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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2023-00315-01

Fecha
7 de julio de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2023-00315-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de abril de 2022, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 10010315000-2021-11380-01 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de octubre de 2022, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-2022-04070- 01. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16 Número único de radicación: 760012333000-2023-00315-01 Actor: ÁNGEL DIEGO LUCUMI GONZÁLEZ eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2023-00315-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

7 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., siete (7) de julio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 760012333000-2023-00315-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: ÁNGEL DIEGO LUCUMI GONZÁLEZ

TESIS: SE CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO. EN EL PRESENTE
CASO EL ACTOR NO CUMPLIÓ CON LA CARGA ARGUMENTATIVA
MÍNIMA PARA IMPUGNAR LA DECISIÓN PROFERIDA EN PRIMERA
INSTANCIA, ASÍ COMO TAMPOCO SE ADVIRTIÓ NINGUNA
JUSTIFICANTE PARA SU OMISIÓN.

DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA IGUALDAD, AL DEBIDO
PROCESO Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el actor contra la

sentencia de 31 de mayo de 2023, mediante la cual el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA1 declaró improcedente

la presente solicitud de amparo.

1
En adelante el TRIBUNAL.

2

Número único de radicación: 760012333000-2023-00315-01
Actor: ÁNGEL DIEGO LUCUMI GONZÁLEZ

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor ÁNGEL DIEGO LUCUMI GONZÁLEZ, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la

administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados

por el JUZGADO DIECIOCHO ADMINISTRATIVO ORAL DEL

CIRCUITO DE CALI2 y la NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA –

EJÉRCITO NACIONAL al no haber realizado las gestiones

pertinentes para materializar el pago de una sentencia judicial a su

favor.

I.2.- Hechos

Señaló que estuvo vinculado al Ejército Nacional como soldado

profesional por 9 años, tiempo durante el cual su salud mental

comenzó a desmejorar, causándole depresión, ansiedad, insomnio,

entre otros, razón por la cual la Dirección de Sanidad de las Fuerzas

Militares mediante acta de Junta Médico Laboral de 12 de abril de

2
En adelante el JUZGADO.

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Número único de radicación: 760012333000-2023-00315-01
Actor: ÁNGEL DIEGO LUCUMI GONZÁLEZ

2012 le diagnosticó “Trastorno depresivo, valorado por psiquiatría

con medicamentos psicóticos, actualmente controlados, de origen

común, incapacidad permanente parcial, no apto para la actividad

militar – no se recomienda reubicación; con una disminución de la

capacidad laboral del 11%”.

Relató que fue calificado en segunda instancia por el Tribunal Médico

Laboral de Revisión Militar que, en acta núm. 3514 MDNSG-TML-41.1

de 13 de noviembre de 2012 le diagnosticó “Trastorno de ansiedad y

depresión, incapacidad permanente parcial – no apto para la

actividad militar – no se sugiere reubicación laboral; con una

disminución de la capacidad laboral de 21.5%”.

Refirió que fue retirado del servicio, por lo que promovió demanda

en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –

EJÉRCITO NACIONAL, con el fin de que se le reconociera y pagara

la pensión de invalidez, a la cual le fue asignado el número único de

radicación 760013333018-2015-00386-00.

Indicó que la demanda le correspondió por reparto al JUZGADO que,

mediante sentencia de 24 de mayo de 2018, condenó a la accionada

al reconocimiento y pago de su pensión por invalidez, decisión

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Actor: ÁNGEL DIEGO LUCUMI GONZÁLEZ

confirmada por el TRIBUNAL a través de la providencia de 20 de

enero de 2020.

Manifestó que desde febrero de 2022 la NACIÓN – MINISTERIO

DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL comenzó a

pagar la mesada pensional, adeudando el retroactivo pensional, por

lo que al no haber dado cumplimiento total de la sentencia promovió

demanda ejecutiva, a la cual le correspondió el número único de

radicación 760013333018-2022-00103-01.

Adujo que mediante autos de 10 de junio y 22 de agosto de 2022 el

JUZGADO decretó el embargo y retención de los dineros de la

NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO

NACIONAL.

Destacó que al estimar que las medidas de embargo no habían

surtido efecto, solicitó ante el JUZGADO ampliación de la medida

cautelar, con el fin de que requiriera al pagador de la NACIÓN –

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL

para que este pusiera a disposición del despacho los dineros para el

cumplimiento de la sentencia, sin obtener respuesta alguna.

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Actor: ÁNGEL DIEGO LUCUMI GONZÁLEZ

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Arguyó que el JUZGADO vulneró sus derechos fundamentales

invocados al permitir que la medida cautelar de embargo no produzca

efectos, a pesar que en reiteradas oportunidades solicitó la

ampliación de la medida.

Sostuvo que la autoridad judicial accionada está en la obligación de

hacer cumplir su propia orden, sin embargo, a la fecha a hecho caso

omiso, pese a que han transcurrido más de 9 años y no se ha podido

materializar el pago de la sentencia judicial.

Por su parte, adujo que la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA

NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL también ha desconocido sus

garantías constitucionales, en la medida en que a la fecha no ha

cumplido con la orden emitida por un juez de la República.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados

y, en consecuencia:

“[…] ordenar a las entidades accionadas que, en el término de

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Actor: ÁNGEL DIEGO LUCUMI GONZÁLEZ

48 horas, realicen las gestiones de su competencia para
materializar el pago de la sentencia judicial a mi favor […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El JUZGADO luego de hacer un recuento del trámite surtido

dentro del proceso ejecutivo, adujo que la petición presentada por el

actor fue resuelta a través de auto núm. 394 de 23 de mayo de 2023

negando lo pedido en atención a la respuesta del Banco del

Occidente, según la cual se habría producido el congelamiento de

$173.339.761.

Así las cosas, comentó que ha sido diligente en cada una de las

actuaciones en el proceso ejecutivo, dándole alcance en un plazo

razonable a cada petición que ha presentado el actor, sin desconocer

la envergadura del proceso, pues existen múltiples buscando la

materialización de las órdenes judiciales como en el caso concreto.

Relató que no es cierto que en el presente asunto se encuentren

ejecutoriadas las providencias que ordena seguir adelante con la

ejecución, liquidación del crédito y costas, puesto que en virtud de lo

dispuesto en el artículo 298 del CGP, el mandamiento de pago no ha

sido notificado a la entidad ejecutada.

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Actor: ÁNGEL DIEGO LUCUMI GONZÁLEZ

Sostuvo que si bien es cierto que de conformidad con el artículo 44

del CGP, el juez cuenta con amplias facultades correccionales para

hacer cumplir las órdenes judiciales, también lo es que en el presente

asunto no se soluciona el tema de embargo abriendo incidentes

sancionatorios en contra de los gerentes de los bancos, cuando es su

gran mayoría la imposibilidad de materializarla no depende de estos,

sino a la existencia de embargos previos, falta de recursos

disponibles y ausencia de vinculo comercial con la ejecutada, lo cual

escapa de la órbita de sus competencias.

Destacó que en varias oportunidades se le ha señalado al actor que

la finalidad del decreto de la medida cautelar es el aseguramiento de

los recursos para garantizar el pago de la posible obligación; además,

no es viable embargar recursos indiscriminadamente, pues ello debe

obedecer a un estudio racional no solo de la pertenencia, sino

también de la fuente de financiamiento llamada a responder, en la

medida en que no se puede perder de vista que se está frente a

recursos del erario que deben ser protegidos.

Así las cosas, advirtió que no ha vulnerado derecho fundamental

alguno del actor, pues ha procurado porque todos los asuntos sean

tramitados con la misma celeridad y eficiencia, por lo que solicitó que

se declare el hecho superado.

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Actor: ÁNGEL DIEGO LUCUMI GONZÁLEZ

I.5.2.- La NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO

NACIONAL pese a ser notificada en debida forma, guardó silencio.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 31 de mayo de 2023, el TRIBUNAL declaró

improcedente la solicitud de amparo por no cumplir el requisito

general de la subsidiariedad, al encontrar que el accionante cuenta

con un proceso ejecutivo que se encuentra en curso, a través del cual

puede realizar todas las actuaciones que considere pertinentes para

hacer efectivo el pago de la sentencia judicial que solicita.

Sumado a ello, resaltó que el JUZGADO puso en conocimiento que

a través de auto de 23 de mayo de la presente anualidad negó la

solicitud de ampliación de la medida cautelar, debido a que la medida

de embargo decretada se materializó en el Banco de Occidente desde

el 18 de enero de 2023, por el valor de $173.339.761.

Por último, sostuvo que de la revisión del expediente no se advertía

la existencia de un perjuicio irremediable que amerite la intervención

del juez constitucional en el asunto.

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Actor: ÁNGEL DIEGO LUCUMI GONZÁLEZ

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la sentencia proferida en primera instancia, no

obstante, no expuso ningún argumento tendiente a controvertirla.

Para el efecto señaló lo siguiente:

“[…] ANGEL DIEGO LUCUMI GONZALEZ, mayor de edad, vecino
de la ciudad de Cali, identificado con la C.C. No. 76.142.927 de
Caloto (Cauca), por medio del presente ESCRITO, manifiesto al
despacho que IMPUGNO el fallo de tutela No. 66 del 31 de mayo
de 2023 […]”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las Secciones.

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Actor: ÁNGEL DIEGO LUCUMI GONZÁLEZ

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19913. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Análisis del caso concreto

En el presente caso el actor pretende que se ordene al JUZGADO y

a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –

EJÉRCITO NACIONAL realizar las gestiones de su competencia para

materializar el pago de la sentencia judicial a su favor, dentro de

proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación

760013333018-2022-00103-01.

3
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».

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Actor: ÁNGEL DIEGO LUCUMI GONZÁLEZ

Como fundamentos de la solicitud de amparo, el actor aseguró que

la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales

invocados al permitir que la medida cautelar de embargo no produzca

efectos, a pesar que en reiteradas oportunidades ha solicitado la

ampliación de la medida sin obtener respuesta alguna; por su parte,

adujo que la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –

EJÉRCITO NACIONAL también ha desconocido sus garantías

constitucionales, en la medida en que a la fecha ha hecho caso omiso

a la orden emitida por un juez de la República.

La controversia tiene origen en un proceso ejecutivo, el cual

promovió el señor LUCUMI GONZÁLEZ con el fin de obtener el pago

de una sentencia judicial proferida dentro de un medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho por medio del cual el

JUZGADO ordenó a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA

NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL reconocer y pagar al actor la

pensión de invalidez, decisión confirmada por el TRIBUNAL.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el

TRIBUNAL que, en sentencia de 31 de mayo de 2023, declaró

improcedente la solicitud de amparo por considerar que no se

cumplió con el requisito de subsidiariedad, sin que se advierta la

ocurrencia de un perjuicio irremediable que amerite la intervención

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Actor: ÁNGEL DIEGO LUCUMI GONZÁLEZ

del juez constitucional en el asunto.

El actor impugnó la decisión proferida por el a quo, sin aducir

motivos de inconformidad con la misma.

Frente a la carencia argumentativa en el recurso de impugnación,

esta Sala4, ha precisado lo siguiente:

“[…]40. Ahora bien, como última cuestión, y referente al tema
bajo estudio, la Sala debe establecer unas sub reglas en
relación con la carga argumentativa que se debe exigir
en las impugnaciones dentro del marco de la acción de
tutela:

40.1 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de
tutela contra autoridades públicas, la parte que impugne la
sentencia de tutela proferida en primera instancia, no se le
exigirá una carga argumentativa mínima, es decir, que no
habrá necesidad de sustentar la respectiva impugnación,
donde basta que el impugnante lo presente dentro del término
legal correspondiente en los términos del artículo 31 del
Decreto 2591, con el fin de que se efectúe el respectivo
trámite del mismo, teniendo el ad quem, el deber
constitucional de resolver el fondo del asunto; i) analizando
los argumentos jurídicos expuestos por el juez constitucional
de primera instancia, y el ii) acervo probatorio obrante en el
expediente.

40.2 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción
de tutela contra providencias judiciales, la parte que
impugne la sentencia de tutela proferida en primera
instancia precisando que i) si obra en nombre propio o ii) por
medio de apoderado especial, debe cumplir con una carga
argumentativa mínima, en donde exponga las razones
jurídicas por las cuales una autoridad judicial, incurrió en los
defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv)

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2018-03163-
01.

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Actor: ÁNGEL DIEGO LUCUMI GONZÁLEZ

sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii)
desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la
Constitución, en los términos de la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, postura jurisprudencial,
que fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de 31 de
julio de 2012, salvo que se trate de un sujeto de especial
protección constitucional, a quien no se le exigirá dicha
carga argumentativa, toda vez que el Estado tiene que
adoptar las medidas necesarias, para garantizar la
protección de sus derechos fundamentales,
especialmente, el acceso a la administración de
justicia[…]”. (Destacado fuera del texto).

En el mismo sentido, en sentencia de 28 de febrero de 20205, con

ponencia del Consejero Roberto Augusto Serrato Valdés, esta Sala

señaló:

“[…] La Sección Primera del Consejo de Estado, en diferentes
oportunidades, ha sostenido que, en el caso específico de tutela
contra providencia judicial, el deber de sustentar el recurso
de impugnación adquiere una connotación aún más
rigurosa y exigente, en tanto que quien impugna el fallo
que resuelve la acción de tutela, debe cumplir con la carga
argumentativa en cuestión, señalando las razones que
sustentan su impugnación e identificando y justificando
por qué se configura la causal específica de procedibilidad
que fue desvirtuada por la primera instancia.

Esta carga permite conciliar la obligación de proteger los
derechos fundamentales que la parte actora manifiesta
vulnerados, con los principios constitucionales de seguridad
jurídica y autonomía judicial, los cuales se verían
desproporcionadamente afectados si se utiliza la acción de tutela
como una tercera instancia judicial y no como un mecanismo
residual y subsidiario.

Por ello, esta Sala ha indicado que a pesar de que el trámite de
la acción de tutela debe desarrollarse con arreglo a los principios
de prevalencia del derecho sustancial, celeridad, eficacia

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-000-2019-
04314-01.

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Actor: ÁNGEL DIEGO LUCUMI GONZÁLEZ

(artículo 3 Decreto 2591 de 1991), interpretación judicial de los
derechos protegidos (artículo 4 ibídem) y prevalencia de la
informalidad en la solicitud de amparo (artículo 14 ibídem),
dicha situación no exonera al recurrente de explicar las
razones que motivan su disentimiento con la decisión
judicial recurrida.

En este mismo sentido se resalta que la Sala Plena de esta
Corporación, al estudiar el alcance del inciso 2° del artículo 32
del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual dispone que el Juez que
conozca de la impugnación “[…] estudiará el contenido de la
misma cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo […]”,
advirtió que la impugnación debe contener los
fundamentos de la inconformidad del impugnante con el
fallo respectivo, puesto que en ausencia de tales
razonamientos o motivos, el juez carece de materia para
cotejar y pronunciarse.

Con base en lo anterior, la Sala concluye que el deber de
sustentar el recurso de impugnación en el caso específico
de tutela contra providencia judicial, se convierte en un
mecanismo de control del ejercicio de las potestades del
juez constitucional en esta materia para que no actúe
como una tercera instancia, lo cual estaría en contravía
de los principios constitucionales de seguridad jurídica y
autonomía judicial, en los términos del artículo 32 del
Decreto Ley 2591 de 1991 […]”.

Así las cosas, comoquiera que el actor no argumentó los motivos de

su inconformidad frente a la sentencia proferida en primera instancia,

en la que fue declarada improcedente la solicitud de amparo, la Sala

encuentra que no resulta procedente efectuar un estudio del fondo

del asunto, habida consideración que, por un lado, en su escrito de

impugnación no cumplió con la carga argumentativa mínima que

diera cuenta de los reparos respecto de la decisión adoptada; y, por

el otro, no se advirtió ninguna razón válida que justifique tal

desatención, razón por la que no se encuentran los elementos

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Actor: ÁNGEL DIEGO LUCUMI GONZÁLEZ

necesarios para revisar si la providencia objeto de controversia en el

caso sub examine está ajustada a derecho.

Por último, es pertinente señalar que esta Sala en sentencias de 28

de abril6 y 10 de octubre de 20227 y se pronunció en el mismo

sentido.

Consecuente con lo anterior, esta Sala confirmará el fallo impugnado,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de abril
de 2022, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 10010315000-2021-11380-01
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de octubre
de 2022, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-2022-04070-
01.

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Número único de radicación: 760012333000-2023-00315-01
Actor: ÁNGEL DIEGO LUCUMI GONZÁLEZ

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de julio de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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