Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02588-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de tutela contra providencias judiciales: procede estudio de fondo
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02588-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-02588-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
9 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02588-01
Demandante: SANDRA MATILDE CONTRERAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN A, Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Procede estudio de fondo
porque se acreditó el cumplimiento de los requisitos generales / DEFECTO SUSTANTIVO –
Se configura en este caso, por desconocimiento de las reglas de la suspensión de los
términos de caducidad previstas en el Decreto Legislativo 564 de 2020.
La Sala decide la impugnación interpuesta por el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC) —tercero con interés— contra la sentencia del 8 de junio de
2023, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
por medio de la cual se ampararon los derechos fundamentales de la señora Sandra
Matilde Contreras.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 17 de mayo de la presente anualidad 1 , la señora Sandra Matilde Contreras
interpuso acción de tutela contra el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales de acceso a la administración
de justicia, al debido proceso y a la igualdad2, con ocasión de los autos proferidos,
en su orden, el 17 de marzo de 2021 y el 1º de diciembre de 2022, en el proceso de
reparación directa con radicado 18001-33-36-037-2021-0023-00/02. Formuló las
1
El expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente el 11 de julio de 2023, para elaborar el
proyecto de sentencia correspondiente.
2
También alegan el desconocimiento del principio de seguridad jurídica.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02588-01
Demandante: Sandra Matilde Contreras
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, y otro
Sentencia de tutela de segunda instancia
siguientes pretensiones:
2.1 TUTELAR nuestros derechos fundamentales al correcto funcionamiento y
acceso a la administración de justicia, el derecho al debido proceso, el derecho
a la igualdad y a la seguridad jurídica, vulnerados por las accionadas.
2.2 CONCEDER el amparo solicitado y en consecuencia DEJAR sin efectos:
• Auto de 17 de marzo de 2021, por medio del cual el Juzgado 37
Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá rechazó la demanda
por caducidad de la acción.
• Auto del 14 de julio de 2021, por medio del cual el Juzgado 37
Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá rechaza el recurso
de apelación por considerarlo extemporáneo.
• Auto del 13 de octubre de 2021, por medio del cual el Juzgado 37
Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá no repone el auto del
14 de julio de 2021 y ordena dar trámite al recurso de queja, y;
• Auto de 14 de diciembre de 2021, por medio del cual la Sección
Tercera, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
estimo bien denegado el recurso de apelación contra el auto que
rechazó la demanda.
• Auto de 14 de diciembre de 2021, por medio del cual la Sección
Tercera, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
estimó bien denegado el recurso de apelación contra el auto que
rechazó la demanda.
• Auto de 01 de diciembre de 2022 por medio del cual la Sección
Tercera, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
confirmó el rechazo de la demanda por caducidad.
2.3 ORDENAR al JUZGADO TREINTA Y SIETE ADMINISTRATIVO ORAL DE
BOGOTÁ y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, para que
en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la
providencia que resulte de esta acción de tutela, adelante las diligencias
necesarias para que para que profiera auto que admite demanda, dentro del
medio de reparación directa radicado bajo el No. 11001333603720210002300,
conforme a los términos establecidos en el fallo que se profiera dentro de la
presente tutela.
1.2. Hechos
De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos
jurídicamente relevantes:
La señora Sandra Matilde Contreras y otros familiares 3 presentaron demanda de
reparación directa contra el INPEC, para que se declarara patrimonialmente
3
Tilcia Contreras Navarro, Alonso Guzmán Contreras, Enrique Guzmán Contreras, Maira Alejandra
Flórez Contreras y Leiddy Johanna Flórez Contreras.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02588-01
Demandante: Sandra Matilde Contreras
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, y otro
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responsable de los perjuicios derivados del fallecimiento del señor Wilson Parada
Contreras.
La pretensión resarcitoria se sustentó en que el señor Wilson Parada Contreras se
encontraba recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana y
Alta Seguridad de Valledupar, por haber sido condenado a 28 años y 9 meses por el
delito de homicidio. El 6 de noviembre de 2018 fue encontrado «suspendido de la
reja de la celda con un fragmento de tela atado al cuello», razón por la cual se afirmó
que se trató de un suicidio derivado de sus antecedentes de enfermedad mental.
El Juzgado 37 Administrativo de Bogotá, mediante auto del 17 de marzo de 2021,
rechazó la demanda por caducidad. Posteriormente, en auto del 14 de julio de 2021,
rechazó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto contra esa decisión.
La parte actora interpuso recurso de reposición y en subsidio el de queja. El Juzgado
no repuso la decisión y remitió el expediente al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, para que se surtiera el trámite del recurso subsidiario.
La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante providencia del 14 de diciembre de 2021, estimó bien
denegado el recurso de apelación.
Por lo anterior, la parte actora interpuso acción de tutela contra las decisiones sobre
el trámite de la apelación, y la Sección Quinta del Consejo de Estado, en fallo del 12
de mayo de 2022, concedió el amparo, ordenándole al Juzgado notificar el auto que
rechazó la demanda.
Realizadas las actuaciones procesales correspondientes —notificación del auto que
rechazó la demanda, presentación y concesión del recurso de apelación—, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en providencia del 1º de diciembre de
2022, confirmó el rechazo de la demanda.
1.3. Argumentos de la tutela
Concretamente, la parte actora indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en
defecto sustantivo, al contabilizar de manera errónea el término de caducidad, sin
considerar la flexibilización establecida en el artículo 1 del Decreto Legislativo 564
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Demandante: Sandra Matilde Contreras
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de 2020, disposición en virtud de la cual, los términos procesales estuvieron
suspendidos entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020, que fueron las fechas
dispuestas por el Consejo Superior de la Judicatura.
Insistió en que durante el periodo señalado no corrieron los términos procesales, los
cuales se reanudaron a partir del 1º de julio de 2020. Por tanto, adujo, para la
caducidad debió descontarse los 3 meses y 14 días que duró la suspensión.
2. Trámite impartido e intervenciones
Mediante auto del 23 de mayo de 2023, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado (i) admitió la acción de tutela contra al Juzgado 37 Administrativo
de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A; (ii) vinculó a los señores Tilcia Contreras Navarro, Alonso Guzmán
Contreras, Enrique Guzmán Contreras, Maira Alejandra Flórez Contreras y Leiddy
Johanna Flórez Contreras 4 , y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC), como terceros con interés, y (iii) dispuso que fueran notificados para que
rindieran el informe correspondiente.
2.1. El INPEC solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva,
por no tener competencia para proferir decisiones judiciales.
Expuso que no vulneró los derechos fundamentales de la demandante, toda vez que
las pretensiones se dirigen contra el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2.2. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca sostuvo que no incurrió en el defecto alegado, puesto que aplicó los
precedentes del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional relacionados con el
conteo de términos a la luz del Decreto Legislativo 564 de 2020.
2.3. La juez 37 administrativa de Bogotá pidió que se declarara improcedente la
tutela, por considerar que la demandante pretende provocar una «tercera instancia»
de un asunto decidido por los jueces competentes.
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Demandantes en el proceso de reparación directa.
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De otra parte, señaló que, de estimarse procedente la tutela, debía negarse el
amparo, dado que las providencias cuestionadas están bien sustentadas tanto
fáctica como jurídicamente.
2.4. Los demás sujetos vinculados guardaron silencio.
3. Fallo impugnado
La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, mediante fallo del 8
de junio de 2023, dispuso:
Primero: Amparar los derechos fundamentales a la igualdad y al debido
proceso invocados en protección por la señora Sandra Matilde Contreras.
Segundo: Dejar sin efectos las providencias del 17 de marzo de 2021 y 1 de
diciembre de 2022 proferidas por el Juzgado 37 Administrativo del Circuito de
Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, respectivamente, mediante las cuales se rechazó la demanda
por caducidad.
Tercero: Ordenar al Juzgado 37 Administrativo del Circuito de Bogotá que en
un término no superior a veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, profiera una nueva providencia en la que tenga en cuenta las
consideraciones jurídicas expuestas en este fallo.
Como sustento de la decisión, en síntesis, el a quo, luego de dar superados los
requisitos generales de procedencia de la tutela, señaló que, de conformidad con el
artículo 1 del Decreto Legislativo 564 de 2020, no cabía duda de que los términos
judiciales estuvieron suspendidos entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020, por
lo cual el conteo de términos se reanudó a partir del 1º de julio de 2020.
Explicó que en el asunto objeto de debate el término de caducidad inició el 7 de
noviembre de 2018 y estuvo suspendido entre el 16 de marzo y el 30 de junio de
2020, lapso que el Tribunal no consideró porque contabilizó la caducidad hasta el 8
de noviembre de 2020, sin descontar el tiempo señalado.
Precisó que no era de recibo el argumento del Tribunal, según el cual la suspensión
de términos sólo era aplicable para los casos que vencían dentro de los 30 días
siguientes a la suspensión, dado que la norma no condicionó la suspensión a los
casos que vencieran en ese plazo, y que la prerrogativa prevista para los eventos
en que faltaran menos de 30 días para concluir la actuación era una garantía
adicional para esas circunstancias específicas.
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4. Impugnación
El INPEC impugnó la anterior decisión. Consideró que en el proceso que dio lugar a
la decisión objeto de tutela operó la figura de la cosa juzgada, y que la parte actora
estaba ejerciendo este mecanismo como una tercera instancia.
Adujo que no era aplicable el Decreto Legislativo 564 de 2020, toda vez que la
demanda no encajaba dentro de la suspensión de términos, de manera que no debía
descontarse el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020.
Señaló que la suspensión de términos sólo aplicó para las demandas que vencieran
en ese lapso o dentro de los tres 30 días siguientes, pero no se amplió en los demás
casos el término de caducidad durante la suspensión.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Problema Jurídico
Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo
proferido el 8 de junio de 2023 por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, por medio del cual se concedió la solicitud de amparo.
Para ello, en los términos de la impugnación, se determinará si en el asunto no se
cumple el requisito de relevancia constitucional o si existe cosa juzgada. De darse
una respuesta positiva, habrá de revocarse la decisión, al igual que si se advierte
razonabilidad en el análisis de las autoridades judiciales accionadas. En caso
contrario, esto es, de estimarse que sí se incurrió en el defecto sustantivo alegado,
se confirmará el fallo impugnado.
2. Análisis de la Sala
2.1. Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia.
La Sala coincide con la decisión impugnada en cuanto afirmó que la demanda de
tutela satisfizo los requisitos generales de procedencia, incluido el de relevancia
constitucional. Este último, no por el simple hecho de que se invocara la vulneración
de ciertos derechos fundamentales, como lo sostuvo el fallador de primer grado, sino
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porque aun cuando el asunto fue abordado por los jueces naturales, existen
argumentos que revelan una tensión entre la razonabilidad de las decisiones
enjuiciadas y el alcance de los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia.
Los razones por las que se cuestiona la interpretación que hicieron las autoridades
judiciales accionadas del Decreto Legislativo 564 de 2020, involucran un problema
de naturaleza constitucional, en la medida en que está en riesgo la afectación de los
mencionados derechos fundamentales, en especial, el de la tutela judicial efectiva,
derivado de las reglas que deben guiar la interpretación de la suspensión de los
términos procesales, conforme a las normas expedidas para mitigar los efectos y
evitar la propagación de la pandemia de Covid-19, en armonía con el acceso efectivo
a las autoridades judiciales y al trámite de los procesos jurisdiccionales.
No se trata, pues, de un asunto de mera legalidad o de discrepancia interpretativa,
sino de un evento de naturaleza excepcional que habilita la intervención del juez
constitucional porque, valga insistir, se está frente a una duda sobre la potencial
afectación de derechos constitucionales que desbordaría el juicio de los jueces
naturales.
De esta manera, y al tenor de lo reiterado por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-215 de 2022, en este caso, lejos de pretenderse que la tutela se erija en una
instancia adicional al proceso de reparación directa o un medio para resolver
desacuerdos de aspectos meramente legales o económicos, se trata de un asunto
que tiene «la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental» y se justifica en la medida de una
posible «afectación desproporcionada a derechos fundamentales».
Al hilo de lo razonado, la Sala descarta la tesis del INPEC de que la tutela se estaría
ejerciendo como instancia adicional o que se configuró la cosa juzgada por existir
una decisión en firme dentro del proceso ordinario. En primer lugar, los argumentos
hasta aquí expuestos permiten descartar que se trate de un debate de instancia
adicional. De otra parte, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales es una excepción a la figura de la cosa juzgada, pues se permite dejar sin
efectos decisiones ejecutoriadas, cuando han vulnerado derechos fundamentales.
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En todo caso, aun cuando en el asunto no puede hablarse en estricto sentido de
cosa juzgada, dado que la discusión no recae sobre una sentencia judicial o sobre
una providencia revestida de dicha condición, sí se debate una decisión en firme que,
precisamente, puede ser removida del ordenamiento jurídico en eventos
excepcionales, como en sede de tutela cuando se advierta la configuración de un
defecto específico a la luz de la jurisprudencia constitucional.
La firmeza de una providencia o la existencia de la cosa juzgada, según el caso, no
son razones suficientes para mantener vigente una decisión que afecta garantías
fundamentales. Una postura en la que se privilegie la cosa juzgada como una
institución, contraría los postulados del Estado Constitucional y Social de Derecho,
dado que aquella no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar la seguridad
jurídica y la estabilidad de las relaciones, pero no como consecuencia o a costa de
la violación de los derechos o de la Constitución misma.
2.2. Del defecto específico alegado
En la demanda de reparación directa se reclaman los daños causados con el
fallecimiento del recluso Wilson Parada Contreras, ocurrido el 6 de noviembre de
2018.
Las autoridades judiciales accionadas declararon la caducidad porque consideraron
que la oportunidad para demandar transcurriría entre el 7 de noviembre de 2018 y el
7 de noviembre de 2020, pero como la solicitud de conciliación prejudicial fue
radicada el 5 de noviembre de 2020, el término se suspendió por 2 días, que se
reanudó el 15 de enero de 2021, día siguiente a la celebración y expedición del acta
de no conciliación (14 de enero de 2021). Luego, al constatar que la demanda se
presentó el 3 de febrero de 2021, concluyeron que fue extemporánea.
Tanto las accionadas como el INPEC afirman que en el asunto no era aplicable el
artículo 1 del Decreto Legislativo 564 de 2020, pues la suspensión de términos no
tenía incidencia en ese caso. En cambio, el fallo de tutela de primer grado coincidió
con la accionante en que su falta de aplicación desembocó en un defecto sustantivo
que vulneró los derechos fundamentales de la tutela.
Para la Sala, es claro que, en el ejercicio de intelección de las disposiciones
normativas, los funcionarios judiciales gozan de autonomía e independencia para
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determinar el alcance de las normas en la resolución o estudio de los casos
sometidos a su consideración, tanto así que pueden coexistir diversas
interpretaciones, sin que, necesariamente, el juez constitucional deba privilegiar
alguna de ellas. No es labor del juez de tutela imponer un criterio único o específico,
ni la de realizar juicios de corrección propios del superior funcional.
Ello no significa convertir a la autonomía e independencia judiciales en una coraza
frente a cualquier tipo de interpretación. De hecho, el defecto sustantivo se configura,
entre otros supuestos, cuando el juzgador le da un alcance errado a la disposición
normativa que regula el caso, es decir, el operador judicial le asigna un sentido que
no le corresponde o que no se aviene a una lectura constitucional. Allí es necesaria
la labor e intervención del juez de tutela para conjurar el desatino hermenéutico que
rebasa los límites de la razonabilidad o que es contraria a los derechos
fundamentales, para estimar una interpretación constitucional o conforme.
De esta forma, para determinar el sentido que mejor se acompasaba a la
interpretación del Decreto Legislativo 564 de 2020 con la Carta Política, no podían
perderse de vista el contexto de su expedición, así como las razones y finalidades
que en él se consignaron. Por el paso del tiempo y lo notorio del hecho, de más está
decir que fueron los efectos de una pandemia y de una emergencia sanitaria los que
provocaron, además de la expedición de dicho decreto, todo un paquete normativo
por parte del legislador extraordinario, con diferentes medidas para conjurar la
imposibilidad de los usuarios de acceder a expedientes e instalaciones de los
despachos judiciales y, por ende, de ejercer plenamente sus derechos frente a los
jueces.
Puntalmente, el Decreto Legislativo 564 de 2020 dentro de su motivación expuso
que era imperativo «salvaguardar los derechos al debido proceso y al acceso a la
justicia, para lo cual es indispensable suspender los términos de caducidad y
prescripción desde el 16 de marzo de 2020, fecha a partir de la cual el Consejo
Superior de la Judicatura suspendió los términos judiciales de conformidad con el
Acuerdo PCSJA20-11518, y hasta cuando esta Corporación disponga su
reanudación», dado que mientras estuvieran vigentes dichas medidas los «usuarios
del sistema judicial no puedan realizar las actuaciones pertinentes para interrumpir
los términos de prescripción o hacer inoperante la caducidad para ejercer los
derechos, acciones, medios de control o presentar demandas, circunstancia que
desconoce el derecho de acceso a la administración de justicia».
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De igual forma, consta en los razones del decreto la necesidad de eliminar la
«incertidumbre e inseguridad jurídica para los jueces y las partes en cuanto a la
promoción de sus derechos, acciones o medios de control y el conteo de los términos
de prescripción y caducidad»; y se reconoció que la suspensión de términos era una
clara restricción de «la facultad de los ciudadanos de acceder a la administración de
justicia, por lo cual corresponde al Gobierno nacional adoptar una respuesta legal
temporal con el fin de cumplir con su deber de garantizar el mencionado derecho
fundamental mientras duren las condiciones que llevaron a declarar el Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica».
También justificó el carácter retroactivo de dicha reglamentación para hacerla
«coherente con la fecha de inicio de suspensión de términos judiciales decretada por
el Consejo Superior de la Judicatura y de suspensión de términos de prescripción y
caducidad establecida en este decreto, de lo contrario se podría interpretar que
los términos procesales de inactividad por desistimiento y de duración del proceso
transcurrieron desde esta fecha hasta la expedición de este decreto, con lo
cual se desconocería el derecho de acceso a la administración de justicia de
los usuarios del sistema de justicia y se afectaría la labor de los jueces».
Por último, dejó en claro que, «si el Consejo Superior de la Judicatura cesa la
suspensión de términos judiciales para una o algunas acciones judiciales o medios
de control, los términos procesales a los que se hizo referencia en el párrafo
anterior, se reanudarán para esas acciones judiciales o medios de control.
Fue así como el artículo 1 del Decreto Legislativo 564 de 2020 dispuso:
ARTÍCULO 1. Suspensión de términos de prescripción y caducidad. Los
términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma
sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones, medios de control o
presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean
de días, meses o años, se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de
2020 hasta el día que el Consejo Superior de la Judicatura disponga la
reanudación de los términos judiciales.
El conteo de los términos de prescripción y caducidad se reanudará a partir del
día hábil siguiente a la fecha en que cese la suspensión de términos judiciales
ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, cuando al
decretarse la suspensión de términos por dicha Corporación, el plazo que
restaba para interrumpir la prescripción o hacer inoperante la caducidad era
inferior a treinta (30) días, el interesado tendrá un mes contado a partir del día
siguiente al levantamiento de la suspensión, para realizar oportunamente la
actuación correspondiente.
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Para la Sala, entonces, resulta acertada la interpretación que de esa disposición hizo
el juez de tutela de primer grado, en tanto se aviene a la finalidad expresa de la
norma, consulta los fines constitucionales del derecho de acceso a la administración
de justicia y es la que textual y lógicamente se desprende de su contenido. En
oposición, la justificación del Tribunal no sólo es contraria a los mencionados
principios, sino que se separa del tenor gramatical del texto normativo, para
privilegiar una lectura lejana a la Constitución y al contexto del precepto para limitar
inexplicable e injustificadamente el derecho de acceso a la administración de justicia.
La tesis del Tribunal parte de una mirada aislada de la norma, particularmente, de la
excepción especial que se adoptó para los casos en que, mientras se produjo la
suspensión faltara un término inferior a 30 días. Además, propone una interpretación
de la sentencia de constitucionalidad del Decreto Legislativo 564 de 2020, que ni
tácita ni expresamente realizó la Corte Constitucional.
El Tribunal, a partir del análisis de la prerrogativa de los 30 días, dedujo que la Corte
Constitucional refuerza la tesis de que sólo se suman los términos a los casos
inferiores a treinta días, y dejó de lado toda la justificación que hizo la sentencia de
la constitucionalidad del decreto, fijada en la necesidad de proteger los derechos de
los usuarios de la administración de justicia que no pudieron interactuar con los
despachos judiciales durante el periodo de suspensión. En criterio de la Sala, el
aserto del Tribunal parte de un errado entendimiento de la sentencia C-213 de 2020,
y soportado en otras providencias del Consejo de Estado que resuelven aspectos
distintos al examinado.
Esta Subsección coincide con el fallo impugnado en que el artículo 1 del Decreto
Legislativo 564 de 2020 fue claro en señalar que se suspendían los términos de
caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal. Eso significa que se
suspendieron todos esos términos, sin perjuicio del resultado de la
constitucionalidad de la norma en materia penal, que no es un asunto relevante para
este caso.
La suspensión significa que el tiempo transcurrido desde el hecho a partir del cual
se computa la oportunidad para demandar (el fallecimiento del recluso ocurrido el 6
de noviembre de 2018), se detuvo entre el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020,
y que se reanudó el día siguiente a la finalización de la suspensión.
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Por consiguiente, la afirmación del Tribunal de «que esa suspensión de términos no
interrumpió la caducidad», pese a que es cierta, lo llevó a una aplicación inadecuada
pues, en efecto, no fue una interrupción lo que consagró el Decreto Legislativo 564
de 2020, sino una suspensión. La providencia objeto de tutela confunde la
interrupción con la suspensión de términos, a pesar de que se trata de dos figuras
diferentes, pero más allá de eso, lo cierto es que desconoció por completo la
suspensión y reanudación de términos previstas en el Decreto Legislativo 564 de
2020.
Recuérdese, la interrupción de términos borra el tiempo transcurrido como si nunca
hubiese iniciado para que se cuente de nuevo, mientras la suspensión, lo ataja
durante un lapso para continuar, a partir del momento en que desaparezca el hecho
que dio lugar a su detención. Lo cierto del caso es que el Tribunal no hizo ni lo uno
ni lo otro, pues ignoró por completo la suspensión y reanudación de términos.
Tampoco es acertada la afirmación de que la suspensión sólo benefició a los plazos
que al momento de su duración eran inferiores a 30 días. Lo que ocurre es que, en
esos eventos, el decreto en cuestión amplió la caducidad en un mes, pero fue una
prerrogativa adicional y específica para que, como expresamente lo dijo la motivación
del decreto, «los sujetos procesales y los jueces puedan cumplir con los actos
procesales que se interrumpieron o no se pudieron realizar por la suspensión de
términos judiciales, se garantice el ejercicio de los derechos y se evite la
aglomeración de personas en los despachos judiciales una vez se levante la
suspensión de términos judiciales por parte del Consejo Superior de la Judicatura».
Esta Subsección se aparta del sustento del Tribunal que le resta efectos y vacía de
contenido la medida de suspensión de los términos de caducidad que estableció el
Decreto Legislativo 564 de 2020. El argumento de la providencia atacada, de que el
decreto no tuvo incidencia frente a los términos que no vencieron en el interregno de
suspensión o que eran superiores a 30 días, luego de su reanudación, priva de todo
sentido la primera parte de la norma, el concepto de suspensión y reanudación, al
tiempo que se aparta del sustento que el precepto dio para flexibilizar a los usuarios
que vieron restringida la posibilidad de acudir plenamente a los jueces.
De haber sido intención del Decreto privilegiar exclusivamente a los procesos bajo
las condiciones señaladas por el Tribunal, no habría fundado toda su motivación en
la necesidad de garantizar el acceso posterior a todos los usuarios cuyos términos
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02588-01
Demandante: Sandra Matilde Contreras
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Sentencia de tutela de segunda instancia
estuvieran corriendo durante la suspensión, sino que únicamente hubiese expresado
que aplicaba a quienes se les venciera un plazo durante el periodo de suspensión.
Olvida el Tribunal que aun cuando los sujetos procesales contaran con amplios
términos para demandar, si hubiesen querido ejercer el derecho de acción durante
la suspensión no tenían esa posibilidad, de modo que durante la suspensión tuvieron
restringido y limitado esos derechos, luego no podrían trasladárseles las
consecuencias de ese suceso. De ahí que el decreto garantizara detener el tránsito
de los términos durante el periodo señalado.
Valga reiterar que la sentencia C-213 de 2020 en ningún apartado afirma que la
suspensión sólo beneficiaba los procesos cuyo término de caducidad se consolidara
durante la suspensión o para los que les faltaran menos de 30 días. No. Los apartes
que el Tribunal cita de esa providencia se ocupan de un asunto específico en el que
se dio especial cuidado a la prerrogativa adicional del mes señalado, y no porque se
adentrara y limitara a otros procesos, pues el texto normativo claramente aludió a la
suspensión y reanudación de términos contenidos en cualquier norma, sin que la
sentencia de constitucionalidad hubiese declarado la exequibilidad condicionada del
precepto o fijara una interpretación concreta en los términos expuestos por el
Tribunal.
En efecto, la Corte Constitucional señaló que en los casos cuyo término a vencer
fuera inferior a 30 días, se trataba de la ampliación del término para hacer inoperante
la caducidad, porque a quienes les faltaba menos de ese lapso sí se les amplió
expresamente la caducidad en un mes. Ahora, los otros casos, no son propiamente
una ampliación de la caducidad, sino que como el término se suspendió durante
entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020, al reanudarse el conteo naturalmente
se debe descontar el de suspensión, por ende, no es en estricto sentido una suma
de tiempo, sino más bien descontar lo que por ministerio de la norma se detuvo
durante un periodo.
En todo caso, no se puede perder de vista que la Corte Constitucional en la sentencia
C-213 de 2020, insistió de manera reiterada en los fines de la suspensión de los
términos, esto es, como garantía del derecho de acceso a la administración de
justicia, para que las consecuencias negativas de la pandemia no fuesen trasladadas
a los usuarios. veamos:
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02588-01
Demandante: Sandra Matilde Contreras
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[A]l suspender el conteo de los términos de prescripción y de caducidad, [el
decreto legislativo] toma medidas necesarias para que el acceso a la
administración de justicia tenga eficacia real, una vez se restablezca total
o parcialmente, el funcionamiento ordinario de la Rama Judicial y los
usuarios del sistema puedan acudir a ella en adecuadas condiciones, ya
sea en forma virtual o presencial, de acuerdo con las medidas que adopte al
respecto el CSJ.
(…)
(ii) El decreto legislativo pretende la realización de derechos
fundamentales: particularmente, del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia, en su faceta de posibilidad real de acudir a órganos
institucionalizados y disponibles o a particulares habilitados transitoriamente
para administrar justicia, que, luego del desarrollo de un proceso respetuoso
de garantías procesales y sustanciales, profiera una sentencia o un laudo
arbitral en un plazo razonable5. Es decir, que la medida busca garantizar una
tutela judicial efectiva y no meramente formal o nominal 6 . Igualmente, las
medidas de suspensión de términos cuyo incumplimiento conduciría a la
declaratoria del desistimiento tácito y de los términos máximos de duración de
los procesos, se dirigen a amparar el derecho al debido proceso el que, de
continuarse corriendo dichos términos, a pesar de la dificultad o, según el caso,
imposibilidad de realizar las actividades correspondientes, resultaría
gravemente afectado, teniendo en cuenta que el debido proceso no se
constituye de una consecución de ritos y formas carentes de utilidad, sino de
etapas relevantes que buscan la realización del derecho sustancial y la
materialización del principio de justicia material. En este sentido, a partir de
mandatos de eficacia que superan al modelo clásico de Estado de Derecho y,
en su lugar, son propios del Estado Social de Derecho, las normas bajo control
buscan compaginar el interés general que subyace en las medidas adoptadas
por el Gobierno Nacional y por el CSJ en pro de la salud pública, respecto de
los legítimos intereses particulares de quienes pretendan tener acceso a la
administración de justicia o, que al momento de la adopción de tales medidas,
se esperaba de ellos una actuación o el cumplimiento de una carga, dentro de
un proceso judicial en curso.
(….)
Así, gracias a la conjunción de las reglas establecidas por este decreto
legislativo, con los acuerdos de levantamiento de términos adoptados por
el CSJ, existirá certeza en cuanto a la manera como se debe realizar el
conteo de dichos términos y, de esta manera, a la vez que se evitan
controversias al respecto y decisiones no uniformes de los operadores
jurídicos, se crea previsibilidad en los usuarios de la administración de
justicia para que, de manera anticipada y suficiente, puedan planear la
realización de actuaciones procesales, dentro de los términos legalmente
previstos para ello. Es en razón de la necesidad de dar seguridad jurídica,
que la suspensión de términos ordenada por el decreto legislativo bajo control
se remonta al 16 de marzo de 2020, fecha anterior a la expedición del decreto,
5
Cita original de la providencia: “El acceso a la justicia es un derecho fundamental previsto en el
artículo 229 de la Constitución Política y que se fundamenta en la cláusula de Estado Social de
Derecho, en el que la resolución de los litigios y controversias que surgen de la vida en sociedad debe
encontrar vías institucionalizadas que contribuyan a realizar el sometimiento de las actuaciones
públicas y privadas al ordenamiento jurídico, el valor de la justicia material, la efectividad de los
derechos constitucionales, así como los valores y fines constitucionales de paz y convivencia
pacífica”: sentencia C-283/17.
6
Cita original de la providencia: “El derecho a acceder a la justicia no cumple su finalidad con la sola
consagración formal de recursos y procedimientos, sino que requiere que éstos resulten realmente
idóneos y eficaces”: sentencia C-1195/01.
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pero a partir de la cual, el CSJ ordenó la suspensión de términos judiciales, en
consideración de la emergencia sanitaria que ya había sido declarada por el
Ministerio de Salud y Protección Social. En este sentido, la coincidencia de
dichos términos persigue la certeza tanto en lo sustancial como en lo procesal.
(…)
[L]os términos procesales vigentes, ante la Rama Judicial y en materia
arbitral, se encontraban en una situación jurídica inconclusa, que requería
ser precisada, respecto de la forma como iba a realizarse su
contabilización, en consideración de que los sujetos procesales no
podían acercarse a las sedes judiciales o a convocar los tribunales arbitrales.
De manera que fue necesaria la suspensión retroactiva de los términos de
prescripción, caducidad y duración de los procesos, a efectos de no afectar la
seguridad jurídica de los usuarios de la administración de justicia, quienes en
razón de las medidas de aislamiento, no podían acudir directamente a
presentar las correspondientes pretensiones.
(…)
[L]as medidas obligatorias de aislamiento social y las de no atención al público
en los despachos judiciales, imposibilitan la presentación oportuna de las
demandas, con el fin de que ello interrumpa la prescripción y haga inoperante
la caducidad. En consecuencia, señala que la no suspensión de dichas normas
hubiese generado el traslado negativo de las consecuencias de la crisis a los
usuarios del sistema judicial.
(…)
Respecto de los motivos expuestos para suspender las normas legales, esta
Sala considera que, en virtud del alcance de la medida contenida en el artículo
1º del decreto, mediante la cual se pretende cobijar cualquier norma de carácter
sustancial o procesal que exista en el ordenamiento jurídico, en donde se
prevean términos de prescripción o de caducidad, el Gobierno Nacional no se
encontraba en la obligación de identificar de manera exhaustiva ni de motivar,
de manera individualizada, cómo cada una de dichas normas legales era
incompatible con las medidas necesarias para afrontar la emergencia. Sin
embargo, la parte motiva del decreto expone las normas legales más
importantes, que prevén términos de prescripción y de caducidad. En tal
sentido, la motivación expuesta en el decreto ilustra con precisión que de no
suspenderse la legislación ordinaria respecto de dichos términos, los usuarios
del sistema judicial verían afectados sus derechos al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, particularmente, en razón de las medidas
de aislamiento preventivo obligatorio y de la suspensión de términos judiciales
decretada por el CSJ, teniendo en cuenta que, la vigencia de las normas que
prevén términos de prescripción o de caducidad, hubieren generado la pérdida
de derechos sustanciales o la extinción de la posibilidad de acudir a la justicia,
en razón de circunstancias que entraban la oportuna agencia de los derechos
en sede judicial.
A ello se suma que, si se interpreta de manera sistemática el Decreto 564 de 2020
con otras disposiciones dictadas al amparo del estado de excepción, se encuentra
que el Decreto Legislativo 491 de 2020 señaló en el artículo 10, aunque referido a
los mecanismos de resolución de conflictos y procesos arbitrales, que «[d]urante la
vigencia de la Emergencia Sanitaria no correrán los términos de prescripción o
caducidad de las acciones». Esta circunstancia pone de relieve la intención del
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02588-01
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legislador extraordinario de evitar que, bien durante la emergencia sanitaria o bien
en el periodo de suspensión, corrieran los términos de caducidad sobre los asuntos
relacionados con litigios o conflictos.
Por último, la Sala advierte que las providencias del Consejo de Estado que fueron
citadas por el Tribunal resultan inaplicables al caso que dio lugar a la tutela, pues en
ellas se estudió la caducidad o el vencimiento de términos respecto de eventos en
los que faltaba menos de 30 días para consumarse la oportunidad, por lo cual el
estudio se hizo sobre esa situación, esto es, frente a la prerrogativa adicional, pero
en manera alguna señalaron que la suspensión de términos no se aplicaba a los
otros eventos descartados por el Tribunal.
En cambio, contrario a lo expuesto en la providencia cuestionada, existen decisiones
de esta Corporación en las que, sin ambages, se sostiene que durante el tiempo de
suspensión no corrió el término de caducidad y, por tanto, ese tiempo debe restarse
al cómputo de la caducidad. Por ejemplo, en sentencia del 20 de mayo de 2022, la
Sección Primera del Consejo de Estado sostuvo:
La Sala destaca que, por una parte, en lo que concierne al caso bajo estudio
no se advierte que el tenor literal del Decreto 564 de 15 de abril 2020 cause
dudas para su interpretación y, por otra, si incluso así lo fuera, sería suficiente
con orientar su alcance en el sentido de su objeto, esto es, la garantía del
derecho de acción de los usuarios del sistema de justicia.
En la providencia cuestionada el TRIBUNAL tuvo en cuenta dentro del cómputo
de la caducidad del medio de control promovido por la actora los días que
transcurrieron entre el 16 de marzo y el 26 de junio de 2020, pese a la
suspensión de términos prevista en el Decreto 564 de 15 de abril de dicha
anualidad, situación que configura el defecto sustantivo y, por ende, un
desconocimiento de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia deprecados.
La Sala reitera que el hecho de que, entre el 16 de marzo y el 30 de junio de
2020, los usuarios de la justicia hayan podido acudir a la Procuraduría General
de la Nación para adelantar el trámite de conciliación prejudicial, no puede
interpretarse como una posibilidad para contabilizar el término de caducidad de
los medios de control durante dicho lapso, pues ello haría inocuo lo ordenado
en el Decreto 564 de 15 de abril de 2020 sobre el particular7.
En igual sentido, en providencia del 16 de diciembre de 2022, dicha Sección reiteró:
Sobre la aplicación del decreto 564 esta Sala8, en una decisión reciente donde
se amparó el derecho de acceso a la administración de justicia, estableció que
7
Radicado 11001-03-15-000-2022-02145-00 (AC). M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
8
Cita original de la providencia: Cfr. Radicado 2022-02145-00. “En ese orden de ideas, el cómputo
del término de caducidad de los medios de control sometidos a esta figura procesal se mantuvo
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el tiempo transcurrido entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020 no
podía contabilizarse para estudiar si operaba la caducidad de los medios de
control.9
Bajo ese entendimiento, se concluye que el Tribunal sí estaba obligado a descontar
o, si se quiere, a detener, entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020, el
conteo del término de caducidad que inició el 7 de noviembre de 2018, para reanudar
su contabilización el 1º de julio de 2020 hasta el momento en que finalizaran los dos
años de que trata el literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 o
la fecha en que se radicó la conciliación prejudicial, como nuevo elemento que
suspendió la caducidad, y como ello no se hizo, se incurrió en el defecto sustantivo
alegado porque a partir de una interpretación contraria al texto del Decreto
Legislativo 564 de 2020, a su finalidad y al desarrollo de los derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, el Tribunal concluyó
irrazonablemente que no se debía aplicar la suspensión de términos. De haberlo
realizado, la decisión habría sido diferente, en tanto que al momento de radicarse la
conciliación (5 de noviembre de 2020) no faltaban solamente dos días para la
caducidad, sino también el tiempo transcurrido durante la suspensión del plazo de
caducidad.
De suerte que, si el acta de no conciliación fue expedida el 14 de enero de 2021, a
partir del 15 de enero de 2021 se reanudaron los más de tres meses que aun tenían
los demandantes para radicar la demanda. Y como la demanda se presentó el 3 de
febrero de 2021, se concluye que no se superó el término de caducidad. El siguiente
recuadro facilita el conteo de términos:
Hecho o suceso Fecha
Hecho dañoso 6 de noviembre de 2018
Inicia caducidad 7 de noviembre de 2018
Caducidad inicial 7 de noviembre de 2020
Suspensión de caducidad por COVID-19 16 de marzo al 30 de junio de 2020
Reanuda caducidad 1º de julio de 2020
Nueva caducidad 28 de febrero de 2021
Radicación conciliación 5 de noviembre de 2020
Nueva suspensión caducidad (por conciliación) 5 de noviembre de 2020 al 14 de
enero de 2021
Audiencia de conciliación prejudicial 14 de enero de 2021
Reanuda nueva caducidad 15 de enero de 2021
Nueva caducidad 1º de mayo de 2021 (día inhábil)
suspendido desde el 16 de marzo y hasta el 30 de junio de 2020, reanudándose a partir del 1o. de
julio de esa anualidad”.
9
Radicado 11001-03-15-000-2022-05709-00 (AC), M.P. Oswaldo Giraldo López.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02588-01
Demandante: Sandra Matilde Contreras
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Sentencia de tutela de segunda instancia
3 de mayo de 2021 (día hábil)
Radicación demanda 3 de febrero de 2021
Consecuente con lo anterior, la Sala confirmará la decisión de amparo, sin embargo,
modificará los ordinales segundo y tercero del fallo impugnado, en el sentido de que
únicamente se dejará sin efectos la providencia del 1º de diciembre de 2022, dictada
por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, puesto que fue esa la que confirmó el auto que rechazó la demanda
y, en consecuencia, materializó la vulneración de los derechos fundamentales.
Ciertamente, es al juez de segundo grado al que corresponde dictar una providencia
de reemplazo, esto es, resolver nuevamente el recurso de apelación, atendiendo a
las consideraciones de los fallos de primera y segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Modificar la sentencia del 8 de junio de 2023, proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda de esta Corporación, la cual quedará así:
PRIMERO. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia de la señora Sandra Matilde Contreras. Como
consecuencia, se deja sin efectos la providencia dictada el 1º de diciembre de 2022
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
mediante la cual confirmó el auto proferido el 21 de marzo de 2021 por el Juzgado
37 Administrativo del Circuito de Bogotá, que rechazó por caducidad la demanda
que, en ejercicio del medio de control de reparación directa, instauró la señora
Sandra Matilde Contreras y otros, en el expediente con radicado 18001-33-36-037-
2021-00023-02 .
SEGUNDO. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, que, en un término no superior a veinte (20) días, contado a partir del
día siguiente a la notificación de esta sentencia, profiera una nueva providencia
en la que resuelva el recurso de apelación, teniendo en cuenta las consideraciones
expuestas en este fallo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02588-01
Demandante: Sandra Matilde Contreras
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, y otro
Sentencia de tutela de segunda instancia
TERCERO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito y eficaz.
CUARTO. Por Secretaría General, envíese el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la derecha
o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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