Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01513-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-01513-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01513-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-01513-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
28 de abril de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01513-00
Demandante: Gilberto Malagón García
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01513-00
Demandante: GILBERTO MALAGÓN GARCÍA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN B
Temas: Acción de tutela contra sentencia de revisión – defecto sustantivo
– desconocimiento del precedente y violación al principio de
igualdad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por el señor Gilberto
Malagón García contra la sentencia del 11 de noviembre de 2021 del Consejo de
Estado - Sección Segunda - Subsección B, que accedió a las pretensiones de la
UGPP en sede de revisión.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. A través de escrito radicado el 8 de marzo de 2022 el señor Gilberto Malagón
García, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra del Consejo de
Estado - Sección Segunda - Subsección B con el fin de que sean amparados sus
derechos fundamentales a la igualdad, favorabilidad y no regresividad por
desconocimiento del precedente judicial, mínimo vital, la salud, la vida en
condiciones dignas, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
2. El accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión
de la providencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, que declaró fundada la causal de revisión propuesta por la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscal de la Protección
Social – en adelante UGPP- contra las sentencias proferidas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda - Subsección F el 17 de
septiembre de 2013 y el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01513-00
Demandante: Gilberto Malagón García
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Circuito Judicial de Bogotá el 27 de agosto de 2012, en la acción de revisión
identificada con el radicado N.º 11001-03-25-000-2018-01466-00.
3. Con base en lo anterior, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y como
consecuencia de lo anterior, reclamó lo siguiente:
“1. Respetuosamente solicito al honorable Despacho que se tutelen los derechos
fundamentales que fueron vulnerados por el Despacho de la Honorable
Magistrada Ponente SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
2. Respetuosamente, en mérito de lo expuesto, solicito a los Honorables
Magistrados del Honorable Consejo de Estado se sirvan revocar la sentencia del
11 de noviembre de 2021 proferida por la Honorable Magistrada Ponente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ – Sección Segunda dentro de la acción de
revisión interpuesta por la UGPP expediente No- 11001032500020180146600,
y en su lugar, tutelar los derechos fundamentales invocados.”.
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El señor Gilberto Malagón García, quien prestó sus servicios en el Departamento
Administrativo de Seguridad – DAS en calidad de detective por más de 20 años,
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la extinta Caja Nacional de Previsión Social, con el objeto de
solicitar la nulidad parcial de la Resolución UGM 12771 del 10 de octubre de 2011,
que le negó la reliquidación de la pensión con la inclusión de todos los factores
salariales. A título de restablecimiento del derecho, solicitó se condenara al ente
previsional a reconocer y pagar la pensión de jubilación en cuantía del 75% con la
inclusión de todos los factores salariales percibidos en el último año a la adquisición
del estatus pensional y a los reajustes pensionales a los que hubiere lugar.
5. En el marco de dicho proceso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección F en descongestión mediante sentencia del 17 de
septiembre de 2013 confirmó la providencia del 27 de agosto de 2012 del Juzgado
Segundo Administrativo de Descongestión de Bogotá que ordenó “(…) reliquidar la
pensión de jubilación del señor GILBERTO MALAGÓN GARCÍA identificado con la CC
No 79.404.201 de Bogotá, con el 75% de los devengado entre el 1 de enero de 2008 y el
31 de diciembre de 2008…”
6. El 3 de octubre de 2018 la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social instauró acción de revisión
contra los anteriores fallos e invocó como causales las contenidas en los literales a)
y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que al tenor literal señalan lo siguiente:
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01513-00
Demandante: Gilberto Malagón García
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
“ARTÍCULO 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública.
(…)
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.
7. En cuanto a la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, argumentó que la orden judicial se obtuvo con vulneración al debido proceso,
en tanto la reliquidación de la pensión de jubilación del causante en los términos
ordenados, no le correspondía.
8. En lo atinente al sustento de la causal b) ibídem, sostuvo que el demandado era
beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, por lo que se debía aplicar la normatividad anterior a la cual se encontraba
afiliado, a saber el Decreto 1047 de 1978, Decreto 1933 de 1989 y Ley 860 de 2003
“respetando las condiciones de edad, tiempo y monto, pero en cuanto a ingreso base de
liquidación sería aplicable el 75% del promedio de lo devengado sobre el promedio de 10
años o el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho y los factores salariales
contenidos en el Decreto 1158 de 1994.”
9. El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B por medio de
sentencia del 11 de noviembre de 2021 declaró fundada la acción de revisión e
infirmó el fallo del 17 de septiembre de 2013 del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F, por encontrarse incurso en la
causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, “ y en
consecuencia, revocar la sentencia del 27 de agosto de 2012 emitida por el juzgado
segundo administrativo de descongestión de Bogotá para en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda.
10. Como fundamento de su decisión adujo que, si bien el actor era beneficiario del
régimen de transición del Decreto 1835 de 1994 y no como erradamente lo arguyó
la UGPP que lo era del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo cierto era que en lo que
respecta al IBL de su mesada, éste debía calcularse en los términos de lo dispuesto
en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, “ como bien lo hizo la Caja Nacional de
Previsión Social al proferir el acto administrativo demandado y solo con los factores que
fueron tenidos en cuenta por la entidad, pues en el proceso no se acreditó que realizara
cotizaciones sobre otros factores.”
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01513-00
Demandante: Gilberto Malagón García
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
11. Concluyó lo siguiente: “Observa la Sala que el argumento expuesto por la entidad
previsional para negar la reliquidación pensional pretendida por el señor Gilberto Malagón
se encuentra ajustado a derecho, por cuanto, el régimen de transición que lo gobierna,
esto es, el Decreto 1835 de 1994 y la Ley 860 de 2003, solo preservaron las condiciones
de edad, tiempo de servicio o cotización y tasa de reemplazo, de manera que en lo
que respecta al IBL de su mesada, éste debe calcularse en los términos de lo
dispuesto en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, (…) a saber calculada con el
75% del promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años de servicio de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.” (Negritas propias).
calculada con el 75% del promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años de servicio de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
1.3. Fundamentos de la vulneración
12. La parte actora consideró que la sentencia acusada adolece de los siguientes
yerros:
13. Manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo
debido a la falta de aplicación del régimen de transición de los funcionarios del extinto
DAS, establecido en el artículo 4° del Decreto 1835 de 19941, el cual permite que la
pensión se reconozca conforme con los parámetros del artículo 18 del Decreto 1933
de 19892.
14. Desconocimiento del precedente: Arguyó que no se tuvo en cuenta la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 proferida por la Sala Plena del
Consejo de Estado que determinó: “Segundo. (…) De igual manera debe precisarse que
los casos respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables…”.
15. Igualmente acotó que no se aplicó lo establecido por la Sala Plena de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 1° de agosto de
2013, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado N°
44001-23-31-000-2008-00150-01, accionante Héctor Enrique Duque Blanco,
1
ARTÍCULO 4º. Régimen de transición. Los funcionarios de las entidades señaladas en este capítulo
que laboren en las actividades descritas en el numeral 1º del artículo 2º de este Decreto, que
estuviesen vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones menos
favorables, en lo que respecta a la edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de
servicio requerido o el número de semanas cotizadas, y el monto de esta pensión, a las existentes
para ellos en las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993. //Para los demás servidores,
las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación, se regirán por las
disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, particularmente en lo relacionado
al monto de las cotizaciones a cargo del respectivo empleado.
2
“Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento
Administrativo de Seguridad”
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01513-00
Demandante: Gilberto Malagón García
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
precedente que sí le era aplicable pues se encontraba vigente para la fecha de
consolidación de su estatus jurídico de pensionado.
16. Adujo que se desconoció una sentencia de tutela que, a su juicio, estableció que
los factores para tener en cuenta en el IBL de la prestación sí están enlistados de
forma expresa en el artículo 18 del Decreto N.° 1933 de 1989, a saber:
“CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA Consejero ponente Dr. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, Ref. Acción de tutela Rad: 11001-03-15-000-
2018-01054-00 (…)
17. Por otro lado, indicó que el fallo cuestionado vulneró el principio de igualdad
frente a los demás detectives del DAS que actualmente se encuentran gozando de
una pensión liquidada de acuerdo con las normas pensionales del régimen especial
del hoy extinto DAS como resultado de providencias recientes proferidas en el marco
de acciones de revisión, a saber:
“CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCION A CONSEJERO PONENTE: GABRIEL
VALBUENA HERNÁNDEZ Bogotá D.C. veintiocho (28) de octubre de dos mil
veintiuno. Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN. Radicado 11001-03-
25-000-2019-00782-00 Accionante: UGPP Demandado: LUIS MARÍA
MAYORGA LEÓN Temas: Causales de revisión literales a) y b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2033. Caducidad de la acción de revisión.
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCION A CONSEJERO PONENTE: WILLIAM
HERNÁNDEZ GÓMEZ Bogotá D.C. ocho (08) de abril de 2021. Referencia:
ACCIÓN DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2018-01565-00.
Demandante: UGPP. Demandado: Flor Marina Sánchez Caviedes. Temas:
Causal de revisión artículo 20, literales a) y b) de la Ley 797 de 2003. Ingreso
base de liquidación servidores del DAS cobijados por el régimen de transición
del Decreto 1835 de 1994.”
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN. Radiado
110010325000201600279 00 CONSEJERO PONENTE: WILLIAM
HERNÁNDEZ GÓMEZ tres (3) de febrero de 2022. Accionante: UGPP.
Demandado: AMPARO CAMARGO CELIS (…)”
CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCION A CONSEJERO PONENTE: WILLIAM
HERNÁNDEZ GÓMEZ. REFERENCIA: ACCIÓN DE REVISIÓN Radicación:
11001-03-25-000-2018-00934-00. Demandante: UGPP. Demandado: Mario
Orlando Ortiz Mena (…)”. (Sic para toda la cita).
18. Concluyó que no se vulneró el principio de sostenibilidad financiera, tal y como
lo afirmó la sentencia acusada toda vez que mediante la Resolución N.° RDP 6045
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01513-00
Demandante: Gilberto Malagón García
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
del 21 de febrero de 2014 la UGPP ordenó y realizó los descuentos de ley por la
suma de $2.671.444, por concepto de aportes a factores salariales reconocidos en
la sentencia del tribunal. Agregó que las sumas de dinero ya pagadas en
cumplimiento de la sentencia que se infirmó no pueden considerarse como un
reconocimiento pensional que excedió la cuantía legal, “entre otras razones porque no
está demostrado probatoriamente que mi conducta haya sido contraria al principio de buena
fe o que haya dado origen a una acción u omisión fraudulenta o con abuso del derecho”.
1.4. Trámite de la acción de tutela
1.4.1. Auto admisorio
19. Mediante auto del 18 de marzo de 2022, la magistrada ponente decidió, entre
otras disposiciones, admitir la demanda y notificar a la parte actora, a los magistrados
del Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, como autoridades
judiciales accionadas. Igualmente, vinculó como terceros con interés al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, al Juzgado
Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá o quienes
hagan sus veces y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales, por cuanto fungieron como jueces de instancia y parte
demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen
al recurso extraordinario de revisión.
1.5. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes intervenciones:
1.5.1. Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá 3
20. Con escrito del 25 de marzo de 2022 indicó que no tenía conocimiento del trámite
adelantado en sede de revisión el cual es objeto de debate en la presente acción.
Por otro lado, envió el expediente ordinario requerido en medio digital.
1.5.2. Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
21. A través de escrito enviado el 31 de marzo de 2021 a la Secretaría de esta
corporación, también remitió el expediente ordinario en medio digital, sin referirse al
fondo del asunto.
3
Conforme a los Acuerdos Nos PSAA15-10402 del 29 de octubre de 20151 y PSAA15-10414 del 30
de noviembre de 2015 artículo 32, asumió los asuntos que correspondían al extinto Juzgado Segundo
Administrativo de Descongestión de Bogotá.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01513-00
Demandante: Gilberto Malagón García
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
1.5.3. UGPP
22. La entidad con escrito del 29 de marzo de 2022 solicitó declarar la improcedencia
de la acción, o en su defecto negar las pretensiones por cuanto en la decisión
cuestionada no se incurrió en defecto alguno, sino que por el contrario se ajustó al
ordenamiento legal y al precedente judicial que regula el tema, para determinar que
no le asistía el derecho a la reliquidación de la pensión de vejez.
23. Por otro lado, arguyó que la parte actora no podía pretender usar la acción de
tutela como una tercera instancia para revisar las decisiones adoptadas por el juez
competente de la causa, después de haberse agotado un procedimiento establecido
en la ley para el efecto. Agregó que la acción de tutela no era el mecanismo judicial
idóneo para el reconocimiento de peticiones prestacionales, máxime cuando ya se
ha pronunciado el juez competente de la causa.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
24. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por el señor Gilberto Malagón García, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 374 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.15 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1° del Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se
dirige contra el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, por tanto,
debe aplicarse el numeral 7° del Decreto 333 de 2021.
4
“ARTICULO 37. PRIMERA INSTANCIA. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a
prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la
amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.
El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha
presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre
las consecuencias penales del falso testimonio.
<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> De las acciones dirigidas contra la prensa y los demás
medios de comunicación serán competentes los jueces de circuito del lugar”.
5
“ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37
del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción
donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se
produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:
(…)
7. Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la
Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad cón el reglamento al que
se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto.”
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01513-00
Demandante: Gilberto Malagón García
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
2.2. Problema jurídico
25. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Se superan
en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela
contra providencia judicial?
26. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:
¿El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B vulneró los derechos
fundamentales “a la igualdad, favorabilidad y no regresividad por desconocimiento del
precedente jurisprudencial, mínimo vital, la salud, la vida en condiciones dignas, al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia” con ocasión de la sentencia del 11 de
noviembre de 2021, mediante la cual se declaró fundada la acción de revisión por
encontrarse configurada en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003 y se infirmó la providencia del 17 de septiembre de 2013
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección F?
27. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva;
(iii) la procedencia de la acción de revisión; (iv) las generalidades de los defectos
alegados y; v) el análisis del caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
28. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 6
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 7 y declaró su procedencia.8
29. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que contenga
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
7
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
8
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01513-00
Demandante: Gilberto Malagón García
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
30. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud
y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente
en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
31. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Relevancia constitucional
32. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito9 se encuentra superado
por cuanto, en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la
providencia del 11 de noviembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda - Subsección F, pues en su sentir se incurrió en un
defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y violación al principio de
igualdad.
33. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues
en efecto, la parte actora considera vulneradas sus garantías constitucionales por
cuanto la autoridad judicial accionada al dictar la providencia cuestionada no tuvo en
cuenta una serie de normas que eran aplicables a su caso, aunado a que desconoció
el precedente que regía su situación.
34. En ese sentido, los argumentos que, en sentir de la parte tutelante son
irrazonables y contrarios al ordenamiento jurídico, fueron analizados erróneamente
por la autoridad judicial accionada, desconociendo el alcance y aplicación de su
derecho fundamental al debido proceso, omitiendo el deber del juez ordinario de
actuar tanto como juez de legalidad, como de constitucionalidad y de
convencionalidad en la causa ordinaria.
9
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia
13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01513-00
Demandante: Gilberto Malagón García
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
35. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, eficacia y
determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales y libertades
públicas.
2.4.2. Tutela contra sentencia de tutela
36. La Sala observa frente al mencionado aspecto, que no se trata de una tutela
contra una decisión de la misma naturaleza 10, pues la providencia cuestionada
fue proferida en el trámite de la acción de revisión instaurada por la UGPP contra el
señor Malagón García.
2.4.3. Inmediatez
37. En relación con el acatamiento del referido requisito11, no se advierte ningún
reproche, en vista que la providencia enjuiciada fue proferida el 11 de noviembre de
2021 y, sin que sea necesario precisar su fecha de ejecutoria se advierte que la
acción de tutela se presentó en un término razonable (8 de marzo 2022) a la luz de
la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 12, en la que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200513, para determinar la
10
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-
00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-
00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia
13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20.,
M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Rocío
Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00.
11
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-
00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-
00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia
13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20.,
M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Rocío
Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00.
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión,
se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01513-00
Demandante: Gilberto Malagón García
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que seis
(6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo de los derechos
fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias judiciales.
2.4.4. Subsidiariedad
38. Respecto a la subsidiariedad, se tiene que la parte accionante no cuenta con otro
medio de defensa judicial distinto a la tutela para conjurar la eventual transgresión
que la aludida decisión pudiera irrogarle a sus derechos fundamentales. Esto
teniendo en cuenta que contra la providencia proferida por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado no procede ningún recurso ordinario o
extraordinario.
39. Así pues, superado el cumplimiento de los requisitos adjetivos, esta Sala entrará
a estudiar el caso concreto.
2.5. Acción de revisión
40. Las causales de la acción de revisión se encuentran previstas en los literales a)
y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, cuyo contenido dispone:
“ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A
CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA: Las
providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan
al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el
Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias,
a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas
para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.” Negrillas fuera
de texto.”
41. Por su parte, el numeral 6º del artículo 6º del Decreto 575 de 2013, le dio esa
misma facultad a la UGPP, esto es, para interponer la acción de revisión así:
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01513-00
Demandante: Gilberto Malagón García
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
“Artículo 6°. Funciones. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) cumplirá con las
siguientes funciones:
(…)
6. Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de
la Ley 797 de 2003 o normas que la adicionen o modifiquen.”
2.5. Generalidades del defecto alegado
2.5.1. Desconocimiento del precedente14
42. La Sala precisa que el precedente es aquella regla creada por una Alta Corte
para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un número
plural de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea considerada como
precedente. También se considera que constituyen precedente las sentencias de
constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la Corte Constitucional,
como por el Consejo de Estado.
43. Sin embargo, resulta necesario advertir que “… debe aceptarse que no todas las
decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes generan una regla o subregla, pues son
el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sin una actividad
creadora del juez”15.
2.5.2. Defecto sustantivo16
44. La Corte Constitucional17, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de
aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados
mínimos de la razonabilidad jurídica”18.
14
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00;
Sentencia 20.01.20, Rad.11001-03-15-000-2019-04374-01; Sentencia 6.02.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05153-00; Sentencia 13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia
20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; M.P. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia 19.02.15.
15
Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.
11001-03-15-000-2013-02690-01.
16
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia 23.01.20, Rad: 11001-03-15-000-2019-04664-00,
M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 30.01.20, Rad: 11001-03-15-000-2019-04374-01, M.P. Rocío
Araújo Oñate; sentencia del 13.02.20; sentencia del 13.02.20, Rad: 11001-03-15-000-2020-00137-
00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
17 Corte Constitucional, Sentencia SU-195, 12.03.12, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
18 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU.159, 06.03.02, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa; Sentencia T-043, 27.01.05, M.P.Marco Gerardo Monroy Cabra; Sentencia T-295, 31.03.05,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; Sentencia T-657, 10.08.06, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra;
Sentencia T-686, 31.08.07, M.P. Jaime Córdoba Triviño; Sentencia T-743, 24.07.06, M.P. Manuel
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01513-00
Demandante: Gilberto Malagón García
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
45. Puntualmente, el defecto sustantivo lo configuran los siguientes supuestos:
46. El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente19 o porque ha sido derogada20, es inexistente21,
inexequible22 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador 23.
a) No se hace una interpretación razonable de la norma 24.
b) La disposición aplicada es regresiva25 o contraria a la Constitución26.
c) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición27.
d) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma 28.
e) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o
justificó de manera insuficiente su actuación.
47. Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de
un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente.
2.6. Caso concreto
48. Como viene de explicarse, el accionante controvirtió la sentencia del 11 de
noviembre de 2021 proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección B mediante la cual infirmó la providencia del 17 de septiembre de 2013
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F,
por encontrarse incursa en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, “ y en consecuencia, revocar la sentencia del 27 de agosto de
2012 emitida por el juzgado segundo administrativo de descongestión de Bogotá para en su
lugar, negar las pretensiones de la demanda. Lo anterior, por cuanto, a su juicio, la
José Cepeda Espinosa, Sentencia T-033, 01.02.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, Sentencia T-
792, 01.10.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras.
19
Corte Constitucional, Sentencia T-189, 03.03.05, M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
20
Corte Constitucional, Sentencia T-205, 04.03.04, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
21
Corte Constitucional, Sentencia T-800, 22.09.06, M.P. Jaime Araújo Rentería.
22
Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
23
Corte Constitucional, Sentencia SU-159, 06.03.02, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
24
Corte Constitucional, Sentencias T-051, 30.01.09, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101,
28.10.2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
25
Corte Constitucional, Sentencia T-018, 22.01.08, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
26
Corte Constitucional, Sentencia T-086, 08,02,07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
27
Corte Constitucional, Sentencia T-231, 13.04.94, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
28
Corte Constitucional, Sentencia T-807, 26.08.04, M.P. Clara Inés Vargas
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01513-00
Demandante: Gilberto Malagón García
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
autoridad reprochada incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento del
precedente y violación al principio de igualdad.
49. Defecto sustantivo: debido a la falta de aplicación del régimen de transición de
los funcionarios del extinto DAS establecido en el artículo 4° del Decreto 1835 de
1994, el cual permite que la pensión se reconozca conforme con los parámetros del
artículo 18 Decreto 1933 de 1989.29
50. Así, en la providencia que ahora se cuestiona, la autoridad judicial accionada, a
partir de argumentos planteados por las partes, fijó como problema jurídico a resolver
el siguiente:
“Corresponde a la Sala determinar si la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F en
descongestión de fecha 17 de septiembre de 2013, se encuentra inmersa en las
causales de revisión consagradas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, es decir, establecer si es jurídicamente viable incluir en la
reliquidación de una pensión de vejez de un detective del DAS reconocida con
fundamento en lo previsto en la Ley 860 de 2003, Decreto 1835 de 1994 y
Decreto 1933 de 1989, todos los factores salariales devengados en el año que
antecede a la adquisición del status de pensionado, según la interpretación
correcta dada al artículo 36 de la Ley 100 de 1993.”
51. Para resolver el anterior interrogante, explicó el marco normativo de la pensión
de jubilación reconocida a los empleados del extinto Departamento Administrativo de
Seguridad - DAS, del cual concluyó que a los servidores públicos que ejercían
actividades de alto riesgo que se encontraban amparados por el Decreto N.° 1835
de 1994, les fue concedido un régimen de transición con el Decreto N.° 2090 de 2003
(que lo derogó) consistente en que a quienes a 28 de julio de 2003 hubieren cotizado
al menos 500 semanas, tendrían derecho a que una vez cumplidas 1000 semanas
cotizadas30, la pensión de jubilación les fuera reconocida en las mismas condiciones
establecidas en la norma anterior que regula actividades de alto riesgo, esto es, el
Decreto N.° 1835 de 1994
29
Artículo 18. Factores para la liquidación de cesantía y pensiones. Para efectos del reconocimiento
y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que tuvieren derecho los empleados del
Departamento Administrativo de Seguridad se tendrán en cuenta para su liquidación, los siguientes
factores: a) La asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo; b) Los incrementos por
antigüedad; c) La bonificación por servicios prestados; d) La prima de servicio; e) El subsidio de
alimentación; f) El auxilio de transporte; g) La prima de navidad; h) Los gastos de representación; i)
Los viáticos que reciban los funcionarios en comisión, dentro o fuera del país, cuando se hayan
percibido por un término no inferior a ciento ochenta (180) días en el último año de servicio; j) La prima
de vacaciones.
30
Artículo 9° de la Ley 797 de 2003: “a partir del 1° de enero del año 2005 el número de semanas
se incrementará en 50 y a partir del 1° de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta
llegar a 1.300 semanas en el año 2015”.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01513-00
Demandante: Gilberto Malagón García
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
52. A partir de las anteriores pautas y de analizar las pruebas aportadas al proceso,
así como los actos demandados, de cara al caso concreto, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, consideró:
“20. Con el propósito de resolver el asunto litigioso, es importante tener en cuenta
que el señor Gilberto Malangón García laboró como detective para el DAS del
23 de octubre de 1986 al 30 de diciembre de 2008, habiendo cumplido más de
20 años en dicha condición, por lo que la entonces CAJANA mediante
Resolución AMB 46189 del 28 de septiembre de 200731, le reconoció una
pensión de vejez con fundamento en el Decreto 1835 de 1994 y la Ley 860 de
2003, calculada con el 75% del promedio de lo cotizado durante los últimos 10
años de servicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100
de 1993.
(…)
31. De la misma manera, el Decreto 1835 de 1994 ni la Ley 860 de 1993 (sic)
preservaron para los aludidos detectives el IBL que preexistió a esos estatutos,
pues ambos se refieren al monto de la pensión, entendiendo esta como la tasa
de retorno pero no el IBL de la pensión, el cual, en todo caso, debe guardar
simetría con el ingreso base de cotización en virtud del principio de sostenibilidad
financiera del sistema de pensiones. Bajo esta condición, por expreso mandato
del parágrafo 432 del artículo 2 de la Ley 860 de 2003, el IBC de los detectives
del extinto DAS debía integrarse con los factores consagrados en el Decreto
1158 de 1994.
32. Pues bien, al examinar la sentencia cuestionada se observa que en la base
para liquidar la pensión incluyó como factores no reconocidos en las
Resoluciones 46189 de 2007 y 12771 de 2011 los siguientes rubros: doceavas
partes de la prima de navidad, prima de servicio y prima de vacaciones, factores
que no pueden ser tomados en cuenta para liquidar la pensión de jubilación bajo
los parámetros del régimen de transición consagrados en las normas antes
referidas, pues estas no precisaron cuál debía ser el lapso para calcular el IBL,
de manera que el periodo de simetría entre el IBC e IBL de la pensión para el
caso del accionado en su condición de ex detective del extinto DAS es el
correspondiente a los 10 años atrás del reconocimiento de la prestación.
35. En conclusión, si bien el señor Gilberto Malangón García es beneficiario
del régimen de transición del Decreto 1835 de 1994 y no como erradamente
lo arguyo la UGPP que lo era del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo cierto
es que en lo que respecta al IBL de su mesada, éste debe calcularse en los
términos de lo dispuesto en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993,
como bien lo hizo la Caja Nacional de Previsión Social al proferir las
Resoluciones 46189 del 28 de septiembre de 2007 y la Resolución No 12771
del 10 de octubre de 2011 y solo con los factores que fueron tenidos en cuenta
por la entidad, pues en el proceso no se acreditó que realizara cotizaciones sobre
otros factores.” (Negritas propias).
31
Folios 38 al 44 del cuaderno administrativo pensional del señor Gilberto Malangón García
32
PARÁGRAFO 4o. Ingreso base de cotización. El ingreso base de cotización para los servidores
públicos a que se refiere este artículo, estará constituido por los factores incluidos en el Decreto 1158
de 1994, adicionado en un 40% de la prima especial de riesgo a la que se refieren los artículos 1o y
2o del Decreto 2646 de 1994.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01513-00
Demandante: Gilberto Malagón García
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
53. Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que la autoridad judicial accionada no
incurrió en el defecto alegado, por lo que será negado, pues tuvo en cuenta que la
parte actora era beneficiaria del régimen de transición especial de los funcionarios
del DAS, toda vez que el artículo 2° de la Ley 860 de 2003 remite al artículo 4º del
Decreto 1835 de 1994, y el actor estaba vinculado a la entidad al momento de entrar
en vigor el citado decreto, ya que al 4 de agosto de 1994 laboraba para el DAS, por
ende, le eran aplicables las normas anteriores a la Ley 100 de 1993.
54. En ese sentido, es claro que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, adoptó una decisión razonable, pues, contario a lo alegado por el
actor, aplicó el régimen especial que le correspondía al señor Malagón García, sin
embargo, al momento de determinar el IBL, advirtió que este debía calcularse en los
términos de lo dispuesto en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y solo con
los factores frente a los cuales hubiere realizado las cotizaciones. Esto, en atención
a que el régimen de transición que lo gobernada (Decreto 1835 de 1994 y Ley 860
de 2003) solo preservó las condiciones de edad, tiempo de servicio o cotización y
tasa de reemplazo.
55. Igualmente agregó que, en procura de la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, independientemente del régimen que le fuera aplicable, debía liquidarse
conforme a los factores salariales frente a los cuales se realizaron efectivamente los
aportes, lo cual resulta razonable para esta Sala de cara a los recientes lineamientos
jurisprudenciales relacionados con la materia del IBL proferidos tanto por la Corte
Constitucional como del Consejo de Estado, que han avalado dicha tesis.
56. Desconocimiento del precedente: ahora bien, frente al presunto
desconocimiento de la sentencia del 28 de agosto de 2018 proferida por el Consejo
de Estado que, a juicio del actor, determinó que los casos donde operó la cosa
juzgada resultan inmodificables, el fallo cuestionado hizo un estudio detallado para
explicar por qué no aplicaba en el caso concreto.
57. En primer lugar indicó que la acción de revisión regulada en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003 facultaba el examen de fallos judiciales en los que se haya
reconocido una pensión o sumas periódicas de dinero en desconocimiento del
debido proceso o en cuantía que excediera lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva legalmente aplicable.
58. En ese orden, la autoridad judicial reprochada, consideró que no debía resolver
el caso con fundamento en la referida sentencia de unificación, debido a que esta se
refirió al recurso extraordinario de revisión y no a la acción de revisión de que trata
la Ley 797 de 2003, mecanismos que tienen en común el carácter de ser
extraordinarios más no son idénticos en su fin teleológico. Agregó lo siguiente: “las
pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01513-00
Demandante: Gilberto Malagón García
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron
con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso
extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa
tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada .”
59. Complementó que, la acción de revisión fue instituida con el fin de dotar a las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control de una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales
que se encuadraran en las causales a) y b) del artículo 20 ibidem, las cuales se
establecieron con el propósito de fortalecer el principio de moralidad y así afrontar el
tema de la corrupción que tanto perjudicaba las finanzas públicas, en tanto, el pago
de las pensiones se nutre de los recursos del erario.
60. De esta manera, el yerro será negado toda vez que la autoridad judicial
accionada no desconoció el mentado fallo de unificación, simplemente consideró que
si bien en el misma se estableció la regla de no modificar las sentencias
ejecutoriadas, lo cierto era que ello no aplicaba respecto a la acción de revisión, ya
que este mecanismo se instituyó precisamente para determinar si el reconocimiento
se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excedía lo
ordenado por la ley, lo que de manera necesaria implicaba que el fallador de la acción
extraordinaria volviera a estudiar el fondo del asunto, para determinar si la asignación
periódica ordenada se encontraba ajustada al ordenamiento jurídico o no, análisis
que se encuentra razonable para esta Sala.
61. Por otro lado, frente a la falta de aplicación de la sentencia de unificación del 1°
de agosto de 2013, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado N° 44001-23-31-000-2008-00150-01, se tiene que la misma no era
aplicable a su caso concreto, pues se centró en determinar bajo qué parámetros
procedía el reconocimiento de la prima de riesgo prevista en favor de los funcionarios
del DAS como factor para la liquidación de la pensión de jubilación, a saber: “i) haber
sido vinculado al servicio del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) con
anterioridad a la vigencia del Decreto 1835 de 1994 y/o estar cobijados por el régimen de
transición descrito en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; ii) haber ejercido los cargos cuyas
actividades se consideraran de alto riesgo, tales como detectives en sus distintos grados y
denominaciones de especializado, profesional y agente conforme al artículo 2.º del Decreto
1835 de 1994; iii) como consecuencia de lo anterior, deben estar pensionados bajo el
régimen especial consagrado en los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989; y por último,
iv) haber percibido durante el último año de servicios la prima de riesgo”.
62. Como se observa, el mentado pronunciamiento no aplicaba al asunto sub judice
dado que en la referida decisión se ordenó la inclusión de dicho emolumento solo
para efectos pensionales y el tema central del presente asunto es si se configuraron
en sede de revisión las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003 y, en ese sentido, establecer si era jurídicamente viable incluir en
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01513-00
Demandante: Gilberto Malagón García
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
la reliquidación de la pensión de jubilación del actor todos los factores devengados
en el año anterior al estatus de pensionado, por haber laborado por más de 20 años
en el DAS. Motivo por el cual, al no compartir similitud fáctica ni jurídica al caso objeto
de debate, su aplicación no era obligatoria por parte de la autoridad judicial
accionada, por lo que se negará el yerro propuesto.
63. Por último, frente al desconocimiento de la sentencia de tutela del Consejo de
Estado – Sección Cuarta con radicado N.° 11001-03-15-000-2018-01054-00 se
advierte que tampoco se configura el mencionado yerro, comoquiera que las
decisiones proferidas en sede de tutela, incluso por el Consejo de Estado, no
constituyen precedente, en tanto no son dictadas por la Sala Plena de la Corte
Constitucional como órgano de cierre de esa jurisdicción, de manera que sólo son
criterios auxiliares. El precedente se encuentra, por tanto, en sentencias de
unificación proferidas por las Altas Cortes, aquellas que aborden el estudio de
constitucionalidad de una norma (C) o las que sean proferidas por el órgano de cierre
en determinada materia, motivo por el cual será negado.
64. De la presunta vulneración del derecho a la igualdad: indicó que el fallo
cuestionado vulneró el principio de igualdad frente a los demás detectives del DAS
que actualmente se encuentran gozando de una pensión liquidada de acuerdo con
las normas pensionales del régimen especial del hoy extinto DAS como resultado de
providencias recientes proferidas en el marco de acciones de revisión, las cuales se
citan en el numeral 16 de esta providencia.
65. Al respecto la Sala advierte que, no se vulneró el derecho a la igualdad reclamado
por el señor Malagón García por cuanto los fallos alegados como desconocidos
fueron dictados por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
la cual es diferente a la que profirió la sentencia controvertida y, en tal sentido, dicha
conclusión no puede ser impuesta a la subsección que resolvió el proceso objeto del
sub examine, en garantía del principio de autonomía funcional.
66. En ese sentido, no se advierte vulneración alguna, pues las subsecciones de la
Sección Segunda del Consejo de Estado están conformadas por magistrados
distintos y en consecuencia, gozan de autonomía judicial e independencia, de tal
manera que no le resultan vinculantes ni obligatorias, motivo por el cual será negado
el referido yerro.
67. Por último, frente al argumento del actor consistente en que no se vulneró el
principio de sostenibilidad financiera, toda vez que mediante la Resolución N.° RDP
6045 del 21 de febrero de 2014 la UGPP se realizaron los descuentos a los aportes
salariales reconocidos en la sentencia del tribunal, lo cierto es que frente al análisis
de dicho acto administrativo, la autoridad judicial accionada estimó lo siguiente:
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01513-00
Demandante: Gilberto Malagón García
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
-Adujo que al confrontar la Resolución UGM 12771 del 10 de octubre de 2011 con la
Resolución RDP 6045 del 21 de febrero de 2014, a través de la cual la UGPP
reliquidó la pensión del demandado en cumplimiento del fallo judicial proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección segunda, subsección F de fecha
17 de septiembre de 2013, que dispuso se le tuvieran en cuenta las doceavas partes
de la prima de navidad, prima de servicio y prima de vacaciones, “se observa que
existe una diferencia de valor que asciende a la suma de seiscientos sesenta y siete mil
cuatros cientos treinta mil pesos ($667.430.oo) como quiera que en la primera de las
mencionadas resoluciones el monto de la pensión reconocida fue de un millón ciento
cincuenta y cinco mil doscientos cuarenta y nueve pesos ($1.155.249.oo) mientras que con
ocasión de la segunda, es decir, aquella que le dio cumplimiento al fallo aquí cuestionado,
la pensión quedó en un millón ochocientos veintidós mil seiscientos setenta y nueve pesos
($1.822.679.oo), suma esta última que excede lo debido conforme la ley.”
-Paso seguido, concluyó que si bien el señor Gilberto Malangón García era
beneficiario del régimen de transición del Decreto 1835 de 1994, lo cierto era que el
IBL debió calcularse en los términos de lo dispuesto en los artículos 21 y 36 de la
Ley 100 de 1993, como bien lo hizo la Caja Nacional de Previsión Social al proferir
la Resolución N.° 12771 del 10 de octubre de 2011 y solo con los factores que fueron
tenidos en cuenta por la entidad, pues en el proceso no acreditó que realizara
cotizaciones sobre otros factores.
-Indicó que el principio de sostenibilidad financiera del sistema propendía “porque el
sistema pueda obtener los recursos de financiamiento para sus afiliados e incluso para
aquellos que carecen de los medios para tal efecto, sin que este pueda ser quebrantado ante
la creación de beneficios desproporcionados para los pensionados, como lo es el
reconocimiento pensional de factores sobre los cuales no ha habido cotización y es por ello,
que con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, no solo se limitó la creación de
sistemas especiales, sino que también surgió la necesidad de restringir la interpretación de
los regímenes anteriores y en consecuencia, evitar la concesión de privilegios que vulneren
la estabilidad financiera del sistema.”
68. Por lo expuesto, el referido yerro será negado, pues de las pruebas allegadas al
proceso y de la aplicación de la ley que le era aplicable al actor, se concluyó de
manera razonable que al “no acreditarse que realizara cotizaciones sobre otros factores”,
lo cierto era que de cara al principio de sostenibilidad financiera y al Acto Legislativo
01 de 2005, para la liquidación de la pensiones solo se debían tener en cuenta los
factores frente a los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones,
situación que no quedó probada en el caso concreto.
2.7. Conclusión
69. El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B al proferir la sentencia
del 11 de noviembre de 2021 no incurrió en el defecto sustantivo, desconocimiento
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01513-00
Demandante: Gilberto Malagón García
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
del precedente ni vulneración al principio de igualdad alegados, toda vez que de
conformidad con lo expuesto resulta razonable la decisión controvertida, mediante la
cual se infirmó el fallo del ad quem ordinario, por encontrarse incurso en la causal de
revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al considerar
que el IBL debía calcularse en los términos de lo dispuesto en los artículos 21 y 36
de la Ley 100 de 1993 y solo con los factores frente a los cuales hubiere realizado
las cotizaciones.
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo deprecado por el señor Gilberto Malagón García, de
conformidad con la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, al día siguiente a su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Aclara voto
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01513-00
Demandante: Gilberto Malagón García
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.