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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03220-00

Fecha
7 de julio de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03220-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Presidente de la República. SEGUNDO: ACCEDER a la petición de desvinculación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del señor Rafael Mauricio Rieder Guerra, en consecuencia, ORDENAR a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que, en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, resuelva el recurso de apelación interpuesto por el accionante al interior del trámite de ruptura de 22 “Artículo 86. Silencio administrativo en recursos. Salvo lo dispuesto en el artículo 52 de este Código, transcurrido un plazo de dos (2) meses, contados a partir de la interposición de los recursos de reposición o apelación sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es negativa.” 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Rafael Mauricio Rieder Guerra Demandados: Presidente de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-03220-00 solidaridad iniciado ante Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P., y se notifique en debida forma el acto administrativo. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. QUINTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03220-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

7 de julio de 2022

Demandante: Rafael Mauricio Rieder Guerra
Demandados: Presidente de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03220-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03220-00
Demandante: RAFAEL MAURICIO RIEDER GUERRA
Demandados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y OTROS

Tema: Tutela de fondo – Mora en decidir recurso de apelación dentro
del proceso de ruptura de solidaridad - Ampara

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el señor Rafael
Mauricio Rieder Guerra contra el Presidente de la República de Colombia y otros,
de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Mediante escrito presentado el 13 de junio de 20221, el señor Rafael Mauricio
Rieder Guerra, en nombre propio, instauró acción de tutela contra el Presidente de
la República de Colombia, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
la Procuraduría General de la Nación y la empresa Caribe Mar de la Costa S.A.S.
E.S.P., con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, de petición y al mínimo vital.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de
la presunta mora en la que ha incurrido la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios en resolver el recurso de apelación interpuesto por el accionante
dentro del trámite administrativo de solicitud de rompimiento de la solidaridad
adelantado ante Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P., respecto de la deuda
existente por concepto del servicio de energía sobre un inmueble de propiedad del
tutelante.

1
La tutela se radicó a través de la dirección electrónica apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Rafael Mauricio Rieder Guerra
Demandados: Presidente de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03220-00

1.2. Pretensiones

La parte accionante presentó las siguientes:

“PRIMERO: Que el juez constitucional ampare los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DERECHO
DE PETICIÓN.

SEGUNDO: Que el juez constitucional ordene a la superservicios a cumplir con la ley y
dar respuesta a mi recurso de apelación.

TERCERO: Que el honorable magistrado sancione conforme al decreto-ley 2591 de
1991 al superintendente por incumplimiento de una orden judicial.

CUARTO: Remitir copia a la procuraduría general de la nación para que investigue las
faltas que cometieron la superintendente de servicios públicos domiciliarios, el
representante legal y el jefe de jurídica de la empresa.

QUINTO: Que el honorable magistrado ordene al presidente a que en ejercicio de sus
funciones emita una orden para que el superintendente cumpla con las órdenes
impartidas por los jueces y no incurra en más violaciones de los derechos
fundamentales”. (Énfasis del texto y sic para la cita)

Asimismo, solicitó que la Procuraduría General de la Nación “emita las sanciones a
que haya lugar” en cumplimiento de la denuncia que afirmó presentar. Además,
requirió que se ordene al “presidente de Colombia que ene (sic) ejercicio de sus
funciones emita una orden para que la superservicios proceda con las sanciones a que
haya lugar en contra de la empresa”.

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

Informó que presentó petición ante la empresa Caribe Mar de la Costa S.A.S.
E.S.P. con el fin de que se declarara la ruptura de la solidaridad de la deuda que
acumuló su último arrendatario con dicha empresa de servicios públicos.

Advirtió que su solicitud fue negada2, razón por la cual interpuso el recurso de
reposición y en subsidio el de apelación. La anterior decisión fue confirmada
mediante Oficio con número de consecutivo 202170038976 de 10 de febrero de
2021, en el cual, entre otros aspectos, se indicó:

“Toda vez que usted interpuso el recurso de apelación subsidiario al de reposición,
remitiremos el expediente del caso a la Superintendencia de Servicios Públicos
domiciliarios (sic) una vez se surta la notificación personalmente o por aviso, y será
dicha entidad quien defina acerca del caso”

Indicó que, una vez agotados los recursos ante la referida entidad, según lo
estipula el artículo 159 de la Ley 142 de 1994, se debe remitir el expediente a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que se surta la segunda
instancia.

Adujo que, a la fecha en que radicó el mecanismo constitucional de la referencia,
la Superintendencia no se ha pronunciado respecto al recurso de apelación.

2
Consecutivo N°. 202170031073 de 3 de febrero de 2021.
2

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1.4. Fundamentos de la solicitud

El accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales por parte de
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la empresa Caribe Mar de
la Costa S.A.S. E.S.P. debido a que “han transcurrido más de 7 meses y la
superservicios aún no resuelve el recurso de apelación en donde la ley 1437/11 y 1755/15
establecen que el tiempo máximo para dar respuesta no puede ser mayor a 60 días, ósea
2 meses y en mi caso del primer proceso lleva 276 días sin respuesta alguna.” (Sic para
la cita)

Lo anterior, en atención a que la tardanza en que se resuelva la segunda instancia
deriva en que la empresa que le presta el servicio de energía le suspenda el
servicio por presentar una deuda pendiente de pago.

En ese orden, citó un antecedente de la Sección Quinta del Consejo de Estado;
proceso de tutela que se identificó con el radicado 11001-03-15-000-2021-05822-
01, dentro del cual, mediante sentencia de 31 de marzo de 2021 se ordenó a la
Superintendencia resolver el recurso de apelación en un término de 48 horas
contados a partir del día siguiente a la notificación de la providencia, y se exhortó
a la referida entidad para que, en lo sucesivo, no incurriera en demoras
administrativas injustificadas.

Por último, resaltó que este juez constitucional “está en la obligación de imputar en
sanciones al director general de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios las
cuales están expresamente en el decreto-ley 2591 de 1991, además de remitir copia a la
procuraduría general de la nación para que en ejercicio de sus funciones sanciones
disciplinariamente director general de la superintendencia de servicios públicos
domiciliarios”. (Sic para la cita)

Además, y de conformidad con las pretensiones de la acción constitucional,
advirtió una presunta omisión en las funciones del Presidente de la República y la
Procuraduría General de la Nación, en su deber de emitir “las sanciones a que haya
lugar”.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Con auto de 16 de junio de 2022, el ponente admitió la acción de tutela y ordenó
notificar a la Presidencia de la República de Colombia, a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, a la Procuraduría General de la Nación y a la
empresa Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P. para que, si lo consideraban del
caso, intervinieran en el presente proceso en calidad de demandados.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591
de 1991, vinculó en calidad de tercero interesado a la empresa Caribesol de la
Costa S.A.S. E.S.P. [empresa que junto a Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P.
reemplazó a Electricaribe S.A. E.S.P.].

Finalmente, requirió al señor Rieder Guerra para que allegara las copias digitales
de las actuaciones que realizó ante la Presidencia de la República y la
Procuraduría General de la Nación.

3

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1.6. Contestaciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

A través de correo enviado el 22 de junio de 2022, la apoderada del ente de
vigilancia indicó que su representada no tiene injerencia respecto a los
argumentos relativos a las órdenes de corte y a la omisión de la prestadora del
servicio en asociar a la facturación los casos sometidos a reclamo, por ser ello de
competencia exclusiva de Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P.

De otro lado, respecto al cargo consistente en la mora en resolver el recurso de
apelación, explicó que el número de radicado es 20218200165102 y que “a la
fecha de presentación de este informe, la Superintendencia se encuentra en trámite de
estudio y sustanciación del recurso de apelación, para posterior publicación del fallo
según corresponda”.

Asimismo, refirió que la acción de tutela no es procedente cuando lo perseguido
consiste en afectar las decisiones que por la vía administrativa se deben proferir.
Finalmente precisó que en los trámites sometidos al recurso de apelación se
aplica el efecto suspensivo por mandato legal, en consecuencia, la empresa
prestadora del servicio de energía no puede hacer efectivo el concepto que está
pendiente de pronunciamiento en segunda instancia.

En ese orden de ideas, solicitó que se deniegue el amparo deprecado ante la
inexistencia de la vulneración alegada, o en su defecto, que se declare
improcedente la acción de tutela.

1.6.2. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y
Presidente de la República

Con memorial allegado el 21 de junio de 2022, el apoderado del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y/o Presidente de la República
señaló que, sus representados no han causado la violación de las garantías del
accionante por cuanto, de conformidad con la certificación CERT22-001598 / IDM
13081012 de 21 de junio de 2022, el señor Rafael Mauricio Rieder Guerra no ha
interpuesto petición alguna.

Por lo anterior y luego de exponer detalladamente las funciones tanto del
mencionado departamento administrativo, así como del Presidente de la
República, solicitó que se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva y
se desvincule del trámite de la referencia.

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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Rafael Mauricio Rieder Guerra, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

El apoderado del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
y/o Presidente de la República solicitó su desvinculación de este trámite tutelar,
con fundamento en que carece de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera
que la causa que dio origen a esta acción escapa de su esfera funcional.

Este requerimiento será negado frente al Presidente de la República, dado que el
demandante, con la solicitud de amparo, elevó una pretensión en concreto frente a
dicho mandatario. En consecuencia, será con el estudio del caso concreto, y ante
la acreditación de que se acudió ante tal autoridad, que se determine si existió o
no una omisión en sus funciones.

Referente al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, esta
Colegiatura accederá a tal petición, comoquiera que contra esta dependencia no
se dirigen las pretensiones de la acción constitucional, y según el artículo 3° del
Decreto 1784 de 20193, esta no tiene ninguna función que se acompase con el
problema jurídico que se planteará.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, de petición y al mínimo vital de la parte actora con ocasión de la tardanza
en la que presuntamente incurrieron la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y la empresa Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P. en tramitar y
resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor Rafael Mauricio Rieder
Guerra, dentro del trámite administrativo mediante el cual el accionante solicitó la
ruptura de la solidaridad ante Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
naturaleza de la acción de tutela; (ii) las generalidades de los derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia; y (iii) el análisis del caso
concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus

3
“Artículo 4. Funciones generales. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, tendrá las siguientes funciones generales: (…)
5

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derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción
u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable4.

2.5. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia

Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica de los artículos 229 de la Constitución5, del derecho fundamental al
debido proceso6 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter
de fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia7.

El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para
que resuelva “[…] las controversias que surjan con otros individuos u organizaciones y
con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una resolución motivada, ajustada
a derecho, y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías constitucionales
previstas en la Constitución y en la ley […]”8.

Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía “[…] no
puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante
los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las
demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de que, ante
los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable,
con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado
conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su decisión […]”9.

Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se
desprende que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que
cuando el “[…] ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,

4
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
5
“Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.
6
“Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia
a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de
oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la
sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
7
Sentencia T-006 de 1992.
8
Sentencia T-476 de 1998.
9
Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.
6

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encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus derechos
y garantías”10, y de otro lado, “la obligación correlativa de las autoridades judiciales de
promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para que el acceso de los
particulares a dicho servicio público sea real y efectivo, con lo cual se deben descartar las
actuaciones nominales que no logren tal finalidad. Se entiende por lo tanto que el derecho
extraído por la Corte involucra la necesidad de que los jueces deriven en sus providencias
la dimensión pro actione, lo que representa un avance significativo en la protección de los
derechos de las personas […]”11.

Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de 1996
Estatuaria de la Administración de Justicia12 y con sustento en los principios de
celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez,
como director del proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de
evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con
una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales
de las partes.

Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el
Estado Social de Derecho, en el que “[…] ha dejado de ser el frío funcionario judicial
que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin vendas- que se
proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente
y asumir su responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de los derechos
materiales. El juez que reclama el pueblo a través de su Carta Política ha sido
encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la
búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia
material […]”13.

2.6. Términos procesales para que la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios resuelva recursos de apelación en sede administrativa

Si bien la Ley 142 de 1994 o la Ley 1437 de 2011 no establecen un término para
que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios resuelva el recurso de
apelación en mención, por remisión expresa de los artículos 13 y 14 de la Ley
1437 de 2011, se tiene que, salvo disposición legal especial en contrario, las
autoridades competentes tienen un plazo general y expreso de 15 días hábiles
para resolver los recursos administrativos promovidos.

Asimismo, si no fuere posible resolverlos en dicho término, por concurrir de
manera excepcional las condiciones fácticas y jurídicas descritas en el parágrafo
del artículo 14, deberán resolverse en un plazo que no exceda los 30 días desde
su oportuna interposición14.

10
Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
11
Ibídem.
12
Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que
cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia
social y lograr y mantener la concordia nacional”.
13
Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio
Palacio.
14
Ver al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, fallo de 3 de marzo
de 2022, expediente 11001-03-15-000-2021-05822-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
7

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Criterio que a la postre se encuentra acorde con el concepto de la Sala de
Consulta Civil de esta Corporación15, en el cual se precisa que el plazo que
contempla el artículo 86 de la Ley 1437 de 2011, del silencio administrativo
negativo16, -dos (2) meses-, no se puede considerar, “en modo alguno como el
término máximo con el que se cuenta para decidir tales recursos”, dado que tal lapso
atiende a la posibilidad que tiene el usuario para acudir a la administración de
justicia, donde cabe destacar que “la ocurrencia del silencio negativo previsto en este
artículo no exime a la autoridad de responsabilidad, ni le impide resolver siempre que no
se hubiere notificado auto admisorio de la demanda cuando el interesado haya acudido
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.

2.7. Caso concreto

2.7.1. En el sub examine, la parte actora alegó que la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios vulneró sus derechos fundamentales por la
presunta omisión en resolver el recurso de apelación que interpuso contra la
decisión de la empresa Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P., consistente en
negar la solicitud de ruptura de la solidaridad entre el accionante y su último
arrendatario respecto de la deuda por concepto de consumo de servicio de
energía de un inmueble de propiedad del señor Rafael Mauricio Rieder Guerra.

Asimismo, se tiene que el demandante solicitó que se ordene a la Procuraduría
General de la Nación y al Presidente de la República emitir “las sanciones a que
haya lugar”, pretensiones que ocasionaron que el Despacho sustanciador de este
fallo requiriera al señor Rafael Mauricio Rieder Guerra, con el fin de que:

“(…) aporte, al presente expediente de tutela, copia digital de las actuaciones que
realizó ante la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la Nación,
con el fin de establecer el eventual incumplimiento de esas dependencias en lo
referente a sus funciones.”

2.7.2. Ahora bien, debido a que el tutelante no atendió tal requerimiento, esta
Colegiatura no cuenta con los elementos suficientes para estudiar la presunta
omisión en la que incurrieron la Procuraduría General de la Nación y el Presidente
de la República, comoquiera que no se conoce el fundamento normativo o las
causales por las que la demandante acudió a tales dependencias, o si en efecto lo
hizo. Por tal razón, la Sala negará la solicitud de amparo constitucional en lo
referente a ordenar el impulso de sanciones, en lo que respecta a las entidades en
mención, comoquiera que no se puede analizar un eventual incumplimiento de
funciones cuando no se conocen las razones que la fundamentan.

2.7.3. De otro lado, esta Sección accederá al amparo del derecho al debido
proceso del señor Rafael Mauricio Rieder Guerra al encontrar fundada la mora
administrativa de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en
resolver el recurso de apelación promovido por el actor contra la decisión expedida

15
Ver Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, concepto con radicado No. 2123,
expediente 11001-03-06-000-2012-00084-00, del 29 de octubre de 2012, M.P. Luis Fernando
Álvarez Jaramillo.
16
“Artículo 86. Silencio administrativo en recursos. Salvo lo dispuesto en el artículo 52 de este
Código, transcurrido un plazo de dos (2) meses, contados a partir de la interposición de los
recursos de reposición o apelación sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se
entenderá que la decisión es negativa.”
8

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Demandante: Rafael Mauricio Rieder Guerra
Demandados: Presidente de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03220-00

por la empresa Caribe de la Costa S.A.S E.S.P. mediante Oficio con número de
consecutivo 202170038976 de 10 de febrero de 2021.

Como primera medida, se advierte que si bien no se tiene certeza de la fecha en
que fueron enviadas las diligencias por Caribe Mar de la Costa S.A.S E.S.P. ni
aquella en que fueron recibidas por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, lo cierto es que tal hecho se tiene como cierto por cuanto en la
intervención del ente de vigilancia se adujo que el mecanismo se encuentra por
definir, lo cual es corroborado con la imágen allegada por el actor de la plataforma
de la entidad censurada en la que se observa que el estado actual del asunto es
“En trámite”, como se muestra a continuación:

De la anterior imagen se destaca que la fecha de radicación del recurso de
apelación en el sistema de la entidad cuestionada es el 5 de marzo de 2021, es
decir que se encuentra en armonía con la fecha en que Caribe Mar de la Costa
S.A.S. E.S.P. resolvió el recurso de reposición con el oficio referido de 10 de
febrero de 2021, comoquiera que tal decisión debía ser publicada y, luego de ello,
procedía la remisión del expediente del señor Rafael Mauricio Rieder Guerra con
destino a la Superintendencia.

En ese orden de ideas, es evidente que la causa de la demora en este asunto no
se circunscribe a una negligencia de la empresa Caribe Mar de la Costa S.A.S.
E.S.P., pues a partir del anterior razonamiento se aclaró que el proceso
administrativo fue enviado con prontitud para que se surtiera la segunda instancia.

Sin embargo, no es posible arribar a la misma conclusión respecto de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios debido a que, con total
certeza esta Sala de Decisión resalta que el conocimiento del mecanismo

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03220-00

interpuesto por la parte accionante se encuentra en tal entidad, al menos desde el
5 de marzo del año 2021 y, a la fecha de interposición de la acción de tutela de la
referencia (13 de junio de 2022) transcurrió 1 año, 3 meses y 11 días.

En este punto de la discusión, es preciso recordar que el artículo 158 de la Ley
142 de 199417 establece que las peticiones y los recursos deben ser tramitados de
conformidad con las normas vigentes en materia de derecho de petición, razón por
la que es procedente la remisión a los artículos 1318 y 1419 de la Ley 1437 de
2011, en virtud de los cuales, salvo disposición legal especial en contrario, las
autoridades competentes tienen un plazo general y expreso de 15 días hábiles
para resolver los recursos administrativos promovidos.

Si no fuere posible resolverlos en dicho término, por concurrir de manera
excepcional las condiciones fácticas y jurídicas descritas en el parágrafo del
artículo 14, deberán resolverse en un plazo que no exceda los 30 días desde su
oportuna interposición20.

Criterio que se encuentra acorde con el concepto de la Sala de Consulta Civil de
esta Corporación21, en el cual se precisa que el plazo que contempla el artículo 86

17
“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones”.
18
“ARTÍCULO 13. OBJETO Y MODALIDADES DEL DERECHO DE PETICIÓN ANTE
AUTORIDADES. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> <Artículo modificado por el artículo
1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Toda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos
de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de
petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo.
Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la
intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de
un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular
consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación
a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades
dedicadas a su protección o formación.”
19
“ARTÍCULO 14. TÉRMINOS PARA RESOLVER LAS DISTINTAS MODALIDADES DE
PETICIONES. <Ver ampliación temporal de términos en Notas de Vigencia> <Artículo modificado
por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Salvo norma legal
especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince
(15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las
siguientes peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días
siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá,
para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la
administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.
PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del
término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo
razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto.”
20
Ver al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, fallo de 3 de marzo
de 2022, expediente 11001-03-15-000-2021-05822-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
21
Ver Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, concepto con radicado No. 2123,
expediente 11001-03-06-000-2012-00084-00, del 29 de octubre de 2012, M.P. Luis Fernando
Álvarez Jaramillo.
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de la Ley 1437 de 2011, del silencio administrativo negativo 22, -dos (2) meses-, no
se puede considerar, “en modo alguno como el término máximo con el que se cuenta
para decidir tales recursos”, dado que tal lapso atiende a la posibilidad que tiene el
usuario para acudir a la administración de justicia, donde cabe destacar que “ la
ocurrencia del silencio negativo previsto en este artículo no exime a la autoridad de
responsabilidad, ni le impide resolver siempre que no se hubiere notificado auto admisorio
de la demanda cuando el interesado haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo”.

En ese contexto, para la Sala resulta evidente que en el sub examine el término
legal concedido para resolver de fondo el recurso de apelación ejercido por el
señor Rafael Mauricio Rieder Guerra ha sido superado ampliamente, comoquiera
que la fecha de radicación del expediente en el sistema de la Superintendencia es
de 5 de marzo de 2021 y, actualmente el mecanismo de alzada se encuentra en
trámite pese a que ha transcurrido más de 1 año, lo cual deriva en la transgresión
de las garantías constitucionales de la parte actora.

Así las cosas, esta Colegiatura considera que la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios desconoció el derecho fundamental al debido proceso del
señor Rieder Guerra con ocasión de la mora administrativa injustificada en que ha
incurrido por no resolver la segunda instancia del trámite de solicitud de ruptura de
la solidaridad.

2.8. Conclusión

Esta Sala de Decisión amparará el derecho al debido proceso del señor Rafael
Mauricio Rieder Guerra, el cual fue vulnerado por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios sin que medie justificación para ello.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Presidente de la República.

SEGUNDO: ACCEDER a la petición de desvinculación del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República.

TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del señor
Rafael Mauricio Rieder Guerra, en consecuencia, ORDENAR a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que, en el término de 48
horas siguientes a la notificación de esta providencia, resuelva el recurso de
apelación interpuesto por el accionante al interior del trámite de ruptura de

22
“Artículo 86. Silencio administrativo en recursos. Salvo lo dispuesto en el artículo 52 de este
Código, transcurrido un plazo de dos (2) meses, contados a partir de la interposición de los
recursos de reposición o apelación sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se
entenderá que la decisión es negativa.”
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solidaridad iniciado ante Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P., y se notifique en
debida forma el acto administrativo.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

QUINTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Aclara voto

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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