Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2023-00315-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2023-00315-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2023-00315-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
7 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., siete (7) de julio de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 760012333000-2023-00315-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: ÁNGEL DIEGO LUCUMI GONZÁLEZ
TESIS: SE CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO. EN EL PRESENTE
CASO EL ACTOR NO CUMPLIÓ CON LA CARGA ARGUMENTATIVA
MÍNIMA PARA IMPUGNAR LA DECISIÓN PROFERIDA EN PRIMERA
INSTANCIA, ASÍ COMO TAMPOCO SE ADVIRTIÓ NINGUNA
JUSTIFICANTE PARA SU OMISIÓN.
DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA IGUALDAD, AL DEBIDO
PROCESO Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el actor contra la
sentencia de 31 de mayo de 2023, mediante la cual el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA1 declaró improcedente
la presente solicitud de amparo.
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En adelante el TRIBUNAL.
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Número único de radicación: 760012333000-2023-00315-01
Actor: ÁNGEL DIEGO LUCUMI GONZÁLEZ
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor ÁNGEL DIEGO LUCUMI GONZÁLEZ, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados
por el JUZGADO DIECIOCHO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE CALI2 y la NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA –
EJÉRCITO NACIONAL al no haber realizado las gestiones
pertinentes para materializar el pago de una sentencia judicial a su
favor.
I.2.- Hechos
Señaló que estuvo vinculado al Ejército Nacional como soldado
profesional por 9 años, tiempo durante el cual su salud mental
comenzó a desmejorar, causándole depresión, ansiedad, insomnio,
entre otros, razón por la cual la Dirección de Sanidad de las Fuerzas
Militares mediante acta de Junta Médico Laboral de 12 de abril de
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En adelante el JUZGADO.
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Número único de radicación: 760012333000-2023-00315-01
Actor: ÁNGEL DIEGO LUCUMI GONZÁLEZ
2012 le diagnosticó “Trastorno depresivo, valorado por psiquiatría
con medicamentos psicóticos, actualmente controlados, de origen
común, incapacidad permanente parcial, no apto para la actividad
militar – no se recomienda reubicación; con una disminución de la
capacidad laboral del 11%”.
Relató que fue calificado en segunda instancia por el Tribunal Médico
Laboral de Revisión Militar que, en acta núm. 3514 MDNSG-TML-41.1
de 13 de noviembre de 2012 le diagnosticó “Trastorno de ansiedad y
depresión, incapacidad permanente parcial – no apto para la
actividad militar – no se sugiere reubicación laboral; con una
disminución de la capacidad laboral de 21.5%”.
Refirió que fue retirado del servicio, por lo que promovió demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
EJÉRCITO NACIONAL, con el fin de que se le reconociera y pagara
la pensión de invalidez, a la cual le fue asignado el número único de
radicación 760013333018-2015-00386-00.
Indicó que la demanda le correspondió por reparto al JUZGADO que,
mediante sentencia de 24 de mayo de 2018, condenó a la accionada
al reconocimiento y pago de su pensión por invalidez, decisión
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Número único de radicación: 760012333000-2023-00315-01
Actor: ÁNGEL DIEGO LUCUMI GONZÁLEZ
confirmada por el TRIBUNAL a través de la providencia de 20 de
enero de 2020.
Manifestó que desde febrero de 2022 la NACIÓN – MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL comenzó a
pagar la mesada pensional, adeudando el retroactivo pensional, por
lo que al no haber dado cumplimiento total de la sentencia promovió
demanda ejecutiva, a la cual le correspondió el número único de
radicación 760013333018-2022-00103-01.
Adujo que mediante autos de 10 de junio y 22 de agosto de 2022 el
JUZGADO decretó el embargo y retención de los dineros de la
NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO
NACIONAL.
Destacó que al estimar que las medidas de embargo no habían
surtido efecto, solicitó ante el JUZGADO ampliación de la medida
cautelar, con el fin de que requiriera al pagador de la NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL
para que este pusiera a disposición del despacho los dineros para el
cumplimiento de la sentencia, sin obtener respuesta alguna.
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Actor: ÁNGEL DIEGO LUCUMI GONZÁLEZ
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Arguyó que el JUZGADO vulneró sus derechos fundamentales
invocados al permitir que la medida cautelar de embargo no produzca
efectos, a pesar que en reiteradas oportunidades solicitó la
ampliación de la medida.
Sostuvo que la autoridad judicial accionada está en la obligación de
hacer cumplir su propia orden, sin embargo, a la fecha a hecho caso
omiso, pese a que han transcurrido más de 9 años y no se ha podido
materializar el pago de la sentencia judicial.
Por su parte, adujo que la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL también ha desconocido sus
garantías constitucionales, en la medida en que a la fecha no ha
cumplido con la orden emitida por un juez de la República.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados
y, en consecuencia:
“[…] ordenar a las entidades accionadas que, en el término de
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Actor: ÁNGEL DIEGO LUCUMI GONZÁLEZ
48 horas, realicen las gestiones de su competencia para
materializar el pago de la sentencia judicial a mi favor […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El JUZGADO luego de hacer un recuento del trámite surtido
dentro del proceso ejecutivo, adujo que la petición presentada por el
actor fue resuelta a través de auto núm. 394 de 23 de mayo de 2023
negando lo pedido en atención a la respuesta del Banco del
Occidente, según la cual se habría producido el congelamiento de
$173.339.761.
Así las cosas, comentó que ha sido diligente en cada una de las
actuaciones en el proceso ejecutivo, dándole alcance en un plazo
razonable a cada petición que ha presentado el actor, sin desconocer
la envergadura del proceso, pues existen múltiples buscando la
materialización de las órdenes judiciales como en el caso concreto.
Relató que no es cierto que en el presente asunto se encuentren
ejecutoriadas las providencias que ordena seguir adelante con la
ejecución, liquidación del crédito y costas, puesto que en virtud de lo
dispuesto en el artículo 298 del CGP, el mandamiento de pago no ha
sido notificado a la entidad ejecutada.
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Número único de radicación: 760012333000-2023-00315-01
Actor: ÁNGEL DIEGO LUCUMI GONZÁLEZ
Sostuvo que si bien es cierto que de conformidad con el artículo 44
del CGP, el juez cuenta con amplias facultades correccionales para
hacer cumplir las órdenes judiciales, también lo es que en el presente
asunto no se soluciona el tema de embargo abriendo incidentes
sancionatorios en contra de los gerentes de los bancos, cuando es su
gran mayoría la imposibilidad de materializarla no depende de estos,
sino a la existencia de embargos previos, falta de recursos
disponibles y ausencia de vinculo comercial con la ejecutada, lo cual
escapa de la órbita de sus competencias.
Destacó que en varias oportunidades se le ha señalado al actor que
la finalidad del decreto de la medida cautelar es el aseguramiento de
los recursos para garantizar el pago de la posible obligación; además,
no es viable embargar recursos indiscriminadamente, pues ello debe
obedecer a un estudio racional no solo de la pertenencia, sino
también de la fuente de financiamiento llamada a responder, en la
medida en que no se puede perder de vista que se está frente a
recursos del erario que deben ser protegidos.
Así las cosas, advirtió que no ha vulnerado derecho fundamental
alguno del actor, pues ha procurado porque todos los asuntos sean
tramitados con la misma celeridad y eficiencia, por lo que solicitó que
se declare el hecho superado.
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Actor: ÁNGEL DIEGO LUCUMI GONZÁLEZ
I.5.2.- La NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO
NACIONAL pese a ser notificada en debida forma, guardó silencio.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 31 de mayo de 2023, el TRIBUNAL declaró
improcedente la solicitud de amparo por no cumplir el requisito
general de la subsidiariedad, al encontrar que el accionante cuenta
con un proceso ejecutivo que se encuentra en curso, a través del cual
puede realizar todas las actuaciones que considere pertinentes para
hacer efectivo el pago de la sentencia judicial que solicita.
Sumado a ello, resaltó que el JUZGADO puso en conocimiento que
a través de auto de 23 de mayo de la presente anualidad negó la
solicitud de ampliación de la medida cautelar, debido a que la medida
de embargo decretada se materializó en el Banco de Occidente desde
el 18 de enero de 2023, por el valor de $173.339.761.
Por último, sostuvo que de la revisión del expediente no se advertía
la existencia de un perjuicio irremediable que amerite la intervención
del juez constitucional en el asunto.
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Actor: ÁNGEL DIEGO LUCUMI GONZÁLEZ
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la sentencia proferida en primera instancia, no
obstante, no expuso ningún argumento tendiente a controvertirla.
Para el efecto señaló lo siguiente:
“[…] ANGEL DIEGO LUCUMI GONZALEZ, mayor de edad, vecino
de la ciudad de Cali, identificado con la C.C. No. 76.142.927 de
Caloto (Cauca), por medio del presente ESCRITO, manifiesto al
despacho que IMPUGNO el fallo de tutela No. 66 del 31 de mayo
de 2023 […]”.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las Secciones.
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Número único de radicación: 760012333000-2023-00315-01
Actor: ÁNGEL DIEGO LUCUMI GONZÁLEZ
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19913. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Análisis del caso concreto
En el presente caso el actor pretende que se ordene al JUZGADO y
a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –
EJÉRCITO NACIONAL realizar las gestiones de su competencia para
materializar el pago de la sentencia judicial a su favor, dentro de
proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación
760013333018-2022-00103-01.
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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
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Actor: ÁNGEL DIEGO LUCUMI GONZÁLEZ
Como fundamentos de la solicitud de amparo, el actor aseguró que
la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales
invocados al permitir que la medida cautelar de embargo no produzca
efectos, a pesar que en reiteradas oportunidades ha solicitado la
ampliación de la medida sin obtener respuesta alguna; por su parte,
adujo que la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –
EJÉRCITO NACIONAL también ha desconocido sus garantías
constitucionales, en la medida en que a la fecha ha hecho caso omiso
a la orden emitida por un juez de la República.
La controversia tiene origen en un proceso ejecutivo, el cual
promovió el señor LUCUMI GONZÁLEZ con el fin de obtener el pago
de una sentencia judicial proferida dentro de un medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho por medio del cual el
JUZGADO ordenó a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL reconocer y pagar al actor la
pensión de invalidez, decisión confirmada por el TRIBUNAL.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el
TRIBUNAL que, en sentencia de 31 de mayo de 2023, declaró
improcedente la solicitud de amparo por considerar que no se
cumplió con el requisito de subsidiariedad, sin que se advierta la
ocurrencia de un perjuicio irremediable que amerite la intervención
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Número único de radicación: 760012333000-2023-00315-01
Actor: ÁNGEL DIEGO LUCUMI GONZÁLEZ
del juez constitucional en el asunto.
El actor impugnó la decisión proferida por el a quo, sin aducir
motivos de inconformidad con la misma.
Frente a la carencia argumentativa en el recurso de impugnación,
esta Sala4, ha precisado lo siguiente:
“[…]40. Ahora bien, como última cuestión, y referente al tema
bajo estudio, la Sala debe establecer unas sub reglas en
relación con la carga argumentativa que se debe exigir
en las impugnaciones dentro del marco de la acción de
tutela:
40.1 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de
tutela contra autoridades públicas, la parte que impugne la
sentencia de tutela proferida en primera instancia, no se le
exigirá una carga argumentativa mínima, es decir, que no
habrá necesidad de sustentar la respectiva impugnación,
donde basta que el impugnante lo presente dentro del término
legal correspondiente en los términos del artículo 31 del
Decreto 2591, con el fin de que se efectúe el respectivo
trámite del mismo, teniendo el ad quem, el deber
constitucional de resolver el fondo del asunto; i) analizando
los argumentos jurídicos expuestos por el juez constitucional
de primera instancia, y el ii) acervo probatorio obrante en el
expediente.
40.2 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción
de tutela contra providencias judiciales, la parte que
impugne la sentencia de tutela proferida en primera
instancia precisando que i) si obra en nombre propio o ii) por
medio de apoderado especial, debe cumplir con una carga
argumentativa mínima, en donde exponga las razones
jurídicas por las cuales una autoridad judicial, incurrió en los
defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv)
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2018-03163-
01.
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Número único de radicación: 760012333000-2023-00315-01
Actor: ÁNGEL DIEGO LUCUMI GONZÁLEZ
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii)
desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la
Constitución, en los términos de la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, postura jurisprudencial,
que fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de 31 de
julio de 2012, salvo que se trate de un sujeto de especial
protección constitucional, a quien no se le exigirá dicha
carga argumentativa, toda vez que el Estado tiene que
adoptar las medidas necesarias, para garantizar la
protección de sus derechos fundamentales,
especialmente, el acceso a la administración de
justicia[…]”. (Destacado fuera del texto).
En el mismo sentido, en sentencia de 28 de febrero de 20205, con
ponencia del Consejero Roberto Augusto Serrato Valdés, esta Sala
señaló:
“[…] La Sección Primera del Consejo de Estado, en diferentes
oportunidades, ha sostenido que, en el caso específico de tutela
contra providencia judicial, el deber de sustentar el recurso
de impugnación adquiere una connotación aún más
rigurosa y exigente, en tanto que quien impugna el fallo
que resuelve la acción de tutela, debe cumplir con la carga
argumentativa en cuestión, señalando las razones que
sustentan su impugnación e identificando y justificando
por qué se configura la causal específica de procedibilidad
que fue desvirtuada por la primera instancia.
Esta carga permite conciliar la obligación de proteger los
derechos fundamentales que la parte actora manifiesta
vulnerados, con los principios constitucionales de seguridad
jurídica y autonomía judicial, los cuales se verían
desproporcionadamente afectados si se utiliza la acción de tutela
como una tercera instancia judicial y no como un mecanismo
residual y subsidiario.
Por ello, esta Sala ha indicado que a pesar de que el trámite de
la acción de tutela debe desarrollarse con arreglo a los principios
de prevalencia del derecho sustancial, celeridad, eficacia
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-000-2019-
04314-01.
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Número único de radicación: 760012333000-2023-00315-01
Actor: ÁNGEL DIEGO LUCUMI GONZÁLEZ
(artículo 3 Decreto 2591 de 1991), interpretación judicial de los
derechos protegidos (artículo 4 ibídem) y prevalencia de la
informalidad en la solicitud de amparo (artículo 14 ibídem),
dicha situación no exonera al recurrente de explicar las
razones que motivan su disentimiento con la decisión
judicial recurrida.
En este mismo sentido se resalta que la Sala Plena de esta
Corporación, al estudiar el alcance del inciso 2° del artículo 32
del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual dispone que el Juez que
conozca de la impugnación “[…] estudiará el contenido de la
misma cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo […]”,
advirtió que la impugnación debe contener los
fundamentos de la inconformidad del impugnante con el
fallo respectivo, puesto que en ausencia de tales
razonamientos o motivos, el juez carece de materia para
cotejar y pronunciarse.
Con base en lo anterior, la Sala concluye que el deber de
sustentar el recurso de impugnación en el caso específico
de tutela contra providencia judicial, se convierte en un
mecanismo de control del ejercicio de las potestades del
juez constitucional en esta materia para que no actúe
como una tercera instancia, lo cual estaría en contravía
de los principios constitucionales de seguridad jurídica y
autonomía judicial, en los términos del artículo 32 del
Decreto Ley 2591 de 1991 […]”.
Así las cosas, comoquiera que el actor no argumentó los motivos de
su inconformidad frente a la sentencia proferida en primera instancia,
en la que fue declarada improcedente la solicitud de amparo, la Sala
encuentra que no resulta procedente efectuar un estudio del fondo
del asunto, habida consideración que, por un lado, en su escrito de
impugnación no cumplió con la carga argumentativa mínima que
diera cuenta de los reparos respecto de la decisión adoptada; y, por
el otro, no se advirtió ninguna razón válida que justifique tal
desatención, razón por la que no se encuentran los elementos
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Número único de radicación: 760012333000-2023-00315-01
Actor: ÁNGEL DIEGO LUCUMI GONZÁLEZ
necesarios para revisar si la providencia objeto de controversia en el
caso sub examine está ajustada a derecho.
Por último, es pertinente señalar que esta Sala en sentencias de 28
de abril6 y 10 de octubre de 20227 y se pronunció en el mismo
sentido.
Consecuente con lo anterior, esta Sala confirmará el fallo impugnado,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de abril
de 2022, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 10010315000-2021-11380-01
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de octubre
de 2022, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-2022-04070-
01.
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Número único de radicación: 760012333000-2023-00315-01
Actor: ÁNGEL DIEGO LUCUMI GONZÁLEZ
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de julio de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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