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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04070-01

Fecha
10 de octubre de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04070-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-04070-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

10 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04070-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: FERNANDO ESTEBAN CASTAÑO GRISALES

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA. EN EL
PRESENTE CASO EL ACTOR NO CUMPLIÓ CON LA CARGA
ARGUMENTATIVA MÍNIMA PARA IMPUGNAR LA DECISIÓN
PROFERIDA EN PRIMERA INSTANCIA, ASÍ COMO TAMPOCO SE
ADVIRTIÓ NINGUNA JUSTIFICANTE PARA SU OMISIÓN.

DERECHOS FUNDAMENTALES: IGUALDAD, DEBIDO PROCESO Y
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación presentada por el actor

contra la sentencia de 25 de agosto de 2022, mediante la cual la

SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 denegó el amparo

solicitado.

1
En adelante la Sección Quinta.

2

Número único de radicación: 110010315-000-2022-04070-01
Actor: FERNANDO ESTEBAN CASTAÑO GRISALES

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor FERNANDO ESTEBAN CASTAÑO GRISALES, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso

a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados por la

SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE

ESTADO2 al proferir la providencia de 6 de diciembre de 2021,

dentro del medio de control de reparación directa identificado con el

número único de radicación 08001-2331-000-2009-00500-01.

I.2.- Hechos

Manifestó que fue vinculado a una investigación penal, al ser

señalado como presunto autor del delito de extorsión en grado de

tentativa.

Indicó que luego de adelantarse las diligencias de investigación fue

2
En adelante la Sección Tercera.

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Actor: FERNANDO ESTEBAN CASTAÑO GRISALES

capturado y, posteriormente, privado de la libertad en

establecimiento carcelario desde el 6 de marzo hasta el 22 de junio

de 2001.

Señaló que el 23 de octubre de 2001, la Fiscalía Delegada ante los

jueces penales del circuito especializado de Barranquilla, profirió

resolución de preclusión de la investigación.

Afirmó que acudió al juez administrativo a través del medio de control

de reparación directa, con el propósito de obtener el reconocimiento

y pago de los perjuicios de orden moral y patrimonial ocasionados

por la privación injusta de su libertad.

Señaló que en primera instancia la actuación fue conocida por el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO3 que, mediante

sentencia de 28 de noviembre de 2012, denegó las pretensiones.

Manifestó que la anterior decisión fue apelada ante la SECCIÓN

TERCERA que, mediante sentencia de 6 de diciembre de 2021,

revocó la providencia proferida por el a quo y, en su lugar, accedió

parcialmente a las pretensiones de la demanda.

3
En adelante el Tribunal.

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I.3.- Fundamentos de la solicitud

Señaló que la providencia emitida por la SECCIÓN TERCERA

incurrió en lo que denominó “excesivo ritual del procedimiento por

defecto procedimental”, al efectuar una valoración incorrecta del

material probatorio con el que se pretendió probar que fue privado

por más de 100 días, por lo que el monto de la indemnización sería

mayor.

Manifestó que la autoridad judicial incurrió en desconocimiento del

precedente jurisprudencial, por cuanto se apartó del criterio fijado

en la sentencia de unificación SU 061 de 2018.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados

como violados, en los siguientes términos:

“[…] 1. Tutelar mis derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO EXCESIVO RITUAL DEL PROCEDIMIENTO POR
DEFECTO PROCEDIMENTAL, ACCESO A LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA Y LA BUSQUEDA DE LA VERDAD JUSTICIA Y
REPARACION.

2. DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia proferida el 06 de diciembre
por la Sección Tercera, Subsección b del Consejo de Estado, por
medio de la cual se declaró administrativa y patrimonialmente
responsable a la Nación (FISCALIA GENERAL DE LA NACION),

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pero únicamente respecto de la negativa a reconocerme la
indemnización de perjuicios y ADICIONE el fallo referido con el
reconocimiento de perjuicios como actor y se liquide
nuevamente los perjuicios morales de la acuerdo a la sentencia
unificada de agosto del 2014 […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA indicó que la sentencia cuestionada

contiene los argumentos y elementos necesarios para adoptar la

decisión que en derecho corresponda.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El TRIBUNAL se limitó a remitir el expediente digital

contentivo del medio de control de reparación directa objeto de

análisis, sin hacer pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto.

I.6.2.- La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN manifestó que la

tutela de la referencia resulta improcedente, por cuanto no se

acreditó el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios o

extraordinarios para ventilar las pretensiones objeto de tutela.

Señaló que el actor no sustentó las causales específicas de

procedibilidad ni acreditó la configuración del defecto alegado, por lo

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que concluyó que no existe mérito para amparar los derechos

fundamentales.

Afirmó que la acción es improcedente, teniendo en cuenta la

inexistencia de un perjuicio irremediable que amerite la protección

de los derechos deprecados y el reconocimiento de las pretensiones.

I.6.3.- Los señores IRMA DEL SOCORRO SERNA CARDONA,

SANTIAGO y ANDRÉS CASTAÑO SERNA, vinculados en calidad de

terceros con interés directo en las resultas de la acción al intervenir

como demandantes dentro del medio de control de reparación

directa, pese a ser notificados en debida forma del presente trámite

constitucional, guardaron silencio.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 25 de agosto de 2022, la SECCIÓN QUINTA

denegó la solicitud de amparo.

Para tal efecto, advirtió que la autoridad judicial accionada dispuso

revocar la decisión del a quo declarando la responsabilidad de la

Fiscalía General de la Nación y condenando a la entidad al pago de

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los perjuicios morales ocasionados a los demandantes con

fundamento en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014,

por lo que consideró que la sentencia cuestionada fue proferida en el

ejercicio de la autonomía judicial y bajo los criterios de la sana critica

al evidenciar que la imposición de la medida de aseguramiento fue

injusta.

Asimismo, señaló que la decisión objetada fue motivada según el

material probatorio aportado al expediente contencioso

administrativo, con el que se concluyó la imposibilidad de probar el

monto de los ingresos percibidos por el actor y las utilidades que dejó

de percibir durante el tiempo que fue privado de su libertad.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor, impugnó la sentencia proferida en primera instancia,

mediante escrito allegado el día 2 de septiembre de 20224. No

obstante, no expuso ningún argumento tendiente a controvertirla.

Para el efecto señaló lo siguiente:

4
Aplicativo Samai, índice No. 27
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002
02204070001100103

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“[…] La presente impugnación la hago con los mismos
fundamentos legales y constitucionales que fueron tomados
como argumentos para la acción de tutela […]”5.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las Secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

5
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:3001/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001031
500020220407000/2AAA8F0EA9CA9B37DAB881DF5DCE65A813FEE706CC0311622DFA9B6DA339CA8
0/2

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Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia

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constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso

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judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

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g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]”

Análisis del caso concreto

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la providencia de 6 de diciembre de 2021,

proferida por la SECCIÓN TERCERA dentro del proceso de

reparación directa identificada con el número único de radicación

08001-2331-000-2009-00500-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales deprecados, habida cuenta que, a juicio del actor, la

autoridad judicial incurrió en “excesivo ritual del procedimiento por

defecto procedimental”, al efectuar una valoración incorrecta del

material probatorio con el que pretendió probar los días que

permaneció privado de su libertad.

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Manifestó que la autoridad judicial también incurrió en

desconocimiento del precedente jurisprudencial, por cuanto, se

apartó del criterio fijado en la sentencia de unificación SU 061 de

2018, sin embargo, no efectuó la motivación del cargo.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN QUINTA que, denegó el amparo constitucional al

considerar que la sentencia cuestionada fue proferida en el ejercicio

de la autonomía judicial y bajo los criterios de la sana critica.

Asimismo, señaló que la decisión objetada fue debidamente

motivada, de acuerdo con el material probatorio aportado al

expediente contencioso administrativo.

El actor impugnó la sentencia proferida en primera instancia, sin

aducir motivos de inconformidad con la misma.

Frente a la carencia argumentativa en el recurso de impugnación,

esta Sala6, ha precisado lo siguiente:

6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2018-03163-
01.

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“[…]40. Ahora bien, como última cuestión, y referente al tema
bajo estudio, la Sala debe establecer unas sub reglas en
relación con la carga argumentativa que se debe exigir
en las impugnaciones dentro del marco de la acción de
tutela:

40.1 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de
tutela contra autoridades públicas, la parte que impugne la
sentencia de tutela proferida en primera instancia, no se le
exigirá una carga argumentativa mínima, es decir, que no
habrá necesidad de sustentar la respectiva impugnación,
donde basta que el impugnante lo presente dentro del término
legal correspondiente en los términos del artículo 31 del
Decreto 2591, con el fin de que se efectúe el respectivo
trámite del mismo, teniendo el ad quem, el deber
constitucional de resolver el fondo del asunto; i) analizando
los argumentos jurídicos expuestos por el juez constitucional
de primera instancia, y el ii) acervo probatorio obrante en el
expediente.

40.2 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción
de tutela contra providencias judiciales, la parte que
impugne la sentencia de tutela proferida en primera
instancia precisando que i) si obra en nombre propio o ii) por
medio de apoderado especial, debe cumplir con una carga
argumentativa mínima, en donde exponga las razones
jurídicas por las cuales una autoridad judicial, incurrió en los
defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv)
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii)
desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la
Constitución, en los términos de la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, postura jurisprudencial,
que fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de 31 de
julio de 2012, salvo que se trate de un sujeto de especial
protección constitucional, a quien no se le exigirá dicha
carga argumentativa, toda vez que el Estado tiene que
adoptar las medidas necesarias, para garantizar la
protección de sus derechos fundamentales,
especialmente, el acceso a la administración de
justicia[…]”. (Destacado fuera del texto).

En el mismo sentido, en sentencia de 28 de febrero de 20207, con

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-000-2019-
04314-01.

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ponencia del Consejero Roberto Augusto Serrato Valdés, esta Sala

señaló:

“[…] La Sección Primera del Consejo de Estado, en diferentes
oportunidades, ha sostenido que, en el caso específico de tutela
contra providencia judicial, el deber de sustentar el recurso
de impugnación adquiere una connotación aún más
rigurosa y exigente, en tanto que quien impugna el fallo
que resuelve la acción de tutela, debe cumplir con la carga
argumentativa en cuestión, señalando las razones que
sustentan su impugnación e identificando y justificando
por qué se configura la causal específica de procedibilidad
que fue desvirtuada por la primera instancia.

Esta carga permite conciliar la obligación de proteger los
derechos fundamentales que la parte actora manifiesta
vulnerados, con los principios constitucionales de seguridad
jurídica y autonomía judicial, los cuales se verían
desproporcionadamente afectados si se utiliza la acción de tutela
como una tercera instancia judicial y no como un mecanismo
residual y subsidiario.

Por ello, esta Sala ha indicado que a pesar de que el trámite de
la acción de tutela debe desarrollarse con arreglo a los principios
de prevalencia del derecho sustancial, celeridad, eficacia
(artículo 3 Decreto 2591 de 1991), interpretación judicial de los
derechos protegidos (artículo 4 ibídem) y prevalencia de la
informalidad en la solicitud de amparo (artículo 14 ibídem),
dicha situación no exonera al recurrente de explicar las
razones que motivan su disentimiento con la decisión
judicial recurrida.

En este mismo sentido se resalta que la Sala Plena de esta
Corporación, al estudiar el alcance del inciso 2° del artículo 32
del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual dispone que el Juez que
conozca de la impugnación “[…] estudiará el contenido de la
misma cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo […]”,
advirtió que la impugnación debe contener los
fundamentos de la inconformidad del impugnante con el
fallo respectivo, puesto que en ausencia de tales
razonamientos o motivos, el juez carece de materia para
cotejar y pronunciarse.

Con base en lo anterior, la Sala concluye que el deber de
sustentar el recurso de impugnación en el caso específico

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de tutela contra providencia judicial, se convierte en un
mecanismo de control del ejercicio de las potestades del
juez constitucional en esta materia para que no actúe
como una tercera instancia, lo cual estaría en contravía
de los principios constitucionales de seguridad jurídica y
autonomía judicial, en los términos del artículo 32 del
Decreto Ley 2591 de 1991 […]”.

Así las cosas, comoquiera que el actor no argumentó los motivos de

su inconformidad frente a la sentencia proferida en primera instancia

en la que se denegaron las pretensiones, la Sala encuentra que no

resulta procedente efectuar un estudio de fondo del asunto, habida

consideración que, por un lado, en su escrito de impugnación no

cumplió con la carga argumentativa mínima que diera cuenta de los

reparos respecto de la decisión adoptada y, por el otro, no se advirtió

ninguna razón válida que justifique tal desatención, razón por la que

no se encuentran los elementos necesarios para revisar si la

providencia objeto de controversia en el caso sub examine está

ajustada a derecho.

Por último, es pertinente señalar que esta Sala en sentencias de 19

de junio de 20208 y 30 de septiembre de 20219, se pronunció en el

mismo sentido.

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de junio
de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-00309-
01.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
septiembre de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
01090-01.

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17

Número único de radicación: 110010315-000-2022-04070-01
Actor: FERNANDO ESTEBAN CASTAÑO GRISALES

Consecuente con lo anterior, esta Sala confirmará el fallo impugnado,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

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Número único de radicación: 110010315-000-2022-04070-01
Actor: FERNANDO ESTEBAN CASTAÑO GRISALES

y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de octubre de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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