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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04314-00

Fecha
10 de octubre de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04314-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Pio Preciado Gaitán contra la sentencia proferida el 1.º de 35 Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: “[…] 9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS. […] Entre 1 y 20 S.M.M.L.V. […]”. 36 Numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30 Número único de radicación: 11001 03 15 000 2022 04314 00 julio de 2021 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 17001 23 33 000 2018 00236 01, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión y DEVOLVER el cuaderno contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-04314-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

10 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA QUINCE ESPECIAL DE DECISIÓN

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Número único de radicación: 11001 03 15 000 2022 04314 00
Demandante: Pio Preciado Gaitán
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y Departamento de
Caldas - Secretaría de Educación

Asunto: Resuelve sobre un recurso extraordinario de revisión

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala Especial de Decisión número 15 de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado procede a resolver la demanda que contiene el recurso
extraordinario de revisión interpuesta por el señor Pio Preciado Gaitán contra la
sentencia de 1.º de julio de 2021 proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 17001
23 33 000 2018 00236 01.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii) el recurso
extraordinario de revisión; iii) las consideraciones de la Sala; y iv) el resuelve; las
cuales se desarrollan a continuación.

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I. ANTECEDENTES

La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

1. El señor Pio Preciado Gaitán, presentó demanda1 contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de Caldas - Secretaría de
Educación, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho2, para que se declarara la nulidad de las resoluciones núm. 8348-6 de 30
de octubre de 2017 y 10261-6 de 27 de diciembre de 2017, por medio de las cuales
se le negó el reconocimiento y pago de intereses moratorios con ocasión del pago
tardío del retroactivo de la homologación y nivelación salarial.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara: i)
reconocer y pagar los intereses moratorios causados a partir del día siguiente a
los treinta días posteriores a su causación hasta el día en que se hizo efectivo el
pago total del retroactivo por homologación y nivelación salarial, es decir, desde
10 de mayo de 2004 hasta el 15 de mayo de 2013; ii) pagar los intereses
moratorios liquidados de acuerdo con el interés bancario corriente desde la fecha
de su causación hasta la fecha efectiva de pago; iii) liquidar y pagar los intereses
reclamados con base en el capital neto cancelado sin incluir el valor reconocido
por indexación salarial; iv) dar cumplimiento a la sentencia en los términos del
artículo 192 de la Ley 1437; y v) condenar en costas a la parte demandada.

Presupuestos fácticos

3. El señor Pio Preciado Gaitán indicó, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:

3.1. Prestó sus servicios a la Secretaría de Educación del Departamento de
Caldas en calidad de personal administrativo.

1 La demanda se presentó por medio de apoderado.
2 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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3.2. La Nación - Ministerio de Educación Nacional, en cumplimiento de la Ley
60 de 12 de agosto de 19933, expidió la Resolución 3500 de 1996, a través de la
cual certificó al Departamento de Caldas para la administración del servicio
educativo.

3.3. El Departamento de Caldas, mediante el Decreto Departamental 0021 de
1997, transfirió al personal administrativo adscrito al servicio público del orden
nacional a las plantas de cargos y personal que laboraban en el departamento con
los mismos cargos, códigos y salarios de los que venían vinculados con la Nación,
sin que dicho personal fuera nivelado ni homologado salarialmente en los cargos
venían ocupando con la Nación a los símiles de la planta central del departamento
de Caldas.

3.4. La Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, con fundamento
en la Directiva Ministerial núm. 10 de 2005 y en la Resolución 2171 de 17 de mayo
de 2006 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, elaboró y presentó ante
la cartera ministerial el estudio técnico para la homologación nacional, el cual fue
aprobado a través de comunicación suscrita el 30 de marzo de 2007 por el
Ministerio de Educación Nacional.

3.5. La Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, mediante oficios
SED 0345 de 17 de junio de 2008 y GJSED 1497 de 22 de mayo de 2009, solicitó
al Ministerio de Educación Nacional, la revisión y el ajuste del proceso de
homologación y nivelación salarial.

3.6. El Ministerio de Educación Nacional, mediante el Oficio núm. 2009EE29765
de 1.° de junio de 2009, aprobó la modificación al estudio técnico de homologación
y nivelación salarial del departamento de Caldas, y con base en ello, la entidad
territorial, a través del Decreto 337 de diciembre de 2010, modificó el Decreto 0399
de 20 de mayo del 2007, por el cual homologó y niveló los cargos administrativos
pertenecientes a la planta de personal del Departamento de Caldas.

3 "Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los

artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones".

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3.7. La Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, mediante el
Decreto 0353 de 15 de diciembre de 2010, incorporó por homologación y
nivelación salarial al personal administrativo del Departamento de Caldas, sector
educativo financiado con recursos del sistema general de participaciones.

3.8. El Ministerio de Educación Nacional, por medio de Oficio núm.
2011EEE63868 de 5 de octubre de 2012, certificó la deuda por homologación y
nivelación de los cargos administrativos del Departamento de Caldas periodo 1997
a 2009, estableciendo que la citada deuda sería financiada por la Nación; recursos
de balance propios de 2011 y con recursos de balance del sistema general de
participaciones 2011, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley
1450 de 16 de junio de 20114.

3.9. La Secretaría de Educación del Departamento de Caldas expidió la
Resolución 2075-6 de 22 de marzo de 2013, aclarada por la Resolución 4312-6
de 26 de junio de 2013, mediante las cuales reconoció y ordenó el pagó a su favor
del retroactivo por concepto de homologación y nivelación salarial, indicando de
forma expresa en su artículo primero la fecha de constitución de la obligación, esto
es, desde el 10 de febrero de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2009. Sin embargo,
dependiendo de la fecha ingreso, retiro y/o prescripción, el periodo a pagar
variaba, que en su caso específico, lo fue a partir del 10 de mayo de 2004 hasta
el año 2009, efectuando su pago tardíamente.

3.10. Presentó derecho de petición, el 6 de abril de 2017, ante la Secretaría de
Educación del Departamento de Caldas, en el que solicitó el reconocimiento y
pago de los intereses moratorios por el pago tardío del retroactivo por
homologación y nivelación salarial y la revisión y ajuste de la indexación,
argumentando que los intereses moratorios pretendidos se causaron a partir de
su traslado como empleado administrativo del nivel nacional al territorial, pues
desde ese momento debió percibir el mayor valor correspondiente a los
emolumentos propios de los empleados territoriales, de ahí que, al no recibirlos,
la administración local incurrió en mora en el pago de esa parte del salario que

4 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014”.

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debía homologar desde el principio, lo cual fue negado, mediante las resoluciones
núm. 8348-6 de 30 de octubre de 2017 y 10261-6 de 27 de diciembre de 2017.

Normas violadas y concepto de violación

4. El señor Pio Preciado Gaitán invocó como normas violadas, las siguientes:

● Artículos 1, 2, 13, 25, 53, 58, 72, 93, 123, 209 y 350 de la Constitución Política.
● Artículos 1608, 1617 y 1649 del Código Civil.
● Artículo 177 del Decreto 01 de 2 de enero de 19845.
● Ley 60 de 12 de agosto de 19936.
● Sentencia C-367 de 16 de agosto de 19957.

5. El señor Pio Preciado Gaitán explicó el concepto de violación, en los
siguientes términos:

5.1. Sostuvo que el Departamento de Caldas al expedir las resoluciones núm.
8348-6 de 30 de octubre de 2017 10261-6 de 27 de diciembre de 2017 vulneró la
ley, toda vez que no incluyó dentro de los estudios técnicos para la aprobación de
la homologación y nivelación salarial el reconocimiento de los intereses
moratorios.

5.2. En efecto, adujo que era deber de la entidad territorial presentar dentro de
las liquidaciones el pago de todos aquellos conceptos derivados del salario y
demás prestaciones sociales, entre estos, las indexaciones e intereses moratorios
causados con ocasión del pago tardío, posterior y/o moroso de sus obligaciones,
concluyendo que era obligación de la Nación - Ministerio de Educación Nacional,
en concurso con la Secretaría de Educación Departamental, prever, calcular y
ordenar el pago de las indexaciones e intereses moratorios.

5 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.”
6 "Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los

artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones".
7 Corte Constitucional, sentencia C-367 de 16 de agosto de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

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5.3. Indicó que, mediante la Resolución 2075-6 de 22 de marzo de 2013, aclarada
por la Resolución 4312-6 de 26 de junio de 2013, se reconoció el retroactivo por
concepto de la homologación salarial desde el momento en que los servidores
fueron vinculados a la planta de la entidad territorial; sin embargo, dicha obligación
fue cancelada tardíamente el 15 de mayo de 2013, situación que demuestra la
mora en que incurrieron las entidades demandadas.

5.4. Por último, aseguró que el reconocimiento de los intereses moratorios era
procedente a pesar de haberse indexado la suma, en la medida que no
configuraba un doble pago por la misma causa, toda vez que la indexación está
dirigida a actualizar una deuda con el Índice de Precios al Consumidor para
contrarrestar los efectos de la inflación económica por el trascurso del tiempo,
mientras que los intereses que causa la mora tiene carácter resarcitorio y
sancionatorio a quien retarda el pago de una obligación.

Contestación de la demanda

Nación - Ministerio de Educación Nacional

6. La Nación - Ministerio de Educación Nacional contestó a la demanda8 y se
opuso a las pretensiones formuladas, así:

6.1. Indicó que no era la entidad encargada de atender la petición del
demandante, debido a que: i) no participó en la expedición del acto administrativo
demandado; y ii) no es el titular de las obligaciones pretendidas a través de la
demanda, así como tampoco lo es de los trámites de reclamaciones, los cuales,
en virtud del proceso de descentralización de la educación realizado a través de
la Ley 60, se encontraban a cargo de la entidad territorial a la cual se encuentra
vinculado el señor Pio Preciado Gaitán.

6.2. Resaltó que el Ministerio era la entidad encargada de: i) ejercer una actividad
de acompañamiento a las entidades territoriales que realizaron el proceso de
certificación en educación; ii) establecer las directrices para llevar a cabo la

8 Mediante apoderado.

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homologación de cargos y la nivelación salarial del personal administrativo; y iii)
dispuso los criterios y pasos a tener en cuenta en dicho proceso sin que tuviera
un poder dispositivo de los dineros provenientes del Sistema General de
Participaciones, los cuales fueron transferidos directamente a las entidades
territoriales que asumieron la responsabilidad de las obligaciones que de la
prestación del servicio educativo se derivaron.

6.3. Propuso como excepciones las denominadas: i) falta de legitimación en la
causa por pasiva; ii) ineptitud de la demanda, iii) caducidad; iv) prescripción; y v)
cualquier otra que durante el transcurso del proceso se llegare a probar.

Departamento de Caldas

7. El Departamento de Caldas contestó a la demanda9 y se opuso a las
pretensiones formuladas, así:

7.1. Sostuvo que la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas pagó
al señor Pio Preciado Gaitán los dineros correspondientes al proceso de
homologación y nivelación salarial de manera indexada, por lo cual indicó que no
le asistía el derecho a reclamar ninguna sanción moratoria por intereses dado que
ello constituiría una doble sanción.

7.2. Propuso como excepciones las denominadas: i) falta de legitimación en la
causa por pasiva; ii) buena fe; iii) inexistencia de la obligación con fundamento en
la ley; iv) inaplicabilidad de los intereses moratorios; y v) prescripción.

Sentencia de 18 de diciembre de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número único de radicación 17001 23 33 000
2018 00236 00

8. El Tribunal Administrativo de Caldas en la parte resolutiva de la sentencia,
resolvió:

9 Mediante apoderada.

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“[…] Primero: DECLÁRASE probado el medio exceptivo de ´FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA´, propuesto por el Departamento de
Caldas, de conformidad con el razonamiento efectuado por la Sala de Decisión en
esta providencia.

Segundo: NIÉGANSE la súplica de la demanda.

Tercero. Por razones de equidad y justicia, ORDÉNASE a la Nación - Ministerio de
Educación Nacional reconocer y pagar al señor Pio Preciado Gaitán, indexación
sobre el valor neto pagado a título de retroactivo menos el valor correspondiente a
la indexación ya reconocida, esto es, sobre la base de $18.894.326, entre el 1.º de
enero de 2013 y fecha final el 14 de mayo de 2013, de conformidad con la parte
motiva de esta providencia.

Cuarto: ABSTIÉNESE de condenar en costas en esta instancia, por lo brevemente
expuesto.

Quinto: La Nación - Ministerio de Educación Nacional dará cumplimiento al presente
fallo en los términos previstos por el artículo 192 del CPACA, sin perjuicio de la
carga impuesta a la parte actora en el inciso segundo de la disposición mencionada
[…]”.

Consideraciones del Tribunal

9. Para fundamentar su decisión, consideró que no había lugar al
reconocimiento y pago de los intereses moratorios solicitados, toda vez que:

9.1. Las normas que reglamentan el régimen prestacional no establecen ese
derecho por el pago tardío una nivelación y homologación salarial.

9.2. Las sumas reconocidas al señor Pio Preciado Gaitán por concepto de
retroactivo por la homologación y nivelación salarial del personal administrativo
fueron indexadas, por lo que era improcedente el reconocimiento de intereses
moratorios sobre valores ya indexados, dada la incompatibilidad que existe entre
esos dos conceptos.

10. No obstante lo anterior, indicó que, a pesar de que se negarían las
pretensiones de la demanda, por razones de equidad y justicia, debía tenerse en
cuenta que mediante la Resolución 2075-6 de 22 de marzo de 2013, aclarada por
la Resolución 4312-6 de 26 de junio de 2013, le fue reconocido al señor Pio
Preciado Gaitán el retroactivo por concepto homologación y nivelación salarial, sin

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embargo, entre el día siguiente a la última fecha de indexación y la fecha del pago
efectivo, existía un lapso que no fue indexado; en esa medida, ordenó el
reconocimiento de la indexación por el periodo correspondiente del 1.° de enero
de 2013 hasta el día anterior a la fecha efectiva de pago (14 de mayo de 2013).

11. Asimismo, indicó que el proceso de homologación y nivelación salarial
adelantado en el Departamento de Caldas se realizó de manera concertada entre
la Nación y el Departamento de Caldas, e indicó que cualquier pago derivado del
proceso de nivelación y homologación salarial le correspondía a la Nación –
Ministerio de Educación Nacional, toda vez que se trataría del pago de un mayor
valor cancelado a título de reajuste o nivelación salarial.

Recursos de apelación

Pio Preciado Gaitán

12. El señor Pio Preciado Gaitán interpuso recurso de apelación contra la
sentencia proferida, en primera instancia, y lo sustentó con fundamento en los
siguientes argumentos:

12.1. Indicó que la parte demandada debía realizar el procedimiento para la
homologación y nivelación salarial desde su trasladado del servicio público del
orden nacional al territorial; sin embargo, el procedimiento administrativo no fue
oportuno, y en ese sentido, no es posible argumentar que la demora fue justificada
y el retroactivo por concepto de homologación y nivelación salarial pagado en
tiempo, por lo que incurrieron en mora en el pago de una obligación dineraria. Por
lo anterior, se debían reconocer intereses de mora y no indexación sobre las
sumas de dinero liquidadas por concepto de retroactivo.

12.2. Sostuvo que era innecesaria la exigencia de una norma que estableciera el
pago de intereses de mora en el caso de la homologación y nivelación salarial,
dado que por tratarse del pago tardío de una obligación dineraria, por analogía,
equidad y los principios auxiliares del derecho, se puede satisfacer ese vacío
normativo.

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Nación - Ministerio de Educación Nacional

13. La Nación – Ministerio de Educación Nacional interpuso, dentro del término
legal, recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, y
lo sustentó con fundamento en los siguientes argumentos:

13.1. Cuestionó la decisión del Tribunal Administrativo de Caldas que reconoció y
ordenó el pago por concepto de indexación sin que ello fuera invocado en sede
administrativa y pretendido en sede judicial, vulnerándose así el principio de
congruencia. Asimismo, refirió que dicho concepto no corresponde a un derecho
laboral y, sin embargo, el juez de primera instancia le atribuyó una connotación de
imprescriptible, omitiendo analizar si la condena recaía sobre un derecho laboral
o administrativo.

13.2. Manifestó que la entidad encargada de realizar el pago de los valores
reconocidos en el proceso de homologación y nivelación salarial y que expidió el
acto administrativo es el Departamento de Caldas, por lo que existe a su favor una
falta de legitimidad material en la causa por pasiva y, por consiguiente, no puede
ser condenada al pago de la indexación reconocida en la sentencia por una
demora en el pago atribuible al ente territorial, ni por un acto administrativo que no
expidió.

La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

14. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
la sentencia proferida el 1.º de julio de 2021, en segunda instancia, resolvió:

“[…] 1 Primero: Revocar los ordinales tercero y quinto de la sentencia proferida el
18 de diciembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Caldas, que ordenaron
ex officio a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, reconocer y pagar la
indexación a favor del demandante, en el proceso que en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió el señor Pio Preciado
Gaitán contra dicha entidad y el Departamento de Caldas.

Segundo: Confirmar en todo lo demás la sentencia de primera instancia […]”.

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Consideraciones de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado

15. Para fundamentar su decisión, consideró que el proceso de homologación y
nivelación salarial del personal administrativo al servicio de los establecimientos
educativos en el Departamento de Caldas se dio como resultado del proceso de
la descentralización administrativa.

16. Señaló que, la Nación – Ministerio de Educación Nacional como el
Departamento de Caldas, efectuaron los pasos concernientes a ejecutar la
homologación y nivelación salarial, de modo que se constató que el procedimiento
requirió de ajustes; sin que hubieran incurrido en una dilación injustificada del pago
a través de maniobras dolosas o evasivas que buscaran enervar la obligación.

17. Asimismo, consideró que la tardanza en el desarrollo de las etapas propias
de un procedimiento interadministrativo como el referido, no justifican el perjuicio
de los beneficiarios en cuanto a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda por
el paso del tiempo, para lo cual el ordenamiento jurídico prevé dos figuras
actuariales que tienen el mismo fin, a pesar de que difieren en cuanto a su
naturaleza jurídica, la indexación y la indemnización moratoria (o intereses
moratorios).

18. En ese sentido, indicó que la indexación se aplica a los casos en los que la
tardanza en el pago de una deuda conlleva una razón de ser, como puede ser un
proceso sistemático con la superación de etapas, la fijación de un término
específico para el cumplimiento de la obligación o la materialización de una
condición que se configura por el paso del tiempo; por el contrario, los intereses
moratorios por su naturaleza sancionatoria, deben estar determinados
previamente en la norma que regule el asunto y tienen que obedecer a una causa
injustificada en la dilación del abono, que se relacione con la demostración por
parte de quien los solicita, de la mala fe o la intención del deudor de no cumplir a
pesar de estar expresamente conminado a ello. Por lo anterior, consideró que
ambas figuras ostentan una naturaleza diferente, razón por la cual no era
procedente asentir en su compatibilidad o en la posibilidad de liquidar una y luego

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otra, así se solicite descontar lo ya cancelado por alguno de estos conceptos, pues
tanto los aspectos divergentes como el semejante impiden su coexistencia.

19. Respecto de los intereses moratorios solicitados por el demandante,
consideró que no había lugar a su reconocimiento, toda vez que:

19.1. La sola tardanza en el pago la obligación dineraria, no implicaba
necesariamente la indemnización por mora, más aun en el entendido de que
existió una justificación razonable para esa dilación, lo que implicaba la necesidad
de conjurar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda pero a manera de
compensación a través de la indexación como se hizo, y no por una sanción, toda
vez que no se demostró el actuar doloso de la administración para evitar cumplir
con la obligación.

19.2. Existe una imposibilidad de reconocer intereses moratorios respecto de
aquellas sumas que fueron debidamente indexadas, como ocurrió en el caso del
señor Pio Preciado Gaitán.

19.3. En el contexto normativo aplicable no hay una norma que expresamente
autorice el cobro de intereses moratorios en caso de dilación para los casos de
pago retroactivo por concepto de homologación y nivelación salarial.

20. Por último, indicó que el reconocimiento de la indexación por el periodo
correspondiente del 1.° de enero de 2013 hasta el 14 de mayo de 2013, realizado
de oficio por el Tribunal, no era procedente, por cuanto, por un lado, no fue
pretendida ni objeto de discusión, y, por el otro, se probó que la Secretaría de
Educación del Departamento de Caldas efectuó la liquidación indexada de las
sumas adeudadas al demandante a la fecha en que se profirió el acto
administrativo de reconocimiento de la nivelación salarial; en ese sentido, señaló
que la aplicación de la facultad extra petita es excepcional a la preponderancia del
principio de congruencia y debido proceso aplicable en la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.

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II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión

21. El señor Pio Preciado Gaitán, presentó la demanda que contiene el recurso
extraordinario de revisión10 contra la sentencia proferida el 1.º de julio de 2021 por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en segunda
instancia, e invocó la causal prevista en el numeral 5.° del artículo 250 de la Ley
1437, según el cual, procede el recurso extraordinario de revisión cuando existe
una nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación.

Pretensiones del recurso extraordinario de revisión

22. El señor Pio Preciado Gaitán presentó las siguientes pretensiones:

“[…] Por configurarse la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del
C.P.A.C.A […] se persigue con el ejercicio del presente recurso de revisión, que el
Honorable Consejo de Estado disponga:

PRIMERO.- Declarar infirmada la sentencia proferida por el Consejo de Estado-
Sección Segunda- Subsección A, del 01 de julio de 2021 […] que confirma la
decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Caldas.

SEGUNDO.- En consecuencia, como resultado de la declaratoria de la sentencia
viciada en nulidad, se reenvíe o remita el expediente al despacho de origen, es
decir, Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A, conformado por los
consejeros de Estado William Hernández Gómez, Rafael Francisco Suárez Vargas
y Gabriel Valbuena Hernández, para que se resuelva en debida forma, es decir,
profiriendo un fallo favorable.

Tercero.- Las demás que el H. Despacho considere necesarias […]”.

23. Para sustentar la demanda expuso los siguientes argumentos:

23.1. Estimó que la sentencia objeto de revisión es incongruente, en la medida que
tuvo un objeto distinto al pretendido en la demanda y una causa diferente a la
invocada, toda vez que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
se pretendió el reconocimiento y pago de los intereses moratorios causados por

10 El recurso se presentó por medio de apoderado.

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la mora en el pago del retroactivo por homologación y nivelación salarial, y para
ello sostuvo que el periodo para liquidar los intereses correspondió al causado
entre el año 1997, cuando el personal administrativo del sector educación del nivel
nacional fue incorporado al nivel departamental y el año 2013, cuando se concretó
el pago del retroactivo; no obstante lo anterior, adujo que la autoridad judicial
entendió que la reclamación de los intereses correspondía al periodo causado
desde el 22 de marzo de 2013, cuando se reconoció y ordenó el pago del
retroactivo, hasta abril de la misma anualidad, cuando se efectuó el pago
correspondiente.

23.2. Asimismo, indicó que: i) en la sentencia recurrida no se indicaron las razones
de hecho y derecho por las cuales no había lugar al reconocimiento y pago de los
intereses de mora; ii) en el escrito de demanda fue claro al establecer que los
intereses de mora se liquidan sobre el capital neto sin incluir indexación y, por lo
tanto, resulta incongruente que en la sentencia recurrida no se reconozcan los
intereses de mora por la supuesta incompatibilidad que existe con la indexación,
factor al que nunca se refirió y que, sin embargo, fue objeto de un reconocimiento
de oficio, desconociendo que la indexación y los intereses de mora son cargas
económicas que no tienen la misma finalidad, comoquiera que estos últimos
constituyen una sanción por no cancelar oportunamente una obligación, mientras
que la indexación se refiere a la actualización de la deuda a valores actuales para
contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo del dinero.

23.3. Explicó adicionalmente que las entidades demandadas nunca presentaron
excepciones sobre el periodo de la liquidación en controversia, pues su defensa
se orientó a establecer en cabeza de cuál de ellas recaía la obligación del pago y
que no existe algún elemento de convicción que permitiera concluir que con la
demanda se solicitó el pago de intereses moratorios por el periodo de un mes,
pues de ser ese el escenario de la reclamación no se hubiera iniciado un proceso
judicial ante el contencioso administrativo.

23.4. Expuso que en el proceso obran pruebas suficientes que permiten establecer
que la parte demandada tardó 9 años en cumplir con su responsabilidad de la
homologación y la nivelación salarial, por lo que en la sentencia recurrida no era

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posible considerar que las entidades demandadas no hubieran incurrido en una
dilación injustificada del pago.

23.5. Por último, señaló que en la sentencia recurrida se desconocieron las normas
preexistentes sobre el reconocimiento de los intereses de mora, porque en cada
caso no debe existir una norma especial que los establezca, como ocurre en el
presente caso, sino que por tratarse del pago tardío de una obligación debe
acudirse a la analogía y a los principios generales del derecho para satisfacer ese
vacío normativo.

Contestación al recurso extraordinario de revisión

Nación- Ministerio de Educación Nacional

24. La Nación- Ministerio de Educación Nacional contestó la demanda 11 y se
opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas, en la medida que, a su
juicio, no se presenta la causal invocada y el señor Pio Preciado Gaitán pretende
reabrir el debate jurídico que se encuentra concluido.

25. Indicó que “[…] dentro de los argumentos planteados por el recurrente [no se
encuentra] tal disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo probado a partir de la
cual se pueda considerar la configuración de una falta de congruencia de tal
protuberancia, que no exista justificación objetiva y relacionada con las materias
medulares del proceso, como lo indica el fallo aludido […]”.

Departamento de Caldas

26. El Departamento de Caldas, notificado en debida forma12, no contestó la
demanda.

11 Mediante apoderado
12 Cfr. índice 9 SAMAI.

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Concepto del Ministerio Público

27. El señor Agente del Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad
procesal.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

28. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en los siguientes
términos: i) la competencia de la Sala; ii) la procedencia y término para interponer
el recurso extraordinario de revisión; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo
y desarrollo jurisprudencial del recurso extraordinario de revisión; v) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial de la causal señalada en el numeral 5.º del
artículo 250 de la Ley 1437; vi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial
sobre el principio de congruencia en las providencias judiciales y; vii) el análisis de
la causal de revisión, los cuales se desarrollarán a continuación:

Competencia de la Sala

29. Vistos los artículos: i) 248 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201113, sobre la
procedencia del recurso extraordinario de revisión; ii) 249 ibidem14, sobre
competencia para conocer los recursos extraordinarios de revisión; iii) 111 ibidem,
en especial, el numeral 2.°15 sobre las funciones de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo; y iv) 29, en especial el numeral 1.° del Acuerdo núm.
80 de 12 de marzo de 201916: esta Sala es competente para resolver el recurso
extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia de 1.º de julio de 2021
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Procedencia y término para interponer el recurso extraordinario de revisión

30. Visto el artículo 251 de la Ley 1437, sobre el término para interponer el

13 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
14 Adicionado por el artículo 68 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “Por medio de la cual se reforma el

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan
otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
15 Modificado por el artículo 18 de la Ley 2080.
16 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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recurso extraordinario de revisión, que dispone:

“[…] Artículo 251. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia […]”

31. En el caso sub examine, la sentencia recurrida fue proferida por Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 1.º de julio de 2021. Asimismo,
la sentencia quedó ejecutoriada el 10 de agosto de 202117 y el recurso
extraordinario de revisión se interpuso el 8 de agosto de 202218; es decir dentro
del término indicado en el artículo 251 de la Ley 1437.

Problema jurídico

32. En el caso sub examine, el problema jurídico que la Sala debe resolver
consiste en determinar si se configura o no la causal de revisión prevista en el
numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437; en especial: i) si la sentencia recurrida
fue proferida en forma incongruente; y ii) si el disenso frente a la aplicación de la
normativa y de los criterios jurisprudenciales adoptados dentro del proceso
ordinario, son causales que generen la nulidad en la sentencia recurrida y, en
consecuencia, si se declara o no fundado el recurso extraordinario de revisión.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del recurso extraordinario de
revisión

33. Vistos los artículos: i) 248 de la Ley 1437, sobre procedencia; ii) 24919 ibidem,
sobre competencia; iii) 250 ibidem, sobre causales de revisión; iv) 251 ibidem,
sobre el término para interponer el recurso; y v) 252 ibidem, sobre requisitos del
recurso.

34. Atendiendo a que el recurso extraordinario de revisión es un medio de
impugnación que limita la inmutabilidad de las sentencias en relación con la cosa
juzgada y permite que se subsanen determinadas irregularidades o ilegalidades.

17 Cfr. índice 20 SAMAI del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
18 Cfr. índice 2 SAMAI.
19 Adicionado por el artículo 68 de la Ley 2080.

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35. La principal finalidad de este recurso es el restablecimiento de la justicia 20, lo
cual no implica, en general, el desconocimiento de los principios de cosa juzgada
y presunción de legalidad y acierto de las decisiones judiciales, sino que,
excepcionalmente, en ciertas circunstancias y por las razones señaladas
específicamente en la ley, es viable revisar las sentencias en aras de restablecer
el imperio de la justicia y mantener el orden jurídico y social. Es precisamente en
atención a lo anterior que el recurso de revisión se determinó como un medio
extraordinario de impugnación.

36. En el mismo orden de ideas, el recurso se encuentra sujeto al estricto,
riguroso y ajustado cumplimiento de las causales que expresamente ha previsto
el legislador, sin que sea dable ampliarlas mediante interpretación analógica, con
lo cual se busca evitar que el mismo se convierta en una tercera instancia y se
utilice para remediar equivocaciones en que hubiera podido incurrir alguna de las
partes, o para controvertir juicios de valor del fallador21. Al respecto, la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación22 ha considerado lo
siguiente:

“[…] El [recurso extraordinario de revisión] no constituye una instancia adicional, la
tercera en este caso, en la que los interesados pueden replantear el asunto objeto
del litigio original para que el Juez de la Revisión lo reexamine o analice una vez
más

[…]

En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta con trámite
propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro del debido proceso,
hasta culminar con un fallo que define sobre la legalidad de una sentencia
ejecutoriada […]”.

37. En efecto, el artículo 250 de la Ley 1437, enumera las causales que pueden
proponerse como fundamento de este recurso, las cuales, por lo demás dan
cuenta de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que,

20 Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-418 de 1994 y C-247 de 1997, M. P. Jorge Arango Mejía y José

Gregorio Hernández Galindo.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia proferida el 27 de abril de 2004,

C.P. María Inés Ortiz Barbosa Rev. 194, identificada con núm. único de radicación
1100103150001998016401.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia proferida el 12 de agosto de

2014, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, identificada con núm. único de radicación
11001031500020130211000.

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de conformidad con la ley, eran los únicos que permitían la revisión de la sentencia
por la vía del recurso extraordinario que se analiza.

38. Los requisitos del recurso están enunciados en el artículo 252 de la Ley 1437,
que prevé que debe interponerse mediante escrito que reúna los siguientes
requisitos: i) la designación de las partes y sus representantes; ii) el nombre y
domicilio del recurrente; iii) los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento;
iv) la indicación precisa y razonada de la causal invocada; v) el poder para su
interposición y vi) las pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder
y solicitará las que pretende hacer valer.

39. En suma, la interposición del recurso extraordinario de revisión constituye el
inicio de un nuevo proceso para cuestionar la sentencia proferida dentro de un
proceso ordinario, el que solo resulta procedente en determinadas y especiales
circunstancias taxativamente señaladas en la ley.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la causal señalada en el
numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437

40. Visto el numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437, dispone como causal de
revisión la de “[…] existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación […]”. Sin embargo, debido a que
el legislador no determinó cuáles son los eventos en los que se considera que se
ha configurado la citada causal, ha sido la jurisprudencia del Consejo de Estado
la que ha determinado de contenido esta disposición23.

41. En esa medida, en relación con las irregularidades sustanciales del
procedimiento que pueden considerarse como nulidad originada en la sentencia,
la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado24 ha sostenido que son,
a modo enunciativo, las siguientes:

23 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión número 16, sentencia del 5 de mayo de 2020, número único

de radicación 11001-03-15-000-2017-02519-00.
24 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sentencia proferida el 3 de febrero de

2015, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, identificada con núm. único de radicación
11001031500020090049400.

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20

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41.1. Cuando sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en proceso
terminado normalmente por sentencia en firme.

41.2. Cuando sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el
auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o
declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente
concluido.

41.3. Cuando se profiere sentencia, como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia.

41.4. Cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta.

41.5. Cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello
se pretermite íntegramente la instancia.

41.6. Cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida
cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos
casos, antes de la oportunidad debida.

41.7. Cuando el juez provee sobre aspectos respecto de los cuales carece de
jurisdicción o competencia.

41.8. Cuando la providencia carece de motivación.

41.9. Cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los
magistrados que debieron haberlo hecho; o cuando fue adoptada con un número
de votos diferente del previsto en la ley.

42. En ese sentido, de acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado,
para probar la configuración de la causal, se ha considerado que, por regla
general, no es posible “[…] alegar como fundamento del recurso, alguna causa de
nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia, ya que ‘la proposición de

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nulidades procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y
legitimación previstas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil [hoy,
artículo 134 del Código General del Proceso], sin perjuicio del deber que el artículo
145 ibídem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que
observe antes de dictar sentencia […]’”25. Sin embargo, en algunos casos se ha
aceptado la proposición de la nulidad procesal ocurrida antes de la expedición de
la sentencia, siempre y cuando esta no haya podido ser advertida por el
recurrente, evento en el que la parte demandante debe probar que efectivamente
no tuvo la posibilidad de proponer la nulidad en el curso del proceso.

43. Asimismo, que la anomalía sea de tal magnitud que configura un defecto
insanable de la actuación, al punto que, de no presentarse ese yerro, la decisión
adoptada hubiese sido distinta26. Dentro de este grupo de anomalías se
encuentran las relacionadas con: i) irregularidades que constituyen causal de
nulidad del proceso previstas en las normas procesales y que solo pudieron ser
advertidas en la sentencia; y ii) los vicios que contiene la propia sentencia y que
pueden derivar en la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política, lo cual
excluye la posibilidad de formular, por esta vía, cuestionamientos que conciernan
al contenido de la motivación, a la valoración probatoria o a la forma de aplicación
de una determinada norma.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el principio de
congruencia en las providencias judiciales

44. Vistos los artículos: i) 281 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 27, sobre
congruencia; ii) 320 ibidem, sobre fines de la apelación; y iii) 328 ibidem, sobre
competencia del superior.

25 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión número 13, sentencia del 7 de junio de 2016, número único

de radicación 11001-03-15-000-2015-02493-00.
26 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión número 26, sentencia del 14 de agosto de 2018, número

único de radicación 11001-03-15-000-2014-03093-00; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 18 de noviembre de 2018, radicado 11001-03-25-000-2015-00996-00; y Consejo de Estado,
Sala Especial de Decisión número 22, sentencia del 3 de diciembre de 2019, número único de radicación
11001-03-15-000-2019-00894-00.
27 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.

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45. Esta Corporación28 ha definido el principio de congruencia como “[…] el
principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que
deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas
por las partes, para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las
pretensiones o imputaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas,
a menos que la ley otorgue facultades especiales para separarse de ellas […]”, es
decir, que el alcance y contenido de una providencia está delimitado por las
pretensiones, existiendo una correspondencia entre esta y los hechos que se
esgrimen en la demanda y en su contestación.

46. La citada sentencia señaló que la congruencia debe ser interna y externa. La
primera obedece a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y
resolutiva de la sentencia; y la segunda, la externa, que la decisión contenida en
la resolutiva se encuentre en concordancia con lo pedido en la demanda como en
su contestación o en los recursos interpuestos.

47. Asimismo, indicó que en los procesos ordinarios el recurso de apelación tiene
límites, pues debe guardar correspondencia con el petitum de la demanda, los
fundamentos fácticos y jurídicos que la sustentan, los argumentos de oposición a
la misma y las consideraciones que sirven de sustento al a quo para fundamentar
su sentencia. No de otra forma se respetan los derechos al debido proceso, a la
igualdad procesal y la garantía de la doble instancia.

48. Por último, se determinó que en aplicación del principio de congruencia el
juez puede traer a colación los análisis sobre el alcance de las normas legales
pertinentes, aunque no hayan sido planteados por las partes, siempre y cuando,
como regla general, sus consideraciones se desplieguen en el marco de las
pretensiones del proceso y con base en el acervo probatorio debatido en el mismo.
En concordancia con lo anterior, se han señalado los eventos en los que se
presenta incongruencia de la sentencia. Sobre el particular ha indicado lo
siguiente:

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de noviembre

de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 13001 23 31 000 2001 02023 01.

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23

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“[…] de conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código de Procedimiento
Civil, aplicable a este asunto en virtud de la remisión prevista en el artículo 267 del
Código Contencioso Administrativo, la sentencia resulta incongruente cuando se
falla de manera extrapetita, es decir, "por objeto distinto del pretendido en la
demanda" o "por causa diferente a la invocada en esta"; asimismo, en los eventos
en que se condena al demandado de manera ultra petita, esto es, “por cantidad
superior a la solicitada en la demanda” e, incluso, si se omite decidir sobre alguna
de las pretensiones invocadas en el libelo introductorio del proceso, lo que da cuenta
de una decisión mínima petita.

Con el fin de establecer si se estructura alguna de las anteriores circunstancias
corresponde comparar las pretensiones de la respectiva demanda con la sentencia
dictada, para determinar si esta resulta o no acorde con lo solicitado y en caso de
advertirse que el juez de primera instancia decidió por fuera de lo pedido, la condena
deberá ajustarse de manera oficiosa […]”29

49. Del criterio jurisprudencial citado se concluye que: i) la sentencia debe ser
congruente con los hechos y las pretensiones de la demanda; ii) el Juez en su
ejercicio hermenéutico puede traer a colación los análisis sobre el alcance de las
normas legales pertinentes, aunque no hayan sido planteados por las partes,
siempre y cuando, sus consideraciones se enmarquen en las pretensiones del
proceso y se fundamenten en el acervo probatorio debatido en el mismo y iii) se
presenta una sentencia incongruente cuando: a) se falla de manera extra petita,
es decir, "[…] por objeto distinto del pretendido en la demanda […]” o "[…] por
causa diferente a la invocada en esta […]"; b) en los eventos en que se condena
al demandado de manera ultra petita, esto es, "[…] por cantidad superior a la
solicitada en la demanda […]” y c) cuando se omite decidir sobre alguna de las
pretensiones invocadas en el libelo introductorio del proceso, lo que da cuanta de
una decisión mínima petita.

Análisis de la causal de revisión

50. La Sala procede a considerar si, en el presente caso, se estructuran los
presupuestos que la ley establece y que el Consejo de Estado ha precisado, a
través de los criterios judiciales citados en acápites anteriores, para la
configuración de la causal prevista en el numeral 5.º del artículo 250 de la Ley
1437, en los siguientes términos:

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A; Sentencia de

17 de agosto de 2017; C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; número único de radicación
41001233100020020092801.

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50.1. El señor Pio Preciado Gaitán, en la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, solicitó como pretensiones que: i) se declare la nulidad de las
resoluciones núm. 8348-6 de 30 de octubre de 2017 y 10261-6 de 27 de diciembre
de 2017, por medio de las cuales le negaron los intereses moratorios con ocasión
del pago tardío del retroactivo de la homologación y nivelación salarial.

50.2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago
de los intereses moratorios a partir del día siguiente a los treinta días posteriores
a su causación hasta el día que se pagó el retroactivo por homologación y
nivelación salarial, es decir del 10 de febrero de 1997 al 15 de abril de 2013, con
base en el capital neto, sin incluir el valor que por concepto de indexación salarial
se reconoció.

50.3. Para el efecto, argumentó que los intereses moratorios pretendidos se
causaron a partir de su traslado como empleado administrativo del nivel nacional
al territorial, pues desde ese momento debió percibir el mayor valor
correspondiente a los emolumentos propios de los empleados territoriales, de ahí
que, al no recibirlos, la administración local incurrió en mora en el pago de esa
parte del salario que debía homologar desde el principio.

50.4. El Tribunal Administrativo de Caldas en la sentencia proferida, en primera
instancia, planteó el problema jurídico de la siguiente manera:

“[…] Le asiste derecho a la parte demandante al reconocimiento y pago de intereses
moratorios sobre la liquidación del valor del retroactivo por homologación y
nivelación salarial?

En caso negativo, ¿tiene derecho la parte actora, aunque no lo haya solicitado
expresamente, a la indexación de los valores reconocidos y pagados por concepto
de retroactivo por la homologación y nivelación salarial?

En caso afirmativo, ¿Cuáles serían los extremos temporales de dicha actualización?
y ¿a qué entidad le corresponde realizar los pagos correspondientes a indexación?
[…]”

50.5. Al resolver el caso concreto consideró que: i) no había lugar al
reconocimiento y pago de los intereses moratorios, en la medida que las normas
que reglamentan el régimen prestacional no establecen ese derecho por el pago

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tardío una nivelación y homologación salarial; ii) las sumas reconocidas al señor
Pio Preciado Gaitán por concepto de retroactivo por la homologación y nivelación
salarial del personal administrativo fueron indexadas, por lo que, era improcedente
el reconocimiento de intereses moratorios sobre valores ya indexados, dada la
incompatibilidad que existe entre esos dos conceptos; iii) a pesar de que se
negarían las pretensiones de la demanda, por razones de equidad y justicia, debía
tenerse en cuenta que entre el día siguiente a la última fecha de indexación y la
fecha del pago efectivo, existía un lapso que no fue indexado; en esa medida,
ordenó el reconocimiento de la indexación por el periodo correspondiente del 1.°
de enero de 2013 hasta el día anterior a la fecha efectiva de pago (14 de mayo de
2013).; y iv) cualquier pago derivado del proceso de nivelación y homologación
salarial le correspondía a la Nación – Ministerio de Educación Nacional, toda vez
que se trataría del pago de un mayor valor cancelado a título de reajuste o
nivelación salarial.

50.6. El señor Pio Preciado Gaitán presentó recurso de apelación,
argumentando que: i) la parte demandada debía realizar el procedimiento de
homologación y nivelación salarial desde su trasladado del servicio público del
orden nacional al territorial; sin embargo el procedimiento administrativo no fue
oportuno, y en sentido, no era posible argumentar que la demora fue justificada y
el retroactivo por concepto de homologación y nivelación salarial pagado en
tiempo, por lo que incurrieron en mora en el pago de una obligación dineraria; ii)
por lo anterior se debían reconocer intereses de mora y no indexación sobre las
sumas de dinero liquidadas por concepto de retroactivo; iii) asimismo, sostuvo que
era innecesaria la exigencia de una norma que estableciera el pago de intereses
de mora en el caso de la homologación y nivelación salarial, dado que por tratarse
del pago tardío de una obligación dineraria, por analogía, equidad y los principios
auxiliares del derecho, se puede satisfacer ese vacío normativo.

50.7. Por su parte la Nación- Ministerio de Educación Nacional, en su recurso
de apelación indicó que: i) no era procedente la indexación adicional reconocida,
toda vez que ese reconocimiento no fue solicitado en sede administrativa y
pretendido en sede judicial, vulnerándose así el principio de congruencia; y ii)
existe a su favor una falta de legitimidad material en la causa por pasiva, por

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cuanto no era la entidad encargada de realizar el pago ni expidió el acto
administrativo.

50.8. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión, planteó como problema
jurídico lo siguiente:

“[…] 1. ¿El señor Pio Preciado Gaitán tiene derecho al reconocimiento de intereses
moratorios por el no pago inmediato del valor correspondiente al retroactivo
derivado del proceso de homologación y nivelación salarial de la planta de personal
administrativo adscrito al sector educativo del departamento de Caldas?

2. ¿Era procedente emitir en este caso una decisión extra petita a fin de ordenar al
Ministerio de Educación, reconocer la indexación sobre las sumas abonadas al
demandante por concepto de nivelación salarial derivada del proceso de
homologación referido? […]”

50.9. Consideró que no había lugar al reconocimiento de los intereses moratorios
si se tiene en cuenta que la Nación – Ministerio de Educación Nacional como el
Departamento de Caldas, efectuaron los pasos concernientes a ejecutar la
homologación y nivelación salarial, de modo que se constató que el procedimiento
requirió de ajustes; sin que hubieran incurrido en una dilación injustificada del pago
a través de maniobras dolosas o evasivas que buscaran enervar la obligación.

50.10. Asimismo, porque: i) la tardanza en el desarrollo de las etapas propias de
ese procedimiento interadministrativo, no implicaron necesariamente la
indemnización por mora, en el entendido de que existió una justificación razonable
para esa dilación, lo que implicó la necesidad de conjurar la pérdida del poder
adquisitivo de la moneda a manera de compensación a través de la indexación
como se hizo, y no por una sanción, habida cuenta de que tampoco se demostró
el actuar doloso de la administración para evitar cumplir con la obligación; ii) existía
una imposibilidad de reconocer intereses moratorios respecto de aquellas sumas
que fueron debidamente indexadas, como ocurrió en el caso del señor Pio
Preciado Gaitán; y iii) en el contexto normativo aplicable no hay una norma que
expresamente autorice el cobro de intereses moratorios en caso de dilación para
los casos de pago retroactivo por concepto de homologación y nivelación salarial.

50.11. Por último, indicó que el reconocimiento de la indexación por el periodo

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correspondiente del 1.° de enero de 2013 hasta el 14 de mayo de 2013, realizado
de oficio por el Tribunal, no era procedente, por cuanto, por un lado, no fue
pretendida ni objeto de discusión, y, por el otro, se probó que la Secretaría de
Educación del Departamento de Caldas efectuó la liquidación indexada de las
sumas adeudadas al demandante a la fecha en que se profirió el acto
administrativo de reconocimiento de la nivelación salarial; en ese sentido, señaló
que la aplicación de facultades extra petita, son excepcionales a la preponderancia
del principio de congruencia y debido proceso aplicable en la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.

51. Del anterior recuento, esta Sala prohíja los argumentos expuestos por esta
Corporación al resolver asuntos similares30 y, en esa medida considera que la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en su ejercicio
hermenéutico profirió la sentencia con la competencia propia que le otorgaba los
argumentos de la demanda, su contestación y los recursos de apelación,
realizando el análisis sobre las normas legales y criterios jurisprudenciales
pertinentes sobre: i) la procedencia o no del reconocimiento de los intereses
moratorios en el proceso de homologación y nivelación salarial del personal
administrativo de la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas; ii) el
reconocimiento de la indexación de las sumas de dinero, su periodo de causación,
lo cual incluyó el estudio de la procedencia o no del reconocimiento de
pretensiones que no formuladas en el procedimiento administrativo ni en el
proceso judicial; y iii) su incompatibilidad con el reconocimiento de los intereses
moratorios.

52. Estas consideraciones se enmarcaron dentro de las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y se fundamentaron en el
acervo probatorio debatido en el mismo, sin que se observe pronunciamiento
alguno que no guardara relación con los reparos concretos formulados por el
apelante o con el objeto del litigio, quedando desvirtuada la vulneración al principio
de congruencia.

30Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Sexta Especial de Decisión,
sentencia de 3 de mayo de 2022, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, número único de radicación 11001 03
15 000 2022 00850 00.

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53. Ahora, frente al argumento de la presunta incongruencia por el periodo de
causación de los intereses moratorios, esta Sala considera que el supuesto
defecto no corresponde a alguno de los presupuestos legales y jurisprudenciales
que podrían viciar de nulidad la sentencia recurrida, en la medida que los
argumentos del recurso se encaminan a convertir esta etapa procesal en una
tercera instancia, al pretender revivir el análisis normativo y los criterios
jurisprudenciales adoptados en la decisión recurrida sobre el proceso de
homologación y nivelación salarial del personal administrativo de la Secretaría de
Educación del Departamento de Caldas, reproches que no son propios de la
causal alegada y que escapan al objeto del recurso extraordinario de revisión. Al
respecto, esta Corporación ha reiterado31:

“[…] No resulta acertado plantear cuestionamientos a la sentencia, motivados en
que se realizó una apreciación errada de las pruebas, en que no se aplicó una
determinada regla de derecho, en que se aplicó en forma indebida o en que se
interpretó equivocadamente una norma jurídica, pues todas estas observaciones
escapan al ámbito de la aludida causal […]”.

54. Por lo anteriormente expuesto, se considera que no se configura la causal
de revisión alegada.

Condena en costas

55. Vistos los artículos: i) 25532 de la Ley 1437; ii) 361 de la Ley 1564 sobre la
composición de las costas; iii) 365 ibidem en especial, su numeral 8.º33, sobre
condena en costas; iv) 366 ibidem, sobre liquidación de costas y agencias en
derecho y v) el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, en especial, los artículos 2.°34

31 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. sentencia de 26 de mayo de 2010, C.P

Mauricio Fajardo Gómez, número único de radicación 2001 – 1504.
32 Modificado por el artículo 70 de la Ley 2080.
33 “[…] Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya

controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los
casos especiales previstos en este código.
[…] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación […]”.
34 “Artículo 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro

del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la
duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso
y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la
labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites.

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sobre criterios para la fijación de agencias en derecho y 5.°35 sobre las tarifas de
las agencias en derecho.

56. Atendiendo a que la condena en costas: i) están integradas por la totalidad
de expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias
en derecho; ii) para su imposición se deben tener en consideración las reglas
previstas en el artículo 365 de la Ley 1564; iii) solo habrá lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación 36;
y iv) en la determinación de las agencias en derecho se tendrán en cuenta los
criterios para su fijación y las tarifas indicadas por el Consejo Superior de la
Judicatura.

57. La Sala, en el caso sub examine, considera que no hay lugar a imponer una
condena en costas a la parte demandante, en la medida que, si bien se declarará
infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto, no se acreditó
probatoriamente su causación.

Conclusiones de la Sala

58. Así las cosas, se declarará infundado el recurso propuesto, en la medida que
no se advierte la configuración de la causal de revisión prevista en el numeral 5.º
del artículo 250 de la Ley 1437, toda vez que la sentencia recurrida fue proferida
de forma congruente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión
Núm. 15 de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,

IV. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Pio Preciado Gaitán contra la sentencia proferida el 1.º de

35 Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: “[…] 9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS.

[…] Entre 1 y 20 S.M.M.L.V. […]”.
36 Numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564.

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julio de 2021 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 17001 23 33 000 2018 00236 01, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente del recurso
extraordinario de revisión y DEVOLVER el cuaderno contentivo del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

STELLA JEANNETTE CARVAJAL FREDY IBARRA MARTÍNEZ
BASTO Consejero de Estado
Consejera de Estado

CARMELO PERDOMO CUÉTER PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Consejero de Estado Consejero de Estado
En comisión de servicios Con salvamento parcial de voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sala Quince
Especial de Decisión en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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