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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-02537-00

Fecha
15 de junio de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-02537-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por los señores Dora Cecilia Forero de Achagua, Nicolás Achagua, Marcela Josefa Cediel Villalobos, Dania Alejandra Achagua Cediel, Dora Cecilia Achagua Forero, Nicolás Achagua Forero, Clarisa Achagua Forero, Yojaina Achagua Forero, Sofía Achagua Forero, Tirso Achagua Forero y Juan Carlos Achagua Forero contra el Tribunal Administrativo de Casanare. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-02537-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

15 de junio de 2023

Demandantes: Dora Cecilia Forero de Achagua y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02537-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02537-00
Demandantes: DORA CECILIA FORERO DE ACHAGUA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE

Temas: Tutela contra providencia judicial dictada en cumplimiento de
orden de tutela. Declara improcedente por no superar el
requisito de agotamiento de todos los medios de defensa.
Incidente de desacato medio eficaz e idóneo - artículo 27 del
Decreto 2591 de 1991.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por la señora Dora Cecilia
Forero de Achagua y otros contra el Tribunal Administrativo de Casanare, de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

Los señores Dora Cecilia Forero de Achagua, Nicolás Achagua, Marcela Josefa
Cediel Villalobos, Dania Alejandra Achagua Cediel, Dora Cecilia Achagua Forero,
Nicolás Achagua Forero, Clarisa Achagua Forero, Yojaina Achagua Forero, Sofía
Achagua Forero, Tirso Achagua Forero y Juan Carlos Achagua Forero, a través de
apoderado, presentaron acción de tutela1 con el fin de que se protejan sus
derechos fundamentales a «la igualdad (Art. 13 C.N.), al debido proceso (Art. 29
C.N.), a la reparación integral derivada de la responsabilidad patrimonial del
Estado (Art. 90 C.N.) y al acceso a la Administración de Justicia (Art. 229 C.N.)».

Las mencionadas garantías constitucionales las estimaron vulneradas con ocasión
de la providencia de 10 de noviembre de 20222, mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Casanare confirmó la decisión de 10 de diciembre de 2020,

1 Con escrito radicado el 15 de mayo de 2023, a través del buzón electrónico de la Secretaría

General del Consejo de Estado.
2 Dictada en reemplazo de la sentencia de 16 de septiembre de 2021, como consecuencia de la

orden de tutela impartida el 29 de septiembre de 2022, por la Sección Primera del Consejo de
Estado, en el expediente 11001-03-15-000-2022-01814-00/01.

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Demandantes: Dora Cecilia Forero de Achagua y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02537-00

dictada por el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de
Yopal que declaró probada de oficio la excepción de caducidad del medio de
control de reparación directa interpuesto por los actores contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional; y que se identificó con el
radicado 85001-33-33-001-2015-00414-00/01.

1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó lo siguiente:

PRINCIPALES

PRIMERO: Que por favor y en honor de la supremacía de la Constitución Política
de Colombia y del Estado de derecho (Arts. 1°, 2º, 4°, 93 y 94 C.N.) y en garantía
de los artículos 1.1., 2, 5.1., 8.1., 11, 17.1., 19, 24, 25 y 29 de la Convención
Interamericana de Derechos Humanos, en armonía con el artículo 27 de la
Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, los artículos 3 y 14.1., del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 3 y 131 de la
Convención de Ginebra, los principios 1, 23 y 32 del Conjunto de principios
actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la
lucha contra la impunidad adoptado en febrero 8 de 2005 por la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas y aprobado en el 61° período de la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los capítulos I, II, III, IV,
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII de los Principios y directrices básicos sobre el derecho
de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de
derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a
interponer recursos y obtener reparaciones contenidos en la Resolución 60/147 de
16 de diciembre de 2005 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con
efectos inter comunis o inter pares sean tutelados los derechos fundamentales de
acceso a la Administración de Justicia en prevalencia del derecho sustancial (Arts.
228 y 229 C.N.), a la integridad personal (Art. 12 C.N.), a la igualdad (Art. 13 C.N.),
al debido proceso (Art. 29 CN) y a la reparación integral derivada de la
responsabilidad patrimonial del Estado (Art. 90 C.N.), en favor de DORA CECILIA
FORERO DE ACHAGUA (Madre), NICOLAS ACHAGUA (Padre), MARCELA
JOSEFA CEDIEL VILLALOBOS (Compañera permanente), DANIA ALEJANDRA
ACHAGUA CEDIEL (Hija), DORA CECILIA ACHAGUA FORERO (Hermana),
NICOLAS ACHAGUA FORERO (Hermano), CLARISA ACHAGUA FORERO
(Hermana), YOJAINA ACHAGUA FORERO (Hermana), SOFIA ACHAGUA
FORERO (Hermana), TIRSO ACHAGUA FORERO (Hermano) y JUAN CARLOS
ACHAGUA FORERO (Hermano), los cuales les fueron vulnerados dentro del
proceso de reparación directa con radicado No. 85001-3333-001-2015-00414-01
iniciado por ellos contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional y Ejército
Nacional, por causa de la decisión judicial adoptada por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE en la sentencia de fecha 10 de noviembre de
2022, notificada el 15 de noviembre de 2022, que ordenó CONFIRMAR el fallo
proferido por el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito de Yopal el
10 de diciembre de 2020 a través del cual se declaró configurada la CADUCIDAD, a
pesar de tratarse de un caso de alegada responsabilidad del Estado derivado de un
delito de lesa humanidad a título de retención ilegal, desaparición forzada, tortura y
ejecución extrajudicial, cometido en el escenario del conflicto armado interno por
agentes del Estado en servicio activo, en un episodio de los llamados “falsos
positivos” que afectó los derechos de los actores. Decisión judicial adoptada contra
legem por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE en cuanto contradice
la expresa voluntad del legislador expresada en los antecedentes legislativos del
artículo 164 del CPACA y en contra de precedentes verticales habilitantes aplicados
inter comunis y vigentes a la época de presentación de la demanda y, dictada en
desacato de la interpretación constitucional acuñada con supremacía funcional en
las sentencias T-352 de 2016, T-296 de 2018 y las propias sentencia denominadas
de unificación SU- 312 de 2020 de la Corte Constitucional y la SU de 29 de enero

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de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, trasgrediendo
adicionalmente la doctrina Convencional de las sentencias de la Corte IDH Barrios
Altos vs Perú, Valle Jaramillo y otros vs Colombia, García Lucero vs Chile,
Villamizar Durán y otros vs Colombia, Órdenes Guerra vs Chile y Familia Julien
Grisones vs Argentina vinculantes para Colombia y aplicables al presente caso
concreto conforme al principio de convencionalidad y al bloque de
constitucionalidad.

SEGUNDO: Que, como consecuencia del amparo solicitado, en favor de los
demandantes, también con efectos inter comunis o inter pares, por favor se declare
nula por incompatibilidad con la Constitución Política de Colombia y por ser
transgresora del Bloque de Constitucionalidad y de la expresa voluntad del
legislador expresada en los antecedentes legislativos del artículo 164 del CPACA,
y, en consecuencia carente de efectos jurídicos, la providencia de fecha 10 de
noviembre de 2022, notificada el 15 de noviembre de 2022, que ordenó
CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Administrativo de Descongestión del
Circuito de Yopal el 10 de diciembre de 2020 a través del cual se declaró
configurada la CADUCIDAD del medio de control incoado en instancia de cierre, en
decisión adoptada por El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE en la
sentencia de fecha 10 de noviembre de 2022 dentro del proceso de reparación
directa con radicado No. 85001-3333-001-2015-00414-01, iniciado por los aquí
accionantes, por la retención ilegal, desaparición forzada, tortura y ejecución
extrajudicial de LEONARDO ACHAGUA FORERO (Q.E.P.D.) en lo que fue un delito
de lesa humanidad toda vez que fue ejecutado por los agentes del Estado,
EJÉRCITO NACIONAL, para posteriormente ser ilegítimamente presentado como
una baja en combate.

TERCERA: Que por favor, privada de efectos jurídicos la providencia judicial de la
que pedimos se declare su anulación y por efecto de la expresa voluntad del
legislador expresada en los antecedentes legislativos del artículo 164 del CPACA y
de la unificación interpretativa respecto de la imprescriptibilidad de las acciones
administrativas de reparación o de responsabilidad civil del Estado derivadas de los
delitos de lesa humanidad, contenida en las sentencias de tutela T-352 de 2016 y
T-296 de 2018, así como en las sentencias CIDH Valle Jaramillo y otros vs
Colombia de noviembre 27 de 2008, Órdenes Guerra contra Chile de 29de
noviembre de 2018 y Familia Julien Grisonas vs Argentina89 de 23 de Septiembre
de 2021 en los principios 1, 23 y 32 del Conjunto de principios actualizado para la
protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la
impunidad adoptado desde febrero 8 de 2005 por la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas y aprobado en el 61° período de la Asamblea
General de las Naciones Unidas y en los capítulos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI y XII de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de
violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y
obtener reparaciones contenidos en la Resolución 60/147 de 16 de diciembre de
2005 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, o con base en los
precedentes habilitantes en casos semejantes que en igualdad el Juez de Tutela
decida aplicar, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE a tratar
con debida diligencia el proceso de reparación directa con radicado 85001-3333-
001-2015-00414-01, dando prioridad para proferir de nuevo la correspondiente
providencia de segunda instancia dentro de un tiempo perentorio de diez (10) días
hábiles, teniendo en cuenta el más alto estándar de garantías pro homine, pro
damnato y pro actioni, como quiera que de acuerdo con el sistema de precedentes
y el principio de Convencionalidad, para el presente caso no aplica la regla general
del literal i) del numeral 2° del artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que estableció la caducidad para
las acciones de reparación directa sin distinguir su aplicabilidad a los delitos de lesa
humanidad.

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CUARTA: Solicito de manera respetuosa, para efectivizar la expresa voluntad del
legislador expresada en los antecedentes legislativos del artículo 164 del CPACA y
conforme al artículo 7° del Decreto 2591 de 199190, por favor se conceda la
siguiente medida provisional con la finalidad de que se protejan los Derechos
Fundamentales de mis representados a la igualdad (Art. 13 C.N.), al debido proceso
(Art. 29 C.N.), a la reparación integral (Art. 90 C.N.) y al acceso a la Administración
de Justicia en prevalencia del derecho sustancial (Arts. 228 y 229 C.N.), así: […]

QUINTA: Con la finalidad de que participen terceros intervinientes, tal cual lo indica
el inciso 2° del artículo 13 del Decreto 2591 de 199191, solicito respetuosamente al
Juez de Tutela que por favor, por el medio más expedito y de amplia circulación a
nivel Nacional se realice llamado a la comunidad en general para que quien tenga
interés legítimo en el resultado del proceso, ejerza su derecho e intervenga en
coadyuvancia con los accionantes o accionados dentro de la presente acción
constitucional.

SUBSIDIARIA

Si no prospera la petición principal TERCERA basada en el principio de
imprescriptibilidad de la acción de reparación directa cuando se trata de casos de
lesa humanidad, respetuosamente pido el favor se considere la siguiente solicitud.

SUBSIDIARIA A LA TERCERA PETICIÓN PRINCIPAL: Que por favor, privada de
efectos jurídicos la providencia judicial de la que pedimos se declare su anulación y
por efecto de la aplicación interpretativa del literal i) del numeral 2° del artículo 164
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por
integración normativa y modulación del alcance de las sentencias denominadas de
unificación de 29 de enero de 2020 proferida por mayoría en la Sección Tercera del
Consejo de Estado92 y la SU 312 de 2020 adoptada por mayoría en la Corte
Constitucional el 13 agosto de 202093, pero publicada apenas en marzo de 2021,
se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE a tratar con debida
diligencia el proceso de reparación directa con radicado No. 85001-3333-001-2015-
00414-01, dando prioridad para proferir de nuevo la correspondiente providencia de
segunda instancia dentro de un tiempo perentorio de diez (10) días hábiles,
teniendo en cuenta el más alto estándar de garantías pro homine, pro damnato y
pro actioni, como quiera que, en un escenario de buena fe y sana crítica, verificados
los hechos probados de la presente acción, y conforme a lo expuesto mediante el
AUTO SUB D - SUBCASO CASANARE - 055, la Sala de Reconocimiento de
Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la
Jurisdicción Especial para la Paz JEP, mediante el cual se trataron temas de
asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en
combate por agentes del Estado, determina los hechos de muertes ilegítimamente
presentadas comobajas en combate atribuibles a algunos miembros del Ejército
Nacional y los califica jurídicamente como asesinatos y desapariciones, y producto
de la de retención ilegal, desaparición forzada tortura y ejecución extrajudicial del
señor LEONARDO ACHAGUA FORERO (Q.E.P.D.), estamos ante una flagrante
configuración de un delito de lesa humanidad y que por esta naturaleza el medio de
control de reparación directa no es sujeto de caducidad3.

1.3. Hechos

1.3.1. Del proceso de reparación directa 85001-3333-001-2015-00414-00/01

Los actores presentaron una demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército
Nacional, con el fin de que se declarara administrativamente responsable al
Estado por los perjuicios causados por la muerte de su familiar, el señor Leonardo

3 Transcripción del texto original con posibles errores.

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Achagua Forero, quien falleció el 19 de diciembre de 2007, «víctima de retención
ilegal, desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de parte del Ejército
Nacional».

En sentencia de primera instancia de 10 de diciembre de 2020, el Juzgado
Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Yopal declaró probada de
oficio la excepción de caducidad del medio de control.

Para sustentar su decisión, señaló que los actores tuvieron conocimiento de la
muerte de su familiar el 22 de diciembre de 2007, razón por la cual el plazo para
demandar transcurrió entre el 23 de diciembre de 2007 y el 23 de diciembre del
2009, pero que solo lo hicieron hasta el 9 de septiembre de 2015. Lo anterior, de
conformidad con el numeral 2.° del artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la sentencia de unificación de
29 de enero de 2020, dictada por la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Esta decisión fue apelada y el trámite de la segunda instancia correspondió al
Tribunal Administrativo de Casanare que, en sentencia de 16 de diciembre de
2021, confirmó el fallo proferido en primer grado, bajo las mismas consideraciones
que el a quo.

1.3.2. De la acción de tutela 1001-03-15-000-2022-01814-00/01

Inconforme con las decisiones adoptadas en el trámite del proceso de reparación
directa, los actores interpusieron una acción de tutela contra el Juzgado
Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Yopal y el Tribunal
Administrativo de Casanare, que correspondió por reparto en primera instancia al
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, bajo el radicado número
1001-03-15-000-2022-01814-00.

En sentencia de 26 de abril de 2022, el a quo negó el amparo constitucional. No
obstante, dicha decisión fue apelada y, en segunda instancia, el Consejo de
Estado, Sección Primera en sentencia de 29 de septiembre de 20224, revocó el
fallo de primer grado y, en su lugar, amparó los derechos fundamentales de los
accionantes al encontrar configurado los defectos fáctico y sustantivo, bajo la
siguiente conclusión:

4 «PRIMERO: REVOCAR el numeral segundo de la sentencia de 26 de abril de 2022, dictada por

la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
SEGUNDO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso,
acceso a la administración de justicia, reparación integral y vida digna de DORA CECILIA
FORERO DE ACHAGUA.
TERCERO: DEJAR sin efectos la sentencia de segunda instancia dictada el 16 de septiembre de
2021, por el Tribunal Administrativo de Casanare, dentro del proceso de reparación directa
identificado con el radicado número 85001-33-33-001-2015-00414-01.
CUARTO: ORDENAR a ese despacho judicial que, en un término no superior a cuarenta (40) días
siguientes a la notificación de esta sentencia, dicte una nueva providencia en la que tenga en
cuenta las consideraciones jurídicas expuestas en este fallo».

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Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra acreditada la violación de los
derechos fundamentales invocados en esta acción de tutela, pues, pese a haber
sido así solicitado, el tribunal accionado no efectuó el control oficioso de
convencionalidad, así como tampoco realizó análisis alguno de las pruebas
obrantes dentro del expediente frente a la gravedad de los delitos de lesa
humanidad de que fue víctima Leonardo Achagua Forero (q.e.p.d), como quiera
que, para establecer el momento desde el cual la parte actora conoció o debió
conocer de la participación de los miembros del Ejército Nacional en la muerte de
Leonardo, y consecuentemente, advirtió la posibilidad de imputarle al Estado la
responsabilidad, se limitó a lo que resultaba de la narración de los hechos
contenida en la demanda ordinaria de reparación directa, sobre la fecha en que se
conoció la muerte, más no sus circunstancias y posibles autores.

1.3.3. Actuaciones posteriores al trámite de la acción de tutela 1001-03-15-
000-2022-01814-00/01

En cumplimiento de la orden impartida en el referido trámite constitucional, el
Tribunal Administrativo de Casanare profirió la sentencia de 10 de noviembre de
2022, a través de la cual confirmó nuevamente la providencia de 10 de diciembre
de 2020, dictada por el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito
Judicial de Yopal, que declaró probada de oficio la excepción de caducidad del
medio de control. Al respecto, el citado tribunal concluyó lo siguiente:

d.- Así las cosas, del examen de las piezas procesales anotadas se concluye que:

 La muerte de Leonardo Achagua Forero ocurrió el 19 de diciembre de 2007.

 El Ejército entregó el cadáver de Achagua Forero, de Alexis Gregorio Guerrero
Martínez y Andrés Salamanca Martínez el mismo 19 de diciembre a la Fiscalía.

 En consecuencia, la muerte de Leonardo Achagua Forero no corresponde a
desaparición forzada.

 Los familiares de Leonardo Achagua Forero se enteraron de su muerte y de
que había abatido por miembros del Ejército Nacional entre el 21 y el 22 de
diciembre de ese año. Por lo tanto, a partir de esas fechas, materialmente pudieron
haber interpuesto el medio de control de reparación directa, pero solo lo hicieron
hasta el 9 de mayo de 2015, cuando ya había fenecido el término para ello que se
encuentra fijado en el artículo 164, numeral 2, literal i, del CPACA.

 Ni se adujeron ni están probadas circunstancias que impidieran a los
accionantes ejercer el medio de control con anterioridad a la fecha en que se
presentó la demanda.

Tal como quedó señalado en precedencia, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Sala Plena, en sentencia de unificación emitida el 29 de enero de 2020, proferida
dentro de la radicación 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033) unificó lo
relacionado con la caducidad del medio de control de reparación directa cuando se
trate de delitos de lesa humanidad y de los relacionados con crímenes de guerra,
en los siguientes términos: […]

Así las cosas, realizado el análisis probatorio que echó de menos el Consejo de
Estado en sentencia de segunda instancia dentro de la tutela radicada con el
número 11001-03-15-000-2022-01814-01, se concluye que hay caducidad del
medio de control referenciado, por las razones indicadas a lo largo de esta
sentencia.

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1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora alegó que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
reparación integral, toda vez que con la sentencia de 10 de noviembre de 2022,
que dictó en cumplimiento del fallo de tutela de 29 de septiembre de 2022,
desconoció lo ordenado en dicho pronunciamiento e incurrió en los defectos
fáctico, procedimental absoluto, sustantivo, desconocimiento del precedente y
error inducido, como sintetizó a continuación:

Los defectos dignos de amparo por vía de Tutela en que incurrió el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE cuando el 10 de noviembre de 2022 profirió la
decisión de caducidad que motiva la presente acción, según la argumentación
fáctica y jurídica ampliamente presentada en capítulos anteriores a los que remito,
en conclusión son defecto procedimental absoluto por la grave violación del
derecho al debido proceso de la parte actora, defecto fáctico por la indebida
valoración probatoria que habilitaría la oportunidad de la acción y por haber emitido
un fallo de remplazo sin atender la orden judicial proveniente de una sentencia de
tutela profiriendo la misma sentencia que había sido objeto de reproche
constitucional, defecto material o sustantivo, por decidir conforme a la interpretación
del artículo 164 del CPACA que vulnera la Constitución y el bloque de
constitucionalidad y el principio de Convencionalidad y por violación al precedente
horizontal y vertical, así como por desconocimiento de los precedentes vinculantes
que señalan el carácter de fundamental de que goza el Derecho al Acceso a la
Administración de Justicia, a la Igualdad y a la Reparación Integral y por error
inducido toda vez que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE comete un
error grave al seguir erradamente las orientaciones de la sentencia denominada de
unificación de enero 29 de 2020, que adoptó una tesis jurisprudencial imponiendo
caducidad a las acciones de reparación directa derivada de delitos de lesa
humanidad, cuando la expresa voluntad del legislador -expresada en los
antecedentes legislativos del artículo 164 del CPACA- es que no haya caducidad en
estos casos de acuerdo con los instrumentos internacionales que proscriben la
prescripción para el inicio de acciones administrativas, civiles o penales en delitos
graves contra la humanidad, tal y como lo expresa la sentencia de CIDH caso Julien
Grisonas contra Argentina5.

En primer lugar, puso de presente que, mediante sentencia de 29 de septiembre
de 2022, la Sección Primera del Consejo de Estado amparó sus derechos
fundamentales al encontrar configurado los defectos fáctico y sustantivo, y ordenó
al Tribunal Administrativo de Casanare que profiriera un fallo en reemplazo de la
providencia de 16 de septiembre de 2021.

No obstante, alegó que la autoridad judicial accionada desatendió y fue en
contravía de lo ordenado por el Consejo de Estado, pues la «sentencia de fecha
10 de noviembre de 2023 del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, en
nada se diferencia de la sentencia de fecha 16 de septiembre de 2021», toda vez
que nuevamente dejó de analizar la responsabilidad del Estado por hechos
relacionados con un delito de lesa humanidad y declaró la caducidad del medio de
control, es decir que, incumplió una orden judicial y profirió el mismo fallo violatorio
de sus derechos fundamentales.

5 Transcripción del texto original con posibles errores.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02537-00

Al respecto, precisó que, con el mencionado desconocimiento de lo ordenado por
el alto tribunal constitucional, la autoridad judicial accionada faltó a su deber de
cumplir con las providencias judiciales y contrarió lo dispuesto en el Decreto 2591
de 1991.

Explicó que la demanda de reparación directa se radicó solo hasta el 24 de agosto
de 2015, cuando ya existían indicios dentro de los procesos penales sobre la
participación irregular del Ejército Nacional en los hechos que dieron lugar a la
muerte del señor Leonardo Achagua Forero.

Insistió en que el proceso entró al despacho para sentencia de primera instancia
desde septiembre de 2017 y, posteriormente, se remitió a los juzgados de
descongestión en diciembre de 2020, por lo que para el momento del fallo se
empleó la sentencia de 29 de enero de 2020, de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, con la cual se cambiaron las reglas de juego y se dejaron sin efectos
las posturas existentes para el momento en que se radicó la demanda (2015).

Señaló que el Tribunal Administrativo de Casanare cuando dictó la sentencia de
reemplazo, prefirió decretar nuevamente la caducidad del medio de control y
rehusó su investidura como juez de convencionalidad al no aplicar los
instrumentos internacionales que son vinculantes para Colombia, entre otras, la
Convención Americana de Derechos Humanos, así como la Resolución 60/147 de
16 de diciembre de 2005 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Así mismo, explicó que no se tuvieron en cuenta los antecedentes legislativos del
artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, que consagra que la demanda de reparación directa se puede
presentar en cualquier tiempo cuando deriva de conductas que constituyan delitos
de lesa humanidad. Por el contrario, el tribunal accionado aplicó la interpretación
regresiva que se le ha dado a ese artículo, para declarar la caducidad.

De otro lado, aseguró que el fallo censurado desconoció el precedente tanto
vertical como horizontal existente para el momento en que se radicó la demanda,
así como las 236 decisiones que para el 16 de septiembre de 2021 estudiaron

6 La parte actora, citó las siguientes: «1.1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia ejecutoriada de Tutela del veinte (20)
de junio de dos mil once (2011). C.P: Alfonso Vargas Pinzón. Radicación No. 11001-03-15-000-
2011-00655-00(AC). Actor: José Alonso Ceballos García y otros Demandado: Tribunal
Administrativo De Antioquia y otro.
1.2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de agosto 11 de 2011, radicado
85001233100020100017701, Actor: Olga Falla Londoño y otros, C.P: Gladys Agudelo Ordóñez. Se
revocó en sede de apelación auto del Tribunal Administrativo de Casanare que había decretado
caducidad y en su lugar se ordenó admitir la demanda.
1.3 Consejo de Estado. Sección Tercera - Subsección B. Sentencia del 5 de abril de 2013. C.P:
Stella Conto Díaz Del Castillo. Radicación: 19001-23-31-000-1999-00217-01(24984).
1.4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Auto del diecisiete (17) de septiembre de dos mil trece (2013). C.P: Jaime Orlando Santofimio
Gamboa. Radicación No. 25000-23-26-000-2012-00537-01 (45092) Actor: Teresa del Socorro
Isaza de Echeverry y Otros. (adoptado como precedente en la sentencia Órdenes Guerra vs. Chile
de 29 de noviembre de 2018 y en la T 352 de 2016).
1.5 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia de
tutela segunda instancia del 12 de febrero de 2015. C.P.: Alberto Yepes Barreiro. Rad.:

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Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02537-00

casos similares y habilitaron a los actores para demandar después de pasados 2
años de conocidos los hechos, puesto que no puede aplicarse el fenómeno de la
caducidad a las acciones de reparación directa que buscan indemnizaciones
producto de graves violaciones a los derechos humanos por parte del Estado.

11001031500020140074701. Accionante: Jairo Moncaleano Perdomo. Accionado: Sección Tercera
del Consejo de Estado y Tribunal Contencioso de Risaralda. 1.6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Fallo de tutela de
segunda instancia de 12 de marzo de 2015. C.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Rad. 11001-03-15-000-2014-01352-01. Tutelantes: Nubia Tarache y otros. Tutelado: Tribunal
Administrativo de Casanare. 1.7 Consejo de Estado, Sentencia de tutela en segunda instancia del (7) de septiembre de 2015. Sección Quinta. C.P: Alberto Yepes Barreiro (E) Radicación: 11001-03-15-000-2015-01676-00(AC)
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro. 1.8 Consejo de Estado. Sentencia del 7 de septiembre de 2015. Sección Tercera – Subsección C. C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicación: 85001-23-33-000-2013-00035-01(51388). 1.9 Consejo de Estado. Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del 7 de septiembre de 2015. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. No. Radicación: 85001-23-31-000-2010-00178-
01(47671). 1.10 Consejo de Estado. C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E). Bogotá, D. C., Auto de dos
(02) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Actor: Maria Faelly Cutiva Leyva y Otros. Demandado: Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional y Otros. Radicación Número: 18001-23-33-000-2014-
00069-01 (53518). 1.11 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión. Sentencia T-352/16 de seis (6) de julio de dos
mil dieciséis (2016). Referencia: Expedientes T-4.254.307 y T-5.086.690. Demandante: Benigno
Antonio Cañas Quintero y Dulcinea Sanabria Sánchez y otros. M.P: Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo. Tutelados: Juzgado 18 Administrativo del Circuito de Medellín y Tribunal Administrativo de
Casanare. 1.12 Consejo de Estado. Sección Tercera – Subsección C. Auto de (5) de septiembre de (2016). C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicación: 05001233300020160058701 (57265). 1.13 Consejo de Estado. Sección Tercera – Subsección C. Auto de (24) de octubre de (2016). C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicación: 05001233300020160172201 (58051). 1.14 Consejo de Estado, Sentencia diez (10) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), radicado: 19001-23 31-000-2010-00115-01 (56282), C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Actor: Luz
Adriana Infante Largo y otros. 1.15 Consejo de Estado. Sección Tercera – Subsección B. Auto de (30) de marzo de (2017). C.P: Ramiro Pazos Guerrero. Radicación: 25000-23-41-000-2014-01449-01 (AG). 1.16 Consejo de Estado. Sección Tercera – Subsección B. Sentencia de doce (12) de octubre de
dos mil diecisiete (2017). Ponente: Danilo Rojas Betancourth Radicación: 05001-23-31-000-2010-
01922-01(49416). Actor: María Denice Ramírez Castaño. Demandado: La Nación-Ministerio de
Defensa Ejército Nacional. 1.17 Consejo de Estado. Sección Tercera – Subsección C. Auto de siete (7) de diciembre de dos
mil diecisiete (2017), Ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas, Radicación: 05001-23-33-000-
2017-01395-01(59601). Actor: JUAN JOSÉ PUERTA LARREA Y OTROS. Demandado: NACIÓN -
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – EJERCITO NACIONAL Y OTROS. 1.18 Corte Constitucional. Sentencia T-296 de veinticuatro (24) de julio de dos mil dieciocho
(2018). Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado. Expediente T-6.630.845. Acción de tutela presentada
por Jhonatan Andrés Riátiga Rueda y otros contra el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá. 1.19 Consejo de Estado. Sección Tercera – Subsección B. Auto de 30 de agosto de 2018,
Ponente: Dra. Stella Conto Díaz del Castillo. Radicación número: 25000-23-36-000-2017-01976-
01(61798). Actor: Nelson Andrés Zúñiga Rodríguez y Otros. Demandado: Nación - Ministerio De
Defensa Nacional - Policía Nacional - Ejército Nacional. 1.20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Auto del Doce (12) de Septiembre de dos mil diecinueve (2019). C.P: Ramiro Pazos Guerrero. Radicación No. 44001-23-31-000-2010-00238-01 (53833).

1.21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de tutela de segunda instancia de 30 de julio de 2020. M.P. Dr. Gabriel Valbuena
Hernández, radicado 11001-03-15-000-2019-04842-01. 1.22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de tutela de segunda instancia de 20 de agosto de 2020. M.P. Dr. Gabriel Valbuena
Hernández, radicado 11001-03-15-000-2019-01816-01. 1.23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
con ponencia del Magistrado RAMIRO PAZOS GUERRERO, en decisión de segunda instancia del
30 de abril de 2021 dentro de la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2020-04068-
01113».

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También citó como desconocidas providencias proferidas por el Tribunal
Administrativo del Casanare7.

1.5. Trámite de la acción

Con auto de 18 de mayo de 2023, el magistrado ponente admitió la solicitud de
amparo y ordenó notificar a la parte actora y a los magistrados que integran el
Tribunal Administrativo de Casanare, como autoridades accionadas.

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2951
de 1991, vinculó como terceros interesados al Juzgado Administrativo de
Descongestión del Circuito Judicial de Yopal [autoridad judicial que conoció en primera
instancia el proceso de reparación directa identificado con el radicado 85001-33-33-001-2015-
00414-00/01], a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional [parte
demandada en el proceso de reparación directa identificado con el radicado 85001-33-33-001-
2015-00414-00/01], a la Subsección B de la Sección Segunda y a la Sección Primera
del Consejo de Estado [autoridades judiciales que conocieron de la acción de tutela
identificada con el radicado 11001-03-15-000-2022-01814-00/01].

1.6. Contestaciones

Realizadas las notificaciones correspondientes, de conformidad con las
constancias visibles en la copia digital de la acción de tutela, se presentaron los
siguientes pronunciamientos:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Casanare

El magistrado ponente de la decisión reprochada solicitó que se niegue el amparo
deprecado o, subsidiariamente, que se declare improcedente la acción
constitucional.

En primer lugar, señaló que no es cierto que el tribunal haya violado los derechos
fundamentales invocados, pues la sentencia emitida en cumplimiento del fallo de
tutela dictado por el Consejo de Estado dentro del radicado 11001-03-15-000-
2022-01814-01, evidencia que las dos situaciones que echó de menos el alto
tribunal para amparar (análisis del derecho convencional y de las pruebas
obrantes en el proceso), sí fueron abordadas en la sentencia que se dictó en
remplazo.

Luego de transcribir in extenso las consideraciones que se hicieron en el fallo de
10 de noviembre de 2022, explicó que en esta se dejó plasmada en forma
completa, clara y precisa, las razones por las cuales, bajo el análisis con los
parámetros ordenados por el Consejo de Estado en la acción de tutela, había
lugar, en todo caso, a declarar la caducidad del medio de control incoado, lo cual
no constituye la violación de los derechos que invocan los accionantes.

7 De 16 de abril de 2015, M.P. José Antonio Figueroa Burbano y de 4 de marzo de 2021, M.P.

Néstor Trujillo.

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Por último, predicó que la acción de tutela no puede ser concebida como una
tercera instancia del proceso de reparación directa, sino un mecanismo
extraordinario para proteger derechos fundamentales que han sido conculcados.

1.6.2. Ministerio de Defensa Nacional

La coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional del Ministerio de Defensa
Nacional solicitó que se niegue el amparo deprecado por la parte actora, pues la
acción no tiene vocación de prosperidad, ya que la sentencia reprochada se
encuentra ajustada a los parámetros de convencionalidad y derechos humanos,
así como a la Constitución, a la Ley y a la jurisprudencia, y por cuanto la acción de
tutela se torna improcedente por no cumplir con todos los requisitos para instaurar
este mecanismo contra una providencia judicial.

Sobre la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, explicó que esta fijó los
criterios del conteo de caducidad sin que ello implique la vulneración o amenazas
de los derechos protegidos por la Constitución. De igual manera, precisó que
existe cosa juzgada constitucional en relación con la regla de unificación fijada por
el Consejo de Estado, pues la Corte Constitucional en la sentencia SU-312 de
2020 dispuso que dicha postura era compatible con la Carta Política de 1991.

Por otro lado, insistió en que la parte actora no cumplió con su deber de señalar
con claridad los defectos en los que incurrió el tribunal accionado, pues solo se
centró en reparar el precedente unificador de 29 de enero de 2020.

Además, alegó que en el escrito de tutela no se identificó de manera razonable los
hechos que generaron la vulneración ni los derechos quebrantados y que se
omitió explicar los motivos por los cuales se incurrió en una indebida valoración
probatoria, así como el presunto engaño inducido a los magistrados del tribunal y
las normas invocadas como desconocidas.

Comentó que si bien el apoderado de la parte actora citó un sin número de
decisiones judiciales del Consejo de Estado para apoyar su postura, lo cierto es
que en la demanda admitió que hay una sentencia de unificación del Consejo de
Estado que regula el fenómeno de la caducidad del medio de control y despacha
sus inconformidades en contra de esta, por ser el fundamento que tuvo el Tribunal
Administrativo de Casanare para adoptar su fallo.

Señaló que en la mencionada sentencia de unificación se impuso el deber a todas
las autoridades judiciales de acoger la regla sobre el término de caducidad para
ejercer el derecho de acción, bajo los parámetros del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo que no es cierto, como lo
señalan los demandantes, que se está cambiando lo señalado en el artículo 164
ibidem, sino que por el contrario se ratifica lo allí expuesto.

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Trajo a colación la sentencia SU-659 de 2015 de la Corte Constitucional, para
desvirtuar el supuesto precedente dominante sobre la caducidad del medio de
control antes del fallo unificador de 29 de enero de 2020. Asimismo, citó algunas
sentencias del Consejo de Estado, entre otras, de la Sección Quinta8, que han
negado las pretensiones de las acciones de tutela en casos similares al que se
estudia.

Reiteró que la sentencia de 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, en la cual se analizó el derecho público internacional y las
decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es de obligatorio
cumplimiento por todos los operadores jurídicos por su efecto erga omnes, en
virtud del artículo 10, en concordancia con el 102 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Informó que la decisión de 10 de noviembre de 2022, no niega la reparación a las
víctimas, pues el Estado ha adoptado diferentes medidas, a través de la Unidad de
Víctimas o en la instancia penal, para indemnizar a las partes.

Sobre el caso en particular, exaltó que la imputación material y jurídica del Estado
por la muerte del señor Leonardo Achagua Forero quedó al descubierto el 22 de
diciembre de 2007, por la confrontación armada con las tropas del Batallón de
Infantería No. 44 “Ramón Nonato Pérez”. Por lo tanto, concluyó que conforme a la
confesión de los hechos registrados en el proceso ordinario y en sede de tutela, el
medio de control caducó, pues los familiares de la víctima solo tenían hasta el 22
de diciembre de 2008 para presentar la demanda, sin embargo, esta fue
presentada 7 años después de la ocurrencia de los hechos.

En cuanto a las órdenes impuestas por el juez constitucional en la acción de tutela
2022-1814-01, argumentó que en esa oportunidad se le impuso al Tribunal
Administrativo del Casanare profundizar sobre las pruebas obrantes en el
expediente para soportar su decisión y el control de convencionalidad, pero no se
ordenó acceder a las pretensiones.

Igualmente, agregó:

Finalmente cabe destacar, que el fallo de tutela (2022-1814-01) adujo en su analisis
del cargo de violación de desconocimiento de precedente que, el Tribunal no se
equivocó al momento de aplicar el precedente vinculante dado por la Sección
Tercera en la SU-65033 del 29 de enero de 2020. Por lo tanto, en el fallo sustitutivo
se acato con la desición de la Sección Primera de valorar integramente el acervo
probatorio que fundamente la declaratoria de Caducidad9.

8 De 3 de septiembre de 2020, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, en el radicado 11001-03-15-000-

2020-03381-00; 26 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, en el radicado 11001-03-15-000-
2021-04855-00; 7 de diciembre de 2021, M. P. Carlos Enrique Moreno Rubio, en el radicado
11001-03-15-000-2021-05664-01; y 15 de diciembre de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, en el
radicado 11001-03-15-000-2021-04991-01.
9 Transcripción del texto original con posibles errores.

12
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1.6.3. Juzgado Primero (1.°) Administrativo del Circuito Judicial de Yopal

El titular de ese despacho judicial manifestó que descorre el traslado que se hizo
del auto de 18 de mayo de 2023, por ser el juzgado de origen del proceso objeto
de la presente acción de tutela, comoquiera que el Juzgado Administrativo de
Descongestión del Circuito de Yopal ya no existe.

Explicó que no le corresponde pronunciarse de fondo para defender la tesis, la
argumentación jurídica o la valoración probatoria del fallo reprochado, pues no fue
él quien lo profirió. Lo anterior, en virtud del principio de autonomía judicial. No
obstante, explicó lo siguiente:

[…] los cambios de criterio asumidos por el Consejo de Estado como corte de cierre
de nuestra jurisdicción, producen este tipo de reacciones en la comunidad jurídica,
por cuanto, se inicia un proceso bajo línea definida por el mismo Consejo de
Estado, siguiendo el concierto internacional, de no caducidad en delitos de Lesa
Humanidad, (Homicidio en persona protegida y Desaparición Forzada); Crímenes
de Guerra y Genocidio -, para luego ser sorprendido en la sentencia que ante el
cambio de criterio del superior, su medio de control esta caducado.

Además, adjuntó el enlace de acceso al expediente digitalizado 85001-33-33-001-
2015-00414-00-01.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por los
señores Dora Cecilia Forero de Achagua, Nicolás Achagua, Marcela Josefa Cediel
Villalobos, Dania Alejandra Achagua Cediel, Dora Cecilia Achagua Forero, Nicolás
Achagua Forero, Clarisa Achagua Forero, Yojaina Achagua Forero, Sofía Achagua
Forero, Tirso Achagua Forero y Juan Carlos Achagua Forero contra el Tribunal
Administrativo de Casanare, de conformidad con lo establecido en los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y en el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta la
vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante, con ocasión de
la sentencia de 10 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo
del Casanare en cumplimiento de un fallo de tutela10, mediante la cual confirmó la
sentencia de 10 de diciembre de 2020, dictada por el Juzgado Administrativo de
Descongestión del Circuito Judicial de Yopal que declaró probada de oficio la
excepción de caducidad del medio de control de reparación directa promovida por
la parte accionante contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional.

10 Fue dictada en reemplazo de la sentencia de 16 de septiembre de 2021, como consecuencia de

la orden de tutela impartida el 29 de septiembre de 2022, por la Sección Primera del Consejo de
Estado, en el expediente 11001-03-15-000-2022-01814-00.

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Lo anterior, comoquiera que, a juicio de los tutelantes, presuntamente en el
proveído de 10 de noviembre de 2022, se incurrió en los defectos fáctico,
procedimental absoluto, sustantivo, desconocimiento del precedente y error
inducido, al declarar probada la excepción de caducidad del medio de control de
reparación directa con fundamento en la sentencia de unificación del 29 de enero
de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos
de procedibilidad adjetiva y de superarse; (iii) las generalidades del defecto
invocado; y (iv) el caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 11
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema12.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales13.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el
momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201414, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. En consideración al agotamiento de los mecanismos judiciales, en el
caso concreto, la providencia que se cuestiona es la proferida el 10 de noviembre
de 202215 por el Tribunal Administrativo de Casanare, con ocasión a la orden de

11 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE

TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
13 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15 Mediante la cual se confirmó la decisión de 10 de diciembre de 2020 del Juzgado Administrativo

de Descongestión del Circuito Judicial de Yopal, que declaró probada de oficio la caducidad del
medio de control interpuesto por los actores.

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tutela dada por el Consejo de Estado, Sección Primera, en la sentencia de 29 de
septiembre de 2022, dictada en el marco de la acción de tutela identificada con el
radicado 11001-03-15-000-2022-01814-00, a través de la cual se ampararon los
derechos fundamentales de los actores.

Ahora bien, sería del caso estudiar la sentencia de 10 de noviembre de 2022,
comoquiera que se trata de una providencia diferente a la que dio lugar a la acción
de tutela 11001-03-15-000-2022-01814-00/01, si no fuera porque los reproches
realizados en la presente acción constitucional están encaminados a cuestionar el
presunto incumplimiento de las órdenes impartidas en dicho proceso.

En su escrito de tutela, la parte actora explicó que el Tribunal Administrativo de
Casanare al proferir la decisión de 10 de noviembre de 2022, incurrió en los
siguientes defectos:

Los defectos dignos de amparo por vía de Tutela en que incurrió el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE cuando el 10 de noviembre de 2022 profirió la
decisión de caducidad que motiva la presente acción, según la argumentación
fáctica y jurídica ampliamente presentada en capítulos anteriores a los que remito,
en conclusión son defecto procedimental absoluto por la grave violación del
derecho al debido proceso de la parte actora, defecto fáctico por la indebida
valoración probatoria que habilitaría la oportunidad de la acción y por haber emitido
un fallo de remplazo sin atender la orden judicial proveniente de una sentencia de
tutela profiriendo la misma sentencia que había sido objeto de reproche
constitucional, defecto material o sustantivo, por decidir conforme a la interpretación
del artículo 164 del CPACA que vulnera la Constitución y el bloque de
constitucionalidad y el principio de Convencionalidad y por violación al precedente
horizontal y vertical, así como por desconocimiento de los precedentes vinculantes
que señalan el carácter de fundamental de que goza el Derecho al Acceso a la
Administración de Justicia, a la Igualdad y a la Reparación Integral y por error
inducido toda vez que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE comete un
error grave al seguir erradamente las orientaciones de la sentencia denominada de
unificación de enero 29 de 2020, que adoptó una tesis jurisprudencial imponiendo
caducidad a las acciones de reparación directa derivada de delitos de lesa
humanidad, cuando la expresa voluntad del legislador -expresada en los
antecedentes legislativos del artículo 164 del CPACA- es que no haya caducidad en
estos casos de acuerdo con los instrumentos internacionales que proscriben la
prescripción para el inicio de acciones administrativas, civiles o penales en delitos
graves contra la humanidad, tal y como lo expresa la sentencia de CIDH caso Julien
Grisonas contra Argentina16.

En síntesis, los actores afirmaron que el Tribunal Administrativo de Casanare
desatendió lo ordenado en el fallo de tutela al incurrir en los siguientes yerros:

1. Defecto procedimental absoluto por la violación del derecho al debido proceso.
2. Defecto fáctico por la indebida valoración probatoria y por haber emitido un fallo
de remplazo sin atender la orden judicial.
3. Defecto sustantivo por decidir conforme a una interpretación del artículo 164 del
CPACA que vulnera la Constitución, el bloque de constitucionalidad y el principio
de Convencionalidad.
4. Desconocimiento del precedente horizontal y vertical.
5. Por error inducido al seguir las orientaciones de la sentencia de unificación de
enero 29 de 2020.

16 Transcripción del texto original con posibles errores.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02537-00

Para respaldar su dicho, la parte actora precisó que, mediante la sentencia de 29
de septiembre de 2022, la Sección Primera del Consejo de Estado amparó sus
derechos fundamentales al encontrar configurado los defectos fáctico y sustantivo,
y ordenó al tribunal accionado que profiriera un fallo en reemplazo de la
providencia de 16 de septiembre de 2021.

Sin embargo, explicó que la autoridad judicial desobedeció tal orden, pues
nuevamente dejó de analizar la responsabilidad del Estado por hechos
relacionados con un delito de lesa humanidad, declaró la caducidad de medio de
control y profirió el mismo fallo violatorio de sus derechos fundamentales, con lo
cual faltó a su deber de cumplir con las providencias judiciales y contrarió lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

Señaló que el Tribunal Administrativo de Casanare rehusó su investidura como
juez de convencionalidad al no aplicar los instrumentos internacionales que son
vinculantes para Colombia y desconoció el precedente tanto vertical como
horizontal, existente para el momento en que se radicó la demanda, así como las
23 decisiones que, para el 16 de septiembre de 2021, resolvieron casos similares
y habilitaron a los actores para demandar después de pasados 2 años de
conocidos los hechos violatorios de los derechos humanos.

Explicó que la demanda de reparación directa se radicó solo hasta el 24 de agosto
de 2015, cuando ya existían indicios dentro de los procesos penales sobre la
participación irregular del Ejército Nacional en los hechos que dieron lugar a la
muerte del señor Leonardo Achagua Forero y que, pese a que el proceso entró al
despacho para sentencia de primera instancia desde septiembre de 2017, al
momento de fallar se empleó la sentencia de 29 de enero de 2020, con la cual se
cambiaron las reglas de juego y se dejaron sin efectos las posturas existentes
para el momento en que se radicó la demanda.

Por último, aseguró que no puede aplicarse el fenómeno de la caducidad a las
acciones de reparación directa que buscan indemnizaciones producto de graves
violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, pues los antecedentes
legislativos del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, consagran que la demanda de reparación directa se
puede presentar en cualquier tiempo cuando deriva de conductas que constituyan
delitos de lesa humanidad.

En primer lugar, para la Sala es importante señalar que, en relación con los
reproches hechos por la parte actora, encaminados a cuestionar el presunto
incumplimiento de las órdenes impartidas en la acción de tutela 11001-03-15-000-
2022-01814-00/01, este mecanismo de protección se torna improcedente toda vez
que para ello los actores tienen a su alcance otro mecanismo de defensa judicial,
como lo es el incidente de desacato que puede promover al interior del referido
proceso para solicitar la revisión de la actuación realizada por el Tribunal
Administrativo de Casanare, al dar cumplimiento al fallo de tutela, en virtud de lo
consagrado en los artículos 2717 y 5218 del Decreto 2591 de 1991.

17«Artículo27. Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad
responsable del agravio deberá cumplirla sin demora.

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En este punto, es necesario traer a colación la sentencia de tutela de 29 de
septiembre de 2022, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, con el
fin de determinar si la vulneración invocada en el presente trámite constitucional
por el desconocimiento de tal decisión, puede ser estudiada a través del incidente
de desacato.

Al respecto, se observa que, en la citada sentencia, la Sección Primera del
Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, de reparación integral y a la
vida digna de los actores. Para tal efecto, precisó que los tutelantes interpusieron
la acción de tutela por 3 razones, a saber:

La primera, que el tribunal aplicó el criterio de unificación contenido en la sentencia
de 29 de enero de 2020 de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, radicación 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033), pasando por alto que
dicho fallo se profirió con posterioridad a la interposición de la demanda originada
en la desaparición y muerte del señor Achagua Forero.

La segunda, que la sentencia no contabilizó el término de caducidad desde el
momento en que la familia del occiso contó con la posibilidad material de acceder a
la administración de justicia, lo que, según afirmó, ocurrió en agosto de 2015,
puesto que antes de esa fecha no logró asistencia jurídica y no sabía que podía
demandar al Estado.

La tercera y última, que el tribunal habría desconocido el bloque de
constitucionalidad y el precedente nacional e internacional al aplicar el literal i) del
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, porque no consideró los instrumentos
internacionales vinculantes para Colombia, que sostienen la tesis de la
imprescriptibilidad de las acciones de reparación (no solo penales) relacionadas con
los daños causados por el Estado por delitos de lesa humanidad.

Sobre el primero punto, explicó que no existía la vulneración ni el desconocimiento
del precedente deprecado, dado que la sentencia de unificación de 29 de enero de
2020 resultaba obligatoria para las autoridades judiciales de instancia y se debía
aplicar con efectos retrospectivos, como lo coligió el Tribunal Administrativo de
Casanare.

Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del
responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento
disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenara abrir proceso contra el
superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las
medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al
responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia.

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario en su caso.

En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la
competencia hasta que este completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la
amenaza».
18«Artículo 52. Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en

el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa
hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una
consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al
superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción».

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En relación con el segundo aspecto, el juez constitucional revisó de manera
detallada la valoración probatoria realizada en el proceso ordinario y encontró que
la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico, por cuanto no analizó
con suficiente profundidad las pruebas obrantes en el expediente ni tuvo en cuenta
para el análisis de la caducidad las especiales circunstancias que rodearon el
caso.

Particularmente, destacó que el tribunal contaba con pruebas suficientes para
deducir razonablemente el momento desde el cual la parte actora estaba en
capacidad de conocer la participación del Estado en la muerte del señor Leonardo
Achagua Forero, como por ejemplo el inicio de un proceso ante la justicia penal
militar, su remisión a la justicia ordinaria y la confesión de uno de los militares
investigados:

De todo lo expuesto, la Sala advierte claramente que el Tribunal Administrativo de
Casanare incurrió en un defecto fáctico al no valorar las pruebas obrantes dentro
del expediente para definir el momento desde el cual debía contabilizarse la
caducidad del medio de control de reparación directa, teniendo para estos efectos
los derroteros indicados por la sentencia de unificación de la sección tercera. Así,
pese a que el tribunal hizo mención a la tesis unificada vigente para ese momento,
de cara al análisis probatorio no aplicó adecuadamente el parámetro allí definido,
dado que determinó que el término empezó a correr cuando la víctima fue hallada
sin vida en el cementerio del municipio de Tauramena, se insiste, con la sola
narración de los hechos expuestos en la demanda ordinaria, y sin tener en cuenta
que en ese momento era imposible determinar las condiciones en las cuales se
había producido el fallecimiento.

A igual conclusión llegó respecto del defecto sustantivo, al advertir que el Tribunal
Administrativo de Casanare no realizó el control oficioso de convencionalidad
teniendo en cuenta la gravedad de los hechos estudiados y prescindió de los
tratados ratificados por Colombia, necesarios para efectuar una interpretación
sistemática de la normatividad aplicable al presente caso.

Por lo tanto, dejó sin efectos la sentencia de 16 de septiembre de 2021, dictada
por el Tribunal Administrativo de Casanare y le ordenó dictar una nueva
providencia en la que tuviera en cuenta las consideraciones expuestas en ese
fallo.

Como se observa, la Sección Primera del Consejo de Estado encontró
configurados los defectos fáctico y sustantivo, por dos razones que también se
invocan en esta acción constitucional: (i) la indebida valoración probatoria
ordenada en el fallo de tutela; y (ii) la omisión en aplicar los tratados sobre
derechos humanos ratificados por Colombia.

Ahora, si bien es cierto que los accionantes reiteran en este trámite que se incurrió
en un defecto al aplicar en la decisión reprochada el precedente unificado de 29
de enero de 2020, pues no era el vigente para la fecha en que se radicó la
demanda de reparación directa, la Sala insiste en que los argumentos expuestos
por los accionantes a través de esta acción constitucional pueden ser puestos de
presente ante el juez natural de la causa, que en este caso es el que conoció de la
acción de tutela 11001-03-15-000-2022-01814-00/01, a través del incidente de
desacato, a quien le corresponde estudiar si lo ordenado en la sentencia 29 de

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septiembre de 2022, fue cumplido a cabalidad por el Tribunal Administrativo de
Casanare. Esto, de conformidad con los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de
1991, citados en líneas previas.

De igual manera, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el incidente de
desacato como mecanismo de carácter judicial para hacer cumplir los fallos de
tutela. Así, por ejemplo, en sentencia SU-034 de 201819, señaló lo siguiente:

Pues bien: cuando el sujeto o autoridad responsable del agravio no da
cumplimiento a lo resuelto dentro del término estipulado, el juez que obró como
autoridad de primera instancia20 está llamado a hacer acatar la orden con el fin de
garantizar la efectividad del derecho protegido, para lo cual puede, además de
adoptar las medidas para propiciar el cumplimiento –conforme a lo previsto en el
artículo 27 del Decreto 2591 de 1991–21, tramitar el incidente de desacato contra el
obligado que se muestre renuente a la observancia del fallo, tal como, desde muy
temprano, lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional:

“El sistema jurídico tiene prevista una oportunidad y una vía procesal
específica para obtener que los fallos de tutela se cumplan y para provocar
que, en caso de no ser obedecidos, se apliquen sanciones a los
responsables, las que pueden ser pecuniarias o privativas de la libertad,
según lo contemplan los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991. El
incidente respectivo, al que se ha referido esta Corporación en varios fallos,
tiene lugar precisamente sobre la base de que alguien alegue ante el juez
competente que lo ordenado por la autoridad judicial con miras al amparo de
los derechos fundamentales no se ha ejecutado, o se ha ejecutado de manera
incompleta o tergiversando la decisión del fallador.”22

La tarea del juez que instruye un incidente de desacato consiste, entonces, en
examinar si la orden proferida para la protección de un derecho fundamental fue
cumplida, o no, por su destinatario, en la forma prevista en la respectiva decisión
judicial23. Esto excluye que en el trámite del desacato puedan hacerse valoraciones
o juicios que hayan sido objeto de debate en el respectivo proceso de tutela, pues
ello implicaría reabrir una controversia que ya ha concluido, en detrimento de la
seguridad jurídica y el principio de cosa juzgada24.

19 M. P. Alberto Rojas Ríos.
20 La jurisprudencia constitucional ha sido enfática en resaltar que la competencia para hacer
cumplir los fallos de tutela radica, prima facie, en cabeza de los jueces de primera instancia, pues
son estos los encargados de hacer cumplir las órdenes impartidas, así provengan de un fallo de
segunda instancia o de una sentencia de revisión emanada de la Corte Constitucional que haya
resuelto revocar lo inicialmente dispuesto. De esta manera, en Auto 136A de 2002, esta
Corporación destacó que la competencia principal del juez de primera instancia para asegurar el
cumplimiento de las distintas sentencias de tutela: “(i) Obedece a una interpretación sistemática del
decreto 2591 de 1991, (ii) genera claridad en términos de seguridad jurídica, al desarrollar el
principio de igualdad en los procedimientos judiciales, (iii) esta (sic) en armonía con el principio de
inmediación del trámite de tutela y, (iv) protege la eficacia de la garantía procesal en que consiste
el grado jurisdiccional de consulta”. Cfr. Sentencias SU-1158 de 2003, T-421 de 2003, T-368 de
2005 T-271 de 2015 y T-226 de 2016.
21 Sobre los rasgos que diferencia el trámite del cumplimiento del incidente de desacato, se ha

dicho: “[L]a facultad para sancionar por desacato es una opción que tiene el juez frente al
incumplimiento pero no puede confundirse en manera alguna con la potestad que tiene para hacer
efectiva la orden de tutela. Es decir, el juez puede adelantar el incidente de desacato y sancionar a
o los responsables y simultáneamente puede adelantar las diligencias tendentes a obtener el
cumplimiento de la orden. Un trámite no excluye al otro y de igual manera la competencia para
hacer efectivo el cumplimiento de la orden no es requisito necesario ni previo para poder imponer
la sanción.” Sentencia T-459 de 2003, M.P.: Jaime Córdoba Triviño
22 Sentencia T-088 de 1999, M.P.: José Gregorio Hernández Galindo
23 Sentencia T-014 de 2009, M.P.: Nilson Pinilla Pinilla
24 Sentencias T-188 de 2002, M.P.: Alfredo Beltrán Sierra, T-421 de 2003, M.P.: Marco Gerardo

Monroy Cabra y T-512 de 2011, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio

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En consecuencia, esta sala de decisión declarará la improcedencia de la acción de
tutela interpuesta por los señores Dora Cecilia Forero de Achagua, Nicolás
Achagua, Marcela Josefa Cediel Villalobos, Dania Alejandra Achagua Cediel, Dora
Cecilia Achagua Forero, Nicolás Achagua Forero, Clarisa Achagua Forero, Yojaina
Achagua Forero, Sofía Achagua Forero, Tirso Achagua Forero y Juan Carlos
Achagua Forero contra el Tribunal Administrativo de Casanare, dado que no se
encuentra acreditado el requisito de agotamiento de los mecanismos judiciales,
pues se itera los actores tienen a sus disposición otro mecanismo de defensa
judicial, eficaz e idóneo, para solicitar la protección que invocan en el presente
asunto.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por los
señores Dora Cecilia Forero de Achagua, Nicolás Achagua, Marcela Josefa Cediel
Villalobos, Dania Alejandra Achagua Cediel, Dora Cecilia Achagua Forero, Nicolás
Achagua Forero, Clarisa Achagua Forero, Yojaina Achagua Forero, Sofía Achagua
Forero, Tirso Achagua Forero y Juan Carlos Achagua Forero contra el Tribunal
Administrativo de Casanare.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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