Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00391-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00391-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-00391-00
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
24 de febrero de 2022
Demandante: Nelsy del Socorro Rojas Castillo
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Rad: 11001-03-15-000-2022-00391-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00391-00
Demandante: NELSY DEL SOCORRO ROJAS CASTILLO
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Tema: Tutela contra acto administrativo, estabilidad reforzada en los
nombramientos en provisionalidad. Reubicación laboral.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela promovida por la parte
actora, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1º del numeral 2º del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
del 6 de abril de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. La petición de amparo
Mediante escrito radicado el 14 de enero de 2022 a través de la aplicación de
tutelas en línea1, la señora Nelsy del Socorro Rojas Castillo, en nombre propio,
presentó acción de tutela en contra de la Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, con el fin de
que se protejan sus derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso, a la
vida digna, al mínimo vital y móvil, a la salud, a la seguridad social y a la
estabilidad laboral reforzada.
Sostuvo que las garantías constitucionales invocadas le han sido vulneradas
con ocasión de la publicación en la página web de la Rama Judicial del cargo
de oficial mayor del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería, el cual
desempeña actualmente en provisionalidad, pese a que se encuentra
pendiente la definición de su situación con ocasión de una enfermedad de
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origen laboral.
La demanda presentada en ejercicio de la acción de tutela fue repartida,
inicialmente, a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
autoridad judicial que mediante auto del 16 de noviembre de 2021 remitió por
competencia el expediente para el Consejo de Estado.
En consecuencia, el demandante solicitó:
«PRIMERO: Tutelar mis derechos fundamentales al Trabajo, Debido
proceso, Vida digna, al Mínimo vital y Móvil, salud, a la seguridad social, a
la estabilidad laboral reforzada y demás que se encuentren vulnerados, por
consiguiente solicito se revoque y/o suspender por parte de los accionados
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO DE MONTERIA - CONSEJO
SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CÓRDOBA, la publicación o
cualquier acto administrativo que disponga del cargo de Oficial Mayor, en
el JUZGADO CUARTO PENAL MUNICIPAL DE MONTERIA, que se
encuentra vigente y por lo tanto no sea removida del cargo que ostento.
SEGUNDO: En caso de seguir adelante con la publicación del cargo que
ostento de Oficial Mayor, en el JUZGADO CUARTO PENAL MUNICIPAL
DE MONTERIA, solicito se ordene en procura de la protección de mis
derechos constitucionales al Trabajo, Debido proceso, Vida digna, al
Mínimo vital y Móvil, salud, a la seguridad social, a la estabilidad laboral
reforzada y demás que se encuentren vulnerados, se me trasladarme (sic)
a un cargo un cargo igual o equivalente que se encuentre vacante,
manteniendo el rango y remuneración.
TERCERO: Que la protección se realice EN FORMA INTEGRAL, sobre la
mi calidad de persona en estado de debilidad manifiesta, es decir, se me
apliquen todos los precedentes constitucionales que sobre el tema se han
dado para los funcionarios públicos en provisionalidad, en procura que no
quede desamparada en el tr[á]mite del proceso de calificación y los
tratamientos que se me viene realizando por mis distintas patologías.» (sic
para toda la cita)
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
2. Hechos
Afirmó que desde el año 2008 fue vinculada en provisionalidad en la Rama
Judicial en la ciudad de Montería (Córdoba) en el Consejo Seccional de la
Judicatura de Córdoba y en lo transcurrido desde ese tiempo hasta el 30 de
noviembre de 2015, desempeñó distintos cargos en la entidad.
Indicó que desde el 1° de diciembre de 2015 a la fecha actual se encuentra
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nombrada en provisionalidad en el cargo de oficial mayor del Juzgado Cuarto
Penal Municipal de Montería.
Mencionó que actualmente se encuentra afiliada en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud de la EPS Saludtotal.
Añadió que la referida prestadora de salud le inició un proceso de calificación
de invalidez debido a las patologías: tendinopatía del supraespinoso y del
subescapular izquierdo, bursitis subacromial en hombro izquierdo, síndrome de
túnel del carpo bilateral, discopatía cervical multinivel, epicondilitis lateral
izquierda, todas con el origen: enfermedad de origen laboral.
Precisó que la Administradora de Riesgos Laborales Positiva no estuvo de
acuerdo con dicha calificación y el caso fue enviado a la Junta Regional de
Calificación de Invalidez.
Afirmó que el Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo PCSJA17-
10643 de febrero 14 de 2017 convocó a Concurso de Méritos para la provisión
de cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de
Servicios de la Rama Judicial, convocatoria 4; dentro de los cuales se
encuentra el empleo donde actualmente labora.
Afirmó que la Junta Regional de Calificación de Invalidez, mediante el dictamen
N° 50895327- 203 del 17 de febrero de 2021 estableció los siguientes
diagnósticos: «DIAGNOSTICO (S): BURSITIS DEL HOMBRO IZQUIERDO.
EPICONDILITIS LATERAL IZQUIERDA. SÍNDROME DE MANGUITO
ROTATORIO IZQUIERDO. SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO BILATERAL.
TRASTORNO DE DISCO CERVICAL NO ESPECIFICADO-DISCOPATÍA
CERVICAL MULTINIVEL. ORIGEN: ENFERMEDAD LABORAL.»
Indicó que el 21 de junio de 2021 presentó a la Rama Judicial, Consejo
Seccional de la Judicatura de Córdoba, su reiteración de su condición de
persona protegida con estabilidad laboral reforzada.
Adujo que dicha entidad el 24 de junio de 2021, a través de oficio CSJCOOP21-
480, expedido por la presidente, estableció lo siguiente:
«En atención al asunto arriba señalado que le correspondió a este
Despacho por reparto de la Especialidad o Proceso N° 66 del 22 de junio
de 2021, en el que reitera su condición de persona protegida con
estabilidad laboral reforzada, le informo que en sesión ordinaria del 23 de
junio del presente año se decidió, que, está vacante seguirá sin publicar
hasta que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar, defina
su situación medico laboral y califique sus patologías.
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Por lo anterior, tan pronto como se reciba repuesta de la misma se le
comunicará.»
Agregó que el dictamen fue enviado a la Junta Nacional de Calificación de
Invalidez, que a través del dictamen 50895327 – 20733 de fecha 25 de
noviembre de 2021 estableció lo siguiente:
«En virtud de lo expuesto se decide MODIFICAR el dictamen No. N°
50895327- 203 de fecha 17/02/2021 emitido por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Bolívar, con el siguiente resultado:
DIAGNÓSTICO(S):
SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO BILATERAL.
ORIGEN: ENFERMEDAD LABORAL.
DIAGNÓSTICO(S): BURSITIS DEL HOMBRO IZQUIERDO.
EPICONDILITIS LATERAL IZQUIERDA. SÍNDROME DE MANGUITO
ROTATORIO IZQUIERDO. TRASTORNO DE DISCO CERVICAL NO
ESPECIFICADO-DISCOPATÍA CERVICAL MULTINIVEL.
ORIGEN: ENFERMEDAD COMÚN»
Añadió que el 26 de noviembre de 2021 fue notificada por la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez del dictamen 50895327 – 20733 del 25 de noviembre
de 2021 y una vez, conocido el dictamen, realizó la correspondiente notificación
a dicha entidad.
Señaló que estuvo incapacitada desde el 16 de diciembre de 2021 hasta el 4 de
enero de 2022, es decir, por el término de 20 días calendario, por la patología
de túnel del carpo bilateral que padece y que sufre por el dolor que le causa el
ejercicio del mismo, a lo largo del día y que es de origen laboral, de
conformidad con el dictamen 50895327 – 20733.
Mencionó que el 4 de enero de 2022, su médico fisiatra le prorrogó la
incapacidad por el término de 30 días más, por lo que a la fecha se encuentra
incapacitada.
Afirmó que el 11 de enero de 2022, la Rama Judicial, Consejo Seccional de la
Judicatura de Córdoba publicó listas de elegibles en el portal de la página web
de esta entidad el cargo que ella ocupo en este momento, es decir, el de oficial
mayor, del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería.
Manifestó que en el formato de publicación se estableció que el cargo era
ocupado por una persona diagnosticada con enfermedad laboral, de la siguiente
manera:
«* Juzgado 4° Penal Municipal de Montería - ocupada por una empleada
en provisionalidad diagnosticada con enfermedad laboral "DIAGNOSTICO:
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G560", por la Junta Nacional de Calificación.»
Refirió que la aludida convocatoria por concurso de méritos donde se publicó el
cargo de oficial mayor del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería,
estipula: «Los empleados escalafonados en Carrera podrán solicitar traslado
para los cargos cuya vacante se publica, de conformidad con el Acuerdo No.
PCSJA17-10754 de 2017 y dentro del término señalado en los Acuerdos Nos.
PSAA08-4856 de 2008, y para todos los efectos, se tendrán como radicados en
la fecha y hora de su recepción en el siguiente Correo Electrónico:
conseccor@cendoj.ramajudicial.gov.co». La convocatoria tiene fecha de
publicación: Del 11 al 17 de enero de 2022.
3. Sustento de la vulneración
Indicó que desde el año 2015 sufre de dolores en la columna, manos y brazos,
lo que le ha llevado a tener múltiples tratamientos médicos y seguimiento por
ortopedia, manejo de dolor, programa de rehabilitación terapia física y
ocupacional, neurología, fisiatría, entre otros, para tratar las patologías que
padece.
Mencionó que estas patologías han sido progresivas, lo que desencadenado en
que las entidades competentes (ARL-EPS, Junta Regional de Calificación y la
Junta Nacional de Calificación), inicien y lleven proceso de calificación para
establecer el origen y porcentaje de pérdida de la capacidad laboral.
Sostuvo que desde el año 2015 ha recibido múltiples tratamientos
farmacológicos y médicos, así como he recibido tratamientos ordenados por los
diversos especialistas que le han hecho seguimiento a las enfermedades que
padece, tales como: Ortopedia, manejo de dolor, programa de rehabilitación,
terapias físicas y ocupacionales, neurología, fisiatría, entre otros, para tratar las
patologías que padece.
Resaltó que las patologías diagnosticadas han sido progresivas con el paso del
tiempo, ya que son tratables y no curables, de acuerdo con la valoración médica
que se me ha suministrado, por lo tanto, las enfermedades desarrolladas han
limitado el desarrollo de mis actividades laborales y cotidianas.
Expuso que la Rama Judicial, Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba,
siempre ha conocido de sus patologías y de sus tratamientos médicos, ya que
los ha notificado de sus citas médicas, tratamientos ordenados por los médicos
tratantes, incapacidades y proceso de calificación. De igual manera, dicha
entidad ha sido notificada por la Saludtotal y ARL Positiva, de su proceso de
calificación.
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Afirmó que a la fecha se le han establecido el origen de las patologías de
bursitis del hombro izquierdo, epicondilitis lateral izquierda, síndrome de
manguito rotatorio izquierdo, síndrome del túnel carpiano bilateral, trastorno de
disco cervical no especificado-discopatía cervical multinivel, como de origen
profesional y de origen común; sin embargo, falta establecer la fecha de
estructuración y el porcentaje de pérdida de capacidad laboral.
Adujo que a raíz de sus patologías presenta limitaciones e incapacidades
laborales, lo que le ha llevado a notificar su empleador Rama Judicial, Consejo
Seccional de la Judicatura de Córdoba, de su situación de salud, los
tratamientos y el proceso de calificación que se le adelanta.
Reiteró que su empleador conoce y estableció un lineamiento para el trato
laboral que se le va a dar como persona de especial protección, limitando la
publicación del cargo, hasta cuando se resolviera su situación médico laboral y
califique sus patologías.
Mencionó que desde el día 16 de diciembre de 2021 se encuentra incapacitada,
pero que el 11 de enero de 2022, a través de la página web de la Rama
Judicial, el referido Consejo Seccional procedió a publicar el cargo que ella
ostenta en este momento, es decir, oficial mayor, en el Juzgado Cuarto Penal
Municipal de Montería. De la publicación se logra extraer, que el cargo es
ocupado por una persona diagnosticada con enfermedad laboral, así se dejó
estipulado.
Consideró que ese hecho es totalmente violatorio de sus derechos
constitucionales al trabajo, salud, mínimo vital, vida digna, persona en estado
de debilidad manifiesta, ya que desconoce los precedentes constitucionales
sobre la protección a los trabajadores en estado de debilidad manifiesta,
cuando ocupan un cargo público, ya que si bien, aun estado en provisionalidad,
no significa que no exista un procedimiento establecido para la desvinculación
del cargo, en el que se respeten en todo momento sus derechos.
Agregó que también viola de manera consciente el reconocimiento que la
misma entidad, a través de oficio de fecha 24 de junio de 2021, de la calidad de
persona protegida con estabilidad laboral reforzada, y determinó que la vacante
de su cargo seguiría sin publicar hasta que la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Bolívar, definiera su situación médico laboral y calificara sus
patologías.
Hizo referencia a la protección constitucional de las personas que ocupan un
cargo de carrera en provisionalidad, que ostentan la calidad de sujetos de
especial protección constitucional, como las madres y padres cabeza de familia,
quienes estén próximos a pensionarse, las personas que se encuentran en
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situación de discapacidad o en debilidad manifiesta por causa de una
enfermedad.
Añadió que la Corte ha manifestado que aquellos trabajadores con limitaciones
físicas, sensoriales o psicológicas se encuentran en situación de debilidad
manifiesta y, por lo tanto, son beneficiarios de una estabilidad laboral reforzada.
Esta limitación a la que hace alusión la Corte, hace referencia a una aplicación
extensiva de la Ley 361 de 1997 «Por la cual se establecen mecanismos de
integración social de las personas en situación de discapacidad y se dictan
otras disposiciones» a aquellas personas que se encuentran en un estado de
debilidad manifiesta por causa de una enfermedad, sin necesidad de que exista
una calificación previa que acredite su condición de discapacidad o invalidez1.
Citó, al respecto las sentencias T-663 de 2011, T-094 de 2010, T-373 de 2017,
SU-049 de 2017 de la Corte Constitucional, para destacar que el actuar de las
autoridades demandadas ha sido flagrantemente violatoria de su condición de
persona protegida e incapacitada, ya que la publicación del cargo que ostenta,
implica su desvinculación, por lo que existe un nexo de causalidad evidente,
entre su estado y esta, ya que aún no ha terminado su proceso de calificación;
lo cual es de pleno conocimiento de su empleadora que así lo refirió en el oficio
CSJCOOP21-480 del 24 de junio de 2021.
Adujo que de dicho documento se logra establecer que la publicación no se ciñe
a que exista un derecho superior, por el cual cedería el que ella ostenta, lo cual,
a su juicio constituye un trato discriminatorio en torno a las circunstancias de
debilidad manifiesta, en relación con su estado de salud.
Reiteró que la entidad, a través del mencionado oficio del 24 de junio de 2021,
le reconoció la calidad de persona protegida con estabilidad laboral reforzada, y
determinó que la vacante de su cargo seguiría sin publicar hasta que la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar definiera su situación médico
laboral y calificara sus patologías.
Recordó que el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral está
compuesto no solo con el establecimiento del origen de la enfermedad, sino
también, con la determinación del porcentaje de la pérdida ocupacional y la
fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral y que, en su caso,
no se ha determinado el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral ni la
fecha de estructuración y falta que las entidades competentes (ARL-EPS, Junta
Regional de Calificación y la Junta Nacional de Calificación), establezcan el
1
Al respecto, refirió en el pie de página 2 las siguientes providencias: Sentencias T-198 de
2006, T-513 de 2006, T-504 de 2008, T-992 de 2008, T-263 de 2009, T-866 de 2009, T-065 de
2010, T-092 de 2010,T-663 de 2011.
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porcentaje de pérdida de capacidad laboral de cada patología que padece y su
fecha de estructuración, para culminar el proceso de calificación.
Indicó que la autoridad demandada con la publicación de su cargo la ubica en
una situación de más vulnerabilidad a la que ya padece, pues no tiene otro
medio de subsistencia y su situación de salud afecta el poder conseguir otro
trabajo, por lo que de manera directa viola sus derechos fundamentales al
mínimo vital, la vida digna, salud, trabajo, entre otras, y más aún que se
encuentra en este momento incapacitada y en proceso de calificación.
Agregó que también le desconoce sus derechos adquiridos y le cercena las
obligaciones que le otorga las leyes laborales de seguridad y protección, toda
vez que a la fecha de presentación de esta acción, se encuentra en proceso de
calificación ante las entidades correspondientes y en tratamiento médico e
incapacitada.
Resaltó que no es razonable la publicación en la página Web de la Rama
Judicial, del cargo de oficial mayor del Jugado Cuarto Penal Municipal de
Montería, ya que va en contravía del oficio CSJCOOP21-480 del 24 de junio de
2021, expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba y de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, ya que implica su desvinculación pese
a encontrase en un estado de debilidad manifiesta, e incapacitada en este
momento, lo que, según su dicho, evidencia la utilización abusiva de una
facultad legal para encubrir un trato discriminatorio en torno a las circunstancias
de debilidad manifiesta, en relación con su estado de salud.
4. Trámite de la solicitud de amparo
Mediante auto del 25 de enero de 2022, se admitió la solicitud de tutela y se
ordenó notificar a los magistrados que integran el Consejo Superior de la
Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba.
Igualmente, se ordenó comunicar por el medio más expedito y eficaz al juez
Cuarto Penal Municipal de Montería y a las personas que conforman la lista de
candidatos para proveer el cargo en propiedad de oficial mayor en el Juzgado
Cuarto Penal Municipal de Montería.
Para ello, se dispuso que por Secretaría se oficiara al Consejo Seccional de la
Judicatura de Córdoba con el fin de que, haciendo uso del medio más expedito
y eficaz, practique dichas comunicaciones y acredite tales diligencias.
5. Argumentos de defensa
5.1. Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de
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Córdoba
La aludida entidad, a través de su presidente, se opuso a la prosperidad de la
solicitud de tutela, al considerar que ha actuado dentro de las competencias en
su debida oportunidad, sin vulneración al derecho al debido proceso, trabajo,
mínimo vital, igualdad, acceso a cargos públicos, pues como se dijo ante los
concursos son abiertos y públicos.
Destacó que tal como está concebido el sistema de carrera en el artículo 125 de
la Constitución Política de Colombia, garantizando la eficiencia en las funciones
asignadas a los órganos y entidades estatales, de los que hace parte la Rama
Judicial, así como ofrecer a los asociados las mismas oportunidades para
acceder a los cargos públicos.
Recordó lo relacionado con la obligatoriedad de las condiciones y términos en
el desarrollo de una convocatoria a concurso de méritos y a este como criterio
para la provisión de cargos públicos, conforme a lo estipulado en el artículo 125
superior.
Señaló que como hay un registro de elegibles vigente y se encuentra la vacante
definitiva en el cargo objeto del concurso, la Corporación debe proceder a
ofertarla para que opten los integrantes de los registros de legibles y la
autoridad nominadora debe nombrar para ocuparla a quien se encuentre en el
primer lugar de ese acto y a los que se encuentren en estricto orden
descendente, si se ofertó más de una plaza y se presenta la necesidad de su
provisión, pues ello garantiza no solo la continuidad en la función y su
prestación efectiva, sino el respeto por los derechos fundamentales de quienes
participaron en el respetivo concurso y superaron sus exigencias2.
Consideró que de conformidad a lo consagrado por la Constitución Política de
Colombia en su artículo 2564 (modificado acto legislativo 02 de 2015), al
artículo 101 de la Ley 270 de 1996, al Capítulo Segundo del Acuerdo PSAA16-
10561 de Agosto 17 de 2016 (Por el cual se compilan, modifican y se delegan
unas funciones), al Acuerdo PSAA16-10583 de octubre 4 de 2016 (Por el cual
se adopta el reglamento general para el funcionamiento de los Consejos
Seccionales de la Judicatura) y las demás legalmente estipuladas y en vigencia;
dicha entidad no tiene la facultad nominadora y será la juez quien decida la
situación administrativa laboral de la empleada.
Precisó que en la comunicación del 26 de noviembre de 2021, existe una
calificación de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, de la señora Nelsy
del Socorro Rojas Castillo; dictamen que se encuentra en firme, al haber
2
Citó la sentencia SU 446 de 2011 de la Corte Constitucional.
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resuelto el recurso de apelación en la Junta Nacional de Calificación de
Invalidez y que de acuerdo con el Art. 2.2.5.1.42 del Decreto 1072 de 2015
«Las controversias que se susciten en relación con los dictámenes emitidos en
firme por las Juntas de calificación de Invalidez, serán dirimidas por la justicia
laboral ordinaria de conformidad con lo previsto en el Código Procesal del
trabajo y de la Seguridad Social…». Anexó el dictamen de la señora Rojas
Castillo, del 26/11/2021 de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.
Sostuvo que la situación expuesta por la accionante ya fue definida por la junta
nacional como consta en los documentos soporte, para lo cual o la pensionan si
supera el porcentaje de calificación o la ARL la indemniza.
Adujo que es cierto, que no se había publicado esta vacante como quiera que
la situación laboral de dicha empleada no estaba definida; pero ya estando
definida es el nominador quien debe desatar entre la persona que opten por el
cargo y la persona de provisionalidad; ya que, en lo relacionado con
nombramientos, corresponde a la autoridad nominadora determinar lo referente
al cumplimiento de requisitos para el cargo, conforme lo señalado en los
artículos 129 a 133 de la Ley 270 de 1996, pues se tiene función de autoridad
nominadora en los juzgados.
Agregó, para el caso en particular, lo siguiente:
«Que, para el caso que nos ocupa como se puede observar en todos los
Distritos donde se publican vacantes con estos casos, se coloca un asterisco con
esta situación especial, para que así las personas que opten para dichas
vacantes definitivas estén enteradas de la situación administrativa laboral de
quien ocupa el cargo en provisionalidad. (pantallazos de publicación de opciones
de sede de otros distritos judiciales con este tipo de situación).
Que a través de correo electrónico del 3 de diciembre de 2021, la doctora Luz
Adriana Berrocal González, Coordinadora de Bienestar Salud Ocupacional de la
Rama Judicial Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería,
remite para lo de nuestra competencia y demás fines la comunicación de la
Junta Nacional de calificación de invalidez sobre el diagnóstico de la enfermedad
laboral de NELSY DEL SOCORRO ROJAS CASTILLO C.C. 50895327, decidido
mediante acta del 25 de noviembre de 2021. Con la decisión de la Junta
Nacional este diagnóstico G560 síndrome del [ú]unel carpiano se encuentra en
FIRME.
Mediante correo electrónico del 6 de diciembre de 2021, la doctora Odila Ester
Pérez Reyes, Juez 4° Penal Municipal con función de Conocimiento de Montería,
remite para lo de nuestra competencia, el dictamen en firme, relativo al origen de
enfermedad de la servidora Nelsy Rojas Castillo, quien ocupa en provisionalidad,
el cargo de oficial mayor, en ese Juzgado, indicando que la información respecto
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a la vacancia definitiva del cargo, se remitió en su oportunidad, para proveer con
lista de candidatos.
De conformidad a lo dispuesto en el Acuerdo No. PSAA08-4856 de 2008, a lo
informado y solicitado por la Juez Cuarto Penal Municipal de Montería, y la
Coordinadora de Bienestar Salud Ocupacional de la Rama Judicial Dirección
Seccional de Administración Judicial de Montería, esta Corporación procedió a
publicar en la página web de la Rama Judicial, entre otras vacantes, una (1) del
cargo de Oficial Mayor grado Nominado del Juzgado 4° Penal Municipal con
Función de Conocimiento de Montería, entre el 11 y hasta el 17 de enero de
2022, para que los integrantes del registro de elegibles optaran por dicho cargo o
en su defecto empleados de carrera solicitaran traslados, links:
https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-seccional-de-la-judicatura-
decordoba/formato-opcion-de-sede3
Que para dicha vacante optaron dentro del término establecido para ello 12
integrantes del registro de elegibles, no se presentaron en este Distrito
solicitudes de traslados de empleados para dicho cargo, por lo que luego de
finalizado el término, se publicó la lista de aspirantes por sede en la página web
de la Rama Judicial, inicialmente del 18 al 20 de enero de 2022, posteriormente
del 20 al 24 de enero de 2022 como quiera que no se habían incluido unos
aspirantes para otros cargos y hubo un error de digitación en el listado de
traslados de otros cargos, links: https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-
seccional-de-la-judicaturade- cordoba/relacion-de-aspirantes-por-sede.»
Señaló que no puede abstenerse de poner en conocimiento del nominador, la
lista de candidatos integrada del Registro de Elegibles que se conformó para la
provisión de un cargo que se encuentra vacante de manera definitiva, pues se
estaría incurriendo en incumplimiento de las obligaciones establecidas en los
presupuestos normativos consagrados en la Constitución, en la Ley 270 de
1996 Estatutaria de la Administración de Justicia y en los Acuerdos del Consejo
Superior de la Judicatura.
Mencionó que el 26 de enero del presente año, fue aprobado en la misma, por
lo que se expidió el Acuerdo CSJCOA22-8 de enero 27 de 2022, «Por medio
del cual se elabora la lista de candidatos para proveer un cargo de Oficial Mayor
Grado Nominado del Juzgado 4° Penal Municipal con función de Conocimiento
de Montería Código- 261119»; a la fecha se encuentra a la espera de que la
Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura informe si se presentaron ante ella solicitudes de traslados para el
mismo cargo proveniente de empelados de otros distritos judicial, para remitir
todo de manera conjunta.
Aportó la notificación por aviso con ocasión de lo dispuesto en el auto admisorio
11
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de esta demanda de amparo3.
5.2. Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera
Judicial
Esta autoridad se opuso a la prosperidad de lo solicitado por la accionante, al
considerar que no amenazó, vulneró o puso en riesgo los derechos
fundamentales invocados por la accionante.
Refirió el proceso para la provisión de cargos en carrera en la Rama Judicial,
así como las facultades de la entidad y destacó que no interviene en el
nombramiento de quiénes ocuparán los diferentes cargos a proveer, tanto en
carrera como en provisionalidad, por ser este un acto propio de cada autoridad
nominadora.
Destacó que, una vez recibida la lista de elegibles por parte de la autoridad
nominadora, esta procederá a realizar el nombramiento en la forma y términos
señalados en los artículos 133 y 167 de la Ley 270 de 1996.
Precisó que el Consejo Superior, Unidad de Administración de Carrera Judicial,
no debe ser parte accionada en el presente proceso constitucional, porque, la
decisión sobre los nombramientos de los empleados de los despachos
judiciales corresponde exclusivamente al juez titular del despacho, sin que
sobre el asunto tenga injerencia alguna, por lo que no le asiste legitimación en
la causa por pasiva.
Recordó que la designación en provisionalidad, sin importar el tiempo de
duración, no origina derecho alguno frente a la carrera judicial.
Señaló que las actuaciones desplegadas por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Córdoba obedecen a reglamentos previamente establecidos y
que, recibidas las listas de elegibles procedentes del respectivo Consejo
Seccional, corresponde al nominador en ejercicio de su facultad, decidir si
nombra a uno de los integrantes de estas listas o concede protección laboral
reforzada al empleado en provisionalidad que se encuentre amparado por
situaciones especiales.
5.3. Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería
La juez demandada se opuso a la prosperidad de lo solicitado, al considerar lo
siguiente:
3
Documento 15 electrónico.
12
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Sostuvo que, a través de escrito de fecha 14 de enero de 2021, dio cuenta al
Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, sobre la situación de salud,
que atravesaba y atraviesa la empleada en provisionalidad Nelsy Rojas Castillo,
para que, conforme a la competencia de esa Corporación, y, en cumplimiento a
las reglas de derecho, esbozadas por la Corte Constitucional en sentencia T-
464 de 2019, se hiciera, si a ello, había lugar, la publicación de la vacante, tras
la renuncia al traslado que hiciere, la señora Natalia Quiroz, oficial mayor en
propiedad de la ciudad de Medellín.
Añadió que, en su momento, se registraban en el historial médico de la
servidora en provisionalidad, 5 enfermedades de tipo laboral.
Adujo que conforme a requerimiento del Consejo Seccional, a partir del cual,
solicitaba a todos los despachos judiciales del departamento, se enlistaran las
vacantes con carácter definitivo, el día 18 de junio de 2021, nuevamente se
reportó aquella, del cargo de oficial mayor juzgado municipal.
Señaló que, no obstante, el día 2 de noviembre del año 2021, fueron publicadas
16 vacantes de oficial mayor juzgado municipal grado nominado, a propósito de
la Convocatoria Acuerdo CSJCOA17-61 de 6 de octubre de 2017, para proveer
los cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de
Servicios Seccional Córdoba, publicación que, tal como se muestra en el
documento anexo, no contempló, la vacante de oficial mayor, del juzgado cuarto
penal municipal de Montería.
Precisó que luego de la verificación que llevara a cabo la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez, sólo una de las cinco enfermedades que registraba la
servidora, se concluyó su origen laboral, así:
«NRO DICTAMEN: 50895327-20733 ENTIDAD REMITENTE: POSITIVA ARL
DIAGNÓSTICO: M755 ORIGEN: ENFERMEDAD COMUN
DIAGNÓSTICO: M771 ORIGEN: ENFERMEDAD COMUN
DIAGNÓSTICO: M751 ORIGEN: ENFERMEDAD COMUN
DIAGNOSTICO: G560 ORIGEN: ENFERMEDAD LABORAL
DIAGNOSTICO: M509 ORIGEN: ENFERMEDAD COMUN»
Resaltó que dicho dictamen cuya firmeza, fue comunicada el día 06 de
diciembre de 2021, a la Sala 01 del Consejo Seccional de la Judicatura de
Córdoba, para lo de su competencia.
Indicó que el Juzgado Cuarto Penal Municipal, desde el momento en que la
servidora en provisionalidad, informó sobre el primer reconocimiento que hiciere
la EPS Salud Total, ha tenido en cuenta su estado de salud, y, en pie de la
protección que emerge de la jurisprudencia constitucional, ha informado a la
autoridad encargada de la publicación de los cargos, para lo de su resorte,
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actualizándolos, con las noticias que se iban produciendo, con ocasión al
proceso de calificación.
Refirió que, si bien es cierto, es el nominador, no lo es menos que, ninguna
injerencia tiene o determinación está en capacidad de tomar, en relación con las
vacantes que se han de publicar, siendo, el Consejo Seccional de la Judicatura,
la autoridad que, por vía constitucional y legal, se le ha encomendado esta
tarea, y la que, debe dar razones de su proceder en uno o en otro sentido.
Añadió que a la fecha, 4 de febrero de 2022, y, luego de publicarse el 11 de
enero de 2022, con un asterisco la vacante definitiva del cargo de oficial mayor
juzgado municipal, fijando que lo ocupa, una persona con enfermedad laboral,
la única por reportar, dentro del distrito judicial de Córdoba, fue enviada la lista
de elegibles, conformada por 12 aspirantes en estricto orden de mérito, junto a
los datos de correo electrónico para la notificación personal, misiva en la que,
se conmina a este juzgado, a observar los términos consagrados en la ley
estatutaria de administración de justicia, para proceder al nombramiento
respectivo.
Sostuvo que la señora Nelsy Rojas Castillo, se encuentra en servicio activo,
feneciendo su última incapacidad, el pasado 2 de febrero de 2022; de otro lado,
no se ha producido decisión judicial que disponga inobservar la lista remitida,
suspender el proceso de nombramiento u otra de similar índole.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 19914 y el numeral 2°
del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 20155, modificado por el Decreto
333 del 6 de abril de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena
del Consejo de Estado.
2.2. Cuestión previa
La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura solicitó su desvinculación pues carece de legitimación en la causa
por pasiva, en tanto que lo pretendido por la parte actora corresponde es a su
nominadora, en este caso, a la Juez Cuarta Penal Municipal de Montería.
4
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.”
5
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del
Derecho.”
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Al respecto, se advierte que se negará tal petición, pues de los fundamentos
fácticos y jurídicos, se encuentra que el aludido Consejo Superior sí tiene
injerencia o determinación en relación con las vacantes que se han de publicar.
Tan es así, que su presidente al rendir informe mencionó que «…a la fecha se
encuentra a la espera de que la Unidad de Administración de la Carre[r]a
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura informe si se presentaron ante
ella solicitudes de traslados para el mismo cargo proveniente de empelados de
otros distritos judicial, para remitir todo de manera conjunta…»
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si las autoridades demandadas incurrieron en
la violación de los derechos fundamentales de la accionante con ocasión de la
publicación en la página web de la Rama Judicial del cargo de oficial mayor del
Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería, el cual desempeña actualmente
en provisionalidad, pese a que se encuentra pendiente la definición de su
situación con ocasión de una enfermedad de origen laboral.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i)
generalidades de la acción de tutela; ii) protección laboral constitucional por
estados de debilidad manifiesta por padecimientos de salud, iii) los cargos
proveídos por concurso en relación con la estabilidad laboral reforzada y la
provisionalidad y iv) el caso concreto.
2.3. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional,
según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante
los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que
sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas
o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de
1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no
es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas
en el artículo 6º del Decreto 2591 de 19916, entre otros motivos, la relativa a la
existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección
del derecho que se alega amenazado o vulnerado (subsidiariedad).
6
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
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La acción de tutela procede de forma excepcional contra actuaciones proferidas
dentro de concursos públicos de méritos, siempre y cuando no se haya emitido
lista de elegibles, caso contrario en el cual resulta improcedente el amparo, ante
la existencia de situaciones consolidadas y derechos adquiridos por cada uno de
los concursantes designados en cargos de carrera.
2.3.1. Protección laboral constitucional por estados de debilidad
manifiesta por padecimientos de salud
La Corte Constitucional ha sido enfática en reiterar la protección de la cual
gozan las personas en situaciones particulares de protección, por su condición
vulnerable. Al respecto, ha dicho:
«De acuerdo con el artículo 13 de la Constitución Política, el Estado debe
proteger especialmente a las personas que se encuentren en debilidad
manifiesta con motivo de su condición económica, física o mental. En
concordancia con este mandato constitucional, el artículo 47 Superior establece
que el Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración
social para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos. Por su parte, el
artículo 54 de la Carta dispone el deber del Estado de garantizar a los
minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud’.
…
La Corte Constitucional, con base en las normas citadas precedentemente, ha
señalado que las personas con limitaciones físicas, sensoriales o síquicas tienen
derecho a una estabilidad laboral reforzada, que se concreta en la prerrogativa de
permanecer en el empleo y de gozar de cierta seguridad de continuidad, mientras
no se configure una causal objetiva que justifique su desvinculación7, siendo una de
sus mayores implicaciones la inversión de la carga de la prueba, de suerte que se
constituye una presunción de discriminación sobre todos los actos que tengan por
finalidad desmejorar las condiciones laborales de los trabajadores con alguna
discapacidad, al punto que corresponde al empleador desvirtuar la presunción y
demostrar que tales actuaciones atienden a una causal objetiva»8.
En relación con la afectación física de una persona la Corte Constitucional ha
sostenido:
«La especial protección laboral de las personas discapacitadas, en el ámbito
positivo y negativo, ocurre cuando quiera que la imposibilidad de acceder al
mercado laboral o la exclusión del mismo se produzcan como consecuencia de
su estado de debilidad manifiesta, por cuanto la protección se dirige a evitar
7
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-531 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
8
Cfr. Sentencias T-427 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-441 de 1993, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
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precisamente que ellos sean objeto de discriminación con ocasión de sus
limitaciones. Ahora bien, resulta necesario destacar que, para la Corte, están
amparados por la protección prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, no
solamente aquellas personas que tienen la condición de discapacitados, de
acuerdo con la calificación efectuada por los organismos competentes, sino
también, quienes se encuentran en una situación de debilidad manifiesta, ya sea
por acaecimiento de un evento que afecta su salud, o de una limitación física, sin
importar si ésta tiene el carácter de accidente, enfermedad profesional, o
enfermedad común, ni si es de carácter transitorio o permanente. No obstante lo
anterior, aun cuando la situación de los trabajadores calificados como
discapacitados es distinta a la de aquellos que padecen una afectación
significativa de su salud pero aún no han sido objeto de calificación por los
organismos establecidos para el efecto, la Corte ha sostenido que en ambos
casos existen razones que justifican la existencia de una especial protección
laboral.9».
2.3.2. Los cargos proveídos por concurso en relación con la estabilidad
laboral reforzada y la provisionalidad
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado el trato preferencial que
las entidades deben observar en relación con la condición especial de algunas
personas, como es el caso de (i) las madres y padres cabeza de familia; (ii) las
personas próximas a pensionarse; y, (iii) las personas con discapacidad.
La protección de los funcionarios que están en provisionalidad es relativa, toda
vez que ejercen su función con la posibilidad de ser desplazados cuando el
cargo se provea en concurso de méritos, debido a que la persona que ocupó el
primer lugar tiene un derecho preferente respecto a quienes no participaron en el
mismo.
Ahora, cuando se trata de un funcionario que ejerce su función en
provisionalidad y además está en condiciones de debilidad manifiesta, requiere
el respeto de su derecho a la estabilidad laboral reforzada, sin desconocer la
posición de quien accedió al cargo por aprobar el respectivo concurso de
méritos.
La Corte Constitucional en la Sentencia SU 446 del 201110, precisó que la
entidad demandada, en ese caso la Fiscalía General de la Nación «…pese a la
discrecionalidad de la que gozaba, sí tenía la obligación de dar un trato
preferencial, como una medida de acción afirmativa a: i) las madres y padres
cabeza de familia; ii) las personas que estaban próximas a pensionarse… y iii)
9
Sentencia T-019 del 17 de enero de 2011.M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
10
Corte Constitucional, Sentencia SU-446 del 26 de mayo de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
17
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las personas en situación de discapacidad. [ ] En estos tres eventos la Fiscalía
General de la Nación ha debido prever mecanismos para garantizar que las
personas en las condiciones antedichas, fueran las últimas en ser
desvinculadas, porque si bien una cualquiera de las situaciones descritas no
otorga un derecho indefinido a permanecer en un empleo de carrera, toda vez
que prevalecen los derechos de quienes ganan el concurso público de méritos.
Como el ente fiscal no previó dispositivo alguno para no lesionar los derechos
de ese grupo de personas, estando obligado a hacerlo, en los términos del
artículo 13 de la Constitución, esta Corte le ordenará a la entidad que dichas
personas, de ser posible, sean nuevamente vinculadas en forma provisional en
cargos vacantes de la misma jerarquía de los que venían ocupando.»
Lo anterior por cuanto para la Corte Constitucional «Es claro que los órganos del
Estado en sus actuaciones deben cumplir los fines del Estado, uno de ellos,
garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución, entre
los cuales la igualdad juega un papel trascendental, en la medida que obliga a
las autoridades en un Estado Social de Derecho, a prodigar una protección
especial a las personas que, por su condición física o mental, se encuentren en
circunstancias de debilidad manifiesta, artículo 13, inciso 3 de la Constitución»11
Igualmente, la Corte Constitucional en el aludido pronunciamiento precisó
algunas medidas en aras a no desconocer los derechos de quienes se
encuentran en las condiciones de vulnerabilidad y de especial protección, al
advertir que:
«Los servidores en provisionalidad, tal como reiteradamente lo ha expuesto esta
Corporación12, gozan de una estabilidad relativa, en la medida en que sólo
pueden ser desvinculados para proveer el cargo que ocupan con una persona de
carrera, tal como ocurrió en el caso en estudio o por razones objetivas que
deben ser claramente expuestas en el acto de desvinculación13. En
consecuencia, la terminación de una vinculación en provisionalidad porque la
plaza respectiva debe ser provista con una persona que ganó el concurso, no
desconoce los derechos de esta clase de funcionarios, pues precisamente la
estabilidad relativa que se le ha reconocido a quienes están vinculados bajo esta
modalidad, cede frente al mejor derecho que tienen las personas que ganaron un
concurso público de méritos».
Asimismo, en la referida decisión de unificación, en relación con la provisión de
11
Ibidem.
12
La línea jurisprudencial en esta materia se encuentra recogida en la sentencia SU-917 de
2010. M.P. Jorge Iván Palacios Palacios.
13
Cfr. Corte Constitucional T-1011 de 2003; T-951 de 2004; T-031 de 2005; T-267 de 2005; T-
1059 de 2005;T-1117 de 2005;T-245 de 2007;T-887 de 2007;T-010 de 2008;T-437 de 2008; T-
087 de 2009 y T-269 de 2009. Así mismo, la sentencia SU-917 de 2010, que recoge toda la
jurisprudencia sobre este particular y fija las órdenes que debe dar el juez de tutela en estos
casos.
18
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cargos de la lista de elegibles previo concurso de méritos y la protección
especial de las personas en situación de discapacidad, las madres y padres
cabeza de familia y los prepensionados, la Corte Constitucional consideró que
estas últimas garantías deben ceder frente al mejor derecho que tienen las
personas que ganaron un concurso público de méritos.
Al igual, en la sentencia T - 373 de 2017, dicha Corporación se pronunció de la
siguiente manera:
«En varias oportunidades esta Corporación ha sostenido que los servidores
públicos que ocupan en provisionalidad un cargo de carrera gozan de una
estabilidad laboral relativa, lo que implica que únicamente pueden ser removidos
por causas legales que obran como razones objetivas que deben expresarse
claramente en el acto de desvinculación, dentro de las que se encuentra la
provisión del cargo que ocupaban, con una persona de la lista de elegibles
conformada previo concurso de méritos. En esta hipótesis, la estabilidad laboral
relativa de las personas vinculadas en provisionalidad cede frente al mejor
derecho de quienes superaron el respectivo concurso.
En ese sentido, la situación de quienes ocupan en provisionalidad cargos de
carrera administrativa, encuentra protección constitucional, en la medida en que,
en igualdad de condiciones pueden participar en los concursos y gozan de
estabilidad laboral, condicionada al lapso de duración del proceso de selección y
hasta tanto sean reemplazados por quien se haya hecho acreedor a ocupar el
cargo en virtud de sus méritos evaluados previamente.
Ha señalado igualmente la jurisprudencia de esta Corte, que si bien los actos
administrativos que desvinculan a una persona nombrada en provisionalidad en
un cargo de carrera, requieren de su respectiva motivación para garantizar el
derecho al debido proceso, esto no significa que quienes han sido nombrados en
provisionalidad ostentan la misma estabilidad laboral de quien se encuentra en el
sistema de carrera por haber accedido al cargo por concurso de méritos.
Sin embargo, esta Corte ha reconocido que dentro de las personas que ocupan
en provisionalidad cargos de carrera, pueden encontrarse sujetos de especial
protección constitucional, como las madres y padres cabeza de familia, quienes
están próximos a pensionarse y las personas en situación de discapacidad, a los
que, si bien por esa sola circunstancia no se les otorga un derecho indefinido a
permanecer en ese tipo de vinculación laboral, en virtud del derecho ostentado
por las personas que acceden por concurso de méritos, sí surge una obligación
jurídico constitucional (art. 13) de propiciarse un trato preferencial como medida
de acción afirmativa.
Por lo anterior, antes de procederse al nombramiento de quienes superaron el
concurso de méritos, han de ser los últimos en removerse y en todo caso, en la
medida de las posibilidades, deben vincularse nuevamente en forma provisional
en cargos vacantes de la misma jerarquía o equivalencia de los que venían
19
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ocupando, siempre y cuando demuestren una de esas condiciones especiales al
momento de su desvinculación y al momento del posible nombramiento. ‘La
vinculación de estos servidores se prolongará hasta tanto los cargos que lleguen
a ocupar sean provistos en propiedad mediante el sistema de carrera o su
desvinculación cumpla los requisitos exigidos en la jurisprudencia constitucional,
contenidos, entre otras, en la sentencia SU-917 de 2010…»14. (subrayado
fuera del texto original)
Finalmente, en relación con el derecho a la estabilidad laboral reforzada de las
personas en situación de debilidad manifiesta y el derecho a la reubicación
laboral, el Alto Tribunal Constitucional en la sentencia T- 203 de 2017 consideró
lo siguiente:
«Por todo lo anterior y como se dijo en el acápite destinado a la procedencia de
la acción de tutela, particularmente en lo referido a la subsidiariedad, dar un trato
diferente a las personas que han sido calificadas por los órganos competentes y
a quienes no lo han sido, pero padecen condiciones de salud que les ocasiona
una debilidad manifiesta implica inobservar los principios constitucionales de
igualdad y solidaridad. En esa medida, ambos grupos enfrentan, en razón de sus
circunstancias de salud, condiciones de vulnerabilidad que ameritan una
protección reforzada de sus derechos…
…
…Del derecho a la estabilidad laboral reforzada nace la garantía que tienen los
trabajadores que por algún motivo ven menguadas sus condiciones físicas o
psíquicas por una enfermedad o accidente y, por lo tanto, se encuentran en
situación de debilidad manifiesta o de discapacidad a la reubicación laboral. En
efecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el derecho a la
estabilidad laboral reforzada no puede entenderse únicamente como la limitación
que existe para retirar al trabajador que ha sufrido una disminución en su estado
de salud, sino también como la posibilidad que tiene ese trabajador de ser
reubicado en un puesto que pueda desempeñar conforme a sus condiciones de
salud...
…
Lo anterior significa que frente a una enfermedad o accidente, el trabajador
puede continuar desempeñando su labor o se le podrá asignar una diferente en
iguales o mejores condiciones, situación que encuentra fundamento en los
principios constitucionales de igualdad y solidaridad, así como en los derechos al
trabajo y a la dignidad. En ese sentido, la reubicación laboral es una forma de
conciliar los intereses de ambas partes (trabajador y empleador), en tanto que se
le permite a la persona afectada en su salud potencializar su capacidad
14
Sentencia T - 373 de 2017.
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productiva y realizarse profesionalmente, pese a la condición que le sobrevino y,
a la empresa o entidad, maximizar la productividad de sus funcionarios.»15
2.4. Caso concreto
Para la parte actora, las autoridades demandadas vulneraron sus garantías
constitucionales con ocasión de la publicación en la página web de la Rama
Judicial del cargo de oficial mayor del Juzgado Cuarto Penal Municipal de
Montería, el cual desempeña actualmente en provisionalidad, pese a que se
encuentra pendiente la definición de su situación con ocasión de una
enfermedad de origen laboral.
Específicamente, solicitó en el escrito de tutela, lo siguiente:
Primera pretensión: Que se revoque y/o suspenda la publicación o cualquier
acto administrativo que disponga del cargo de oficial mayor, en el Juzgado
Cuarto Penal Municipal de Montería, que se encuentra vigente y por lo tanto no
sea removida del cargo que ostenta.
Así las cosas, la Sala encuentra que lo solicitado inevitablemente se dirige a
cuestionar el procedimiento administrativo adelantado con el concurso de
méritos para empleados de la Rama Judicial, en el cual ya existe lista de
elegibles, lo cual torna en improcedente cualquier petición que pretenda
suspender o paralizar dicho trámite para nombrar a aquellas personas que la
conforman.
En efecto, el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba para la
convocatoria acuerdo CSJCOA17-61 de 6 de octubre de 2017, para los cargos
de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios
Seccional Córdoba publicó la opción de sedes del 2 al 8 de noviembre de 2021,
para el cargo de oficial mayor de Juzgado Municipal, grado nominado.
15
«20.4. Ahora bien, pese a que la anterior posición ha sido acogida por la mayoría de la Salas
de Revisión de la Corte Constitucional, existen salvamentos y aclaraciones de votos de algunos
magistrados que consideran que la protección de la estabilidad laboral reforzada de las
personas en situación de discapacidad y de las personas en situación de debilidad manifiesta
tienen fundamentos diferentes. Así, en el caso de los primeros la protección reforzada deviene
de los mandatos establecidos en la Ley 361 de 1997, pero respecto de las personas en
situación de debilidad manifiesta (quienes no han sido calificados por la autoridad competente)
la garantía de estabilidad laboral reforzada acaece directamente de la Constitución...
La diferencia entre las posturas anteriores radica en el reconocimiento de la indemnización
estipulada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en tanto que dependiendo de si se trata de
una persona en situación de discapacidad debidamente calificada como tal o de alguien cuya
escenario médico lo tiene en condición de debilidad manifiesta, la misma deberá ser o no
reconocida.»
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Posteriormente, la misma entidad mediante Acuerdo CSJCOA22-8 del 27 de
enero de 2022 elaboró la lista de candidatos para proveer un cargo de oficial
mayor grado nominado del Juzgado 4° Penal Municipal con función de
Conocimiento de Montería código- 261119, así:
«…
Que, con fundamento en lo anterior, durante el periodo comprendido entre el 11
al 17 de enero de 2022, se publicó la relación de vacantes definitivas de algunos
cargos de empleados, existentes en este Distrito Judicial, con el fin de que los
integrantes del Registro de Elegibles, para el cargo de Oficial Mayor de Juzgado
Municipal Grado Nominado, conformado mediante Resolución N° CSJCOR21-
267 de 21 de mayo de 2021, en desarrollo de los Acuerdos N° PCSJA17-10643
de febrero 14 de 2017 y el Acuerdo N° CSJCOA17-61 de 6 de octubre de 2017 y
el Acuerdo N° CSJCOA17-69 de 23 de octubre de 2017, optaran por la sede o
sedes de su interés.
Que, dentro de los cargos publicados, se encuentra una vacante definitiva del
cargo de Oficial Mayor Grado Nominado del Juzgado 4° Penal Municipal con
función de Conocimiento de Montería, en el cual presentaron opción de sede,
doce (12) integrantes del Registro de Elegibles para el citado cargo.
…
ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO: Integrar para el Juzgado 4° Penal Municipal con función
de Conocimiento de Montería, la siguiente lista de candidatos, en orden
descendente del puntaje total obtenido, con inscripción vigente en el Registro
Seccional de Elegibles, conformada con los aspirantes que manifestaron su
disponibilidad y dentro del término legal, destinada exclusivamente a proveer en
propiedad el cargo de Oficial Mayor Grado Nominado que se encuentra en
vacancia definitiva en ese Despacho Judicial.
…
ARTICULO SEGUNDO: El nominador deberá tener en cuenta lo dispuesto en los
artículos 133 y 167 de la Ley 270 de 1996, en el Acuerdo PSAA08-4856 de
2008, así como el artículo 7° del Acuerdo 724 de 2000.
ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
expedición.»
De manera que, frente a dicha pretensión se declarará la improcedencia de la
acción de tutela, puesto que, cuando la lista de elegibles se encuentra en firme
se crean situaciones jurídicas particulares y derechos ciertos y, la acción de
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tutela no es el mecanismo adecuado para dejarlas sin efectos jurídicos, pues
se podrían afectar derechos subjetivos.
Por tanto, la acción de tutela es improcedente para controvertir las
irregularidades acontecidas durante el trámite de un concurso de méritos,
cuando en este se ha conformado la lista de elegibles, porque es un acto
susceptible de demandarse ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, dentro del cual es posible acudir a la solicitud de medidas cautelares,
ante un inminente perjuicio.
A su vez, la parte accionante formuló las siguientes solicitudes, que por su
naturaleza y por encontrarse intrínsecamente relacionadas, se resolverán de
manera conjunta, así:
Pretensión segunda: En caso de seguir con el procedimiento administrativo, se
ordene su traslado a un cargo igual o equivalente que se encuentre vacante,
manteniendo el rango y la remuneración y,
Pretensión tercera: Que se le aplique una protección en forma integral, con
aplicación de los precedentes jurisprudenciales que le amparan en su situación
de debilidad manifiesta, para no quedar desamparada en el trámite de su
calificación de invalidez y los tratamientos médicos debido a sus patologías.
De conformidad con lo expuesto, la acción de tutela no es el mecanismo idóneo
y eficaz al existir otro mecanismo de defensa judicial ordinario, la solicitud de
amparo no cumple el requisito adjetivo de la subsidiariedad y, tampoco logró
acreditar la configuración de un perjuicio irremediable, pues lo que se advierte
es que la parte actora de manera anticipada promovió la acción de tutela, sin
que a la fecha de su presentación se encontrase desvinculada o que, por lo
menos, de las pruebas recaudadas pudiera concluirse que su retiro laboral se
iba a materializar de manera inminente.
Al respecto, la Sala aclara que el requisito de procedibilidad mencionado puede
ser superado cuando se demuestre la existencia de un perjuicio irremediable, el
cual se configura, en términos de la Corte Constitucional, «…cuando el peligro
que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con
inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de
medidas impostergables que lo neutralicen…»16.
Al momento de analizar si en un caso particular se está ante un perjuicio
16
Corte Constitucional, sentencia T-636 de 2006, con ponencia de la magistrada Clara Inés
Vargas Hernández.
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irremediable que justifique el amparo transitorio, deben evaluarse en conjunto
los siguientes elementos, los cuales han sido definidos de forma reiterativa bajo
los siguientes términos17:
i) Que el perjuicio sea inminente, lo cual implica que la amenaza exista o esté
por existir.
ii) Que éste sea grave y tenga la suficiente entidad para comprometer un bien
moral o material de la persona.
iii) Que haya necesidad de adoptar medidas urgentes para superar la condición
de amenaza del derecho fundamental.
iv) Que no se pueda postergar la acción de tutela, pues de lo contrario el
mecanismo de protección sería ineficaz.
Por tanto, este perjuicio irremediable debe ser inminente o actual, y además ha
de ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables18 .
De manera que, cuando se trata de sujetos de especial protección, la Corte
Constitucional ha definido un criterio más amplio para la procedencia de la
acción de tutela, dadas las circunstancias de vulnerabilidad en virtud de las
condiciones físicas, económicas o mentales en que se encuentre la parte
demandante, como es el caso de las mujeres embarazadas, madres o padres
cabeza de familia, personas con discapacidad, de la tercera edad, menores de
edad, entre otros.
En el caso concreto, la Sala considera que la demandante allegó constancias
médicas que demuestran la existencia de algunas enfermedades, así como los
dictámenes de calificación de sus padecimientos, que para ella son limitantes o
incapacitantes pues le afectan gravemente su salud, al tiempo que le impiden el
desempeño de sus labores.
De lo anterior, también dan cuenta tanto la presidenta del Consejo Seccional de
17
Corte Constitucional, sentencias T-225 de 1993, T-809 de 2013, T-695 de 2014 y T-884 de
2014.
18
Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la
Corte Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro
Naranjo Mesa. Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531
de 1993. A continuación se reseña, en síntesis lo pertinente: “… son elementales para la
comprensión de la figura del perjuicio irremediable, A). El perjuicio ha de ser inminente: "que
amenaza o está por suceder prontamente"…. || B). Las medidas que se requieren para conjurar
el perjuicio irremediable han de ser urgentes, || C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que
éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en
el haber jurídico de la persona… || D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de
tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo
en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz
por inoportuna… Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo
de la eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento
de los derechos y garantías básicos para el equilibrio social”.
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la Judicatura de Córdoba como la juez Cuarta Penal Municipal de Montería, que
si bien no desconocen la situación de salud de la demandante, bien informaron
que esta se encuentra a la espera de una definición de su situación
administrativa, esto es, si la pensionan si supera el porcentaje de calificación o
la ARL la indemniza.
En lo atinente, se encuentra que existe una decisión definitiva de la Junta
Nacional de Calificación de Invalidez frente a los padecimientos de la
accionante, documento en el que se indicó lo siguiente:
«Bogotá, 26 de noviembre de 2021
Señores:
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO MONTERIA
LUZ ADRIANA BERROCAL
CALLE 27 N° 02 - 06 PALACIO DE JUSTICIA PISO 2
7811012-7825097
Montería-Córdoba
REF.: COMUNICACIÓN DE DICTAMEN DEL SEÑOR (A) NELSY DEL
SOCORRO ROJAS CASTILLO C.C 50895327
En mi condición de ABOGADO (A) DE LA SALA 4 DE LA JUNTA NACIONAL DE
CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, y de conformidad con lo estipulado en el Art.
2.2.5.1.39 del Decreto 1072 de 2015, procedo a comunicarle la decisión
adoptada en la Audiencia Privada realizada el 25 de Noviembre de 2021, por los
integrantes de la Sala Cuatro de Decisión de la Junta Nacional de Calificación de
Invalidez.
NRO DICTAMEN: 50895327-20733 ENTIDAD REMITENTE: POSITIVA ARL
DIAGNÓSTICO: M755 ORIGEN: ENFERMEDAD COMUN
DIAGNÓSTICO: M771 ORIGEN: ENFERMEDAD COMUN
DIAGNÓSTICO: M751 ORIGEN: ENFERMEDAD COMUN
DIAGNOSTICO: G560 ORIGEN: ENFERMEDAD LABORAL
DIAGNOSTICO: M509 ORIGEN: ENFERMEDAD COMUN
Se informa que de conformidad con el Art. 2.2.5.1.43 del Decreto 1072 de 2015,
el presente dictamen se encuentra en firme, al haber resuelto el recurso de
apelación en la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y que de acuerdo con
el Art. 2.2.5.1.42 del Decreto 1072 de 2015 ‘Las controversias que se susciten en
relación con los dictámenes emitidos en firme por las Juntas de calificación de
Invalidez, serán dirimidas por la justicia laboral ordinaria de conformidad con lo
previsto en el Código Procesal del trabajo y de la Seguridad Social…’
De acuerdo con lo anterior contra el presente dictamen no procede ningún recurso y
como no es un acto administrativo no procede agotamiento de vía gobernativa ni
requiere ejecutoría, ni declaración de caducidad.»
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Conforme a lo expuesto, se encuentra que los informes presentados por las
autoridades demandadas, junto a los soportes, dan cuenta de que a la
accionante no se le ha desvinculado laboralmente, por lo que, no resulta
procedente su reubicación en un cargo de igual nivel.
Adicionalmente, se encuentra que la juez nominadora informó que no se ha
producido decisión judicial que disponga inobservar la lista remitida, suspender
el proceso de nombramiento u otra de similar índole.
De manera que, no existe razón que permita a la nominadora desatender sus
funciones para no cumplir con el trámite correspondiente respecto del
nombramiento conforme al orden de la lista de elegibles para el empleo en el
cual se encuentra laborando la demandante.
Asimismo, la Sala precisa que la reiteración jurisprudencial relacionada con la
reubicación laboral derivada del derecho a la estabilidad laboral reforzada indica
que para ello deben tenerse en cuenta estos tres aspectos: 1) el tipo de función
que desempeña el trabajador, 2) la naturaleza jurídica y 3) la capacidad del
empleador. Sentencias T - 1040 de 2001 y T – 203 de 2017.
A su vez, es de resaltar que entre criterios mínimos que la jurisprudencia
constitucional ha fijado y que deben ser tenidos en cuenta tanto por el
empleador, como por el juez constitucional al momento de realizar u ordenar la
reubicación de un trabajador en otra labor diferente es «(ii) Permanecer en su
cargo mientras no se configure una causal objetiva que justifique su desvinculación»,
que en el presente asunto correspondería al cumplimiento de las listas de
elegibles y el nombramiento consecuente.
En consecuencia, se declarará la improcedencia de la acción de tutela, pues la
parte actora cuenta con otro mecanismo de defensa de sus derechos
fundamentales presuntamente vulnerados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación del Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, por lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
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Rad: 11001-03-15-000-2022-00391-00
SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela instaurada por la
señora Nelsy del Socorro Rojas Castillo, por las razones analizadas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los 3 días siguientes
a la notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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