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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00678-00

Fecha
8 de abril de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00678-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de los señores Mauro Lorenzon, Gian Matteo Lorenzon, Sandra Elena Morillo Arias y Mayra Alejandra Saldarriaga Morillo. Como consecuencia, se deja sin efectos la providencia dictada el 10 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual confirmó el auto proferido el 24 de febrero de 2023 por el Juzgado 33 Administrativo del Circuito de Bogotá, que rechazó por caducidad la demanda que, en ejercicio del medio de control de reparación directa, instauró el señor Mauro Lorenzon y otros, en el expediente con radicado 110013336033-2023- 00050- 01. SEGUNDO. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que, en un término no superior a veinte (20) días, contado a partir del día siguiente a la notificación de esta sentencia, profiera una nueva 10 Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00678-00 Accionante: Mauro Lorenzon y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Referencia: Acción de tutela providencia en la que resuelva el recurso de apelación, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en este fallo. TERCERO: notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. CUARTO: de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-00678-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

8 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D.C., ocho (08) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-031-5000-2024-00678 00
Demandante: Mauro Lorenzon y otros
Demandada: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procede
estudio de fondo porque se acreditó el cumplimiento de los requisitos generales /
FALTA DE MOTIVACIÓN Y DEFECTO SUSTANTIVO – Se configuran en este caso,
porque se profirió una providencia que no abordó todos los asuntos objeto de
apelación.

La Sala se pronuncia, en primera instancia, en relación con la demanda de tutela
instaurada por el señor Mauro Lorenzon y otros, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 333 de 20211.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El 12 de febrero de 2024, los señores Mauro Lorenzon, Gian Matteo Lorenzon,
Sandra Elena Morillo Arias y Mayra Alejandra Saldarriaga Morillo, a través de
apoderado judicial, instauraron demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y el Juzgado 33 Administrativo de Bogotá por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia.

1
Que ingresó a despacho el 7 de marzo de 2024.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00678-00
Accionante: Mauro Lorenzon y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela

2. Hechos

Los accionantes sostuvieron que presentaron el medio de control de reparación
directa en contra de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Armada Nacional,
con el fin de que se declarara patrimonialmente responsable por los daños y
perjuicios ocasionados a los demandantes, con ocasión del accidente náutico
ocurrido el 8 de enero de 2020, que causó una lesión al señor Mauro Lorenzon.

A través de auto del 24 de febrero de 2023, el Juzgado 33 Administrativo del Circuito
de Bogotá rechazó la demanda por caducidad de la acción.

La anterior providencia fue apelada por la parte actora.

La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a través de providencia del 10 de agosto de 2023 -aquí cuestionada-
, confirmó el auto de primera instancia, por cuanto consideró que, de conformidad
con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el afectado estaba en condiciones de
percibir el alcance de las lesiones y los posibles efectos que aquellas conllevaban
desde el 13 de enero de 2020.

3. Fundamentos de la demanda de tutela

La parte actora indicó que la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 33 Administrativo de Bogotá
incurrieron en un desconocimiento del precedente, porque no tuvieron en cuenta las
decisiones indicadas en el recurso de apelación2.

Además, porque no se refirió a los 8 reparos motivados, incluida la explicación de
por qué se apartaba de los precedentes judiciales invocados.

2
Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 2, Magistrado Ponente: Luis Ernesto
Arciniegas Triana, de 10 de agosto de 2022, radicación: 15001-33-33-001-2020-00084-01; Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 6, Magistrado Ponente: Félix Alberto Rodríguez
Riveros, de 11 de marzo de 2021, radicación: 152383333002-202000051-01 y del Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera Ponente: Nubia Margoth
Peña Garzón, de 29 de abril de 2021, radicación 25000-23-41-000-2020-00428-01.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00678-00
Accionante: Mauro Lorenzon y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela

Afirmó que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico, porque no tuvo en cuenta el
argumento principal de apelación referido a la suspensión de términos por la
pandemia y las normas que establecieron un receso judicial.

Asimismo, indicó que el despacho de segunda instancia no observó que el período
de recuperación por incapacidades del paciente se extendió hasta el 9 de junio de
2020, fecha en la que se conoció exactamente el diagnóstico de las secuelas por
las cuales se reclama en la demanda.

En su lugar, el accionado consideró como fecha de conocimiento de la patología el
13 de enero de 2020, aún sin haber sido intervenido quirúrgicamente y conocerse
el estado real y su posterior evolución tórpida del paciente.

Adujo que la decisión de segunda instancia no se refirió a la prueba 5, que
correspondía a la incapacidad médica de hospitalización del Centro Médico
Imbanaco del señor Mauro Lorenzon, desde el 11 de abril de 2020 al 9 de junio de
2020, con la cual el conteo de términos de caducidad era distinto al resuelto.

4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela

4.1. Mediante auto de 19 de febrero de 2024, se admitió la demanda de tutela, se
ordenó notificar a las autoridades judiciales accionadas y se vinculó a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado como tercero interviniente.

4.2. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca pidió que se declare la improcedencia de la acción, por cuanto no se
evidencia la configuración de un perjuicio irremediable que justifique la intervención
del juez de tutela.

4.3. El Juzgado 33 Administrativo de Bogotá remitió el expediente con las decisiones
objeto de discusión.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00678-00
Accionante: Mauro Lorenzon y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Mauro Lorenzon, Gian Matteo Lorenzon, Sandra Elena Morillo Arias y Mayra
Alejandra Saldarriaga Morillo Mauro Lorenzon acudieron a la acción de tutela con el
propósito de que se estudie si había operado o no el fenómeno jurídico de la
caducidad, dado que, de conformidad con el precedente jurisprudencial indicado en
su recurso de apelación contra el auto de primera instancia que rechazó la
demanda, el término debía contabilizarse teniendo en cuenta la suspensión de
términos judiciales, como consecuencia de la pandemia por Covid-19 y desde la
última incapacidad del actor.

Con el fin de establecer si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales
de procedibilidad de la acción contra providencia judicial, la Sala encuentra
pertinente realizar un recuento de los aspectos que sirvieron como soporte de ese
recurso de apelación3, en los siguientes términos (se transcribe literal, incluidos
posibles errores):

No opera en el presente caso la caducidad por cuanto los hechos en los que
resultó gravemente afectada la salud del señor MAURO LORENZON
acaecieron el día 8 de enero de 2020, con incapacidades hasta el 28 de marzo
de 2020 y hasta el 9 de junio de 2020 y se promueve demanda antes del
vencimiento de los (2) dos años de caducidad para impetrar la acción de
reparación directa de que trata el numeral 8 del artículo 136 del C.P.A.C.A. el
cual se cumplía el 28 de marzo de 2022 si solo se tienen en cuenta las
primeras o el 9 de junio de 2022 considerando la última. Ahora en razón a
las sucesivas suspensiones de términos judiciales del 16 de marzo de
2020 al 30 de junio de 2020, en razón a pandemia por coronavirus los
términos son muy diferentes.

Para la fecha de conocimiento 28 de marzo de 2020. De acuerdo a lo dispuesto
en el propio auto respecto a la fecha de conocimiento de los hechos en razón a
la terminación de la incapacidad, los términos para radicar la demanda
empezaron a contar el 1° de julio de 2020, venciendo los dos (2) años el 1 de
julio de 2022, como último día hábil para presentar reclamación, siendo
interrumpida oportunamente la caducidad por la solicitud de conciliación. La
conciliación prejudicial ante Procuraduría se radicó el 21 de abril de 2022 y la
constancia de NO ACUERDO y declaratoria de FALLIDA fue expedida el 18 de
julio de 2022, habiéndose suspendido los términos con el agotamiento del
requisito de procedibilidad. Se interrumpió por tanto 64 días. Sin embargo, la
presente demanda fue radicada el 19 de julio de 2022, por tanto, dentro del
término oportuno para su trámite, no obrando caducidad de la acción. Para la
fecha de conocimiento 9 de junio de 2020 de acuerdo a lo evidenciado en el
presente memorial en razón a la terminación de la incapacidad a partir del 9 de

3
El recurso de apelación fue aportado como prueba con la contestación de la demanda por parte del
Juzgado.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00678-00
Accionante: Mauro Lorenzon y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela

junio de 2020, los términos para radicar la demanda empezaron a contar el 1°
de julio de 2020, venciendo los dos (2) años el 1 de julio de 2022, como último
día hábil para presentar reclamación, siendo interrumpida oportunamente la
caducidad por la solicitud de conciliación. De igual forma, la presente demanda
fue radicada el 19 de julio de 2022, por tanto, más aún, dentro del término
oportuno para su trámite, no obrando caducidad de la acción (…) (se destaca).

Al revisar el auto proferido por el Tribunal en segunda instancia, se observa que no
se realizó consideración alguna en relación con el tema relativo a la suspensión de
términos de prescripción y caducidad establecidos en el Decreto 564 de 2020; solo
se analizó lo referente al conteo de la caducidad, de acuerdo con los siguientes
argumentos (trascripción literal, incluidos posibles errores):

6.2. La Sala difiere de la apreciación del apoderado de la parte actora y de lo
indicado por el juzgado de primera instancia, sobre la concreción del daño,
debido a que, revisado el contenido de la demanda se advierte que las
pretensiones van encaminadas al reconocimiento de los perjuicios con ocasión
a la presunta falla del servicio en que incurrieron las entidades aquí
demandadas, en desarrollo de actividades de turismo, transporte marítimo de
pasajeros y atención de salud: ‘(…)1) Omisión de vigilancia y control de ruta
turística ampliamente promovida por el Estado Colombiano, la agencia de viaje
y turismo, y el hotel: Tour marítimo Capurganá, Sapzurro y la Miel. 2) Omisión
de cierre de la navegación por falta de condiciones para zarpar. 3) Falta de
señalización marítima y cierre del muelle de Capurganá por condiciones
meteorológicas riesgosas para la navegación turística en pequeñas
embarcaciones tipo pangas. 4) Ausencia total de autoridad en el lugar de
ocurrencia del hecho dañoso. 5) Daño a la salud por lesiones sufridas en
embarcación marítima de transporte de pasajeros, por oleaje y velocidad de los
vientos. 6) Daño a la salud por la falta de remisión al servicio de urgencias de
la red hospitalaria. 7) Daño a la salud por la falta de servicio de ambulancia para
transporte de paciente lesionado. 8) Daño a la salud por omisión diagnóstica y
de tratamiento médico inicial. 9) Omisión de socorro de los que conocieron del
accidente y las graves lesiones ocurridas al turista MAURO LORENZON. 10)
Promoción del Estado Colombiano a de destinos turísticos, incurriendo en
publicidad engañosa por falta de garantías a los turistas. 11) Por fallas en el
cumplimiento y seguimiento a la regulación a los prestadores de servicios
turísticos 12) Por permitirse la informalidad turística y sin condiciones de control.
13) Por fallas en la ejecución de la política turística y falta de inspección a los
productos y destinos turísticos, y promover el turismo doméstico y receptivo. 14)
Por fala de control a la calidad de la oferta turística de Capurganá. 15) Por tener
a cargo la inspección, vigilancia y control de las Agencias de Viajes y de los
Hoteles que ofertan servicios sin verificación de condiciones mínimas y
contratos con cláusulas de exoneración abusivas. 16) Por permitir que opere sin
control el turismo informal de pequeñas embarcaciones tipo panga, que ofrecen
y subcontratan agencias y hoteles. 17)Por promocionar el turismo a Capurganá
y Sapzurro, siendo zonas sin presencia efectiva de autoridad, sin acceso a
servicios de salud para urgencias, sin un plan público de rescate y evacuación
de heridos en accidentes náuticos, sin conectividad área y terrestre, zonas sin
cierre preventivo ante condiciones climáticas anualmente conocidas, sin
advertencia clara de los riesgos, sin medidas de protección, o garantías para
los visitantes (…)’.

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00678-00
Accionante: Mauro Lorenzon y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela

Así las cosas, la configuración del daño antijurídico por parte del demandante
ocurrió el día 13 de enero de 2020, momento mismo en que fue diagnosticado
con una fractura de la columna vertebral, toda vez que desde ahí el afectado
estaba en condiciones de percibir el alcance de las lesiones y los posibles
efectos que aquellas conllevaban.

En ese orden, la Sala procederá a confirmar la decisión de primera instancia,
pero por las siguientes razones; (i) la configuración del daño antijurídico por
parte del demandante ocurrió el día 13 de enero de 2020. Por lo tanto, tenían
hasta el 14 de enero de 2022, para interponer la demanda de reparación directa.
Por otra, parte la solicitud de conciliación no logró suspender el término, por
cuanto se radicó el 21 de abril de 2022, cuando ya había operado el fenómeno
de la caducidad.

De conformidad con lo anterior, se observa que el asunto fue abordado por los
jueces naturales; sin embargo, se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, entre ellos el de
relevancia constitucional, por cuanto existen argumentos que demuestran una
tensión entre las decisiones enjuiciadas y el alcance de los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, motivo por el cual se
procederá a verificar si se cometieron o no las irregularidades alegadas, al proferirse
la providencia del 10 de agosto de 20234, mediante la cual el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca confirmó el auto que rechazó la demanda por haber operado el
fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de reparación directa.

Al respecto, la Sala advierte que, en efecto, no existió por parte del Tribunal
razonamiento alguno respecto de la suspensión de los términos judiciales, como
consecuencia de la pandemia por Covid-19, a pesar de haber sido planteado por la
parte actora en el recurso de apelación.

Si bien el actor propuso los defectos fáctico y desconocimiento del precedente, lo
cierto es que la decisión cuestionada carece de motivación y adolece de un defecto
sustantivo, los cuales, de la argumentación empleada en la demanda, se pueden
establecer.

La Sala estima que el Tribunal administrativo ad quem omitió pronunciarse en
relación con uno de los aspectos del recurso de apelación -la suspensión de
términos durante la pandemia-, según el cual debió tenerse en consideración el

4
Notificada el 11 de agosto de 2023, de conformidad con las anotaciones realizadas en SAMAI por
el Tribunal.

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00678-00
Accionante: Mauro Lorenzon y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela

Decreto 546 de 2020, cuestión que, de haberse analizado, tendría incidencia en la
decisión de declarar la caducidad del medio de control, lo que trae consigo un
problema de naturaleza constitucional, pues compromete el derecho-principio de
acceso a la administración de justicia, derivado de las reglas que deben guiar la
interpretación de la suspensión de los términos procesales, conforme a las normas
expedidas para mitigar los efectos y evitar la propagación de la pandemia de Covid-
19, pero en directa relación con el trámite de los procesos judiciales.

Al respecto, es necesario señalar que el Decreto Legislativo 564 de 2020 en su
motivación expuso que era imperativo «salvaguardar los derechos al debido
proceso y al acceso a la justicia, para lo cual es indispensable suspender los
términos de caducidad y prescripción desde el 16 de marzo de 2020, fecha a partir
de la cual el Consejo Superior de la Judicatura suspendió los términos judiciales de
conformidad con el Acuerdo PCSJA20-11518, y hasta cuando esta Corporación
disponga su reanudación», dado que mientras estuvieran vigentes dichas medidas
los «usuarios del sistema judicial no puedan realizar las actuaciones pertinentes
para interrumpir los términos de prescripción o hacer inoperante la caducidad para
ejercer los derechos, acciones, medios de control o presentar demandas,
circunstancia que desconoce el derecho de acceso a la administración de justicia».

De igual forma, consta en las razones del referido Decreto la necesidad de eliminar
la «incertidumbre e inseguridad jurídica para los jueces y las partes en cuanto a la
promoción de sus derechos, acciones o medios de control y el conteo de los
términos de prescripción y caducidad»; y se reconoció que la suspensión de
términos era una clara restricción de «la facultad de los ciudadanos de acceder a la
administración de justicia, por lo cual corresponde al Gobierno nacional adoptar una
respuesta legal temporal con el fin de cumplir con su deber de garantizar el
mencionado derecho fundamental mientras duren las condiciones que llevaron a
declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica».

También justificó el carácter retroactivo de dicha reglamentación para hacerla
«coherente con la fecha de inicio de suspensión de términos judiciales decretada
por el Consejo Superior de la Judicatura y de suspensión de términos de
prescripción y caducidad establecida en este decreto, de lo contrario se podría
interpretar que los términos procesales de inactividad por desistimiento y de

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Accionante: Mauro Lorenzon y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela

duración del proceso transcurrieron desde esta fecha hasta la expedición de
este decreto, con lo cual se desconocería el derecho de acceso a la
administración de justicia de los usuarios del sistema de justicia y se afectaría
la labor de los jueces».

Por último, dejó en claro que, «si el Consejo Superior de la Judicatura cesa la
suspensión de términos judiciales para una o algunas acciones judiciales o medios
de control, los términos procesales a los que se hizo referencia en el párrafo anterior,
se reanudarán para esas acciones judiciales o medios de control>>.

En ese sentido, el artículo 1 del Decreto Legislativo 564 de 2020 dispuso:

“ARTÍCULO 1. Suspensión de términos de prescripción y caducidad. Los
términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma
sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones, medios de control o
presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean
de días, meses o años, se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de
2020 hasta el día que el Consejo Superior de la Judicatura disponga la
reanudación de los términos judiciales.

El conteo de los términos de prescripción y caducidad se reanudará a partir del
día hábil siguiente a la fecha en que cese la suspensión de términos judiciales
ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, cuando al
decretarse la suspensión de términos por dicha Corporación, el plazo que
restaba para interrumpir la prescripción o hacer inoperante la caducidad era
inferior a treinta (30) días, el interesado tendrá un mes contado a partir del día
siguiente al levantamiento de la suspensión, para realizar oportunamente la
actuación correspondiente”.

De conformidad con la norma transcrita es claro que, a partir del 16 de marzo del
2020 se suspendían los términos de caducidad previstos en cualquier norma
sustancial o procesal.

Al respecto, es importante señalar que la Corte Constitucional en la sentencia C-
213 de 2020 insistió en que la suspensión de los términos tiene la finalidad de
garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia, para que las
consecuencias negativas de la pandemia no fuesen trasladadas a los usuarios.

Bajo esta perspectiva, es claro que al momento de contabilizar la oportunidad para
demandar, se debía considerar que, en virtud del artículo 1 del Decreto Legislativo

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Referencia: Acción de tutela

564 de 2020, el término de la caducidad se suspendió desde el 16 de marzo hasta
el 30 de junio de 2020 y se reanudó el 1° de julio siguiente5.

Bajo este contexto, es evidente que el Tribunal de instancia, al momento de
contabilizar el término de caducidad del medio de control de reparación directa,
debió tener en cuenta la suspensión de los términos de prescripción y caducidad,
previstos en el artículo 1 del Decreto Legislativo 564 de 2020, a efectos de descontar
ese tiempo y reanudar su cómputo a partir del 1º de julio de 2020 hasta el momento
en que finalizaran los dos años de que trata el literal i) del numeral 2 del artículo 164
de la Ley 1437 de 2011 o la fecha en que se radicó la conciliación prejudicial, como
nuevo elemento que suspendió la caducidad.

Aunado a lo anterior, es importante señalar que existen decisiones de esta
Corporación en las que se sostiene que el tiempo de suspensión debe restarse al
cómputo de la caducidad6, entre ellas, la citada por el actor en su demanda de
tutela7.

Por lo anterior, es evidente que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
sustantivo, toda vez que no resolvió los argumentos expuestos en el recurso de
apelación referidos a la aplicación al Decreto Legislativo 564 de 2020, pues de
haberlo realizado, la decisión habría sido diferente, en tanto que, al momento de
radicarse la solicitud de conciliación prejudicial, esto es el 21 de abril de 2022, debía
contabilizarse el término de suspensión del plazo de caducidad.

De esta manera, y al tenor de lo reiterado por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-215 de 2022, en este caso, lejos de pretenderse que la tutela se use como una
instancia adicional al proceso de reparación directa o un medio para resolver
desacuerdos de aspectos meramente legales o económicos, se trata de un asunto
que tiene «la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o

5 Por cuanto, mediante el Acuerdo PCSJA-11581 del 27 de mayo de 2000, el Consejo Superior de

la Judicatura dispuso el levantamiento de términos judiciales a partir de ese día.
6
Radicado 11001-03-15-000-2022-02145-00 (AC). M.P. Nubia Margoth Peña Garzón y sentencia
con Radicado 11001-03-15-000-2022-05709-00 (AC), M.P. Oswaldo Giraldo López.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth
Peña Garzón Bogotá D.C., 29 de abril de 2021, Radicación número: 25000-23-41-000-2020-00428-
01.

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Referencia: Acción de tutela

determinar el alcance de un derecho fundamental» y se justifica en la medida de
una posible «afectación desproporcionada a derechos fundamentales».

Consecuente con lo anterior, la Sala accederá al amparo solicitado y dejará sin
efectos la providencia del 10 de agosto de 2023, dictada por la Subsección A de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que, mediante
una providencia de reemplazo y desde su autonomía, analice y se pronuncie frente
al argumento expuesto en el recurso de apelación, puntualmente el atinente a la
suspensión de términos, como consecuencia de la aplicación del artículo 1 del
Decreto Legislativo 546 de 2020 y su incidencia en el cómputo del término de
caducidad del medio de control de reparación directa incoado por los demandantes,
atendiendo a las consideraciones de este fallo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia de los señores Mauro Lorenzon, Gian Matteo Lorenzon,
Sandra Elena Morillo Arias y Mayra Alejandra Saldarriaga Morillo.

Como consecuencia, se deja sin efectos la providencia dictada el 10 de agosto de
2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
A, mediante la cual confirmó el auto proferido el 24 de febrero de 2023 por el
Juzgado 33 Administrativo del Circuito de Bogotá, que rechazó por caducidad la
demanda que, en ejercicio del medio de control de reparación directa, instauró el
señor Mauro Lorenzon y otros, en el expediente con radicado 110013336033-2023-
00050- 01.

SEGUNDO. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, que, en un término no superior a veinte (20) días, contado a partir
del día siguiente a la notificación de esta sentencia, profiera una nueva

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00678-00
Accionante: Mauro Lorenzon y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
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providencia en la que resuelva el recurso de apelación, teniendo en cuenta las
consideraciones expuestas en este fallo.

TERCERO: notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

CUARTO: de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.

VF

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