Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-02145-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-02145-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2022-02145-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
20 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2022-02145-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: COLOMPACK S.A.
TESIS: SE CONCEDE EL AMPARO SOLICITADO. EL TRIBUNAL
ACCIONADO INCURRIÓ EN DEFECTO SUSTANTIVO. ENTRE EL 16 DE
MARZO Y EL 30 DE JUNIO DE 2020, ESTUVIERON SUSPENDIDOS
LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD. EL HECHO DE QUE DURANTE DICHO
LAPSO LOS USUARIOS DE LA JUSTICIA HAYAN PODIDO RADICAR
LAS SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL, NO IMPLICA
QUE SE PUEDA DESCONOCER LOS ALCANCES DE LA SUSPENSIÓN
ALUDIDA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la sociedad actora
contra el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ1 y la SECCIÓN PRIMERA
-SUBSECCIÓN “A”- DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
1
En adelante el JUZGADO.
2
Número único de radicación: 110010315000 2022 02145 00
Actora: COLOMPACK S.A.
CUNDINAMARCA2.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La sociedad COLOMPACK S.A., actuando a través de apoderado
judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, los cuales considera vulnerados por el JUZGADO y el
TRIBUNAL, por haber proferido los autos de 27 de enero de 2021 y
10 de marzo de 2022, respectivamente, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el numero
único de radicación 110013334001 2020 00327 00.
I.2.- Hechos
Manifestó que a través de la Resolución núm. 2020008023 de 3 de
marzo de 2020, el INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE
2
En adelante el TRIBUNAL.
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Actora: COLOMPACK S.A.
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS -INVIMA3 culminó un proceso
sancionatorio en el que le impuso una multa por $3.600.000.000.oo.
Precisó que el acto administrativo aludido fue notificado el 5 de marzo
de 2020, razón por la cual el término de caducidad del medio de
control procedente comenzó a correr al día siguiente.
Explicó que en virtud del Decreto 564 de 15 de abril de 2020 4, los
términos de caducidad en materia procesal estuvieron suspendidos
entre el 16 de marzo y el 30 de junio de esa anualidad.
Anotó que, en ese orden de ideas, entre los días 6 y 16 de marzo de
2020 transcurrieron 10 días, restando 3 meses y 20 días como
término de caducidad.
Expuso que el 26 de junio de 2020, radicó la solicitud de conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, entidad que
el 29 de septiembre siguiente expidió la respectiva constancia de
agotamiento del requisito para promover el medio de control
3
En adelante INVIMA.
4
“Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del sistema de
justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.
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Actora: COLOMPACK S.A.
respectivo.
Agregó que, en ese orden de ideas, el 30 de septiembre de 2020 se
reanudó el cómputo de los 3 meses y 20 días que restaban para
acudir al medio de control, por lo que la demanda podía ser radicada
hasta el 19 de enero de 2021.
Comentó que el 18 de diciembre de 2020, radicó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, con el fin de controvertir la legalidad de los actos
administrativos a través de los cuales el INVIMA impuso la sanción.
Mencionó que el proceso aludido fue identificado con el numero único
de radicación 110013334001 2020 00327 00 y atribuido para su
trámite en primera instancia al JUZGADO que, mediante auto de 27
de enero de 2021, rechazó la demanda por caducidad, sin siquiera
hacer mención al Decreto 564 de 15 de abril 2020.
Indicó que interpuso el recurso de apelación respectivo ante el
TRIBUNAL que, a través de auto de 10 de marzo de 2022, confirmó
la decisión inicial, al estimar que conforme con el Decreto 491 de 28
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de marzo de 20205 y la normatividad interna de la Procuraduría
General de la Nación, dicha entidad continuó la prestación de sus
servicios de forma virtual, por lo que en lo que concernía a la
conciliación prejudicial no operó la suspensión de los términos de la
caducidad.
Anotó que el TRIBUNAL señaló que en la medida que el término de
la caducidad empezó a correr desde el 6 de marzo de 2020, vencía
el 6 de julio siguiente, sin embargo, como la solicitud de conciliación
se radicó el 26 de junio de 2020, restaron 11 días que se
contabilizarían desde el momento en que se expidiera la constancia
de agotamiento del requisito de procedibilidad.
Expresó que el TRIBUNAL estimó que, en ese orden de ideas, los
11 días restantes transcurrieron desde cuando se expidió la
certificación de agotamiento del requisito de procedibilidad, esto es,
desde el 29 de septiembre y hasta el 13 de octubre de 2020, por lo
que al haber sido presentada la demanda el 18 de diciembre de esa
5
Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios
por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman
medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades
públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica”
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anualidad se tuvo como extemporánea.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Argumentó que, al proferir las providencias cuestionadas, las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en el defecto
sustantivo, porque mientras el JUZGADO omitió referirse a los
efectos del Decreto 564 de 15 de abril 2020, el TRIBUNAL optó por
la aplicación indebida del Decreto 491 de 28 de marzo de la misma
anualidad, sin tener en cuenta que conforme con el artículo 2º6 de la
Ley 153 de 15 de agosto de 18877, cuando una norma posterior es
contraria a una anterior, debe aplicarse aquella.
Arguyó que el TRIBUNAL desconoció que el Decreto 564 de 15 de
abril 2020, prevé que la suspensión de los términos de caducidad
aplicaba para cualquier tipo de proceso, sin importar si para el
agotamiento de la conciliación prejudicial la Procuraduría General de
la Nación había continuado la prestación de sus servicios de forma
virtual.
6
[...]Artículo 2. La ley posterior prevalece sobre la ley anterior. En caso de que una ley posterior sea
contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se aplicará la ley posterior [...]”
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“Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887.”
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Agregó que el TRIBUNAL hizo caso omiso a las advertencias que
sobre el asunto hizo un magistrado que salvó voto al señalar que el
término de caducidad se mantuvo suspendido en el período en
mención, sin importar si en ese interregno se radicó o no solicitud de
conciliación extrajudicial, porque dicha circunstancia no implicaba el
levantamiento de la medida suspensiva.
Concluyó que, en ese orden de ideas, las autoridades judiciales
accionadas desconocieron sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, al rechazar su
demanda sin haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad
como lo afirmaron.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:
“[…] PRIMERA: ORDENAR al JUZGADO PRIMERO
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
BOGOTÁ SECCIÓN PRIMERA, o, AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN “A”, SE
DE APLICACIÓN AL DECRETO LEGISLATIVO 564 DE 2020, se
revoque la decisión de RECHAZAR LA DEMANDA y en
consecuencia se ADMITA LA DEMANDA PRESENTADA POR
COLOMPACK S.A. en contra del INVIMA presentada el 18 de
diciembre de 2020 […]”.
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I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que la actora no acreditó la relevancia
constitucional del asunto, porque sus argumentos, “[…] en esencia,
reiteran los formulados en el recurso de apelación que, en su
momento, conoció esta Corporación y, en particular, cuestiona la
interpretación del Decreto Legislativo 564 de 2020 […]”.
Destacó que conforme con la normatividad aplicable, la posibilidad
de suspender los términos de caducidad y prescripción solo ocurriría
en el evento en que también se suspendiera la radicación de
solicitudes de convocatoria a diligencia de conciliación prejudicial,
“[…] lo cual no ocurrió pues la Procuraduría General de la Nación
continuó con dicha actividad por medios virtuales […]”.
I.5.2.- El JUZGADO manifestó que conforme con el inciso último del
artículo 1º del Decreto 564 de 15 de abril de 2020, cuando al
decretarse la suspensión de términos, el plazo que restaba para
interrumpir la caducidad fuera inferior a 30 días, el interesado tendría
un mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de la
suspensión, para realizar oportunamente la actuación
correspondiente.
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Precisó que comoquiera que para el caso concreto “[…] el término
transcurrido entre la fecha de notificación del acto demandado y la
fecha en que comenzó a correr la suspensión no era inferior a 30
días, una vez se levantó la suspensión comenzaron a correr los
términos común y corriente […], por lo que era suficiente decretar el
rechazo de la demanda, sin hacer alusión frente a lo preceptuado en
el Decreto 564 de 15 de abril de 2020.
Solicitó que se revise el contenido de los razonamientos expuestos
en el auto de rechazo de la demanda proferido en primera instancia,
no obstante, a estar presto a cualquier requerimiento que se haga al
respecto.
I.5.3.- El INVIMA, vinculado en calidad de tercero con interés
directo en las resultas del proceso, solicitó que se declare su falta de
legitimación en la causa por pasiva, en razón a que la acción de tutela
no está fundamentada en un acto u omisión que devenga de su parte.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
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La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30
de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número
377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las
Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019
de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las
acciones de tutela.
Cuestión previa
La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema
jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para
efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como
el alcance del contenido de la sentencia.
La Sala advierte que el INVIMA solicitó que se declare su falta de
legitimación en la causa por pasiva, en razón a que no es el llamado
a responder por las pretensiones de la solicitud de amparo.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en
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la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor
y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación
en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad
y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas,
y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera
de texto).
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Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se
rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la
conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
En el presente caso, independiente de la prosperidad o no de la
solicitud de amparo, comoquiera que el INVIMA es la entidad
demandada en el proceso que dio lugar a la acción de tutela de la
referencia, es claro que debía ser notificado de la existencia del
presente trámite, en razón al interés directo que le asiste en las
resultas de este y, en consecuencia, se denegará su desvinculación,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
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unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
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constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
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la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, la sociedad actora pretende que se dejen
sin efecto los autos de 27 de enero de 2021 y 10 de marzo de
2022, proferidos por el JUZGADO y el TRIBUNAL,
respectivamente, mediante los cuales rechazaron por caducidad la
demanda promovida, dentro del medio de control de nulidad y
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restablecimiento del derecho identificado con el numero único de
radicación 110013334001 2020 00327 00.
A las citadas providencias la actora le atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales deprecados en razón a que, a su juicio, las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en el defecto
sustantivo, al haber inaplicado el Decreto 564 de 15 de abril de
2020, en virtud del cual los términos de caducidad estuvieron
suspendidos entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020.
En ese orden de ideas, la Sala precisa que el estudio del presente
caso debe recaer en el auto de 10 de marzo de 2022 proferido por el
TRIBUNAL, dado que fue la providencia que concluyó el proceso
ordinario origen de la controversia.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de
ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados
e incurrió en el defecto sustantivo a la luz del Decreto 564 de 15 de
abril de 2020, al expedir el auto de 10 de marzo de 2022, mediante
el cual confirmó el rechazo por caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la actora.
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Actora: COLOMPACK S.A.
En ese orden de ideas, se entrará a examinar el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
La Sala observa que en el presente caso se cumple con el requisito
de la relevancia constitucional, por cuanto la sociedad actora plantea
con suficiente carga argumentativa las razones por las cuales, en su
criterio, se han vulnerado sus derechos fundamentales y se configura
el defecto sustantivo alegado; contra la decisión cuestionada no
proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los
recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y
unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de
tutela se interpuso en un plazo razonable8, la solicitud identifica los
hechos y derechos que se estiman lesionados; y, por último, no se
trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
Visto que el presente caso cumple con los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, la
Sala hará mención al marco jurídico general del defecto alegado, para
enseguida efectuar el estudio del caso concreto.
8
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
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Actora: COLOMPACK S.A.
Del defecto material o sustantivo
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU- 573 de 2017
señaló que:
“[…] El defecto sustantivo puede presentarse cuando, por ejemplo,
el juez: “(i) Fundamenta su decisión en una norma que (a) no es
pertinente; (b) no está vigente en razón de su derogación; (c) es
inexistente; (d) se considera contraria a la Carta Política; y
(e) a pesar de estar vigente y [ser] constitucional, resulta
inadecuada su aplicación a la situación fáctica objeto de revisión”9;
“(ii) Basa su decisión en una norma evidentemente inaplicable al
caso concreto porque resulta inconstitucional o no se adecúa a la
circunstancia fáctica; (iii) el fallo carece de motivación material o
es manifiestamente irrazonable; (iv) presenta una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; (v) la
interpretación desconoce Sentencias con efectos erga omnes que
han definido su alcance y que constituyen cosa juzgada; (vi)
interpreta la norma sin tener en cuenta otras disposiciones
normativas aplicables10; (vii) desconoce la normatividad
aplicable al caso concreto; o (viii) a pesar de la autonomía
judicial, interpreta o aplica la norma de manera errónea”11
(Resaltado fuera de texto).
En cuanto a la indebida interpretación o aplicación de una
norma, recientemente, en la Sentencia T-344 de 2015, reiterada
en la SU-050 de 2017, se precisó que este defecto se ha presentado
cuando: (a) la interpretación o aplicación, prima facie, no se
encuentra dentro del margen de razonabilidad o
proporcionalidad12; (b) es adaptada una disposición de forma
contraevidente o contra legem; (c) es evidentemente perjudicial
para los intereses de una de las partes, a pesar de la legitimidad
de que estos gocen13; (d) es manifiestamente errada y desatiende
los parámetros de juridicidad y aceptabilidad; (e) resulta
injustificadamente regresiva14 o contraria a la Constitución15; o (f)
9
T-176 de 2015.
10
T-790 de 2010 y T-510 de 2011.
11
SU-770 de 2014.
12
T-1101 de 2005, T-1222 de 2005 y T-051 de 2009.
13
T-001 de 1999 y T-462 de 2003.
14
T-018 de 2008.
15
T-086 de 2007.
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cuando dejan de aplicarse normas constitucionales o legales
pertinentes.
Según la jurisprudencia, no cualquier interpretación o aplicación
puede considerarse un defecto sustantivo. El error judicial debe ser
ostentoso, arbitrario y caprichoso, en desconocimiento de
lineamientos constitucionales y legales pertinentes. Lo anterior
debido a que el juez constitucional no debe ni puede definir la forma
en que el juez ordinario tiene que decidir, “pues pueden existir vías
jurídicas distintas para resolver un caso concreto que [también]
son admisibles [y] compatibles con las garantías y derechos
fundamentales de los sujetos procesales”16 […] (Destacado fuera
de texto).
Así las cosas, la Corte Constitucional ha precisado que el defecto
sustantivo puede configurarse cuando la autoridad judicial: a)
efectúa una interpretación normativa fuera del rango de
razonabilidad, b) adapta disposiciones legales contrarias a derecho,
c) el desarrollo de la exégesis es abiertamente prejudicial a los
intereses de los intervinientes y d) es manifiestamente contraria,
injustificada e inconstitucional.
Igualmente, la Corte consideró que el defecto sustantivo deber ser
indudablemente arbitrario e incongruente respecto al
desconocimiento de los lineamientos normativos relacionados con el
caso particular, además, hizo énfasis en los límites del juez
constitucional el cual no puede subrogar al juez natural en el análisis
16
SU-050 de 2017.
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jurídico en el ejercicio de la autonomía interpretativa y la
independencia para fallar, considerando las vías jurídicas
compatibles con las garantías fundamentales de las partes
intervinientes.
Caso concreto
En el presente caso, la sociedad actora señaló que no puede
contabilizarse para efectos de caducidad el tiempo que transcurrió
entre el 16 de marzo y 30 de junio de 2020, en virtud de la
suspensión de términos prevista en el Decreto 564 de 15 de abril de
esa anualidad.
Ahora bien, en la providencia cuestionada, el TRIBUNAL confirmó la
decisión de rechazar por caducidad la demanda de la actora, con base
en el siguiente análisis:
“[…] Sobre el particular, es del caso precisar que el Consejo
Superior de la Judicatura suspendió los términos judiciales desde
el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020, como parte de las
medidas adoptadas para la preservación de la vida y la
mitigación de riesgos con ocasión de la situación de emergencia
sanitaria generada por la irrupción y pandemia del denominado
coronavirus Covid-19 declarada mediante la Resolución No. 385
de 12 de marzo de 2020 por el Ministerio de Salud y Protección
Social.
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A su turno, el Gobierno Nacional profirió el Decreto Legislativo
564 de 15 de abril de 2020 “por el cual se adoptan medidas para
la garantía de los derechos de los usuarios del sistema de
justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social
y Ecológica”, que dispuso lo siguiente.
“Artículo 1. Suspensión de términos de prescripción y
caducidad. Los términos de prescripción y de caducidad
previstos en cualquier norma sustancial o procesal para
ejercer derechos, acciones, medios de control o
presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los
tribunales arbitrales, sean de días, meses o años, se
encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de 2020
hasta el día que el Consejo Superior de la judicatura
disponga la reanudación de los términos judiciales.
El conteo de los términos de prescripción y caducidad se
reanudará a partir del día hábil siguiente a la fecha en que
cese la suspensión de términos judiciales ordenada por el
Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, cuando al
decretarse la suspensión de términos por dicha Corporación,
el plazo que restaba para interrumpir la prescripción o hacer
inoperante la caducidad que era inferior a treinta (30) días, el
interesado tendrá un mes contado a partir del día siguiente al
levantamiento de la suspensión, para realizar oportunamente
la actuación correspondiente.” (negrillas adicionales)
En cuanto al trámite de las solicitudes de conciliación
extrajudicial en materia de lo contencioso administrativo ante la
Procuraduría General de la Nación, el Decreto Legislativo 491 de
28 de marzo de 2020 “por el cual se adoptan medidas de
urgencia para garantizar la atención y la prestación de los
servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares
que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la
protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios
de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia
Económica” previó lo siguiente.
“Artículo 9. Conciliaciones no presenciales ante la Procuraduría
General de la Nación. En la radicación de solicitudes de
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convocatoria y en el trámite de las conciliaciones que sean de
competencia de la Procuraduría General de la Nación, se
promoverán y privilegiarán los procedimientos no
presenciales, de acuerdo con las instrucciones administrativas
que imparta el Procurador General de la Nación, para lo cual
se acudirá a las tecnologías de la comunicación y la
información. Los acuerdos conciliatorios gestionados mediante
audiencias no presenciales se perfeccionarán a través de los
medios electrónicos utilizados o mediante el uso de correos
electrónicos simultáneos o sucesivos. Con lo anterior, el
procurador de conocimiento suscribirá el acta en la que
certificará los acuerdos alcanzados o emitirá las constancias,
según corresponda y cuando sea necesario las remitirá para
aprobación a la autoridad judicial competente.
El Procurador General de la Nación de acuerdo con la
valoración de las circunstancias específicas de salubridad y
capacidad institucional podrá suspender la radicación y/o el
trámite de solicitudes de convocatoria de conciliaciones en
materia civil, de familia y comercial que se lleven a cabo en
los centros de conciliación de la Procuraduría General de la
Nación a nivel nacional, así como de la conciliación
extrajudicial en materia contencioso administrativo
adelantada por los agentes del Ministerio Público.
En el evento en que se suspenda la posibilidad de radicación
de solicitudes de convocatoria de conciliaciones, no correrá el
término de prescripción o caducidad de las acciones o de los
medios control, respectivamente, hasta el momento en que se
reanude la posibilidad de radicación o gestión de solicitudes.
Modifíquese el plazo contenido en los artículos 20 y 21 de la
Ley 640 de 2001 para el trámite de las conciliaciones
extrajudiciales en materia civil, de familia, comercial y de lo
contencioso administrativo a cargo de la Procuraduría General
de la Nación, el cual será de cinco (5) meses. Presentada copia
de la solicitud de convocatoria de conciliación extrajudicial en
asuntos contencioso administrativos ante la entidad
convocada, el Comité de Conciliación contará con treinta (30)
a partir de su recibo para tomar la correspondiente decisión.
Los términos previstos en el inciso anterior serán aplicables
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también a las solicitudes de convocatoria de conciliación
extrajudicial radicadas con antelación a la vigencia del
presente decreto y que aún se encuentren en trámite al
momento de la expedición del mismo. Lo dispuesto en el
presente artículo tendrá vigencia hasta tanto permanezca
vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de
Salud y Protección Social.” (subrayado y negrillas adicionales).
En relación con este aspecto, cabe resaltar que el Decreto 564
de 2020, en la parte considerativa, expuso que en relación con
el inciso 3 del artículo 9 del Decreto 491 de 2020, antes citado,
se aplicará lo que dispone aquel para la suspensión de la
prescripción e inoperancia de la caducidad de las solicitudes de
conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, es decir,
que únicamente en el evento en que se suspenda la
posibilidad de radicación de la solicitud de convocatoria
de conciliaciones no correrá el término de prescripción o
caducidad del medio de control.
Conforme a la anterior normativa se aprecia que para el caso de
las solicitudes de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría
General de la Nación no operó la suspensión de los términos de
que tratan los incisos anteriores en tanto que dicho servicio, al
igual que la celebración de las audiencias de conciliación, se
continuó prestando en la modalidad virtual, en consonancia con
las instrucciones impartidas por el Procurador General de la
Nación, entre otras, a través de las resoluciones Nos. 127 de 16
de marzo de 2020, 133 de 19 de marzo de 2020, 143 de 31 de
marzo de 2020 y subsiguientes que prorrogaron la restricción de
la atención presencial e implementaron la atención al público a
través de la página electrónica oficial de la entidad, medidas que
se adoptaron para garantizar el derecho fundamental de
petición, la debida atención de solicitudes ciudadanas y el
derecho fundamental a la salud pública.
En el presente caso, se solicita la nulidad de las resoluciones
Nos. 2019006830 de 26 de febrero de 2019, proferida por la
Dirección de Responsabilidad Sanitaria del INVIMA, mediante la
cual se sancionó a la sociedad Colompack S.A.; y 2020008023
de 3 de marzo de 2020, proferida por la misma dependencia del
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INVIMA, que resolvió el recurso de reposición presentado; este
último acto se notificó, en forma personal, el 5 de marzo de
2020.
La parte demandante agotó el presupuesto procesal de
conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la
Nación; para el efecto, presentó solicitud el 26 de junio de
2020; y el 29 de septiembre de 2020, se expidió la
constancia de declaración fallida de la conciliación extrajudicial.
La demanda se presentó ante el canal virtual de la Oficina de
Apoyo de los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá el
día 18 de diciembre de 2020, conforme al acta de reparto.
Con base en las normas transcritas, el término de caducidad del
medio de control se cuenta a partir del día siguiente al de la
publicación, notificación o ejecución del acto que agotó los
recursos en la vía administrativa.
Para el presente asunto, se contabiliza desde el día siguiente al
de la notificación de la Resolución No. 2020008023 de 3 de
marzo de 2020, esto es, el 5 de marzo de 2020 (teniendo en
cuenta que el acto fue notificado en forma personal), por lo tanto
el término de cuatro (4) meses que señala la norma empezó a
correr al día siguiente, es decir, el 6 de marzo de 2020 y
vencía el 6 de julio de 2020; sin embargo la solicitud de
conciliación prejudicial se presentó el día 26 de junio de 2020,
es decir, once (11) días antes de que se venciera el término de
caducidad.
Ahora bien, como la constancia se emitió el 29 de septiembre
de 2020, el término se reanudó; por tanto, la accionante tuvo
once (11) días para radicar la demanda, esto es, hasta el 13 de
octubre de 2020; sin embargo, la demanda se radicó el 18 de
diciembre de 2020, de manera que se configuró el fenómeno
de caducidad del medio de control […]. (Destacados dentro del
texto).
Conforme con la transcripción en cita, la Sala observa que en el
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presente caso no hay controversia frente a la situación fáctica
relevante, esto es, respecto de las fechas de notificación del acto que
puso fin a la actuación administrativa (5 de marzo de 2020), de
presentación de la solicitud de conciliación prejudicial (26 de junio
de 2020), de expedición de la constancia de agotamiento de
requisito de procedibilidad (29 de septiembre de 2022) y de
presentación de la demanda (18 de diciembre de 2020).
El problema deviene del alcance que el TRIBUNAL dio al inciso 3 del
artículo 9º del Decreto 491 de 28 de marzo de 2020 y al Decreto 564
de 15 de abril de la misma anualidad.
En efecto, el TRIBUNAL estimó que, si bien conforme con el Decreto
564 de 15 de abril de 2020 y la normatividad que expidió el Consejo
Superior de la Judicatura, los términos de caducidad procesal
estuvieron suspendidos entre el 16 de marzo y el 30 de junio de esa
anualidad, tal situación no afectaba los trámites de conciliación ante
la Procuraduría General de la Nación.
Lo anterior porque en virtud del inciso 3 del artículo 9º del Decreto
491 de 28 de marzo de 2020, en lo que concernía a dicha entidad,
solo en el evento en que no hubiere la posibilidad de radicar las
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solicitudes de conciliación, no correrían los términos de caducidad de
los medios de control, hasta que se reanudara la posibilidad de
radicarlas.
Además, el TRIBUNAL señaló que la aplicación del inciso 3 del
artículo 9º del Decreto 491 de 28 de marzo 2020 estaba justificada,
por el tenor literal de la parte considerativa del Decreto 564 de 15 de
abril de 2020 que así lo señalaba.
En ese orden de ideas, el TRIBUNAL estimó que en la medida que
la Procuraduría General de la Nación nunca interrumpió la recepción
de solicitudes de conciliación prejudicial, para el caso estudiado los
términos de caducidad corrieron de forma habitual, esto es, sin que
se debiese tener en cuenta la suspensión prevista en el Decreto 564
de 15 de abril de 2020.
De esa forma, el TRIBUNAL determinó que el término de caducidad
del medio de control promovido por la actora transcurrió desde el 6
de marzo17 al 26 de junio18 de 2020 y del 29 de septiembre19 al 13
de octubre de la misma anualidad, por lo que al haberse presentado
17
Día siguiente a la notificación del acto que culminó con el proceso sancionatorio.
18
Fecha de radicación de la solicitud de conciliación.
19
Fecha de expedición de la constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad.
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la demanda el 18 de diciembre siguiente, dicha actuación fue
extemporánea.
Ahora bien, la Sala señala que tanto el Decreto 492 de 28 de marzo
de 2020 como el Decreto 564 de 15 de abril de la misma anualidad
son decretos legislativos, expedidos por el Presidente de la República
con fundamento en el Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica que fue declarado en todo el territorio nacional a través del
Decreto Ley 417 de 17 de marzo de ese mismo año.
Mediante el Decreto 491 de 28 de marzo de 2020, en particular, se
adoptaron medidas de urgencia para garantizar la atención y la
prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los
particulares que cumplieran funciones públicas.
En el inciso 3 del artículo 9º de dicha norma, en efecto, para ese
momento se dispuso que en el evento en que se suspendiera la
posibilidad de radicar solicitudes de conciliación, no correrían
términos de caducidad de las acciones o medios de control hasta que
se reanudara la recepción de dichas peticiones, así:
“[…] Artículo 9. Conciliaciones no presenciales ante la
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Procuraduría General de la Nación. En la radicación de solicitudes
de convocatoria y en el trámite de las conciliaciones que sean de
competencia de la Procuraduría General de la Nación, se
promoverán y privilegiarán los procedimientos no presenciales,
de acuerdo con las instrucciones administrativas que imparta el
Procurador General de la Nación, para lo cual se acudirá a las
tecnologías de la comunicación y la información. Los acuerdos
conciliatorios gestionados mediante audiencias no presenciales
se perfeccionarán a través de los medios electrónicos utilizados
o mediante el uso de correos electrónicos simultáneos o
sucesivos. Con lo anterior, el procurador de conocimiento
suscribirá el acta en la que certificará los acuerdos alcanzados o
emitirá las constancias, según corresponda y cuando sea
necesario las remitirá para aprobación a la autoridad judicial
competente.
El Procurador General de la Nación de acuerdo con la valoración
de las circunstancias específicas de salubridad y capacidad
institucional podrá suspender la radicación y/o el trámite de
solicitudes de convocatoria de conciliaciones en materia civil, de
familia y comercial que se lleven a cabo en los centros de
conciliación de la Procuraduría General de la Nación a nivel
nacional, así como de la conciliación extrajudicial en materia
contencioso administrativo adelantada por los agentes del
Ministerio Público.
En el evento en que se suspenda la posibilidad de
radicación de solicitudes de convocatoria de
conciliaciones, no correrá el término de prescripción o
caducidad de las acciones o de los medios control,
respectivamente, hasta el momento en que se reanude la
posibilidad de radicación o gestión de solicitudes.
Modifíquese el plazo contenido en los artículos 20 y 21 de la Ley
640 de 2001 para el trámite de las conciliaciones extrajudiciales
en materia civil, de familia, comercial y de lo contencioso
administrativo a cargo de la Procuraduría General de la Nación,
el cual será de cinco (5) meses. Presentada copia de la solicitud
de convocatoria de conciliación extrajudicial en asuntos
contencioso administrativos ante la entidad convocada, el
Comité de Conciliación contará con treinta (30) a partir de su
recibo para tomar la correspondiente decisión.
Los términos previstos en el inciso anterior serán aplicables
también a las solicitudes de convocatoria de conciliación
extrajudicial radicadas con antelación a la vigencia del presente
decreto y que aún se encuentren en trámite al momento de la
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expedición del mismo.
Lo dispuesto en el presente artículo tendrá vigencia hasta tanto
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud y Protección Social […]” (Destacado fuera
de texto).
Posteriormente, con el fin de garantizar los derechos de los
usuarios del sistema de Justicia, con efectos retroactivos, a
través del Decreto 564 de 15 de abril 2020, se dispuso que se
encontraban suspendidos los términos de caducidad en materia
sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones o medios de
control ante la Rama Judicial, desde el 16 de marzo de 2020 y hasta
el día en que el Consejo Superior de la Judicatura dispusiera la
reanudación, así:
“[…] Artículo 1. Suspensión de términos de prescripción
y caducidad. Los términos de prescripción y de caducidad
previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer
derechos, acciones, medios de control o presentar demandas
ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de
días, meses o años, se encuentran suspendidos desde el 16 de
marzo de 2020 hasta el día que el Consejo Superior de la
Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales.
El conteo de los términos de prescripción y caducidad se
reanudará a partir del día hábil siguiente a la fecha en que cese
la suspensión de términos judiciales ordenada por el Consejo
Superior de la Judicatura. No obstante, cuando al decretarse la
suspensión de términos por dicha Corporación, el plazo que
restaba para interrumpir la prescripción o hacer inoperante la
caducidad era inferior a treinta (30) días, el interesado tendrá
un mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de la
suspensión, para realizar oportunamente la actuación
correspondiente.
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Parágrafo. La suspensión de términos de prescripción y
caducidad no es aplicable en materia penal […]”.
El anterior Decreto Legislativo se declaró ajustado a la Constitución
en sentencia C-213 de 1o. de julio de 2020, proferida por la Corte
Constitucional20, salvo la expresión “y caducidad”, prevista en el
parágrafo del artículo 1º ídem, que declaró inexequible.
Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdos
PCSJA20 núms. 11517 de 15 de marzo21, 11518 de 16 de marzo22,
11519 de 16 de marzo23, 11521 de 19 de marzo24, 11526 de 20 de
marzo25, 11527 de 22 de marzo26, 11528 de 22 de marzo27, 11529
20
Corte Constitucional, sentencia C-213 de 1o. de julio de 2020, M.P. Alejandro Linares Cantillo, “[…]
sí, en términos generales, este decreto legislativo busca salvaguardar los derechos de los usuarios del
sistema judicial para la protección de sus derechos y mecanismos de acceso a la administración de
justicia, particularmente, en lo relativo al conteo de los términos de prescripción y caducidad, ante la
suspensión de términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura. Con tal propósito,
este decreto legislativo instituye, en términos generales, las siguientes medidas: (i) suspensión de
términos de prescripción y caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal; (ii) el conteo
de su reanudación cuando el plazo para interrumpir la prescripción o hacer inoperante la caducidad
fuera inferior a treinta (30) días; (iii) aclaración que la suspensión de términos prevista en el decreto
no es aplicable en materia penal; y, (iv) suspensión de términos procesales para el desistimiento tácito
y los términos de duración del proceso, así como su reanudación […]”.
21
“Por el cual se adoptan medidas transitorias por motivos de salubridad pública”.
22
“Por el cual se complementan las medidas transitorias de salubridad pública adoptadas mediante el
Acuerdo 11517 de 2020”.
23
“Por el cual se suspenden los términos de la revisión de tutelas en la Corte Constitucional”
24
“Por medio del cual se prorroga la medida de suspensión de términos adoptada mediante los acuerdos
PCSJA20-11517, PCSJA20-11518 y PCSJA20-11519 del mes de marzo del año 2020 y se adoptan otras
medidas por motivos de salubridad pública”.
25
“Por medio del cual se prorroga la medida de suspensión de términos adoptada mediante el Acuerdo
PCSJA20-11521 del 19 de marzo de 2020 y se adoptan otras medidas por motivos de salubridad
pública”.
26
“Por el cual se establece una excepción a la suspensión de términos en la Corte Constitucional”.
27
“Por medio del cual se suspenden términos de actuaciones administrativas en la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y direcciones seccionales de administración judicial”.
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de 25 de marzo28, 11532 de 11 de abril29, 11546 de 25 de abril30,
11549 de 7 de mayo31, 11556 de 22 de mayo32 y 11567 de 5 de
junio33, todos de 2020, suspendió los términos judiciales a partir del
16 de marzo del mismo año por motivos de salubridad pública y fuerza
mayor con ocasión de la pandemia COVID-19.
Posteriormente, la referida Corporación mediante Acuerdo núm.
PSCJA20-11581 de 27 de junio de 202034, dispuso el levantamiento
de los términos judiciales a partir del 1o. de julio de 2020.
En ese orden de ideas, el cómputo del término de caducidad de los
medios de control sometidos a esta figura procesal se mantuvo
suspendido desde el 16 de marzo y hasta el 30 de junio de 2020,
reanudándose a partir del 1o. de julio de esa anualidad.
Lo anterior significa que dicho lapso no puede tenerse en cuenta
28
“Por el cual se establece una excepción a la suspensión de términos en el Consejo de Estado y en los
tribunales administrativos”.
29
“Por medio del cual se prorrogan las medidas de suspensión de términos, se amplían sus excepciones
y se adoptan otras medidas por motivos de salubridad pública”.
30
“Por medio del cual se prorrogan las medidas de suspensión de términos, se amplían sus excepciones
y se adoptan otras medidas por motivos de salubridad pública y fuerza mayor”.
31
“Por medio del cual se prorroga la suspensión de términos, se amplían sus excepciones y se adoptan
otras medidas por motivos de salubridad pública y fuerza mayor”.
32
“Por medio del cual se prorroga la suspensión de términos, se amplían sus excepciones y se adoptan
otras medidas por motivos de salubridad pública y fuerza mayor”.
33
“Por medio del cual se adoptan medidas para el levantamiento de los términos judiciales y se dictan
otras disposiciones por motivos de salubridad pública y fuerza mayor”.
34
“Por el cual se dictan disposiciones especiales sobre el levantamiento de términos previsto en el
Acuerdo PCSJA20-11567 de 2020”.
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como término de caducidad en detrimento del derecho de acción, ni
siquiera si durante ese período los usuarios del sistema judicial
podían adelantar el trámite de la conciliación prejudicial, pues incluso
en la parte considerativa del Decreto 564 de 15 de abril 2020, se
señala:
“[….] Que en relación con el inciso 3o del artículo 9o del
Decreto 491 de 2020, se aplicará lo que dispone el
presente decreto para la suspensión de la prescripción e
inoperancia de la caducidad de las solicitudes de
conciliación ante la Procuraduría General de la Nación.
Que en relación con el artículo 10 del Decreto legislativo 491 de
2020 y, en general con las actuaciones ante los despachos
judiciales, se aplicará lo que se dispone en el presente decreto.
Que, de acuerdo con lo anterior, los términos de prescripción y
de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal
para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar
demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales,
sean de días, meses o años, se encuentran suspendidos a partir
del 16 de marzo de 2020 y hasta cuando el Consejo Superior de
la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales
[…]”
La Sala destaca que, por una parte, en lo que concierne al caso bajo
estudio no se advierte que el tenor literal del Decreto 564 de 15 de
abril 2020 cause dudas para su interpretación y, por otra, si incluso
así lo fuera, sería suficiente con orientar su alcance en el sentido de
su objeto, esto es, la garantía del derecho de acción de los usuarios
del sistema de justicia.
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En la providencia cuestionada el TRIBUNAL tuvo en cuenta dentro
del cómputo de la caducidad del medio de control promovido por la
actora los días que transcurrieron entre el 16 de marzo y el 26 de
junio de 2020, pese a la suspensión de términos prevista en el
Decreto 564 de 15 de abril de dicha anualidad, situación que
configura el defecto sustantivo y, por ende, un desconocimiento de
los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia deprecados.
La Sala reitera que el hecho de que, entre el 16 de marzo y el 30
de junio de 2020, los usuarios de la justicia hayan podido acudir a
la Procuraduría General de la Nación para adelantar el trámite de
conciliación prejudicial, no puede interpretarse como una posibilidad
para contabilizar el término de caducidad de los medios de control
durante dicho lapso, pues ello haría inocuo lo ordenado en el Decreto
564 de 15 de abril de 2020 sobre el particular.
En ese orden de ideas, comoquiera que desde el 6 de marzo de
2020 comenzó a correr el cómputo de la caducidad en el caso origen
de la controversia y se suspendió el 16 de marzo siguiente, el
término restante debió ser contabilizado a partir del día siguiente al
que se expidió la certificación de agotamiento del requisito de
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procedibilidad por parte de la Procuraduría General de la Nación, esto
es, desde el 30 de septiembre de 2020.
Siendo ello así, la Sala concederá el amparo de los derechos
deprecados y, por lo tanto, dejará sin efecto el auto de 10 de marzo
de 2022, proferido por el TRIBUNAL, en el que confirmó el rechazo
por caducidad de la demanda promovida, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el numero
único de radicación 110013334001 2020 00327 00/01.
En consecuencia, se dispondrá que la autoridad judicial aludida,
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta
providencia, dicte una decisión de reemplazo en la que tenga en
cuenta las consideraciones aquí expuestas, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
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PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por el INSTITUTO
NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
-INVIMA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia de la sociedad
COLOMPACK S.A, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO el auto de
10 de marzo de 2022, proferido por la SECCIÓN PRIMERA -
SUBSECCIÓN “A”- DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 110013334001 2020 00327 01.
SEGUNDO: ORDENAR a la SECCIÓN PRIMERA -SUBSECCIÓN
“A”- DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta
providencia, dicte una decisión de reemplazo de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
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Actora: COLOMPACK S.A.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de mayo de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Ausente con permiso
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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