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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01403-00

Fecha
26 de mayo de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01403-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: NEGAR la solicitud del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, consistente en que se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva. SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación del abogado Juan Carlos Cárcamo García para procurar la defensa de los líderes de los barrios San Fernando, San Fernando Sector Berlín, Medellín y Villa Corelca, vinculados en este trámite en calidad de terceros con interés. TERCERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo formulada por los señores Abel del Cristo Arráez Díaz y Patricia Sliger Sierra contra el Tribunal Administrativo de Bolívar. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01403-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

26 de mayo de 2022

Demandantes: Abel del Cristo Arráez Díaz y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01403-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01403-00
Demandantes: ABEL DEL CRISTO ARRÁEZ DÍAZ Y OTRA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedencia por
no superar el requisito de la inmediatez

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA SOLICITUD

Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por los señores Abel del
Cristo Arráez Díaz y Patricia Sliger Sierra contra el Tribunal Administrativo de
Bolívar, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud

Los señores Abel del Cristo Arráez Díaz y Patricia Sliger Sierra en calidad de
líderes, afectados y habitantes de los barrios Villa Corelca y San Fernando sector
Kalamari del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias “en su condición de
Coadyuvantes, líderes y miembros de las comunidades afectadas dentro de la acción
popular con radicación No. 13001333300820180003800”, con escrito enviado a través
de correo electrónico el 14 de febrero de 20221 al buzón de
“tutelasenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co”, por conducto de apoderada judicial,

1
La solicitud de amparo se radicó el 14 de febrero de 2022 y fue asignada a la Corte Suprema de
Justicia, autoridad que remitió el expediente mediante correo de 25 de febrero del mismo año al
Consejo de Estado, razón por la cual su conocimiento se repartió a la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación, al despacho del magistrado Gabriel Valbuena Hernández, autoridad
que con auto de 4 de marzo de 2022 admitió la solicitud de amparo y, luego, a través de providencia
de 5 de abril remitió el proceso a la Sección Quinta para que se acumulara a la acción de tutela
No. 11001-03-15-000-008-2018-00038-03, en ese orden, el trámite de la referencia pasó al
despacho del magistrado sustanciador el 26 de abril de 2022 para que se decidiera sobre su
acumulación.
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presentaron acción de tutela con el fin de que se les amparen sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la libre locomoción, al trabajo, a la igualdad, a la
educación, al libre desarrollo de la personalidad, al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia.

Las mencionadas garantías las estimaron vulneradas por el Tribunal
Administrativo de Bolívar que, en providencia de 26 de febrero de 20212, revocó
la sentencia de 14 de diciembre de 2018 proferida por el Juzgado 8º Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Cartagena, para, en su lugar, negar las pretensiones
de la demanda instaurada en el marco de la acción popular promovida por la
comunidad asentada de algunos barrios del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias contra el referido ente territorial, el Ministerio de Transporte,
el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena – DATT,
TransCaribe S.A. y Alianza Fiduciaria S.A.; proceso que se identificó con el
radicado No. 13001-33-33-008-2018-00038-03.

1.2. Pretensiones de amparo constitucional

Las peticiones de la acción de tutela fueron las siguientes:

“1. Se tutelen los Derechos Fundamentales Constitucionales de mis representados
ABEL DEL CRISTO ARRAEZ DIAS y PATRICIA SLIGER SIERRA, quienes actúan
como sujeto activo de la presente Acción Constitucional, en su condición de Líderes,
afectados y habitantes de los barrios VILLA CORELCA y SAN FERNANDO
SECTOR KALAMARI a la VIDA EN CONDICIONES DIGNAS, EL MINOMO VITAL,
EL DERECHO AL TRANSPORTE EN CONEXIDAD CON EL DERECHO AL
TRABAJO, LA LIBRE LOCOMOCIÓN, LA EDUCACIÓN, IGUALDAD, LIBRE
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, EL DEBIDO PROCESO Y EL ACCESO
A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, contenidos en el preámbulo y los Art. 1, 2,
4, 13, 15, 21, 25, 29, 49 y 53 de la Constitución Nacional, los cuales han sido
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Bolívar a través de la sentencia de
segunda instancia de la referencia.

Solicito DEJASE SIN EFECTOS la sentencia de fecha (26) de FEBRERO DE
(2021), la cual fue aclarada por el Tribunal Administrativo de Bolívar cuyo
OBEDEZCASE Y CUMPLASE se expidió el (16) de Diciembre de (2021) y la
materialización de la orden se cumplió el (26) de Enero de (2022). Y en su lugar
déjese en firme la sentencia de primera instancia del JUZGADO 008
ADMINISTRATIVO DE CARTAGENA que se protegió los derechos e intereses
colectivos consistente en mantener la avenida pedro de heredia que presta la
empresa COOINTRACAR, por lo menos hasta que TRANSCARIBE S.A garantice
efectivamente la prestación del servicio público de transporte con la suficiente
infraestructura, vías, paraderos, horarios, número de vehículos que reduzcan los
intervalos de espera y que provea un servicio eficiente y eficaz a los accionantes y
demás habitantes de los barrios señalados.

Por lo anterior, se SOLICITA garantizar el servicio de transporte público urbano
continuo, permitiendo la prestación del servicio de transporte de la RUTA 36 A SAN

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Esta providencia fue objeto de solicitud de aclaración, requerimiento que fue resuelto de manera
desfavorable el 4 de junio de 2021.
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FERNANDO de microbuses para que ayude a suplir la necesidad de transporte
público para los accionantes y las personas que pertenecen a sus comunidades
hasta tanto se garantice la adecuado infraestructura, la implementación de los
paraderos, el número de vehículos y los intervalos correspondientes y se garantice
una prestación del servicio público oportuna y eficiente, teniendo en cuenta que se
les viene afectando sus condiciones económicas, sociales, culturales, los cuales
pertenecen a barrios marginales de la ciudad de Cartagena y pertenecen a personas
vulnerables y en estado de indefensión por su precariedad económica y social en
las que se encuentran”. (Sic para la cita)

1.3. Hechos

Los hechos que a continuación se relacionan, son relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:

El señor Alberto Enrique Marín Zamora, en defensa de los derechos de la
comunidad que habita en los barrios Villa Rubia, Villa Fanny, Villa Corelca I, Villa
Corelca II, Ciudad Bolívar, Medellín, La Reina, Los Jardines, Sierrita, Nelson
Mandela, San Pedro Mártir, La Consolata, San Fernando, Socorro y Simón
Bolívar, promovió acción popular contra el Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias, el Ministerio de Transporte y otros “por la vulneración de sus
derechos e intereses colectivos del artículo 4 de la Ley 472 de 1998 ACCESO A LOS
SERVICIOS PÚBLICOS Y A QUE SU PRESTACIÓN SEA EFICIENTE Y OPORTUNA”.

Agregó que la demanda se ejerció con ocasión de la expedición por parte de la
Alcaldía de Cartagena del Decreto 0855 de 2015, por medio del cual se canceló
la ruta de transporte colectivo público 36A San Fernando para ser reemplazada
con el Sistema Integral de Transporte Masivo – SITM, pese a que no se había
cumplido la condición suspensiva concerniente a que TransCaribe S.A contara con
los vehículos suficientes para cubrir la necesidad de los sectores afectados3.

Tal asunto se identificó con el radicado No. 13001-33-33-008-2018-00038-03 del
cual conoció en primer grado el Juzgado 8º Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Cartagena que, con sentencia de 14 de diciembre de 2018 accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda al concluir “que de los testimonios
que recaudó, se colige que la suspensión de la ruta 36A Simón Bolívar – San Fernando –
Avenida Pedro de Heredia, ha causado perjuicios colectivos a la comunidad, no satisface
las necesidades de estos sectores, por no cumplir con las condiciones de eficiencia,
oportunidad, seguridad y calidad”.

El recurso de apelación promovido por el extremo pasivo fue resuelto por el
Tribunal Administrativo de Bolívar con fallo de 26 de febrero de 2021, en el sentido
de revocar la decisión del a quo, para, en su lugar, denegar las súplicas elevadas
por la parte accionante, luego de concluir que “con la eliminación de la ruta 36A de
transporte colectivo, no se vieron afectados de forma desproporcionada los derechos de

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“(…) de conformidad con el Decreto 0855 de 2015 y 0100 de 2016”.

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las comunidad (sic) de los barrios por los que transitaba esta ruta, acotando que el actual
modelo de SITM cumple con la prestación del servicio de transporte satisfaciendo los
parámetro de oportunidad, eficiencia y seguridad, al garantizar este, un servicio con mayor
cobertura, integrado, en obediencia de las normas en materia de tránsito, disminuyendo
la siniestralidad vial y que tiene en cuenta a las personas en condición de movilidad
reducida”.

La anterior decisión fue objeto de solicitud de aclaración, la cual fue atendida de
manera negativa con providencia de 4 de junio de 2021, que se notificó el 1º de
julio del mismo año, quedando ejecutoriada el día 7 siguiente.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte accionante indicó que la autoridad judicial censurada incurrió en un
defecto fáctico relacionado con una violación directa de la Constitución, por
la indebida valoración probatoria que conllevó a que el Tribunal Administrativo de
Bolívar revocara la decisión del a quo, para, en su lugar, denegar las pretensiones
de la demanda popular.

Concretamente señaló como erróneamente apreciados los hechos consistentes
en que, con la cancelación de la Ruta 36A, se le restringió a la comunidad afectada
el derecho a la movilidad por la dificultad en acceder al transporte público, puesto
que en el debate judicial quedó acreditado “(…) que de los testimonios de los
miembros de la comunidad y líderes que recaudó, SE COLIGE QUE LA SUSPENSIÓN
DE LA RUTA 36A SIMÓN BOLÍVAR – SAN FERNANDO – AVENIDA PEDRO DE
HEREDIA, HA CAUSADO PERJUICIOS COLECTIVOS A LA COMUNIDAD, por cuanto
el SIMT de TRANSACAIBE, con la que fue reemplazada, no satisface las necesidades de
estos sectores, por no cumplir con las condiciones de eficiencia, oportunidad, seguridad
y calidad. Situación que a la fecha de presentación de la presente tutela se mantiene
a febrero de 2022 (…)”. (Énfasis del texto)

Agregó que, el tribunal demandado le otorgó mayor relevancia al informe
presentado por los funcionarios de TransCaribe S.A y le restó valor a la inspección
judicial, pese a que con esta diligencia se constató que: (i) la referida empresa no
cumple con la cobertura que requieren las comunidades afectadas, y los
paraderos no cuentan con las condiciones mínimas que garanticen el acceso al
servicio de transporte público de manera adecuada, debido a que solo tienen una
señal de tránsito de color azul y una línea amarilla en el borde de los andenes, “y
no cuenta con techos, sillas que permitan disfrutar un mejor servicio”.

Refirió que la Corte Constitucional ha reconocido que los servicios públicos son
inherentes a la finalidad del Estado (artículo 365 C.P.), como la promoción de la
prosperidad general (artículo 2º C.P.), “factor que justifica la intervención del Estado
en la actividad transportadora con miras a racionalizar la economía con el fin de conseguir
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las
oportunidades y los beneficios del desarrollo” (artículo 334 C.P.). Asimismo, adujo que
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en el artículo 5° de la Ley 336 de 1996, se cataloga el transporte público como
esencial.

Adicionó que la “Ruta 36A Simón Bolívar – San Fernando” contaba con la
particularidad concerniente a que prestaba el servicio en la noche y en horas de
la madrugada, lo cual era de conveniencia para las personas que tienen este tipo
de horario laboral porque no cuentan con los recursos económicos suficientes para
sufragar costos adicionales en traslados.

Resaltó que el servicio de transporte es un instrumento a través del cual se logra
garantizar la efectividad de otros derechos como el trabajo, la educación, la libre
circulación y el libre desarrollo de la personalidad.

Concretó que, de la totalidad del material probatorio, “se puede corroborar que el
Tribunal Administrativo de Bolívar en su decisión, incurrió en un claro DEFECTO
FÁCTICO, POR INDEBIDA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS ALLEGADAS AL
PROCESO, ora porque al estimar su valor demostrativo fue arbitrario y caprichoso,
alejándose de la realidad, lo cual puede advertirse de manera evidente y flagrante dentro
del caso concreto”

Argumentó que la judicatura reprochada incurrió en error inducido por parte de
TransCaribe S.A., por cuanto al comparar el informe que se allegó al proceso
popular con ocasión del decreto oficioso de tal prueba y, aquel presentado
mediante oficio No. TC-DJ-07.01-0082-22 de 8 de febrero de 2022 en respuesta a
un derecho de petición, se advierte que la entidad infló el número de buses
disponibles para cubrir las rutas reemplazadas, en el documento con el cual dio
cumplimiento a lo requerido por el tribunal.

Finalmente, precisó que este asunto cumple con los requisitos adjetivos de
procedibilidad de la acción, particularmente, respecto a la inmediatez señaló que
la sentencia reprochada fue objeto de solicitud de aclaración, la cual fue resuelta
negativamente en auto de 1º de julio de 2021 y, solo hasta el 16 de enero de 2022,
el Juzgado 8º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cartagena les notificó el
auto de obedecer y cumplir lo resuelto por el superior, además que el perjuicio se
materializó el 26 de enero de la misma anualidad, debido a que en tal fecha el
DATT ordenó la salida de los microbuses.

1.5. Trámite de la acción de tutela

1.5.1. Con auto de 4 de marzo de 2022 se admitió la acción de tutela y se dispuso
tener como autoridad judicial accionada al Tribunal Administrativo de Bolívar.

En calidad de terceros con eventual interés en las resultas del trámite
constitucional, se dispuso la vinculación de la Nación – Ministerio de Transporte,
el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, el Departamento

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Administrativo de Tránsito y Transporte – DATT, la empresa TransCaribe S.A., la
Alianza Fiduciaria S.A. “y a los demás intervinientes en la acción popular (…) Para
efectos de notificar a estos últimos, COMISIÓNASE al Juzgado Octavo Administrativo de
Cartagena” (Énfasis del texto)

Adicionalmente, se negó la medida provisional consistente en suspender los
efectos de la sentencia de 26 de febrero de 2021 proferida en el trámite popular
No. 13001-33-33-008-2018-00038-03, con fundamento en que no se advertía el
cumplimiento del requisito de urgencia o la existencia de un perjuicio irremediable
que hiciera necesaria la intervención del juez constitucional, en esta etapa
procesal.

Finalmente, ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado – ANDJE y reconoció personería a la apoderada de los accionantes.

1.5.2. Mediante providencia de 5 de mayo de 2022, el magistrado de la Subsección
A de la Sección Segunda de esta Corporación, Gabriel Valbuena Hernández,
dispuso remitir el asunto de la referencia a la Sección Quinta del Consejo de
Estado para que fuera acumulado al expediente No. 11001-03-15-000-2022-
00740-00, por presentar similitud en la parte demandada, causa y objeto.

1.5.3. Recibida formalmente la acción de tutela en el despacho del magistrado
ponente de esta decisión4, se profirió el auto de 27 de abril de 2022 en el sentido
de no acumular el expediente 2022-01403 al proceso 2022-00740, debido a que
en este último se había proferido sentencia de primera instancia el 24 de marzo
de 2022, es decir, previo a la remisión, de conformidad con lo estipulado en el
artículo 2.2.3.1.3.3. del Decreto 1834 de 2015.

No obstante, se dispuso avocar el conocimiento de la solicitud de amparo
promovida por el señor Abel del Cristo Arráez Díaz y otra, habida cuenta que este
despacho previamente conoció y resolvió un mismo asunto constitucional (2022-
00740-00).

Adicionalmente, con el fin de integrar debidamente el contradictorio se ordenó la
vinculación del Juzgado 8º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cartagena
[autoridad judicial que resolvió la acción popular en primera instancia]; la Cooperativa
Integral de Transportes de Cartagena - [integrante de la parte demandada dentro de
la acción popular]; al señor Alberto Marín Zamora [quien radicó la acción popular en
defensa de los derechos de la comunidad]; y a los representantes y líderes de los
barrios Villa Rubia, Villa Fanny, Ciudad Bolívar, La Reina, Los Jardines, Sierrita,
Nelson Mandela, San Pedro Mártir, La Consolata, Socorro, Simón Bolívar, Villa
Corelca I, Villa Corelca II, Medellín, San Fernando, San Fernando Sector Berlín,
Socorro y Simón Bolívar [parte demandante dentro acción popular].

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El 26 de abril de 2022.

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1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, de conformidad con las
constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentaron
las siguientes intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Bolívar

Con memorial allegado el día 16 de marzo de 2022, solicitó que se denieguen las
pretensiones de la tutela al no advertir la vulneración de los derechos
fundamentales de los accionantes.

Expuso que revocó la sentencia de primera instancia proferida el 14 de diciembre
de 2018 por el Juzgado 8º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cartagena,
debido a que, del análisis del acervo probatorio estableció que el a quo había dado
relevancia a las declaraciones de los señores Erick Urueta Benavides, Abel Arráez
Díaz, Janeth García Sierra, Amira Rodríguez Gómez y Alberto Marín Zamora, sin
tener en cuenta que dichas personas constituían parte en el proceso.

En ese sentido, precisó que la figura del interrogatorio de parte no tiene cabida en
el marco de la acción popular, por cuanto no es admisible que un interviniente, en
este caso miembros de la comunidad y de las veedurías, confiesen aspectos que
comprometen a toda una comunidad o a diversos grupos de ciudadanos.
Adicionalmente, adujo que tales individuos tampoco se encontraban cualificados
para expedir un concepto sobre la eficiencia del Sistema Integrado de Transporte
Masivo.

Frente a la inspección judicial, adujo que esta no cumple con el criterio de utilidad
de la prueba en relación con la certeza de la eficiencia del SITM, “por el hecho de
que el titular de un despacho judicial no es el llamado a poseer los conocimientos técnicos
necesarios para hacer el respectivo análisis, sino más bien de ahí se pueden obtener
indicios sobre si, el SITM de Cartagena, se viene implementando gradualmente y se
requiere un periodo de adaptación, para que la comunidad se adecue a los cambios
realizados y, que la (sic) autoridades continúen con su puesta en funcionamiento y
adecuación”.

Advirtió que la decisión se fundamentó en los informes presentados por las
entidades que prestan o prestaban el servicio de transporte público en la zona
involucrada en el proceso popular, de los cuales concluyó que:

“La ruta A105 de Transcaribe, no es la única que le presta el servicio a los barrios
que antiguamente cubría la ruta 36ª (Coointracar), sino que además de la primera
de las mencionadas existen diez rutas adicionales que cubren los 15 barrios en este
momento.

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El tiempo de espera para la ruta A105 eran en promedio 20 minutos, en la actualidad
TRANSCARIBE S.A aduce que los intervalos de tiempo de las diferentes rutas que
cubren la totalidad de la antigua ruta 36A, entre 3 y 11 minutos.

En la actualidad la cobertura en número de buses, cantidad de pasajeros que se
pueden movilizar y los intervalos de tiempo entre cada vehículo, son suficientes para
considerar que el servicio que presta el SITM es eficiente y oportuno, cuenta con la
capacidad de mover más pasajeros que el modelo de sistema anterior, además
cubre la totalidad de los barrios que dan origen a esta acción, teniendo aún mayor
cobertura, en otras zonas que la antigua ruta 36A no recorría, por lo que no se
podría predicar una afectación, a los derechos de los vecinos de los barrios que
cubría la precitada ruta de Transporte Público Colectivo”. (Sic para la cita)

Agregó que, si bien los accionantes siempre han puesto de presente que el
anterior sistema prestaba el servicio más tarde de las 11 p.m., lo cierto es que la
autorización otorgada por el DATT para operar la ruta 36A era hasta las 23 horas,
de tal manera que más allá de tal límite de horario se considera irregular y no
conlleva una vulneración de derechos fundamentales.

En ese orden, manifestó que lo pretendido por los demandantes consiste en
utilizar la acción de tutela como una tercera instancia en la cual se aborde
nuevamente el debate ya zanjado por el juez natural, puesto que procura ampliar
la defensa que no ejerció en los alegatos, pese a que esta no es la oportunidad
para hacerlo.

Por último, refirió que esta petición constitucional no cumple con el requisito de
inmediatez, toda vez que se superan los 6 meses con los que contaba la parte
accionante para presentar la tutela; ello si se tiene en cuenta que la sentencia de
segunda instancia fue notificada a los interesados el 13 de abril de 2021, y el auto
que dio respuesta a la solicitud de aclaración de la sentencia se notificó a las
partes el 1º de julio de 2021, lo cual indica que la oportunidad se extendía hasta
el 11 de enero de esta anualidad por ser el primer día hábil luego de la vacancia
judicial, sin embargo, el escrito se presentó el 1° de marzo de 2022.

1.6.2. Juzgado 8º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cartagena

Mediante memorial recibido el 4 de mayo de 2022, el titular del despacho se refirió
a la procedencia de la tutela contra providencia judicial, a la vía de hecho y a la
autonomía judicial, para luego concluir que no cualquier error cometido por el juez
en el curso del proceso puede derivar en una vía de hecho, entenderlo así
implicaría retroceder al ritualismo que sacrifica “a la forma los valores de fondo que
deben realizarse en todo trámite judicial”.

Finalmente, solicitó que se declare la improcedencia del mecanismo de la
referencia, habida cuenta que no advierte la existencia de alguna arbitrariedad,
defecto sustancial o procesal en la decisión primigenia.

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1.6.3. Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias

A través de oficio radicado el 4 de mayo de 2022, la jefe de la Oficina Jurídica de
la entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al considerar que: (i) es
improcedente, ya que no cumple los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales; (ii) no se evidencia
la existencia de la vulneración de derechos fundamentales invocados; y (iii)
tampoco se advierte la inminencia de un perjuicio irremediable.

De otro lado, adujo que el distrito carece de legitimación en la causa por pasiva,
debido a que los argumentos están dirigidos contra la sentencia de 26 de febrero
de 2021.

1.6.4. Juan Carlos Cárcamo García

En representación de los líderes de los barrios San Fernando, San Fernando
Sector Berlín, Medellín, Nelson Mandela Simón Bolívar y Villa Corelca del Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena, con escrito aportado el 4 de mayo de 2022,
solicitó que se acceda al amparo de los derechos fundamentales deprecados por
los accionantes, debido a que el SITM no satisface las necesidades de la
comunidad, por cuanto no cumple con las condiciones mínimas técnicas, de
calidad, comodidad, infraestructura y capacidad que permitan que las
comunidades afectadas gocen de una vida digna.

Indicó que el asunto de la referencia cumple de manera excepcional con el
requisito de inmediatez, comoquiera que la vulneración es actual.

1.6.5. Cooperativa Integral de Transportes de Cartagena – COOINTRACAR
LTDA.

El 5 de mayo de 2022, su representante legal refirió atenerse a lo que se
encontrara demostrado en este trámite constitucional, no obstante, puso de
presente que la comunidad afectada se encuentra en un estado de vulnerabilidad
manifiesta, lo cual es un hecho notorio por cuanto Cartagena presenta los
cinturones de miseria más grandes del país, en comparación con las otras
ciudades principales del territorio nacional.

1.6.6. TransCaribe S.A.

Si bien en las actuaciones Nos. 20, 21 y 35 del sistema de gestión judicial SAMAI
se encuentra la constancia del recibo de un mensaje de datos electrónico enviado
por la Secretaría de General de la entidad con fecha de 2 de mayo de 2022, lo
cierto es que no contiene un archivo, ni los argumentos correspondientes a su
intervención.

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Demandantes: Abel del Cristo Arráez Díaz y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01403-00

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por la parte
actora contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto
Ley 2591 de 1991 y en el 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021,
así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias solicitó que se declare
su falta de legitimación en la causa por pasiva en el asunto de la referencia, debido
a que los argumentos planteados en la acción de tutela están dirigidos contra la
decisión que puso fin al trámite popular.

Al respecto, la Sala informa que tal petición será denegada por cuanto la referida
entidad fue llamada a este proceso en calidad de tercero con interés en las resultas
de este mecanismo constitucional, no como autoridad demandada.

2.2.2. De otro lado, se advierte al señor Juan Carlos Cárcamo García que no se le
reconocerá como vocero de los líderes de los barrios San Fernando, San
Fernando Sector Berlín, Medellín, Nelson Mandela Simón Bolívar y Villa Corelca
del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, en atención a que no acreditó la
calidad de apoderado judicial.

Al respecto, es preciso resaltar que si bien en el proceso No. 2022-00740-00
fallado por esta Sala de Decisión con sentencia de 24 de marzo de 2021, dentro
del cual el señor Cárcamo García fungió como abogado de los líderes y
representantes de los referidos barrios, quienes conformaron la parte accionante
en tal oportunidad, lo cierto es que en este trámite constitucional no aportó los
poderes que lo faculten para procurar la defensa de los derechos de tal comunidad
en virtud del interés que le asiste en el resultado que se adopte en este asunto.

Es preciso recordar que la Corte Constitucional ha señalado que el acto de
apoderamiento en sede de tutela “i) es un acto jurídico formal, por lo cual debe
realizarse por escrito; ii) se concreta en un escrito, llamado poder que se presume
auténtico; iii) debe ser un poder especial; iv) el poder conferido para la promoción o para
la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende conferido para
instaurar procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento a estos tengan origen
en el proceso inicial; v) el destinatario del acto de apoderamiento solo puede ser un
profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional.”5 (Énfasis propio).

5
Sentencia T-430 de 2017.

10

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Asimismo, la referida Corporación precisó que, “[a]unque una de las características
procesales de la acción de tutela es la informalidad, esta Corporación ha indicado que la
legitimación para presentar la solicitud de amparo, así como para actuar dentro del
proceso, debe encontrarse plenamente acreditada”.6 (Énfasis propio)

En se orden, esta Colegiatura declarará la falta de legitimación del abogado Juan
Carlos Cárcamo García respecto de la defensa del interés legítimo de la
comunidad que se ordenó vincular en calidad de tercero.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta la
vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante con ocasión de
la providencia de 26 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo
de Bolívar, mediante la cual se revocó la decisión de 14 de diciembre de 2018
dictada por el Juzgado 8º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cartagena,
que había accedido a las pretensiones del medio de control popular promovido por
el señor Alberto Marín Zamora y otros contra el Ministerio de Transporte y otros;
proceso que se identificó con el radicado 13001-33-33-008-2018-00038-03, para,
en su lugar, denegarlas, por presuntamente incurrir en los defectos fáctico y por
violación directa de la Constitución.

Para resolver los interrogantes planteados, se estudiarán los siguientes temas: (i)
la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de
los requisitos de procedibilidad adjetiva y de superarse; (iii) las generalidades de
los defectos invocados; y (iv) el análisis del caso concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20127
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema8.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales9.

6 Sentencia T-493 de 2007.

7 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de
Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María
Elizabeth García González.
8
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
9
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
11

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Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el
momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Para la Sala resulta necesario precisar que, el caso objeto de estudio está
revestido de relevancia constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio
origen a la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda,
las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte
demandante solicita la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital,
a la libre locomoción, al trabajo, a la igualdad, a la educación, al libre desarrollo de
la personalidad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia

De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto, se evidencia una tensión o
contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de las
garantías alegadas por los accionantes, en tanto a su juicio, la autoridad judicial
incurrió en los defectos fáctico y violación directa de la Constitución, por lo que se
evidencia que trasciende un estudio de lo meramente legal.

2.5.2. La acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia de
la misma naturaleza, puesto que la providencia judicial que censura la parte
accionante fue proferida en el marco del proceso popular promovido por el señor
Alberto Marín Zamora y otros contra el Ministerio de Transporte y otros.

2.5.3. Respecto al requisito de inmediatez, la Corte Constitucional en la sentencia
SU-439 del 13 de julio 201711, recordó sobre las reglas de esta exigencia de
procedibilidad adjetiva, lo siguiente:

“(…) 48. Como es bien sabido, este Tribunal ha puntualizado que de conformidad
con el presupuesto de inmediatez, la acción de tutela debe ser utilizada en un
término prudencial, esto es, con cierta proximidad y consecuencia a la ocurrencia
de los hechos que se dicen violatorios y/o amenazantes de derechos
fundamentales, pues es claro que la solicitud de amparo pierde su sentido y su
razón de ser como mecanismo excepcional y expedito de protección, si el paso del

10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11
Referencia: Expediente T-4.770.440. Acción de tutela formulada por Agropecuaria El Roble del
Caribe S.A.S. contra la Superintendencia Nacional de Salud. M. P: Alberto Rojas Ríos.
12

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tiempo, lejos de ser razonable, desvirtúa la inminencia y necesidad de protección
constitucional.

49. En esa medida, para constatar el cumplimiento de dicho requisito de
procedibilidad, el juez de tutela simplemente debe comprobar si resulta razonable
el tiempo comprendido entre el día en que ocurrió o se conoció el hecho vulnerador
y/o constitutivo de la amenaza de un derecho fundamental y, el día en que el
derecho de acción se ejerció mediante la formulación de la acción de tutela12 (…)”.

En similar sentido se ha pronunciado esta Sección, al estudiar el requisito en
cuestión, cuando la acción constitucional reprocha providencias judiciales. Así,
como se precisó en la sentencia del 26 de febrero de 201513, tutela No. 11001-03-
15-000-2014-01063-0014, en la cual expresó:

“(…) Frente al requisito de inmediatez se ha insistido en que la acción de tutela
debe incoarse en un plazo razonable15, el cual debe ser ponderado por el juez
en cada caso, pues de lo contrario se desconocería el alcance jurídico establecido
por el constituyente y se desvirtuaría su finalidad de medio de protección actual,
inmediato y efectivo16.

De acuerdo con lo anterior, esta Sección17 ha declarado la improcedencia de las
acciones de tutela contra providencias judiciales instauradas después de
haber transcurrido un lapso considerable desde la ocurrencia del hecho
generador que da lugar a la solicitud de protección y la presentación de la
misma, sin que medien razones suficientes que justifiquen el retardo18 (…)”.

Al descender al caso sub examine, encuentra la Sala que, de la información
contenida en el sistema de gestión judicial Siglo XXI, se advierte que la sentencia
censurada de 26 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, fue notificada por estado electrónico el 13 de abril del mismo año, por
tanto, quedó ejecutoriada el 16 siguiente.

Ahora, si bien el actor adujo que tal decisión fue objeto de solicitud de aclaración,
la cual fue resuelta de manera negativa con providencia de 4 de junio de 2021,
que se notificó el 1º de julio del mismo año, quedando ejecutoriada el día 7
siguiente, lo cierto es que ello no varía el análisis realizado en líneas previas,

12
Al respecto, consultar, entre otras, la Providencia SU-961 de 1999.
13 Con ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro.
14
«Decisión confirmada por la Sección Primera del Consejo de Estado, en segunda instancia, con
sentencia del 26 de junio de 2015».
15
Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección A, Rad. 11001-03-15-000-2008-01018-
01(AC), Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
16
«Sentencia Corte Constitucional T-290 de 14 de abril de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
17
Ver sentencias: de 18 de abril de 2013 Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01172-01, Consejera
Ponente: Susana Buitrago Valencia; 3 de julio de 2013. Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01891-
01, 12 de agosto de 2013 Rad. No. 11001-03-15-000-2013-1435-00 Consejera Ponente: Lucy
Jeannette Bermúdez; 3 de julio de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-00142-01, 12 de
septiembre de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02203-01, Consejero Ponente: Alberto
Yepes Barreiro, entre otras.
18
Resaltado no es del original.
13

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habida cuenta que la referida solicitud no tiene la entidad suficiente para variar el
sentido en que se resolvió el proceso contencioso, en consecuencia, no afecta la
ejecutoria de la sentencia de 26 de febrero de 2021.

En ese orden, se resalta que el término de los 6 meses fenecía el 17 de octubre
de 2021, sin embargo, la presente acción constitucional fue incoada por la parte
accionante hasta el 14 de febrero de 2022, es decir, después de transcurridos más
de 9 meses de haber cobrado firmeza la reprochada decisión, término que para
esta Colegiatura no es razonable, con fundamento en los parámetros fijados por
la jurisprudencia de esta Corporación.

Ahora, respecto a los argumentos del extremo activo, concernientes a que acudió
a esta sede constitucional de forma oportuna por cuanto el auto que profirió el
Juzgado 8º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cartagena, mediante el cual
se dispuso obedecer y cumplir lo resuelto por el superior, les fue notificado hasta
el 16 de enero de 2022, y que el perjuicio alegado se materializó el 27 de enero
del año corriente, no antes, por cuanto en esta fecha el DATT ordenó la salida de
los buses que cubrían la ruta 36A, es preciso resaltar que no tienen la entidad
suficiente para que se flexibilice el análisis de esta exigencia.

Lo anterior encuentra fundamento en que la decisión que se cuestionó a través de
este mecanismo constitucional es el proveído de 26 de febrero de 2021, por
cuanto, a juicio de los accionantes, con tal pronunciamiento el Tribunal
Administrativo de Bolívar incurrió en los defectos fáctico y violación directa de la
Constitución, de manera que la presunta vulneración proviene del fallo de segunda
instancia que definió la situación jurídica de las partes e involucrados en la litis
popular.

En ese orden, teniendo en cuenta que la sentencia de 26 de febrero de 2021 fue
notificada y conocida por las partes e intervinientes el 13 de abril de 2021, cobró
firmeza el 7 de julio del referido año con la ejecutoria del auto por el cual se resolvió
la solicitud de aclaración, y que la petición de amparo se radicó en debida forma
el 14 de febrero de 2022, es claro que el ejercicio de este mecanismo no fue
oportuno.

Al respecto, esta Colegiatura ha considerado, en reiteradas ocasiones19, que debe
existir un término razonable de seis (6) meses entre la ejecutoria de la decisión
judicial o hecho generador20 que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante, y la presentación de la acción de tutela para buscar
su amparo.

19
Consultar, entre otras, la Sentencia de 15 de octubre de 2020, expediente No. 11001-03-15-000-
2020-03096-01.
20 Tesis que se encuentra consonante con lo manifestado por la Sala Plena del Consejo de Estado

en providencia 2012-02201-01 (IJ) y por la Corte Constitucional, entre otras, sentencias SU-108
de 2018, T-422 de 2018, T-246 de 2015.
14

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Como complemento de lo enunciado en líneas anteriores, el máximo ente
Constitucional se ha pronunciado sobre el particular y ha señalado que, para
determinar si la acción de tutela ha sido oportuna y se ha cumplido el requisito de
inmediatez, deben tenerse en cuenta, en cada caso concreto, los siguientes
aspectos:

“(…) (i) si existe un motivo válido para la inactividad del accionante, (ii) si a pesar
del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales del accionante permanece, y (iii) si la carga de la interposición de la
acción de tutela en un plazo razonable resulta desproporcionada dada la situación
de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante (especialmente a
aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren
en circunstancia de debilidad manifiesta21 (…)”

Para esta Sección, es claro que, en este caso particular, la parte actora no se
encuentra dentro de alguna de las causales excepcionales establecidas por la
Corte Constitucional en la sentencia T-265 de 2015 que permita superar el
requisito de inmediatez, máxime, porque en su demanda de tutela no manifestó
argumento alguno que se encuadrara dentro de las causales que justifican el
retardo para promover la acción de tutela en un término razonable.

Deviene entonces de lo dicho que, a juicio de esta Sala, controvertir la providencia
judicial, lo que supone cuestionar principios como los de cosa juzgada y seguridad
jurídica impone para el interesado que se haga en un plazo pertinente, salvo
justificación razonable, carga que le corresponde alegar a la parte
accionante.

Por ello, el juicio sobre el requisito de la inmediatez frente al caso de las tutelas
contra providencias judiciales resulta ser estricto, pues basta con que la decisión
que se señala de vulnerar derechos sea conocida y se encuentre ejecutoriada para
que la persona acuda ante el juez constitucional para solicitar el amparo de sus
derechos.

Así las cosas, no existe alguna razón válida que justifique que la comunidad
accionante dejara transcurrir más de seis meses para interponer la solicitud de
amparo, máxime, si se tiene en cuenta que la esencia de este medio de defensa
judicial consiste en la protección urgente de las garantías fundamentales, el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros afectados.

2.6. Conclusión

La Sala de Decisión declarará la improcedencia de la acción promovida por la
comunidad accionante contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, por no cumplir
con el requisito adjetivo de inmediatez.

21
Corte Constitucional. Sentencia T- 038 de 2017.

15

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3. RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la solicitud del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias, consistente en que se declare su falta de legitimación en la causa por
pasiva.

SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación del abogado Juan Carlos
Cárcamo García para procurar la defensa de los líderes de los barrios San
Fernando, San Fernando Sector Berlín, Medellín y Villa Corelca, vinculados en
este trámite en calidad de terceros con interés.

TERCERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo formulada por los
señores Abel del Cristo Arráez Díaz y Patricia Sliger Sierra contra el Tribunal
Administrativo de Bolívar.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

16

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