Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00850-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00850-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-00850-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
1 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA QUINCE ESPECIAL DE DECISIÓN
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., primero (1.°) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Número único de radicación: 11001 03 15 000 2022 00850 00
Demandante: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones -
FONCEP-1
Demandado: Camilo Antonio Beltrán Orozco2
Asunto: Resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la
sentencia de 2 de mayo de 2019 proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
La Sala Especial de Decisión número 15 de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado procede a resolver la demanda que contiene el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por el Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones -FONCEP-, contra la sentencia de 2 de mayo de 2019
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número
único de radicación 25000 23 42 000 2012 02011 01.
1 De conformidad con el artículo 2.° del Acuerdo 001 de 2018 el Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones es un establecimiento público del orden Distrital, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio público, adscrita a la Secretaría Distrital de Hacienda.
2 Mediante la Resolución SPE-GDP No 0001817 de 26 de noviembre de 2021, expedida por el Gerente
General del FONCEP, la pensión de jubilación reconocida a la señora Ninfa Benavides Beltrán fue sustituida
al señor Camilo Antonio Beltrán Orozco.
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La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
1. La señora Ninfa Benavides Beltrán presentó demanda3 contra el Fondo de
Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho4, para que se declarara la nulidad
del Oficio núm. 2012EE927901 de 5 de junio de 2012, expedido por el Gerente
General del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones -
FONCEP-, mediante el cual se le negó la reliquidación de la pensión de jubilación
con todos los valores devengados durante el último año de servicios.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la entidad
demandada: i) reliquidar la pensión de jubilación con el 75 % de todos los factores
salariales y prestacionales devengados en el último año de servicio; ii) actualizar
la primera mesada pensional; iii) realizar los ajustes pensionales decretados de
forma anual; ii) condenar a la entidad demandada a reconocer y pagar la diferencia
entre el valor recibido y el valor que resulte de la reliquidación pensional, sumas
debidamente actualizadas con base en el índice de precios al consumidor y iv)
reconocer y ordenar el pago de los intereses moratorios.
Presupuestos fácticos
3. La señora Ninfa Benavides Beltrán indicó, en síntesis, los siguientes hechos
para fundamentar sus pretensiones:
3.1. Señaló que para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 23 de
diciembre de 19935, había laborado más de 15 años al servicio del Estado y
3 La demanda se presentó por medio de apoderado.
4 Prevista en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de junio de 2011 “[…] Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”
5 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”
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contaba más de 35 años de edad, si se tiene en cuenta que nació el 10 de octubre
de 1946, razón por la cual se encontraba cobijada por el régimen de transición
pensional establecido en el artículo 36 ibidem. Asimismo, adujo que cumplió con
los requisitos de edad y tiempo de servicio previstos en el artículo 1.° de la Ley 33
de 29 de enero de 19856 para acceder a la pensión de jubilación, toda vez que
para el 10 de octubre de 1996 cumplió 50 años de edad y laboró más de 20 años
al servicio del Estado.
3.2. Sostuvo que trabajó como empleada pública en los siguientes periodos: i)
desde el 4 de julio de 1967 al 31 de enero de 1968 en la Secretaría de Educación
del Departamento del Meta; ii) desde el 8 de junio de 1970 al 21 de mayo de 1992
(menos nueve días de licencia) en el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU -, en el
cual devengó en el último año de servicios, además del sueldo o asignación
básica, horas extras dominicales y festivos, prima de navidad, prima semestral,
prima de servicios de junio, prima de servicios de diciembre, prima de vacaciones,
subsidio de transporte y subsidio de alimentación.
3.3. Indicó que el Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital – FAVIDI -, mediante
Resolución núm. 124 de 4 de febrero de 1999, le reconoció la pensión vitalicia de
jubilación, efectiva a partir del 10 de octubre de 1996, con: i) los requisitos de edad
de la Ley 6 de 1945, el tiempo de servicio y el monto de la Ley 33 de 1985 pero
con el ingreso base de liquidación de la Ley 100; es decir, con el 75% del promedio
de lo cotizado durante el tiempo que le hiciere falta para cumplir el estatus
pensional desde la entrada en vigencia el Sistema General de Pensiones, para el
caso concreto los 460 días; y ii) liquidada con los factores salariales de asignación
básica, horas extras, dominicales y festivos, establecidos en la Ley 62 de 16 de
septiembre de 19857.
3.4. Señaló que, el 10 de abril de 2012, solicitó al Fondo de Prestaciones
Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP - la reliquidación de la pensión
reconocida teniendo en cuenta todos los valores devengados durante el último año
de servicio de conformidad con las leyes 33 y 62 ambas de 1985, aplicando
6 “Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales
para el Sector Público.”
7 “Por la cual se modifica el artículo 3º de la Ley 33 del 29 de enero de 1985".
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íntegramente el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100,
la cual fue negada mediante el Oficio núm. 2012EE927901 de 5 de junio de 2012.
Normas violadas y concepto de violación
4. La señora Ninfa Benavides Beltrán invocó como normas violadas, las
siguientes:
● Constitución Política, Preámbulo y artículos 1, 2, 4, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58,
y 83.
● Acto Legislativo 01 de 22 de julio de 20058.
● Ley 6 de 19 de febrero de 19459.
● Ley 33 de 29 de enero de 198510, artículos 1 y 3.
● Ley 62 de 16 de septiembre de 198511, artículo 1.
● Ley 100 de 23 de diciembre de 199312, artículo 36.
5. La señora Ninfa Benavides Beltrán explicó el concepto de violación, en los
siguientes términos:
5.1. Sostuvo que por encontrarse amparada por el régimen de transición de la Ley
100, tenía derecho a que su pensión de jubilación se reconociera aplicando en su
integridad la Ley 33 de 1985, esto es, liquidada con el 75% de la totalidad de los
factores salariales devengados en el último año de servicios en los términos
señalados por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 4 de agosto
de 201013 y no como lo realizó la entidad demandada con el ingreso base de
liquidación del artículo 36 de la Ley 100 y los factores salariales establecidos de
forma taxativa en la Ley 62 de 1985.
8 Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política.
9 Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales,
conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo.”
10 “Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones
sociales para el Sector Público.”
11 “Por la cual se modifica el artículo 3º de la Ley 33 del 29 de enero de 1985".
12 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección segunda, sentencia del 4 de agosto
de 2010, C.P Víctor Hernando Alvarado Ardila, número único de radicación 25000-23-25-000-2006-07509-
01.
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5.2. Manifestó que, una vez determinada la cuantía de la pensión, le asistía el
derecho a la actualización de la primera mesada pensional y a la indexación de
las sumas que había dejado de recibir con ocasión de la reliquidación junto con
los intereses moratorios.
5.3. Por último, refirió que, al no haberse liquidado y pagado correctamente la
pensión de jubilación, la entidad demandada vulneró los artículos 53 y 58 de la
Constitución Política, que garantizan el derecho al pago oportuno, al reajuste
periódico de las pensiones legales y los derechos adquiridos con arreglo a las
leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos por leyes posteriores.
Contestación de la demanda
6. El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones contestó a la
demanda14 y se opuso a las pretensiones formuladas, así:
6.1. Sostuvo que a la señora Ninfa Benavides Beltrán se le otorgó la pensión en
debida forma, toda vez que, para su reconocimiento al ser beneficiaria del régimen
de transición de la Ley 33 de 1985 y del artículo 36 de la Ley 100, solo se podían
tener en cuenta los requisitos de edad de la Ley 6 de 1945, el tiempo de servicio
y tasa de reemplazo establecidos en la Ley 33 de 1985.
6.2. Por ello, indicó que la base de liquidación de la prestación se definió con
fundamento en los artículos 21 o 36 (inciso 3º) de la Ley 100 y los factores
salariales se determinaron con base en los debidamente devengados, sobre los
cuales realizó los respectivos aportes; es decir, de asignación básica, horas
extras, dominicales y festivos.
6.3. Por último, propuso las excepciones de “[…] improcedencia de la acción por
no estar dirigida a solicitar la nulidad del ato administrativo principal, donde se
derivan los derechos impetrados en la demanda, inexistencia de la obligación y
cobro de lo no debido, prescripción de las mesadas pensionales, conocimiento de
los jueces labores del circuito de las pretensiones de seguridad social, pago y
14 Mediante apoderado
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compensación, descuentos de los aportes como factores salariales y excepción
genérica […]”.
Sentencia de 26 de septiembre de 2013, proferida por la Subsección C de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 25000 23 42 000 2012 02011 01
7. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en la parte resolutiva de la sentencia proferida en el trámite de la
audiencia inicial, resolvió:
“[…] DECLÁRESE la nulidad del Oficio 2012EE927901 del 05 de junio de 2012
proferido por el gerente de Pensiones del Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones FONCEP […]
CONDÉNASE al Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
FONCEP a reliquidar y pagar a la señora NINFA BENAVIDES BELTRÁN […] su
pensión mensual vitalicia de jubilación en cuantía equivalente al 75% del promedio
mensual de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios,
esto es, del 21 de mayo de 1991 al 21 de mayo de 1992, incluyendo: asignación
básica, la prima de navidad, prima semestral, prima de servicios de junio y
diciembre, prima de vacaciones, subsidios de transporte y alimentación, horas
extras, dominicales y festivos, conforme a los certificados visibles a folios 21 y 160
del expediente, desde el 10 de octubre de 1996, pero con efectividad fiscal a partir
del 10 de abril de 2009, por prescripción, conforme lo establecido en la parte motiva.
CONDÉNASE al Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
FONCEP a indexar la primera mesada pensional a la señora Ninfa Benavides
Beltrán en el periodo comprendido entre el 21 de mayo de 1992 y el 10 de octubre
de 1996, de acuerdo con el índice de precios al consumidor certificado para cada
anualidad por el DANE.
CONDÉNASE al Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
FONCEP a pagar a la accionante las diferencias que resulten de lo dispuesto en el
numeral anterior […]”
Consideraciones del Tribunal
8. Para fundamentar su decisión, consideró que a la señora Ninfa Benavides
Beltrán le fue reconocida su pensión de jubilación de acuerdo con el régimen de
transición previsto en el parágrafo 2.° del artículo 1.° de la Ley 33 de 1985 en la
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medida que, a su entrada en vigencia, contaba con más de 15 años de servicio
(16 años, 4 meses y 29 días); sin embargo, los factores salariales con los cuales
le fue liquidada su pensión de jubilación fueron los establecidos en la Ley 100;
toda vez que no fue regulado por la transición establecida en la Ley 33 de 1985.
9. En esa medida, consideró que, de conformidad con los principios de
inescindibilidad de la ley y favorabilidad, para el reconocimiento y liquidación
pensional, le era aplicable, en su integridad el régimen anterior, establecido en la
Ley 6 de 1945 y el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, que establecía una
cuantía equivalente al promedio mensual de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio.
10. Además, aplicó el criterio jurisprudencial establecido en la sentencia de
unificación de 4 de agosto de 201015 que definía que “[…] las leyes 33 y 62 de
1985 no precisan que solo los emolumentos salariales que allí se contemplan,
deben conformar la base de liquidación pensional, y que por tal razón, deben
tomarse como factores salariales todos los emolumentos que el empleado haya
devengado en su último año de servicio y que perciba de manera habitual y
periódica como contraprestación por la labor desempeñada, salvo los factores
prohibidos por la ley […]”.
11. Por lo expuesto anteriormente, consideró que la señora Ninfa Benavides
Beltrán tenía derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación con una
cuantía equivalente al 75% del promedio mensual de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio (asignación básica, la prima de navidad,
prima semestral, prima de servicios de junio y diciembre, prima de vacaciones,
subsidios de transporte y alimentación, horas extras, dominicales y festivos), a
partir del 10 de abril de 2009, por prescripción de las mesadas pensionales,
descontando los aportes correspondientes de los factores incluidos y ordenados
sobre los cuales no se hubieran efectuado los descuentos correspondientes.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección segunda, sentencia del 4 de agosto
de 2010, C.P Víctor Hernando Alvarado Ardila, número único de radicación 25000-23-25-000-2006-07509-
01.
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Recurso de apelación
12. El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones- FONCEP-,
dentro del término legal, interpuso recurso de apelación contra la sentencia
proferida, en primera instancia, y lo sustentó con fundamento en los siguientes
argumentos:
12.1. Indicó que la señora Ninfa Benavides Beltrán, por ser beneficiaria del
régimen de transición de la Ley 33 de 1985 y del artículo 36 de la Ley 100, solo se
le podían tener en cuenta los requisitos de edad de la Ley 6 de 1945, tiempo de
servicio y tasa de reemplazo establecidos en la norma anterior, para el caso
específico la Ley 33 de 1985.
12.2. Sostuvo que el ingreso base de liquidación de la prestación se debía definir
con fundamento en los artículos 21 o 36 (inciso 3.º) de la Ley 100 y los factores
salariales que únicamente se puede tener como factor salarial de la liquidación de
pensión aquellos ingresos que hayan sido recibidos por el beneficiario, que tengan
carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieren realizado
cotizaciones.
12.3. Por lo expuesto anteriormente, consideró que de acuerdo con los factores
salariales señalados en la Ley 62 de 1985, no existe asidero fáctico y jurídico que
permita reconocer la “prima de técnica”, el subsidio de transporte, prima de
vacaciones, prima semestral, prima de navidad, quinquenio, vacaciones y prima
quinquenal.
La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
13. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la
sentencia proferida el 2 de mayo de 2019, en segunda instancia, resolvió:
“[…] CONFÍRMASE la sentencia del (26) veintiséis de septiembre de dos mil trece
(2013) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, que accedió a las súplicas de la demanda instaurada por Ninfa
Benavides Beltrán en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la actuación administrativa a través de la cual el Fondo de
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Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones (FONCEP), le reconoció la
pensión de jubilación y le negó la reliquidación de la misma, de conformidad con las
razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia […]”
Consideraciones de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado
14. Para fundamentar su decisión indicó que, de conformidad con el régimen de
transición establecido por el inciso 1.° del parágrafo 2.° del artículo 1.° de la Ley
33 de 1985, si para el 13 de febrero de 1985, cuando entró a regir la precitada ley,
un empleado oficial reunía los 15 años de servicios continuos o discontinuos, era
destinatario de la pensión de jubilación de acuerdo con el literal b) del artículo 17
de la Ley 6 de 1945; es decir, con el cumplimiento de 50 años de edad y 20 años
de servicio continuos o discontinuos, en cuantía equivalente al 75 % del promedio
de los salarios devengados en el último año de servicio, y con los factores
salariales contenidos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
15. Explicó que, de lo probado en el proceso se tiene que la señora Ninfa
Benavides Beltrán: i) laboró al servicio del Estado por 21 años, 11 meses, 13 días;
y ii) al 13 de febrero de 1985 reunía los 15 años de servicios, encontrándose en
los presupuestos fácticos de que trata el inciso 1.° del parágrafo 2.° del artículo 1.°
de la Ley 33 de 1985 y por ende, beneficiaria del régimen de transición de que
trata esta ley, la cual remite a la aplicación de la Ley 6 de 1945, siendo entonces
también destinataria de los factores de salario previstos en el artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978, sin que fuera beneficiaria del régimen de transición previsto
por el artículo 36 de la Ley 100.
II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
La demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión
16. El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP -,
presentó la demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión16 contra la
sentencia de 2 de mayo de 2019 proferida por la Subsección A de la Sección
16 El recurso se presentó por medio de apoderado.
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Segunda del Consejo de Estado e invocó las causales previstas en los literales a)
y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 29 de enero de 2003 17, que establecen que
procede la revisión de pensiones cuando: i) el reconocimiento se haya obtenido
con violación al debido proceso; y ii) la cuantía del derecho reconocido excediere
lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables.
17. El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones -FONCEP-
presentó las siguientes pretensiones:
“[…] PRETENSIÓN PRIMERA: REVOCAR las sentencias proferidas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda Subsección “C” en sentencia de
fecha 26 de septiembre de 2013 confirmada por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A” en sentencia de
fecha 02 de mayo de 2019, dentro del proceso (nulidad y restablecimiento del
derecho) instaurado por NINFA BENAVIDES BELTRÁN contra FONCEP, en el
proceso radicado con el No. 25000234200020120201101, pensión sustituida al
señor CAMILO ANTONIO BELTRÁN OROZCO mediante RESOLUCIÓN SPE -
GDP N° 0001817 del 26 de noviembre de 2021.
PRETENSIÓN SEGUNDA: Declarar que NINFA BENAVIDES BELTRÁN, en cuanto
a la liquidación de su mesada pensional, no es acreedor(a) de un DERECHO
ADQUIRIDO amparable por la Legislación Colombiana, y en su lugar, ORDENAR
LA RELIQUIDACIÓN Y PAGO de su mesada pensional conforme a las reglas
previstas en las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-
230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de
2017, SU- 631 de 2017, T-039 de 2018 proferidas por la Sala Plena de la Corte
Constitucional, esto es, adoptando como INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN las
directrices fijadas en el inciso 3º del artículo 36 o las consignadas en el artículo 21
de la Ley 100 de 1993, según el caso, así como los FACTORES BASE DE
COTIZACIÓN TAXATIVAMENTE determinados en el Decreto 1158 de 1994 y
demás disposiciones que EXPRESAMENTE consagren esa condición de
FACTORES SALARIALES con incidencia pensional, y fijando como MONTO
PENSIONAL o TASA DE REEMPLAZO el 75%; por haber adquirido su status
pensional conforme a las condiciones del RÉGIMEN DE TRANSICIÓN creado por
el Sistema General de Pensiones, y no antes.
PRETENSIÓN TERCERA: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a
FONCEP a RELIQUIDAR y PAGAR la mesada pensional de NINFA BENAVIDES
BELTRAN pensión sustituida al señor CAMILO ANTONIO BELTRAN OROZCO
mediante RESOLUCIÓN SPE - GDP N° 0001817 del 26 de noviembre de 2021,
conforme a las reglas previstas en las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013,
Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229
de 2017, SU-395 de 2017 y SU- 631 de 2017 proferidas por la Sala Plena de la
Corte Constitucional, esto es, adoptando como INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN
las directrices fijadas en el inciso 3º del artículo 36 o las consignadas en el artículo
21 de la Ley 100 de 1993, según el caso, así como los FACTORES BASE DE
17 “[…] Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100
de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales […]”.
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COTIZACIÓN TAXATIVAMENTE determinados en el Decreto 1158 de 1994 y
demás disposiciones que EXPRESAMENTE consagren esa condición de
FACTORES SALARIALES con incidencia pensional, y fijando como MONTO
PENSIONAL o TASA DE REEMPLAZO el 75%; por haber adquirido su status
pensional conforme a las condiciones del RÉGIMEN DE TRANSICIÓN creado por
el Sistema General de Pensiones, y no antes […]”
18. Para sustentar las causales de revisión expuso los siguientes argumentos:
18.1. Señaló que la decisión adoptada en la sentencia objeto de revisión es
contraria a los artículos 36 de la Ley 100 y 1.° del Decreto 1158 de 1994, en la
medida que el derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, al
haberse accedido a un reconocimiento y reliquidación pensional en contravía de
lo dispuesto en el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100.
18.2. En este sentido, indicó que la señora Ninfa Benavides Beltrán, por ser
beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100, al haber consolidado su
derecho en vigencia de esta normativa, tenía derecho a la reliquidación pensional
bajo las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto, previstas en la Ley 33
de 1985, pero con el ingreso base de liquidación establecido en el inciso 3.º del
artículo 36 de la Ley 100, el cual, en el caso concreto correspondía al 75% de lo
devengado en los últimos 10 años de servicios o el tiempo que le hiciere falta para
adquirir el derecho, incluyendo los factores anunciados taxativamente en el
Decreto 1158 de 1994, conforme lo ha considerado la Corte Constitucional, entre
otras, en las sentencias C- 168 de 20 de abril de 199518, la C-258 de 7 de mayo
de 201319 y la SU-230 de 29 de abril de 201520, en las que reiteró que las
pensiones sometidas al régimen de transición se liquidan conforme las reglas
previstas en los artículos 21 y 36 de la Ley 100, pero conservando los requisitos
de edad, tiempo de servicios y monto del régimen anterior.
18 Corte Constitucional, sentencia C- 168 de 20 de abril de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
19 Corte Constitucional, sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013, M.P. José Ignacio Pretelt Chaljub.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-230 de 29 de abril de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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Contestación al recurso extraordinario de revisión
19. La parte demandada, notificada en debida forma21, no contestó la demanda
que contiene el recurso extraordinario de revisión22.
Concepto del Ministerio Público
20. El señor Agente del Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad
procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
21. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en los siguientes términos:
i) la competencia de la Sala; ii) la procedencia y término para interponer el recurso
extraordinario de revisión con base en las causales del artículo 20 de la Ley 797;
iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo de la acción especial de revisión de
sentencias sobre pensiones establecida en el artículo 20 de la Ley 797; v) el marco
normativo de las causales de revisión señaladas en los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797; vi) el marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del régimen
de transición de la Ley 100; vii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial
sobre el régimen pensional aplicable a los beneficiarios del régimen de transición
de la Ley 33 de 1985; y viii) el análisis de las causales de revisión, los cuales se
desarrollarán a continuación:
Competencia de la Sala
22. Vistos: i) el artículo 248 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 23, sobre la
procedencia del recurso extraordinario de revisión; ii) el artículo 249 ibidem24,
sobre competencia para conocer los recursos extraordinarios de revisión; iii) el
artículo 111 ibidem, en especial, el numeral 2.°25 sobre las funciones de la Sala
21 Cfr. Índice 16 SAMAI. La notificación fue realizada mediante correo electrónico enviado el 31 de marzo de
2022.
22 Con posterioridad el señor Camilo Antonio Beltrán Orozco ha actuado a través de apoderado.
23 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
24 Adicionado por el artículo 68 de la Ley 2080.
25 Modificado por el artículo 18 de la Ley 2080.
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Plena de lo Contencioso Administrativo y iv) el artículo 29, en especial el numeral
1.° del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201926: esta Sala es competente para
resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia
proferida, en segunda instancia, por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado el 2 de mayo de 2019.
Procedencia y término para interponer el recurso extraordinario de revisión
con base en las causales del artículo 20 de la Ley 797
23. Vistos: i) el artículo 20 de la Ley 797, sobre la revisión de reconocimientos de
sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública y
ii) el artículo 251 de la Ley 1437, sobre el término para interponer el recurso
extraordinario de revisión, entre otros, con base en las causales del artículo 20 de
la Ley 797, que dispone:
“[…] Artículo 251. […] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria
de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo
término contado a partir del perfeccionamiento transaccional o conciliatorio […]”
24. La sentencia recurrida fue proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, el 2 de mayo de 2019. Asimismo, la sentencia
quedó ejecutoriada el 16 de agosto de 201927 y el recurso extraordinario de
revisión se interpuso el 2 de febrero de 202228; es decir dentro del término indicado
en el artículo 251 de la Ley 1437.
Problema jurídico
25. En el caso sub examine, el problema jurídico que la Sala debe resolver
consiste en determinar si se configuran o no las causales de revisión señaladas
en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797, comoquiera que, a su juicio, la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia
recurrida, ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación de la señora Ninfa
26 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
27 De conformidad con el Sistema de Información Judicial Colombiano.
28 Cfr. Índice 1 SAMAI.
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Benavides Beltrán, sustituida al señor Camilo Antonio Beltrán Orozco, sin tener en
cuenta el régimen de transición de la Ley 100 y, en consecuencia, determinar si
se declara o no fundado el recurso extraordinario de revisión.
Marco normativo de la acción especial de revisión de sentencias sobre
pensiones establecida en el artículo 20 de la Ley 797
26. Visto el artículo 20 de la Ley 797, sobre la revisión de las sumas periódicas a
cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, determinó:
“[…] Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo29 hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por
el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus
competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo30 por
las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
[…]” (Resalta la Sala).
27. Atendiendo a que la Sección Segunda del Consejo de Estado ha considerado31
que, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a
través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión 32, lo
cierto es, que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos
29 La expresión en negrilla fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-835 de 23 de
septiembre de 2003, como se explicará infra.
30 Ibidem.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de
16 de julio de 2020, C.P. William Hernández Gómez, número único de radicación 11001-03-25-000-2012-
00924-00.
32 Actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional,
entre los cuales se tienen los siguientes:
27.1. Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, aquellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso o
actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y
conciliación33.
27.2. Tienen legitimación en la causa por activa para su interposición el Gobierno
Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento
de pensiones.
27.3. Respecto a su alcance, se trata de revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar
el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección
de los recursos limitados del Tesoro Público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad
del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo
inspira. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el
debate sobre el derecho a una prestación.
27.4. Se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento
de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las
normas que rigen la materia.
Marco normativo de las causales de revisión señaladas en los literales a) y
b) del artículo 20 de la Ley 797
28. Visto el literal a) del artículo 20 de la Ley 797, sobre la revisión de
reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de Fondos de
33 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
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Naturaleza Pública; en especial cuando “[…] el reconocimiento se haya obtenido
con violación al debido proceso […]”.
29. En relación con esta causal es importante anotar que en la exposición de
motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797, se observa que
ella obedeció a la necesidad de fijar “[…] la posibilidad de revisar las decisiones
judiciales que han reconocido pensiones irregularmente otorgadas. […]”. Así las
cosas, entre los principales propósitos de esta norma se encuentra el de
restablecer el orden social y jurídico producto de cualquier violación de las formas
propias del juicio.
30. Visto el literal b) del artículo 20 de la Ley 797, sobre la revisión de
reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de Fondos de
Naturaleza Pública; en especial cuando “[…] la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le
eran legalmente aplicables […]”.
31. En relación con esta causal es importante anotar que en la exposición de
motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797, se observa que
ella obedeció a la necesidad “[…] de construir esquemas sociales solidarios,
financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los
ciudadanos […]”. Así las cosas, entre los principales propósitos de esta norma, y
en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el déficit fiscal y hacer del
pensional un sistema factible en términos económicos permitiendo la revisión,
entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de
acuerdo con las normas vigentes.
32. Bajo ese entendido, esta Corporación34 ha determinado que esos requisitos
sustanciales o estructurales son los siguientes: i) que se trate de un derecho
debido de acuerdo con la ley; ii) que se trate de un derecho reconocido; y iii) que
exista un exceso en la cuantía reconocida frente a ese derecho.
34 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintitrés Especial de
Decisión, providencia de 6 de agosto de 2019, C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera; número único de
radicación: 11001-03-15-000-2016-01280-00.
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Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del régimen de transición
de la Ley 100
33. Vista la Ley 100 que organizó el Sistema de Seguridad Social Integral como
un conjunto de obligaciones del Estado y la sociedad, instituciones y recursos
destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico,
de salud y servicios complementarios, y las demás que se incorporen
normativamente en el futuro, con el objeto de garantizar esos derechos
irrenunciables de las personas, en condiciones que les permitan tener una calidad
de vida acorde con la dignidad humana, a través de la protección de las
contingencias que las puedan afectar.
34. Visto el artículo 36 ibidem, se considera que desarrolló un régimen de
transición que ha sido entendido como un beneficio en favor de las personas que
cumplan con unos requisitos para la entrada en vigor de aquella, lo cual les
permitiría regirse por las normas aplicables en el régimen anterior. Así lo señaló:
“[…] ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la
pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y
sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se
incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los
hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años
de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o
quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen
anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las
disposiciones contenidas en la presente Ley […]”.
35. De la norma transcrita, se extrae que quienes se encuentren en los supuestos
de edad o tiempo de servicios allí previstos, tienen derecho a que se les apliquen
las normas anteriores que venían rigiendo su situación pensional, en cuanto a
edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto. Sin embargo, en relación
con este último aspecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo
de Estado no ha sido pacífica, pues se ha debatido si el ingreso base de liquidación
hace parte del régimen de transición o no, como pasa a exponerse:
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Corte Constitucional
36. En la sentencia C- 168 de 20 de abril de 199535, la Corte analizó la
constitucionalidad de los artículos 11 y 36 de la Ley 100, frente a la diferenciación
que hacía la norma original entre trabajadores del sector público y del sector
privado, sin fijar ninguna regla frente a la inclusión o no del ingreso base de
liquidación en dicho régimen de transición. Posteriormente, dicha Corporación, a
través de sus salas de revisión de tutelas, profirió sentencias, según las cuales, el
ingreso base de liquidación se encontraba inmerso dentro de la expresión monto,
por lo que debía entenderse que en este aspecto debían acatarse las
disposiciones anteriores a la Ley 100.
37. Este criterio jurisprudencial se sostuvo en las sentencias proferidas por la
Corte Constitucional, entre otras en: T-631 de 200236, T-1000 de 200237, T-169 de
200338, T-651 de 200439, T-386 de 200540, T-158 de 200641, T-711 de 200742, T-
180 de 200843 y T-610 de 200944, en las que reiteró el criterio citado supra.
38. En la sentencia C-258 de 7 de mayo de 201345 al referirse al régimen de
transición de los congresistas, fijó una regla según la cual el ingreso base de
liquidación no hacía parte de las normas de transición, así lo sostuvo:
“[…] En vista de que (i) no permitir la aplicación ultractiva de las reglas de IBL de
los regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el propósito original del
Legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100,
el Legislador buscó unificar las reglas de IBL en el régimen de prima media; (iii) ese
propósito de unificación coincide con los objetivos perseguidos por el Acto
Legislativo 01 de 2005, específicamente con los de crear reglas uniformes que
eliminen privilegios injustificados y permitan diseñar mecanismos que aseguren la
sostenibilidad del sistema -de ahí que la reforma mencione expresamente el artículo
36 de la Ley 100 - la Sala considera que en este caso el vacío que dejará la
declaración de inexequibilidad de la expresión “durante el último año” debe ser
llenado acudiendo a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la
Ley 100 referidas.
35 Corte Constitucional, sentencia C- 168 de 20 de abril de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
36 Corte Constitucional, sentencia T- 631 de 8 de agosto de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
37 Corte Constitucional, sentencia T- 10000 de 15 de noviembre de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
38 Corte Constitucional, sentencia T- 169 de 27 de febrero de 2003, M.P, Jaime Araújo Rentería.
39 Corte Constitucional, sentencia T- 651 de 8 de julio de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
40 Corte Constitucional, sentencia T- 386 de 12 de abril de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
41 Corte Constitucional, sentencia T- 158 de 2 de abril de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
42 Corte Constitucional, sentencia T- 711 de 7 de septiembre de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
43 Corte Constitucional, sentencia T- 180 de 22 de febrero de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
44 Corte Constitucional, sentencia T- 610 de 2 de septiembre de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
45 Corte Constitucional, sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013, M.P. José Ignacio Pretelt Chaljub.
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En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia, además de declarar
inexequible la expresión “durante el último año” contenida en el artículo 17 de la Ley
4 de 1992, la exequibilidad del resto del precepto será condicionada a que se
entienda que las reglas sobre IBL aplicables a todos los beneficiarios de ese
régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la
Ley 100 de 1993, según el caso […]”.
39. En la sentencia SU-230 de 29 de abril de 201546 definió claramente que la
anterior interpretación no era exclusiva del régimen especial allí analizado y
expuso:
“[…] Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-
258 de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el
artículo 17 de la Ley 4 de 1992, con fundamento (i) en que dicho régimen vulneraba
el derecho a la igualdad al conceder privilegios a una de las clases más favorecidas
de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial de congresistas y
magistrados contiene ventajas desproporcionadas frente a los demás regímenes
especiales, ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no
es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este
las que deben observarse para determinar el monto pensional con
independencia del régimen especial al que se pertenezca […]” (Negrilla por
fuera de texto).
40. A partir de dichas providencias, la Corte Constitucional ha proferido varias
sentencias de unificación en las cuales ha mantenido su criterio, entre ellas, las
sentencias SU 427 de 11 de agosto de 201647 y SU 395 de 22 de junio de 201748.
En esta última providencia49 la Corte Constitucional conoció de varias acciones de
tutela interpuestas contra sentencias que ordenaron la reliquidación de pensiones,
con fundamento en los regímenes especiales previstos por los Decretos 546 de
197150 y 929 de 197651, y consideró que la regla general de liquidación pensional,
en los términos de los artículos 21 o 36 de la Ley 100, según corresponda, también
cobijaba a quienes venían rigiéndose por normas especiales, según lo había
analizado la sentencia C-258 de 2013, que precisó que la transición consiste en la
aplicación ultra activa de los regímenes a los que se encontraba afiliado el
peticionario, pero solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de
46 Corte Constitucional, sentencia SU-230 de 29 de abril de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
47 Corte Constitucional, sentencia SU- 427 de 11 de agosto de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
48 Corte Constitucional, sentencia SU- 395 de 22 de junio de 2017, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
49 Reiterado en la sentencia SU-023 de 2018.
50 Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la
Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares.
51 Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la
Contraloría General de la República y sus familiares.
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servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, pero excluyendo el ingreso base de
liquidación.
Sección Segunda del Consejo de Estado
41. El Consejo de Estado, adoptó una tesis según la cual el ingreso base de
liquidación sí hacía parte del régimen de transición, en efecto, la sentencia de
unificación proferida el 4 de agosto de 201052, considerando que el ingreso base
de liquidación del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 era el previsto
en el régimen pensional anterior, ello en aplicación de los principios de
inescindibilidad de la ley laboral. Asimismo, señaló que, en aras de garantizar los
principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades,
progresividad y favorabilidad en materia laboral, debía incluirse en la base de
liquidación de la pensión, la totalidad de lo devengado por el empleado por
concepto de salario.
42. Lo anterior, en la medida que el artículo 3 de la Ley 33 de 1985, modificado
por la Ley 62 del mismo año, no aludió de manera taxativa, sino enunciativa, a los
factores salariales que se deben incluir en la liquidación de la pensión de
jubilación, y, por tanto, al momento de efectuar el reconocimiento pensional se
deben incluir además aquellos “que se cancelen de manera habitual como
retribución directa del servicio”.
43. En la sentencia de 25 de febrero de 2016 53 la Sección Segunda del Consejo
de Estado fijó los alcances de las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015,
por considerar que dicha sentencia avaló la interpretación que tiene la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia respecto a las competencias
que corresponden a la jurisdicción ordinaria para liquidar la pensión de jubilación
con el promedio de los últimos 10 años de servicios de conformidad con el inciso
3° del artículo 36 de la Ley 100.
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección segunda, sentencia del 4 de agosto
de 2010, C.P Víctor Hernando Alvarado Ardila, número único de radicación 25000-23-25-000-2006-07509-
01.
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de Unificación de
25 de febrero de 2016, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, número interno 4686-2013.
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Número único de radicación: 11001 03 15 000 2022 00850 00
44. Indicó que la Corte no se refirió a las competencias de la jurisdicción
contencioso administrativa, que conoce de los regímenes especiales del sector
público en materia pensional, “[…] de cuyos múltiples regímenes normativos
especiales de pensiones, en virtud del régimen de transición pensional, la Corte
Constitucional ha tenido oportunidad de referirse específicamente a las
interpretaciones acerca del monto de las pensiones de transición por parte de esta
jurisdicción y las ha considerado ajustadas a la Constitución y a la ley, con
excepción de las pensiones del régimen de Congresistas y asimilados al mismo,
precisamente en virtud de la sentencia C-258 de 2013[…]”.
45. Por lo cual, esta Corporación señaló en la referida sentencia, que la
providencia C-258 de 2013, no constituía precedente para extender la
interpretación que allí se dispuso a la generalidad de las pensiones del régimen
de transición, siendo que los argumentos de la sentencia de constitucionalidad se
limitaban a las normas de la Ley 4° de 18 de mayo de 1992 54 y no a la
interpretación de múltiples normas jurídicas en que se ha sustentado la liquidación
de las pensiones del régimen de transición de los regímenes especiales del sector
público.
46. Ahora bien, la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la sentencia
proferida el 15 de diciembre de 2016, dentro de la acción de tutela identificada con
el número único de radicación 11001 03 15 000 2016 01334 01 55, al estudiar el
ingreso base de liquidación de las pensiones de jubilación de las personas
cobijadas por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100, amparó el
derecho fundamental al debido proceso de la UGPP, por considerar que “[…] la
regla que fijó la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013 y que hizo
extensiva en la SU- 230 de 2015 al resto de los regímenes especiales de pensión,
que consiste en que el ingreso base de liquidación -IBL no era un aspecto sujeto
a transición y, por tanto, existe sujeción sobre esta materia a lo dispuesto en el
inciso tercero del artículo 36 de la ley 100 de 1993 […]”, indicando que, esta regla
54 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para
la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y
se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y
f) de la Constitución Política.
55 Consejera Ponente Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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jurisprudencial se hizo obligatoria para todas las autoridades judiciales y
administrativas a partir de la publicación de la sentencia SU 230 de 201556, por lo
cual, ordenó a la Sección Segunda proferir una sentencia de remplazo.
47. La Sección Segunda del Consejo de Estado, para dar cumplimiento a la orden
citada supra, profirió la sentencia de 9 de febrero de 201757, no obstante, en su
parte considerativa sostuvo que “[…] la Sala advierte que la sentencia en los
términos que aquí se adopta obedece, simple y llanamente, al cumplimiento del
fallo de tutela del 15 de diciembre de 2016, empero, no constituye una
modificación al criterio interpretativo que del régimen de transición consagrado en
la ley 100 de 1993, ha sostenido la Sección Segunda de esta Corporación […]”,
es decir, sostuvo el criterio jurisprudencial del ingreso base de liquidación
sostenido en las sentencias de unificación de 4 de agosto de 2010 58 y de 25 de
febrero de 201659.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
48. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia de unificación
de 28 de agosto de 201860, fijó criterios jurisprudenciales, providencia que
constituye un precedente vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica
y jurídicamente iguales, con efectos retrospectivos “[…] a todos los casos
pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de
acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que,
en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables […]”.
49. El criterio jurisprudencial sobre el ingreso base de liquidación en el régimen de
transición fijado en la referida sentencia de unificación fue el siguiente:
56 Publicada en el sistema web de la Corte Constitucional el 6 de julio de 2015, como se constató en los
procesos de los cuales ahora se reitera su criterio.
57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de febrero de
2017, C.P. César Palomino Cortés, número único de radicación 25000 23 42 000 2013 01541 01.
58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección segunda, sentencia del 4 de agosto
de 2010, C.P Víctor Hernando Alvarado Ardila, número único de radicación 25000-23-25-000-2006-07509-
01.
59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de Unificación de
25 de febrero de 2016, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, número interno 4686-2013.
60 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018.
Consejero ponente: César Palomino Cortés. Expediente 2012-00143-01. Demandante: Gladis del Carmen
Guerrero de Montenegro.
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“[…] El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias
del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985 […]”.
50. En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las
pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en
los siguientes términos:
“[…] - Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10)
años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base
en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida
el DANE […]”.
51. La segunda, determina que los factores salariales que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación para la pensión de vejez de los servidores públicos
beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan
efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones. Con todo, la Sala
Plena también sostuvo:
“[…] No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de
transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo
de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se
llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que
haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que
defina la prosperidad o no de la causal invocada. Como uno de los efectos de esta
decisión comprende los procesos administrativos en curso, la Sala solicita de
manera imperiosa a las entidades administradoras de pensiones del Régimen de
Prima Media con Prestación Definida que, al momento de efectuar el
reconocimiento de la pensión, expliquen precisa, completa y detalladamente cada
uno de los factores y/o valores numéricos tenidos en cuenta en la liquidación, de
forma que sea comprensible al usuario y garantice un debido proceso administrativo
[…]”.
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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el régimen pensional
aplicable a los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985
52. Vista la Ley 33 de 1985; en especial el parágrafo 2.° del artículo 1.°, en el cual
se previó un régimen de transición para los empleados públicos en el parágrafo 2
del artículo 1° en los siguientes términos:
“[…] Artículo 1. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años
continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) tendrá
derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual
vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.
No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya
determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial
de pensiones.
En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial,
podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la
edad de sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca
el Gobierno.
[…]
Parágrafo 2. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan
cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán
aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad
a la presente ley […]”.
53. De lo anterior se colige que se advierten dos supuestos respecto de los
destinatarios del régimen de transición, así:
53.1. Quienes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 tuviesen 15
años de servicio al Estado tendrían derecho a la aplicación del requisito de edad
que regía en normas anteriores; y
53.2. Quienes tuviesen acreditados 20 años como empleados oficiales y se
encontrasen retirados del servicio en el momento en que entró a regir la citada ley
obtendrían la pensión de jubilación a los 50 años de edad en el caso de las mujeres
y 55 en el de los hombres, la cual se reconocería y pagaría de conformidad con
las normas vigentes a la fecha de retiro.
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54. En ese sentido, se tiene que la Ley 6 de 1945 en su artículo 17 dispuso una
pensión de jubilación para los empleados oficiales equivalente a las 2/3 partes del
promedio de los sueldos devengados en el último año de servicio para quienes
acreditaran 50 años de edad y 20 de servicio, continuos o discontinuos, la cual fue
modificada por el artículo 3 de la Ley 65 de 1946 y luego por el artículo 4 de la Ley
4ª de 1966, este último en el sentido que dicha prestación social sería equivalente
al 75% del promedio mensual percibido en el último año de servicios.
55. Por lo anteriormente expuesto, a partir de la Ley 4 de 1966, los empleados
oficiales que cumplieran 50 años de edad y 20 años de servicios al Estado,
tendrían derecho a una pensión de jubilación equivalente al 75% del promedio
mensual recibido en el último año.
56. Posteriormente, se expidió el Decreto 3135 de 1968 que integró la seguridad
social entre el sector público y privado y reglamentó el régimen prestacional de los
empleados públicos y trabajadores oficiales. En ese sentido, en su artículo 27
dispuso:
“[…] Pensión de jubilación o vejez. El empleado público o trabajador oficial que sirva
veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años si es varón,
o 50 si es mujer, tendrá derecho a que por la respectiva entidad de previsión se le
pague una pensión mensual mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del
promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio».
Es decir, este artículo solo cambió lo relacionado con el requisito de edad que pasó
de 50 años a 55 años para los hombres, mientras que para las mujeres se conservó
igual […]”.
57. Por último, la Sección Segunda del Consejo de Estado61 ha considerado que,
en los eventos, en que una persona sea beneficiaria del régimen de transición de
la Ley 33 de 1985, pero consolide su estatus pensional en vigencia de la Ley 100,
se hace beneficiaria del régimen de transición de esta última y el derecho se
reconoce con: i) la edad prevista en la norma anterior a la Ley 33 de 1985; ii) el
tiempo de servicio y la tasa de remplazo de la Ley 33 de 1985; iii) el ingreso base
61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de
24 de marzo de 2022, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, número único de radicación 11001-03-25-000-2019-
00699-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia de 30 de septiembre de 2021, C.P. César Palomino Cortés, número único de radicación 17001-23-
31-000-2012-00247-01.
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de liquidación de la Ley 100, en los términos de la sentencia de unificación de 28
de agosto de 2018 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado 62; y iv) con
los factores salariales taxativamente previstos en la ley y sobre los cuales hubiere
efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.
Análisis de las causales de revisión
58. La parte recurrente, en el recurso extraordinario de revisión de la referencia,
invoca las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797,
comoquiera que, a su juicio, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado en la sentencia recurrida, ordenó la reliquidación de la pensión de
jubilación de la señora Ninfa Benavides Beltrán, beneficiaria de los regímenes de
transición de las leyes 33 de 1985 y 100, con vulneración al debido proceso y con
una cuantía que excede lo debido al aplicar en su integridad la Ley 6 de 1945 y
los factores de salario previstos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, sin
tener en cuenta el ingreso base de liquidación establecida en los artículos 21 o 36
de la citada Ley 100.
59. En esa medida, la Sala procede a considerar si, en el presente caso, se
estructuran los presupuestos que la ley establece y que el Consejo de Estado ha
precisado, a través de los criterios jurisprudenciales citados supra, para la
configuración de las citadas causales, de la siguiente manera:
Respecto de la causal indicada en el numeral a) del artículo 20 de la Ley 797
60. Esta Corporación88 ha determinado que los requisitos sustanciales de esta
causal de desconocimiento del derecho al debido proceso, se estructura en
entendido que el origen de la prestación es falaz y la persona carecía de los
requisitos para predicarlo a su favor.
61. En las anteriores condiciones, en el caso sub examine, al no discutirse el
derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación de la señora Ninfa
62 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018.
Consejero ponente: César Palomino Cortés. Expediente 2012-00143-01. Demandante: Gladis del Carmen
Guerrero de Montenegro.
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Benavides Beltrán, sino su cuantía, para esta Sala los argumentos descritos en el
recurso extraordinario de revisión no guardan relación con la naturaleza del literal
a) del artículo 20 de la Ley 797 y, en esa medida, se declarará que no se configuró
la citada causal de revisión.
Respecto de la causal indicada en el numeral b) del artículo 20 de la Ley 797
62. En relación con la cuantía del derecho pensional, se observa que el Fondo de
Ahorro y Vivienda FAVIDI, mediante la Resolución 124 de 4 de febrero de 199963,
le reconoció la pensión de jubilación a la señora Ninfa Benavides Beltrán, a partir
de 10 de octubre de 1996, con: i) los requisitos de edad de la Ley 6 de 1945, el
tiempo de servicio y el monto de la Ley 33 de 1985 pero con el ingreso base de
liquidación de la Ley 100, para el caso específico del 22 de enero de 1991 a 21 de
mayo de 1992 y ii) los factores salariales sobre los cuales cotizó de los cuales la
entidad tuvo en cuenta: i) la asignación salarial; ii) las horas extras; iii) los
dominicales y festivos.
63. La señora Ninfa Benavides Beltrán solicitó la reliquidación de la pensión de
jubilación, con la aplicación integral de la Ley 33 de 1985; es decir, con el 75% de
todos los factores devengados en el último año de servicios, lo cual fue negado
por el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP-, a
través de la Oficio núm. 2012EEF927901 de 5 de junio de 201264.
64. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2013,
declaró la nulidad del Oficio 2012EE927901 de 5 de junio de 2012, por considerar
que, por ser beneficiaria del régimen de transición previsto en el parágrafo 2.° del
artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, le era aplicable en su integridad el régimen
anterior, establecido en el artículo 17 de la Ley 6 de 1945 y el artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978, que establecía una cuantía equivalente al promedio
mensual de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio,
ello en aplicación del criterio jurisprudencial establecido en la sentencia de
63 Cfr. Índice 10 SAMAI.
64 Cfr. Índice 10 SAMAI.
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unificación de 4 de agosto de 201065.
65. Por lo expuesto anteriormente, ordenó la reliquidación y pago de su pensión
en cuantía equivalente al 75% del promedio mensual de todos los factores
salariales devengados en el último año de servicio, es decir del 21 de mayo de
1991 al 21 de mayo de 1992, incluyendo como factores: i) la asignación básica; ii)
la prima de navidad; iii) las primas semestral, de servicios de junio, de servicios de
diciembre, y de vacaciones; iv) los subsidios de transporte y de alimentación; v)
las horas extras; vi) los dominicales y festivos, con efectos fiscales a partir del 10
de abril de 2009 por prescripción trienal.
66. El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones- FONCEP-, en
el recurso de apelación, indicó que: la señora Ninfa Benavides Beltrán, por ser
beneficiaria del régimen de transición de la Ley 33 de 1985 y del artículo 36 de la
Ley 100, solo se le podían tener en cuenta los requisitos de: i) edad de la Ley 6 de
1945; ii) el tiempo de servicio y la tasa de reemplazo establecidos en la norma
anterior, para el caso específico la Ley 33 de 1985; iii) el ingreso base de
liquidación de la prestación se debía definir con fundamento en los artículos 21 o
36 (inciso 3.º) de la Ley 100 y los factores salariales de la Ley 62 de 1985 sobre
los cuales hubiera realizado las cotizaciones.
67. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia
recurrida, confirmó la sentencia proferida, en primera instancia, por considerar que
se encontraba acreditado en el proceso que la señora Ninfa Benavides Beltrán
había reunido los 15 años de servicios continuos o discontinuos cuando cobró
vigencia la Ley 33 de 1985, encontrándose en el régimen de transición establecido
en el inciso 1.° del parágrafo 2.° del artículo 1.°, por lo que es destinataria de la
pensión de jubilación contenida en el literal b) del artículo 17 de la Ley 65 de 1945,
o sea al cumplimiento de 50 años de edad y 20 años de servicios continuos o
discontinuos, en una cuantía equivalente al 75% del promedio de los salarios
devengados durante el último año de servicio y con sujeción a los factores
65 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección segunda, sentencia del 4 de agosto
de 2010, C.P Víctor Hernando Alvarado Ardila, número único de radicación 25000-23-25-000-2006-07509-
01.
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salariales contenidos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, sin que fuera
aplicable el régimen de transición de la Ley 100.
68. Realizado el anterior recuento y de conformidad con lo establecido por la
Sección Segunda del Consejo de Estado66, al resolver asuntos similares, esta Sala
considera que para el reconocimiento y la reliquidación de la pensión de jubilación
de la señora Ninfa Benavides Beltrán, sustituida al señor Camilo Antonio Beltrán
Orozco, se debió aplicar el precedente jurisprudencial vigente y vinculante para el
momento en que la profirió la sentencia de segunda instancia; es decir 2 de mayo
de 2019, esto es, la sentencia de unificación de 28 de agosto de 201867.
69. En esa medida, conforme lo indicado supra, se tiene que la señora Ninfa
Benavides Beltrán, era beneficiaria del régimen de transición previsto en el
parágrafo 2.° de la Ley 33 de 1985, por cuanto para su entrada en vigencia, el 13
de febrero de 1985, contaba con más de 15 años de servicios al Estado, si se tiene
en cuenta que laboró como empleada pública en los siguientes periodos: i) desde
el 4 de julio de 1967 al 31 de enero de 1968 en la Secretaría de Educación del
Departamento del Meta (294 días); ii) desde el 8 de junio de 1970 al 21 de mayo
de 1992 (menos nueve días de licencia) en el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU-
(7895 días); y en tal sentido, le asistía el derecho a conservar las prerrogativas
pensionales sobre edad, establecidas en el régimen anterior, esto es, 50 años de
acuerdo con el artículo 17 de la Ley 6 de 1945.
70. También se encuentra probado que, para la fecha de entrada en vigencia del
Sistema General de Pensiones para los empleados del orden territorial, el 30 de
junio de 1995, le faltaban menos de 10 años para adquirir el estatus pensional, el
10 de octubre de 1996, cuando cumplió los 50 años de edad (460 días), pues los
20 años de servicios los cumplió mucho antes de esa fecha, el 21 de mayo de
1990. Por lo tanto, conforme lo señalado en acápites anteriores, la pensión de
66 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de
24 de marzo de 2022, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, número único de radicación 11001-03-25-000-2019-
00699-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia de 30 de septiembre de 2021, C.P. César Palomino Cortés, número único de radicación 17001-23-
31-000-2012-00247-01.
67 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018.
Consejero ponente: César Palomino Cortés. Expediente 2012-00143-01. Demandante: Gladis del Carmen
Guerrero de Montenegro.
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jubilación debía liquidarse de la siguiente manera:
70.1. Por estar amparada por la transición de la Ley 33 de 1985 conservó el
requisito de edad de 50 años previsto en la Ley 6 de 1945.
70.2. En cuanto a los requisitos de tiempo y monto, por estar en transición, le son
aplicables los previstos en la Ley 33 de 1985, esto es, 20 años de servicios al
Estado y la tasa de remplazo del 75%.
70.3. El ingreso base de liquidación, debió liquidarse en los términos del inciso
tercero del artículo 36 o del artículo 21 de la Ley 100 de 1993; es decir, con el
promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para adquirir el estatus
pensional o el cotizado durante todo el tiempo.
70.4. Para el caso concreto, se reitera, que corresponde a los últimos 460 días de
cotización (del 22-01-91 al 21-05-92), periodo que resulta de contabilizar desde el
30 de junio de 1995, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 para los
empleados del orden territorial hasta el 10 de octubre de 1996, fecha en que
cumplió los 50 años de edad y, no el último año de servicios.
70.5. Para determinar los factores salariales aplicables al caso concreto, es
preciso indicar que de conformidad con el certificado expedido por la Directora de
la Unidad de Recursos Humanos del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-68, la
señora Ninfa Benavides Beltrán prestó sus servicios desde el 8 de junio de 1970
y fue retirada del servicio el 21 de mayo de 1992.
70.6. En esa medida, los factores salariales a tener en cuenta son los previstos en
el artículo 3.° de la Ley 62 de 1985, toda vez que los establecidos en el Decreto
1158 de 1994, no son aplicables, comoquiera que el citado decreto fue expedido
con posterioridad a su retiro del servicio.
68 Cfr. Índice 10 SAMAI.
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70.7. Por tanto, se debe analizar si dentro de los factores salariales reconocidos
en la sentencia objeto de revisión se encuentra alguno que deba ser excluido por
no encontrarse enlistado en el artículo 3.° de la Ley 62 de 1985, así:
Factores salariales Factores salariales Factores salariales Factores salariales
previstos en la Ley 62 devengados por la reconocidos en la reconocidos en la
de 1985 señora Ninfa Resolución núm. 124 sentencia recurrida
Benavides Beltrán en de 4 de febrero de 1999
el IBL de la Ley 100
a). Asignación básica. a). Sueldo. a). Asignación básica. a). Asignación básica.
b). Gastos de b). Subsidio de b). Horas extras. b). Prima de navidad.
representación. alimentación.
c). Dominicales y c). Prima semestral.
c). Primas de c). Subsidio de festivos.
antigüedad, técnica, transporte. d). Primas de servicios
ascensional y de de junio y diciembre.
capacitación. d). Prima de navidad.
e). Prima de vacaciones.
d) Dominicales y e). Prima semestral.
feriados. f). Subsidios de
f). Prima servicios junio. transporte y
e). Horas extras. alimentación.
g). Prima de servicios
f). Bonificación por diciembre. g). Horas extras.
servicios prestados.
h). Prima de vacaciones; h). Dominicales y
g). Trabajo festivos
suplementario o i). Horas extras;
realizado en jornada
nocturna o en día de j). Dominicales y festivos
descanso obligatorio.
71. De acuerdo con lo anterior, la Sala considera que la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia recurrida, incluyó en la
liquidación del Ingreso Base de liquidación los siguientes factores salariales: i) la
prima de navidad; ii) la prima semestral; iii) las primas de servicios de junio y
diciembre; iv) la prima de vacaciones; v) los subsidios de transporte y
alimentación, los cuales si bien fueron devengados por la señora Ninfa Benavides
Beltrán no se encuentran debidamente enlistados en la Ley 62 de 1985; y, por
tanto no son objeto de reconocimiento pensional.
72. Por lo expuesto anteriormente, se infirmará la sentencia proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 2 de mayo de
2019, toda vez que a la señora Ninfa Benavides Beltrán no le asistía el derecho a
la reliquidación de su pensión sobre el 75% de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio conforme con lo dispuesto en la sentencia
de unificación de esta Corporación expedida el 28 de agosto de 2018, la cual se
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encontraba vigente para el momento en que se profirió la decisión cuestionada y
era precedente judicial obligatorio para definir el caso, por consiguiente, se
configura la causal establecida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797.
SENTENCIA DE REEMPLAZO
73. Esta Sala indicará que los antecedentes del presente asunto fueron
expresamente indicados en los numerales 1 a 12.3. de la presente providencia y
que incluyeron: las pretensiones, los hechos relevantes, normas violadas y
concepto de violación, la sentencia proferida por la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y el recurso de apelación.
74. Asimismo, de conformidad con los marcos normativos y los desarrollos
jurisprudenciales establecidos en los numerales 33 a 58 de esta providencia y las
pruebas indicadas supra, esta Sala considera que a la señora Ninfa Benavides
Beltrán se le debía liquidar la pensión de jubilación de la siguiente manera:
74.1. Por estar amparada por la transición de la Ley 33 de 1985 conservó el
requisito de edad de 50 años previsto en la Ley 6 de 1945.
74.2. En cuanto a los requisitos de tiempo y monto, por estar en transición, le son
aplicables los previstos en la Ley 33 de 1985, esto es, 20 años de servicios al
Estado y la tasa de remplazo del 75%.
74.3. El ingreso base de liquidación, debió liquidarse en los términos del inciso
tercero del artículo 36 o del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, es decir, con el
promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para adquirir el estatus
pensional o el cotizado durante todo el tiempo con la inclusión de los factores sobre
los cuales se hayan efectuado lo correspondientes aportes sobre los que cotizó y
que se encuentren en la norma.
74.4 Para el caso concreto, se reitera correspondiente a los últimos 460 días de
cotización (del 22-01-91 al 21-05-92), periodo que resulta de contabilizar desde el
30 de junio de 1995, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 para los
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empleados del orden territorial hasta el 10 de octubre de 1996, fecha en que
cumplió los 50 años de edad.
74.5. Los factores salariales a tener en cuenta son los previstos en el artículo 3.°
de la Ley 62 de 1985, toda vez que los establecidos en el Decreto 1158 de 1994,
no son aplicables, comoquiera que el citado decreto fue expedido con
posterioridad a su retiro del servicio; y en esa medida corresponden a asignación
básica, horas extras y dominicales y festivos, conforme se estableció en la
Resolución núm. 124 de 4 de febrero de 1999.
75. En suma, se revocará la sentencia de 26 de septiembre de 2013, proferida por
la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que declaró la nulidad del Oficio núm. 2012EE927901 de 5 de junio
de 2012, expedido por el Gerente General del Fondo de Prestaciones
Económicas, Cesantías y Pensiones -FONCEP-, mediante el cual se le negó a la
señora Ninfa Benavides Beltrán la reliquidación de la pensión de jubilación con
todos los valores devengados durante el último año de servicios; y, en su lugar se
negarán las pretensiones de la demanda.
Condena en costas
76. Vistos los artículos 188 de la Ley 143769 y 365 de la Ley 1564 en especial, su
numeral 8.º70, sobre condena en costas.
77. Atendiendo a que esta Corporación71 ha señalado el criterio objetivo-valorativo
de la condena en costas que implica: i) objetivo porque no resulta de un obrar
69 Adicionado por el artículo 47 de la Ley 2028 de 25 de enero de 2021, en los siguientes términos Artículo
47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, ia sentencia dispondrá
sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal.
70 “[…] Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los
casos especiales previstos en este código.
[…]
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación […]”.
71 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia
de 13 de diciembre de 2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-24-000-
2016-00162-01; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
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temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es
resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto72 y ii)
valorativo porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se
causaron y en la medida de su comprobación, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso73.
78. En el caso sub examine, la Sala considera que no hay lugar a imponer una
condena en costas a la parte demandada, en la medida que, si bien se declarará
fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto, no se acreditó
probatoriamente su causación, es decir, no aparece prueba alguna que acredite
los gastos en que incurrió la parte demandante para promover el recurso
extraordinario de revisión.
Conclusiones de la Sala
79. Por las razones expuestas, esta Sala considera que, no se configura la causal
de revisión prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797, toda vez que al no
discutirse el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación de la señora
Ninfa Benavides Beltrán sino su cuantía, los argumentos descritos en el recurso
extraordinario de revisión no guardan relación con la citada causal.
80. Se configura la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 al ordenar reliquidar la pensión de jubilación de la señora Ninfa Benavides
Beltrán León, sustituida al señor Camilo Antonio Beltrán Orozco, sin tener en
cuenta el ingreso base de liquidación establecido en el artículo 36 de la Ley 100 y
con la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados en el último
año de servicios.
A, sentencia de 7 de abril de 2016, C.P. William Hernández Gómez, número único de radicación 15001-23-
33-000-2012-00509-00; iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,
sentencia de 12 de diciembre de 2018, C.P. Milton Chaves García, número único de radicación 25000 23 37
000 2014 01115 01.
72 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 21 de marzo de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo.
73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de
7 de abril de 2016, C.P. William Hernández Gómez, número único de radicación 15001-23-33-000-2012-
00162-01.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión
Núm. 15 de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones -
FONCEP-, contra la sentencia de 2 de mayo de 2019 proferida por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho identificada con el número único de radicación
25000 23 42 000 2012 02011 01, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: INFIRMAR la sentencia de 2 de mayo de 2019 proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número único de
radicación 25000 23 42 000 2012 02011 01, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia. La sentencia de remplazo quedará así:
“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia del (26) veintiséis de septiembre de dos
mil trece (2013) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, que accedió a las súplicas de la demanda instaurada por
Ninfa Benavides Beltrán en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la actuación administrativa a través de la cual
el Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones (FONCEP), le negó
la reliquidación de la pensión de jubilación, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar,
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia […]”
TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente del recurso
extraordinario de revisión y DEVOLVER el cuaderno contentivo de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho al Tribunal de origen.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
STELLA JEANNETTE CARVAJAL FREDY IBARRA MARTÍNEZ
BASTO Consejero de Estado
Consejera de Estado
CARMELO PERDOMO CUÉTER PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Consejero de Estado Consejero de Estado
Con aclaración de voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sala Quince
Especial de Decisión en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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