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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01814-00

Fecha
26 de abril de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01814-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Declárase la falta de legitimación en la causa por activa del abogado Rafael Alberto Gaitán Gómez, para pedir la protección de los derechos constitucionales fundamentales de los señores Nicolás Achagua, Marcela Josefa Cediel Villalobos, Diana Alejandra Achagua Cediel y Dora Cecilia, Nicolás, Clarisa, Yojana, Sofía, Tirso y Juan Carlos Achagua Forero, conforme a la parte motiva. 2°. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia de la señora Dora Cecilia Forero de Achagua, en atención a lo expuesto en la motivación. 3°. Reconócese personería al profesional del derecho Rafael Alberto Gaitán Gómez, identificado con cédula de ciudadanía 4’090.574 y tarjeta profesional 58.011 del C. S. J., para actuar dentro del presente trámite en representación de la señora Dora Cecilia Forero de Achagua. 4º.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01814-00

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

26 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de abril de dos mil veintidós (2022)

Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2022-01814-001
Actores : Dora Cecilia Forero de Achagua, Nicolás Achagua,
Marcela Josefa Cediel Villalobos, Diana Alejandra
Achagua Cediel y Dora Cecilia, Nicolás, Clarisa,
Yojana, Sofía, Tirso y Juan Carlos Achagua Forero
Demandados : Magistrados del Tribunal Administrativo de Casanare
Tema : Tutela contra providencia judicial; derechos
constitucionales fundamentales a la igualdad, debido
proceso y acceso a la administración de justicia

Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del
trámite relacionado con la acción de tutela incoada por los señores Dora
Cecilia Forero de Achagua, Nicolás Achagua, Marcela Josefa Cediel
Villalobos, Diana Alejandra Achagua Cediel y Dora Cecilia, Nicolás, Clarisa,
Yojana, Sofía, Tirso y Juan Carlos Achagua Forero contra los señores
magistrados del Tribunal Administrativo de Casanare, por la presunta
vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales a la igualdad,
debido proceso y acceso a la administración de justicia.

I. ANTECEDENTES

1.1 La solicitud de amparo. Los señores Dora Cecilia Forero de Achagua,
Nicolás Achagua, Marcela Josefa Cediel Villalobos, Diana Alejandra Achagua
Cediel y Dora Cecilia, Nicolás, Clarisa, Yojana, Sofía, Tirso y Juan Carlos
Achagua Forero, quienes actúan a través de apoderado, presentan acción de
tutela con el fin de que se les protejan las garantías superiores a las que se hizo
referencia, presuntamente quebrantadas por los señores magistrados del
Tribunal Administrativo de Casanare.

Como consecuencia de lo anterior, piden se deje sin efectos el fallo de 16 de
septiembre de 2021, por medio del cual el Tribunal Administrativo de
Casanare confirmó el de 10 de diciembre de 2020, con el que el Juzgado
Administrativo de Descongestión de Yopal declaró probada la excepción de
caducidad2 del proceso de reparación directa que promovieron contra la

1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
2
Opuesta por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.

Expediente: 11001-03-15-000-2022-01814-00
Dora Cecilia Forero de Achagua y otros contra los señores magistrados del Tribunal
Administrativo de Casanare

Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional (expediente
85001-33-33-001-2015-00414-01); en su lugar, se ordene a las autoridades
accionadas dictar una nueva providencia en la que indiquen que ese asunto
contencioso-administrativo se formuló oportunamente.

1.2 Hechos. Relatan los accionantes que el 18 de diciembre de 2007 el señor
Leonardo Achagua Forero (q. e. p. d.) le dijo «[…] a su compañera […] que
iría al municipio de Aguazul a acompañar a un amigo […]», sin embargo,
volvieron a saber de él hasta el 22 siguiente, cuando se halló su cadáver en el
cementerio de Tauramenta (Casanare).

Que tuvieron conocimiento de que el señor Achagua Forero (q. e. p. d.) fue
asesinado el 19 de diciembre de 2007 durante un operativo militar que
perpetraron, en horas de la madrugada, en la vereda Chitamena de Tauramenta,
miembros del Ejército Nacional, en cumplimiento de la «[…] “Misión Táctica
Sagitario – Orden Fragmentaria N° 173 Demoledor”, basados en aparentes
fuentes de inteligencia humana e información que indicaba la presencia de
cinco (5) sujetos pertenecientes a las BACRIM, quienes presuntamente vestían
prendas de uso exclusivo de las fuerzas militares, dedicándose al robo de
ganado e intimidando a los campesinos de la región […]».

Dicen que, por lo anterior, el 9 de septiembre de 2015 promovieron medio de
control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional (expediente 85001-33-33-001-2015-00414-01),
con el propósito de que se le declarara administrativamente responsable de los
perjuicios producidos por el referido homicidio y se ordenara la
correspondiente compensación monetaria.

Que del asunto contencioso-administrativo conoció el Juzgado Administrativo
de Descongestión de Yopal que, con sentencia de 10 de diciembre de 2020,
declaró probada la excepción de caducidad opuesta por el ente demandado,
decisión contra la cual interpusieron recurso de apelación.

Sostienen que la alzada fue desatada el 16 de septiembre de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Casanare, en el sentido de confirmar la
determinación recurrida, toda vez que la demanda no se instauró dentro de los
2 años siguientes a la ocurrencia del hecho dañoso, lapso considerado por el
Consejo de Estado como el adecuado para reclamar ante la jurisdicción
contencioso-administrativa la reparación de agravios relacionados con
violaciones de derechos humanos.

2

Expediente: 11001-03-15-000-2022-01814-00
Dora Cecilia Forero de Achagua y otros contra los señores magistrados del Tribunal
Administrativo de Casanare

Que la providencia atacada incurre en desconocimiento del precedente,
comoquiera que desatendió el criterio de la Corte Constitucional3 y el Consejo
de Estado4, vigente para la fecha en que se formuló la demanda, según el cual
en los casos de lesa humanidad no operaba la caducidad; para aplicar «[…] la
sentencia de unificación [de 29 de enero de 2020], […] [a pesar de que el
litigio se promovió] con anterioridad a su emisión».

II. TRÁMITE PROCESAL

Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a través
de auto de 29 de marzo de 2022, admitió este trámite constitucional, ordenó
notificar a los señores magistrados del Tribunal Administrativo de Casanare,
dispuso vincular al señor Ministro de Defensa Nacional5, en los términos
previstos en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, y requirió del abogado
Rafael Alberto Gaitán Gómez los poderes a él otorgados por los señores Dora
Cecilia Forero de Achagua, Nicolás Achagua, Marcela Josefa Cediel
Villalobos, Diana Alejandra Achagua Cediel y Dora Cecilia, Nicolás, Clarisa,
Yojana, Sofía, Tirso y Juan Carlos Achagua Forero, para actuar en su
representación dentro de estas diligencias, por cuanto no fueron allegados con
el escrito inicial.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 Los señores magistrados del Tribunal Administrativo de Casanare,
mediante el ponente de la sentencia acusada, piden negar el amparo deprecado,
habida cuenta de que su decisión «[…] se ajust[a] al ordenamiento, a los
lineamientos jurisprudenciales y est[á] sustentad[a] en las pruebas allegadas
al proceso, lo que desvirtúa la presunta vulneración de los derechos aducidos
por la parte tutelante».

2.1.2 El señor Ministro de Defensa Nacional, a través de la señora
coordinadora del grupo contencioso-constitucional de esa cartera, arguye que
«[…] la acción de tutela [de la referencia] no tiene vocación de prosperidad ya
que los fundamentos de Derecho esbozados en la sentencia [objeto de
discusión] […], para decidir sobre los requisitos para contabilizar la

3
En sentencias de tutela (i) T-352 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y (ii) T-296 de 2018, M.
P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
4
En fallos de tutela de (i) 20 de junio de 2011, expediente 11001-03-15-000-2011-00655, C. P. Alfonso
Vargas Pinzón, y (ii) 12 de febrero, 12 de marzo y 7 de septiembre de 2015, expedientes 11001-03-15-000-
2014-00747-01, C. P. Alberto Yepes Barreiro, 1100-03-15-000-2014-01352-01, C. P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez, y 11001-03-15-000-2015-01676-00, C. P. Alberto Yepes Barreiro.
5
Como representante de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.

3

Expediente: 11001-03-15-000-2022-01814-00
Dora Cecilia Forero de Achagua y otros contra los señores magistrados del Tribunal
Administrativo de Casanare

caducidad en delitos de lesa humanidad (a excepción de la desaparición
forzada) se encuentran ajustados a los parámetros de convencionalidad y
derechos humanos sin que se encuentr[e] que ha vulnerado derecho
fundamental alguno».

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas de
reparto de la acción de tutela, previstas en los Decretos 1382 de 2000 y 1983
de 2017, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por
los accionantes, quienes aducen quebranto de sus derechos constitucionales a
la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia.

3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Cuestión preliminar. La acción de la referencia fue incoada por el
abogado Rafael Alberto Gaitán Gómez, quien adujo actuar como apoderado de
los tutelantes, sin embargo, no allegó los poderes otorgados por ellos, motivo
por el cual en el auto admisorio de 29 de marzo de 2022 se requirió que los
arrimara a las presentes diligencias dentro de los dos (2) días siguientes a la
notificación de ese proveído.

No obstante, en cumplimiento de lo exigido, solo adosó el mandato judicial a
él conferido por la señora Dora Cecilia Forero de Achagua, pero no por los
señores Nicolás Achagua, Marcela Josefa Cediel Villalobos, Diana Alejandra
Achagua Cediel y Dora Cecilia, Nicolás, Clarisa, Yojana, Sofía, Tirso y Juan
Carlos Achagua Forero, razón por la que se declarará la falta de legitimación
en la causa por activa del mencionado profesional del derecho para deprecar la
protección de los derechos constitucionales fundamentales de estos últimos,
máxime cuando no se observa que sobre ellos se configuren los requisitos de la

4

Expediente: 11001-03-15-000-2022-01814-00
Dora Cecilia Forero de Achagua y otros contra los señores magistrados del Tribunal
Administrativo de Casanare

agencia oficiosa, de conformidad con el artículo 106 del Decreto ley 2591 de
1991.

3.4 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional
fundamental que pueda comportar la sentencia de 16 de septiembre de 2021,
por cuyo conducto el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó la de 10
de diciembre de 2020, con la que el Juzgado Administrativo de Descongestión
de Yopal declaró probada la excepción de caducidad7 del proceso de
reparación directa que promovió la tutelante, junto con su familia, contra la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional (expediente
85001-33-33-001-2015-00414-01); y, en caso afirmativo, si se han vulnerado
las garantías superiores a la igualdad, debido proceso y acceso a la
administración de justicia invocadas en la solicitud de amparo.

3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza
de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de
tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia
revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia
fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura
cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos
protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto
fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento
probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos
6
«La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no este en condiciones de
promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales».
7
Opuesta por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.

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Dora Cecilia Forero de Achagua y otros contra los señores magistrados del Tribunal
Administrativo de Casanare

eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de
unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las
cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional
destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez.
(iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna
y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que el actor
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso
judicial siempre que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que
hace la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
procedente.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-01814-00
Dora Cecilia Forero de Achagua y otros contra los señores magistrados del Tribunal
Administrativo de Casanare

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución,
que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho,
vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión
de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos
fundamentales.

Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales8, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 20129, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando
vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los
parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con
anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos10.

8
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31
de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis
Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de
2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C.
P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8)
16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
9
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
10
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp.
2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-01814-00
Dora Cecilia Forero de Achagua y otros contra los señores magistrados del Tribunal
Administrativo de Casanare

Por último, en el fallo de 5 de agosto de 201411, proferido por la sala plena de
lo contencioso-administrativo, por importancia jurídica, se unificó el criterio
de que esta acción constitucional procede siempre y cuando se respete el
principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales
y específicos precisados por la Corte Constitucional, entre los que destacaron
el de inmediatez y subsidiariedad.

3.6 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se constata que:
(i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la
presunta vulneración de los derechos constitucionales fundamentales a la
igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia; (ii) contra la
decisión objeto de censura no procede recurso alguno, en atención a que fue
emitida en segunda instancia y se encuentra ejecutoriada; (iii) se establecieron
los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías
superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la decisión
atacada quedó ejecutoriada el 23 de septiembre de 202112 y la solicitud de
amparo se instauró el 23 de marzo de 2022, es decir, dentro de un término
prudencial (6 meses); y (v) la sentencia acusada no fue dictada en una acción
de tutela.

En razón a que se colman los anteriores presupuestos, esta Sala examinará el
fondo del asunto bajo la causal específica denominada desconocimiento del
precedente alegada por la actora.

3.6.1 Desconocimiento del precedente. Sobre el particular se precisa que el
desconocimiento del precedente tiene dos modalidades: (i) como causal
autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se
trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el
desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen en el
artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados

Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de
2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de
febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P.
Gerardo Arenas Monsalve.
11
Sentencia de unificación, proferida por la sala plena de lo contencioso-administrativo el 5 de agosto de
2014, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
12
Notificada por correo electrónico el 20 de septiembre de 2021.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-01814-00
Dora Cecilia Forero de Achagua y otros contra los señores magistrados del Tribunal
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por la Corte Constitucional en su jurisprudencia13, y la segunda hace referencia
a cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o
vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia
adolece de un defecto sustantivo14 conforme a los principios del debido
proceso, igualdad y buena fe15.

En el caso sub examine la demandante sostiene que la decisión reprochada
adolece de desconocimiento del precedente, comoquiera que desatendió el
criterio de la Corte Constitucional16 y del Consejo de Estado17, vigente para la
fecha en que presentó la demanda, consistente en que en los casos de lesa
humanidad no operaba la caducidad; para aplicar «[…] la sentencia de
unificación [de 29 de enero de 2020], […] [a pesar de que el litigio lo
promovió] con anterioridad a su emisión».

Con el propósito de determinar si el anterior argumento tiene o no asidero
jurídico, cabe anotar que la caducidad es una institución jurídico-procesal que
tiene como fin regular el tiempo con el que cuentan las personas para ejercer el
derecho de acción, es decir, para acudir ante la administración de justicia en
aras de dirimir controversias, con lo que se materializa el principio de
seguridad jurídica, porque evita que un conflicto permanezca sin solución
indefinidamente. Esta se configura cuando no se instauran los medios
judiciales dentro del término otorgado en la normativa, lo que imposibilita al
juez decidir de fondo el asunto18.

13
Sentencia T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a
desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias
de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de
constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe
acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad
condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional
a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela».
14
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995
M. P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P.
Jorge Iván Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
15
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P.
Jorge Iván Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
16
En sentencias de tutela (i) T-352 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y (ii) T-296 de 2018,
M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
17
En fallos de tutela de (i) 20 de junio de 2011, expediente 11001-03-15-000-2011-00655, C. P. Alfonso
Vargas Pinzón, y (ii) 12 de febrero, 12 de marzo y 7 de septiembre de 2015, expedientes 11001-03-15-000-
2014-00747-01, C. P. Alberto Yepes Barreiro, 1100-03-15-000-2014-01352-01, C. P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez, y 11001-03-15-000-2015-01676-00, C. P. Alberto Yepes Barreiro.
18
Consejo de Estado, sección tercera, subsección C, sentencia de 21 de febrero de 2011, C. P. Olga Mélida
Valle de De La Hoz, expediente: 52001-23-31-000-2010-00214-01 (39360).

9

Expediente: 11001-03-15-000-2022-01814-00
Dora Cecilia Forero de Achagua y otros contra los señores magistrados del Tribunal
Administrativo de Casanare

La letra i del numeral 2 del artículo 164 del CPACA preceptúa que la demanda
de reparación directa debe presentarse, como regla general, dentro de los dos
(2) años siguientes a la ocurrencia de la acción u omisión que produjo el daño
que se pretende indemnizar, motivo por el cual si se promueve luego de dicho
lapso, acontece la caducidad. El tenor de la mencionada norma prevé:

La demanda deberá ser presentada:

[…]

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

[…]

i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse
dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de
la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha
posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la
fecha de su ocurrencia.

Por su parte, el artículo 13 de la Ley 1285 de 200919 señala que cuando los
litigios que se ventilan a través del medio de control de reparación directa,
entre otros mecanismos judiciales, son transigibles, la conciliación «siempre
constituirá requisito de procedibilidad», por lo que su agotamiento está sujeto
a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 640 de 200120, el cual estipula que la
presentación de la solicitud de aquella suspende la caducidad hasta cuando
concurra alguno de los presupuestos allí previstos. Dicho precepto consagra:

La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho
ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad,
según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el
acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea
exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el
artículo 2[21]. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3)

19
«Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia».
20
«Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones».
21
«El conciliador expedirá constancia al interesado en la que se indicará la fecha de presentación de la
solicitud y la fecha en que se celebró la audiencia o debió celebrarse, y se expresará sucintamente el asunto
objeto de conciliación, en cualquiera de los siguientes eventos:
1. Cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo.
2. Cuando las partes o una de ellas no comparezca a la audiencia. En este evento deberán indicarse
expresamente las excusas presentadas por la inasistencia si las hubiere.
3. Cuando se presente una solicitud para la celebración de una audiencia de conciliación, y el asunto de que
se trate no sea conciliable de conformidad con la ley. En este evento la constancia deberá expedirse dentro de
los 10 días calendario siguientes a la presentación de la solicitud.

10

Expediente: 11001-03-15-000-2022-01814-00
Dora Cecilia Forero de Achagua y otros contra los señores magistrados del Tribunal
Administrativo de Casanare

meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta
suspensión operará por una sola vez y será improrrogable.

En virtud del citado mandato, una vez se configure alguna de esas situaciones,
se reanuda el término para instaurar la demanda contencioso-administrativa de
reparación directa, por lo que esta debe incoarse antes de que el período
computable para la caducidad sume más de dos (2) años, plazo que está
constituido por los lapsos comprendidos entre la fecha de la ocurrencia del
daño antijurídico que se pretende resarcir y la presentación de la solicitud de
conciliación, y desde el momento en que acontece alguno de los sucesos
enunciados en la norma transcrita hasta la interposición del escrito inicial.

Ahora bien, en el evento en que los dos (2) años de que trata la letra i del
numeral 2 del artículo 164 del CPACA finalicen un día feriado o vacante, el
medio de control debe promoverse el primer día hábil siguiente, tal como lo
autoriza el artículo 6222 del Código de Régimen Político y Municipal.

Por otro lado, debe advertirse que esta Corporación no tenía una posición
uniforme respecto de la caducidad cuando la demanda de reparación directa
versaba sobre graves violaciones de derechos humanos, pues coexistían dos
criterios, uno que indicaba que en esos asuntos no era dable exigir su
presentación dentro de determinado tiempo23, y otro según el cual esa figura
procesal aplicaba también en dichos casos, porque la imprescriptibilidad de la
acción penal no relevaba a la víctima de acudir oportunamente a la
jurisdicción contencioso-administrativa24.

En todo caso, junto con la constancia se devolverán los documentos aportados por los interesados. Los
funcionarios públicos facultados para conciliar conservarán las copias de las constancias que expidan y los
conciliadores de los centros de conciliación deberán remitirlas al centro de conciliación para su archivo».
22
«En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de
vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el
último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil».
23
Sección tercera, subsección C, sentencia de 5 de septiembre de 2016, C. P. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa, expediente 05001-23-33-000-2016-00587-01: «[…] el caso […] sometido a un análisis sumario de
la información que reposa en el escrito de demanda, así como en la alzada, encuentra diversos elementos de
juicio que le llevan a sostener que los hechos que rodearon la muerte del señor Marceliano Medellín Narváez
y el desplazamiento forzado de su familia por estos hechos, podrían llegar a ser constitutivos de actos de lesa
humanidad, operando, como consecuencia la regla de la imprescriptibilidad del medio de control en este
preciso asunto».
24
Sección tercera, subsección A, sentencia de 13 de mayo de 2015, C. P. Hernán Andrade Rincón, expediente
18001-23-33-000-2014-00072-01: «[…] las normas [del Estatuto de Roma y Convención sobre la
imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad de 1968] declaran la
imprescriptibilidad de los delitos calificados como de lesa humanidad y de guerra - Derecho Internacional
Humanitario - para que se pueda adelantar la acción penal en contra de los presuntos autores, a fin de evitar
graves violaciones a los derechos humanos y para garantizar que la acción investigativa del Estado se lleve a
cabo, pero no establecen la inoperancia de la caducidad de la acción contencioso administrativa tendiente a
que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado.
[…]

11

Expediente: 11001-03-15-000-2022-01814-00
Dora Cecilia Forero de Achagua y otros contra los señores magistrados del Tribunal
Administrativo de Casanare

Tal discrepancia fue zanjada mediante sentencia de unificación de 29 de enero
de 2020, en la que la Corporación (sección tercera)25 precisó que en medios de
control de reparación directa relacionados con graves violaciones de derechos
humanos, era dable que se estudiara la configuración de la caducidad, salvo
que los demandantes no contaran con elementos de juicio para atribuirle el
daño antijurídico a la Administración. Sobre el particular, se anotó:

[…] en nuestro ordenamiento, frente a la caducidad de la pretensión de
reparación directa, se encuentra consagrado un supuesto que aplica a
todos los eventos, incluidos aquellos en los que se invocan delitos de lesa
humanidad y crímenes de guerra, relacionado con el conocimiento de las
situaciones que permiten deducir la participación y responsabilidad del
Estado, como supuesto habilitante para exigir el plazo para demandar
[…].

[…] la Sección Tercera aclara que, mientras no se cuente con elementos
de juicio para inferir que el Estado estuvo implicado en la acción u
omisión causante del daño y que le era imputable el daño, el plazo de
caducidad de la reparación directa no resulta exigible […]».

Ahora bien, se tiene que los magistrados accionados, en el fallo objeto de
censura, concluyeron:

2.1.2.- El Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, en sentencia de
unificación emitida el 29 de enero de 2020, proferida dentro de la
radicación 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033) unificó lo
relacionado con la caducidad del medio de control de reparación directa
cuando se trate de delitos de lesa humanidad y de los relacionados con
crímenes de guerra, en los siguientes términos:

[…] i) en tales eventos resulta aplicable el término para demandar
establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la
desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa
desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la
participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la
posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el
término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que
hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción
y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley”.

[…]

Así pues, no pueden confundirse la caducidad y la prescripción, pues son dos figuras muy diferentes: La
caducidad es un fenómeno procesal, mientras que la prescripción es de carácter sustancial […]».
25
C. P. Martha Nubia Velásquez Rico, expediente 85001-33-33-002-2014-00144-01.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-01814-00
Dora Cecilia Forero de Achagua y otros contra los señores magistrados del Tribunal
Administrativo de Casanare

El análisis de las piezas procesales y del material probatorio obrante en el
proceso permite establecer lo siguiente, con relación al asunto objeto de
apelación:

a.- En la demanda se señalan, entre otras situaciones fácticas, las
siguientes:

Ø Leonardo Achagua Forero salió de su casa el 18 de diciembre del
año 2007 con destino al municipio de Aguazul en compañía de un
amigo.

Ø El 22 de diciembre, la ciudadana Zuleima Guerrero le informó a
Marcela Josefa Cediel, que era la compañera permanente de Leonardo
Achagua Forero, que en el cementerio de Tauramena había tres
cadáveres. Por esta razón acudió a ese lugar y se percató de que uno de
ellos era de Leonardo Achagua Forero.

Se agrega que “los familiares de LEONARDO ACHAGUA FORERO
(Q.E.P.D.), tuvieron conocimiento que al parecer él había sido
asesinado en un supuesto enfrentamiento armado presentado en la
vereda Chitamena del municipio de Tauramena-Casanare en la finca La
Dorada de propiedad del ganadero Carlos Gabriel López Chaparro –
conocido como el negro López-.

Como se observa en la demanda se confiesa que los demandantes se
enteraron de la ocurrencia de los hechos en el año 2007.

b.- El material probatorio permite inferir que quienes causaron la
muerte de Leonardo Achagua Forero fueron miembros del Ejército
Nacional y según informe obrante en el proceso ocurrió en desarrollo
de la misión táctica Sagitario que tuvo lugar en 19 de diciembre de
2007 en la vereda Chitamena del municipio de Tauramena y fueron las
autoridades competentes las que realizaron el levantamiento de cadáver
y los demás actos urgentes.

[…]

En consecuencia, al estar acreditado que la parte actora tuvo conocimiento
de los hechos en el año 2007 y que la demanda la impetró en el año 2015
sin que hubiese existido algún motivo que le hubiera imposibilitado acudir
a la administración de justicia, se confirmará la decisión recurrida.

De lo expuesto se colige que los magistrados accionados, por una parte,
atendieron el criterio adoptado en el fallo de unificación de 29 de enero de
2020 de la sección tercera del Consejo de Estado26, según el cual los procesos
de reparación directa referentes a graves violaciones de derechos humanos,

26
C. P. Martha Nubia Velásquez Rico, expediente 85001-33-33-002-2014-00144-01.

13

Expediente: 11001-03-15-000-2022-01814-00
Dora Cecilia Forero de Achagua y otros contra los señores magistrados del Tribunal
Administrativo de Casanare

están sujetos al término para acudir de manera oportuna a la jurisdicción
contencioso-administrativa previsto en el artículo 164 del CPACA, con
excepción de que los demandantes estuvieran bajo alguna circunstancia que les
impidiera demandar; y, por otro lado, determinaron que las pruebas aportadas
al expediente ordinario acreditaban que los accionantes tuvieron conocimiento
del fallecimiento del señor Leonardo Achagua Forero (q. e. p. d.) en el 2007, y
que aquel se produjo con ocasión de un operativo militar del Ejército Nacional,
razón por la cual era dable declarar probada la excepción de caducidad en ese
asunto.

Efectuadas las anteriores precisiones jurídicas, en el asunto sub judice la Sala
evidencia que el argumento de la actora, consistente en que se inobservó el
criterio de que la caducidad no opera en las demandas de reparación directa
relacionadas con graves violaciones de derechos humanos, carece de asidero
jurídico, pues, aunque al momento en que la promovió (2015) existía
disparidad al respecto, lo cierto es que, se reitera, esa discrepancia fue zanjada
mediante la mencionada sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, la
cual constituye el precedente vigente y vinculante de esta Corporación en la
materia, en la que se determinó que los medios de control de reparación directa
sobre esos asuntos debían incoarse dentro de los 2 años siguientes a la
ocurrencia del hecho dañoso, salvo que se evidenciaran circunstancias que le
impidieran a los demandantes instaurarlos en ese lapso, lo cual no ocurrió en el
asunto sub judice.

Ahora bien, de las pruebas allegadas al expediente se desprende que la
accionante, junto con su familia, (i) en los hechos 1527, 1628 y 1729 del escrito
introductorio sostuvo que el 18 de diciembre de 2007 el señor Leonardo
Achagua Forero (q. e. p. d.) le dijo a su pareja que iría con un amigo a
Aguazul, sin embargo, ella no tuvo noticias suyas, sino hasta el 22 de los
mismos mes y año cuando se le informó que en el cementerio de Tauramena se
27
«[…] El día 18 de [d]iciembre del año 2007, en horas de la tarde LEONARDO ACHAGUA FORERO
(Q.E.P.D) le indicó a su compañera MARCELA JOSEFA CEDIEL que iría al municipio de Aguazul a
acompañar a un amigo; a partir de ese momento no lo volvió a ver y misteriosamente desapareció».
28
«[…] Los familiares de LEONARDO ACHAGUA FORERO (Q.E.P.D.) no volvieron a tener noticias de él,
hasta 22 de diciembre de 2007 cuando ZULEIMA GUERRERO la hermana de ALEXIS GREGORIO
GUERRERO (Q.E.P.D) le informó a MARCELA JOSEFA CEDIEL que en el cementerio de Tauramena
habían tres cadáveres, posiblemente el de su compañero desaparecido. Ese mismo día se hizo presente en el
municipio de Tauramena donde realizó reconocimiento al cadáver, luego ante el Despacho de la Fiscalía
Séptima Delegada ante el Juzgado promiscuo Municipal de Tauramena-Casanare, manifestando que
habiendo observado el cadáver, tal cuerpo pertenecía a su esposo quien en vida respondía al nombre de
LEONARDO ACHAGUA FORERO».
29
«[…] Los familiares de LEONARDO ACHAGUA FORERO (Q.E.P.D.), tuvieron conocimiento que al
parecer él había sido asesinado en un supuesto enfrentamiento armado presentado en la vereda Chitamena
del municipio de Tauramena-Casanare Casanare en la finca La Dorada de propiedad del ganadero CARLOS
GABRIEL LÓPEZ CHAPARRO –conocido como el negro López-».

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-01814-00
Dora Cecilia Forero de Achagua y otros contra los señores magistrados del Tribunal
Administrativo de Casanare

habían encontrado tres cadáveres, por lo cual ese día se dirigió a dicho lugar,
donde reconoció que uno de aquellos correspondía al del señor Achagua
Forero, y, posteriormente, se tuvo conocimiento de que al parecer él había sido
asesinado por supuestos miembros del Ejército Nacional en un enfrentamiento
armado en la vereda Chitamena de Tauramena; (ii) el 26 de febrero de 2015
presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la procuraduría ciento
ochenta y dos (182) judicial I para asuntos administrativos, diligencia que se
declaró fallida, según acta de 10 de agosto de ese año; y (iii) el 9 de septiembre
siguiente promovió medio de control de reparación directa contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional (expediente 85001-33-33-
001-2015-00414-01), con el propósito de que se le declarara
administrativamente responsable de los perjuicios producidos por el referido
homicidio y se ordenara la correspondiente compensación monetaria.

En ese orden de ideas, como la demandante supo que el homicidio del señor
Leonardo Achagua Forero (q. e. p. d.) ocurrió en diciembre de 2007 y que lo
perpetraron presuntos agentes del Estado, debió endilgarle responsabilidad
extracontractual a la Administración, mediante demanda de reparación directa,
dentro de los 2 años siguientes a ese hecho30, pero no lo hizo, pues hasta el
2015 la presentó, plazo que imponía declarar probada la excepción de
caducidad, como lo determinaron las autoridades demandadas.

Así las cosas, se concluye que la providencia censurada no adolece de
desconocimiento del precedente, por el contrario, en la providencia acusada se
atendió la postura del Consejo de Estado fijada en la sentencia de unificación
de 29 de enero de 2020, la cual contiene el criterio vigente de esta
Corporación sobre la materia.

A partir de los anteriores prolegómenos y comoquiera que en la providencia
objeto de censura no se configura el desconocimiento del precedente, esta Sala
negará el amparo deprecado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
30
Conforme también lo disponía la normativa vigente en esa época, esto es, el artículo 136 (numeral 8) del
Código Contencioso Administrativo (CCA), así:
«Caducidad de las acciones:
[…]
8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día
siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación
temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra
causa.
[…]».

15

Expediente: 11001-03-15-000-2022-01814-00
Dora Cecilia Forero de Achagua y otros contra los señores magistrados del Tribunal
Administrativo de Casanare

nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1º. Declárase la falta de legitimación en la causa por activa del abogado Rafael
Alberto Gaitán Gómez, para pedir la protección de los derechos
constitucionales fundamentales de los señores Nicolás Achagua, Marcela
Josefa Cediel Villalobos, Diana Alejandra Achagua Cediel y Dora Cecilia,
Nicolás, Clarisa, Yojana, Sofía, Tirso y Juan Carlos Achagua Forero, conforme
a la parte motiva.

2°. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales a la
igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia de la señora
Dora Cecilia Forero de Achagua, en atención a lo expuesto en la motivación.

3°. Reconócese personería al profesional del derecho Rafael Alberto Gaitán
Gómez, identificado con cédula de ciudadanía 4’090.574 y tarjeta profesional
58.011 del C. S. J., para actuar dentro del presente trámite en representación de
la señora Dora Cecilia Forero de Achagua.

4º. Notifíquese esta providencia en la forma y término previstos en el artículo
30 del Decreto ley 2591 de 1991.

5°. Si este fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, envíese el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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