar instauraron medio de control de
reparación directa contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva

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de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con el fin
de que se les declarara patrimonialmente responsables por los
perjuicios sufridos con ocasión de la privación de la libertad de que fue
víctima durante 5 meses y 26 días.

1.2. El Juzgado Once Administrativo de Ibagué, mediante sentencia
del 28 de febrero de 2019, declaró probada la excepción de culpa
exclusiva de la víctima y negó las pretensiones de la demanda.

1.3. Apelada la decisión, el Tribunal Administrativo del Tolima a través
de providencia del 13 de mayo de 2021, confirmó lo resuelto por el a
quo, al considerar que en el proceso penal existían serios indicios
razonables para endilgarle responsabilidad penal, entre ellos, ciertos
elementos materiales probatorios recaudados en la diligencia de
allanamiento de su residencia, por lo que la medida restrictiva de la
libertad estuvo debidamente sustentada y justificada en criterios de
razonabilidad y proporcionalidad.

2. Fundamentos de la acción

Manifiesta que tanto el juzgado como el tribunal erraron al liberar de
responsabilidad a las entidades demandadas, en tanto no hicieron un
análisis de imputación adecuado a los criterios fijados por el Consejo
de Estado, que exigen examinar el carácter de injusto de la privación
de la libertad bajo los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y
legalidad de la medida de aseguramiento, puesto que se limitaron a
trascribir apartes de la sentencia de unificación, pero sin valorar
adecuadamente las pruebas aportadas, de las que no era dable
establecer su participación directa o indirecta en la comisión de los
hechos materia de investigación.

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Señala, además, que no es de recibo que en sede de reparación directa
se “prejuzgue” cuando ello ya se hizo en el trámite procesal penal, en
el cual fue absuelto, y en el que, por demás, se hizo referencia a una
serie de elementos materiales probatorios que no tenían relación
directa o indirecta con su conducta y menos aún que indicaran
exigencias económicas ilícitas en el marco del delito por el que se le
privara de la libertad, lo que indica que la medida de aseguramiento no
cumplió con los requisitos de razonabilidad y proporcionalidad.

En suma, sostiene que en el proceso penal se rompió el principio de
igualdad ante las cargas públicas, pues aunque la Fiscalía tuviera
información de una supuesta participación en la comisión de los delitos
de extorsión en el grado de tentativa y concierto para delinquir con
fines extorsivos, “es claro que, en el ejercicio de su misión
constitucional debió ahondar en la identificación clara y expresa del
indiciado, es decir, del aquí suscrito; de suerte que en el mismo sentido,
al legalizar su captura y posteriormente disponerse de la imposición de
una medida de aseguramiento, el Juez de la causa también debió
establecer, en razón de las evidencias presentadas, la posible autoría
del demandante en el delito que se le imputaba, pues no es posible que
se tome a la ligera la restricción del derecho fundamental a la libertad,
pilar del Estado Social de Derecho”.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, solicita:

«2.1. Que se me protejan los derechos fundamentales a la igualdad vulnerados por la
decisión adoptada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y JUZGADO
11 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ, Despachos que resolvieron
adversamente las pretensiones de la demanda de acción de reparación directa promovida

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por el aquí suscrito y en contra de LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.

2.2. Ordenar que se deje sin efecto la sentencia de segunda instancia del 13 de mayo de
2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Tolima, ordenándole que emita nueva
decisión, graduando la responsabilidad de las entidades demandadas en la producción del
daño y tasando los perjuicios, conforme a lo probado en el proceso».

4. Informes

Mediante auto del 3 de diciembre de 2021, la Sección Quinta de esta
corporación admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó
notificar al Tribunal Administrativo del Tolima y al juez Once
Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué como accionados y al
fiscal General de la Nación, al director Ejecutivo de Administración
Judicial así como a la señora Claudia Lorena Betancourt Suárez
(cónyuge) y, a las menores hijas del accionante como terceros
interesados en las resultas del proceso.

4.1. La Fiscalía General de la Nación se opuso a la prosperidad de
la acción de tutela, aduciendo que las autoridades judiciales que
tramitaron el proceso contencioso administrativo dentro del cual se
profirió la sentencia atacada, respetaron los derechos fundamentales
del demandante para ese entonces, por lo que no se puede predicar
que el Tribunal Administrativo del Tolima, al valorar la prueba existente
en el proceso administrativo, de acuerdo a la sana crítica y a los demás
criterios establecidos para ello, hubiese incurrido en un defecto fáctico
o violatorio de la Constitución Política, esto por cuanto los funcionarios
judiciales tienen una amplia potestad de valorar el material probatorio
recaudado, con el fin de fundamentar las decisiones que emitan.

Finalmente, señaló que existe otra acción de tutela por los mismos
hechos con radicado N.º 11001-03-15-000-2021-10571-00 donde

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fungió como accionante la señora Claudia Lorena Betancourt Suárez,
demanda de la que se evidencia que lo único que cambia es el nombre
del demandante principal.

4.2. El Tribunal Administrativo del Tolima, a través del
magistrado ponente de la decisión cuestionada, se opuso a la
prosperidad de la presente demanda de tutela, toda vez que lo
pretendido por la accionante es reabrir un debate jurídico y probatorio
debidamente clausurado, lo que riñe con el carácter subsidiario y
residual de la acción constitucional.

4.3. La Dirección Seccional de Administración Judicial de
Ibagué́ se opuso a la prosperidad de la acción de tutela, señalando que
no se ha configurado vulneración alguna de sus derechos
fundamentales en las providencias atacadas.

5. Trámite procesal

5.1. A través de proveído del 21 de febrero de 2021, la Sección Quinta
de esta corporación dispuso la remisión del proceso de la referencia a
esta Sala de Subsección, por haber tramitado previamente una acción
de tutela con el mismo objeto, circunstancias fácticas y autoridades
demandadas, la cual cursó bajo el radicado N.º 11001-03-15-000-
2021-10571-00.

5.2. En atención a lo anterior, el magistrado ponente de esta decisión,
mediante providencia del 4 de marzo de 2022, avocó el conocimiento
del presente asunto y ordenó efectuar las notificaciones de rigor.

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II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:

• ¿La presente solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se determinará:

• ¿El Tribunal Administrativo del Tolima, al proferir la sentencia del
13 de mayo de 2021 mediante la cual negó la indemnización de
los perjuicios derivados de la privación de la libertad sufrida por
el señor Avendaño Guzmán, incurrió en un defecto fáctico y, por
tanto, en la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia y tutela judicial
efectiva del accionante?

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente1 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos

1
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
2 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-

01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le
impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio

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irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino
en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de
tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente
únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la
actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al
verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto
sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error
inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la
Constitución y (vi) desconocimiento del precedente.

2.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional
cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

2.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración como los derechos quebrantados se encuentran
plenamente individualizados.

2.1.2. Así mismo, se observa que las providencias objeto de tutela
carecen de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el
amparo constitucional.

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2.1.3. Se advierte, igualmente, que la interposición del mecanismo
constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», contado
desde la fecha de notificación de la sentencia cuestionada (25 de mayo
de 2021) hasta la radicación de la acción de tutela (22 de noviembre
de 2021).

2.1.4. Finalmente, el asunto a resolver es de marcada relevancia
constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible
vulneración iusfundamental como consecuencia del defecto fáctico en
que presuntamente incurrió la autoridad judicial cuestionada.

2.2. Defecto fáctico

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico
se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre
el particular la Corte Constitucional 3 ha identificado dos dimensiones en
las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa 4, que ocurre cuando el juez niega o valora
la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su
valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta
dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados
por el juez.

3
Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010,
T-311 de 2009, entre otras.
4 Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.

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b. Una dimensión positiva5, que se presenta generalmente cuando
el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo
resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni
valorar.

Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención
del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural
es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto
fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de
los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el
ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual y
conjunto de los elementos probatorios»6.

En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa
realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

3. Caso concreto

En el presente asunto, el señor Ulises Avendaño Guzmán cuestiona la
providencia del 13 de mayo de 2021 mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Tolima confirmó el fallo que resultó adverso a las
pretensiones de la demanda de reparación directa instaurada por la
privación de la libertad sufrida por este durante 5 meses y 26 días.

Al efecto, sostiene que dicha providencia adolece de defecto fáctico,
toda vez que no se analizaron adecuadamente las pruebas aportadas
al proceso, que daban cuenta del rompimiento de las cargas públicas

5 Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
6 Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.

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sufrido al interior del proceso penal, puesto que los indicios que
supuestamente sustentaron la privación de la libertad realmente no
dieron cuenta de su participación directa o indirecta en la comisión del
delito, lo que se corroboró con la decisión absolutoria tomada
posteriormente.

En este contexto, la Sala debe precisar que sobre el reproche que
expone el señor Ulises Avendaño Guzmán ya efectuó pronunciamiento
en el marco de la acción de tutela que presentara el 23 de noviembre
de 2021 la señora Claudia Lorena Betancourt Suárez contra el Tribunal
Administrativo del Tolima, que cursó bajo el radicado N.º 11001-03-
15-000-2021-10571-00, puesto que dicha demanda, además de
dirigirse contra la misma providencia, es idéntica a la que ahora ocupa
la atención de la Sala.

En efecto, en dicha oportunidad, esta Sala consideró lo siguiente:

«De acuerdo con las piezas procesales que reposan en el expediente, la Sala observa que la
decisión adversa a las pretensiones de la demanda de reparación directa, tuvo como sustento
que aun cuando, en principio, al señor Ulises Avendaño Guzmán no era dable exigirle
asumir la investigación penal durante el tiempo en que estuvo privado de la libertad – 5
meses y 26 días –, el juicio de reparación implica, también, analizar si este incurrió en
alguna conducta dolosa o gravemente culposa que diera lugar a la imposición de la misma.

En ese escenario, el Tribunal estableció que las entrevistas realizadas a las víctimas del daño
que dio lugar al inicio de la investigación penal, el reconocimiento que estas hicieren en fila
de personas y las evidencias encontradas en la residencia del señor Avendaño Guzmán, tales
como celulares, directorios telefónicos, varias sim card, comprobantes de consignación,
entre otros, les permitía a las autoridades penales inferir razonablemente su participación o
autoría en la conducta delictiva, así como la necesidad y proporcionalidad exigidos en los
artículos 308 y 313 de la Ley 906 de 2004, lo que descartaba que dicho daño fuera
antijurídico e imputable a las autoridades demandadas.

Así lo expuso el Tribunal:

“Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, estima el Tribunal que atendiendo las
circunstancias propias del presente caso, si existían serios indicios para endilgar

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responsabilidad penal en contra del señor ULISES AVENDAÑO GUZMAN, al
momento que se decidiera sobre la procedencia de la imposición de la medida de
aseguramiento en Establecimiento Carcelario, en razón a que algunos de los delitos por
el cual fueron investigados (CONCIERTO PARA DELINQUIR CON FINES
EXTORSIVOS Y TENTATIVA DE EXTORSIÓN (…), superaban la pena de cuatro
años de prisión, sumado a que fue imputada con concierto para delinquir, lo cual
aumentaba el quantum punitivo.

(…)

Además, las propias versiones de los denunciantes y las posteriores investigaciones por
parte de la Policía Judicial en la recolección del material probatorio que fue encontrado
en la residencia del actor, dieron lugar al inicio de la investigación en su momento,
constituyeron un indicio grave de responsabilidad en contra del investigado penalmente,
lo cual tuvo mayor incidencia frente a la solicitud del ente investigador para que se
impusiera la medida de aseguramiento de carácter intramural y que la misma, hubiese
sido decretada por el Juez de Control de Garantías, independientemente, que surtiendo el
proceso, se hubiese considerado que no existía mérito para condenar al señor ULISES
AVENDAÑO GUZMAN, del delito endilgado.

En este sentido, reitera el Tribunal que atendiendo las circunstancias propias del presente
caso, si existían serios indicios para endilgar responsabilidad penal en contra del señor
ULISES AVENDAÑO GUZMAN, y por ello en su momento, haberle dictado medida de
aseguramiento, la cual es menester resaltar que si no estaban de acuerdo, contaron con la
oportunidad de recurrirla, lo cual no sucedió. A su vez, atendiendo los requisitos previstos
en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004, la medida de aseguramiento impuesta al actor,
estuvo ajustada a los parámetros legales y jurisprudenciales, máxime, cuando su libertad
se dio por vencimientos de términos y no por alguna irregularidad procesal durante su
detención.

Así las cosas, en cuanto a la responsabilidad de la administración respecto a la
comisión del daño que se endilga en su contra, considera el suscrito que en el sub judice
no se puede predicar una conducta contraria a derecho por parte de las entidades
demandadas, en tanto la medida de aseguramiento a que fue sometido en su momento el
señor ULISES AVENDAÑO GUZMAN, estuvo plenamente sustentada tanto en la
normatividad que regula el procedimiento a seguir en el tipo de investigación a que estaba
siendo sometido, como en el material probatorio que fue exhibido por la Fiscalía ante el
juez de control de garantías.

En este punto, resulta conveniente resaltar que son diferentes los requisitos que exige la
norma para la imposición de la medida de aseguramiento a los que se requieren para
calificar de mérito el sumario para condenar, pues es claro que para este último escenario,
es preciso que haya ausencia de duda, en tanto que, la imposición de la medida de
aseguramiento, no está sujeta a una prueba irrefutable de la responsabilidad penal de la
persona investigada, sino, que medie escrito de la autoridad judicial competente, que
reúna los presupuestos establecidos en la ley procesal para solicitarla.

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Bajo esta premisa, concluye la Corporación, que las decisiones adoptadas por el Juez de
Control de Garantías, estuvieron sustentadas sobre los principios constitucionales de
razonabilidad y proporcionalidad, criterios que deben ser revisados tal y como lo dijo el
reciente pronunciamiento nuestro Máximo Órgano de Cierre, en virtud a que para ese
momento procesal fueron aportados elementos de juicio que gozaban de credibilidad para
la legalización de la captura, la imputación de cargos en contra del señor ULISES
AVENDAÑO GUZMAN, así como para la imposición de la medida de aseguramiento
intramural, puesto que se podía inferir razonablemente que el demandante estaba
implicado en los hechos materia de investigación penal.

Por tal razón, al no evidenciarse una conducta negligente o en su defecto, constitutiva de
falla en el servicio, no es posible predicar la existencia de responsabilidad de las entidades
demandadas, pues como se indicó en apartados anteriores, la carga impuesta al hoy
demandante en ningún momento fue lesiva, injusta o desproporcionada, teniendo en
cuenta los derechos fundamentales en conflicto, los cuales ameritaban la restricción del
derecho a la libertad del señor AVENDAÑO GUZMAN, hasta tanto se resolviera de
manera definitiva su situación jurídica”.

Lo anterior permite a la Sala entender que la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima se sustentó en un análisis integral del material probatorio
aportado al proceso de reparación directa, del cual estableció que las autoridades que
impusieron la medida de aseguramiento al señor Avendaño Guzmán sí contaron con
elementos suficientes que les permitieran “inferir razonablemente” su autoría o
participación en la conducta delictiva objeto de investigación así como la proporcionalidad
y razonabilidad de la medida, como lo exige la Ley 906 de 2004 en relación con la
procedencia de la misma.

Así pues, el contexto descrito permite a la Sala colegir que el reproche que plantea la
accionante en esta sede constitucional tiene como sustento su divergencia de criterio en la
apreciación y valoración del mismo conjunto de pruebas, las cuales, en su entender, no
podrían haber dado lugar a la restricción de la libertad de que fue objeto el señor Avendaño
Guzmán, argumento que no resulta suficiente para estructurar el defecto fáctico endilgado,
puesto que para que ello ocurra es necesario que se demuestre que el juez de instancia se
haya separado por completo de los hechos probados, situación que no se muestra evidente
en este asunto.

De esta manera, comoquiera que la decisión del Tribunal Administrativo del Tolima
contiene una carga argumentativa suficiente y razonable, sustentada en las pruebas
legalmente practicadas en el proceso, no es dable considerarla como constitutiva de defecto
fáctico, pues, por el contrario, corresponde al ejercicio de la función prevista a cargo de los
jueces, conforme se deduce del contenido normativo de los principios constitucionales de
autonomía e independencia judicial.

De esta manera, se concluye que la posición jurídica asumida por el Tribunal Administrativo
del Tolima constituye un ejercicio razonable de la actividad judicial, lo que descarta que

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A c ci o na n t e: U li se s A ve n d añ o G uzm á n

con la misma se vulneraran los derechos fundamentales invocados por la accionante, lo que
impone a esta Sala negar el amparo deprecado».

Así las cosas, comoquiera que el señor Ulises Avendaño Guzmán
expone los mismos argumentos que ventilara su esposa, la señora
Claudia Lorena Betancourt Suárez en la tutela que radicara, incluso, un
día después de la presentación de esta demanda (23 de noviembre de
2021), puesto que se trata de idéntico escrito en el que se le atribuyó
al Tribunal Administrativo del Tolima haber incurrido en defecto fáctico,
la Sala dispondrá estarse a lo dispuesto en la sentencia del 3 de febrero
de 2022 que negó el amparo constitucional deprecado, en tanto no se
encontró acreditado el defecto fáctico alegado y se advirtió, por el
contrario, un ejercicio razonable y ponderado del ejercicio de la
actividad judicial.

Lo anterior no obsta para prevenir a los accionantes para que, en lo
sucesivo, se abstengan de incurrir en las conductas evidenciadas en
este proceso de acudir de manera separada al juez constitucional,
máxime cuando se puede inferir que recibieron asesoría jurídica
especializada, si se tiene en cuenta que en ambas demandas de tutela
se registró como dirección electrónica de notificaciones
sscolectivodeabogados@hotmail.com y las dos se radicaron con un día
de diferencia, y sin que sobre dichas circunstancias hicieran referencia
alguna, lo que podría atentar contra la lealtad procesal que debe
imperar en las actuaciones judiciales.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,

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administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

FALLA

PRIMERO: ESTARSE A LO RESUELTO por esta Sala de Subsección
en la sentencia del 3 de febrero de 2022 proferida dentro
de la acción de tutela radicada con el N.º 11001-03-15-
000-2021-10571-00, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente En comisión

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