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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-01071-00

Fecha
17 de marzo de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-01071-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentadas por la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de coadyuvancia presentada por las señoras IRMA LIDA LÓPEZ DE URIBE, CARMEN ROSA RIVERA DE ALVARÁN, RUTH NEIRA ESCARPETTA, BLANCA LIGIA CEBALLOS RUDAS, RUBIELA CEBALLOS RUDAS, MARÍA GRIMANESA MARÍN DE ENRÍQUEZ, MARLENY CORREA GONZÁLEZ, MARÍA FRANCELINA ESPINOSA DE MARTÍNEZ, VITERBINA RANGEL SERRANO y SUGEY YENIFER ROSERO 63 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-00 Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE MEDINA por falta de legitimación en la causa por activa, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DENEGAR la solicitud de vinculación de la Procuraduría 7 Delegada ante la Sección Quinta del Consejo de Estado presentada por el señor CESÁR EMILIO VALERO SOTO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por no cumplirse el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. QUINTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. SEXTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 64 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-00 Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2022-01071-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

17 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

TESIS: DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO SOLICITADO, TODA
VEZ QUE CARECE DEL REQUISITO DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, EL ACTOR PRETENDE DEBATIR EN ESTA
INSTANCIA CONSTITUCIONAL LOS MISMOS ASPECTOS QUE YA
FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN SEDE ORDINARIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, DERECHO AL
TRABAJO, DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA A
ELEGIR Y SER ELEGIDO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE

SANTANDER1 y la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE

ESTADO2.

1
En adelante Tribunal.
2
En adelante Sección Quinta.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-00
Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor EUGENIO RANGEL MANRIQUE, actuando por intermedio

de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en

el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la

participación democrática, a elegir y ser elegido y a los principios de

seguridad jurídica, confianza legitima y legalidad, los cuales estima

vulnerados por el TRIBUNAL y la SECCIÓN QUINTA al proferir las

providencias de 3 de junio de 2021 y 27 de enero de 2022,

respectivamente, dentro del medio de control de nulidad electoral

identificado con el número único de radicación 54001-23-33-000-

2020-00010-02, al que le fue acumulado el expediente con el

número de radicación 54001-23-33-000-2020-00013-00.

I.2.- Hechos

Manifestó que fue elegido Alcalde del Municipio de Villa del Rosario

del Departamento de Norte de Santander para el período

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-00
Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

constitucional 2020-2023.

Indicó que contra su acto de elección se presentaron dos demandas

a través del medio de control de nulidad electoral, por presuntas

irregularidades en los escrutinios, trashumancia electoral y

parentesco con uno de los jurados de votación.

Señaló que el 3 de junio de 2021, el TRIBUNAL profirió sentencia

de primera instancia, mediante la cual anuló 65 votos depositados a

su favor en la mesa de votación núm. 11, puesto 01 de la Zona 01;

declaró la nulidad del acta parcial de escrutinio general para alcalde

del Municipio de Villa de Rosario formulario E-26 del 16 de

noviembre de 2019 junto con la respectiva credencial; y, declaró

electo como alcalde al señor CARLO JULIO SOCHA HERNÁNDEZ.

Manifestó que la anterior decisión fue apelada por las partes ante la

SECCIÓN QUINTA que, mediante sentencia de 27 de enero de

2022, confirmó parcialmente la providencia recurrida y, en su lugar,

modificó el ordinal quinto ordenando a la compulsa de copias de la

decisión y el expediente a la Fiscalía General de la Nación y a la

Procuraduría General de la Nación, para lo de su competencia.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-00
Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Señaló que las providencias cuestionadas, incurrieron en defecto

fáctico, defecto sustancial, desconocimiento del precedente,

violación de normas constitucionales y defecto orgánico.

Arguyó que las providencias adolecen de los defectos mencionados,

al considerar que no fueron decantados tres aspectos a saber:

• CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL

Insistió en que las decisiones objetadas incurrieron en vía de hecho,

al darle valor probatorio a los documentos aportados por un sujeto

extraño a la actuación judicial, trasgrediendo el régimen procesal y

soslayando la facultad oficiosa del juez.

Indicó que la prueba documental que determinó la suspensión de

términos durante los días 21 de noviembre y 4 de diciembre de

2019, constituyó una prueba sin el lleno de los requisitos legales,

pues las certificaciones allegadas fueron emitidas por funcionarios

sin competencia y no gozaban de eficacia probatoria para desvirtuar

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Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

el derecho al acceso a la administración de justicia dentro de los 30

días hábiles, término definido por la ley para la presentación del

medio de control de nulidad electoral.

Señaló que la autoridad judicial amparó su decisión de no encontrar

probada la caducidad, en pruebas insinuadas por terceros

desconociendo el artículo 213 de la Ley 1437 de 2011 y el

parágrafo 2 del artículo 82 del Código General del Proceso,

incurriendo en exceso de ritual manifiesto y habilitando el cómputo

de la caducidad del medio de control más allá del 21 de enero de

2020, fecha en la que, según su consideración, operó el fenómeno

de la caducidad.

Manifestó que las actuaciones judiciales violaron normas de rango

constitucional como los artículos 29 y 40, así como los principios de

seguridad jurídica, confianza legítima y legalidad, el acceso a la

administración de justicia y el debido proceso, al establecer un

término extralegal de caducidad.

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Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

• APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 275-6 DE LA LEY

1437 DE 2011

Consideró que las autoridades judiciales desconocieron la

incompatibilidad que subsiste entre el artículo 275 -6 de la Ley

1437 de 2011 y el artículo 151 del Decreto Ley 2241 de 1986, por

cuanto ambas normas se ocupan de la misma materia, esto es, que

regulan la causal de inhabilidad de parientes para fungir como

jurados de votación.

Arguyó que los operadores judiciales incurrieron en defecto fáctico,

al sostener que las normas en comento no son de contenido

electoral y erraron al considerar que son normas de carácter

procesal exclusiva a la función de control judicial.

Anotó que las autoridades judiciales olvidaron resolver la

incompatibilidad de las disposiciones, cuando cada una de ellas

prevé un grado de parentesco de jurados y candidatos diferentes,

siendo más gravosa la disposición reciente.

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Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

Cuestionó que en los argumentos de las decisiones objetadas se

utilizó el precedente constitucional que estudió la demanda de

inexequibildiad de la norma del artículo 151 del Código Electoral,

para demostrar que no se requería de una ley estatutaria para

tramitar una ley electoral, cuando lo que, en su consideración, la

Corte en esa ocasión indicó que no podría declararse inexequible la

norma por cuanto al momento de su expedición no regía la regla de

la reserva legal, no obstante, concluyó que ello no significaba que la

norma aplicada erradamente en la decisión no debió tramitarse a

través de una ley ordinaria.

Apuntó que las decisiones cuestionadas dejaron de aplicar la Ley

153 de 1887, la cual señala el procedimiento a seguir cuando se

enfrenta una incompatibilidad entre una norma anterior y otra

posterior que regula la misma materia en diferentes sentidos, por lo

tanto, indicó que en el caso bajo estudio era necesario aplicar el

principio de favorabilidad, sin embargo, tal situación no ocurrió.

Aludió que se desconoció el artículo 4º de la Constitución Política al

negar la prosperidad de la excepción de inconstitucionalidad aun

cuando era evidente su aplicación.

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Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

• TRASHUMANCIA ELECTORAL

Manifestó que las decisiones objetadas incurrieron en los defectos

aludidos, al tener por excluidos del censo electoral a 189

ciudadanos a quienes no se les notificó el acto de exclusión e

insistió en que se constituyó un acto arbitrario considerar que los

ciudadanos debían soportar la carga de la negligencia de la

administración la cual no notificó debidamente los actos de

exclusión, socavando el derecho de contradicción y defensa en

contra de los actos administrativos de carácter particular y

concreto.

Señaló que la acumulación irregular de trashumantes con votos

castigo por inhabilidad subjetiva, trasgrede el artículo 282 de la Ley

1437 de 2011, declarando una nulidad no prevista en el artículo

288 de la misma disposición.

Así mismo, indicó que al tener por inexistentes las pruebas que

dejaron en evidencia la tacha de falsedad del informe de la

Registraduría Nacional del Estado Civil respecto a las 65 personas

que hacían parte de las 189 supuestas trashumantes, se violó el

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deber de optar por una tutela efectiva y realización de una justicia

material.

Finalmente, consideró que se configuró un defecto orgánico por

parte de las autoridades judiciales, por cuanto, a su juicio, se

atribuyeron funciones que la Constitución y la Ley establecen para

la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional

Electoral, de determinar los trashumantes y proceder su exclusión

del censo electoral antes de los comicios.

Arguyó que, la autoridad judicial esta investida de la función

jurisdiccional para determinar la legalidad de los actos

administrativos, para lo cual debe acusarse las resoluciones

correspondientes una vez surtidas las etapas de notificación y

ejecutoria, por lo que, infiere que al no ser aportados al plenario

tales actos mal podría la jurisdicción administrativa determinar

quién es o no trashumante.

Durante el trámite de la acción de tutela, reiteró la solicitud de

medida cautelar e indicó que mediante auto de 17 de febrero de

2022, la SECCIÓN QUINTA resolvió la solicitud de adición o

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complementación de la providencia acusada, por lo que una vez la

decisión retorne al TRIBUNAL de origen habrá de ordenarse su

cumplimiento y comoquiera que lo que se pretende es evitar un

perjuicio irremediable, insistió en la suspensión provisional de los

efectos de las providencias objetadas.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados

como violados y, en consecuencia, solicitó dejar sin efecto las

sentencias objetadas y en su lugar ordenar a la SECCIÓN QUINTA

emitir un nuevo pronunciamiento, en los siguientes términos:

“[…] 1. Declarar que el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander y la Sección Quinta del Consejo de Estado, al proferir
las sentencias de fecha 3 de junio de 2021 y enero 27 de 2022,
mediante las cuales declararon la nulidad del acto de elección del
señor EUGENIO RANGEL MANRIQUE, incurrieron en violación de
sus derechos fundamentales a ser elegido como Alcalde del
Municipio de Villa del Rosario – Norte de Santander para el
periodo constitucional 2020 – 2023.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, amparar los
derechos fundamentales de EUGENIO RANGEL MANRIQUE de
elegir y ser elegido, debido proceso, seguridad jurídica y
confianza legítima.

3.Que se dejen sin validez las sentencias de fecha 3 de junio de
2021 proferida por Tribunal Administrativo de Norte de Santander
y del 27 de enero de 2022, de la Sección Quinta del Consejo de

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Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

Estado, mediante las cuales se anuló en primera y segunda
instancias, el acto administrativo de elección del señor EUGENIO
RANGEL MANRIQUE, como Alcalde del municipio de Villa del
Rosario – Norte de Santander y en su lugar le ordene proferir las
decisiones que en derecho corresponde, conforme a los
parámetros constitucionales, legales y precedentes
constitucionales con fuerza vinculante, en los términos que se
determine en la sentencia de tutela.

4.En caso de haberse ejecutado el fallo que se impugna, y el
Alcalde EUGENIO RANGEL MANRIQUE haya sido removido del
cargo, por quien le corresponda el cumplimiento de los fallos aquí
impugnados, oficiar informándole la decisión adoptada y los
efectos automáticos de incorporación al cargo del accionante, una
vez se adopte la decisión de primera instancia, en caso de ser
favorable, aún en caso de haberse realizado una nueva elección
atípica, teniendo en cuenta el principio que establece que el que
es primero en el tiempo es primero en el derecho y por cuanto de
realizarse una elección nueva, sería con fundamento en la
existencia de vacante definitiva, y en caso de prosperar la
presente tutela, habrán desaparecido los fundamentos de hecho y
de derecho tenidos en cuenta para la segunda elección,
produciéndose (sic) el decaimiento del acto administrativo de la
elección posterior […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN QUINTA rindió informe relacionado con los

hechos y pretensiones de la demanda, en el que realizó un recuento

de las actuaciones judiciales desplegadas en el medio de control

objeto de estudio.

Indicó las razones por las que debería denegarse la solicitud de

amparo y resaltó que el juicio efectuado en la providencia

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cuestionada fue razonable y proporcional frente a los hechos

probados al interior del proceso de nulidad electoral, además,

relacionó aspectos que el tutelante mencionó en los fundamentos

de violación.

Desarrolló un análisis de las presuntas inconsistencias del estudio

de la caducidad e indicó que por auto de 4 de noviembre de 2021,

incorporó al plenario los documentos allegados por las partes y

dispuso el traslado de las pruebas para garantizar el debido

proceso.

Manifestó que al estudiar los documentos para determinar la

existencia o no de la caducidad se logró establecer que el 21 de

noviembre y 4 de diciembre de 2019, no corrieron términos

judiciales debido a la afectación del orden público en el municipio,

lo que incidió en la prestación del servicio de los despachos

judiciales.

Invocó la sentencia SU-489 de 2016, para indicar que el cese de

actividades o huelgas de los funcionarios de la administración de

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justicia carecen de fuerza vinculante, pero la interrupción de la

prestación continua del servicio tiene efectos en derecho.

En ese sentido, concluyó que en el caso concreto el 21 de

noviembre y 4 de diciembre de 2019, no corrieron términos

judiciales en razón de las jornadas de protesta, lo que forzó el

cierre de los despachos judiciales y, además, enfatizó que el

demandante en el proceso electoral optó por radicar la demanda de

manera presencial sin que estuviere obligado a presentarla de

manera virtual.

Respecto a las deficiencias en el estudio de la aplicación de los

artículos 275.6 de la Ley 1437 de 2011 y 151 del Código Electoral,

advirtió que no se desconoció el principio de favorabilidad porque

no aplica en el derecho electoral, dado que dicho medio de control

no esta concebido como una sanción, sino que busca ejercer la

legalidad de los actos de contenido electoral.

Indicó que el demandante en el recurso de alzada solicitó la

aplicación del artículo 151 del Código Electoral, en lugar del artículo

275-6 de la Ley 1437 de 2011, por vía de la excepción de

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inconstitucionalidad, por presentarse un desconocimiento de la

reserva de la ley estatutaria, situación que fue zanjada por la

autoridad judicial al explicar que no existe reserva de ley para

establecer las causales de nulidad.

Asimismo, señaló que no comparte el argumento presentado por el

tutelante relativo a que no se efectuó un estudio comparativo de las

normas acusadas y la aplicación conforme lo dispone la Ley 153 de

1887, por cuanto consideró que en la decisión se elaboró el estudio

de la improcedencia de la excepción de inconstitucionalidad.

En cuanto a los defectos alegados en el cargo de trashumancia,

manifestó que el actor esgrime que la resolución final sobre

trashumancia en sede administrativa es de 18 de noviembre de

2019, es decir, después de los comicios, por lo que se incumplió

con la firmeza de los actos administrativos, aspecto frente al cual,

indicó que según el parágrafo 2.3.1.8.6 del Decreto 1294 de 2015,

el procedimiento y las decisiones del Consejo Nacional Electoral

sobre trashumancia, tienen el carácter policivo administrativo y son

de inmediato cumplimiento, sin que ello implique la sustitución de

las competencias propias de la función electoral.

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Finalmente, resaltó que las pretensiones de la tutela están

encaminadas a reabrir un debate fallado en la instancia judicial, sin

argumentar cuales de las consideraciones allí esbozadas implicaron

el desconocimiento de las garantías fundamentales, por lo que

solicitó denegar el amparo requerido.

I.5.2.- El TRIBUNAL allegó el expediente digital del trámite de

primera instancia y no rindió informe relacionado con los hechos y

pretensiones de la demanda.

I.5.3.- La REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

solicitó su desvinculación de la acción de tutela de la referencia, al

considerar que no goza de competencia para pronunciarse sobre lo

pretendido por el tutelante.

Indicó que el amparo constitucional se dirige contra la decisión

proferida por la Sección Quinta, juez natural de la causa y, por lo

tanto, no está llamada a proteger los derechos señalados por el

accionante, por lo que se configura una falta de legitimación en la

causa por pasiva.

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I.5.4.- El CONSEJO NACIONAL ELECTORAL manifestó que no

goza de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no es la

entidad competente para satisfacer las pretensiones del accionante.

Señaló que las pretensiones de la tutela están encaminadas a que

se vuelvan a estudiar los argumentos expuestos en el fallo de

segunda instancia proferido por la Sección Quinta dentro del

proceso de nulidad electoral, por lo que la tutela no es el

mecanismo idóneo para reabrir el debate surtido por los jueces de

instancia.

I.5.5.- El señor EDGAR MASTRANGELO ROJAS MONTAÑO,

vinculado como tercero interesado en las resultas de la presente

acción, por ser parte demandante dentro del proceso de nulidad

electoral objeto de estudio, manifestó oposición a la prosperidad de

las pretensiones de la acción.

Señaló que el actor omitió relacionar y acreditar el cumplimiento de

los requisitos generales contra providencias judiciales, por lo que

consideró ausencia de carga argumentativa respecto a la relevancia

constitucional.

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Afirmó que los argumentos expuestos en el escrito de tutela son

reproducciones de los planteamientos presentados en la instancia

ordinaria, lo que evidencia una inconformidad del accionante

respecto a las decisiones judiciales pretendiendo abrir una tercera

instancia.

Finalmente, solicitó denegar las pretensiones de la tutela, al

considerar que no se encontraban acreditadas las irregularidades

invocadas y, adicionalmente, manifestó que ninguno de los hechos

planteados encaja en los defectos alegados.

I.5.6.- El señor CESÁR EMILIO VALERO SOTO3, vinculado como

tercero con interés directo en las resultas del proceso, allegó escrito

coadyuvando en su totalidad las pretensiones de la acción de tutela

de la referencia.

Efectuó una serie de consideraciones jurídicas relacionadas con la

caducidad de la nulidad alegada, la aplicación del numeral 6 del

artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 y la trashumancia.

3
Quien fungió como coadyuvante y apoderado del actor dentro del proceso de nulidad
electoral objeto de estudio.

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Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

Por otra parte, allegó escrito separado, mediante el cual solicitó la

vinculación de la Procuraduría 7 Delegada ante la Sección Quinta

del Consejo de Estado al presente trámite constitucional, toda vez

que, a su juicio, a dicha entidad le asiste un interés directo en las

resultas del proceso.

I.5.7.- El señor ROBERT PAUL VACA CONTRERAS, vinculado

como tercero interesado en las resultas de la presente acción, por

ser parte demandante dentro del proceso de nulidad electoral

objeto de estudio, pese a ser notificado en debida forma, guardó

silencio.

I.6.- Solicitud de Coadyuvancia

I.6.1.- Las señoras IRMA LIDA LÓPEZ DE URIBE, CARMEN

ROSA RIVERA DE ALVARÁN, RUTH NEIRA ESCARPETTA,

BLANCA LIGIA CEBALLOS RUDAS, RUBIELA CEBALLOS

RUDAS, MARÍA GRIMANESA MARÍN DE ENRÍQUEZ, MARLENY

CORREA GONZÁLEZ, MARÍA FRANCELINA ESPINOSA DE

MARTÍNEZ, VITERBINA RANGEL SERRANO y SUGEY YENIFER

ROSERO MEDINA presentaron escritos conjuntos el 23 de febrero

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-00
Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

y 16 de marzo4, respectivamente, en los que coadyuvaron las

pretensiones de la demanda de tutela, manifestaron su descontento

por la anulación de los votos y solicitaron la devolución de los

mismos al actor.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de

30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo

número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del

Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de

tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12

de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el

conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestiones previas

4
Escritos obrantes en los Índices 22 y 29 del aplicativo Samai.

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Antes de resolver la presente acción de tutela, la Sala se

pronunciará respecto de los siguientes aspectos concernientes a: i)

las solicitudes de desvinculacion por falta de legitimación en la

causa por pasiva presentadas por la REGISTRADURÍA NACIONAL

DEL ESTADO CIVIL y el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL; ii)

las solicitudes de coadyuvancia presentadas por las señoras IRMA

LIDA LÓPEZ DE URIBE, CARMEN ROSA RIVERA DE ALVARÁN,

RUTH NEIRA ESCARPETTA, BLANCA LIGIA CEBALLOS RUDAS,

RUBIELA CEBALLOS RUDAS, MARÍA GRIMANESA MARÍN DE

ENRÍQUEZ, MARLENY CORREA GONZÁLEZ, MARÍA

FRANCELINA ESPINOSA DE MARTÍNEZ, VITERBINA RANGEL

SERRANO y SUGEY YENIFER ROSERO MEDINA; iii) la

reiteración de la solicitud de medida cautelar presentada por el

actor; y, iv) la solicitud de vinculación de la Procuraduría 7

Delegada ante la Sección Quinta del Consejo de Estado presentada

por el señor CESÁR EMILIO VALERO SOTO.

• De las solicitudes de desvinculación presentadas por la

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y el

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

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Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la

sentencia.

La Sala advierte que la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL

ESTADO CIVIL y el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL,

formularon peticiones de desvinculación en la presente acción de

tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-

1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de

legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación
en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo
siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de
fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie
sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la
oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o
desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad
subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que
le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o
controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la
demanda sobre una pretensión de contenido material.

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Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un
instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la
brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer
los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en
dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y
contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad
pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u
omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo
estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas,
esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se
deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los
derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna
circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por
pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o
cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de
la Sala).

Comoquiera que tanto la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL

ESTADO CIVIL como el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL,

actuaron como parte demandada dentro del medio de control de

nulidad electoral identificado con el número único de radicación

54001-23-33-000-2020-00010-02, al que le fue acumulado el

expediente con el número de radicación 54001-23-33-000-2020-

00013-00, objeto del presente estudio, la Sala concluye que a las

citadas entidades, en calidad de terceros, le asiste interés en la

decisión de la acción constitucional de la referencia, razón por la

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-00
Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

que se denegará las solicitudes de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en

la parte resolutiva de la presente providencia.

• De las solicitudes de coadyuvancia

Encuentra la Sala que las señoras IRMA LIDA LÓPEZ DE URIBE,

CARMEN ROSA RIVERA DE ALVARÁN, RUTH NEIRA

ESCARPETTA, BLANCA LIGIA CEBALLOS RUDAS, RUBIELA

CEBALLOS RUDAS, MARÍA GRIMANESA MARÍN DE

ENRÍQUEZ, MARLENY CORREA GONZÁLEZ, MARÍA

FRANCELINA ESPINOSA DE MARTÍNEZ, VITERBINA RANGEL

SERRANO y SUGEY YENIFER ROSERO MEDINA, mediante

escritos conjuntos, solicitaron ser tenidas como coadyuvantes del

actor en la presente acción de tutela, por cuanto consideran que

con la decisión cuestionada se les vulneró el derecho al voto que

ejercieron a favor del actor como Alcalde del Municipio de Villa del

Rosario.

Visto lo anterior, le corresponde a la Sala determinar si a las

peticionarias les asiste legitimación en la causa por activa para

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-00
Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

coadyuvar las pretensiones de la presente acción de tutela.

Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado, en

sentencia de 18 de marzo de 20145, precisó la legitimación en la

causa por activa para promover acciones judiciales que pretendan

enervar los efectos de la nulidad de la elección de un candidato,

así:

“Legitimación en la causa por activa

Sustenta la titularidad del interés para acudir en ejercicio de la acción
de tutela, en que la actora es una ciudadana que participó en la
elección del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. y en esas condiciones, en
nuestro sistema democrático, representativo y participativo, sus
derechos como elector no se agotan con el simple ejercicio del
derecho al sufragio, sino que ellos se extienden también al ejercicio
del control activo del poder.

Así pues, como lo ha expresado la Corte Constitucional en asuntos
como el presente, la legitimidad para actuar se demuestra con el
ejercicio del derecho al voto. Así lo precisó:

La legitimidad para actuar del accionante en la búsqueda
de su protección al derecho fundamental a la
representación efectiva, podía ser probada tan sólo
demostrando el ejercicio del derecho al voto. Tal forma de
acreditar legitimidad, no es algo extraño o novedoso
dentro de nuestro sistema jurídico, sino que por el
contrario es el mismo criterio utilizado por la ley 131 de
1994 “Por la cual se reglamenta el voto programático y se
dictan otras disposiciones”. En ella, por ejemplo, se
estipula que para poder revocar el mandato de los
elegidos por medio del mecanismo del voto programático,
la convocatoria la puede hacer un porcentaje de los
ciudadanos que "haya sufragado en la jornada electoral
que escogió al respectivo mandatario". Como puede
observarse, la ley no llega al límite de exigir que cada uno

5
Expediente núm. 2013-02221-01, Actora: Mery Janeth Gutiérrez Cabezas, Magistrado Ponente
ALFONSO VARGAS RINCÓN.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-00
Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

de los sufragantes demuestre que votó por el candidato,
pues esto desbordaría los límites de razonabilidad y
proporcionalidad. Debido a que el voto es secreto, sería
inconstitucional obligar a los ciudadanos a demostrar que
han votado por un determinado candidato. De igual forma,
concluir que de esa imposibilidad deriva también una
indeterminación de la legitimidad para actuar en defensa
del derecho a la representación efectiva, pone en riesgo la
viabilidad de proteger de algún modo este derecho
fundamental. Por tanto, el camino más razonable consiste
en dar certeza a las afirmaciones del actor con base en el
principio de la buena fe. (Sentencia T-358 de 2002)

Con el fin de establecer si la actora había ejercido el derecho al
sufragio, en la primera instancia se libró oficio a la Registraduría
Nacional del Estado Civil, entidad que remitió la certificación que obra
a folio 135 del expediente, en la que hace constar que la cédula de la
actora se encontraba habilitada y que ejerció el derecho al sufragio
en las elecciones de autoridades locales del 30 de octubre de 2011,
en la ciudad de Bogotá, D.C., Zona 13, puesto 17, La Magdalena, -
Mesa 7.

Se tiene entonces que la actora estaba legitimada en la causa por
activa, para instaurar la presente acción”.

La Sala, advierte que las signatarias acuden al trámite

constitucional con el objeto de coadyuvar las pretensiones de la

demanda, solicitando la devolución de los votos anulados.

Al respecto, para la Sala la participación en el censo electoral no

legitima a las electoras para coadyuvar las pretensiones de la

acción de tutela contra la providencia judicial que anuló la elección,

si no se hicieron parte del respectivo proceso electoral.

26

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-00
Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

Distinto es si se tratara del acto administrativo que declara la

nulidad de la elección del candidato, caso en el cual, como lo ha

indicado la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, las

mencionadas señoras se encuentran legitimadas para promover las

acciones judiciales que pretendan enervar los efectos de dicho acto,

precisamente, en atención a la calidad de participantes del

respectivo censo electoral.

Por el contrario, si el disenso se dirige contra la providencia judicial

que resolvió la demanda electoral, es requisito indispensable que

las señoras IRMA LIDA LÓPEZ DE URIBE, CARMEN ROSA

RIVERA DE ALVARÁN, RUTH NEIRA ESCARPETTA, BLANCA

LIGIA CEBALLOS RUDAS, RUBIELA CEBALLOS RUDAS, MARÍA

GRIMANESA MARÍN DE ENRÍQUEZ, MARLENY CORREA

GONZÁLEZ, MARÍA FRANCELINA ESPINOSA DE MARTÍNEZ,

VITERBINA RANGEL SERRANO y SUGEY YENIFER ROSERO

MEDINA hayan hecho parte del respectivo proceso, para que

puedan alegar la presunta vulneración de sus derechos con ocasión

de las decisiones allí adoptadas.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-00
Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

Así las cosas, encuentra la Sala que las señoras IRMA LIDA

LÓPEZ DE URIBE, CARMEN ROSA RIVERA DE ALVARÁN, RUTH

NEIRA ESCARPETTA, BLANCA LIGIA CEBALLOS RUDAS,

RUBIELA CEBALLOS RUDAS, MARÍA GRIMANESA MARÍN DE

ENRÍQUEZ, MARLENY CORREA GONZÁLEZ, MARÍA

FRANCELINA ESPINOSA DE MARTÍNEZ, VITERBINA RANGEL

SERRANO y SUGEY YENIFER ROSERO MEDINA, no se hicieron

parte dentro del proceso electoral radicado bajo el núm. 2020-

00010-02, para coadyuvar o impugnar la demanda en contra de la

elección del señor EUGENIO RANGEL MANRIQUE como Alcalde

Municipal de Villa del Rosario, por cuanto no obra prueba de la

vinculación de las peticionarias en el medio de control de nulidad

electoral, razón por la cual se declarará la falta de legitimación en

la causa por activa de las peticionarias para coadyuvar las

pretensiones de la tutela, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de la presente providencia.

• De la reiteración de la solicitud de medida cautelar

presentada por el actor

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-00
Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

Durante el trámite de la acción de tutela, el accionante reiteró la

petición de medida cautelar6 e indicó que, mediante auto de 17 de

febrero de 2022, la SECCIÓN QUINTA resolvió desfavorablemente

la solicitud de adición o complementación de la providencia

acusada, por lo que, a su juicio, pretende evitar el acaecimiento de

un perjuicio irremediable e insistió en la suspensión provisional de

los efectos de las providencias objetadas.

Frente a este punto, se advierte que comoquiera que en este

momento procesal se profiere el fallo de la solicitud de amparo, la

Sala se relevará de hacer más análisis al respecto.

• De la solicitud de vinculación de la Procuraduría 7

Delegada ante la Sección Quinta del Consejo de Estado

presentada por el señor CESÁR EMILIO VALERO SOTO

El señor CESÁR EMILIO VALERO SOTO, vinculado como tercero

con interés directo en las resultas del proceso, allegó en escrito

separado solicitud de vinculación a la litis a la Procuraduría 7

Delegada ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, toda vez

6
Índice No. 15 aplicativo Samai.

29

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-00
Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

que, a su juicio, a dicha entidad le asiste un interés en las resultas

del proceso.

Frente a la anterior solicitud, la Sala advierte que en la medida que

la intervención de la Procuraduría 7 Delegada ante la Sección

Quinta del Consejo de Estado dentro del medio de control de

nulidad electoral, objeto de estudio, se dio en su calidad de Agente

Especial del Ministerio Público no como parte ni tercero dentro del

mismo, no resulta relevante su vinculación dentro del presente

trámite constitucional, razón por la que se denegará, como en

efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente

providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez

Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González),

en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras

a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción

30

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-00
Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia

de la violación de derechos constitucionales fundamentales,

debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el

momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge

Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde

31

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-00
Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de
tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios
que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya
que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y
no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-00
Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-00
Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que la parte actora

pretende que se dejen sin efecto las providencias proferidas por el

TRIBUNAL y la SECCIÓN QUINTA el 3 de junio de 2021 y 27 de

enero de 2022, respectivamente, por medio de las cuales se

anularon 65 votos depositados a favor del señor EUGENIO

RANGEL MANRIQUE en la mesa de votación 11, puesto 01 de la

Zona 01 y, en consecuencia, se declaró la nulidad del acta parcial

de escrutinio general para alcalde del Municipio de Villa del Rosario,

formulario E-26 del 16 de noviembre de 2019, junto con la

respectiva credencial y se declaró como Alcalde electo al señor

CARLO JULIO SOCHA HERNÁNDEZ, dentro del medio de control

de nulidad electoral identificado con el número único de radicación

54001-23-33-000-2020-00010-02, al que le fue acumulado el

expediente con el número de radicación 54001-23-33-000-2020-

00013-00.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-00
Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la

participación democrática, a elegir y ser elegido y a los principios de

seguridad jurídica, confianza legitima y legalidad, habida cuenta que,

a juicio de la parte actora, las autoridades judiciales accionadas

incurrieron en defecto fáctico, defecto sustancial, desconocimiento

del precedente, violación de normas constitucionales y defecto

orgánico.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial y, de ser así, ii) determinar si las

autoridades judiciales incurrieron en los defectos endilgados.

De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la

Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación, en especial el requisito de

la relevancia constitucional.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-00
Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita,

cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe

discutirse una cuestión de «evidente relevancia constitucional».

Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado

que la acción de tutela contra providencias judiciales no está

diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de

reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud

de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad,

sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento

de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional 7,

de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras

de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho

podrán ser examinadas en sede de tutela».8

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,

la Sala Plena de esta Corporación9, en sentencia de unificación de 5

de agosto de 2014, sostuvo:

7
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-00
Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual
realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales para evitar que se convierta en una tercera
instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos
cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio
constitucional de la autonomía funcional de los jueces
(artículos 228 y 230 de la Carta)” [10]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [11].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos
fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela
que supone la conjunción de dos elementos necesarios [ 12].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del
actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de
relevancia constitucional por la afección de sus derechos
fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de
derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar
su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”,
no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el
por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez
pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del
rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [13].

[10] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[11] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[12] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[13] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el
Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la
demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral
1 del artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del
Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará
atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su
general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-00
Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no
puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es
la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla
improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión
en torno a derechos fundamentales. No está concebida para
cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no
involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia
constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de
tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia
constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni
puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la
causa que origina la presentación de la acción suponga el
desconocimiento de un derecho fundamental. En otras
palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse
en un asunto de evidente relevancia constitucional y no
puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad
[14]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también
lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables.
Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la
Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la
existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El
primero que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro que es
fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente
debido proceso [15].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional -
art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de la
Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [16]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho a la

la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo
en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[14] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[15] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[16] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-00
Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el
proceso penal; el principio de predeterminación de las reglas
procesales o principio de legalidad; el derecho a la publicidad
de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido proceso,
por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte de su núcleo
esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos y arbitrarios del
Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa y contradicción
dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera grave el
equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales impone un estudio riguroso de los requisitos de
procedibilidad y de prosperidad de la acción, más cuando se
trata de atacar las providencias de las altas Cortes, tal como lo
ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de
2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico

de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

tiene como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice

para discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción

de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales, y (iii) preservar la

competencia y la independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que los argumentos

que invoca la accionante como fundamento de la presunta

vulneración de sus derechos fundamentales son los mismos que

fueron puestos a consideración de la SECCIÓN QUINTA en el

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-00
Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

escrito de apelación contra la providencia de primera instancia

proferida por el TRIBUNAL y, mediante la cual se anuló la elección

del demandante como Alcalde de Villa del Rosario, Norte de

Santander.

Así se desprende de la lectura del escrito de apelación presentado

en el trámite del proceso ordinario y su comparación con la

demanda de tutela, como se explica a continuación:

Argumentos del escrito de Argumentos de la demanda de
apelación interpuesto en el tutela18
proceso ordinario 17
[…] 1. LA CADUCIDAD A PESAR DE SER […] 1.LA CADUCIDAD.
UN PRESUPUESTO PROCESAL DE LA
DEMANDA NO HA SIDO OBJETO DE Siendo así, como en el caso en estudio la
VALORACIÓN POR PARTE DEL DESPACHO apelación se centró en que los documentos
DE CONOCIMIENTO, SITUACIÓN QUE tenidos en cuenta por el Tribunal para negar la
DEBE DECIDIRSE, AUN DE OFICIO, POR caducidad, no servían para demostrar que hubo
SER UN PRESUPUESTO PROCESAL DE LA suspensión de términos, el Consejo de Estado
ACCIÓN, Y POR ENDE DE ESTAR ROBADO no podía aportar pruebas extrañas al litigio
ES INSANEABLE. planteado en el recurso.

No obstante haberse determinado que la De otra parte, téngase en cuenta que para
contestación fue extemporánea por resolver la caducidad, el mismo Consejo de
interpretación hecha por parte del Tribunal de Estado determinó en su sentencia que los
Instancia, es evidente que el acto referidos documentos en que afincó la decisión
administrativo que se demanda fue notificado el Tribunal no podían servir de prueba para
a las partes interesadas el día 16 de habilitar al demandante en los términos para
noviembre de 2019, y la demanda presentada concurrir en demanda, por lo que debió revocar
el día 22 de enero de 2020. […] el fallo y en su lugar declarar la caducidad,
nulitando toda la actuación y ordenando el
REITERACIÓN DEL TRIBUNAL EN LA archivo del proceso.
NEGATIVA DE RESOLVER LA
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN A PESAR DE Sin embargo, el Magistrado Ponente, opta por
ESTAR DEBIDAMENTE PROBADA. valerse de la facultado de decretar pruebas de
oficio, supuestamente para aclarar aspectos

17
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/downloader.aspx?guid=0defc808
b518d266%20e0a1e9cd598c357f%206820fc1cbe41cdd2%20d97c84ee831f172f%205400123330002
02000010021100103
18
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/downloader.aspx?guid=68BCEC0
6DACE0911%2018B90C5CEF730065%20ED90470E84812FC8%20B4E25677BEB8E91C%2011001031
5000202201071001100103

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-00
Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

En efecto, tenemos que desde la expedición oscuros o difusos de la contienda, cuando se
del auto del 13 de noviembre de 2020, que estaba era frente a un debate estrictamente
declaró no probada las excepciones dentro del probatorio que no podía incluir pruebas traidas
proceso acumulado, (documento digital No. al proceso por extraños al mismo,
039 folio 9 y s.s.), el Magistrado Ponente fue extemporáneas, y no incluidas en la
renuente en resolver esta petición al controversia en sede de apelación, y
considerar que la misma había sido especialmente cuando no consistieron en
presentada en forma extemporánea por el nuevas pruebas, sino en la legalización de las
apoderado del demandado en un proceso, y traidas al proceso irregularmente, cuando ya
no haberlo mencionado en otro, a pesar de había precluído la oportunidad probatoria y ni
haberse propuesto por el impugnador, no siquiera podían tenerse como provenientes de
abordó como Juzgador el tema de caducidad un tercero interviniente, porque tampoco
negándose, cual si fuera una excepción alcanzaba legalmente tal calidad quien las
solamente alegable en virtud de ser justicia aportó.
rogada, cuando era su obligación abordar de
oficio esta verificación. Esto dijo el Ponente en De tal suerte que, con todo respeto, resulta
el auto que resolvió las excepciones, arbitrario, inconsecuente, antijurídico,
evidenciándose la negativa en abordar lo inapropiado, valerse de una facultad dada por
relacionado con la caducidad, a pesar de ser el legislador para despejar temas que no tiene
su obligación […] claridad procesal o que no son difusas, para
habilitar la negligencia del demandante que no
aportó las pruebas que ahora la Sala le aporta
Este aspecto nuevamente se plantetó (sic) en por fuera de la oportunidad que aquella tuvo
los alegatos de conclusión, luego de surtido el para traerlas al proceso y mucho menos para
trámite de instancia, donde se dijo que es formalizar pruebas que ya obran en el proceso,
jurisprudencia sentada por el Consejo de pero que no fueron tenidas en cuenta por no
Estado que para garantizar la seguridad provenir de las partes, ni haber sido
jurídica de los sujetos procesales, el presentadas en tiempo, ni estar en disputa en
legislador instituyó la figura de la caducidad el recurso de apelación.
como una sanción en los eventos en que
determinadas acciones judiciales no se Se observa que la Sala se ocupó de tal aspecto,
ejercen en un término específico. Las partes sin observar las demàs normas que regulan el
tienen la carga procesal de impulsar el litigio derecho fundamental de acceso a la
dentro del plazo fijado por la ley y de no administración de justicia, como lo es la norma
hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de del artículo 82, parágrafo 2 del CGP, que
accionar ante la jurisdicción para hacer admite que los ciudadanos presentemos las
efectivo su derecho. […] demandas en forma virtual o a través de
mensaje de datos, lo cual evidentemente
Contrario a lo afirmado por el Magistrado estuvo al alcance del demandante durante
Ponente en el aparte transcrito, tenemos que todos los 30 dias hábiles. Fundamento de orden
en el proceso aparece la Circular CSJNSC19- jurídico que le hubiera servido al Despacho para
17 del 21/11/2019, mediante la cual se tiene descartar inclusive la validez de los documentos
que, conforme a la misma, existió para el día que habilitó para negar la caducidad.

21 de noviembre de 2019 una modificación de
horario laboral, sin interrupción ni suspensión En consecuencia si lo que debe imperar en las
de términos, por tanto, resulta ser día hábil, decisiones judiciales es la verdad procesal, para
que se incluye en el término de los 30 días que se adopten fallos en derecho, lo que debió
señalados por la norma, quedando prevalecer era la observancia de la norma
plenamente establecido que no se probó en el precitada, en cuanto con su aplicación la única
plenario, ni aparece constancia secretarial realidad probable era que el demadante (sic)
alguna dentro del mismo, que de cuenta de pudo haber utilizado los medios virtuales
que los días 21 de noviembre de 2019, o el 4 durante todos los 30 dias que tenía a su
de diciembre del mismo año hayan sido alcance y no lo hizo y no hablitar (sic) pruebas
declarados no hábiles por anormalidad para conjurar su negligencia, sin que pueda
laboral, y por el contrario sí hay prueba de alegarse que no era conocedor de estos
que el día 21 de noviembre de 2019, se mecanismos de acceso, en cuanto la ley impera
modificó el horario, pero eelo (sic) no implicó para todos los ciudadanos y su desconocimiento
suspensión (sic) de términos, es decir, hubo no sirve de excusa, porque con ello, de manera
normalidad laboral, y por lo tanto, si se tiene contraria a impartir justicia, violó abiertamente
en cuenta que el acto acusado fue notificado el derecho fundamental al debido proceso y a la
el día 16 de noviembre de 2016, los 30 días seguridad jurídica y confianza legítima del
corrieron hábiles hasta el día 21 de enero de demandado a que a partir del 22 de enero –

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-00
Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

2020, y la demanda presentada el día 22 de inclusive, su elección no podía ser demandada,
enero de ese año, lo que es indicativo de la así como los derechos de igual naturaleza de
extemporaneidad en su presentación. […] (Sic los electores.
en toda la cita).
Se imponía entonces tener en cuenta para el
conteo de los términos de caducidad la norma
ya referida y concluir que el demandante actuó
por fuera de los términos, por no haber
presentado la demanda por cualquiera de los
mecanismos o medios que la ley procesal le
entrega para tales fines, en especial el que
autoriza la presentación virtual o por mensaje
de datos las demandas.

En consecuencia esta actuación tanto del
Tribunal como del Consejo de Estado están
viciadas y estructuran vías de hecho
susceptibles de la presente acción de tutela
como se expondrá adelante, en cuanto
estructuran defecto factico, defecto
procedimental y defecto sustancial, por lo que
deben dejarse sin validez. […](Sic en toda la
cita).

2. LA SENTENCIA NO PRIVILEGIÓ BAJO 2.LA APLICACIÓN DEL NUMERAL 6 DEL
EL PRINCIPIO PRO HOMINE, LA NORMA ARTICULO 275 DEL CPACA.
MÁS FAVORABLE QUE DETERMINA QUE
EL GRADO DE INHABILIDAD PARA Lo primero que se advierte frente al estudio que
DESEMPEÑARSE COMO JURADOS DE se propone, es que para la fecha de las
VOTACIÓN RESPECTO DE UN elecciones de alcaldes para el periodo
CANDIDATO, ES EL SEGUNDO GRADO DE constitucional 2020-2023, existían dos normas
CONSANGUINIDAD, CONFORME LO que regulan la misma materia, aunque se
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 151 DEL encuentren contenidas en una Decreto Ley y en
DECRETO-LEY 2241 DE 1986, Y NO EL una Ley, respectivamente, esto es que no
CONTENIDO DEL ARTÍCULO 275 pueden ser jurados de votación los parientes de
NUMERAL 6 DEL C.P.A.C.A., POR LA los candidatos de cuya elección se trate.
RESERVA DE LEY ESTATUTARIA EN
MATERIA DE FUNCIONES ELECTORALES, Las dos disposiciones consagran un grado de
PREVISTA EN EL LITERAL C) DEL parentesco de inhabilidad para ser jurado de
ARTÍCULO 152 DE LA CONSTITUCIÓN votación que va hasta el segundo grado de
POLÍTICA, AL NO DECLARAR LA parentesco en la norma antigua – Código
EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Electoral, como requisito para ser jurado de
votación y tercer grado de parentesco en la
2.1. DEFECTO SUSTANTIVO DE LA norma nueva – Código Administrativo y de lo
SENTENCIA DE FECHA 3 DE JUNIO DE Contencioso Administrativo, como causal de
2021, POR DESCONOCIMIENTO DE LA nulidad electoral.
INTERPETACIÓN BAJO EL PRINCIPIO
PRO HOMINE. De ahí que lo que se imponía para el operador
judicial en la demanda en estudio, era resolver
La Sala en la providencia que se recurre si las dos normas estaban efectivamente
consideró que efectivamente, entre el señor vigentes para la fecha de los hechos y en caso
Eugenio Rangel, electo alcalde de Villa del de estarlo, resolver dicha incompatibilidad
Rosario, Norte de Santander y el señor normativa, para definir cual de las dos normas
RONNY STEVEN CUMBE RANGEL, existía era la aplicable, amén de su deber de resolver
vínculo de consanguinidad en tercer grado, y, la excepción de inconstitucionalidad planteada
en virtud de ello, consideró acreditado este por la defensa del demandado, que de alguna
elemento inhabilitante, con fundamento en lo manera implicaba el estudio comparado de las
señalado para el efecto en el numeral 6 del dos disposiciones, que conducia a la obligación
artículo 275 del C.P.A.C.A., desechando judicial de adoptar una decisión motivada sobre
aplicar norma de igual contenido y vigencia las reglas de interpretación normativa, en aras
prevista en el artículo 151 del Decreto-Ley de resolver el conflicto planteado por las dos
2241 de 1986, Código Electoral. disposiciones, que era una obligación

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-00
Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

imperativa para el operador judicial, conforme a
Lo anterior, demuestra que existió en el la ley 153 de 1887 y la jurisprudencia sobre la
presente asunto un defecto sustantivo en la materia.
providencia judicial emitida, dado que tal
como lo ha explicado la Corte Constitucional, En efecto, lo que se observa de la lectura de los
el defecto sustancial o material […] dos fallos que aquí se impugnan es que los
operadores judiciales de primera y segunda
Es así, que, analizada la tesis de la Sala, se instancia, se distrajeron ocupándose en
tiene que el criterio adoptado en la sentencia demostrar que la norma del CPACA había
del 3 de junio de 2.021 dentro del proceso de pasado el examen de constitucionalidad y que
nulidad electoral, obedece a un criterio la Corte Constitucional había encontrado
auxiliar únicamente, omitiendo el deber ajustado a la Carta que se excluyeran los votos
constitucional que le correspondía de dar de los candidatos depositados en la mesa en
aplicación a la ley, que por excepción de que fungiera su pariente y con ello dieron por
inconstitucionalidad se le planteó. satisfecho el argumento para derrotar la
excepción de inconstitucionalidad propuesta por
Se dijo desde el ejercicio del derecho a la el apoderado del demandado, habiendo
defensa, ratificado en las alegaciones finales enfatizado en que el tema de reserva de ley
de instancia, que si bien la jurisprudencia estatutaria, no resultaba aplicable, dado que la
constitucional ha definido que “la excepción misma Corte al examinar normas del Codigo
de inconstitucionalidad es una facultad o Electoral, las había declarado exequibles, por
posibilidad (o si se quiere, una herramienta) cuanto al momento de su expedición no regía el
de los operadores jurídicos, en tanto no tiene concepto de ley estaturaria, por haber sido
que ser alegada o interpuesta como una incorporado al regimen juridico con
acción; pero se configura igualmente como un posterioridad a la constitución de 1991,
deber por cuanto las autoridades no pueden conclusión última que dejaba en evidencia que
dejar de hacer uso de ella en los eventos en la norma del CE si estaba rigiendo y no fue
que detecten una clara contradicción entre la modificada por la nueva norma del CPACA.
disposición aplicable a un caso concreto y las
normas constitucionales. Expresaron los operadores judiciales en sus
decisiones que el contenido de las normas no
La apuesta en este caso, no corresponde a un era igual, en razón del objeto perseguido por
evento de vicios de trámite en el contenido cada una de ellas y que por ello, no podía
del artículo 275 numeral 6 del C.P.A.C.A., presentarse incompatibilidad, por lo que se
porque como ya se dijo en su momento, el dedicó a examinar la constitucionalidad del
sentido de la censura de inconstitucionalidad artículo 275-6, únicamente, por estimar que era
que se propone es de carácter sustantivo por suficiente para descartar la excepción de
infracción directa del artículo 152 literal c) del inconstitucionalidad propuesta, todo ello al
Texto Superior en cuanto al contenido del amparo de la conclusión que los códigos no
numeral sexto mencionado del que se están sometidos al régimen de reserva legal y
pretende su inaplicación, ya que corresponde que el contenido de la norma mencionada, no
a una típica función electoral de las descritas es de contenido electoral, sino que consagra
en el artículo 151 del Decreto 2241 de 1986. una función de control de legalidad para la
[…] jurisdicción.

Es decir que para los operadores
judiciales aquí vinculados con el asunto, la
Contrario a ello, el Juzgador de Instancia norma del artículo 275-6, es de carácter
señaló que en este caso la excepción es procesal, no sustancial y tampoco afecta
improcedente debido a que este extremo derecho fundamental alguno de manera
procesal sustentó la excepción de sustancial, por lo que es de competencia del
inconstitucionalidad a partir de vicios de legislador ordinario su regulación y no del
competencia, que, en su criterio y legislador en trámite de ley estatutaria, por
fundamentado en la sentencia C-448 de 1997 cuanto se trató de temas accesorios y formales.
de la Corte Constitucional, solo pueden ser
cuestionados por vía de acción. En consecuencia surge la primera falencia, que
consiste en concluir lo ya expuesto, QUE
Deja de lado el Juzgador de Instancia que en ESTAS DOS NORMAS NO CONTIENEN
la decisión sobre la aplicación o no de esa ASPECTOS SUSTANCIALES DE CONTENIDO
norma están en juego los derechos ELECTORAL Y POR CONSECUENCIA LA
fundamentales de mi defendido de elegir y ser INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDAD
elegido, así como el derecho al sufragio de ENTRE ESTAS, lo que llevó a que ninguno de
quienes depositaron su voto a favor del los falladores en el presente caso, hicieran un
candidato a quien le anulan tal votación, con análisis comparativo, ajustado a las reglas de

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-00
Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

lo cual contraviene elementales principios interpretación y aplicación normativa de las dos
constitucionalidad que dentro de una acción disposiciones del Codigo Electoral y del Código
de esta naturaleza deben ser por contrario Administrativo y de lo Contencioso
privilegiados a la luz de lo establecido en el Administrativo, sino que fundados en el rechazo
principio Pro Homine, que el Despacho deja por improcedente de la excepción de
de lado de manera deliberada y no desarrolla inconstitucionalidad de la norma del CPACA,
esta petición a favor de la argumentación que dieron por descontado que esta era la aplicable
sobre la excepción se vertió. Es decir, y no la otra, siendo su deber imperativo de
privilegió la interpretación objetiva de la haber resuelto la incompatiblidad entre estas, y
aplicación normativa en detrimento de aplicar no solamente la incompatibilidad de la norma
la norma mas favorable al caso concreto que del CPACA frente a la Constitución Nacional,
nos ocupa. que fue de lo que se ocuparon.

Contrario a la conclusión del Juzgador de Lo que se imponía para los operadores
instancia, las normas Constitucionales, que judiciales que debieron fallar el proceso en
esta representación judicial considera como ambas instancias, era resolver la
violadas, disponen que la Constitución es incompatibilidad planteada por el artículo 151
norma de normas y que en caso de del Código Electoral y el numeral 6 del artículo
incompatibilidad entre ésta y la ley u otra 275 del CPACA, por cuanto era evidente que
norma jurídica, se aplicarán las normas ambas se ocupan de la misma materia – causal
constitucionales (Art. 4°) y que el debido de inhabilidad de parientes para ser jurados y
proceso se aplicará a toda clase de ambas estaban vigentes, para lo cual era
actuaciones judiciales y administrativas (Art. necesario entrar en el análisis del aspecto
29), como se ha venido diciendo y se itera, el sustancial de la norma, la naturaleza de la
artículo 275 numeral 6 de la 1437 fue disposición contenida en ellas, así como la
expedido con desconocimiento del artículo jerarquía normativa de cada una de las
152 literal c) de la Constitución Política de disposiciones, teniendo en cuenta que fueron
Colombia, de donde se concluye que la norma expedidas en vigencia de diferentes
aplicable como causal de nulidad electoral es constituciones, aplicando para ello las
la prevista en el artículo 151 numeral 10 del disposiciones que regulan el procedimiento y
Decreto 2241 de 1986. los principios a seguir en estos casos, etc., pero
todo ello se echa de menos en las dos
En consecuencia, el cargo a que hace providencias.
referencia el accionante, orientado a la Debieron tener en cuenta los operadores
existencia de jurados con parentesco dentro judiciales, que las dos disposiciones
del grado inhabilitante señalado, no puede ser contienen un mandato restrictivo de los
aplicado con fundamento en la Ley 1437 de derechos fundamentales de elegir y ser
2011 (numeral 6 del artículo 275), por cuanto elegido y de participación democrática,
dicha norma riñe con el ordenamiento con estricto contenido electoral y que por
jurídico, pues al ser de carácter electoral debe tal razón no son normas de carácter
haber sido desarrollada por una ley de nivel procedimental o formal, sino sustancial.
estatutario, tal y como se reseñó Ha debido observarse que las dos disposiciones
ampliamente, por precisamente existir tienen un contenido sancionatorio, de una
reserva de ley estatutaria para este tema en parte, porque se establece una sanción
nuestra Constitución Nacional, y en todo caso pecuniaria para el jurado que actúe en contra
por existir norma especial, que si bien es de la prohibición y porque limita la libertad de
preconstitucional, mantiene su vigencia en el participación democrática en el ejercicio del
ordenamiento jurídico, y por ende al existir cargo de jurado y el control de los escrutinios y
dos normas que regulan la misma situación de otra parte, impone la exclusión de los votos
de hecho, debe, en virtud del principio pro- para el candidato.
homine, privilegiarse la intepretación que
protege el derecho a elegir y ser elegido, tal y Establecida la naturaleza sancionatoria de las
como desarrollaremos en esta normas en cita, era ineludible la aplicación del
argiumentación. […] principio de favorabilidad contenido en la norma
del artículo 29 constitucional, que opera no
Es decir, que de haberse acogido la excepción solamente en materia penal, como erradamente
de inconstitucionalidad, que de hecho está se refirió por la Sala Quinta en su decisión, sino
acreditada, no se habría aplicado la regla que también tiene aplicación en el régimen
contenida en el numeral 6º del artículo 275 administrativo.
del C.P.A.C.A., de tal suerte que mi
representado no tendría por que perder los 65 El respeto por las garantías del individuo son el
votos que legalmente obtuvo en la mesa 11 soporte fundamental de las actuaciones

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-00
Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

puesto 01 zona 01, a raíz de que en la misma judiciales y administrativas y ello se desprende
actuó su sobrino Ronny Stiven Cumbe Rangel. del contenido que el constituyente primario y el
legislador le otorgaron al principio del debido
Sin embargo, el H. Tribunal Administrativo de proceso, principio que adquiere relevancia
Norte de Santander, en el fallo apelado, dentro del sistema jurídico y especialmente en
desestimó el planteamiento anterior con base el derecho sancionatorio, tanto en materia
en argumentos que no se comparten […] penal como administrativa, como lo refiere la
norma del artículo 29 constitucional, por
Dicho esto, es dable concluir que no es conformar una serie de garantías que deben
correcto afirmar que por el hecho de haberse permanecer incólumes a lo largo de la
tramitado la causal de nulidad del numeral 6 actuación y que deben ser respetadas por todos
del artículo 275 del CPACA como una ley los intervinientes del proceso. […]
ordinaria, cuando por la materia ha debido ser
objeto de una ley estatutaria, es un asunto de Hechas las precisiones en precedente, es
procedimiento que impide hacer evidente que en el presente caso, debió
pronunciamiento de fondo por vía de la haberse realizado el estudio de las dos normas
excepción de inconstitucionalidad, puesto que – codigo electoral y cpaca- para definir cual de
tal incorrección legislativa de ninguna forma las dos era la aplicable al caso concreto, toda
es un asunto de procedimiento, es un asunto vez que ambas estaban vigentes, pero los
sustancial que debe estudiarse por vía del efectos de la primera – permitir que los jurados
control difuso de constitucional que está con parentesco hasta tercer grado de
consagrado en la Constitución Política de parentesco con los candidatos pudieran
1991. inscribirse como jurados de mesa, eran
sancionados por la segunda, tener quien funge
En este orden de ideas, y como está como jurado vínculo de parentesco con los
demostrado que no se trata de un asunto de candidatos – causal de nulidad -.
procedimiento legislativo, la certeza de De ahí que era necesario haber aplicado el
haberse tramitado por ley ordinaria la principio de favorabilidad en este caso, pero
mencionada causal de nulidad cuando lo ello no se hizo.
correcto es que ha debido ser por medio de
una ley estatutaria, más el hecho de que ello De otra parte, obsérvese que en los fallos que
termina afectando los derechos ahora se impugnan, tanto el Tribunal como el
fundamentales del doctor Eugenio Rangel Consejo de Estado, se ocuparon del tema de
Manrique porque le descuentan reserva de ley, pero solamente en relación con
injustificadamente 65 votos que obtuvo de la norma del numeral 6 del artículo 275, para
manera legítima y que son determinantes rechazar la postura de la defensa, indicando
para conservar su elección como alcalde del que no es de contenido o naturaleza electoral
municipio de Villa del Rosario, llevan a la sustancial, sino procesal, aunque se trata de
imperiosa necesidad de que el H. Consejo de una inhabilidad y una causal de anulación, pero
Estado estudie de manera sustancial la no se hizo ningún estudio sobre el contenido de
excepción de inconstitucional planteada y la norma del artículo 151 del codigo electoral,
haga valer el ordenamiento constitucional, que contrario a la primera habilita a los
con lo cual se garantiza no solo la defensa de parientes en tercer grado para ser jurados.
ese marco constitucional sino la protección del
derecho fundamental a elegir y ser elegido, Nada se dijo sobre la posible derogatoria de la
que involucra al pueblo de Villa del Rosario y norma del artículo 151 ejusdem, pero sin
al candidato electo y ahora demandado. embargo se descartó su aplicación en forma
tácita.

Otra causal de excepción de
inconstitucionalidad. […] Debo anunciar desde ya que tal conclusión de
Otro efecto jurídico importante que tiene la los operadores judiciales es un desacierto
norma frente a la cual se plantea la excepción evidente, pues si la misma norma viene del
de inconstitucionalidad es respecto de los codigo electoral y ahora se plasma en el
electores, ya que a las personas que pudieron procedimiento electoral del CPACA, no se
ejercer su derecho al voto en la mesa donde encuentra razón alguna para desconocerle su
actuó, por ejemplo, un sobrino del candidato contenido electoral y para reconocer que su
vencedor sus votos terminan siendo anulados mandato constituye un aspecto que restringe a
por la jurisdicción de lo contencioso los ciudadanos para participar en la función
administrativo, sin que esos ciudadanos y electoral como jurados y sanciona a los
ciudadanas hayan incurrido en ninguna candidatos con excluirle los votos obtenidos en
irregularidad, es más la nulidad de los votos las mesas en donde opere la causal. […] (Sic en
sobrevino incluso sobre la absoluta legalidad y toda la cita).

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-00
Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

transparencia de la votación.

Dado que la causal de nulidad sub examine es
una de las denominadas causales objetivas de
nulidad, que nada tiene que ver con los
elementos subjetivos del candidato ganador,
sino que más bien guarda relación con las
causales de reclamación o con irregularidades
en la votación y los escrutinios, es indiscutible
afirmar que vista en el fondo es una causal
que en nada se parece a las demás causales
objetivas de nulidad que aparecen enlistadas
en el artículo 275 del C.P.A.C.A. […] (Sic en
toda la cita).

[…] TRANSHUMANCIA: […]3. EN CUANTO A LOS TRASHUMANTES.

El segundo cargo encontrado probado por el 1.En primer lugar se observa en el expediente
Juzgador de Instancia, tiene relación con los que se acumularon indebidamente dos procesos
transhumantes excluidos por el Consejo que contenían causales objetivas y subjetivas,
Nacional Electoral, (CNE) y hace referencia a cuando debieron tramitarse en cuerdas
que el CNE mediante la Resolución No. 4930 separadas, por ordenarlo así el artículo 282 del
del 18 de septiembre de 2019, DEJÓ SIN CPACA y ello precisamente llevó a una
EFECTOS la INSCRIPCIÓN para votar de 7756 confusión al momento de fallar en ambas
cédulas por haberse acreditado la no instancias, e inclusive a que el Magistrado Luis
residencia electoral en el municipio de Villa Alberto Alvarez salvara su voto, en lo relativo a
del Rosario, y no obstante esta exclusión, los efectos que debería tener el fallo de nulidad.
ejercieron el derecho al voto. […] Este aspecto era fundamental, toda vez que de
haberse dado trámite por separado la demanda
de carácter estrictamente subjetivo, invocando
De acuerdo con la parte argumental de la la norma del artículo 275-6, y en otra segunda
misma resolución mencionada, cuando el el tema de los trashumantes y otros cargos que
Consejo Nacional Electoral adopta se hicieron sobre irregularidades materiales de
determinaciones acerca de la inscripción carácter electoral, los resultados hubieran
irregular de cédulas de ciudadanía, lo hace en variado, por cuanto las consecuencias que la
ejercicio de facultades de policía norma del artículo 288 del CPACA, difieren
administrativa y por tanto, sin perjuicio de la frente a naturaleza de las causales.
procedencia de recurso, las mismas son de
aplicación inmediata, para lo cual se respalda En efecto, sin descontar en la demanda por
en una jurispruendia del Consejo de Estado, causal subjetiva, los votos que en la otra
Sala de lo Contencioso Administrativo, que demanda se identificaron como trashumantes,
ratificó que: "Este acto administrativo, como el resultado no hubiera variado y el fallo tendría
lo ha venido reiterando la Sala, por su que haber sido negando las pretensiones y de
naturaleza, es una decisión de policía igual forma los 65 votos del candidato ganador,
administrativa de aplicación inmediata, en los depositados en la mesa donde fungió su
términos del artículo 1 del Código Contencioso pariente, no tenían la capacidad de variar el
Administrativo, cuyo fin es "evitar o remediar resultado sino fuera porque se les computó con
una perturbación de orden público en los los votos trashumantes, por lo que el fallo debía
aspectos de defensa nacional, seguridad, ser negando pretensiones también.
tranquilidad, salubndad y circulación de Es innegable que la trashumancia es una causal
personas y cosas" y como resulta de lo objetiva, pero todas las inhabilidades que hacen
establecido en el artículo 4 de la ley 163 de referencia al parentesco entre candidatos y
1994, donde se señala que sin perjuicio de las jurados, entre otros, son causales de
sanciones penales, cuando mediante inhabilidad subjetiva y en estos casos lo que la
procedimiento breve y sumano se compruebe jurisprudencia de la Sección Quinta enseña es
que el inscrito no reside en el respectivo que debe ordenarse al demandante la
municipio, el Consejo Nacional Electoral separación de los cargos […]
declarará sin efecto la inscripción Lo anterior
es aplicable, aun cuando contra esa decisión
procediera, por la vía gubernativa, un recurso Un segundo de gran importancia es que se
de reposición. haya concluido por el Consejo de Estado que los
actos administrativos que excluyen a los

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-00
Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

Por lo tanto, es evidente que existía una ciudadanos para votar en un determinado lugar
orden de policía que debía ser cumplida de – por supestos trashumantes – no están
inmediato por quien tenía la competencia de sometidos a las reglas de los actos
hacerla cumplir, esto es, el Registrador administrativos para su firmeza o ejecutoria,
Nacional Delegado en lo Electoral de la notificación etc., pero sin perjuicio de los
Registraduría Nacional del Estado Civil, la recursos, lo cual constituye una abierta
Dirección de Censo Electoral de la contradicción. Registraduría Nacional del Estado Civil, la
Gerencia de Informática de la Registraduría Es evidente que la Sala lo que hizo fue
Nacional del Estado Civil y la Delegación cohonestar la negligencia de la Registraduría
Departamental de NORTE DE SANTANDER, es Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional
decir, las autoridades que en virtud de la Electoral, en agotar el procedimiento de
normatividad que regula esta clase de exclusión de cédulas antes de la fecha de las
actuaciones les correspondía acatar lo elecciones.

Tan es así, que en la parte
ordenado por la autoridad electoral, frente a resolutiva del fallo ordena compulsa de copias y
7756 ciudadanos cuya inscripción devino en ordena requerir a tales entidades para que
irregular, y que no podía, de haberse cumplan su labor antes de las fechas de
materializado la votación como se argumenta elecciones.
en la sentencia, ser oponible a mi defendido o
a otro candidato, pues de suyo no le En nuestro criterio el darle categoría de normas
correspondia ni el conocimiento previo, ni policivas a la restricción del derecho al sufragio
manejo alguno frente al censo electoral, por y al cambio de residencia electoral, o cambio de
ese solo hecho, y por ser competencia mesa de votación a los ciudadanos, es un
privativa de la Registraduría, no se le puede aspecto que toca los derechos fundamentales
endilgar responsabilidad en el ejercicio del de elegir y ser elegido, participación
derecho al voto de estos ciudadanos a mi democrática y libertad política, y por ser de
defendido, que en todo caso representan carácter restrictivo de los mismos, no puede ser
“solamente” el 2.436%, de la totalidad de los de cumplimiento antes de agotada la actuación
votos excluidos. administrativa, en la que se de oportunidad a
los restringidos o afectados de ejercer el
El aparecer en el censo electoral, luego de la derecho de contradicción y defensa, para lo
depuración de los 7756 ciudadanos inscritos cual debe darse aplicación a las reglas de
no los hace TRANSHUMANTES, pues revisado notificación de los actos administrativos de
uno a uno de los “excluidos”, se tiene que la carácter particular y concreto, consagradas en
gran mayoría de ellos integra el censo los artículos 66 a 68 del CPACA.
electoral de Villa del Rosario, por haber
inscrito su cédula en ejercicios anteriores al La negligencia y la mora de las autoridades
año 2019, estando registrados en tal censo electorales en depurar los censos electorales,
electoral antes de la exclusión hecha por el antes de las elecciones, no es una carga que
CNE, lo que los habilita para ejercer su deba afrontar el ciudadano, sino el producto de
derecho al voto en el mismo municipio de una desorganización administrativa, que no
Villa del Rosario, sin que puedan tenerse puede poner en riesgo los derechos
como transhumantes, aspecto en el que yerra fundamentales antes mencionados y el debido
el Tribunal de Instancia, al solamente verificar proceso electoral.
la exclusión de la inscripción de la verificación
pero no determinar su ublicación en el censo En consecuencia, como en el proceso electoral
electoral. que nos ocupa se tiene establecido y así lo
refiere el mismo demandante y lo reconoce el
Por lo tanto, como reproche se tiene que a mismo Consejo de Estado en su decisión, como
pesar de haberse excluido la inscripción, no quiera que los supuestos 189 trashumantes que
de 189 electores, sino de la totalidad de 7756 se dice fueron identificados, NUNCA FUERON
cédulas inscritas, era la Registraduría EXCLUIDOS DEL CENSO ELECTORAL y a la
Nacional del Estado Civil en la dependencia fecha de las elecciones los actos administrativos
correspondiente la llamada a acatar la que ordenaron su exclusión, ni siquiera habían
disposición de policía emanada de la sido notificados a los perjudicados como
autoridad electoral, esto es del CNE, como en tampoco a las autoridades electorales del
efecto lo hizo, pero no es posible, que dicha municipio, estos se encontraban autorizados
acción le sea oponible a mi defendido, o legalmente para ejercer el sufragio en los
alguno otro de los candidatos, de haberse lugares que lo hicieron, por lo que se ha
omitido cumplir esa orden y permitido votar a incurrido en un grave error por parte de los
quien le cancelaron la inscripción, pues ello operadore judiciales al tenerlos como excluidos
debe conllevar a una investigación de orden sin estarlo.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-00
Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

disciplinario o de otro orden, pero no afectar
el derecho fundamental de elegir y ser elegido El Consejo de Estado invocó algunas normas
por una actuación totalmente ajena al devenir que supuestamente autorizan el cumplimiento
de la campaña misma de cada candidato en inmediato de tales decisiones, las cuales
disputa. […] tampoco resultan aplicables por ser violatorias
del régimen de reserva legal que ya hemos
dejado claro, debe aplicarse para su regulación. El ejercicio realizado de verificaicón del censo
electoral, se allega en el documento que Ahora bien, al revisar el proceso se observa que
denominamos ANEXO No. 1, el cual no implica si bien es cierto la Registraduría supuestamente
una nueva prueba, sino que se constituye en adelantó una investigación exhaustiva de cada
una verificación de cada uno de los votantes una de las personas que se demandaron como
en el censo electoral, a guiza del mismo presuntos trashumantes, trajo al proceso un
ejercicio hecho por el despacho pero informe en que afirma que 189 de aquellos no
verificando su continuidad en el censo aparecieron en los registros municipales de
electoral, y no teniendo la cancelación de la catastro, sisben, ni inscritos anteriormente en
inscripción del año 2019 como una inhabilidad el municipio, cuando la defensa del demandado
para ejercer el derecho al voto. Ejercicio que interpuso el recurso de apelación, tachó de
debió realizar el Juzgador de instancia para falsos aquellos datos respecto de 56 de los 189,
determinar que efectivamente cada uno de demostrando que tales afirmaciones contenidas
los votantes podía considerarse como en el informe de la Registraduría eran falsos,
transhumante, circunstancia que no está frente a lo cual las demàs partes no hicieron
probada, pues como se dijo fueron 7756 pronunciamiento alguno, razón por la cual la
electores excluidos, de los cuales 186, a pesar tacha debió tramitarse por separado, debiendo
de la exclusión permanecieron en el censo prosperar, pero la Sala Quinta le negó el valor a
electoral de Villa del Rosario, por la sencilla las pruebas aportadas por el apoderado, por
razón que han pertenecido al mismo desde el estimar que eran extemporáneas.
año 1988 y s.s. […]
No obstante lo anterior, tratandose de pruebas
Conforme a lo anterior es evidente que el que fueron traidas al proceso, para desvirtuar
Tribunal dio por probado, no estándolo que el fallo en el que se tuvieron como tales y se les
las 189 personas eran NO RESIDENTES, dio un alcance probatorio que en apariencia
cuando ello nunca quedó determinado y por el tenían, debieron ser tenidas en cuenta por
contrario con la verificación que se aporta, cuanto eran necesarias para que el fallo no se
emanada de forma exclusiva del censo fundara en prueba falsa y con ello se incurriera
electoral y de la base de datos del SISBÉN, es en violación del deber de impartir justicia
fácilmente desvirtuable, siendo del resorte del material y conforme a la realidad procesal,
Tribunal de instancia ser garante del principio mientras que, como ya se anotó con
pro electoratem de cada uno de los votantes anterioridad, para descartar la caducidad si
frente a los cuales hoy pretende desconocer validó la Sala pruebas extrañas al proceso y a
su derecho protegido constitucinalmente, la controversia de las partes y de oficio.
siendo en consecuencia procedente desechar
estos argumentos vertidos en forma exclusiva Con base en lo anterior, queda demostrado que
en la parte motiva de la decisión pero no las 189 personas que dijo la Registraduría eran
ordenado al resolver el litigio. […] supuestos trashumantes, NO SE ENCONTRABAN
EXCLUIDOS DEL CENSO ELECTORAL PARA LA
2. LO ARGUMENTADO EN LA PARTE FECHA DE LAS ELECCIONES DEL ALCALDE DE
MOTIVA NO SE REFLEJA EN LA PARTE VILLA DEL ROSARIO.

CONSIDERATIVA Y POR ENDE NO ES
OPONIBLE NI EXIGIBLE COMO SUSTENTO Que los actos administrativos de exclusión ni
DE LA NULIDAD DECLARADA. siquiera fueron notificados a las mismas
De lo dicho en los dos acápites anteriores autoridades electorales municipales, como
tenemos que el ponente de instancia encontró tampoco a los perjudicados con la decisión.
probado que a quienes les dejó sin efecto la
inscripción del año 2019, efectivamente Que constituyó una actuación irrespondable y
votaron, y por ese solo hecho los consideró negligente de la Registraduría y del Consejo
transhumantes y con fundamento en ello hizo Nacional Electoral, no finiquitar el proceso de
el ejercicio de ponderación y aplicó la votación depuración del censo electoral para tales
asumiendo el papel de escrutador de la elecciones, cuya cargo no está obligada a
elección, pero no obstante ello nada de eso soportar el ciudadano.
dijo en la parte resolutiva, quedando la
misma limitada a la exclusión de los 65 votos Que el informe de 189 supuestos sugrafantes,

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-00
Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

de la mesa donde fungió como jurado de estaba basado en falsedades en relación con 56
votación un pariente del candidato ganador, de estos ciudadanos.
lo que lleva a determinar que no hubo
decisión judicial en torno a lo que Con fundamento en lo expuesto, de haberse
presuntamente encontró probado, existiendo adelantado los dos procesos al amparo de las
en un todo una falta de sindéresis entre la reglas constitucionales, legales y procesales
parte motiva y la parte resolutiva, estando que regían para la fecha de las elecciones que
atados exclusivamente a lo que decidió el venimos estudiando, resultaba improcedente
Juez en el resuelve, que finalmente plasma en tener por trashumantes a los 189 ciudadanos
el numeral 1 y 2 de la decisión que acá se que se catalogó como tales por parte del
recurre. Consejo de Estado, sin mediar acto
administrativo, porque con ello la Sala Quinta
Como puede verse de lo transcrito, el Tribunal usurpó las funciones de las autoridades
de Instancia nada dispuso en torno a los electorales, que son las competentes para
presuntos transhumantes, ni mucho menos hacer tales declaraciones, incurriendo en
dispuso orden alguna relacionada con la defecto orgánico.
exclusión de estos votos y la ponderación
posterior para llegar a la conclusión de la A la jurisdicción contencioso-administrativa
mayoría de votos del candidato demandante, solamente le corresponde el control sobre los
lo que hace inoponible dicha sentencia, actos administrativos electorales, pero para su
limitándose la misma a lo relacionado con la ejercicio, debe haberse agotado la actuación
exclusión de los 65 votos de la mesa por la administrativa y los actos sobre los cuales
presunta inhabildad del pariente ejerza tal control, deben estar debidamente
consanguíneo, (que debe ser objeto de ejecutoriados, requisitos que no se cumplian en
pronunciamiento conforme este recurso), el caso en estudio, respecto de las resoluciones
votos que si en gracia de discusión se que ordenaron la exclusión de personas del
aceptara su eliminación no serían suficientes censo electoral del referido municipio.
para declarar una elección diferente a la de mi
defendido, por cuanto ningún elemento En tal virtud tanto el Tribunal como el Consejo
adicional se abordó en la parte resolutiva, de Estado, incurrieron en vías de hecho que
limitada esta en forma exclusiva a la conllevan la necesidad de dejar sin efectos sus
exclusión de los 65 votos ya enunciados fallos. […]

(Sic en toda la cita). III.5.DEFECTO ORGÀNICO.
Se configura el defecto orgánico por el hecho
de que tanto el Tribunal como el Consejo de
Estado, usurparon o se atribuyeron funciones
que la Constitución y la ley establece para la
Registraduría y el Consejo Nacional Electoral,
de determinar los trashumantes y proceder a su
exclusión del censo electoral, antes de los
comicios electorales, siendo del rango funcional
de la jurisdicción solamente examinar la
legalidad de los actos administrativos que así lo
determinen, para lo cual deben acusarse las
resoluciones correspondientes, lo que acarrea la
carga del cumplimiento de los requisitos
procesales para que la demanda sea admisible,
dentro de los cuales está la constancia de
ejecutoria de dichos actos, por lo que al no ser
aportada por el demandante, ni estar probado
en el proceso, de ninguna forma, que estos
hayan cobrado ejecutoria, mal puede la
jurisdicción determinar, en reemplazo de las
autoridades electorlaes, quien es o no
trashumante.
Como quiera que esta fue la forma como
actuaron tanto el Tribunal como la Sección
Quinta incurriendo en el defecto orgánico. (Sic
en toda la cita).

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-00
Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

Ahora bien, la Sala al estudiar el contenido de la providencia

cuestionada, observa que la autoridad judicial accionada abordó el

problema jurídico planteado de la siguiente manera:

“[…] 3. Problema jurídico

230. Conforme al fallo de primera instancia y a los argumentos
expuestos en el recurso de apelación interpuesto por el
demandante, corresponde a esta sección determinar si confirma,
modifica o revoca la decisión de 3 de junio de 2021, mediante la
cual el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, declaró la
nulidad del Acta Parcial de Escrutinio General para alcalde del
municipio de Villa del Rosario para el período 2020-2023.

231. Para resolver las censuras planteadas en la apelación, por
efectos metodológicos, la Sala abordará las siguientes temáticas:
i) la caducidad en el presente caso; de encontrarse no probada,
se estudiarán ii) las causales de nulidad de los numerales 6 y 7
del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 para, finalmente, iii)
proceder al análisis del caso concreto.

4. La caducidad en el presente caso

232. En sus escritos de apelación, el demandado y el tercero
impugnador afirmaron que se debe declarar la caducidad de la
demanda de nulidad electoral.

233. Al respecto, se recuerda que la oportunidad para proponer
una excepción mixta, como la caducidad, es la contestación de la
demanda, según lo prevé artículo 175-3 de la Ley 1437 de 2011.
Sin embargo, como se detalló en los antecedentes de esta
providencia, el demandado no la propuso, circunstancia que
resulta relevante si se tiene en cuenta que las etapas y
oportunidades procesales se deben surtir conforme a las formas
previstas.

234. Es decir, la ley precisa las oportunidades para plantear las
excepciones y para su decisión, esto es, i) por auto en los
términos del parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011;
o ii) cuando requieran de prueba, en la audiencia inicial regulada
en el artículo 180-6 de la Ley 1437 de 2011, por lo que, en

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Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

principio, las excepciones previas y mixtas, como lo es la
caducidad, deben resolverse antes de que se dicte fallo. Por
tanto, la caducidad debió ser planteada con las contestaciones, de
modo que la apelación, no es el escenario procesal para ello. […]

237. Al ser analizados, se considera que, aunque es cierto que la
certificación del presidente de Asonal Judicial Seccional Cúcuta y
la del Coordinador de Talento Humano de la Dirección Seccional
de Administración Judicial de esa ciudad, no son idóneas para
acreditar si el 21 de noviembre de 2019 corrieron o no términos
judiciales puesto que los mentados servidores no tienen dicha
función, sí permiten evidenciar que hubo afectación del orden
público en ese municipio, lo que incidió en que los despachos
judiciales no prestaran el servicio con normalidad.

238. En cuanto a la circular, se observa que el presidente del
Consejo Seccional de la Judicatura tuvo en cuenta la misma
afectación del orden público, al referirse a las marchas
convocadas y al cierre de vías, para decidir modificar la jornada
laboral. No obstante, dicho ajuste no necesariamente demuestra
que los despachos judiciales permanecieran abiertos. […]

242. Por ende, esos documentos que la Sala decidió tener como
prueba, analizados en contexto con las certificaciones emitidas
por la secretaria del Tribunal, permiten concluir que el 21 de
noviembre de 2019 no corrieron términos en razón a las jornadas
de protestas que forzaron el cierre de los despachos, lo cual se
aviene al criterio de la Corte Constitucional.

243. Dado que los secretarios de los despachos judiciales “tienen
la misión de auxiliar al juez en el ejercicio de su función, anotar la
fecha de presentación de los escritos y cuidar el transcurso de los
términos (Decreto 1265 de 1970)”21 y, según el artículo 115 del
CGP, les corresponde emitir por solicitud verbal o escrita,
certificaciones sobre la existencia de procesos, su estado y la
ejecutoria de providencias, sin necesidad de auto, las constancias
emitidas por dicha funcionaria, son idóneas para acreditar que los
términos fueron suspendidos.

244. Además, como se indicó, gozan de credibilidad puesto que
todos los documentos coinciden en mencionar las protestas del
“21N”, por tanto, es razonable concluir que el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander tuvo que ser cerrado por
las manifestaciones y, en consecuencia, en dicha fecha no

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-00
Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

corrieron términos judiciales, según el inciso final del artículo 118
del CGP.

245. Cabe agregar que es irrelevante que una persona ajena al
presente proceso haya solicitado a la secretaria del Tribunal
expedir las certificaciones, porque lo hizo en ejercicio del derecho
fundamental de petición; además, el artículo 115 del CGP no
exige que esta provenga de alguna de las partes o intervinientes
y, el proceso de nulidad electoral no está sometido a reserva.

246. En cuanto a las afirmaciones de la apoderada del CNE, se
observa que no hay prueba que acredite las distancias y los
tiempos de recorrido en Cúcuta, de modo que no son de recibo.

247. De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que no se
encuentra probada la caducidad en el presente caso22, en tanto
durante los días 21 de noviembre y 4 de diciembre de 2019 no
corrieron términos judiciales. En consecuencia, se proseguirá con
el análisis de los argumentos de las apelaciones. […]

7. Análisis del caso concreto

7.1. Sobre los argumentos de las apelaciones referidos a la
causal de nulidad del artículo 275-6 de la Ley 1437 de
2011

266. Excepción de inconstitucionalidad por desconocimiento de la
reserva de ley estatutaria, de los artículos 40 y 83 de la
Constitución y el principio de eficacia del voto. […]

274. Al respecto, la Sala estima pertinente referirse a varios
aspectos:

275. La excepción de inconstitucionalidad tiene su génesis
normativa en el artículo 4 de la Constitución, en virtud del cual,
las normas constitucionales son un referente para la creación de
las disposiciones legales en el sistema jurídico colombiano, por
consiguiente, debe prevalecer la aplicación de la norma superior
frente a aquella de otro rango que se le yuxtaponga. Además,
está consagrada en el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011 como
un medio de control30.

276. Esta excepción faculta no solo a los jueces, sino a toda
autoridad pública, para inaplicar una norma jurídica cuando

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-00
Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

detecten que contradice postulados constitucionales31. Además,
supone la responsabilidad de identificar a plenitud la
incompatibilidad de la norma inferior con la Carta Política, ya que
solo de esa manera se legitimaría el límite al ejercicio del poder
normativo en cabeza del legislador y el ejecutivo32.

277. Por lo anterior, la Sección ha concluido33 que, de oficio o a
petición de parte, en cualquiera de los procesos que se tramitan
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es
procedente establecer si una norma es contraria o no a la
Constitución y, en caso afirmativo, inaplicarla. Decisión que solo
valdrá para el caso concreto, pues los efectos erga omnes solo se
determinan en sede de nulidad o constitucionalidad bajo el
procedimiento especializado respectivo34 […]

279. Las materias sometidas al trámite de ley estatutaria están
determinadas en el artículo 152 de la Constitución, entre ellas:
“c) Organización y régimen de los partidos políticos y
movimientos políticos; estatuto de la oposición y funciones
electorales”. Por tanto, la regulación respecto de algunos
componentes importantes en materia electoral está sometida a la
reserva de ley, particularmente de las leyes de naturaleza
estatutaria36.

280. En cuanto a la reserva legal, esta Sala ha entendido que
“[e]l desarrollo de los asuntos electorales mediante las leyes
estatutarias debe entenderse con alcances restrictivos, pues una
postura contraria… llevaría a que cualquier situación relacionada
con la materia tuviera que tratarse a través de la norma de
especial jerarquía, sin tener en cuenta las competencias del
legislador ordinario y de los organismos autónomos que tienen
facultades para su regulación”37. Es decir, no todos los aspectos
directamente relacionados con el ámbito electoral deben reglarse
mediante leyes estatutarias38.

281. En consonancia con lo dicho por la Corte Constitucional en la
sentencia C-515-04, la Sección ha indicado que las normas de
contenido electoral tienen incidencia y efectos en los resultados
electorales, por lo que es fundamental que su reglamentación sea
igualitaria y transparente, razón por la cual, su promulgación
debe ser sometida a procedimientos especiales; es decir, el
previsto para las leyes estatutarias. Sin embargo, pueden
excluirse de ello, las disposiciones electorales que sean
eminentemente accesorias o instrumentales39.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01071-00
Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

282. Por tanto, no puede perderse de vista que la función
electoral tiene como fin la elección de representantes en las otras
ramas del poder público o sus titulares, de manera directa o
indirecta, en otras palabras, su propósito es concretar la
democracia participativa y el diseño institucional, entre otros40.
[…]

285. A partir del panorama expuesto, la Sala considera que el
argumento de la apelación que se estudia, no está llamado a
prosperar, por cuanto:
6.1.1. No existe reserva de ley estatutaria para las causales de
nulidad electoral42
286. No se evidencia que el artículo 275-6 de la Ley 1437 de
2011 esté en abierta contradicción con la Constitución, porque la
determinación de las causales de nulidad de los actos electorales
no supone el ejercicio de función electoral de modo que no
requieren de consagración mediante ley estatutaria. […]

287. Es claro que las causales establecidas en el artículo 275
conciernen solo a los actos electorales. Sin embargo, su definición
no implica la regulación de una función electoral, en tanto no
atañen a la elección de servidores públicos, sino al control judicial
-posterior- de los actos que resultan de la materialización de
dicha potestad.

288. Además, tampoco se evidencia que al consagrarse las
circunstancia por las cuales se deba anular una elección, se esté
regulando los componentes esenciales del ejercicio del derecho al
voto, asunto que es de reserva de ley estatutaria43.

289. Al revisar la jurisprudencia constitucional frente a asuntos en
los que se cuestionó que las causales de nulidad electoral en ese
entonces contenidas en el Decreto 01 de 1984 y que actualmente
están en el artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, desconocían la
reserva de ley estatutaria, debe mencionarse el fallo C-142-0144,
en el que la Corte Constitucional declaró exequible los preceptos
acusados. […]

293. Lo expuesto confirma que la regulación de las causales de
nulidad electoral si bien es un aspecto relevante, debe ser objeto
de desarrollo por parte del legislador ordinario, en la medida que
hace referencia a la libertad configurativa del legislador para
estructurar los procesos judiciales como también se refiere a los
aspectos posteriores al ejercicio del derecho al voto y no a
asuntos esenciales del mismo. […]

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Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

295. En síntesis, teniendo en cuenta lo antes señalado se puede
observar que el legislador estatutario no ha considerado que las
causales de nulidad electoral sea un asunto de su competencia,
por el contrario, se ha dejado este tema al desarrollo de la
facultad ordinaria del Congreso de la República, por entender que
se trata de un aspecto posterior al ejercicio del derecho al voto
circunscrito al control judicial.

7.1.2. Eficacia del voto y buena fe

296. Otro de los argumentos para solicitar la inaplicación del
artículo 275-6 de la Ley 1437 de 2011 es que desconoce la
eficacia del voto por cuanto se extiende el contenido de la
relación de los jurados con sus familiares como causal de nulidad.
Además, señaló que la actuación de los jurados de votación está
amparada por la presunción de buena fe porque se trata de
particulares que ejercen función pública del escrutinio, ello quiere
decir que para afectar los votos que se depositaron en donde se
ejerce la mencionada labor electoral es necesario verificar si se
presentó alguna irregularidad en la misma. […]

298. Ahora, no escapa a la Sala que, como lo dijo el apelante, el
artículo 275-6 de la Ley 1437 de 2011 aumentó en un grado de
consanguinidad la prohibición en cabeza de los jurados de
votación para ejercer su función escrutadora frente a la norma del
CCA y el artículo 151 del Código Electoral.

299. En todo caso, dicha circunstancia no es suficiente para
considerar que debe aplicarse la excepción de
inconstitucionalidad, en tanto lo dispuesto en el artículo 275-6 de
la Ley 1437 de 2011 no entraña el ejercicio de función electoral
como en líneas atrás se indicó.

300. Sobre la causal consagrada en el 223-6 del CCA que, como
se dijo antes, es similar a la norma vigente de la Ley 1437 de
2011, la Corte Constitucional indicó que no puede considerarse
que la medida consistente en excluir los votos que favorecen al
candidato cuyos familiares integran el jurado de votación o sean
miembros de las comisiones escrutadoras, sea arbitraria, inútil e
innecesaria47.

301. Por su parte, esta Sección en sentencia reciente sostuvo que
la interpretación teleológica de la causal de nulidad del artículo
275-6 de la Ley 1437 de 2011, es aquella que propugna por

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evitar las ventajas o prerrogativas ilegítimas que surgen por el
vínculo o parentesco entre el candidato y los jurados de votación
o miembros de las comisiones escrutadores, a fin de que no se
fragmenten los principios de transparencia e igualdad de acceso a
los cargos de elección popular48. […]

305. Finalmente, frente a la diferencia de grado de parentesco
prevista en el artículo 151 del Código Electoral y el artículo 275
(6) de la Ley 1437 de 2011, la Sala resalta que se tratan de dos
instituciones distintas, pues aquella regula quienes no pueden ser
jurados de votación y ésta norma las causales de nulidad
específicas de índole electoral, que tratándose del parentesco con
los candidatos es más estricta y se basa en la libertad de
configuración del Congreso en la estructuración de las
instituciones procesales.

306. Por consiguiente, este argumento de la apelación no está
llamado a prosperar, en tanto la norma no desconoce ni la
eficacia del voto y la buena fe, sino que pretende dotar de
mayores garantías el ejercicio del sufragio ciudadano.

7.1.3. Presunto desconocimiento del principio pro homine

307. De otra parte, no se desconoció el principio pro homine,
pues no es cierto, como lo dijo el apelante, que los artículos 151
del Decreto Ley 2241 de 1986 y 275-6 de la Ley 1437 de 2011
regulan la misma situación, como se explica a continuación:

308. Lo primero que debe señalarse es que las normas hacen
parte de codificaciones diferentes: la primera, pertenece al
Código Electoral, ubicada en el Capítulo II “Jurados de Votación”,
del Título VI “Votaciones”; mientras que la segunda está
consagrada en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. Esto evidencia que su ámbito de
aplicación es distinto: el Código Electoral se ocupa del
procedimiento administrativo electoral51 y el CPACA regula el
control judicial de los actos electorales a partir de las causales de
nulidad. […]

314. Para resolver este planteamiento, la Sala advierte que:

(i) En el proceso 2020-00013, el demandado no contestó
oportunamente la demanda en cuyo hecho séptimo se afirmó:
“RONNY STIVEN CUMBE RANGEL tiene vínculo de parentesco en
tercer grado de consanguinidad con el candidato elegido alcalde

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Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

del Municipio de Villa del Rosario, EUGENIO RANGEL MANRIQUE”,
por lo que, en aplicación del artículo 97 del CGP se presumiría
como cierto dicho hecho en tanto es susceptible de confesión.
(ii) En el escrito de apelación del alcalde, este no solo se abstuvo
de cuestionar la prueba sobre el parentesco, sino que se refirió a
Rony Stiven Cumbe Rangel como su sobrino y además obra en el
expediente copia auténtica del registro civil de nacimiento en el
que se observa que oficina de registro fue el Consulado General
de Colombia San Cristóbal Táchira.
315. Además, se debe destacar que el tercero dijo en su
impugnación: “Primero debo manifestar que coadyuvo en su
totalidad el recurso de apelación interpuesto por el… apoderado
del demandado…” quien, se insiste, no discutió el parentesco, sino
que lo aceptó. Por consiguiente, es claro que el impugnador se
contradijo, pues de un lado, asumió plenamente la postura de la
parte a la que respalda, esto es, que Rony Stiven Cumbe Rangel
es sobrino de Eugenio Rangel Manrique, pero de otro, cuestiona
dicho parentesco.

316. Lo expuesto llama la atención porque la actuación del
tercero impugnador de la demanda que según las normas
procesales está dirigida a apoyar al demandado, termina
contradiciendo el dicho de este último, y por lo tanto
desconociendo el papel y la condición que se le reconoció en el
presente proceso.

317. Con todo, como con anterioridad se señaló el demandado
reconoció la relación en el tercer grado de consanguinidad con el
señor Rony Stiven Cumbe Rangel que fungió como jurado de
votación. Además, el registro civil que fue aportado y decretado
como prueba respecto de dicha situación si bien fue producido en
el exterior, también lo es que la autoridad que lo expidió es el
Consulado General de Colombia en San Cristóbal Táchira
(Venezuela), es decir por el funcionario registral
en ejercicio de su competencia cuyo dicho merece credibilidad y
no ha sido desvirtuado de manera alguna en el presente trámite.

318. De acuerdo con lo expuesto, los argumentos de las
apelaciones frente a la causal de nulidad del artículo 275-6 de la
Ley 1437 de 2011 no están llamados a prosperar.

6.2. Sobre los argumentos de las apelaciones referidos a la
causal de nulidad del artículo 275-7 de la Ley 1437 de
2011

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Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

319. El demandado alegó que no se le puede endilgar
responsabilidad por el ejercicio del voto de los ciudadanos cuya
inscripción fue irregular pues era una competencia privativa de la
RNEC el depurar el censo electoral. [:::

320. Este cuestionamiento no es de recibo, pues basta mencionar
que la Sección ha reiterado53 que la declaratoria de nulidad de
un acto electoral, no tiene naturaleza sancionatoria dado que “El
juez solo debe confrontar la disposición que se dice vulnerada con
el acto de elección o designación, para determinar si el mismo se
aviene o no a los supuestos exigidos por la disposición que se
dice desconocida, juicio meramente objetivo que protege la
voluntad popular del electorado”54. […]

332. De acuerdo con lo expuesto, los argumentos de la apelación
frente a la acreditación de la trashumancia no están llamados a
prosperar, pues si bien la decisión del Tribunal se basó en las
decisiones adoptadas por la autoridad electoral, para considerar
acreditada la causal de nulidad en cuestión, lo cierto es que no
hay prueba en el expediente que permita a la Sala arribar a una
conclusión distinta. […]

337. Ahora, las resoluciones expedidas por el CNE sobre
trashumancia fueron aportadas por el demandante justamente
para cumplir la carga que le correspondía y acreditar la causal de
nulidad alegada -275-7 de la Ley 1437 de 2011-, pues en esos
actos, se concluyó que los titulares de las cédulas cuya inscripción
se dejó sin efecto, no eran residentes electorales en Villa del
Rosario, a partir del cruce de información con diferentes bases de
datos y las visitas realizadas. Decisión que se presume legal y
está precedida del procedimiento de que trata el Decreto 1294 de
2015 y la Resolución 2857 del 6 de noviembre de 2018 que, como
se indicó, incluye el análisis cruzado de información de bases de
datos e institucionales y visitas. Conclusiones que, se insiste, no
fueron desvirtuadas por la parte demandada.

338. Adicionalmente, se observa que en el escrito de apelación el
apoderado del demandado mencionó haber consultado las 189
cédulas de los ciudadanos señalados como trashumantes en el
link dispuesto por la RNEC y aportó el “Anexo 1” como “evidencia”
o “verificación” de que 56 de las 189 personas que según el
Tribunal votaron a pesar de haber sido declarados trashumantes,
realmente no lo son porque algunos aparecen registrados en el
SISBEN de Villa del Rosario, y otros son propietarios de
inmuebles en dicho municipio. A renglón seguido, hizo la precisión

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Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

de que el mismo “no implica una nueva prueba, sino que se
constituye en una verificación de cada uno de los votantes en el
censo electoral”.

339. En otras palabras, aunque se cuestionó en la apelación que
las 189 personas cuya inscripción fue dejada sin efectos por el
CNE estaban habilitados para votar dado que su inscripción
anterior era en el mismo municipio, lo cierto es que no hay
prueba que así lo demuestre.

340. Al respecto, la Sala considera que, como el mismo
recurrente dijo, la información aportada con la que se pretende
controvertir la materialización de la causal de nulidad de
trashumancia, no constituye una prueba que haya sido
incorporada al proceso en debida forma, ni corresponde a una
solicitud de pruebas en segunda instancia, de modo que no puede
ser objeto de valoración en esta etapa, pues ello implicaría avalar
la incuria de la parte demandada en materia probatoria (que no
pidió ni aportó pruebas porque contestó extemporáneamente la
demanda), con la afectación del debido proceso que ello
supondría.
341. Con este panorama, se impone concluir que no se
desvirtuaron los fundamentos de la sentencia apelada conforme a
los cuales se tuvo por acreditada la trashumancia en Villa del
Rosario. […]”

Realizadas las anteriores observaciones, la Sala constata que lo

planteado en la presente acción de tutela no se refiere a un asunto

de relevancia constitucional, -en los términos señalados en la

jurisprudencia constitucional aquí analizada-, que haga imperiosa la

intervención del juez de tutela, con miras a examinar la posible

vulneración de los derechos fundamentales invocados por el

peticionario.

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Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

Por el contrario, se destaca que los argumentos en los que se

fundamentan los defectos alegados en el trámite constitucional

fueron analizados y resueltos por la SECCIÓN QUINTA en la

segunda instancia y, en esa medida, solo se procura su discusión en

sede de tutela para buscar la oportunidad de debatir, en una

instancia adicional lo cual resulta improcedente.

Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha

rechazado acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no resulta

ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se centra

en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue el

caso de la providencia de 29 de agosto de 201819, en la que se

sostuvo:

“[…] En torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario
que decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la
cual indicó de manera clara, que se trataba de un punto
nuevo que no había sido presentado en su momento en el
escrito de apelación, por lo que el recurso extraordinario
no estaba diseñado para convertirse en una tercera
instancia. Y se tiene que estos argumentos resultan
válidos y razonables.

19
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número
único de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.

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Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos
en sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y
que no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela,
pues esta acción constitucional tiene por objeto la
protección inmediata de derechos de rango fundamental
que se encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este
caso […]” (Destacado de la Sala).

Igualmente, en providencia de 9 de febrero de 201720, se indicó:

“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad
de las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado
fuera del texto).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,

sino la reiteración de planteamientos que ya fueron estudiados por

el juez natural y que obedecen a un debate de mera legalidad, en el

20
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número
único de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la

acción de tutela el carácter de una tercera instancia o recurso

adicional para controvertir las decisiones judiciales y de paso

invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

Asimismo, en el caso bajo estudio, la Sala no advierte la existencia

de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de

tutela de la referencia como mecanismo transitorio, dado que de los

elementos de juicio obrantes en el expediente no es posible

establecer dicha circunstancia.

En consecuencia, se declarará la improcedencia de la solicitud de

amparo presentada por la parte actora por no cumplirse el requisito

de la relevancia constitucional, como se dispondrá en la parte

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Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentadas por la

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y el

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, por las razones expuestas en

la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de coadyuvancia presentada por

las señoras IRMA LIDA LÓPEZ DE URIBE, CARMEN ROSA

RIVERA DE ALVARÁN, RUTH NEIRA ESCARPETTA, BLANCA

LIGIA CEBALLOS RUDAS, RUBIELA CEBALLOS RUDAS, MARÍA

GRIMANESA MARÍN DE ENRÍQUEZ, MARLENY CORREA

GONZÁLEZ, MARÍA FRANCELINA ESPINOSA DE MARTÍNEZ,

VITERBINA RANGEL SERRANO y SUGEY YENIFER ROSERO

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Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

MEDINA por falta de legitimación en la causa por activa, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DENEGAR la solicitud de vinculación de la Procuraduría

7 Delegada ante la Sección Quinta del Consejo de Estado

presentada por el señor CESÁR EMILIO VALERO SOTO, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por

no cumplirse el requisito de relevancia constitucional, de

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta

providencia.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

SEXTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

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Actor: EUGENIO RANGEL MANRIQUE

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de marzo de

2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la
gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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