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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02420-00

Fecha
23 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
9 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02420-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Luz Eleny Vinasco Escobar contra la sentencia proferida el 15 de abril de 2021 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 17001 23 33 000 2016 00881 01, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 31 Número único de radicación: 11001 03 15 000 2022 02420 00 TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión y DEVOLVER el cuaderno contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-02420-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

23 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA QUINCE ESPECIAL DE DECISIÓN

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Número único de radicación: 11001 03 15 000 2022 02420 00
Demandante: Luz Eleny Vinasco Escobar
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y Municipio de
Manizales - Secretaría de Educación

Asunto: Resuelve sobre un recurso extraordinario de revisión

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala Especial de Decisión número 15 de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado procede a resolver la demanda que contiene el recurso
extraordinario de revisión interpuesta por la señora Luz Eleny Vinasco Escobar
contra la sentencia de 15 de abril de 2021 proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
17001 23 33 000 2016 00881 01.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.

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I. ANTECEDENTES

La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

1. La señora Luz Eleny Vinasco Escobar, presentó demanda1 contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional y el Municipio de Manizales - Secretaría de
Educación, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho2, para que se declarara la nulidad del Oficio SEM-UAF-2063 de 18 de
julio de 2016, por medio de la cual se le negó el reconocimiento y pago de
intereses moratorios generados con ocasión del pago tardío del retroactivo de la
homologación y nivelación salarial.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara: i) reconocer
y pagar los intereses moratorios causados a partir del día siguiente a los treinta
días posteriores a su causación hasta el día en que se hizo efectivo el pago total
del retroactivo por homologación y nivelación salarial, es decir, desde el 1.° de
febrero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2011; ii) pagar los intereses
moratorios liquidados de acuerdo con el interés bancario corriente desde la fecha
de su causación hasta la fecha efectiva de pago; iii) liquidar y pagar los intereses
reclamados con base en el capital neto cancelado sin incluir el valor reconocido
por indexación salarial; iv) dar cumplimiento a la sentencia en los términos del
artículo 192 de la Ley 1437; y v) condenar en costas a la parte demandada.

3. Como pretensiones subsidiarias, solicitó declarar: i) configurado el silencio
administrativo negativo “[…] con ocasión de la falta de respuesta respecto de la
petición elevada el 24 de julio de 2015 […]”; y ii) la nulidad del acto ficto o presunto
derivado del silencio administrativo negativo, con el cual se negó el reconocimiento
y pago de intereses moratorios con ocasión del pago tardío del retroactivo de la
homologación y nivelación salarial.

1 La demanda se presentó por medio de apoderado.
2 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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Presupuestos fácticos

4. La señora Luz Eleny Vinasco Escobar indicó, en síntesis, los siguientes hechos
para fundamentar sus pretensiones:

4.1. Prestó sus servicios a la Secretaría de Educación del Municipio de Manizales
en calidad de personal administrativo.

4.2. La Nación - Ministerio de Educación Nacional, en cumplimiento de la Ley 715
de 21 de diciembre de 20013, expidió la Resolución 2451 de 29 de octubre de
2002, a través de la cual certificó al Municipio de Manizales para la administración
del servicio educativo.

4.3. El Municipio de Manizales, mediante el Decreto 083 de 11 de marzo de 2008,
transfirió al personal administrativo adscrito al servicio público del orden nacional
a las plantas de cargos y personal que laboraban en el municipio con los mismos
cargos, códigos y salarios de los que venían vinculados con la Nación, sin que
dicho personal fuera nivelado ni homologado salarialmente en los cargos venían
ocupando con la Nación a los símiles de la planta central del departamento de
Caldas.

4.4. La Secretaría de Educación del Municipio de Manizales, con fundamento en
la Directiva Ministerial núm. 10 de 2005 y en la Resolución 2171 de 17 de mayo
de 2006 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, elaboró y presentó ante
la cartera ministerial el estudio técnico para la homologación nacional, el cual fue
aprobado a través de comunicación suscrita el 21 de diciembre de 2007 por la
Nación - Ministerio de Educación Nacional.

4.5. La Secretaría de Educación del Municipio de Manizales solicitó al Ministerio
de Educación Nacional, la revisión y el ajuste del proceso de homologación y
nivelación salarial.

3 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los

artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.

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4.6. La Nación- Ministerio de Educación Nacional, mediante el Oficio
2012EE50479 de 28 de agosto de 2012, aprobó la modificación al estudio técnico
de homologación y nivelación salarial del Municipio de Manizales, y con base en
ello, la entidad territorial, a través del Decreto 0388 de 12 de octubre de 2012,
modificó el Decreto 083 de 11 de marzo de 2008, por el cual homologó y niveló
los cargos administrativos pertenecientes a la planta de personal del Municipio de
Manizales.

4.7. La Secretaría de Educación del Municipio de Manizales, expidió la Resolución
579 de11 de abril de 2014, mediante la cual reconoció y ordenó el pagó a su favor
el retroactivo por concepto de homologación y nivelación salarial, indicando de
forma expresa en su artículo primero la fecha de constitución de la obligación, esto
es, desde el 1.° de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2011, efectuando
su pago tardíamente.

4.8 Presentó solicitud ante la Secretaría de Educación del Municipio de Manizales,
en el que solicitó el reconocimiento y pago de los intereses moratorios por el pago
tardío del retroactivo por homologación y nivelación salarial, argumentando que
los intereses moratorios pretendidos se causaron a partir de su traslado como
empleada administrativa del nivel Nacional al territorial, pues desde ese momento
debió percibir el mayor valor correspondiente a los emolumentos propios de los
empleados territoriales, de ahí que, al no recibirlos, la administración local incurrió
en mora en el pago de esa parte del salario que debía homologar desde el
principio, lo cual fue negado, mediante el acto administrativo demandado.

Normas violadas y concepto de violación

5. La señora Luz Eleny Vinasco Escobar invocó como normas violadas, las
siguientes:

● Artículos 1, 2, 13, 25, 53, 58, 93, 123, 209 y 350 de la Constitución Política.
● Artículos 1608, 1617 y 1649 del Código Civil.
● Artículo 177 del Decreto 01 de 2 de enero de 19844.

4 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.”

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● Ley 60 de 12 de agosto de 19935.
● Sentencia C-367 de 16 de agosto de 19956.
● Ley 715 de 21 de diciembre de 20017.

6. La señora Luz Eleny Vinasco Escobar explicó el concepto de violación, en los
siguientes términos:

6.1. Sostuvo que el Municipio de Manizales al expedir el Oficio SEM-UAF-2063 de
18 de julio de 2016 vulneró la ley, toda vez que no incluyó dentro de los estudios
técnicos para la aprobación de la homologación y nivelación salarial el
reconocimiento de los intereses moratorios.

6.2. En efecto, adujo que era deber de la entidad territorial presentar dentro de las
liquidaciones el pago de todos aquellos conceptos derivados del salario y demás
prestaciones sociales, entre estos, las indexaciones e intereses moratorios
causados con ocasión del pago tardío, posterior y/o moroso de sus obligaciones,
concluyendo que era obligación de la Nación - Ministerio de Educación Nacional,
en concurso con la Secretaría de Educación Municipal, prever, calcular y ordenar
el pago de las indexaciones e intereses moratorios.

6.3. Indicó que, mediante la Resolución 579 de11 de abril de 2014, se reconoció
el retroactivo por concepto de la homologación salarial desde el momento en que
los servidores fueron vinculados a la planta de la entidad territorial; sin embargo,
dicha obligación fue cancelada tardíamente en el año 2014, situación que
demuestra la mora en que incurrieron las entidades demandadas.

6.4. Por último, aseguró que el reconocimiento de los intereses moratorios era
procedente a pesar de haberse indexado la suma, en la medida que no
configuraba un doble pago por la misma causa, toda vez que la indexación está
dirigida a actualizar una deuda con el Índice de Precios al Consumidor para

5 "Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los

artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones".
6 Corte Constitucional, sentencia C-367 de 16 de agosto de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
7 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los

artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.

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contrarrestar los efectos de la inflación económica por el trascurso del tiempo,
mientras que los intereses que causa la mora tiene carácter resarcitorio y
sancionatorio a quien retarda el pago de una obligación.

Contestación de la demanda

Nación - Ministerio de Educación Nacional

7. La Nación - Ministerio de Educación Nacional contestó a la demanda8 y se
opuso a las pretensiones formuladas, así:

7.1. Indicó que no era la entidad encargada de atender la petición de la señora
Luz Eleny Vinasco Escobar, debido a que: i) no participó en la expedición del acto
administrativo demandado; y ii) no es el titular de las obligaciones pretendidas a
través de la demanda, así como tampoco lo es de los trámites de reclamaciones,
los cuales, en virtud del proceso de descentralización de la educación realizado a
través de las leyes 60 y 715, se encontraban a cargo de la entidad territorial a la
cual se encuentra vinculada la señora Luz Eleny Vinasco Escobar.

7.2. Resaltó que el Ministerio era la entidad encargada de: i) ejercer una actividad
de acompañamiento a las entidades territoriales que realizaron el proceso de
certificación en educación; ii) establecer las directrices para llevar a cabo la
homologación de cargos y la nivelación salarial del personal administrativo; y iii)
dispuso los criterios y pasos a tener en cuenta en dicho proceso sin que tuviera
un poder dispositivo de los dineros provenientes del Sistema General de
Participaciones, los cuales fueron transferidos directamente a las entidades
territoriales que asumieron la responsabilidad de las obligaciones que de la
prestación del servicio educativo se derivaron.

7.3. Propuso como excepciones las denominadas: i) falta de legitimación en la
causa por pasiva; ii) prescripción; iii) inepta demanda; y iv) cualquier otra que
durante el transcurso del proceso se llegare a probar.

8 Mediante apoderado

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Municipio de Manizales

8. El Municipio de Manizales contestó a la demanda9 y se opuso a las pretensiones
formuladas, así:

8.1. Sostuvo que la Secretaría de Educación del Municipio de Manizales pagó a la
señora Luz Eleny Vinasco Escobar los dineros correspondientes al proceso de
homologación y nivelación salarial de manera indexada, por lo cual indicó que no
le asistía el derecho a reclamar ninguna sanción moratoria por intereses dado que
ello constituiría una doble sanción.

8.2. Asimismo, indicó que la señora Luz Eleny Vinasco Escobar no demostró la
existencia de un término legal para efectuar el reconocimiento y pago de la
homologación y nivelación salarial como fruto de la descentralización ordenada
por la Ley 715, así como el ajuste de aquella y, por tanto, de la respectiva mora,
aclarando que la acreencia reclamada es de tracto único y no sucesivo.

8.2. Propuso como excepciones las denominadas: i) falta de legitimación en la
causa por pasiva; ii) buena fe; iii) inexistencia de la obligación con fundamento en
la ley; iv) inaplicabilidad de los intereses moratorios; y v) prescripción.

Sentencia de 2 de agosto de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de
Caldas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 17001 23 33 000 2016 00881
01

9. El Tribunal Administrativo de Caldas en la parte resolutiva de la sentencia,
resolvió:

“[…] Primero. DECLÁRASE probado el medio exceptivo de “FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA”, propuesto por el Municipio de
Manizales, de conformidad con el razonamiento efectuado por la Sala de Decisión
en esta providencia.

9 Mediante apoderado.

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Segundo. DECLÁRASE no probada la excepción de “FALTA DE LEGITIMACIÓN
EN LA CAUSA POR PASIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL”,
formulada por la Nación – Ministerio de Educación Nacional.

Tercero. Por razones de equidad y justicia, ORDÉNASE a la Nación — Ministerio
de Educación Nacional reconocer y pagar a la señora Luz Eleny Vinasco Escobar,
indexación sobre el valor pagado a título de retroactivo por homologación y
nivelación salarial menos el valor correspondiente a la indexación ya reconocida,
esto es, sobre la base de $141'548.741, entre el 12 de enero de 2012 y el 30 de
abril de 2014, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Cuarto. NIÉGANSE las súplicas de la demanda

Quinto. ABSTIÉNESE de condenar en costas en esta instancia, por lo brevemente
expuesto.

Sexto. La Nación - Ministerio de Educación Nacional dará cumplimiento al presente
fallo en los términos previstos por el artículo 192 del CPACA, sin perjuicio de la
carga impuesta a la parte actora en el inciso segundo de la disposición mencionada.

Séptimo. NOTIFÍQUESE conforma lo dispone el artículo 203 del CPACA.

Octavo. Ejecutoriada esta providencia, LIQUÍDENSE los gastos del proceso,
DEVUÉLVANSE los remanentes si los hubiere y ARCHÍVENSE las diligencias,
previas las anotaciones pertinentes en el programa informático “Justicia Siglo XXI”.
[…]”.

Consideraciones del Tribunal

10. Para fundamentar su decisión, consideró que el proceso de homologación y
nivelación salarial adelantado en el Municipio de Manizales se realizó de manera
concertada entre la Nación y el Municipio de Manizales, por lo cual, indicó que
quien estaba llamado a responder sobre las pretensiones de la demanda era la
Nación- Ministerio de Educación Nacional, toda vez que se trataría del pago de un
mayor valor cancelado a título de reajuste o nivelación salarial.

11. Asimismo, indicó que no había lugar al reconocimiento y pago de los intereses
moratorios solicitados, en la medida que la Nación- Ministerio de Educación
Nacional no incurrió en una dilación injustificada en el reconocimiento y pago del
retroactivo como consecuencia de la homologación y nivelación salarial del
personal administrativo de la Secretaría de Educación de Manizales, toda vez que:

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11.1. Si bien el pago efectuado a la señora Luz Eleny Vinasco Escobar se realizó
con posterioridad al proceso de homologación y nivelación salarial, esta situación
fue producto de las actuaciones, procedimientos y etapas desarrolladas por la
Nación- Ministerio de Educación Nacional y del Municipio de Manizales que
resultaban necesarias para efectuar el pago adeudado.

11.2. Las sumas reconocidas a la señora Luz Eleny Vinasco Escobar por concepto
de retroactivo por la homologación y nivelación salarial del personal administrativo
fueron debidamente indexadas, lo que hacía inviable el reconocimiento de
intereses moratorios, dada la incompatibilidad que se causa con su concurrencia,
esto es, resarcir el retardo en el pago de una obligación cuya liquidación lleva
implícita la actualización de la condena.

11.3. No obstante lo anterior, indicó que a pesar de que serían denegadas las
pretensiones de la demanda, en cuanto al reconocimiento de intereses moratorios,
por razones de equidad y justicia, debía tenerse en cuenta que, en todo caso, si
resultaba procedente el pago de acreencias derivadas del proceso de nivelación
salarial que se efectuó en fecha posterior a su reconocimiento. En esa medida,
ordenó el reconocimiento de la indexación por el periodo correspondiente del 1.°
de enero de 2012 hasta el día anterior a la fecha efectiva de pago (30 de abril de
2014).

Recursos de apelación

Luz Eleny Vinasco Escobar

12. La señora Luz Eleny Vinasco Escobar interpuso recurso de apelación contra
la sentencia proferida, en primera instancia, y lo sustentó con fundamento en los
siguientes argumentos:

12.1. Manifestó que era innecesario la exigencia de una norma que regulara el
tema de la homologación para el reconocimiento de una responsabilidad del
Estado, dado que por analogía y equidad se puede satisfacer ese deber

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constitucional.

12.2. Sostuvo que la negativa por parte del Tribunal de reconocer intereses
moratorios sobre valores indexados en razón de una incompatibilidad y una
condena con doble pago es contradictoria con la definición que la sentencia
plasmó para cada concepto por lo que, en aplicación del principio de favorabilidad,
debió ordenar el pago con el respectivo descuento de la indexación efectuada, en
tanto, la pretensión preferente es la de reconocer y pagar intereses moratorios
liquidados con base en el interés bancario corriente, de conformidad con el artículo
1617 del Código Civil.

12.3 Expresó su inconformidad con el pago inoportuno que realizó la Nación-
Ministerio de Educación Nacional sobre las diferencias salariales debidamente
homologadas y niveladas, por ende, arguyó que en cabeza de la administración
reposaba exclusivamente esta obligación, no obstante, esta retuvo por varios años
la suma mencionada y finalmente, cuando reconoció la indexación y omitió el
componente sancionatorio, vulneró su derecho a la indemnización por cuanto no
se pudo beneficiar de las sumas de dinero adeudadas.

Nación- Ministerio de Educación Nacional

13. La Nación – Ministerio de Educación Nacional interpuso, dentro del término
legal, recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, y
lo sustentó con fundamento en los siguientes argumentos:

13.1 Sostuvo que el Tribunal Administrativo de Caldas desbordó el alcance del
concepto de mínimo vital y móvil, toda vez que de acuerdo con la jurisprudencia
de la Corte Constitucional10, el concepto reconocido por indexación no está
llamado a permear todo emolumento que perciba el trabajador, máxime cuando
dichos valores adicionales se dieron en el marco de un proceso de reorganización
administrativa, en el cual se indexó la suma en el instante que se generó el
derecho y a su vez la pagó en una fecha proporcionalmente cercana a su
reconocimiento.

10
Corte Constitucional, Sentencia SU-995 de 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz.

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13.2 Cuestionó la decisión del Tribunal Administrativo de Caldas que reconoció y
ordenó el pago por concepto de indexación sin que ello fuera invocado en sede
administrativa y pretendido en sede judicial, vulnerándose así el principio de
congruencia. Asimismo, refirió que dicho concepto no corresponde a un derecho
laboral y, sin embargo, el juez de primera instancia le atribuyó una connotación de
imprescriptible, omitiendo analizar entonces si la condena recaía sobre un derecho
laboral o administrativo.

13.3 Manifestó que la entidad que expidió el acto administrativo fue el ente
territorial, por lo que existe a su favor una falta de legitimidad material en la causa
por pasiva y, por consiguiente, una condena que recaiga sobre sí, implicaría una
sanción por decisiones que no fueron de su resorte, vulnerando el principio bajo
el cual todo daño o perjuicio que se impute de mala fe a otra persona debe ser
reparado, el cual no puede predicarse en el caso concreto dado que es una
persona jurídica diferente al Municipio de Manizales.

La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

14. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la
sentencia proferida el 15 de abril de 2021, en segunda instancia, resolvió:

“[…] Primero: Revocar los ordinales tercero y sexto de la sentencia proferida el 2 de
agosto de 2019 por el Tribunal Administrativo de Caldas, que ordenó a la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, reconocer y pagar la indexación a favor de la
demandante en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovió la señora Luz Eleny Vinasco Escobar contra
dicha entidad y el Municipio de Manizales.

Segundo: Confirmar en todo lo demás la sentencia impugnada […]”.

Consideraciones de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado

15. Para fundamentar su decisión, consideró que el proceso de homologación del
personal administrativo al servicio de los establecimientos educativos en el
Municipio de Manizales se sujetó al cumplimiento de requisitos legales para su
perfeccionamiento.

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16. En ese sentido, se refirió al concepto expedido por la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado11 y a la Directiva Ministerial 10 de 30 de junio
de 2005, donde la Nación - Ministerio de Educación Nacional puntualizó un
procedimiento y presentó criterios para llevar a cabo dicho proceso, entre estos,
la elaboración de un estudio técnico y la determinación de los efectos retroactivos
de la deuda.

17. Señaló que, la Nación – Ministerio de Educación Nacional como el Municipio
de Manizales, efectuaron los pasos concernientes a ejecutar la homologación y
nivelación salarial, de modo que se constató que el procedimiento requirió de
varios ajustes producto de las reclamaciones que presentaron los funcionarios
administrativos y sus apoderados.

18. Asimismo, consideró que el retroactivo reconocido y pagado a la señora Luz
Eleny Vinasco Escobar fue oportuno en virtud de que se acompasó con el
cumplimiento de los deberes de las entidades y mantuvo su valor o poder
adquisitivo toda vez que fue actualizado e indexado, de modo que se
salvaguardaron principios constitucionales como la equidad, la justicia y la
reparación plena.

19. Respecto de los intereses moratorios, consideró que no había lugar a su
reconocimiento, toda vez que:

19.1. Por su carácter sancionatorio, debían estar previstos en una norma que los
autorizara expresamente, es decir, que facultara el cobro de los mismos para los
casos de pagos retroactivos por homologación y nivelación, o estar claramente
incluidos en el documento que reconoció el derecho.

19.2. No se generó el pago de intereses moratorios, teniendo en cuenta la
naturaleza eminentemente sancionatoria de los mismos, en cuanto buscan
castigar al deudor incumplido. Bajo este entendido, indicó que, si no se dijo nada
al respecto en la resolución que reconoció el retroactivo, como tampoco hay norma

11 Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante concepto de fecha 9 de diciembre de

2004, Número 1607.

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que expresamente lo disponga, no podía en consecuencia, reconocerse los
intereses moratorios.

19.3. No podía concluirse que por el hecho de no haberse “[…] pactado […]” el
pago de un interés moratorio, debía acudirse en subsidio a la regla que trae el
artículo 1617 del Código Civil, en la medida que, en estricto, sentido no se estaba
discutiendo sobre un asunto negocial, en el cual las partes involucradas pudieran
pactar a su arbitrio cláusulas contractuales. Asimismo, porque el reconocimiento
de las sumas de dinero obedeció a la homologación y nivelación que debió
realizarse para que las plantas de personal administrativo, se ajustaran a la nueva
reglamentación en cuanto a clasificación, nomenclatura, funciones y requisitos de
los empleos del nivel territorial.

20. Por último, indicó que el reconocimiento de la indexación por el periodo
correspondiente del 1.° de enero de 2012 hasta el día anterior a la fecha efectiva
de pago (30 de abril de 2014), realizado de oficio por el Tribunal, vulneraba el
principio de congruencia, toda vez que no fue solicitado ni discutido en el
procedimiento administrativo ni en el proceso judicial y, en esa medida, indicó que
resultaba improcedente, comoquiera que: i) la indexación ordenada correspondió
a la generada desde la fecha en que se expidió el acto demandado hasta el
momento del pago, desbordando lo pretendido con la demanda en relación con el
periodo deprecado y con la solicitud de liquidar intereses moratorios sobre el
monto abonado; ii) la situación concreta no encajaba en alguno de los supuestos
excepcionales establecidos en la Ley y la jurisprudencia como objeto de
pronunciamiento extra petita; y iii) no avizoró una inminente violación de derechos
fundamentales.

II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión

21. La señora Luz Eleny Vinasco Escobar, presentó la demanda que contiene el
recurso extraordinario de revisión12 contra la sentencia proferida el 15 de abril de

12 El recurso se presentó por medio de apoderado.

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2021 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
segunda instancia, e invocó la causal prevista en el numeral 5.° del artículo 250
de la Ley 1437, según el cual, procede el recurso extraordinario de revisión cuando
existe una nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación.

Pretensiones del recurso extraordinario de revisión

22. La señora Luz Eleny Vinasco Escobar presentó las siguientes pretensiones:

“[…] Por configurarse la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del
C.P.A.C.A […] se persigue con el ejercicio del presente recurso de revisión que el
H. Consejo de Estado disponga:

PRIMERO. - Declarar infirmada la sentencia proferida por el Consejo de Estado-
Sección Segunda- Subsección A, del 15 de abril de 2021 […] que confirma la
decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Caldas.

SEGUNDO. - En consecuencia, como resultado de la declaratoria de la sentencia
viciada en nulidad, se reenvíe o remita el expediente al despacho de origen, es
decir, al Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A […] para que se
resuelva en debida forma, es decir, profiriendo un fallo favorable.

TERCERO. - Las demás que el H. Despacho considere necesarias.”

Las demás que el H. Despacho considere necesarias […]”

23. Para sustentar la demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión,
expuso los siguientes argumentos:

23.1. Estimó que la sentencia objeto de revisión es incongruente, en la medida
que tuvo un objeto distinto al pretendido en la demanda y una causa diferente a la
invocada, toda vez que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
se pretendió el reconocimiento y pago de los intereses moratorios causados por
la mora en el pago del retroactivo por homologación y nivelación salarial, y para
ello sostuvo que el periodo para liquidar los intereses correspondió al causado
entre el año 2003, cuando el personal administrativo del sector educación del nivel
nacional fue incorporado al nivel departamental y el año 2014, cuando se concretó
el pago del retroactivo; no obstante lo anterior, adujo que la autoridad judicial
entendió que la reclamación de los intereses correspondía al periodo causado

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desde el 11 de abril de 2014, cuando se reconoció y ordenó el pago del retroactivo,
hasta mayo de la misma anualidad, cuando se efectuó el pago correspondiente.

23.2. Asimismo, indicó que: i) en la sentencia recurrida no se indicaron las razones
de hecho y derecho por las cuales no había lugar al reconocimiento y pago de los
intereses de mora; ii) en el escrito de demanda fue claro al establecer que los
intereses de mora se liquidan sobre el capital neto sin incluir indexación y, por lo
tanto, resulta incongruente que en la sentencia recurrida no se reconozcan los
intereses de mora por la supuesta incompatibilidad que existe con la indexación,
factor al que nunca se refirió y que, sin embargo, fue objeto de un reconocimiento
de oficio, desconociendo que que la indexación y los intereses de mora son cargas
económicas que no tienen la misma finalidad, comoquiera que estos últimos
constituyen una sanción por no cancelar oportunamente una obligación, mientras
que la indexación se refiere a la actualización de la deuda a valores actuales para
contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo del dinero.

23.3. Explicó adicionalmente que las entidades demandadas nunca presentaron
excepciones sobre el periodo de la liquidación en controversia, pues su defensa
se orientó a establecer en cabeza de cuál de ellas recaía la obligación del pago y
que no existe algún elemento de convicción que permitiera concluir que con la
demanda se solicitó el pago de intereses moratorios por el periodo de un mes,
pues de ser ese el escenario de la reclamación no se hubiera iniciado un proceso
judicial ante el contencioso administrativo.

23.4. Por último, expuso que la sentencia recurrida no se ajustó a las normas del
caso concreto, pues las leyes 60 y 715 establecieron un término perentorio para
que el Estado realizara una nivelación salarial, no obstante, la administración tardó
más de dieciséis años para efectuar el pago de la obligación.

Contestación al recurso extraordinario de revisión

Municipio de Manizales

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24. El Municipio de Manizales contestó la demanda13 que contiene el recurso
extraordinario de revisión y se opuso a la prosperidad de las pretensiones
formuladas, en la medida que la sentencia objeto del recurso extraordinario de
revisión desarrolló las razones jurídicas por las cuales no se reconocen los
intereses moratorios y la indexación de sumas adicionales a las ya reconocidas.

25. Por último, indicó “[…] lo que se observa, es un extremo procesal que no se
encuentra de acuerdo con el análisis realizado por el Consejo de Estado por no
haber accedido a las pretensiones, pero no acceder a lo pretendido no debe
tomarse como un yerro jurídico como lo pretende sustentar la parte actora que
amerite la interposición del recurso extraordinario de revisión […]”.

Nación- Ministerio de Educación Nacional

26. La Nación- Ministerio de Educación Nacional, notificada en debida forma14, no
contestó la demanda.

Concepto del Ministerio Público

27. El señor Agente del Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad
procesal.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

28. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en los siguientes términos:
i) la competencia de la Sala; ii) la procedencia y término para interponer el recurso
extraordinario de revisión; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del recurso extraordinario de revisión; v) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial de la causal señalada en el numeral 5.º del
artículo 250 de la Ley 1437; vi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial
sobre el principio de congruencia en las providencias judiciales y; vii) el análisis de
la causal de revisión, los cuales se desarrollarán a continuación:

13
Mediante apoderado
14 Cfr. Índice 9 SAMAI. La notificación fue realizada mediante correo electrónico enviado el 25 de mayo de

2022.

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Competencia de la Sala

29. Vistos los artículos: i) 248 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201115, sobre la
procedencia del recurso extraordinario de revisión; ii) 249 ibidem16, sobre
competencia para conocer los recursos extraordinarios de revisión; iii) 111 ibidem,
en especial, el numeral 2.°17 sobre las funciones de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo; y iv) 29, en especial el numeral 1.° del Acuerdo núm.
80 de 12 de marzo de 201918: esta Sala es competente para resolver el recurso
extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia de 26 de noviembre de
2020 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Procedencia y término para interponer el recurso extraordinario de revisión

30. Visto el artículo 251 de la Ley 1437, sobre el término para interponer el recurso
extraordinario de revisión, que dispone:

“[…] Artículo 251. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia […]”

31. En el caso sub examine, la sentencia recurrida fue proferida por Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 15 de abril de 2021. Asimismo,
la sentencia quedó ejecutoriada el 5 de mayo de 202119 y el recurso extraordinario
de revisión se interpuso el 27 de abril de 202220; es decir dentro del término
indicado en el artículo 251 de la Ley 1437.

Problema jurídico

31. En el caso sub examine, el problema jurídico que la Sala debe resolver
consiste en determinar si se configura o no la causal de revisión prevista en el
numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437; en especial: i) si la sentencia recurrida

15 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
16 Adicionado por el artículo 68 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “Por medio de la cual se reforma el

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan
otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
17 Modificado por el artículo 18 de la Ley 2080.
18 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
19 Cfr. Índice 16 SAMAI del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
20 Cfr. Índice 1 SAMAI.

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fue proferida en forma incongruente; y ii) si el disenso frente a la aplicación de la
normativa y de los criterios jurisprudenciales adoptados dentro del proceso
ordinario, son causales que generen la nulidad en la sentencia recurrida y, en
consecuencia, si se declara o no fundado el recurso extraordinario de revisión.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del recurso extraordinario de
revisión

32. Vistos los artículos: i) 248 de la Ley 1437, sobre procedencia; ii) 24921 ibidem,
sobre competencia; iii) 250 ibidem, sobre causales de revisión; iv) 251, sobre el
término para interponer el recurso; y v) 252 ibidem, sobre requisitos del recurso

33. Atendiendo a que el recurso extraordinario de revisión es un medio de
impugnación que limita la inmutabilidad de las sentencias en relación con la cosa
juzgada y permite que se subsanen determinadas irregularidades o ilegalidades.

34. La principal finalidad de este recurso es el restablecimiento de la justicia 22, lo
cual no implica, en general, el desconocimiento de los principios de cosa juzgada
y presunción de legalidad y acierto de las decisiones judiciales, sino que,
excepcionalmente, en ciertas circunstancias y por las razones señaladas
específicamente en la ley, es viable revisar las sentencias en aras de restablecer
el imperio de la justicia y mantener el orden jurídico y social. Es precisamente en
atención a lo anterior que el recurso de revisión se determinó como un medio
extraordinario de impugnación.

35. En el mismo orden de ideas, el recurso se encuentra sujeto al estricto, riguroso
y ajustado cumplimiento de las causales que expresamente ha previsto el
legislador, sin que sea dable ampliarlas mediante interpretación analógica, con lo
cual se busca evitar que el mismo se convierta en una tercera instancia y se utilice
para remediar equivocaciones en que hubiera podido incurrir alguna de las partes,

21 Adicionado por el artículo 68 de la Ley 2080.
22 Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-418 de 1994 y C-247 de 1997, M. P. Jorge Arango Mejía y José

Gregorio Hernández Galindo.

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o para controvertir juicios de valor del fallador23. Al respecto, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de esta Corporación24 ha considerado lo siguiente:

“[…] El [recurso extraordinario de revisión] no constituye una instancia adicional, la
tercera en este caso, en la que los interesados pueden replantear el asunto objeto
del litigio original para que el Juez de la Revisión lo reexamine o analice una vez
más

[…]

En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta con trámite
propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro del debido proceso,
hasta culminar con un fallo que define sobre la legalidad de una sentencia
ejecutoriada […]”.

36. En efecto, el artículo 250 de la Ley 1437, enumera las causales que pueden
proponerse como fundamento de este recurso, las cuales, por lo demás dan
cuenta de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que,
de conformidad con la ley, eran los únicos que permitían la revisión de la sentencia
por la vía del recurso extraordinario que se analiza.

37. Los requisitos del recurso están enunciados en el artículo 252 de la Ley 1437,
que prevé que debe interponerse mediante escrito que reúna los siguientes
requisitos: i) la designación de las partes y sus representantes; ii) el nombre y
domicilio del recurrente; iii) los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento;
iv) la indicación precisa y razonada de la causal invocada; v) el poder para su
interposición y vi) las pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder
y solicitará las que pretende hacer valer.

38. En suma, la interposición del recurso extraordinario de revisión constituye el
inicio de un nuevo proceso para cuestionar la sentencia proferida dentro de un
proceso ordinario, el que solo resulta procedente en determinadas y especiales
circunstancias taxativamente señaladas en la ley.

23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia proferida el 27 de abril de 2004,

C.P. María Inés Ortiz Barbosa Rev. 194, identificada con núm. único de radicación
1100103150001998016401.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia proferida el 12 de agosto de

2014, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, identificada con núm. único de radicación
11001031500020130211000.

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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la causal señalada en el
numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437

39. Visto el numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437, dispone como causal de
revisión la de “[…] existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación […]”. Sin embargo, debido a que
el legislador no determinó cuáles son los eventos en los que se considera que se
ha configurado la citada causal, ha sido la jurisprudencia del Consejo de Estado
la que ha dotado de contenido esta disposición25.

40. En esa medida, en relación con las irregularidades sustanciales del
procedimiento que pueden considerarse como nulidad originada en la sentencia,
la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado26 ha sostenido que son,
a modo enunciativo, las siguientes:

40.1. Cuando sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en proceso
terminado normalmente por sentencia en firme.

40.2. Cuando sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el
auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o
declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente
concluido.

40.3. Cuando se profiere sentencia, como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia.

40.4. Cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en esta.
40.5. Cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello
se pretermite íntegramente la instancia.

25 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión número 16, sentencia del 5 de mayo de 2020, número único

de radicación 11001-03-15-000-2017-02519-00.
26 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sentencia proferida el 3 de febrero de

2015, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, identificada con núm. único de radicación
11001031500020090049400.

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40.6. Cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida
cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos
casos, antes de la oportunidad debida.

40.7. Cuando el juez provee sobre aspectos respecto de los cuales carece de
jurisdicción o competencia.

40.8. Cuando la providencia carece de motivación.

40.9 Cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los
magistrados que debieron haberlo hecho; o cuando fue adoptada con un número
de votos diferente del previsto en la ley.

41. En ese sentido, de acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado,
para probar la configuración de la causal, se ha considerado que, por regla
general, no es posible “[…] alegar como fundamento del recurso, alguna causa de
nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia, ya que ‘la proposición de
nulidades procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y
legitimación previstas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil [hoy,
artículo 134 del Código General del Proceso], sin perjuicio del deber que el artículo
145 ibidem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que
observe antes de dictar sentencia […]’”27. Sin embargo, en algunos casos se ha
aceptado la proposición de la nulidad procesal ocurrida antes de la expedición de
la sentencia, siempre y cuando esta no haya podido ser advertida por el
recurrente, evento en el que la parte demandante debe probar que efectivamente
no tuvo la posibilidad de proponer la nulidad en el curso del proceso.

42. Asimismo, que la anomalía sea de tal magnitud que configura un defecto
insanable de la actuación, al punto que, de no presentarse ese yerro, la decisión
adoptada hubiese sido distinta28. Dentro de este grupo de anomalías se

27 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión número 13, sentencia del 7 de junio de 2016, número único

de radicación 11001-03-15-000-2015-02493-00.
28 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión número 26, sentencia del 14 de agosto de 2018, número

único de radicación 11001-03-15-000-2014-03093-00; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 18 de noviembre de 2018, radicado 11001-03-25-000-2015-00996-00; y Consejo de Estado,
Sala Especial de Decisión número 22, sentencia del 3 de diciembre de 2019, número único de radicación
11001-03-15-000-2019-00894-00.

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encuentran las relacionadas con: i) irregularidades que constituyen causal de
nulidad del proceso previstas en las normas procesales y que solo pudieron ser
advertidas en la sentencia; y ii) los vicios que contiene la propia sentencia y que
pueden derivar en la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política, lo cual
excluye la posibilidad de formular, por esta vía, cuestionamientos que conciernan
al contenido de la motivación, a la valoración probatoria o a la forma de aplicación
de una determinada norma.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el principio de
congruencia en las providencias judiciales

43. Vistos los artículos: i) 281 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 29, sobre
congruencia; ii) 320 ibidem, sobre fines de la apelación; y iii) 328 ibidem, sobre
competencia del superior.

44. Esta Corporación30 ha definido el principio de congruencia como “[…] el
principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que
deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas
por las partes, para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las
pretensiones o imputaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas,
a menos que la ley otorgue facultades especiales para separarse de ellas […]”, es
decir, que el alcance y contenido de una providencia está delimitado por las
pretensiones, existiendo una correspondencia entre esta y los hechos que se
esgrimen en la demanda y en su contestación.

45. La citada sentencia señaló que la congruencia debe ser interna y externa. La
primera obedece a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y
resolutiva de la sentencia; y la segunda, la externa, que la decisión contenida en
la resolutiva se encuentre en concordancia con lo pedido en la demanda como en
su contestación o en los recursos interpuestos.

29 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de noviembre

de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 13001 23 31 000 2001 02023 01.

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46. Asimismo, indicó que en los procesos ordinarios el recurso de apelación tiene
límites, pues debe guardar correspondencia con el petitum de la demanda, los
fundamentos fácticos y jurídicos que la sustentan, los argumentos de oposición a
la misma y las consideraciones que sirven de sustento al a quo para fundamentar
su sentencia. No de otra forma se respetan los derechos al debido proceso, a la
igualdad procesal y la garantía de la doble instancia.

47. Por último, se determinó que en aplicación del principio de congruencia el juez
puede traer a colación los análisis sobre el alcance de las normas legales
pertinentes, aunque no hayan sido planteados por las partes, siempre y cuando,
como regla general, sus consideraciones se desplieguen en el marco de las
pretensiones del proceso y con base en el acervo probatorio debatido en el mismo.
En concordancia con lo anterior, se han señalado los eventos en los que se
presenta incongruencia de la sentencia. Sobre el particular ha indicado lo
siguiente:

“[…] de conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código de
Procedimiento Civil, aplicable a este asunto en virtud de la remisión prevista en el
artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, la sentencia resulta
incongruente cuando se falla de manera extrapetita, es decir, "por objeto distinto
del pretendido en la demanda" o "por causa diferente a la invocada en esta";
asimismo, en los eventos en que se condena al demandado de manera ultra petita,
esto es, “por cantidad superior a la solicitada en la demanda” e, incluso, si se omite
decidir sobre alguna de las pretensiones invocadas en el libelo introductorio del
proceso, lo que da cuenta de una decisión mínima petita.

Con el fin de establecer si se estructura alguna de las anteriores circunstancias
corresponde comparar las pretensiones de la respectiva demanda con la sentencia
dictada, para determinar si esta resulta o no acorde con lo solicitado y en caso de
advertirse que el juez de primera instancia decidió por fuera de lo pedido, la
condena deberá ajustarse de manera oficiosa […]”31

48. Del criterio jurisprudencial citado se concluye que: i) la sentencia debe ser
congruente con los hechos y las pretensiones de la demanda; ii) el Juez en su
ejercicio hermenéutico puede traer a colación los análisis sobre el alcance de las
normas legales pertinentes, aunque no hayan sido planteados por las partes,
siempre y cuando, sus consideraciones se enmarquen en las pretensiones del

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A; Sentencia de

17 de agosto de 2017; C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; número único de radicación
41001233100020020092801.

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proceso y se fundamenten en el acervo probatorio debatido en el mismo y iii) se
presenta una sentencia incongruente cuando: a) se falla de manera extra petita,
es decir, "[…] por objeto distinto del pretendido en la demanda […]” o "[…] por
causa diferente a la invocada en esta […]"; b) en los eventos en que se condena
al demandado de manera ultra petita, esto es, "[…] por cantidad superior a la
solicitada en la demanda […]” y c) cuando se omite decidir sobre alguna de las
pretensiones invocadas en el libelo introductorio del proceso, lo que da cuanta de
una decisión mínima petita.

Análisis de la causal de revisión

49. La Sala procede a considerar si, en el presente caso, se estructuran los
presupuestos que la ley establece y que el Consejo de Estado ha precisado, a
través de los criterios judiciales citados en acápites anteriores, para la
configuración de la causal prevista en el numeral 5.º del artículo 250 de la Ley
1437, en los siguientes términos:

49.1. La señora Luz Eleny Vinasco Escobar, en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, solicitó como pretensiones que: i) se declare la
nulidad del Oficio SEM-UAF-2063 de 18 de julio de 2016, por medio del cual le
negaron el reconocimiento y pago de los intereses moratorios con ocasión del
pago tardío del retroactivo de la homologación y nivelación salarial.

49.2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de
los intereses moratorios a partir del día siguiente a los treinta días posteriores a su
causación hasta el día que se pagó el retroactivo por homologación y nivelación
salarial, es decir del 1.° de febrero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2011, con
base en el capital neto, sin incluir el valor que por concepto de indexación salarial
se reconoció.

49.3. Para el efecto, argumentó que los intereses moratorios pretendidos se
causaron a partir de su traslado como empleada administrativa del nivel Nacional
al territorial, pues desde ese momento debió percibir el mayor valor
correspondiente a los emolumentos propios de los empleados territoriales, de ahí

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que, al no recibirlos, la administración local incurrió en mora en el pago de esa
parte del salario que debía homologar desde el principio.

49.4. El Tribunal Administrativo de Caldas en la sentencia proferida, en primera
instancia, planteó el problema jurídico de la siguiente manera:

“[…] ¿Le asiste derecho a la parte demandante al reconocimiento y pago de
intereses moratorios sobre la liquidación del valor del retroactivo por homologación
y nivelación salarial?

En caso negativo, ¿tiene derecho la parte actora, aunque no lo haya solicitado
expresamente, a la indexación de los valores reconocidos y pagados por concepto
de retroactivo por homologación y nivelación salarial?

En caso afirmativo, ¿cuáles son los extremos temporales de dicha actualización? y
¿a qué entidad le corresponde realizar los pagos correspondientes a indexación?
[…]”.

49.5. Al resolver el caso concreto consideró que: i) los intereses moratorios por el
periodo correspondiente del 1.° de febrero de 2003 hasta el 31 de diciembre de
2011, no se causaron por cuanto la administración no incurrió en dilaciones
injustificadas debido al agotamiento de las etapas previas del proceso de
homologación y nivelación salarial, así como el correspondiente a la liquidación y
pago del retroactivo derivado de dicha homologación; ii) la suma reconocida como
retroactivo por homologación por el citado periodo fue indexada, lo que hacía
improcedente el reconocimiento de intereses moratorios por cuanto ambos
conceptos tienen origen en una circunstancia común, esto es, la devaluación del
dinero, luego acceder a lo pretendido implicaría doble erogación por la misma
causa; y iii) por razones de equidad y justicia, debía tenerse en cuenta que, en
todo caso, sí resultaba procedente el pago de acreencias derivadas del proceso
de nivelación salarial que se efectuó en fecha posterior a su reconocimiento. En
esa medida, de oficio ordenó el reconocimiento de la indexación por el periodo
correspondiente del 1.° de enero de 2012 hasta el día anterior a la fecha efectiva
de pago (30 de abril de 2014).

49.6. La señora Luz Eleny Vinasco Escobar presentó recurso de apelación,
argumentando que: i) el juez de primera instancia exigió una norma expresa que
regulara el pago de intereses moratorios en consideración a su naturaleza

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sancionatoria, inaplicando la situación más favorable al trabajador en caso de
duda y la analogía como herramienta interpretativa; ii) asimismo, sostuvo que la
indexación y los intereses moratorios son conceptos diferentes, por lo tanto, adujo
que el Tribunal Administrativo de Caldas incurrió en un yerro al considerar que
estos no son acumulables; y iii) con base en el principio de la primacía de la
realidad sobre las formas, la obligación reconocida surgió desde que fue
trasladada a la planta de la entidad territorial, contrario a lo indicado por el Tribunal
de Caldas que concluyó que la acreencia nació a la vida jurídica desde que se
expidieron los actos administrativos de homologación y nivelación salarial, por
ende hay lugar a intereses moratorios desde aquél traslado.

49.7. Por su parte la Nación- Ministerio de Educación Nacional, en su recurso de
apelación indicó que no era procedente la indexación adicional reconocida, toda
vez que: i) indexó la suma en el instante que se generó el derecho y a su vez la
pagó en una fecha proporcionalmente cercana a su reconocimiento; y ii) porque el
reconocimiento no fue solicitado en sede administrativa y pretendido en sede
judicial, vulnerándose así el principio de congruencia.

49.8. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión, planteó como problema
jurídico lo siguiente:

“[…] ¿La señora Luz Eleny Vinasco Escobar tiene derecho al reconocimiento de
intereses moratorios por el no pago inmediato del valor correspondiente al
retroactivo derivado del proceso de homologación y nivelación salarial de la planta
de personal administrativo adscrito al sector educativo del Municipio de
Manizales?

¿Era procedente emitir en este caso una decisión extra petita a fin de ordenar al
Ministerio de Educación, reconocer la indexación sobre las sumas abonadas a la
demandante por concepto de nivelación salarial derivada del proceso de
homologación referido? […]”.

49.9. Consideró que no había lugar al reconocimiento de los intereses moratorios
si se tiene en cuenta que, por su carácter sancionatorio, no estaban previstos en
una norma que los autorizara expresamente para los casos de retroactivos por
homologación y nivelación y no estaban incluidos en el documento que reconoció
el derecho.

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49.10. Asimismo, porque: i) las sumas reconocidas obedecieron a la homologación
y nivelación que debió realizarse para que las plantas de personal administrativo
se ajustaran a la nueva reglamentación, de modo que dicho proceso no podía
entenderse como un asunto negocial y mucho menos como uno al que se le
pudiera aplicar, en subsidio, la regla contenida en el artículo 1617 del Código Civil
cuando no se pacta un interés moratorio; y ii) los intereses no se causaron
comoquiera que entre la fecha en que la administración local reconoció la
prestación de que se trata y el momento en que el pago se hizo efectivo transcurrió
sólo un mes.

49.11. Consideró que, al ordenarse la indexación de la suma reconocida del año
2003 al 2011, no solo mantuvo el valor o poder adquisitivo constante de la moneda,
sino que salvaguardó “[…] la equidad e igualdad laboral que echa de menos la
parte demandante, en la medida que trajo a valor presente la suma adeudada,
fundado en principios constitucionales como la equidad y la reparación plena. […]”,
siendo incompatible con el reconocimiento de los citados intereses.

49.12. Por último, indicó que el reconocimiento de la indexación por el periodo
correspondiente del 1.° de enero de 2012 hasta el día anterior a la fecha efectiva
de pago (30 de abril de 2014), realizado de oficio por el Tribunal, vulneraba el
principio de congruencia, toda vez que no fue solicitado ni discutido en el
procedimiento administrativo ni en el proceso judicial y, en esa medida, indicó que
resultaba improcedente, comoquiera que: i) la indexación ordenada correspondió
a la generada desde la fecha en que se expidió el acto demandado hasta el
momento del pago, desbordando lo pretendido con la demanda en relación con el
periodo deprecado y con la solicitud de liquidar intereses moratorios sobre el
monto abonado; ii) la situación concreta no encajaba en alguno de los supuestos
excepcionales establecidos en la Ley y la jurisprudencia como objeto de
pronunciamiento extra petita; y iii) no avizoró una inminente violación de derechos
fundamentales.

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50. Del anterior recuento, esta Sala prohíja los argumentos expuestos por esta
Corporación al resolver asuntos similares32 y, en esa medida, considera que la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en su ejercicio
hermenéutico profirió la sentencia con la competencia propia que le otorgaba los
argumentos de la demanda, su contestación y el recurso de apelación, realizando
el análisis sobre las normas legales y criterios jurisprudenciales pertinentes sobre:
i) la procedencia o no del reconocimiento de los intereses moratorios en el proceso
de homologación del personal administrativo de la Secretaría de Educación del
Municipio de Manizales; ii) el reconocimiento de la indexación de las sumas de
dinero, su periodo de causación, lo cual incluyó el estudio de la procedencia o no
del reconocimiento de pretensiones que no formuladas en el procedimiento
administrativo ni en el proceso judicial; y iii) su incompatibilidad con el
reconocimiento de los intereses moratorios.

51. Estas consideraciones se enmarcaron dentro de las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y se fundamentaron en el
acervo probatorio debatido en el mismo, sin que se observe pronunciamiento
alguno que no guardara relación con los reparos concretos formulados por la
apelante o con el objeto del litigio, quedando desvirtuada la vulneración al principio
de congruencia.

52. Ahora, frente al argumento de la presunta incongruencia por el periodo de
causación de los intereses moratorios, esta Sala considera que el supuesto
defecto no corresponde a alguno de los presupuestos legales y jurisprudenciales
que podrían viciar de nulidad la sentencia recurrida, en la medida que los
argumentos del recurso se encaminan a convertir esta etapa procesal en una
tercera instancia, al pretender revivir el análisis normativo y los criterios
jurisprudenciales adoptados en la decisión recurrida sobre el proceso de
homologación y nivelación salarial del personal administrativo de la Secretaría de
Educación del Municipio de Manizales, reproches que no son propios de la causal

32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Sexta Especial de Decisión,
sentencia de 3 de mayo de 2022, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, número único de radicación 11001 03
15 000 2022 00850 00.

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alegada y que escapan al objeto del recurso extraordinario de revisión. Al
respecto, esta Corporación ha reiterado33:

“[…] No resulta acertado plantear cuestionamientos a la sentencia, motivados en
que se realizó una apreciación errada de las pruebas, en que no se aplicó una
determinada regla de derecho, en que se aplicó en forma indebida o en que se
interpretó equivocadamente una norma jurídica, pues todas estas observaciones
escapan al ámbito de la aludida causal […]”.

53. Por lo anteriormente expuesto, se considera que no se configura la causal de
revisión alegada.

Condena en costas

54. Vistos los artículos: i) 25534 de la Ley 1437; ii) 361 de la Ley 1564 sobre la
composición de las costas; iii) 365 ibidem en especial, su numeral 8.º35, sobre
condena en costas; iv) 366 ibidem, sobre liquidación de costas y agencias en
derecho y v) el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, en especial, los artículos 2.°36
sobre criterios para la fijación de agencias en derecho y 5.°37 sobre las tarifas de
las agencias en derecho.

55. Atendiendo a que la condena en costas: i) están integradas por la totalidad de
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en
derecho; ii) para su imposición se deben tener en consideración las reglas
previstas en el artículo 365 de la Ley 1564; iii) solo habrá lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación 38;

33 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. sentencia de 26 de mayo de 2010, C.P

Mauricio Fajardo Gómez, número único de radicación 2001 – 1504.
34 Modificado por el artículo 70 de la Ley 2080.
35 “[…] Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya

controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los
casos especiales previstos en este código.
[…] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación […]”.
36 “Artículo 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro

del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la
duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso
y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la
labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites.
37 Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: “[…] 9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS.

[…] Entre 1 y 20 S.M.M.L.V. […]”.
38 Numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564.

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y iv) en la determinación de las agencias en derecho se tendrán en cuenta los
criterios para su fijación y las tarifas indicadas por el Consejo Superior de la
Judicatura.

55. En el caso sub examine, la Sala considera que no hay lugar a imponer una
condena en costas a la parte demandante, en la medida que, si bien se declarará
infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto, no se acreditó
probatoriamente su causación.

Conclusiones de la Sala

56. Así las cosas, se declarará infundado el recurso propuesto, en la medida que
no se advierte la configuración de la causal de revisión prevista en el numeral 5.º
del artículo 250 de la Ley 1437, toda vez que la sentencia recurrida fue proferida
de forma congruente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión
Núm. 15 de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la señora Luz Eleny Vinasco Escobar contra la sentencia proferida
el 15 de abril de 2021 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el número único de radicación 17001 23 33 000 2016 00881 01, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

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TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente del recurso
extraordinario de revisión y DEVOLVER el cuaderno contentivo del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

STELLA JEANNETTE CARVAJAL FREDY IBARRA MARTÍNEZ
BASTO Consejero de Estado
Consejera de Estado

CARMELO PERDOMO CUÉTER PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Consejero de Estado Consejero de Estado
Con salvamento parcial de voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sala Quince
Especial de Decisión en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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