Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04070-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04070-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-04070-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
10 de octubre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-04070-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: FERNANDO ESTEBAN CASTAÑO GRISALES
TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA. EN EL
PRESENTE CASO EL ACTOR NO CUMPLIÓ CON LA CARGA
ARGUMENTATIVA MÍNIMA PARA IMPUGNAR LA DECISIÓN
PROFERIDA EN PRIMERA INSTANCIA, ASÍ COMO TAMPOCO SE
ADVIRTIÓ NINGUNA JUSTIFICANTE PARA SU OMISIÓN.
DERECHOS FUNDAMENTALES: IGUALDAD, DEBIDO PROCESO Y
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la impugnación presentada por el actor
contra la sentencia de 25 de agosto de 2022, mediante la cual la
SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 denegó el amparo
solicitado.
1
En adelante la Sección Quinta.
2
Número único de radicación: 110010315-000-2022-04070-01
Actor: FERNANDO ESTEBAN CASTAÑO GRISALES
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor FERNANDO ESTEBAN CASTAÑO GRISALES, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados por la
SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE
ESTADO2 al proferir la providencia de 6 de diciembre de 2021,
dentro del medio de control de reparación directa identificado con el
número único de radicación 08001-2331-000-2009-00500-01.
I.2.- Hechos
Manifestó que fue vinculado a una investigación penal, al ser
señalado como presunto autor del delito de extorsión en grado de
tentativa.
Indicó que luego de adelantarse las diligencias de investigación fue
2
En adelante la Sección Tercera.
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Número único de radicación: 110010315-000-2022-04070-01
Actor: FERNANDO ESTEBAN CASTAÑO GRISALES
capturado y, posteriormente, privado de la libertad en
establecimiento carcelario desde el 6 de marzo hasta el 22 de junio
de 2001.
Señaló que el 23 de octubre de 2001, la Fiscalía Delegada ante los
jueces penales del circuito especializado de Barranquilla, profirió
resolución de preclusión de la investigación.
Afirmó que acudió al juez administrativo a través del medio de control
de reparación directa, con el propósito de obtener el reconocimiento
y pago de los perjuicios de orden moral y patrimonial ocasionados
por la privación injusta de su libertad.
Señaló que en primera instancia la actuación fue conocida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO3 que, mediante
sentencia de 28 de noviembre de 2012, denegó las pretensiones.
Manifestó que la anterior decisión fue apelada ante la SECCIÓN
TERCERA que, mediante sentencia de 6 de diciembre de 2021,
revocó la providencia proferida por el a quo y, en su lugar, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
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En adelante el Tribunal.
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Actor: FERNANDO ESTEBAN CASTAÑO GRISALES
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Señaló que la providencia emitida por la SECCIÓN TERCERA
incurrió en lo que denominó “excesivo ritual del procedimiento por
defecto procedimental”, al efectuar una valoración incorrecta del
material probatorio con el que se pretendió probar que fue privado
por más de 100 días, por lo que el monto de la indemnización sería
mayor.
Manifestó que la autoridad judicial incurrió en desconocimiento del
precedente jurisprudencial, por cuanto se apartó del criterio fijado
en la sentencia de unificación SU 061 de 2018.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados
como violados, en los siguientes términos:
“[…] 1. Tutelar mis derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO EXCESIVO RITUAL DEL PROCEDIMIENTO POR
DEFECTO PROCEDIMENTAL, ACCESO A LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA Y LA BUSQUEDA DE LA VERDAD JUSTICIA Y
REPARACION.
2. DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia proferida el 06 de diciembre
por la Sección Tercera, Subsección b del Consejo de Estado, por
medio de la cual se declaró administrativa y patrimonialmente
responsable a la Nación (FISCALIA GENERAL DE LA NACION),
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pero únicamente respecto de la negativa a reconocerme la
indemnización de perjuicios y ADICIONE el fallo referido con el
reconocimiento de perjuicios como actor y se liquide
nuevamente los perjuicios morales de la acuerdo a la sentencia
unificada de agosto del 2014 […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA indicó que la sentencia cuestionada
contiene los argumentos y elementos necesarios para adoptar la
decisión que en derecho corresponda.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- El TRIBUNAL se limitó a remitir el expediente digital
contentivo del medio de control de reparación directa objeto de
análisis, sin hacer pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto.
I.6.2.- La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN manifestó que la
tutela de la referencia resulta improcedente, por cuanto no se
acreditó el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios o
extraordinarios para ventilar las pretensiones objeto de tutela.
Señaló que el actor no sustentó las causales específicas de
procedibilidad ni acreditó la configuración del defecto alegado, por lo
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que concluyó que no existe mérito para amparar los derechos
fundamentales.
Afirmó que la acción es improcedente, teniendo en cuenta la
inexistencia de un perjuicio irremediable que amerite la protección
de los derechos deprecados y el reconocimiento de las pretensiones.
I.6.3.- Los señores IRMA DEL SOCORRO SERNA CARDONA,
SANTIAGO y ANDRÉS CASTAÑO SERNA, vinculados en calidad de
terceros con interés directo en las resultas de la acción al intervenir
como demandantes dentro del medio de control de reparación
directa, pese a ser notificados en debida forma del presente trámite
constitucional, guardaron silencio.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 25 de agosto de 2022, la SECCIÓN QUINTA
denegó la solicitud de amparo.
Para tal efecto, advirtió que la autoridad judicial accionada dispuso
revocar la decisión del a quo declarando la responsabilidad de la
Fiscalía General de la Nación y condenando a la entidad al pago de
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los perjuicios morales ocasionados a los demandantes con
fundamento en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014,
por lo que consideró que la sentencia cuestionada fue proferida en el
ejercicio de la autonomía judicial y bajo los criterios de la sana critica
al evidenciar que la imposición de la medida de aseguramiento fue
injusta.
Asimismo, señaló que la decisión objetada fue motivada según el
material probatorio aportado al expediente contencioso
administrativo, con el que se concluyó la imposibilidad de probar el
monto de los ingresos percibidos por el actor y las utilidades que dejó
de percibir durante el tiempo que fue privado de su libertad.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor, impugnó la sentencia proferida en primera instancia,
mediante escrito allegado el día 2 de septiembre de 20224. No
obstante, no expuso ningún argumento tendiente a controvertirla.
Para el efecto señaló lo siguiente:
4
Aplicativo Samai, índice No. 27
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002
02204070001100103
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“[…] La presente impugnación la hago con los mismos
fundamentos legales y constitucionales que fueron tomados
como argumentos para la acción de tutela […]”5.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las Secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
5
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:3001/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001031
500020220407000/2AAA8F0EA9CA9B37DAB881DF5DCE65A813FEE706CC0311622DFA9B6DA339CA8
0/2
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Actor: FERNANDO ESTEBAN CASTAÑO GRISALES
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
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constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
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judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
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g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]”
Análisis del caso concreto
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
deje sin efecto la providencia de 6 de diciembre de 2021,
proferida por la SECCIÓN TERCERA dentro del proceso de
reparación directa identificada con el número único de radicación
08001-2331-000-2009-00500-01.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales deprecados, habida cuenta que, a juicio del actor, la
autoridad judicial incurrió en “excesivo ritual del procedimiento por
defecto procedimental”, al efectuar una valoración incorrecta del
material probatorio con el que pretendió probar los días que
permaneció privado de su libertad.
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Número único de radicación: 110010315-000-2022-04070-01
Actor: FERNANDO ESTEBAN CASTAÑO GRISALES
Manifestó que la autoridad judicial también incurrió en
desconocimiento del precedente jurisprudencial, por cuanto, se
apartó del criterio fijado en la sentencia de unificación SU 061 de
2018, sin embargo, no efectuó la motivación del cargo.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN QUINTA que, denegó el amparo constitucional al
considerar que la sentencia cuestionada fue proferida en el ejercicio
de la autonomía judicial y bajo los criterios de la sana critica.
Asimismo, señaló que la decisión objetada fue debidamente
motivada, de acuerdo con el material probatorio aportado al
expediente contencioso administrativo.
El actor impugnó la sentencia proferida en primera instancia, sin
aducir motivos de inconformidad con la misma.
Frente a la carencia argumentativa en el recurso de impugnación,
esta Sala6, ha precisado lo siguiente:
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2018-03163-
01.
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Número único de radicación: 110010315-000-2022-04070-01
Actor: FERNANDO ESTEBAN CASTAÑO GRISALES
“[…]40. Ahora bien, como última cuestión, y referente al tema
bajo estudio, la Sala debe establecer unas sub reglas en
relación con la carga argumentativa que se debe exigir
en las impugnaciones dentro del marco de la acción de
tutela:
40.1 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de
tutela contra autoridades públicas, la parte que impugne la
sentencia de tutela proferida en primera instancia, no se le
exigirá una carga argumentativa mínima, es decir, que no
habrá necesidad de sustentar la respectiva impugnación,
donde basta que el impugnante lo presente dentro del término
legal correspondiente en los términos del artículo 31 del
Decreto 2591, con el fin de que se efectúe el respectivo
trámite del mismo, teniendo el ad quem, el deber
constitucional de resolver el fondo del asunto; i) analizando
los argumentos jurídicos expuestos por el juez constitucional
de primera instancia, y el ii) acervo probatorio obrante en el
expediente.
40.2 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción
de tutela contra providencias judiciales, la parte que
impugne la sentencia de tutela proferida en primera
instancia precisando que i) si obra en nombre propio o ii) por
medio de apoderado especial, debe cumplir con una carga
argumentativa mínima, en donde exponga las razones
jurídicas por las cuales una autoridad judicial, incurrió en los
defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv)
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii)
desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la
Constitución, en los términos de la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, postura jurisprudencial,
que fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de 31 de
julio de 2012, salvo que se trate de un sujeto de especial
protección constitucional, a quien no se le exigirá dicha
carga argumentativa, toda vez que el Estado tiene que
adoptar las medidas necesarias, para garantizar la
protección de sus derechos fundamentales,
especialmente, el acceso a la administración de
justicia[…]”. (Destacado fuera del texto).
En el mismo sentido, en sentencia de 28 de febrero de 20207, con
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-000-2019-
04314-01.
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Actor: FERNANDO ESTEBAN CASTAÑO GRISALES
ponencia del Consejero Roberto Augusto Serrato Valdés, esta Sala
señaló:
“[…] La Sección Primera del Consejo de Estado, en diferentes
oportunidades, ha sostenido que, en el caso específico de tutela
contra providencia judicial, el deber de sustentar el recurso
de impugnación adquiere una connotación aún más
rigurosa y exigente, en tanto que quien impugna el fallo
que resuelve la acción de tutela, debe cumplir con la carga
argumentativa en cuestión, señalando las razones que
sustentan su impugnación e identificando y justificando
por qué se configura la causal específica de procedibilidad
que fue desvirtuada por la primera instancia.
Esta carga permite conciliar la obligación de proteger los
derechos fundamentales que la parte actora manifiesta
vulnerados, con los principios constitucionales de seguridad
jurídica y autonomía judicial, los cuales se verían
desproporcionadamente afectados si se utiliza la acción de tutela
como una tercera instancia judicial y no como un mecanismo
residual y subsidiario.
Por ello, esta Sala ha indicado que a pesar de que el trámite de
la acción de tutela debe desarrollarse con arreglo a los principios
de prevalencia del derecho sustancial, celeridad, eficacia
(artículo 3 Decreto 2591 de 1991), interpretación judicial de los
derechos protegidos (artículo 4 ibídem) y prevalencia de la
informalidad en la solicitud de amparo (artículo 14 ibídem),
dicha situación no exonera al recurrente de explicar las
razones que motivan su disentimiento con la decisión
judicial recurrida.
En este mismo sentido se resalta que la Sala Plena de esta
Corporación, al estudiar el alcance del inciso 2° del artículo 32
del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual dispone que el Juez que
conozca de la impugnación “[…] estudiará el contenido de la
misma cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo […]”,
advirtió que la impugnación debe contener los
fundamentos de la inconformidad del impugnante con el
fallo respectivo, puesto que en ausencia de tales
razonamientos o motivos, el juez carece de materia para
cotejar y pronunciarse.
Con base en lo anterior, la Sala concluye que el deber de
sustentar el recurso de impugnación en el caso específico
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de tutela contra providencia judicial, se convierte en un
mecanismo de control del ejercicio de las potestades del
juez constitucional en esta materia para que no actúe
como una tercera instancia, lo cual estaría en contravía
de los principios constitucionales de seguridad jurídica y
autonomía judicial, en los términos del artículo 32 del
Decreto Ley 2591 de 1991 […]”.
Así las cosas, comoquiera que el actor no argumentó los motivos de
su inconformidad frente a la sentencia proferida en primera instancia
en la que se denegaron las pretensiones, la Sala encuentra que no
resulta procedente efectuar un estudio de fondo del asunto, habida
consideración que, por un lado, en su escrito de impugnación no
cumplió con la carga argumentativa mínima que diera cuenta de los
reparos respecto de la decisión adoptada y, por el otro, no se advirtió
ninguna razón válida que justifique tal desatención, razón por la que
no se encuentran los elementos necesarios para revisar si la
providencia objeto de controversia en el caso sub examine está
ajustada a derecho.
Por último, es pertinente señalar que esta Sala en sentencias de 19
de junio de 20208 y 30 de septiembre de 20219, se pronunció en el
mismo sentido.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de junio
de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-00309-
01.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
septiembre de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
01090-01.
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Actor: FERNANDO ESTEBAN CASTAÑO GRISALES
Consecuente con lo anterior, esta Sala confirmará el fallo impugnado,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
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18
Número único de radicación: 110010315-000-2022-04070-01
Actor: FERNANDO ESTEBAN CASTAÑO GRISALES
y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de octubre de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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