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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-02537-01

Fecha
27 de julio de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-02537-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 15 de junio de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la que declaró improcedente la acción de la referencia, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-02537-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

27 de julio de 2023

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 2 53 7- 0 1

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02537-01
Accionante: Dora Cecilia Forero de Achagua y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare

Temas: Acción de tutela contra sentencia dictada en proceso de reparación
directa, en atención a una orden de tutela. Incumplimiento del requisito de
subsidiariedad.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 15 de junio de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, a través de la cual declaró improcedente la acción de tutela.

ANTECEDENTES

Los señores Dora Cecilia Forero de Achagua, Nicolás Achagua, Marcela Josefa
Cediel Villalobos, Dania Alejandra Achagua Cediel, Dora Cecilia Achagua Forero,
Nicolás Achagua Forero, Clarisa Achagua Forero, Yojaina Achagua Forero, Sofía
Achagua Forero, Tirso Achagua Forero y Juan Carlos Achagua Forero promovieron
acción de tutela para que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, reparación integral y acceso a la administración de justicia, los
cuales consideraron vulnerados por el Tribunal Administrativo de Casanare.

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HECHOS

La parte actora afirmó que el 18 de diciembre de 2007, en horas de la tarde, el
joven Leonardo Achagua Forero, quien era un trabajador de buenas costumbres
residente en el Barrio La Esperanza de Yopal, le indicó a su compañera, Marcela
Josefa Cediel, que iría al municipio de Aguazul a acompañar a un amigo; sin
embargo, desde esa fecha no volvieron a tener noticias de él, sino hasta el 22 de
ese mes y año, cuando Zuleima Guerrero le informó a aquella que en el
cementerio de Tauramena había tres cadáveres y que posiblemente uno de ellos
pertenecía al joven, lo cual fue comprobado ese mismo día, cuando realizaron el
reconocimiento al cuerpo.

Indicó que tuvieron conocimiento de que, al parecer, aquel había sido asesinado
en un supuesto enfrentamiento armado presentado en la vereda Chitamena del
municipio de Tauramena en la finca La Dorada de propiedad del ganadero Carlos
Gabriel López Chaparro.

Adujo que en el informe del Batallón de Infantería núm. 44 Ramón Nonato Pérez,
se consignó que el 18 de diciembre de 2007, aproximadamente a las 19:00 horas,
los miembros del Ejército Nacional organizaron un presunto operativo en
cumplimiento de la Misión Táctica Sagitario – Orden Fragmentaria núm. 173
Demoledor, basados en aparentes fuentes de inteligencia e información que
referenciaban la presencia de cinco sujetos pertenecientes a las BACRIM que
presuntamente vestían prendas de uso exclusivo de las fuerzas militares y se
dedicaban al robo de ganado y a intimidar a campesinos de la región, y que en la
madrugada se produjo un enfrentamiento, en el que se dio de baja a tres sujetos.

Señaló que, conforme al expediente penal militar, los presuntos tres terroristas,
entre los cuales se encontraba Leonardo Achagua Forero, tenían en su poder 3
fusiles AK-47, 5 proveedores metálicos para fusil, una mina Kleimore, una pistola 9
mm, 2 proveedores para esta, 247 cartuchos de distintos calibres y un chaleco
multipropósito, y habían llegado al área a mantener el control del comercio de
alcaloides, extorsionar e intimidar a los habitantes del sector, pero su presencia
fue detectada, por lo que fueron neutralizados.

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Aseguró que los jóvenes dados de baja no portaban ningún elemento que los
identificara como miembros de algún grupo al margen de la ley y que en el
enfrentamiento no se presentaron uniformados heridos ni muertos. Añadió que la
retención, tortura y muerte de Leonardo Achagua Forero obedeció a una conducta
irregular de los agentes estatales y no a un combate.

Aseveró que por el delito de homicidio se está adelantando el Proceso 204 en el
Juzgado 13 de Instrucción Penal Militar, el cual fue asumido por la Jefatura de la
Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y en
el que constan varias declaraciones de militares, en las que indican que se trató
de un delito de lesa humanidad; y denuncias de diversos testigos.

Agregó que el grupo familiar del joven Leonardo Achagua Forero únicamente
contó con asistencia jurídica profesional y con los indicios que permitían evidenciar
la participación del Estado en los hechos mucho tiempo después de la muerte de
aquel, por lo cual hasta el 24 de agosto de 2015 formularon demanda de
reparación directa, previa solicitud de conciliación extrajudicial.

Expuso que el 10 de diciembre de 2020, el Juzgado Primero Administrativo de
Yopal, luego de efectuadas todas las etapas procesales y transcurridos 37 meses,
declaró probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control, por lo
cual ambas partes recurrieron la decisión, y el 16 de septiembre de 2021 el
Tribunal Administrativo de Casanare, sin mayor análisis jurídico, confirmó la
sentencia de primera instancia, a pesar de que esa determinación difiere de lo
definido en otras providencias dictadas por la misma corporación judicial y de lo
previsto en instrumentos internacionales de protección de derechos humanos.

Refirió que, debido a esa posición, formuló acción de tutela, la cual le correspondió
a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, autoridad que,
el 26 de abril de 2022, negó el amparo de los derechos fundamentales reclamados
en protección, razón por la cual impugnó el fallo y el 29 de septiembre de esa
anualidad la Sección Primera de esa corporación revocó la providencia objeto del
recurso y, en su lugar, concedió el amparo deprecado, dejó sin efectos la
sentencia del 16 de septiembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare y le ordenó dictar una nueva providencia.

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Mencionó que, en atención a lo anterior, el 10 de noviembre de 2022 el Tribunal
Administrativo de Casanare dictó sentencia de reemplazo, pero confirmó la
sentencia del 10 de diciembre de 2020 dictada por el Juzgado Administrativo de
Descongestión del Circuito Judicial de Yopal, que declaró configurada la
caducidad.

Consideró que la sentencia de dicha corporación judicial va en contra de lo
ordenado por su superior jerárquico en la sentencia de tutela del 29 de septiembre
de 2022, por lo cual no acató lo allí dispuesto, a pesar de que se trata de un caso
en el que se denuncian graves violaciones de derechos humanos y que resultan
aplicables los artículos 1, 2, 5, 8, 17, 19, 25 y 29 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, interpretados en varios pronunciamientos de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, y las sentencias dictadas por las distintas
subsecciones de las secciones del Consejo de Estado en acciones de tutela.

Agregó que el caso de Leonardo Achagua Forero se tramita ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, con radicado P-2804-18, y en auto de la
Jurisdicción Especial para la Paz se consignó que entre las víctimas que sufrieron
el flagelo de los delitos de lesa humanidad se encuentra aquel. En esa medida,
adujo que quedó demostrado que su familiar fue víctima de retención ilegal,
desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial por parte del Ejército
Nacional, para ser presentado ilegítimamente como una baja en combate.

Expresó que el único fundamento de la sentencia del 10 de noviembre de 2022 es
la decisión de unificación del 29 de enero de 2020 dictada por la mayoría de los
integrantes de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso de
reparación directa 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033), a la que acudió en
una interpretación que resulta incoherente con los postulados mínimos de esta y
que va en contra de la postura jurisprudencial vigente para la época en que
presentó la demanda.

Señaló que el Congreso de la República definió que el medio de control de
reparación directa se puede presentar en cualquier tiempo, cuando deriva de
conductas que constituyan delitos de lesa humanidad, en el marco del literal f del
numeral 1 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011; en esa medida, de la lectura de
los antecedentes legislativos de esa codificación no es dable sostener la

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inexistencia de una regla en el derecho positivo colombiano que excluya de
caducidad a la demanda de reparación directa respecto de los delitos de lesa
humanidad.

Sostuvo que desde la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 la
jurisdicción de lo contencioso administrativa, con algunas excepciones, y la Corte
Constitucional, con la Sentencia SU312/20, entraron en un bucle de
incumplimiento de la intención expresa del legislador, con lo cual han actuado
sistemáticamente en contra de los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de las víctimas de los llamados falsos positivos, del
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 y de los principios iura novit curia y pacta sunt
servanda, al declarar la caducidad de las demandas de reparación directa.

Añadió que el Tribunal Administrativo de Casanare decidió el caso sin tener en
cuenta las 23 decisiones que a 16 de septiembre de 2021 habían proferido los
órganos de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y de la
constitucional, en las que se garantizó el derecho al acceso a la administración de
justicia, pese a haberse demandado después de dos años de conocidos los
hechos y la participación del Estado en ellos, como son las siguientes providencias
del 20 de junio de 2011, rad. 2011-00655-00; 11 de agosto de 2011, rad. 2010-
00177-01; 5 de abril de 2013, rad. 1999-00217-01; 17 de septiembre de 2013, rad.
2012-00537-01; 12 de febrero de 2015, rad. 2014-00747-01; 12 de marzo de 2015,
rad. 2014-01352-01; 7 de septiembre de 2015, rad. 2015-01676-00; 7 de
septiembre de 2015, rad. 2013-00035-01; 7 de septiembre de 2015, rad. 2010-
00178-01; 2 de mayo de 2016, rad. 2014-00069-01; 5 de septiembre de 2016, rad.
2016-00587-01; 24 de octubre de 2016, rad. 2016-01722-01; 10 de noviembre de
2016, rad. 2010-00115-01; 30 de marzo de 2017, rad. 2014-01449-01; 12 de
octubre de 2017, rad. 2010-01922-01; 7 de diciembre de 2017, rad. 2017-01395-
01; 30 de agosto de 2018, rad. 2017-01976-01; 12 de septiembre de 2019; rad.
2010-00238-01; 30 de julio de 2020, rad. 2019-04842-01; 20 de agosto de 2020,
rad. 2019-01816-01; 30 de abril de 2021, rad. 2020-04068-01; T352/16; T296/18 y
T296/18.

Adicionalmente, expuso que el accionado, a pesar de la sentencia de unificación
del 29 de enero de 2020, tenía el deber de aplicar debidamente el orden positivo y,
en esa medida, hacer uso del ejercicio humanista en equidad a que se refiere el

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artículo 230 superior, expresado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, y así
llegar a una conclusión justa, lógica y garantista.

De otro lado, indicó que el Tribunal Administrativo de Casanare, con el fallo de
reemplazo, incumplió por completo la orden emitida por la Sección Primera del
Consejo de Estado en la sentencia de segunda instancia de la acción de tutela con
radicado 2022-01814-01, en la que se ampararon sus derechos fundamentales y
que implicaba que no había lugar a declarar el fenómeno jurídico de la caducidad,
pues volvió a emitir exactamente la misma providencia violatoria de derechos
fundamentales que ya había sido objeto de reproche constitucional, pese a la
reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el deber de acatar los
fallos de tutela y a lo previsto en el Decreto 2591 de 1991.

Así las cosas, consideró que el Tribunal precitado incurrió en los defectos fáctico,
por la indebida valoración probatoria y la emisión de un fallo de reemplazo sin
atender la orden judicial; procedimental absoluto, en atención a la grave violación
del derecho al debido proceso; sustantivo, por decidir conforme a una
interpretación del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 que vulnera la Constitución
Política; y desconocimiento del precedente judicial, al no aplicar los precedentes
vinculantes; y error inducido, debido a la aplicación de la sentencia del 29 de
enero de 2020 denominada de unificación.

PRETENSIONES

Los accionantes solicitaron, en atención a la Constitución Política y los diversos
instrumentos internacionales de derechos humanos, amparar sus derechos
fundamentales al acceso a la integridad personal, administración de justicia,
debido proceso, igualdad y a la reparación integral y el principio de la prevalencia
del derecho sustancial sobre el formal, los cuales les fueron vulnerados en el
proceso de reparación directa con radicado 85001-33-33-001-2015-00414-01 por
la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Casanare el 10 de
diciembre de 2020 y, en consecuencia, con efectos inter comunis o inter pares se
declare nula la sentencia del 10 de noviembre de 2022, por incompatibilidad con la
Constitución Política y por ser transgresora del bloque de constitucionalidad y de
la voluntad del legislador expresada en los antecedentes legislativos del artículo
164 de la Ley 1437 de 2011, y se ordene a la corporación judicial accionada tratar

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con debida diligencia el proceso de reparación directa, dando prioridad para
proferir una nueva decisión conforme a las garantías pro homine, pro damnato y
pro actioni.

ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO

La acción de tutela de la referencia fue admitida el 18 de mayo de 2023, mediante
proveído, en el que se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Casanare,
como accionado; y al Juzgado Administrativo de Descongestión de Yopal, a la
Nación-Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, a la Subsección B de
la Sección Segunda y a la Sección Primera del Consejo de Estado, como terceros
con interés; y se negó la medida provisional solicitada.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Casanare, por conducto del magistrado José
Antonio Figueroa Burbano, afirmó que no es cierto que haya vulnerado ninguno de
los derechos fundamentales reclamados en protección, como en forma
irresponsable y temeraria lo afirma el apoderado de los accionantes, para lo cual
basta con mirar la sentencia emitida en el medio de control de reparación directa.

Al respecto, confirmó que la decisión cuestionada fue dictada en cumplimiento del
fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado en el proceso con radicado
11001-03-15-000-2022-01814-01, en donde se reprochó la ausencia de análisis
del derecho convencional y de las pruebas obrantes en el expediente, razón por la
cual realizó el estudio de ambas situaciones, según consta en el proveído
respectivo, y concluyó que había lugar a declarar la caducidad.

En esa medida, solicitó negar el amparo deprecado o, en su defecto, declarar
improcedente la acción, para lo cual aclaró que la tutela no es una tercera
instancia de las reparaciones directas, sino un mecanismo extraordinario para
salvaguardar derechos fundamentales que han sido conculcados. En todo caso,
adujo que si la decisión de esta corporación es distinta, la acatará, como
corresponde en un Estado de Derecho.

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POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El Ministerio de Defensa Nacional, por medio de la coordinadora del Grupo
Contencioso Constitucional, después de hacer un recuento de los antecedentes de
esta acción, señaló que la tutela no tiene vocación de prosperidad, puesto que la
providencia censurada en esta sede se encuentra ajustada a los parámetros de
convencionalidad y derechos humanos, sin que exista transgresión de derechos
fundamentales; por lo tanto, solicitó atender las sentencias de unificación del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, en las cuales se interpretó el
conteo de la caducidad desde el conocimiento del hecho dañoso y de la
participación del Estado.

Por otro lado, aseguró que la parte accionante omitió su deber de indicar con
claridad los defectos en que incurrió el Tribunal Administrativo de Casanare, al
proferir la sentencia declarativa de caducidad, pues su extensa argumentación se
centra en reparos contra el precedente unificador del tribunal de cierre de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo y en reiterar argumentos expuestos
en la acción de tutela adelantada ante la Sección Quinta de aquel.

Además, aclaró que en el ámbito internacional, concretamente en el Estatuto de
Roma, existen delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles, lo cual no
puede aplicarse en la legislación interna, con base en la Sentencia C578/02,
máxime si se tiene en cuenta que una de las expresiones de la seguridad jurídica
es la caducidad y que uno de los mecanismos creados para garantizar ese
principio y el de igualdad son las sentencias de unificación.

Agregó que la acción de la referencia no cumple con las exigencias para habilitar
el estudio de la acción, porque el extremo activo no realizó un estudio de los
requisitos específicos de procedencia ni tampoco acreditó la conculcación de los
derechos fundamentales.

Aunado a ello, expuso que el Tribunal Administrativo de Casanare consideró las
premisas fácticas para resolver la apelación y evidenció que la muerte del joven
Leonardo Achagua Forero y su imputación al Estado quedaron evidenciadas
desde el 22 de diciembre de 2006, por lo cual sus familiares solo tenían hasta el
22 de diciembre de 2008 para formular la correspondiente reclamación; sin

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embargo, instauraron la demanda 7 años después de la ocurrencia de los hechos,
por lo que se configuró la caducidad.

Así mismo, esclareció que la orden del juez constitucional, en el proceso 2022-
01814-01, consistió en que la corporación judicial debía profundizar en las pruebas
obrantes en el expediente para soportar su decisión, por cuanto el fundamento
inicial estuvo encaminado exclusivamente en el registro de los hechos, lo cual fue
acatado debidamente; así, dilucidó que el mandato de la orden de tutela no fue
acceder a las pretensiones de la demanda.

El Juzgado Primero Administrativo de Yopal, mediante su titular, adujo que, en
atención al principio de autonomía judicial, no le corresponde pronunciarse de
fondo, en tanto no fue quien profirió la sentencia discutida.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 15 de junio de 2023 la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela, por no superar el requisito de subsidiariedad, en
la medida en que los accionantes cuentan con el incidente de desacato para lograr
el cumplimiento de las órdenes impartidas en el proceso constitucional 11001-03-
15-000-2022-01814-00 [01], en virtud de lo consagrado en los artículos 27 y 52 del
Decreto 2591 de 1991.

IMPUGNACIÓN

Los accionantes impugnaron la sentencia de tutela de primera instancia, para lo
cual afirmaron que sí es procedente el amparo excepcional contra la sentencia del
10 de noviembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare
dentro del proceso de reparación directa, en la que confirmó el fallo recurrido, a
través del que se declaró configurada la caducidad, al tratarse de una decisión
violatoria de sus derechos fundamentales y transgresora del bloque de
constitucionalidad y los artículos 3 y 131 de la Convención de Ginebra y los
principios 1, 23 y 32 del conjunto de principios actualizados para la protección y
promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad
adoptado desde el 8 de febrero de 2005 por la Comisión de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas; instrumentos a los que remite el legislador para exceptuar

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la caducidad del medio de control de reparación directa originado en delitos de
lesa humanidad.

Igualmente, aseveró que en la sentencia de primera instancia de esta acción no se
tuvo en cuenta que el argumento formulado desde el inicio se sustenta en que en
Colombia, por voluntad del legislador, no es aplicable la caducidad a las acciones
de reparación directa derivadas de delitos de lesa humanidad. Añadió que las
razones del Tribunal Administrativo de Casanare para declarar la caducidad en
esa providencia son nuevas y con ellas se vulneran sus derechos fundamentales.

Así mismo, refirieron que el incidente de desacato no es un medio de
impugnación, por lo que no puede ser tenido como un recurso obligatorio cuando
con la decisión judicial pretende ajustarse al fallo de tutela, pero produce una
nueva forma de transgresión ius fundamental, que contrasta con el ordenamiento
jurídico superior y la Sentencia SU167/23.

En ese entendido, reiteraron que la inobservancia del Tribunal Administrativo de
Casanare a las órdenes emitidas por su superior en sede de tutela constituye una
conducta repetitiva que vulnera sus derechos a la igualdad, al debido proceso, a la
reparación integral derivada de la responsabilidad patrimonial del Estado y al
acceso a la administración de justicia en su condición de víctimas de graves
violaciones de los derechos humanos por delitos de lesa humanidad. Por
consiguiente, solicitaron amparar dichos derechos y acoger la totalidad de sus
pretensiones.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos

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fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos
generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la
Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la
Sentencia SU034/18, estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a
la esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para
sustituir el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a
la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen
de lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que
no se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias
excluidas de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial,
la Corte Constitucional identificó los siguientes:

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.”

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.

II. Caso concreto

Los accionantes, en el recurso de impugnación, sostuvieron que contrario a lo
definido por la Sección Quinta de esta corporación, en la sentencia de primera
instancia de esta acción de tutela, el asunto sí supera el requisito de
subsidiariedad, comoquiera que en la sentencia del 10 de noviembre de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare dentro del proceso de
reparación directa, en la que se confirmó la decisión de declarar configurada la
caducidad, se vulneraron sus derechos fundamentales, el bloque de
constitucionalidad, numerosos instrumentos internacionales y la voluntad del
legislador, que permiten exceptuar ese plazo cuando se trata de delitos de lesa
humanidad.

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Así mismo, refirieron que el incidente de desacato no es un medio de
impugnación, por lo que no puede ser tenido como un recurso obligatorio, pues la
providencia cuestionada produce una nueva forma de transgresión ius
fundamental; además, sostuvieron que la inobservancia del Tribunal accionado a
las órdenes emitidas por su superior en sede de tutela constituye una conducta
repetitiva que vulnera su derecho a la igualdad.

Pues bien, para resolver los anteriores disensos, resulta necesario, en primer
lugar, aclarar que la sentencia del 10 de noviembre de 2022, que aquí se discute,
fue dictada por la corporación judicial accionada en cumplimiento de la orden de
tutela contenida en el fallo del 29 de septiembre de 2022 expedido por la Sección
Primera del Consejo de Estado, en el que se accedió a la salvaguarda deprecada,
se dejó sin efectos la sentencia de segunda instancia del 16 de septiembre de
2021 dictada por el Tribunal Administrativo de Casanare y se le ordenó a este
último dictar una nueva providencia en la que tuviera en cuenta el control de
convencionalidad y las pruebas obrantes en el expediente sobre la fecha en que
los demandantes tuvieron conocimiento de la participación de los miembros del
Ejército Nacional en la muerte del joven Leonardo Achagua Forero.

La anterior decisión tuvo origen en la acción promovida por los hoy accionantes,
por la emisión de la sentencia del 16 de septiembre de 2021, mediante la cual el
Tribunal precitado confirmó la sentencia de primera instancia que declaró probada
la excepción de caducidad. Para el efecto, los allí solicitantes del amparo
afirmaron que con esa determinación se conculcaron sus derechos fundamentales
a la igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia y reparación
integral, porque, a su juicio, la autoridad judicial incurrió en los defectos
procedimental absoluto, fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente
judicial y error inducido, en síntesis, al haber aplicado la sentencia de unificación
del 29 de enero de 2020, pese a que los supuestos fácticos constituían un delito
de lesa humanidad y, por ende, no había lugar a declarar la caducidad, y, en
gracia de discusión, al no haber verificado el momento en que tuvieron
conocimiento de lo sucedido y contaron con la posibilidad de demandar al Estado.

En ese orden de ideas, esta Subsección advierte que, como lo concluyó la
Sección Quinta de esta corporación, si los accionantes consideran que no se

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acató la orden dictada en la acción de tutela primigenia, pueden acudir al incidente
de desacato, en los términos del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, con el fin
de que el juez de primer instancia de la acción de tutela que dio lugar al amparo
analice si existe una falta de acatamiento de lo previsto en la sentencia del 29 de
septiembre de 2022, o iniciar el trámite de cumplimiento de que trata el artículo 27
ejusdem.

Al respecto, resulta pertinente resaltar que esos mecanismos tienen como
finalidad materializar la protección de los derechos fundamentales mediante el
cumplimiento de la orden dictada en la sentencia de tutela, conforme lo ha
señalado reiteradamente la Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos
judiciales3, por lo cual resultan procedentes para lograr lo aquí pretendido.

Ahora bien, los peticionarios de la salvaguarda adujeron, en el recurso de
impugnación, que en la sentencia de reemplazo, la autoridad judicial dio lugar a
una nueva vulneración de derechos fundamentales, por lo que debe concederse la
protección deprecada; sin embargo, se denota que los desacuerdos planteados en
esta sede para justificar esa situación son iguales a los expuestos en la primera
acción de tutela que dio lugar a la expedición de la precitada providencia, esto es,
la inaplicación de la caducidad del medio de control de reparación directa, por lo
cual no es posible examinar nuevamente ese aspecto, pues ello ya fue objeto de
estudio y decisión por parte de la Sección Primera del Consejo de Estado.

De otro lado, los accionantes también manifestaron que el incidente de desacato
no es un medio de impugnación, lo cual es cierto, pues se trata de un trámite
tendiente a lograr el cumplimiento de lo ordenado, como se explicó en
precedencia, lo cual es lo buscado en esta acción; además, debe resaltarse que el
requisito de subsidiariedad, que se encuentra inobservado en esta oportunidad,
exige que quien acude a deprecar el amparo constitucional haya agotado todos los
mecanismos de defensa ordinarios y extraordinarios, antes de formular la tutela.

Así las cosas, en el presente asunto se advierte que el incidente de desacato y/o
el trámite de cumplimiento son herramientas idóneas y eficaces para lograr el
acatamiento de la orden constitucional que, en criterio de los accionantes, no fue
atendida, por lo que no se satisface el requisito de subsidiariedad.
3 Ver, entre otras, providencias: A300/19, SU034/18 y A031/11.

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Aunado a lo expuesto, no se evidencia la probable configuración de un perjuicio
irremediable que permita conocer el fondo del asunto, a pesar de la existencia del
incidente referido. Por consiguiente, se confirmará la sentencia del 15 de junio de
2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la que declaró
improcedente la acción de la referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 15 de junio de 2023 proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, en la que declaró improcedente la acción de la
referencia, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.

Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

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