Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02412-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-02412-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02412-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-02412-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
23 de junio de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02412-00
Accionante: Ninfa Marina González Bejarano
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02412-00
Accionante: NINFA MARINA GONZÁLEZ BEJARANO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN A
Tesis: Es improcedente interponer una acción de tutela
contra una providencia judicial alegando la
vulneración de los principios de congruencia y
non reformatio in pejus cuando no se ha
interpuesto el recurso extraordinario de revisión.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Ninfa Marina
González Bejarano en contra de la sentencia proferida el 20 de enero de
2022 por la Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de Estado, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el nro.
25000 2342 000 2015 03953 01.
1.- SÍNTESIS DEL CASO
La parte actora, actuando por conducto de apoderada, promovió acción
de tutela en contra de la precitada sentencia, con el fin de que se amparen
los derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02412-00
Accionante: Ninfa Marina González Bejarano
administración de justicia, igualdad y trabajo; para ello formuló las
siguientes pretensiones1:
“[…] PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y al trabajo,
entre otros (artículos 29, 13, 229 y 25 de la Constitución Nacional)
que estimo vulnerados.
SEGUNDO: Ordenar al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, revocar la sentencia
del 20 de diciembre (sic) de 2022 para que expida una nueva
providencia y se surta la apelación interpuesta con los
correspondientes alegatos de conclusión contra la sentencia de
primera instancia, como en derecho corresponde, para que cesen las
vulneraciones a los derechos fundamentales cuyo amparo solicito.
TERCERO: Ordenar remitir al (sic) expediente al juez de tutela.
CUARTO: Dar traslado de la presente acción de tutela al accionado
[…]”. (Mayúsculas en el escrito de tutela)
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante informó que el 16 de febrero de 1983 se vinculó en
provisionalidad en la Dirección General de Impuestos Nacionales- DIAN y
que a partir del 1 de junio de 1993 fue incorporada e incluida en carrera
administrativa, en aplicación del artículo 116 del Decreto 2117 de 1992.
Sostuvo que presentó en dos oportunidades solicitud de reconocimiento
y pago de la prima técnica por formación avanzada y experiencia
altamente calificada; peticiones que fueron resueltas de manera
desfavorable por los oficios números 00360 del 14 de noviembre de 2008
y 001449 del 27 de julio de 2012 expedidos por la DIAN.
Expuso que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
pretendiendo la nulidad de los actos administrativos que negaron el
reconocimiento y pago de la prima técnica, proceso que conoció en
1
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 02412 00.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02412-00
Accionante: Ninfa Marina González Bejarano
primera instancia la Subsección A, Sección Segunda, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que, en sentencia del 5 de diciembre de
2019, negó las pretensiones.
Aseveró que, inconforme con lo resuelto, interpuso recurso de apelación
y la Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de Estado, confirmó la
precitada decisión en providencia del 20 de enero de 2022.
Argumentó que la sentencia atacada desconoció los principios de non
reformatio in pejus y de congruencia, lo que estima implica la transgresión
del derecho fundamental al debido proceso; al efecto, la parte actora
afirmó que promovía “acción de tutela contra el Consejo de Estado – Sala
de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda – Subsección A, por
no haber dado aplicación en la sentencia de segunda instancia del 20 de
enero de 2022, proferida dentro del correspondiente proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, a la garantía constitucional contenida en
el artículo 31 de la C.N. de la non reformatio in pejus y principio de
congruencia”2.
Agregó que “la irregularidad procesal es determinante en la sentencia que
se impugna porque el Ad quem considera y decide con fundamento en
unos supuestos de hecho, derecho y pruebas distintos de los establecidos
en el fallo de primera instancia, materia de la apelación y de los
correspondientes alegatos de conclusión interpuestos por la demandante,
como apelante único, con afectación, apenas consecuente, de las
garantías procesales que la ley otorga, entre otros, derechos de
contradicción, defensa y de la doble instancia. Por lo tanto la sentencia
que se impugna no es fruto de los hechos, de lo litigado y probado en el
proceso”3.
2
Ibídem.
3
Ibídem.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02412-00
Accionante: Ninfa Marina González Bejarano
Adujo que la providencia controvertida incurrió en el defecto de violación
directa de la Constitución, dado que no se aplicó el artículo 31 Superior
que establece la garantía de non reformatio in pejus.
Alegó que también se configuró el defecto procedimental absoluto toda
vez que la sentencia atacada vulneró los principios de congruencia y de
non reformatio in pejus, lo que fundamentó en lo siguiente4:
“[…] El juez de segunda instancia no tomó la decisión de manera
congruente con los hechos, lo debatido y probado en el proceso (…).
Según se desprende de los considerandos el juez del conocimiento
actuó completamente al margen del procedimiento establecido
vulnerando ostensible al (sic) debido proceso por ignorar y no dar
tratamiento alguno, en la sentencia del 20 de enero de 2022, al fallo
de primera instancia, a la apelación y correspondientes alegatos de
conclusión, como si no existieran borrando todo vestigio de estas
etapas procesales.
Cual efecto dominó el ad quem, con su protuberante error, vició toda
la esfera de lo jurídico sustancial y procedimental aplicable al sub
judice. Fundamenta las conclusiones de manera incongruente en
presupuestos de hecho, derecho y pruebas que no fueron materia
del recurso. Como consecuencia sobreviene un caos jurídico y la
grave desmejora de la situación de la accionante, como apelante
único: violación de sus derechos de defensa, contradicción, doble
instancia, al no ser escuchada y vencida en juicio. Apelante único
porque la DIAN no apeló, como se comprueba al revisar el plenario
y registrar la ausencia de esta actuación de la parte demandada.
(…)
Es evidente la incongruencia que encierra el fallo de segunda
instancia al confirmar la sentencia del 5 de diciembre de 2019 que
negó las pretensiones de la demanda, cuando no partió en los
considerandos de tal providencia, ni de lo apelado, alegado y
probado en el proceso.
[…]”.
Arguyó que, en consonancia con la vulneración de los principios de non
reformatio in pejus y congruencia, se incurrió en defecto sustantivo
porque no era aplicable la sentencia de unificación proferida el 19 de mayo
4
Ibídem.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02412-00
Accionante: Ninfa Marina González Bejarano
de 2016 por el Consejo de Estado, y anota que “incurre en error material
o sustantivo al desviar la aplicación de la jurisprudencia sobre lo ya
resuelto a favor de la apelante, es decir, sobre lo que no se discute, no
fue planteado en la apelación y le es prohibido pronunciarse. Esto
determina que la sentencia unificada del 19 de mayo de 2016 sea
manifiestamente inaplicable por encerrar un contrasentido su
aplicación”5.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
3.1. Por auto del 3 de mayo de 20226 fue admitida la acción de tutela y
se dispuso notificar a los consejeros que integran la Subsección A, Sección
Segunda, del Consejo de Estado, así como vincular, por tener interés en
el resultado del proceso, a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN7.
Igualmente, se requirió a la Subsección A, Sección Segunda, del Consejo
de Estado y/o a la Subsección A, Sección Segunda, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, para que allegaran copia en archivo
digital del expediente con radicación nro. 25000 2342 000 2015 03953
01, el cual fue remitido8.
3.2. El consejero ponente de la decisión cuestionada rindió informe en
oportunidad vía correo electrónico9, en el que señaló que de la sentencia
proferida el 20 de enero de 2022 se desprende “con claridad que no existe
riesgo de haberse configurado una vulneración al principio de congruencia
alegado por la parte actora, toda vez que el análisis jurídico efectuado se
5
Ibídem.
6
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 02412 00.
7
Esta orden se cumplió el 11 de mayo de 2022. Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 02412 00.
8
Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 02412 00.
9
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 02412 00.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02412-00
Accionante: Ninfa Marina González Bejarano
limitó específicamente a los elementos que constituyeron la controversia
y a su vez, aborda y enerva cada uno de los motivos de inconformidad de
la entonces recurrente sin que se hayan esgrimido argumentos ajenos a
la litis o que hubiesen empeorado la situación creada a la accionante en
primera instancia, la cual en todo caso ya era la negativa del derecho que
solo fue confirmada, no agravada como pretende hacerlo ver la señora
González Bejarano en esta oportunidad”.
3.3. El apoderado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN presentó informe en término vía correo electrónico10, en el que
solicitó negar el amparo de los derechos fundamentales invocados por
cuanto no se advierte ninguna anomalía en la sentencia proferida el 20
de enero de 2022.
3.4. El magistrado ponente de la decisión proferida en primera instancia
radicó informe11, en el que expuso que es claro que los argumentos
presentados por la parte actora están encaminados a atacar el criterio
interpretativo del juez, por lo que, de acuerdo con la reiterada
jurisprudencia de la Corte Constitucional, la acción de tutela es
improcedente.
4.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 1991 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,12 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
10
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 02412 00.
11
Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 02412 00.
12
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02412-00
Accionante: Ninfa Marina González Bejarano
abril de 202113, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201914 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.
4.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente15:
4.2.1. La señora Ninfa Marina González Bejarano, actuando por conducto
de apoderada, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la DIAN, pretendiendo lo siguiente:
“[…] PRIMERA: Se declare la nulidad de los siguientes actos
administrativos mediante los cuales la DIAN negó a NINFA MARINA
GONZALEZ BEJARANO el reconocimiento y pago de la prima técnica
por formación avanzada y experiencia altamente calificada, factor
salarial: oficio 00360 del 14 de noviembre de 2008 que niega lo
peticionado inicialmente; Resolución 0000626 del 22 de enero de
2009 que decidió el recurso de reposición y el oficio 001449 del 27
de julio de 2012 que retira la negativa y solicita “atenerse a lo allí
resuelto”, con referencia a los actos administrativos citados
anteriormente.
SEGUNDA: Se reconozca y pague a la accionante, en
restablecimiento del derecho y como consecuencia de la anterior
declaración, la prima técnica por formación avanzada y experiencia
altamente calificada, factor salarial, conforme a los hechos y
fundamentos de derecho que se invocan considerando la
prescripción trienal, es decir, tres años atrás contados a partir de la
interrupción de la prescripción (del 3 de julio de 2012 a 3 de julio de
2009) y del 3 de julio de 2012 en adelante se continúe pagando
mientras se mantengan los hechos y el derecho que originaron su
reconocimiento y pago.
TERCERA: Se ordene a la DIAN reliquidar y pagar a la accionante
todas las prestaciones e incentivos que en derecho correspondan
considerando que la prima técnica por formación avanzada y
experiencia altamente calificada constituye factor salarial, en
13
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
14
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
15
Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
con el nro. 25000 2342 000 2015 03953 01. Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 02412 00.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02412-00
Accionante: Ninfa Marina González Bejarano
restablecimiento del derecho y procedimiento administrativo
independiente, según sus propias reglamentaciones […]”.
4.2.2. La demanda correspondió por reparto a la Subsección A, Sección
Segunda, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que, en sentencia
del 5 de diciembre de 2019, negó las pretensiones.
4.2.3. Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso
de apelación y la Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de Estado,
en sentencia del 20 de enero de 2022, la confirmó16.
4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, se tiene lo siguiente:
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable17.
A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción
de tutela no procederá: cuando existan otros recursos o medios de
16
Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 2342 000 2015 03953 01.
17
Artículo 86 C.P.: “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable (…)”.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02412-00
Accionante: Ninfa Marina González Bejarano
defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo
las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.
Por lo tanto, esta acción tiene como característica la subsidiariedad, en la
medida que solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, a no ser que busque evitar un perjuicio
irremediable18.
La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de
subsidiariedad envuelve tres eventos que conducen a la improcedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial19: (i) cuando el asunto está
trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los medios de
defensa judicial ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para
revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico.
Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal Constitucional ha establecido dos
excepciones al requisito de subsidiariedad de la acción de tutela: i) cuando
el mecanismo ordinario de defensa no es idóneo ni eficaz para la
protección inmediata de los derechos fundamentales, y ii) cuando se
pretende evitar la configuración de perjuicio irremediable, el cual debe
acreditarse que cumple con la características de ser inminente y grave,
que requiere de la adopción de medidas de carácter urgente para superar
18
La Corte Constitucional en la sentencia T-441 del 15 de julio de 2015. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez, dijo que los criterios a partir de los cuales debe analizarse si,
efectivamente, en un caso concreto, se está ante la presencia de un perjuicio
irremediable que habilite la procedencia transitoria del mecanismo de amparo
constitucional son (i) que el perjuicio se produce de manera cierta y evidente sobre un
derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría
forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección
para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la
gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la
tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales.
19
Corte Constitucional. Sentencia T – 396 del 26 de junio de 2014. M.P.: Jorge Iván
Palacio Palacio.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02412-00
Accionante: Ninfa Marina González Bejarano
el daño y, por lo tanto, que la protección constitucional es
impostergable20.
En el asunto bajo examen, la accionante interpuso acción de tutela con el
fin de controvertir la sentencia proferida el 20 de enero de 2022 por la
Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de Estado, porque, en su
concepto, trasgredieron los principios de congruencia y de non reformatio
in pejus, toda vez que no se resolvió de acuerdo con lo que fue objeto de
apelación en el proceso y tampoco se tuvo en cuenta los alegatos de
conclusión presentados en segunda instancia.
Por consiguiente, la Sala considera que la acción de tutela deviene
improcedente en los términos en que se formuló, comoquiera que, en
contra de la providencia censurada, es posible interponer el recurso
extraordinario de revisión por la causal de nulidad originada en la
sentencia, en la medida que lo alegado es que la sentencia cuestionada
transgredió los principios de congruencia y de non reformatio in pejus.
Al efecto, esta Corporación ha puntualizado que la causal de revisión
contenida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esto
es, la nulidad originada en la sentencia, “[s]e puede configurar cuando
el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna
y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara
violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la
providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas
propias de cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez
para abordar asuntos frente a los cuales no se podía pronunciar […]”21.
Al respecto se precisó lo siguiente:
“[…] Ello significa que es procedente el recurso extraordinario
de revisión contra los fallos dictados por esta jurisdicción en
segunda instancia o única, si se alega el desconocimiento del
20
Sentencia T-150 de 2016.
21
Sala Especial de Decisión 22, sentencia de 2 de febrero de 2016, proferida en el
expediente con radicado núm. 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV), C.P. Alberto
Yepes Barreiro.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02412-00
Accionante: Ninfa Marina González Bejarano
principio de la congruencia, que en últimas implica una actuación
sin competencia.
(…)
En términos generales, la congruencia se entiende como el deber
legal que tienen los funcionarios judiciales al emitir sus decisiones
de no incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita (…).
Además, la congruencia también se puede calificar según las
relaciones que se produzcan entre la sentencia, entendida como un
todo, y lo pedido y planteado por las partes.
En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la
sentencia. Se puede identificar porque en líneas generales es lo
que preceptuaba el artículo 170 del C.C.A., y las normas del procesal
civil, según los cuales el fallo debe estar en armonía con lo
pedido y alegado tanto por la parte demandante como por la
parte demandada. Y, en el segundo evento, corresponde a la
congruencia interna, que es la coherencia que ha de existir entre lo
dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la
providencia.
Las dos formas de congruencia han sido abordadas por la
jurisprudencia de esta Corporación en los siguientes términos:
“Se reitera que el principio de congruencia de la sentencia, exige de
una parte, que exista armonía entre la parte motiva y la parte
resolutiva de la misma, lo que se denomina congruencia interna, y
de otra, que la decisión que ella contenga, sea concordante con lo
pedido por las partes tanto en la demanda, como en el escrito de
oposición, denominada congruencia externa, es decir, se tome la
decisión conforme se ha marcado la controversia en el proceso.
(…)
La violación de dicho principio traería como consecuencia,
igualmente la violación al debido proceso, en la medida en que
nuestro ordenamiento positivo consagra etapas procesales
exclusivas a que las partes manifiesten y contradigan argumentos
en defensa de sus derechos, siempre bajo el marco de litis que se
ha planteado desde la demanda (…).
Pues bien, estas reflexiones, con apoyo en jurisprudencia del
Consejo de Estado y en la doctrina de la Corte Constitucional,
ratifican la tesis según la cual la congruencia de los fallos es un
elemento de validez de los mismos, cuya inobservancia
configura la causal de revisión de nulidad originada en la
sentencia, artículo 250, numeral 5 del CPACA […]”. (se
destaca)
En suma, bajo los anteriores criterios jurisprudenciales, esta Corporación
ha señalado que la nulidad originada en la sentencia se configura cuando:
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02412-00
Accionante: Ninfa Marina González Bejarano
“i) se dicta sentencia, pese a que previamente se produjo la
terminación del proceso, o se revive un proceso legalmente
concluido;
ii) se dicta sentencia cuando el proceso se encuentra suspendido;
iii) la sentencia se emite sin la mayoría necesaria o con la firma de
más o menos jueces de los requeridos legalmente;
iv) se pretermite una instancia, y ello se configura en tres
escenarios: a. cuando se emite sentencia sin motivación; b. cuando
se viola el principio de la non reformatio in pejus; y c. cuando
se profiere sentencia condenatoria contra un tercero que no fue
vinculado al proceso;
v) en la sentencia se deciden aspectos que no debía resolver el juez,
por carecer de jurisdicción o competencia;
vi) se profiere una sentencia con fundamento en pruebas obtenidas
con violación del debido proceso;
vii) en la sentencia se incurre en violación del derecho constitucional
del debido proceso; y
viii) la sentencia está afectada por falta de congruencia interna o
externa”22.
[Destacado por la Sala]
De contera, como la actora manifiesta que la Subsección A, Sección
Segunda, del Consejo de Estado, al proferir la sentencia atacada, vulneró
el derecho fundamental al debido proceso porque trasgredió los principios
de congruencia y non reformatio in pejus, tiene a su alcance el recurso
extraordinario de revisión que constituye el mecanismo idóneo para
ventilar este reproche.
Valga destacar que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional el recurso extraordinario de revisión es un medio de
defensa judicial idóneo para cuestionar este tipo de reproches; así lo ha
explicado23:
“[…] El recurso de revisión está sujeto a unas causales taxativas que
limitan su alcance a las anomalías de alta trascendencia y constituye
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 19 de marzo de 2020, radicación número 11001-03-25-000-
2013-00034-00 (0089-13), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
23
Corte Constitucional. Sentencia SU – 263 del 7 de mayo de 2015. M.P.: Jorge Iván
Palacio Palacio.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02412-00
Accionante: Ninfa Marina González Bejarano
una verdadera acción impugnatoria con efectos rescisorios, en la
cual no hay lugar a la reapertura del debate jurídico o probatorio, ni
espacio para discutir el sentido del razonamiento del juez dirigido a
adoptar una decisión determinada, sino únicamente a la
presentación de cargos relativos a extremas injusticias o ilicitudes
dentro de la decisión. En definitiva, esta institución y las causales
que dan lugar a su solicitud, están diseñados como una institución
procesal dirigida a la protección de los derechos a acceder a la
justicia y al debido proceso.
(…)
Bajo esas condiciones, en varias oportunidades la Corte ha
examinado la idoneidad y eficacia del recurso extraordinario de
revisión como medio de defensa respecto al desconocimiento de
derechos fundamentales originado en un fallo judicial. En esta
medida, ha establecido que el hecho de tratarse de un recurso
extraordinario no descarta mecánicamente su eficacia. Además, la
idoneidad del recurso debe valorarse teniendo en cuenta el derecho
fundamental que el accionante considera vulnerado y las causales
de revisión previstas en el ordenamiento legal.
En ese orden de ideas, se concluye que la acción de tutela se torna
improcedente cuando al interior de un proceso contencioso
administrativo se alega la vulneración al debido proceso y este
derecho fundamental es susceptible de ser protegido mediante el
trámite del recurso extraordinario de revisión […]”.
Corolario de lo expuesto, la acción de tutela deviene improcedente por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad, debido a que la parte actora
no ha agotado el recurso extraordinario de revisión para controvertir la
decisión que ataca por vía de tutela ni acredita o alega la ocurrencia de
un perjuicio irremediable.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada
por la señora Ninfa Marina González Bejarano en contra de la sentencia
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02412-00
Accionante: Ninfa Marina González Bejarano
proferida el 20 de enero de 2022 por la Subsección A, Sección Segunda
del Consejo de Estado, según lo explicado en precedencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.