Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 70001-23-33-000-2018-00267-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 70001-23-33-000-2018-00267-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 70001-23-33-000-2018-00267-01
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate
15 de noviembre de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DEFECTO PROCEDIMENTAL / INASISTENCIA A AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN / DECLARACIÓN DESIERTA DEL RECURSO DE APELACIÓN / ASISTENCIA A AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN – En término / VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
En el sub judice, la parte actora consideró que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, al dar por terminada la audiencia de conciliación de que trata el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 y, por ende, declarar desistido el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia del 30 de agosto de 2017 dictada al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (…) Lo anterior, debido a que el apoderado del Municipio, entidad territorial apelante en el proceso ordinario, llegó a la audiencia cuando se encontraban firmando la respectiva Acta, frente a lo cual indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto procedimental, pues dio por terminada la diligencia, sin tener en cuenta que existía una diferencia horaria entre la indicada en el computador de la sala de audiencias respectiva y la hora legal colombiana, diferencia que, de haberse tenido en cuenta, hubiera variado la decisión, pues se concluiría que el apoderado del ente territorial llegó a tiempo. Teniendo en cuenta que en el informe presentado por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Sucre, relativo a la hora del computador de la sala donde se llevó acabo la audiencia del 23 de marzo de 2018, aquella entidad indicó que “Ninguna Sala de Audiencias de esta Seccional se encuentra conectada al servicio de Internet, por lo tanto, no están sincronizadas con la hora legal de Colombia. Una vez hecha una revisión a este computador, se detectó que existe una diferencia de +3 minutos con respecto a la hora legal de Colombia, según http://horalegal.inm.gov.co/” (…) esta Sección manifiesta que comparte la argumentación expuesta por el juez constitucional de primera instancia (…) Así las cosas, advirtiendo que la autoridad judicial accionada manifestó que (i) la audiencia inició en la hora indicada en el computador, la cual como ya se indicó tenía una diferencia horaria de + 3 minutos con la hora legal; y (ii) que el apoderado del municipio accionado se presentó cuando estaban firmando el acta; se concluye que la audiencia inició (hora legal) aproximadamente a las 8:59 am o menos, pues siendo 9:32 am la hora indicada en el ordenador, menos los 3 minutos de la diferencia horaria certificada por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Sucre, se tiene que la diligencia debió iniciar más o menos a las 8:59 am, es decir, antes de la hora fijada para la misma En virtud de lo anterior, frente al hecho cierto de que existe una diferencia horaria entre la indicada en el Acta del 23 de marzo de 2018, de conformidad con el computador de la sala donde se llevó a cabo la diligencia y la legal colombiana, sumado a que dicha circunstancia fue advertida por el apoderado del municipio demandado, quien acudió a la audiencia cuando se estaba firmado el acta, esta Sección indica que se debe privilegiar el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, por lo que se confirmará la sentencia de primera instancia que amparó los derechos fundamentales del municipio tutelante
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 192
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., quince (15) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 70001-23-33-000-2018-00267-01(AC)
Actor: MUNICIPIO DE MAJAGUAL - SUCRE
Demandado: JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE SINCELEJO
Asunto: Acción de tutela – Fallo de segunda instancia – confirma amparo – defecto procedimental
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación interpuesta por el apoderado de la señora Mailem Raquel Tovar Álvarez, en su calidad de tercero con interés, contra el fallo del 8 de octubre de 2018, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Sucre – Sala Segunda de Decisión Oral amparó los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa invocados por el representante legal del Municipio de Majagual - Sucre.
ANTECEDENTES
1.1. Mediante escrito recibido el 24 de septiembre de 2018, en la Oficina Judicial de Sincelejo, el señor Josimar Romero González, en su condición de Alcalde encargado del municipio de Majagual, instauró acción de tutela en contra del Juzgado Sexto (6º) Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, con el fin de obtener la protección a sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa.
1.2. Las citadas garantías las consideró vulneradas con ocasión de la decisión de declarar fallida la audiencia de conciliación del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, que ocurrió el 23 de marzo de 2018, en la cual se dejó constancia que la entidad demandada, es decir, el municipio de Majagual – Sucre no asistió a la misma.
A título de amparo constitucional, el accionante solicitó lo siguiente:
“1. Tutelarlos (sic) derechos fundamentales y constitucionales al debido proceso y defensa de la entidad que represento (MUNICIPIO DE MAJAGUAL).
2. Ordenar al Juzgado Sexto Administrativo Oral de Sincelejo, dejar sin efectos la providencia proferida del día 23 de marzo de 2018, la cual que (sic) declaró fallida la diligencia y desierto (sic) el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 30 de agosto de 2017.
3. Las demás pretensiones que ha bien tengan los Honorable Magistrados sobre los derechos de mi representada.”
2. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
2.1. La señora Mailem Raquel Tovar interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Majagual - Sucre, con el fin de obtener la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declaró insubsistente su nombramiento en el cargo de Profesional Universitario Código 219 Grado 07.
2.2. El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, autoridad judicial que en sentencia del 30 de agosto de 2017 accedió a las pretensiones de la demanda.
2.3. Inconforme con dicha decisión, el apoderado del ente territorial la apeló, por lo que, previo a decidir sobre la concesión del recurso, el Juzgado citó a la audiencia de conciliación del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 el día 23 de marzo de 2018 a las 9:30 am.
2.4. De conformidad con el acta de la referida audiencia, la misma inició a las 9:32 am y finalizó a las 9:35 am. Se dejó constancia que la entidad demandada no se presentó, por lo que se declaró concluida la actuación.
3. Fundamentos de la solicitud de amparo
3.1. La parte actora alegó que acudió a la audiencia de conciliación a la hora fijada por la autoridad judicial accionada, sin embargo, la hora del computador de la sala de audiencias no coincidía con la legal colombiana, lo que llevó al juez a dar por terminada la diligencia antes de que efectivamente hubieran transcurrido 5 minutos desde su inicio.
3.2. El actor indicó que el apoderado que representó a la entidad no informó oportunamente de lo ocurrido en la audiencia del 23 de marzo de 2018, “por lo que siempre estuve ajeno a la realidad, caso contrario, en atención a la relevancia de la diligencia de conciliación programada y fallida, hubiese buscado alternativas para que esta entidad no quedara carente en la defensa de sus intereses.”
4. Actuaciones procesales relevantes
4.1. Admisión de la demanda
4.1.1. Mediante auto del 26 de septiembre del 2018, el Tribunal Administrativo de Sucre admitió la demanda de tutela, ordenando la notificación del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, así como la vinculación, en calidad de tercero interesado, de la señora Mailem Raquel Tovar Álvarez.
4.1.2. Por otro lado, ofició a la Dirección de Administración Judicial de Sucre para que certificara (i) si para el día 23 de marzo de 2018, la hora del computador de la sala de audiencias No. 32 del Edificio Gentium, donde se llevó a cabo la audiencia de conciliación del 23 de marzo de 2018, presentaba alguna diferencia con la hora legal de Colombia; (ii) si el computador de dicha sala está conectado a la red interna de la Rama Judicial y si éste se encuentra sincronizado con la hora legal de Colombia; y (iii) si la hora del referido computador ha sido reprogramada en este año.
5. Contestaciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes, las cuales obran a folios 50 a 53, se presentaron las intervenciones que a continuación se relacionan:
5.1. La Juez del Juzgado Sexto Administrativo de Sucre, mediante escrito enviado por correo electrónico el 28 de septiembre de 2018 indicó que la audiencia del 23 de marzo de 2018 se llevó a cabo en la hora indicada en el acta, es decir, de 9:32 am a 9:35 am. Así mismo, manifestó:
“El apoderado del municipio se presentó cuando estábamos fijando el acta; por tanto, cuando se había declarado desierto el recurso de apelación. Es cierto que el apoderado del municipio al entrar en la sala me mostró la hora por la que él se estaba guiando, y marcaba una hora diferente de la señalada en el computador de la Sala 32. Igualmente me dijo que esa era la hora legal y me mostró la que informa una página web que él buscó en su celular y me la mostró. Es cierto que en ese momento esta hora y la del computador no coincidían. No puedo afirmar exactamente, cuántos minutos de diferencia existieron entre la hora del computador y la que el apoderado del municipio me mostró en su celular, pero tomando en cuenta que la audiencia finalizó a las 9:35, y que en ese momento la sala de audiencias no contaba con la impresora habilitada por lo que la impresión de las actas debía hacerse en el despacho que se encuentra ubicado 3 pisos arriba de la sala de audiencias, que el apoderado se presentó a las 9:31 según la hora que él me mostró en su celular, y que en este momento ya estábamos firmando el acta, si pudo existir una diferencia de más de 5 minutos entre la hora del computador de la sala de audiencias y la hora que el apoderado del municipio me mostró en su celular. Finalmente, es cierto que este juzgado no dispone de la opción de actualizar o modificar la hora que ofrece el computador de la sala 32 y nunca lo ha hecho. La hora que aparece en el acta –en la que se desarrollan todas las audiencias- es la que ofrece el mismo sistema, que se puede observar en la grabación de la audiencia.”
5.2. Mediante oficio radicado el 1º de octubre de 2018 la Dirección Seccional de Administración Judicial de Sucre, contestó el requerimiento hecho por el juez constitucional de primera instancia e informó: “(i) no es posible determinar si en la fecha señalada el mencionado computador presentaba diferencias con la hora legal de Colombia; (ii) Ninguna Sala de Audiencias de esta Seccional se encuentra conectada al servicio de Internet, por lo tanto, no están sincronizadas con la hora legal de Colombia. Una vez hecha una revisión a este computador, se detectó que existe una diferencia de +3 minutos con respecto a la hora legal de Colombia, según HYPERLINK "http://horalegal.inm.gov.co/" http://horalegal.inm.gov.co/; (iii) no, no ha sido reprogramada la hora del computador de la sala en mención como tampoco la ninguna (sic) sala.”
5.3. El apoderado de la señora Mailem Raquel Tovar Álvarez indicó que la acción de tutela de la referencia no cumple con el requisito de la inmediatez, pues fue impetrada luego del término establecido por el Consejo de Estado - 6meses-.
6. Fallo impugnado
6.1. En providencia del 8 de octubre de 2018 el Tribunal Administrativo de Sucre amparó los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa del actor, por lo que ordenó al Juzgado accionado dejar sin efectos la audiencia de conciliación celebrada el 23 de marzo de 2018, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 2012-00104-00, y en su lugar, fijar nueva fecha y hora para la realización de la misma.
6.2. En primer lugar, superó los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial.
6.3. Con posterioridad, expuso: “(…) ante la falta de certeza respecto a la hora de inicio y finalización versus la hora legal, al hecho cierto de que existe un desfase entre la hora del computador de la sala de audiencias y la hora legal, que esa circunstancia fue advertida por el apoderado del demandado quien acudió a la sala cuando se estaba firmando el acta, debe privilegiar el acceso a la administración de justicia sobre el derecho de la parte demandante a que se respeten las ritualidades procesales, ya que en el presente caso no existe certeza que aquellas hubiesen sido vulneradas en su contra.”
7. Impugnación
7.1. Con escrito radicado el 10 de octubre de 2018, el apoderado de la señora Mailem Raquel Tovar Álvarez, impugnó la sentencia de primera instancia, notificada el 9 del mismo mes y año.
7.2. Al respecto reiteró que la acción de tutela no cumple con el requisito de la inmediatez, pues fue presentada pasados los 6 meses desde la ejecutoria de la providencia censurada.
7.3. Así mismo, manifestó que no existe duda en la hora en que inició la audiencia, pues su reloj mostraba la misma que tenía el juzgado. Hizo referencia al artículo 107 del Código General del Proceso, según el cual las audiencias y diligencias deben empezar en el primer minuto de la hora señalada para ellas, lo cual ocurrió en el caso concreto.
7.4. Finalmente, indicó que se vulnera el principio de in dubio pro operario, según el cual, en caso de duda, se debe escoger la interpretación que más favorezca al trabajador, para lo cual citó las sentencias T-832 de 2013, T-3970752 de la Corte Constitucional, según las cuales, el referido principio aplica en caso de duda sobre un contexto normativo, más no en caso de incertidumbre sobre la ocurrencia de un aspecto fáctico.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación interpuesta por el apoderado de la señora Tovar Álvarez, tercero con interés, contra el fallo del 8 de octubre de 2018 proferido por el Tribunal Administrativo de Sucre – Sala Segunda de Decisión Oral, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 055 de 2003 de la Sala Plena de esta Corporación y el Decreto 1069 de 2015 modificado por el Decreto 1983 de 2017.
2. Problemas jurídicos a resolver en la presente acción de amparo
Le corresponde a la Sala resolver si modifica, confirma o revoca la sentencia del 8 de octubre de 2018, en consideración a los argumentos expuestos por la señora Tovar Álvarez en el escrito de impugnación, para lo cual la Sala deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:
¿Se cumple, en el caso en concreto, con el requisito de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial relativo a la inmediatez?
De ser positiva la respuesta al problema anterior, la Sala analizará si:
¿La autoridad judicial vulneró los derechos fundamentales del actor, al declarar fallida la audiencia de conciliación del 23 de marzo de 2018, debido a que el apoderado del demandado no se presentó en la hora indicada, de conformidad con el acta de la diligencia?
3. Razones jurídicas de la decisión
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) los requisitos de procedibilidad; y (iii) el caso en concreto.
3.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
3.1.1. Esta Sección, mayoritariamente, venía considerando que la acción de tutela contra providencia judicial era improcedente por dirigirse contra una decisión judicial. Sin embargo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema, por lo que procedió a unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
3.1.2. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.
3.1.3. Al efecto, en virtud de reciente sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.
3.2. Requisitos de procedibilidad
3.2.1. La Sala manifiesta que la presente acción cumple con el primer requisito de procedibilidad, pues no se trata de una acción de tutela contra una providencia de la misma naturaleza, ya que la decisión que se censura es la correspondiente al acta del 23 de marzo de 2018 dictada al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
3.2.2. También se entiende superado el requisito de la subsidiariedad pues el actor no cuenta con recursos ordinarios ni extraordinarios para controvertir la decisión que alega como vulneradora de derechos fundamentales.
3.2.3. Finalmente, en relación con la inmediatez, esta Sala encuentra que la solicitud de amparo se presentó en un término razonable, pues teniendo en cuenta los documentos obrantes en el expediente, se observa que la decisión judicial censurada es el acta del 23 de marzo de 2018 mediante la cual se declaró fallida la conciliación de que trata el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el apoderado de la entidad territorial demandada, quien había apelado la sentencia de primera instancia, no se presentó a la hora prevista para la diligencia.
Dicha decisión, al ser tomada en audiencia, quedó ejecutoriada ese mismo día, de conformidad con lo establecido en los artículos 302 del Código General del Proceso y 202 de la Ley 1437 de 2011.
Así las cosas, resulta palmario que desde la ejecutoria de la decisión hasta la fecha de presentación de la solicitud de amparo (24 de septiembre de 2018) no transcurrió un término superior de 6 meses.
Siendo ello así, es claro que en el sub examine se cumple con el requisito de inmediatez, por cuanto la acción constitucional se ejerció exactamente dentro de los seis (6) meses contados desde el día siguiente al de ejecutoría de la providencia censurada, es decir, se formuló dentro de un término que a juicio de la Sala resulta razonable.
3.2.4. Al encontrarse superados los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial, la Sala analizará el fondo del asunto.
3.3. Del defecto procedimental
3.3.1. En el sub judice, la parte actora consideró que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, al dar por terminada la audiencia de conciliación de que trata el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 y, por ende, declarar desistido el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia del 30 de agosto de 2017 dictada al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 2012-00104-00.
3.3.2. Lo anterior, debido a que el apoderado del Municipio, entidad territorial apelante en el proceso ordinario, llegó a la audiencia cuando se encontraban firmando la respectiva Acta, frente a lo cual indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto procedimental, pues dio por terminada la diligencia, sin tener en cuenta que existía una diferencia horaria entre la indicada en el computador de la sala de audiencias respectiva y la hora legal colombiana, diferencia que, de haberse tenido en cuenta, hubiera variado la decisión, pues se concluiría que el apoderado del ente territorial llegó a tiempo.
3.3.3. Teniendo en cuenta que en el informe presentado por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Sucre, relativo a la hora del computador de la sala donde se llevó acabo la audiencia del 23 de marzo de 2018, aquella entidad indicó que “Ninguna Sala de Audiencias de esta Seccional se encuentra conectada al servicio de Internet, por lo tanto, no están sincronizadas con la hora legal de Colombia. Una vez hecha una revisión a este computador, se detectó que existe una diferencia de +3 minutos con respecto a la hora legal de Colombia, según HYPERLINK "http://horalegal.inm.gov.co/" http://horalegal.inm.gov.co/” (negrillas de Sala), esta Sección manifiesta que comparte la argumentación expuesta por el juez constitucional de primera instancia, como pasa a exponerse.
3.3.4. El acta del 23 de marzo de 2018 indica que la audiencia inició a las 9:32 am y que finalizó a las 9:35 am. Ahora, teniendo en cuenta que el computador de la sala de audiencias tiene una diferencia horaria de +3 minutos, y que, si bien no es posible determinar si en la fecha señalada el mencionado computador presentaba diferencias con la hora legal de Colombia; lo cierto es que la misma Dirección Seccional de Administración Judicial de Sucre indicó que “no ha sido reprogramada la hora del computador de la sala en mención (…).”, por lo que resulta razonable concluir que dicha diferencia se presentaba en el día de la diligencia.
3.3.5. Así las cosas, advirtiendo que la autoridad judicial accionada manifestó que (i) la audiencia inició en la hora indicada en el computador, la cual como ya se indicó tenía una diferencia horaria de + 3 minutos con la hora legal; y (ii) que el apoderado del municipio accionado se presentó cuando estaban firmando el acta; se concluye que la audiencia inició (hora legal) aproximadamente a las 8:59 am o menos, pues siendo 9:32 am la hora indicada en el ordenador, menos los 3 minutos de la diferencia horaria certificada por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Sucre, se tiene que la diligencia debió iniciar más o menos a las 8:59 am, es decir, antes de la hora fijada para la misma.
3.3.6. En virtud de lo anterior, frente al hecho cierto de que existe una diferencia horaria entre la indicada en el Acta del 23 de marzo de 2018, de conformidad con el computador de la sala donde se llevó a cabo la diligencia y la legal colombiana, sumado a que dicha circunstancia fue advertida por el apoderado del municipio demandado, quien acudió a la audiencia cuando se estaba firmado el acta, esta Sección indica que se debe privilegiar el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, por lo que se confirmará la sentencia de primera instancia que amparó los derechos fundamentales del municipio tutelante.
3.3.7. Finalmente, en relación con la presunta vulneración del principio in dubio pro operario, según el cual, en caso de duda, se debe escoger la interpretación que más favorezca al trabajador, la Sala manifiesta que, como lo indicó el mismo impugnante, aquél aplica en caso de duda sobre un contexto normativo, más no en caso de incertidumbre sobre la ocurrencia de un aspecto fáctico, como ocurre en el caso concreto, por lo que no le asiste razón al impugnante.
4. Conclusión
4.1. De conformidad con los argumentos expuestos en precedencia, la Sala confirmará la sentencia del 8 de octubre de 2018, que amparó los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa de la parte actora, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre – Sala Segunda de Decisión Oral.
DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la providencia del 8 de octubre de 2018, que amparó los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa de la parte actora, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre – Sala Segunda de Decisión Oral, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
Ausente con excusa
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Folio 15 del expediente.
Folio 3.
Los hechos expuestos en este acápite se obtienen de los documentos aportados por la parte accionante en medio magnético, obrante en CD que reposa a folio 68 del expediente de tutela.
Folio 3.
Folio 48.
Folio 54 y vuelto.
Folio 57.
Folio 72 vuelto.
Consejo de Estado, Sentencia del 31 de julio de 2012. C.P. María Elizabeth García González. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela - Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez
De manera general, dicha decisión consagró la necesidad de que la acción de tutela cumpla con unos presupuestos generales de procedibilidad –inmediatez, tutela contra tutela, subsidiaridad-, así como fijó las causales específicas de procedencia, los cuales denominó defectos, y dependiente de su naturaleza, pueden ser fáctico, sustantivo, procedimental, orgánico, por desconocimiento del presente o desconocimiento directo de la Constitución.
ARTÍCULO 302. EJECUTORIA. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos.
ARTÍCULO 202. NOTIFICACIÓN EN AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS O EN ESTRADOS. Toda decisión que se adopte en audiencia pública o en el transcurso de una diligencia se notificará en estrados y las partes se considerarán notificadas aunque no hayan concurrido.
De conformidad con el sello obrante a folio 15 del expediente, en el que consta que la demanda de tutela fue recibida en la Oficina Judicial de Sincelejo el 24 de septiembre de 2018.
Ver al respecto la sentencia del 11 de octubre de 2018. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2018-01114-01
Folio 57.
Código General del Proceso artículo 107 numeral 1. Iniciación y concurrencia. Toda audiencia será presidida por el juez y, en su caso, por los magistrados que conozcan del proceso. La ausencia del juez o de los magistrados genera la nulidad de la respectiva actuación.
Sin embargo, la audiencia podrá llevarse a cabo con la presencia de la mayoría de los magistrados que integran la Sala, cuando la ausencia obedezca a un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito. En el acta se dejará expresa constancia del hecho constitutivo de aquel.
Las audiencias y diligencias se iniciarán en el primer minuto de la hora señalada para ellas, aun cuando ninguna de las partes o sus apoderados se hallen presentes.
Acción de tutela – fallo de segunda instancia
Accionante: Municipio de Majagual - Sucre
Accionado: Juzgado Sexto (6º) Administrativo el Circuito Judicial de Sincelejo
Rad. 70001-23-33-000-2018-00267-01
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