RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-11626-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-11626-00

Fecha
3 de marzo de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-11626-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la petición de amparo constitucional deprecada por la señora Yolanda Muñoz Díaz, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-11626-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

3 de marzo de 2022

Demandante: Yolanda Muñoz Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda – Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11626-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11626-00
Demandante: YOLANDA MUÑOZ DÍAZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “C”

Temas: Tutela contra providencia judicial – Niega la solicitud de
amparo – Defectos fáctico y procedimental por exceso
ritual manifiesto.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la acción de tutela interpuesta por la señora Yolanda
Muñoz Díaz, por intermedio de apoderado judicial, contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda - Subsección “C”.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado el 14 de diciembre de 2021 al buzón web del
aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, actuando por intermedio de apoderado judicial, la
señora Yolanda Muñoz Díaz ejerció acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, con el fin
de que le sean amparados sus derechos fundamentales al trabajo, a la
igualdad, al debido proceso y el principio in dubio pro-operario.

2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías
constitucionales con ocasión de la providencia proferida el 4 de agosto de
2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “C”, mediante la cual confirmó parcialmente la decisión de
primera instancia, dictada por el Juzgado Doce Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Bogotá́ – Sección Segunda el 11 de marzo de 2020, que
había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda que instauró
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Yolanda Muñoz Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda – Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11626-00

en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
promovido contra la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.,
identificado con radicación 11001-33-35012-2018-00129-01.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales y como consecuencia pidió:

“Primero: Declare que la Sentencia de fecha 4 de agosto de 2021,
proferida por la Subsección C, de la Sección Segunda del Honorable
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, integrada por los Honorables
Magistrados Doctores: Samuel José Ramírez Poveda, Carlos Alberto
Orlando Jaiquel y Amparo Oviedo Pinto, y, por no haber aceptado la
solicitud de aclaración, constituye VIA DE HECHO POR ERROR F
CTICO y/o V A DE HECHO POR ERROR FÁCTICO NEGATIVO, dentro
del proceso administrativo ordinario que como medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, bajo el expediente radicado bajo
el número 11001333501220180012901 promovió Yolanda Muñoz Díaz
contra la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, E. S. E.

Segundo: Como consecuencia de la declaración anterior, y en
reparación de las vías de hecho denunciadas, se le ordene Subsección
C, de la Sección Segunda del Honorable Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, integrada por los Honorables Magistrados Doctores:
Samuel José Ramírez Poveda, Carlos Alberto Orlando Jaiquel y Amparo
Oviedo Pinto, proceda en el término que le impongan, dictar la sentencia
que en derecho corresponda conforme las probanzas reales completas y
de acuerdo a la aplicación de la reglas de la sana crítica, de la
experiencia, donde se indique que el mismo no este sometido a
prescripción alguna, por cuenta del excesivo ritualismo, hecho contra la
parte actora de dicho proceso.

Tercero: Con el Gran Respeto que siento por los miembros del
Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero que, en todo
caso, es una consecuencia obvia de los anteriores pedimentos, se
conmine a los Funcionarios de la Instancia (Ad-quem) para que, en lo
sucesivo, se abstengan de incurrir en las situaciones descritas,
constitutivas de vías de hecho”. (sic para toda la cita)

1.3. Hechos probados y/o admitidos

4. La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos
relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

5. La accionante presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur E.S.E., con la pretensión de obtener la nulidad del
Oficio No. OJU-E-1863-2017 del 4 de octubre de 2017, que le negó el

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Yolanda Muñoz Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda – Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11626-00

reconocimiento y pago de emolumentos y prestaciones sociales derivadas
del vínculo laboral con la referida institución, en los periodos en que suscribió
contratos de prestación de servicios.

6. A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad
accionada al reconocimiento y pago de las acreencias salariales y
prestacionales dejadas de percibir en la cuantía en las que fueron
canceladas a quienes desempeñaban los cargos de Auxiliar Área de Salud
código 412, grado 5; Profesional Universitario código 219, grado 12 y
Técnico Operativo código 314, grados 04 y 08, en el periodo comprendido
entre el 1º de junio de 2000 y el 31 de agosto de 2016.

7. También solicitó el pago de cesantías, intereses a las cesantías, primas de
carácter legal y vacaciones (compensadas en dinero), que se hubieren
causado durante la prestación de los servicios. Pidió igualmente la
devolución de los aportes que realizó al Sistema General de Seguridad
Social, por conceptos de salud y pensión, además de los valores deducidos
por retención en la fuente y el reconocimiento de la sanción moratoria
consagrada en el artículo 2º de la Ley 244 de 1995.

8. El referido medio de control con radicado 11001-33-35-012-2018-00129-00
fue asignado por reparto al Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Bogotá que, previo trámite procesal, dictó sentencia el 11 de
marzo de 2020, en la que accedió parcialmente a las súplicas de la
demanda, al considerar que se debía aplicar el principio de la primacía de la
realidad, porque la demandante estuvo vinculada al servicio de la entidad
hospitalaria, a través de contratos de prestación de servicios entre los años
2000 y 2016. Precisó que no había lugar, a descontar el lapso comprendido
entre el 24 de octubre de 2015 y el 31 de enero de 2016, dado que
correspondió a la licencia de maternidad que disfrutó.

9. En consecuencia, declaró la nulidad del acto acusado y, a título de
restablecimiento del derecho, ordenó a la entidad reconocer y pagar a la
accionante las prestaciones sociales a las que tenía derecho derivadas de la
relación laboral, tomando como base el salario o valor mensual establecido
para el cargo de Profesional Universitario Código 219, grado 12 de planta,
descontando los honorarios que se le cancelaron en virtud de los contratos
de prestación de servicios.

10. Igualmente, ordenó el pago de la diferencia a su favor de los aportes de
cotización en pensión durante el tiempo en que se mantuvo la relación
laboral, en atención al cargo equivalente en planta. Por otra parte, negó la
sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías, en razón a que

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Yolanda Muñoz Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda – Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11626-00

solo procede cuando han sido reconocidas y, la devolución de los valores
que canceló por retención en la fuente.

11. Inconformes con la decisión, la aquí accionante y la parte demandada
interpusieron recurso de apelación, cuyo conocimiento le correspondió al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”,
que mediante sentencia dictada el 4 de agosto de 20211 confirmó
parcialmente la decisión del a quo, al considerar que con el material
probatorio aportado, se encontraban demostrados los elementos que
consagra el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, para configurar la
relación laboral, como quedó establecido en la sentencia de primera
instancia.

1 “Primero. - SE CONFIRMA PARCIALMENTE la Sentencia proferida por el Juzgado Doce

(12) Administrativo Oral de Bogotá-Sección Segunda, el once (11) de marzo de dos mil
veinte (2020), que accedió́ parcialmente a las pretensiones de la demanda promovida por
Yolanda Muñoz Díaz, por las razones expuestas en la parte motiva.
Segundo.- MODIFICAR los numerales SEGUNDO y TERCERO, los cuales quedan, así:
SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración de nulidad, a título de restablecimiento
del derecho, CONDENAR a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
E.S.E., a reconocer y pagar a favor de la señora Yolanda Muñoz Díaz, identificada con C.C.
No. 52.280.956, las prestaciones sociales ordinarias correspondientes al periodo
comprendido entre el dos (2) de mayo de dos mil doce (2012) y el treinta y uno (31) de
agosto de dos mil dieciséis (2016), iguales a las que se reconocieron a los empleos de
Auxiliar Área Salud código 219, grado 05 entre el 2 de mayo de dos mil doce (2012) y el 31
de julio de ese mismo año y Profesional Universitario código 219, grado 12 de planta del
hospital (teniendo en cuenta los periodos en que realizó las labores en las mismas
condiciones) del 1o de agosto de 2012 al 31 de agosto de dos mil dieciséis (2016), tomando
como base de liquidación el cien por ciento (100%) de los honorarios pactados en los
contratos de prestación de servicios, descontando los días no laborados entre el primero
(1o) y el treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciséis (2016) y demás interrupciones o
suspensiones, si las hubiere, en que no haya efectivamente laborado, de acuerdo con las
precisiones hechas en la parte motiva.
Ordenar a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., a efectuar con destino al
sistema de seguridad social en pensiones, las cotizaciones, por el monto que hicieren falta,
calculada la obligación patronal, teniendo como base de cotización la totalidad de los
honorarios (100%).
Para el efecto, la demandada deberá tomar como base de cotización los honorarios
pactados mes a mes, por el tiempo en que se declara la desnaturalización de los contratos
de prestación de servicios celebrados, y determinar si existiere diferencia entre los aportes
realizados como contratista y los que se debieron cotizar al respectivo fondo de pensiones.
La suma faltante, por concepto de aportes a pensión en el porcentaje que le corresponda
como empleador, deberá pagarse al fondo de pensiones indicado por la demandante al
momento de solicitar el cumplimiento de la sentencia.
Con el fin de dar cumplimiento a lo anterior, la parte actora deberá acreditar ante la
administración las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante su vínculo
contractual y en la eventualidad de que no las hubiere hecho o existiese diferencia en su
contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía
como trabajadora.
TERCERO: DECLARAR PRESCRITOS todos aquellos derechos laborales que emanen de
la existencia del contrato realidad con anterioridad al dos (2) de mayo de dos mil doce
(2012), excepto los aportes a pensión.
Tercero. - SE REVOCA el numeral SEXTO de la decisión que condenó en costas a la
entidad demandada, acorde con lo expuesto en la parte motiva.”

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Yolanda Muñoz Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda – Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11626-00

12. Adicionalmente, declaró la prescripción trienal de todos los derechos
laborales que emanen de la existencia del contrato realidad con anterioridad
al dos (2) de mayo de dos mil doce (2012), excepto los aportes a pensión.

13. Lo anterior, por cuanto en algunos casos los contratos fueron
suspendidos por más de 15 días hábiles. Razón por la cual determinó que:

“se concluye que en el presente caso se configuró la prescripción extintiva
sobre el pago de las prestaciones sociales reclamadas relacionadas con la
adición al contrato 1-1430 -2011, esto es, las anteriores al 2 de mayo de
2012, lo que significa que únicamente los derechos de esa índole
causados a partir de la vigencia de los periodos de contratación siguiente,
fueron reclamados en tiempo (dentro de los tres años siguientes a su
terminación) y por ende no se ven afectados por el fenómeno prescriptivo,
debiendo descontar en todo caso los días no laborados entre el 1o y el 31
de mayo de 2016, dado que a partir del 1o de junio de ese año se inició la
primera adición al contrato A382 que culminó con su tercera adición el 31
de agosto de 2016”.

14. Frente a la anterior decisión la parte demandante solicitó adición y
complementación de la sentencia al considerar que no había operado la
prescripción.

15. El 1º de diciembre de 2021, el ad quem negó la solicitud de adición, al
considerar que no se aportó ningún contrato de prestación de servicios para
acreditar la prestación del servicio en el periodo comprendido entre el 1º y el
30 de mayo de 2016, por lo que se estableció una interrupción de 20 días
hábiles y, en todo caso, explicó, que el último contrato finalizó el 31 de
agosto de 2016.

16. Precisó que la sentencia cuestionada, no contenía conceptos o frases
que ofrecieran motivo de duda que conllevaran a su aclaración y que
tampoco se omitió resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o
sobre cualquier otro argumento que de conformidad con la ley debía ser
objeto de pronunciamiento para su adición.

1.4. Fundamentos de la solicitud

17. La parte actora argumentó que la autoridad judicial accionada, para
determinar la prescripción, indicó de manera concreta que no obraba en el
proceso el contrato de prestación de servicios que acreditara el periodo
comprendido, entre el 1º de enero al 30 de abril de 2012 (81 días), con la
conclusión de que la prestación fue suspendida, pues transcurrieron más de
15 días hábiles entre la terminación de un contrato y el inicio del siguiente
(solución de continuidad).

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Yolanda Muñoz Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda – Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11626-00

18. Invocó la causal de defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
alegando que se incurrió en un rigorismo procedimental en la apreciación
de las pruebas y, con ello, se desconoció el contenido del artículo 228 de la
Constitución Política, por cuanto le impidió el acceso a la administración de
justicia y omitió el deber de dar prevalencia al derecho sustancial.

19. Por otra parte, vulneró el debido proceso al no aplicar las reglas de la
sana crítica y de la experiencia en el caso, con la exigencia arbitraria de un
contrato que no fue aportado, sin analizar que con los demás medios de
prueba (2 certificaciones laborales), se podía colegir el periodo en que
trabajó.

20. Agregó que se incurrió en una indebida valoración de las pruebas
recolectadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento toda vez
que el tribunal eliminó el tiempo laborado con anterioridad al “1º DE MAYO
DE 2012 Y HASTA EL INICIO DE SU RELACIÓN LABORAL”, decretando la
prescripción trienal, con desconocimiento de los demás medios de prueba
idóneos, que se debieron valorar en su integralidad, o pudo incluso hacer
uso de los indicios para llegar a la verdad de la relación laboral de facto.

21. Afirmó que se debió aplicar a su caso el principio constitucional de in
dubio pro operario, para llegar a la conclusión de que sí existió la prestación
personal del servicio en los períodos del 1º de enero de 2012 al 30 de abril
de 2012 y del 1º de mayo de 2016 al 31 de mayo de 2016.

22. Además, adujo que la judicatura no ejerció su poder para pedir pruebas
de oficio y esclarecer el asunto respecto de los contratos que hacían falta,
para determinar la existencia de la prestación del servicio en el periodo
referido.

1.5. Trámite de la acción de tutela

1.5.1. Auto admisorio de la demanda

23. La Magistrada que funge como Ponente, mediante auto del 12 de enero
de 2022, admitió la demanda de tutela y dispuso su notificación a la parte
actora, así como a los Magistrados del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”.

24. En la misma providencia, ordenó vincular como tercero con interés al
Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá – Sección
Segunda, como autoridad judicial que conoció en primera instancia el asunto

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Yolanda Muñoz Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda – Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11626-00

bajo estudio, así como a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur y al
Hospital de Meissen, II Nivel E.S.E.

1.5.2. Intervenciones

25. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las
constancias visibles en la copia digital del expediente de la acción de tutela,
se presentaron las siguientes intervenciones:

1.5.2.1. Sub-Red Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

26. A través de correo electrónico de 31 de enero de 20222 y por intermedio
del jefe de la Oficina Asesora Jurídica, la Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur E.S.E., señaló que el tribunal tuvo en cuenta en su integridad el
material probatorio obrante en el expediente, por lo tanto, no existe
vulneración de las prerrogativas superiores invocadas por la accionante.

27. Afirmó que la parte actora pretende reabrir un debate que quedó
ejecutoriado, lo cual torna improcedente el amparo, pues tuvo a su alcance
todos los mecanismos dispuestos por el legislador para que los extremos en
controversia pudieran solicitar, controvertir, allegar pruebas y formular
recursos y, no lo hizo.

28. Señaló que la sentencia que se cuestiona fue favorable a las
pretensiones de la señora Yolanda Muñoz.

29. Finalmente, solicitó negar “por improcedente la acción constitucional”.
Agregó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “C”, no vulneró los derechos fundamentales invocados, razón por
la cual se deben denegar las pretensiones formuladas.

1.5.2.2. Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Bogotá

30. Por medio de correo electrónico de 26 de enero de 2022 3, el secretario
del Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, informó
que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
N°11001333501220180012900 no estaba bajo su custodia, toda vez que lo
envió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “C”, cuyo conocimiento le correspondió al Magistrado Ponente

2 Indice 9 del expediente.
3 Indice 8 edel expediente.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Yolanda Muñoz Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda – Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11626-00

Dr. Samuel José Ramírez Poveda, para surtir el trámite del recurso de
apelación.

31. Luego de explicar lo anterior, hizo una relación de las actuaciones que se
surtieron en primera instancia y aportó las providencias de audiencia inicial,
de pruebas, de alegatos, juzgamiento y de conciliación.

32. Adujo que la Sub-Red de Servicios de Salud Sur E.S.E. reconoció que el
tribunal tuvo en cuenta en su integridad el material probatorio obrante en el
expediente, por lo tanto, no existe vulneración de las prerrogativas superiores
invocadas por la accionante.

1.5.2.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “C”

33. Por medio de correo electrónico de 2 de febrero de 20224, el magistrado
titular del Despacho hizo un recuento de las pretensiones de la demanda y
de las distintas actuaciones surtidas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

34. Además señaló que, el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Bogotá conoció del proceso en primera instancia y, mediante
sentencia del 11 de marzo de 2020, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda en la que declaró la nulidad del acto acusado y, a título de
restablecimiento del derecho, ordenó a la entidad reconocer y pagar a la
accionante las prestaciones sociales ordinarias a que tuviera derecho,
derivadas de la relación laboral, causadas con posterioridad al 15 de
septiembre de 2014 (por prescripción trienal).

35. La decisión fue confirmada en providencia en la que se analizó el
material probatorio obrante en el expediente, las normas aplicables al caso y
la jurisprudencia proferida por el Consejo de Estado sobre el asunto objeto
de estudio, consistente en la necesidad de acreditar la relación laboral entre
las partes que da lugar al pago de las prestaciones sociales reclamadas.

36. Indicó que se verificaron no solo las certificaciones expedidas por la
entidad demandada, sino también cada uno de los contratos de prestación
de servicios aportados al proceso, teniendo en cuenta que en ocasiones,
como ocurrió en este caso, son generales y más aún no concuerdan con las
órdenes de prestación de servicios, documentos idóneos para probar las
fechas en que fueron ejecutados cada uno de los contratos que suscribió la

4 Indice 8 edel expediente.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Yolanda Muñoz Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda – Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11626-00

señora Yolanda Muñoz Díaz con la Subred Integrada de Prestación de
Servicios.

37. En ese sentido explicó que, cuando la reclamación se presenta después
de pasados los tres (3) años, contados desde la terminación del vínculo
contractual, prescribe el derecho a reclamar las prestaciones sociales
solicitadas, con excepción de los aportes a pensión.

38. Igualmente, precisó que las providencias proferidas dentro del proceso
estuvieron ajustadas a los preceptos constitucionales y legales, razón por la
cual no se configuró algún defecto y se torna improcedente la acción de
tutela.

39. Por su parte, la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda, Subsección “C”, mediante correo electrónico del 26 de
enero de 2022, acreditó que efectuó la publicación del auto admisorio de la
presente acción de tutela en la página web.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

40. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda
presentada por la señora Yolanda Muñoz Díaz, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley
2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y en el artículo 13 del Acuerdo
80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

41. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C” y le
corresponde conocer como máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, por ser superior funcional del primero.

2.2. Legitimación en la causa

42. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene
toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a
su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento
preferente y sumario.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Yolanda Muñoz Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda – Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11626-00

43. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que
toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí mismo o por
representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los
derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su
propia defensa.

44. Desde el proferimiento por parte de la Corte Constitucional de la
sentencia T-416 de 19975, se estableció que la legitimación en la causa por
activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en
que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés
sustancial que se discute en el proceso de tutela.

45. En la sentencia T-086 de 20106, la Alta Corporación reiteró que “Esta
exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea
un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior
no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a
través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.

46. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 20117, indicó que la
legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona
que ejerce la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto
del amparo que se solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente
el fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es
propio del demandante”.

47. En la sentencia T-435 de 20168, la Corte estableció las condiciones que
deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los
cuales hizo especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales
reclamados, lo cual quedó reiterado en la SU-454 de 20169, en la que,
adicionalmente, señaló que el estudio de la legitimación en la causa de las
partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un
presupuesto procesal de la demanda.10

5 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416, 28.08.97., M.P. Antonio

Barrera Carbonell.
6 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083, 15.02.10., M.P. Jorge

Ignacio Pretelt Chaljub.
7 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176, 14.03.11., M.P. Jorge

Ignacio Pretelt Chaljub.
8 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435, 12.08.16., M.P. Gloria

Stella Ortiz Delgado
9 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454, 25.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz

Delgado.
10 Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511,

08.08.17., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de
Revisión, Sentencia T-318, 19.09.18., M.P. Luis Guillermo Guerrero López, en la cual se

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Yolanda Muñoz Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda – Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11626-00

48. Con fundamento en el marco conceptual expuesto11, la Sala advierte que
la señora Yolanda Muñoz, es la titular de los derechos fundamentales que
reclama, en consideración a que conformó la parte demandante del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se dictó la providencia
censurada.

49. En consecuencia, la accionante goza de legitimación en la causa por
activa, presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los
requisitos de procedibilidad y del núcleo esencial de los derechos
vulnerados.

50. En relación con la autoridad judicial, se advierte que la demanda se
dirigió contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “C”, que profirió la decisión de segunda instancia que, a juicio de
la parte actora, vulneró sus derechos, por lo que se encuentra legitimada por
pasiva.

2.3. Problema jurídico

51. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

 ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad
adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

52. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, se estudiará:

 ¿Si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte actora?

 Concretamente, se absolverá el subproblema jurídico referido a si la
referida autoridad incurrió en los defectos fáctico y procedimental por
exceso ritual manifiesto, por haber aplicado la prescripción trienal para

señaló: “En el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso
planteado, el juez constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del
Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de legitimación en la causa por
activa y por pasiva; (ii) la instauración del recurso de protección de manera oportuna
(inmediatez); y (iii) el agotamiento de los mecanismos judiciales existentes, salvo que tales
vías no sean eficaces o idóneas, o en su defecto se configure la ocurrencia de un perjuicio
irremediable (subsidiariedad)”. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
11 Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección

Quinta, ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en
las acciones de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia
27.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Yolanda Muñoz Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda – Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11626-00

el reconocimiento y pago de acreencias laborales derivadas de la
acreditación del contrato realidad.

53. Para resolver los interrogantes planteados, se examinarán los siguientes
temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencia judicial; (ii) de los requisitos de
procedibilidad adjetiva; (iii) generalidades de los defectos alegados; y (iv)
análisis del caso concreto.

2.4. Razones jurídicas de la decisión

2.4.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

54. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de
2012,12 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto
las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas
diversas sobre el tema.13

55. Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.14

56. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería
ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los
“fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

57. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de
201415, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590/2005, M.P.
Jaime Córdoba Triviño, para determinar la procedencia de la acción
constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un

12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente No. 2009-

01328-01. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. M.P. MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.
13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñada.
14 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela

contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia”.
15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de

agosto de 2014, Expediente No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ.

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Yolanda Muñoz Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda – Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11626-00

mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales, como lo señala el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el
amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas
características.

58. A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede
interponer contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del
Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos
fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y, en donde el
actor tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.

2.4.2. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.2.1. Relevancia constitucional

59. En el sub judice se advierte que, el asunto es de relevancia
constitucional, por cuanto, en primer lugar, la parte actora cuestiona la
razonabilidad de la providencia del 4 de agosto de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”,
pues valoró indebidamente el material probatorio y realizó exigencias
excesivas, siendo que de los elementos de convicción aportados se lograba
determinar la existencia del contrato realidad sin solución de continuidad,
razón suficiente para que no se le aplicara la prescripción trienal y le fueran
reconocidos los emolumentos salariales y prestacionales completos.

60. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite
que el titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de
indefensión, pues en efecto, el extremo actor considera vulnerados sus
derechos fundamentales al trabajo, igualdad, debido proceso y principio in
dubio pro operario, toda vez que con las pruebas aportadas al proceso
ordinario se lograba acreditar el tiempo efectivamente laborado por la
accionante.

61. Razón por la cual, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “C”, incurrió en un defecto fáctico, al omitir valorar el
material probatorio que acreditaba la relación laboral y negar el
reconocimiento y pago de acreencias laborales, por la existencia de la
falencia probatoria y exceso ritual manifiesto al exigir contratos con los que
no contaba.

62. En ese sentido, los argumentos en los que expuso la presunta forma
equivocada como se interpretó el contenido del material probatorio, a su

13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Yolanda Muñoz Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda – Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11626-00

juicio, bastaba con que el juez solicitara prueba de oficio de los contratos
faltantes, para esclarecer los hechos y de tal manera acceder al
reconocimiento y pago de la totalidad del tiempo laborado derivado del
contrato realidad.

63. Así las cosas, es evidente la tensión alegada por el tutelante entre la
razonabilidad de la decisión, que al no tener en cuenta el material probatorio
y omitir decretar pruebas de oficio, en su criterio, vulneró los derechos
fundamentales al trabajo, igualdad, debido proceso y principio in dubio pro
operario.

64. Teniendo en cuenta lo anterior, las garantías constitucionales
mencionadas que subyacen en el sub lite, por ser aquellas cuya protección
pretende la parte accionante, tienen rango constitucional, al tenor de lo
dispuesto en el artículo 29 de la Carta, lo que implica que la misma
trascienda el ámbito meramente legal.

65. En virtud de lo expuesto, el asunto es de relevancia constitucional
cuando prima facie resulta necesario verificar si subsiste violación o amenaza
a los derechos fundamentales o judicial establecido por la ley para su
protección.

66. Adicionalmente, este presupuesto implica que el asunto de la acción de
tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, su
aplicación, para su eficacia y la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales y libertades públicas.

2.4.2.2. Tutela contra tutela

67. La Sala observa que no existe reparo alguno en cuanto hace referencia
al juicio de procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra
decisión de la misma naturaleza, pues la providencia cuestionada fue
proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado N° 11001-33-35-012-2018-00129-01 instaurado por la
accionante en contra de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
E.S.E.

2.4.2.3. Inmediatez

68. En relación con el acatamiento de este requisito, no se advierte ningún
reproche, en vista de que el proveído de segunda instancia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, fue
proferido el 4 de agosto de 2021, dentro del proceso de nulidad y

14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Yolanda Muñoz Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda – Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11626-00

restablecimiento del derecho, mientras que la acción de tutela fue presentada
el 14 de diciembre de 2021, es decir dentro del plazo razonable de los 6
meses contados a partir del día hábil siguiente a la ejecutoria de la
providencia censurada16.

2.4.2.4. Subsidiariedad

69. Frente a este aspecto, la Sala encuentra que la sentencia de 4 de agosto
de 2021 por tratarse de una providencia que resolvió en segunda instancia el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es evidente el
agotamiento de los recursos ordinarios.

70. Así mismo, se advierte que tampoco proceden los recursos
extraordinarios de revisión y de unificación de jurisprudencia, pues los
motivos que sustenta la parte actora para el amparo deprecado no guardan
relación con las causales que hacen procedente tales mecanismos judiciales.

2.4.3. De los defectos alegados

2.4.3.1. Defecto procedimental

71. Según lo establecido por la Corte Constitucional, se presenta cuando la
autoridad judicial en el desarrollo del proceso (i) sigue un trámite
completamente ajeno al establecido en la ley, (ii) pretermite etapas
sustanciales del procedimiento, afectando el derecho de defensa y
contradicción de las partes, o (iii) incurre en un exceso ritual manifiesto.
Atendiendo los derroteros de la demanda es relevante ahondar en la tercera
modalidad:

72. Se presenta en los casos que el funcionario judicial competente actúa por
fuera del trámite legalmente establecido, manifestado en grado absoluto y
que, sin ninguna justificación válida, desencadena la afectación de
prerrogativas previstas en la Constitución y la legislación vigente.

73. Aunque en este evento el ámbito de interferencia del juez de tutela
está restringido, pues se entiende que la autoridad judicial responsable
actúa en el marco de las competencias previstas por el Legislador,
también ha indicado la Corte que cuando el operador desempeña sus
funciones alejado de la normatividad procesal aplicable, su decisión
resulta incompatible con los preceptos que orientan el ordenamiento

16Ver al respecto las sentencias de la Sección Quinta del Consejo de Estado del 11 de
octubre de 2018. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2018-01114-01; 15 de
noviembre de 2018. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 70001-23-33-000-2018-00267-01 y 14
de noviembre de 2019. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2019-03056-01.

15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Yolanda Muñoz Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda – Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11626-00

jurídico. Por esta razón, ha señalado que se admite la intervención
excepcional del juez de tutela en eventos como los siguientes:

“(i) Primero, cuando la autoridad judicial tramita el asunto que le
corresponde resolver por un cauce completamente distinto al previsto
en la ley o prescinde por su simple voluntad de la práctica de una o de
varias etapas del proceso. Bajo este supuesto, no solo se ha decidido
casos en los que el operador ha omitido, sin ninguna justificación
razonable, el decreto y práctica de pruebas o la notificación de la
actuación procesal que requiere de dicha formalidad, sino que también
ha examinado la aplicación de términos judiciales, donde el juez opta,
sin motivación, por prolongar o delimitar el tiempo con que cuentan las
partes para intervenir en el proceso ordinario.

(ii) En segundo lugar, cuando en el proceso se presenta una demora
injustificada que impide la adopción de la decisión judicial definitiva.
Esto no quiere decir que sea posible cuestionar mediante tutela
cualquier retraso, alegando de forma general la existencia de una mora
judicial, pues lo que se cuestiona en este supuesto es la propia
vulneración del derecho a un trámite judicial ágil y sin dilaciones
injustificadas.

(iii) Finalmente, cuando el juez de la causa desconoce las garantías
mínimas del debido proceso, en especial, en los casos que el operador
judicial limita irrazonablemente los derechos a la defensa y
contradicción de los sujetos procesales, presentándose por ello
evidentes fallas en la defensa técnica que no pueden ser imputables a
la persona y que, sin embargo, tienen un efecto decisivo en la
resolución del asunto controvertido”.

2.4.3.2. Generalidades del defecto fáctico

74. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 2015 17, precisó los
alcances y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la
ocurrencia de un defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son
traídos a colación en la presente decisión:

75. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de
decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii)
desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la
veracidad de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o
arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en
pruebas obtenidas con violación del debido proceso, los cuales tienen las
siguientes características:

Evento Características
Omisión de decreto Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega,
y práctica de solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el

17Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.

16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Yolanda Muñoz Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda – Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11626-00

pruebas problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue negada; ello sin
indispensables para desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que no
fallar el asunto atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las
cosas, es importante considerar que no toda negativa a un decreto de
pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya que éste
procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba que,
solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba
señalados.

De esta manera, se requiere:

a) Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
c) Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada era
conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse
decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.

Desconocimiento Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el
del acervo expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que se
probatorio pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador
determinante para ordinario. En este punto, se requiere que, de forma específica, se
identificar la concrete en el escrito de amparo, cuales pruebas, aportadas oportuna y
veracidad de los legalmente, fueron desconocidas por el juez.
hechos alegados por
las partes Así las cosas, se configura siempre que:

a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por el
juez.
b) Se demuestre que éstos fueron aportados en forma legal y
oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes para la
decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de estos para variar el
sentido del fallo.

Valoración irracional Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la
o arbitraria de las apreciación efectuada por el fallador resulta manifiestamente
pruebas aportadas equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba se
entiende alterado.

Se requiere entonces que:

a) La parte precise cual o cuales de las pruebas fueron objeto de
indebida valoración por el juez
b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las reglas de la
lógica, la experiencia y la sana crítica.

El segundo de los elementos señalados resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en
relación con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia, en
ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo
constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría
una sustitución arbitraria del juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado

Dictar sentencia con Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto
fundamento en con base en pruebas que no observaron los requisitos legales para su
pruebas obtenidas producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no ignora la
con violación del prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido
debido proceso en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue planteado, al ser
ésta una prueba que desconoce el debido proceso de las partes.

Para su configuración corresponde señalar:

17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Yolanda Muñoz Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda – Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11626-00

a) Señalar con claridad los elementos probatorios aportados con
violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron el sustento
de la decisión.

76. Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe
precisar en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la
configuración del defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.

77. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa
razonable para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de
una tutela contra una providencia judicial, están en juego valores importantes
para el ordenamiento jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de
terceros, la seguridad, la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º,
5º y 6º de la Constitución Política.

78. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la
medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen
entre sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una
misma prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera
confusión al fallador.

2.5. Análisis del caso en concreto

79. En el sub judice la parte actora, especificó que en la providencia objeto
de debate, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “C” se incurrió en los defectos procedimental
por exceso ritual manifiesto y fáctico. Sin embargo, al desarrollar los cargos
únicamente hizo referencia a la indebida valoración de las pruebas que
obraban en el proceso, sin que señalara la existencia de una irregularidad de
carácter procesal, por lo que la Sala analizará la alegación desde la óptica
del defecto fáctico, al cual se adecúa.

80. En efecto, la parte accionante expresó que el Tribunal Administrativo del
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, pese a que se aportaron
varios elementos de convicción como certificaciones laborales, de las
cuales se podía colegir la existencia de la relación laboral, la judicatura
tutelada exigió los contratos de prestación de servicios y, comoquiera que
no fueron aportados ni decretados de manera oficiosa, se desconoció el
periodo laborado (entre el 1º de enero del 2012 al 30 de abril de 2012 - 81
días) y, con ello, se declaró acreditada la prescripción trienal.

81. Agregó que el tribunal accionado no ejerció sus facultades para decretar
de oficio las pruebas que consideraba necesarias y así esclarecer el asunto
relacionado con los contratos faltantes para que reconociera la prestación

18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Yolanda Muñoz Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda – Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11626-00

del servicio entre el 1º de enero de 2012 y el 30 de abril del mismo año,
igualmente para el periodo comprendido entre el 2 de mayo de 2016 y el 31
de mayo de 2016.

82. Para el estudio de los cargos propuestos es necesario revisar la
argumentación expuesta, en la providencia de 4 de agosto de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “C”, en la que se estableció lo siguiente:

i) Que se encontraron demostrados los elementos que consagra el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, para que se
configure una relación laboral, como quedó establecido en la
sentencia de primera instancia.

ii) En lo atinente a la prescripción trienal, estableció que los
contratos de prestación de servicios se celebraron en el período
comprendido entre el 1 o de junio de 2000 y el 31 de agosto de
2016, sin solución de continuidad entre el 1 o de noviembre de
2015 y el 31 de enero de 2016 con ocasión de la licencia de
maternidad acorde con lo indicado en precedencia.

iii) Sobre el particular, acogió la sentencia dictada por la Sección
Segunda del Consejo de Estado CE-SUJ2 No. 5 del 25 de agosto
de 2016, con ponencia del magistrado Dr. Carmelo Perdomo
Cuéter, en el proceso No. 23001-23-33-000-2013- 00260-01
(0088-2015), que trató el tema en detalle respecto al fenómeno de
la prescripción del derecho reclamado18.

18 “(...) Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno

determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada
uno de ellos habrá́ de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto
que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la
vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá́ al juez verificar
si existió́ o no la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y
examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos de los
trabajadores, que han sido burlados por las autoridades administrativas al encubrir una
relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar frente a
los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los
hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar
en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por
una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de
emolumentos económicos temporales. (...)
Por último, resulta oportuno precisar que la imprescriptibilidad de la que se ha hablado no
opera frente a la devolución de los dineros pagados por concepto de aportes hechos por el
trabajador como contratista, pues esto sería un beneficio propiamente económico para él,
que no influye en el derecho pensional como tal (que se busca garantizar), sino en relación
con las cotizaciones adeudadas al sistema de seguridad social en pensiones, que podrían
tener incidencia al momento de liquidarse el monto pensional, por lo tanto, la Administración

19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Yolanda Muñoz Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda – Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11626-00

iv) Explicó que en los eventos en los que la pretensión consiste en
que se declare la existencia de una relación laboral y el
consecuente restablecimiento del derecho, el término de
prescripción (Decreto 3135 de 1968), para los derechos que
surgen de la declaratoria, debe computarse dentro de los 3 años
siguientes a la terminación del vínculo contractual respecto del
que pretendían que se declarara la existencia del derecho, de lo
que se excluyen aquellas prestaciones que son de naturaleza
pensional, como lo son los aportes para el sistema de seguridad
social.

v) Indicó que cuando se acredita la existencia de la relación laboral,
pero la reclamación se presenta después de transcurridos los 3
años contados desde la terminación del vínculo contractual,
prescribe el derecho a reclamar las primas, bonificaciones y
demás prestaciones sociales, con excepción de los aportes a
pensión

vi) Explicó que en cada caso se debe establecer si se cumplió la
solución de continuidad en la relación laboral que, para el
momento en que se profirió la sentencia era de 15 días hábiles,
para determinar si la prescripción se debe empezar a contar
desde la fecha de finalización del último contrato de prestación de
servicios, cuando no hay solución de continuidad, o de cada uno
de ellos si es que se superó dicho término.

vii) Al descender al caso particular, adujo que la señora Yolanda
Muñoz Díaz reclamó, ante la Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur E.S.E, el reconocimiento y pago de las acreencias
laborales derivadas de los contratos de prestación de servicios
suscritos el 15 de septiembre de 2017 y el último contrato
celebrado con la parte actora culminó el 31 de agosto de 2016,
estableciendo que, entre la fecha de radicación de la petición y la
presentación de la demanda (26 de enero de 2018), no
transcurrieron más de 3 años, lo que significa que no se configuó
el fenómeno de la prescripción.

deberá determinar mes a mes si existe diferencia entre los aportes que se debieron efectuar
y los realizados por el contratista, y cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante
por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como
empleador.
Para efectos de lo anterior, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante su vínculo contractual y en la eventualidad de que no las
hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar,
según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.”

20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Yolanda Muñoz Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda – Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11626-00

viii) Agregó que, a pesar de la continuidad que se presentó en la
mayoría de los contratos, algunos de ellos fueron suspendidos
por más de 15 días hábiles: “(i) Entre la finalización de la adición al
contrato 1-430-2011 (31 de enero de 2012) y el inicio del A-38-2012 (2
de mayo de 2012) por 81 días (ii) Entre la finalización del contrato
A0382-2016 (30 de abril de 2016) y el inicio de la primera adición al
contrato A0382- 2016 (1o de junio de 2016) por 20 días.”

ix) Precisó que, para el caso se configuró la prescripción extintiva
sobre el pago de las prestaciones sociales reclamadas atinentes
con la adición al contrato (1-1430 -2011), esto es, las anteriores al
2 de mayo de 2012, lo que significa que únicamente los derechos
de esa índole causados a partir de la vigencia de los periodos de
contratación siguiente, fueron reclamados en tiempo (dentro de
los tres años siguientes a su terminación), razón por la cual no se
ven afectados por la prescripción, “debiendo descontar en todo caso
los días no laborados entre el 1o y el 31 de mayo de 2016, dado que a
partir del 1º de junio de ese año se inició la primera adición al contrato
A382 que culminó con su tercera adición el 31 de agosto de 2016.

x) Con fundamento en lo anterior concluyó que se debían modificar
los numerales segundo y tercero de la parte resolutiva del fallo
del a quo, al tener en cuenta la prescripción los derechos
prestacionales causados con anterioridad al 15 de septiembre de
2014, para en su lugar, declarar la prescripción de los derechos
laborales derivados de los periodos de contratación anteriores al
2 de mayo de 2012, “toda vez que por los siguientes (Del 2 de mayo
de 2012 al 31 de agosto de 2016), la reclamación se hizo dentro del
término previsto en la ley, descontando los días no laborados entre el
1o y el 31 de mayo de 2016 y demás interrupciones o suspensiones si
las hubiere en que no haya efectivamente laborado”.

xi) Finalmente, expuso que la prescripción sería parcial, en la medida
en que no incluiría los derechos relacionados con los aportes al
sistema de seguridad social en pensiones.

83. Así las cosas, para la Sala el defecto fáctico no tiene vocación de
prosperidad, en la medida en que la autoridad judicial accionada sustentó de
manera razonada los motivos por los cuales operaba la prescripción y
determinó cada tiempo en concreto a reconocer, con fundamento en las
pruebas aportadas al proceso y practicadas dentro de las cuales no obraba
el contrato de prestación de servicios para el período de suspensión, carga
de la prueba que se encontraba radicada en la parte actora y no en el

21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Yolanda Muñoz Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda – Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11626-00

operador judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 167 del
Código General del Proceso.

84. La Sala destaca que, al revisar el acta de la audiencia inicial y,
concretamente la providencia por medio de la cual se decretaron las
pruebas, la parte actora no realizó manifestación alguna encaminada a que
se trajeran al proceso medios de convicción adicionales a los aportados y
decretados, siendo esa la oportunidad con la que contaba para el cabal
ejercicio de sus derechos.

85. En cuanto a la certificación aludida por la parte actora que presuntamente
no se tuvo en cuenta, en la aclaración de la sentencia del Tribunal se explicó
que en aquella se detallaba la fecha, orden de pago y valor, mas “no se
evidenciaba el contrato, la fecha, el periodo de suscripción con cada contrato,
adición y prórroga respectiva”. Medio de prueba que, en consecuencia, fue
valorado con la información que se encontraba consignada en el mismo.

86. En este punto de análisis, esta Sección considera que contrario a lo
expuesto por la tutelante, la autoridad judicial accionada, valoró las pruebas
aportadas al plenario debidamente, por lo que no se vislumbra una actuación
arbitraria de la autoridad judicial tutelada, pero ninguna de ellas daba cuenta
de la continuidad del servicio.

87. No es dable olvidar que el Consejo de Estado, Sección Segunda dictó el
9 de septiembre de 2021, la sentencia SUJ-025-CE-S2-2021, sobre contrato
realidad, en la que precisó que “para poder determinar si los contratos de
prestación de servicios celebrados con un mismo contratista, de manera continuada
o sucesiva, guardan entre sí rasgos inequívocos de identidad, similitud o
equivalencia, que permitan concluir que todos ellos forman parte de una misma
cadena o tracto negocial de carácter continuado y permanente, que desborda el
«término estrictamente indispensable» del artículo 32 de la Ley 80 de 1993”, los
demandantes deben allegar los documentos precontractuales y
contractuales, esto es, los contratos en los que conste la relación contractual
y la prestación efectiva del servicio.

88. Al respecto, señaló que les corresponde a los demandantes demostrar,
con fundamento en los estudios previos y demás documentos
“precontractuales y contractuales”, el objeto de dichos contratos, las
necesidades que se querían satisfacer, las condiciones pactadas al momento
de su celebración y las circunstancias que rodearon su ejecución, lo cual
echó de menos el tribunal accionado y, en ese orden de ideas, justificó
debidamente la decisión, al no encontrar otros medios de prueba que
pudieran suplir aquello.

22
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Yolanda Muñoz Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda – Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11626-00

2.6. Conclusión:

89. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “C”, al proferir la sentencia del 4 de agosto de 2021, no incurrió
en defecto fáctico, por cuanto valoró las pruebas allegadas al proceso de
acuerdo con las reglas de la sana crítica y, en consecuencia, no vulneró los
derechos fundamentales invocados por la actora.

III. DECISIÓN

90. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley.

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la petición de amparo constitucional deprecada por la
señora Yolanda Muñoz Díaz, de conformidad con los argumentos expuestos
en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

23
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Yolanda Muñoz Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda – Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11626-00

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y
efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364
de 2012.

24
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.