RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-05709-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-05709-00

Fecha
16 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-05709-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Amparar el derecho al debido proceso y acceso a la administración de justicia del señor Juan David Bravo de los Ríos, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, dejar sin efecto el auto del 11 de agosto de 2022 de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual se confirmó la decisión adoptada por el Juzgado Primero Administrativo de Bogotá del 21 de enero de 2022, por la cual se rechazó la demanda al entender que había operado la caducidad de la acción. SEGUNDO: Ordenar a la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que dentro de los diez (10) siguientes a la notificación de esta providencia dicte una decisión de reemplazo de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley núm. 2591 del 19 de noviembre de 1991. CUARTO: De no ser impugnada la presente sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 del 19 de noviembre de 1991. 9 Radicado: 11001-03-15-000-2022-05709-00 Accionante: Juan David Bravo de los Ríos Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2022-05709-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

16 de diciembre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05709-00
Accionante: Juan David Bravo de los Ríos

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05709-00
Accionante: JUAN DAVID BRAVO DE LOS RÍOS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTARTIVO DE CUNDINAMARCA Y
JUZGADO 1° ADMINISTRATIVO DE BOGOTA

Tesis: Se vulnera el derecho de acceso a la administración de
justicia cuando se rechaza por caducidad la demanda
presentada en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento y del derecho, si se contabiliza el tiempo
transcurrido entre el 16 de marzo y el 1° de julio de 2020,
cuando estuvieron suspendidos los términos procesales
con ocasión de la pandemia generada por el COVID-19.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela interpuesta por
el señor Juan David Bravo de los Ríos, contra el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y el Juzgado 1° Administrativo de Bogotá.

I. LA SOLICITUD DE AMPARO

I.1. Juan David Bravo de los Ríos, en nombre propio, promovió acción de
tutela en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado
1° Administrativo de Bogotá, con el fin de que le fueran protegidos sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia, en la que formuló la siguiente pretensión:

«[…] Se ordené a las entidades accionadas, admitir demanda de
nulidad y restablecimiento de derecho la cual fue rechazada y
motivo de esta acción constitucional. […]». […] »

II. SITUACIÓN FÁCTICA

II.1. Señaló que el día 30 de noviembre de 2021, presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Alcaldía de Bogotá y la
Secretaria de Movilidad de Bogotá.

II.2. El día 21 de enero del presente año, el Juzgado Primero
administrativo de Bogotá, profirió auto mediante el cual rechazó la
1

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05709-00
Accionante: Juan David Bravo de los Ríos

demanda por haber operado la caducidad.

II.3. Contó que, el día 26 de enero del año 2022, interpuso recurso de
apelación, en contra de la anterior decisión.

II.4. Refirió que el 18 de agosto del presente año, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera, confirmó la decisión.

II.5. Manifestó que, las anteriores decisiones vulneran su derecho al
debido proceso, debido a que los jueces no tuvieron en cuenta para el
conteo del término de la caducidad, la suspensión de los términos
judiciales, ordenada por el Decreto 564 de 2020 y sus respectivas
prórrogas, a partir del 16 de Marzo de 2020 hasta el 01 de julio de 2020.

III. TRÁMITE DE LA TUTELA

III.1. El 28 de octubre de 2022, este despacho admitió la acción de
tutela y ordenó la notificación a las accionadas.

III.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Primera – Subsección B, realizó un recuento de las actuaciones
adelantadas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
adelantado por el señor Juan David Bravo, quien presentó demanda el 30
de abril de 2020 en contra de la secretaria distrital de movilidad de
Bogotá, con el fin de que se declarara la nulidad de la decisión adoptada
el 26 de abril de 2019, por medio de la cual se ordenó la cancelación de
la licencia de conducción e impulso multa, asimismo la nulidad de
resolución núm. 709-02 del 25 de febrero de 2020, por la cual se resolvió
el recurso de apelación, decisión que fue notificada al accionante el 16 de
marzo de 2020, quedando ejecutoriada el 17 de marzo del mismo año.

Contó que mediante auto del 21 de enero de 2021, el Juzgado Primero
Administrativo de Bogotá, rechazó la demanda por haber operado el
fenómeno de la caducidad. Decisión que fue apelada.

El 11 de agosto de 2022, el Tribunal confirmó la decisión de primera
instancia, al considerar que respecto a las conciliaciones extrajudiciales
en materia de lo contencioso administrativo ante la Procuraduría General
de la Nación, el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, dispuso
que se privilegiarían los procedimientos no presenciales; de igual forma
el artículo 2.2.4.3.1.1.7 del Decreto 1069 de 2015 y la Resolución 127 de
marzo 16 del 2020, señalaron que las radicaciones de las solicitudes de
convocatorias de conciliaciones podían efectuarse de manera virtual, lo
cual, evidenció que en el caso de las solicitudes de conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación no operó la
suspensión de los términos, pues se continuó prestando en la modalidad
virtual en consonancia con las instrucciones impartidas por el Procurador
General de la Nación.

Precisó que, la Procuraduría a través de las Resoluciones números. 127
de 16 de marzo de 2020, 133 de 19 de marzo de 2020, 143 de 31 de
2

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05709-00
Accionante: Juan David Bravo de los Ríos

marzo de 2020 y subsiguientes implementaron la atención al público a
través de la página electrónica oficial de la entidad, por lo que no se
advierte que hubiese alguna circunstancia que impidiera la radicación de
la solicitud de conciliación.

Refirió que el accionante de acuerdo con las pruebas aportadas dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento, presentó solicitud de conciliación
extrajudicial el 04 de septiembre de 2020, es decir, 2 meses después del
término de que trata el artículo 164 del CPACA, configurándose así el
fenómeno de caducidad.

III.3. El Juzgado Primero Administrativo de Bogotá, Consideró que
no vulnero el derecho al debido proceso del accionante con la decisión
adoptada el 21 de enero de 2021 dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado núm. 11001-33-34-001-2020-
00292-00, por medio de la cual rechazo el medio de control por haber
operado la caducidad, al considerar que teniendo en cuenta el 16 de
marzo de 2020, como la fecha en que empezó a correr el término para
que operara la caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, el actor tenía hasta el 17 de julio de 2020
para presentar la solicitud de conciliación extrajudicial y como la presentó
el 04 de septiembre de 2020, procedía rechazar la demanda, comoquiera
que habían transcurrido 49 días de la fecha límite en que lo podía hacer.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia.

De conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, el cual modificó el artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 de 2015 y el artículo 25 del Acuerdo nro. 80 de 12 de marzo
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución
de las acciones de tutela entre las secciones, esta Sala es competente
para conocer del presente asunto.

IV.2. Hechos Relevantes

IV.2.1. El 26 de abril de 20191, la Secretaria Distrital de Movilidad de
Bogotá, celebró audiencia pública en la que declaró como contraventor al
accionante, y como consecuencia se ordenó la cancelación de la licencia
de conducción e impulso una multa de 1440 salarios mínimos legales
vigentes. Decisión que fue notificada en estrados.

IV.2.2. Mediante resolución núm. 709-02 del 25 de febrero de 2020, fue
confirmada la decisión adoptada en la audiencia y notificada
personalmente al accionante, el 16 de marzo de 2020.

1 Expediente 2814 del 9 de noviembre de 2018

3

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05709-00
Accionante: Juan David Bravo de los Ríos

IV.2.3. El 4 de septiembre de 2020, el accionante radicó solicitud de
conciliación extrajudicial.

IV.2.4. El 30 de noviembre de 2020, presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Secretaria Distrital de
Movilidad de Bogotá.

IV.2.5. El 21 de enero de 2021, el Juzgado Primero Administrativo de
Bogotá, rechazó el medio de control por haber operado la caducidad.

IV.2.6. El 11 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, confirmó la decisión de
primera instancia.

IV.2.7. El 27 de octubre de 2022, el señor Juan David Bravo de los Ríos,
presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el juzgado Primero Administrativo de Bogotá.

IV.3. ANÁLISIS DE LA SALA.

IV.3.1. Procedencia de la Acción de Tutela

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Frente al requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, al sintetizar los requisitos generales y especiales
de procedencia de la tutela contra decisiones judiciales, más tarde
acogidos también por esta tribunal , indicó que un asunto sometido al
estudio del juez de tutela tiene relevancia constitucional cuando se
“plantea una confrontación de la situación suscitada por la parte
accionada con derechos de carácter constitucional fundamental, por
cuanto los debates de orden exclusivamente legal son ajenos a esta
acción pública”.

Recientemente, con la sentencia SU-215 de 2022 , la Corte Constitucional
hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela contra
providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia constitucional,
el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario de dicha acción
y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de los jueces
ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:

“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente
para cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se
requiere demostrar de manera razonable una restricción
desproporcionada a los derechos mencionados. […]”.

En el asunto bajo examen, el actor presentó acción de tutela solicitando
la protección de sus derechos fundamentales con ocasión de las
4

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05709-00
Accionante: Juan David Bravo de los Ríos

decisiones proferidas por el Juzgado Primero Administrativo de Bogotá y
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante las cuales se
rechazó la demanda por haber operado la caducidad de la acción,
proferidas en el trámite 2020-00292-00, en el cual se solicitó la nulidad y
el restablecimiento del derecho de un acto administrativo por el cual le
fue impuesta una multa como consecuencia de una contravención a las
normas de tránsito.

En consecuencia, le corresponde a la Sala examinar si, en este evento,
está cumplido el requisito de relevancia constitucional y para ello, se
detendrá en (i) los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) el caso
concreto.

Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

En la ya referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó
que el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial es que la cuestión que se discute resulte
de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por
qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

En ese mismo sentido, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia
judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del
punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y
ninguna otra”.

A partir de esta importante sentencia, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido decantado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional. Años después, en la sentencia SU–573 de 2019 , el alto
tribunal constitucional explicó que este requisito persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05709-00
Accionante: Juan David Bravo de los Ríos

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico”.

Caso concreto

Ahora bien, en el caso concreto como se trata de las decisiones por las
cuales se rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
el derecho fundamental que presuntamente se ve afectado es el debido
proceso y el acceso a la administración de justicia.

Bajo dicho contexto, la Sala examinará el contenido o el núcleo esencial
del derecho fundamental invocado, dado que, de advertirse la afectación
prima facie de alguno de ellos en su faceta constitucional, se desprendería
que el asunto es de naturaleza constitucional, en la medida que
compromete o involucra el contenido, alcance o goce de un derecho
fundamental.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido el derecho al
debido proceso como el «conjunto de garantías previstas en el
ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del
individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que,
durante su trámite, se respeten sus derechos y se logre la aplicación
correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido proceso:
(i) el derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre
e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener
decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de
jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el
derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o
aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o
actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las
personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley;
(iii) el derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los
medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión
favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los
medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la
asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley
procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que
intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público,
desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso
o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o
inexplicables; (v) el derecho a la independencia del juez, que solo es
efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución
6

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05709-00
Accionante: Juan David Bravo de los Ríos

la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas
atribuidas al ejecutivo y al legislativo, y (vi) el derecho a la independencia
e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir
con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden
jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias
ilícitas» .

Ahora bien, al revisar el escrito de tutela, se advierte que, prima facie,
habría una posible vulneración del derecho fundamental al debido
proceso, decisión que, sin duda, tendría la virtualidad de afectar su
derecho de acceso a la administración de justicia, garantía que hace parte
del núcleo esencial del derecho al debido proceso.

En la misma línea, observa la Sala que se cumple con la segunda finalidad,
toda vez que el presente asunto trasciende al plano constitucional, pues
podría estar afectado el derecho de acceso a la administración de justicia.

En cuanto a la tercera finalidad, si bien es cierto el actor con la presente
tutela plantea una discusión resuelta en el recurso de apelación, lo cierto
es que las decisiones cuestionadas, prima facie, podrían comprometer el
derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, por lo que
procede continuar con el estudio de los restantes requisitos generales de
procedibilidad, comenzando por el de subsidiariedad, que se entiende
cumplido, comoquiera que contra la decisión acusada no procede recurso
alguno; asimismo cumple con el de inmediatez, pues la decisión que puso
fin al proceso es del 11 de agosto de 2022 y la presente acción se presentó
el 27 de octubre.

Acorde con lo anterior, la Sala encuentra que en el presente caso se
encuentra acreditado el requisito de relevancia constitucional, pues la
decisión controvertida frustra el derecho del actor de acceder a la
administración de justicia, y con ello su derecho al debido proceso.

Del estudio del defecto sustantivo.

Este defecto alude al aspecto normativo que sustenta las decisiones
judiciales y se erige como causal de procedibilidad de la acción de tutela
en contra de providencias en consideración a que, si bien la competencia
asignada a los jueces para interpretar y aplicar las normas jurídicas se
encuentra amparada por los principios de autonomía e independencia,
ésta no es absoluta; pues, al ser una atribución que emana de la función
pública de administrar justicia, está limitada por los valores, principios,
derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho2.

Ahora bien, los criterios señalados suponen que la irregularidad que se
invoca debe ser de tal importancia y gravedad que haya dado lugar a una
decisión violatoria de derechos fundamentales, pues la configuración del
defecto sustantivo no puede darse a partir de cualquier diferencia con la
interpretación en que se funda una decisión judicial; ello, ya que el
derecho es dinámico y constituye una ciencia cultural en la que bien

2 Corte Constitucional, Sentencia T-757 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05709-00
Accionante: Juan David Bravo de los Ríos

pueden debatirse vías jurídicas distintas para resolver un mismo caso, y
todas ellas resultar razonables y compatibles con las garantías y derechos
fundamentales de los sujetos procesales, pues son distintas las escuelas
de pensamiento jurídico y variados los métodos de interpretación que se
utilizan para resolver un problema. Precisamente de ello deriva la
autonomía de los jueces en su labor de administración de justicia y la
necesidad de establecer órganos de cierre.

Ahora bien, resulta pertinente precisar que en la jurisprudencia
constitucional se han identificado varias situaciones que ponen de
presente la existencia de un defecto material en una providencia judicial 3.
En atención a los presupuestos que las configuran, dichos eventos pueden
agruparse en i) el defecto sustantivo que plantea un conflicto en relación
con la fuente formal de la providencia que se ataca y, ii) el defecto
sustantivo en torno al método de interpretación de la norma jurídica
que fundamenta la decisión.

En el presente caso el actor señala que las providencias judiciales
cuestionadas aplicaron e interpretaron indebidamente el decreto 564 de
2020, pues, según su entender, no presentó la solicitud de conciliación
extrajudicial antes del 4 de septiembre de 2020, comoquiera que los
términos procesales estuvieron suspendidos entre el 16 de marzo de 2020
y el 30 de junio del mismo año, como consecuencia de la expedición del
Decreto 564 del 15 de abril de 2020.

Sobre la aplicación del decreto 564 esta Sala 4, en una decisión reciente
donde se amparó el derecho de acceso a la administración de justicia,
estableció que el tiempo transcurrido entre el 16 de marzo de 2020 y el
30 de junio de 2020 no podía contabilizarse para estudiar si operaba la
caducidad de los medios de control.

Bajo estos parámetros, advierte la Sala que en el caso concreto se
amparará el derecho fundamental al debido proceso y acceso a la
administración de justicia del actor por las razones que pasan a
explicarse.

Está probado que el acto administrativo fue notificado el 16 de marzo de
2020, es decir, que el término para que operara la caducidad hubiese
empezado a contar al día siguiente; sin embargo, con ocasión de la
suspensión de términos entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de junio de
2020, el término empezó a contar el 1° de julio de 2020. También está
acreditado que el actor presentó la solicitud de conciliación extrajudicial
el 4 de septiembre de 2020, por lo que el término estuvo suspendido
hasta el 5 de noviembre de 2020, cuando fue expedida la certificación de
la Procuraduría General de la Nación, restándole un mes y 28 días.

3
Corte Constitucional, Sentencia T-453 de 2017, M.P.: Diana Fajardo Rivera, en la cual se reitera
lo señalado en las sentencias SU-399 de 2012 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, SU-400 de
2012 M.P. (e): Adriana María Guillén Arango, SU-416 de 2015 M.P.: Alberto Rojas Ríos y SU-050
de 2017 M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
4 Cfr. Radicado 2022-02145-00. “En ese orden de ideas, el cómputo del término de caducidad de

los medios de control sometidos a esta figura procesal se mantuvo suspendido desde el 16 de
marzo y hasta el 30 de junio de 2020, reanudándose a partir del 1o. de julio de esa anualidad”.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05709-00
Accionante: Juan David Bravo de los Ríos

También está probado que el actor presentó la demanda el 30 de
noviembre de 2020, es decir, habían transcurrido 25 días desde que se
reinició el término para que operara la caducidad de la acción, por lo que
debe concluirse que las autoridades accionadas incurrieron en defecto
sustantivo, pues contabilizaron el tiempo en que estuvieron suspendidos
los términos con ocasión de la pandemia, lo que constituye una
vulneración al derecho al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, pues este tiempo no debía contabilizarse para que operara la
caducidad de la acción, a pesar de que la Procuraduría General de la
Nación no hubiese suspendido sus servicios. Ello, teniendo en cuenta que
el plazo para intentar la conciliación prejudicial precluye con el plazo
establecido para la caducidad del medio de control, asunto que, por lo
explicado, no ocurrió.

En consecuencia, la Sala concederá el amparo del derecho fundamental
al debido proceso y acceso a la administración de justicia y dejará sin
efecto el auto del 11 de agosto de 2022 proferido por la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicación 11001-
33-34-001-2020- 00292-00.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: Amparar el derecho al debido proceso y acceso a la
administración de justicia del señor Juan David Bravo de los Ríos, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En
consecuencia, dejar sin efecto el auto del 11 de agosto de 2022 de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante
el cual se confirmó la decisión adoptada por el Juzgado Primero
Administrativo de Bogotá del 21 de enero de 2022, por la cual se rechazó
la demanda al entender que había operado la caducidad de la acción.

SEGUNDO: Ordenar a la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que dentro de los diez (10) siguientes a la notificación de
esta providencia dicte una decisión de reemplazo de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en
los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley núm. 2591 del 19
de noviembre de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada la presente sentencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de
los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de
conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 del 19 de
noviembre de 1991.
9

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05709-00
Accionante: Juan David Bravo de los Ríos

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
VALDÉS Consejero de Estado
Presidente
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

10

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.