Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06023-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06023-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-06023-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
3 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA QUINCE ESPECIAL DE DECISIÓN
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Número único de radicación: 11001 03 15 000 2022 06023 00
Demandante: Pedro Emilio Castro Sierra
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y Departamento de
Caldas - Secretaría de Educación
Asunto: Resuelve sobre un recurso extraordinario de revisión
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
La Sala Quince Especial de Decisión de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado procede a resolver la demanda que contiene el recurso extraordinario
de revisión interpuesta por el señor Pedro Emilio Castro Sierra contra la sentencia
de 23 de septiembre de 2021 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número único de radicación 170012333 000 2016
00681 01.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.
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Número único de radicación: 11001 03 15 000 2022 06023 00
I. ANTECEDENTES
La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
1. El señor Pedro Emilio Castro Sierra, presentó demanda1 contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de Caldas - Secretaría de
Educación, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho2, para que se declarara la nulidad de la Resolución núm. 3430-6 de 29 de
abril de 2016, por medio de la cual se le negó el reconocimiento y pago de
intereses moratorios con ocasión del pago tardío del retroactivo de la
homologación y nivelación salarial.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara: i)
reconocer y pagar los intereses moratorios causados a partir del día siguiente a
los treinta días posteriores a su causación hasta el día en que se hizo efectivo el
pago total del retroactivo por homologación y nivelación salarial, es decir, desde
11 de febrero de 1997 hasta el 15 de abril de 2013; ii) pagar los intereses
moratorios liquidados de acuerdo con el interés bancario corriente desde la fecha
de su causación hasta la fecha efectiva de pago; iii) liquidar y pagar los intereses
reclamados con base en el capital neto cancelado sin incluir el valor reconocido
por indexación salarial; iv) reconocer y pagar el ajuste a la indexación, aplicando
la última tabla (“Base 100 años 2008”) expedida por la Superintendencia
Financiera de Colombia, desde el 11 de febrero de 1997 hasta el 16 de diciembre
de 2014; v) dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 de la
Ley 1437; y vi) condenar en costas a la parte demandada.
Presupuestos fácticos
3. El señor Pedro Emilio Castro Sierra indicó, en síntesis, los siguientes
hechos para fundamentar sus pretensiones:
1 La demanda se presentó por medio de apoderado.
2 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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3.1. Prestó sus servicios a la Secretaría de Educación del Departamento de
Caldas en calidad de personal administrativo.
3.2. La Nación - Ministerio de Educación Nacional, en cumplimiento de la Ley
60 de 12 de agosto de 19933, expidió la Resolución 3500 de 1996, a través de la
cual certificó al Departamento de Caldas para la administración del servicio
educativo.
3.3. El Departamento de Caldas, mediante el Decreto Departamental 0021 de
1997, transfirió al personal administrativo adscrito al servicio público del orden
nacional a las plantas de cargos y personal que laboraban en el departamento con
los mismos cargos, códigos y salarios de los que venían vinculados con la Nación,
sin que dicho personal fuera nivelado ni homologado salarialmente en los cargos
que venían ocupando con la Nación a los símiles de la planta central del
departamento de Caldas.
3.4. La Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, con fundamento
en la Directiva Ministerial núm. 10 de 2005 y en la Resolución 2171 de 17 de mayo
de 2006 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, elaboró y presentó ante
la cartera ministerial el estudio técnico para la homologación nacional, el cual fue
aprobado a través de comunicación suscrita el 30 de marzo de 2007 por el
Ministerio de Educación Nacional.
3.5. La Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, mediante oficios
SED 0345 de 17 de junio de 2008 y GJSED 1497 de 22 de mayo de 2009, solicitó
al Ministerio de Educación Nacional, la revisión y el ajuste del proceso de
homologación y nivelación salarial.
3.6. La Nación- Ministerio de Educación Nacional, mediante el Oficio núm.
2009EE29765 de 1.° de junio de 2009, aprobó la modificación al estudio técnico
de homologación y nivelación salarial del departamento de Caldas, y con base en
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"Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los
artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones".
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ello, la entidad territorial, a través del Decreto 337 de diciembre de 2010, modificó
el Decreto 0399 de 20 de mayo del 2007, por el cual homologó y niveló los cargos
administrativos pertenecientes a la planta de personal del Departamento de
Caldas.
3.7. La Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, mediante el
Decreto 0353 de 15 de diciembre de 2010, incorporó por homologación y
nivelación salarial al personal administrativo del Departamento de Caldas, sector
educativo financiado con recursos del sistema general de participaciones.
3.8. La Nación- Ministerio de Educación Nacional, por medio de Oficio núm.
2011EEE63868 de 5 de octubre de 2012, certificó la deuda por homologación y
nivelación de los cargos administrativos del Departamento de Caldas periodo 1997
a 2009, estableciendo que la citada deuda sería financiada por la Nación; recursos
de balance propios de 2011 y con recursos de balance del sistema general de
participaciones 2011, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley
1450 de 16 de junio de 20114.
3.9. La Secretaría de Educación del Departamento de Caldas expidió la
Resolución 1657-6 de 22 de marzo de 2013, aclarada por la Resolución 3982-6
de 19 de julio de 2013, modificada, a su vez, por la Resolución 8884-6 de 11 de
diciembre de 2014, mediante las cuales reconoció y ordenó el pago a su favor del
retroactivo por concepto de homologación y nivelación salarial, indicando de forma
expresa en su artículo primero la fecha de constitución de la obligación, esto es,
desde el 10 de febrero de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2009, efectuando su
pago tardíamente.
3.10. La Secretaría de Educación del Departamento de Caldas no realizó la
indexación en debida forma, por cuanto utilizó una tabla para IPC ponderado
desactualizada, lo cual generó que el valor reconocido por ese concepto fuera
inferior al que correspondía.
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“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014”.
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3.11. Presentó derecho de petición, el 28 de marzo de 2016, ante la Secretaria
de Educación del Departamento de Caldas, en el que solicitó el reconocimiento y
pago de los intereses moratorios por el pago tardío del retroactivo por
homologación y nivelación salarial, así como el ajuste de la indexación;
argumentando que los intereses moratorios pretendidos se causaron a partir de
su traslado como empleado administrativo del nivel nacional al territorial, pues
desde ese momento debió percibir el mayor valor correspondiente a los
emolumentos propios de los empleados territoriales, de ahí que, al no recibirlos,
la administración local incurrió en mora en el pago de esa parte del salario que
debía homologar desde el principio, y que el retroactivo fue indexado con una tabla
para IPC ponderado desactualizada; lo cual fue negado, mediante Resolución
núm. 3430-6 de 29 de abril de 2016.
Normas violadas y concepto de violación
4. El señor Pedro Emilio Castro Sierra invocó como normas violadas, las
siguientes:
● Artículos 1, 2, 13, 25, 53, 58, 93, 123, 209 y 350 de la Constitución Política.
● Artículos 1608, 1617 y 1649 del Código Civil.
● Artículo 177 del Decreto 01 de 2 de enero de 19845.
● Ley 60 de 12 de agosto de 19936.
● Sentencia C-367 de 16 de agosto de 19957.
5. El señor Pedro Emilio Castro Sierra explicó el concepto de violación, en los
siguientes términos:
5.1. Sostuvo que el Departamento de Caldas al expedir la Resolución núm. 3430-
6 de 29 de abril de 2016 vulneró la ley, toda vez que no incluyó dentro de los
estudios técnicos para la aprobación de la homologación y nivelación salarial el
reconocimiento de los intereses moratorios.
5 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.”
6 "Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los
artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones".
7 Corte Constitucional, sentencia C-367 de 16 de agosto de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
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5.2. En efecto, manifestó que era deber de la entidad territorial presentar dentro
de las liquidaciones el pago de todos aquellos conceptos derivados del salario y
demás prestaciones sociales, entre estos, las indexaciones e intereses moratorios
causados con ocasión del pago tardío, posterior y/o moroso de sus obligaciones,
concluyendo que era obligación de la Nación - Ministerio de Educación Nacional,
en concurso con la Secretaría de Educación Departamental, prever, calcular y
ordenar el pago de las indexaciones e intereses moratorios.
5.3. Indicó que, mediante la Resolución 1657-6 de 22 de marzo de 2013, aclarada
por la Resolución 3982-6 de 19 de julio de 2013 y modificada por la Resolución
8884-6 de 11 de diciembre de 2014, se reconoció el retroactivo por concepto de
la homologación salarial desde el momento en que los servidores fueron
vinculados a la planta de la entidad territorial; sin embargo, dicha obligación fue
cancelada tardíamente el 15 de abril de 2013, situación que demuestra la mora en
que incurrieron las entidades demandadas.
5.4. Por último, aseguró que el reconocimiento de los intereses moratorios era
procedente a pesar de haberse indexado la suma, en la medida que no
configuraba un doble pago por la misma causa, toda vez que la indexación está
dirigida a actualizar una deuda con el Índice de Precios al Consumidor para
contrarrestar los efectos de la inflación económica por el trascurso del tiempo,
mientras que los intereses que causa la mora tiene carácter resarcitorio y
sancionatorio a quien retarda el pago de una obligación.
Contestación de la demanda
Nación - Ministerio de Educación Nacional
6. La Nación - Ministerio de Educación Nacional contestó a la demanda8 y se
opuso a las pretensiones formuladas, así:
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Mediante apoderado.
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6.1. Indicó que no era la entidad encargada de atender la petición de la
demandante, debido a que: i) no participó en la expedición del acto administrativo
demandado; y ii) no es el titular de las obligaciones pretendidas a través de la
demanda, así como tampoco lo es de los trámites de reclamaciones, los cuales,
en virtud del proceso de descentralización de la educación realizado a través de
la Ley 60, se encontraban a cargo de la entidad territorial a la cual se encuentra
vinculada el señor Pedro Emilio Castro Sierra.
6.2. Resaltó que el Ministerio era la entidad encargada de: i) ejercer una actividad
de acompañamiento a las entidades territoriales que realizaron el proceso de
certificación en educación; ii) establecer las directrices para llevar a cabo la
homologación de cargos y la nivelación salarial del personal administrativo; y iii)
dispuso los criterios y pasos a tener en cuenta en dicho proceso sin que tuviera
un poder dispositivo de los dineros provenientes del Sistema General de
Participaciones, los cuales fueron transferidos directamente a las entidades
territoriales que asumieron la responsabilidad de las obligaciones que de la
prestación del servicio educativo se derivaron.
6.3. Propuso como excepciones las denominadas: i) falta de legitimación en la
causa por pasiva; ii) prescripción; iii) inepta demanda; y iv) cualquier otra que
durante el transcurso del proceso se llegare a probar.
Departamento de Caldas
7. El Departamento de Caldas contestó a la demanda9 y se opuso a las
pretensiones formuladas, así:
7.1. Sostuvo que la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas pagó
al señor Pedro Emilio Castro Sierra los dineros correspondientes al proceso de
homologación y nivelación salarial de manera indexada, por lo cual indicó que no
le asistía el derecho a reclamar ninguna sanción moratoria por intereses dado que
ello constituiría una doble sanción.
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Mediante apoderado.
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7.2. Propuso como excepciones las denominadas: i) falta de legitimación en la
causa por pasiva; ii) buena fe; iii) inexistencia de la obligación con fundamento en
la ley; iv) inaplicabilidad de los intereses moratorios; y v) prescripción.
Sentencia de 14 de junio de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de
Caldas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 17001 23 33 000 2016 00681
01
8. El Tribunal Administrativo de Caldas resolvió:
“[…] Primero: DECLÁRASE probado el medio exceptivo de ‘Falta de legitimación en
la causa por pasiva, propuesto por el Departamento de Caldas, de conformidad con
el razonamiento efectuado por la Sala de Decisión en esta providencia.
Segundo: DECLÁRASE no probada la excepción de ‘Falta de legitimación en la
causa por pasiva del Ministerio de Educación Nacional’ formulada por la Nación –
Ministerio de Educación Nacional.
Tercero: NIÉGANSE las súplicas de la demanda.
Cuarto: CONDÉNASE en costas en esta instancia a la parte actora, las cuales serán
liquidadas por la Secretaría de esta Corporación, por lo brevemente expuesto.
FÍJASE un salario mínimo legal mensual vigente como agencias en derecho.
Quinto: NOTIFÍQUESE conforme lo dispone el artículo 203 de CPACA.
Sexto: Ejecutoriada esta providencia, LIQUÍDENSE los gastos del proceso,
DEVUÉLVANSE los remanentes si los hubiere y ARCHÍVENSE las diligencias,
previas las anotaciones pertinentes en el programa informático ‘Justicia Siglo XXI’
[…]”.
Consideraciones del Tribunal
9. Para fundamentar su decisión, consideró que no había lugar al
reconocimiento y pago de los intereses moratorios solicitados, toda vez que:
9.1. La obligación de pagar las sumas reconocidas por concepto de retroactivo
por la homologación y nivelación salarial del personal administrativo surgió en el
momento que fueron expedidos los actos que determinaron el derecho a su pago
a favor del señor Pedro Emilio Castro Sierra.
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9.2. Las normas que reglamentan el régimen prestacional no establecen ese
derecho por el pago tardío una nivelación y homologación salarial.
9.3. Las sumas reconocidas al señor Pedro Emilio Castro Sierra por concepto de
retroactivo por la homologación y nivelación salarial del personal administrativo
fueron indexadas, por lo que, igualmente, era improcedente el reconocimiento de
intereses moratorios sobre valores ya indexados, dada la incompatibilidad que
existe entre esos dos conceptos.
10. Indicó que los valores reconocidos en la Resolución núm. 1657-6 de 22 de
marzo de 2013, aclarada por la Resolución núm. 3982-6 de 19 de julio de 2013,
modificada por la Resolución núm. 8884-6 de 11 de diciembre de 2014, fueron
pagados en un lapso prudencial, proporcionado y necesario para culminar el
proceso de homologación y nivelación salarial y realizar las gestiones para el
pago, por lo cual no había lugar a ordenar la indexación de los valores reconocidos
entre la ejecutoria de los actos administrativos y su pago.
11. Asimismo, indicó que el proceso de homologación y nivelación salarial
adelantado en el Departamento de Caldas se realizó de manera concertada entre
la Nación y el Departamento de Caldas, e indicó que cualquier pago derivado del
proceso de nivelación y homologación salarial le correspondía a la Nación –
Ministerio de Educación Nacional, toda vez que se trataría del pago de un mayor
valor cancelado a título de reajuste o nivelación salarial.
Recurso de apelación
12. El señor Pedro Emilio Castro Sierra interpuso recurso de apelación contra la
sentencia proferida, en primera instancia y lo sustentó con fundamento en los
siguientes argumentos:
12.1. Sostuvo que era innecesaria la exigencia de una norma que establezca el
pago de intereses de mora en el caso de la homologación y nivelación salarial,
dado que, por tratarse del pago tardío de una obligación dineraria, por analogía,
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equidad y los principios auxiliares del derecho, se puede satisfacer ese vacío
normativo.
12.2. Indicó que la parte demandada debía realizar el procedimiento para la
homologación y nivelación salarial desde su trasladado del servicio público del
orden nacional al territorial, sin embargo, el procedimiento administrativo no fue
oportuno, y en ese sentido, no es posible argumentar que la demora fue justificada
y el retroactivo por concepto de homologación y nivelación salarial pagado en
tiempo, por lo que incurrieron en mora en el pago de una obligación dineraria. Por
lo anterior, se debían reconocer intereses de mora y no indexación sobre las
sumas de dinero liquidadas por concepto de retroactivo.
12.3. Sostuvo que la negativa por parte del Tribunal de reconocer intereses
moratorios sobre valores indexados en razón de una incompatibilidad y una
condena con doble pago es contradictoria con la definición que la sentencia
plasmó para cada concepto por lo que, en aplicación del principio de favorabilidad,
debió ordenar el pago con el respectivo descuento de la indexación efectuada, en
tanto, la pretensión preferente es la de reconocer y pagar intereses moratorios
liquidados con base en el interés bancario corriente.
12.4. Expresó su inconformidad con el pago inoportuno que realizó la Nación-
Ministerio de Educación Nacional sobre las diferencias salariales debidamente
homologadas y niveladas, por ende, arguyó que en cabeza de la administración
reposaba exclusivamente esta obligación, no obstante, esta retuvo por varios años
la suma mencionada y finalmente, cuando reconoció la indexación y omitió el
componente sancionatorio, vulneró su derecho a la indemnización por cuanto no
se pudo beneficiar de las sumas de dinero adeudadas.
La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
13. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2021, en segunda instancia, resolvió:
“[…] PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 14 de junio de 2019, proferida por el
Tribunal administrativo de Caladas que negó las pretensiones de la demanda de
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nulidad y restablecimiento del derecho presentada por PEDRO EMILIO CASTRO
SIERRA contra LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y EL
DEPARTAMENTO DE CALDAS – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”.
Consideraciones de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado
14. Para fundamentar su decisión, consideró que el proceso de homologación y
nivelación salarial del personal administrativo al servicio de los establecimientos
educativos en el Departamento de Caldas se dio como resultado del proceso de
la descentralización administrativa.
15. En ese sentido, se refirió al concepto expedido por la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado10 y a la Directiva Ministerial 10 de 30 de junio
de 2005, donde la Nación - Ministerio de Educación Nacional puntualizó un
procedimiento para la homologación de la planta de personal administrativo,
adscrita al sector educativo y financiada con recursos del sistema general de
participaciones.
16. Señaló que, la Nación – Ministerio de Educación Nacional como el
Departamento de Caldas, efectuaron los pasos concernientes a ejecutar la
homologación y nivelación salarial, de modo que se constató que el procedimiento
requirió de varios ajustes producto de las reclamaciones que presentaron los
funcionarios administrativos y sus apoderados.
17. Respecto de los intereses moratorios, consideró que no había lugar a su
reconocimiento, toda vez que:
17.1. Por su carácter sancionatorio, debían estar previstos en una norma que los
autorizara expresamente, es decir, que facultara el cobro de los mismos para los
casos de pagos retroactivos por homologación y nivelación salarial, o estar
claramente incluidos en el documento que reconoció el derecho.
10
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante concepto de fecha 9 de diciembre de
2004, Número 1607.
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17.2. No se generó el pago de intereses moratorios, teniendo en cuenta la
naturaleza eminentemente sancionatoria de los mismos, en cuanto buscan
castigar al deudor incumplido. Bajo este entendido, indicó que, si no se dijo nada
al respecto en la resolución que reconoció el retroactivo, como tampoco hay norma
que expresamente lo disponga, no podía en consecuencia, reconocerse los
intereses moratorios.
17.3. Por el hecho de no haberse “pactado” el pago de un interés moratorio, no
debe acudirse en subsidio a la regla del artículo 1617 del Código Civil, pues en
estricto sentido no es un asunto negocial, en el cual las partes involucradas
puedan pactar a su arbitrio cláusulas contractuales.
17.4. La obligación se hizo exigible a partir de la Resolución núm. 1657-6 de 22 de
marzo de 2013, aclarada por la Resolución núm. 3982-6 de 19 de julio de 2013,
modificada por la Resolución 8884-6 de 11 de diciembre de 2014, por lo que no
hubo una dilación injustificada en el pago toda vez que el pago se realizó el 15 de
abril de 2013.
II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
La demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión
18. El señor Pedro Emilio Castro Sierra, presentó la demanda que contiene el
recurso extraordinario de revisión11 contra la sentencia proferida el 23 de
septiembre de 2021 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en segunda instancia, e invocó la causal prevista en el numeral 5.° del
artículo 250 de la Ley 1437, según el cual, procede el recurso extraordinario de
revisión cuando existe una nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
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El recurso se presentó por medio de apoderado.
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Pretensiones del recurso extraordinario de revisión
19. El señor Pedro Emilio Castro Sierra presentó las siguientes pretensiones:
“[…] Por configurarse la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del
C.P.A.C.A […] se persigue con el ejercicio del presente recurso de revisión, que el
Honorable Consejo de Estado disponga:
PRIMERO.- Declarar infirmada la sentencia proferida por el Consejo de Estado-
Sección Segunda- Subsección A, del 23 de septiembre de 2021 […] que confirma
la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Caldas.
SEGUNDO.- En consecuencia, como resultado de la declaratoria de la sentencia
viciada en nulidad, se reenvíe o remita el expediente al despacho de origen, es
decir, Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, conformada por los
consejeros de Estado William Hernández Gómez, Rafael Francisco Suárez Vargas
y Gabriel Valbuena Hernández, para que se resuelva en debida forma, es decir,
profiriendo un fallo favorable.
Tercero.- Las demás que este Honorable Despacho considere necesarias […]”.
20. Para sustentar la demanda que contiene el recurso extraordinario de
revisión, expuso los siguientes argumentos:
20.1. Estimó que la sentencia objeto de revisión es incongruente, en la medida que
tuvo un objeto distinto al pretendido en la demanda y una causa diferente a la
invocada, toda vez que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
se pretendió el reconocimiento y pago de los intereses moratorios causados por
la mora en el pago del retroactivo por homologación y nivelación salarial, y para
ello sostuvo que el periodo para liquidar los intereses correspondió al causado
entre el año 1997, cuando el personal administrativo del sector educación del nivel
nacional fue incorporado al nivel departamental y el año 2013, cuando se concretó
el pago del retroactivo; no obstante lo anterior, adujo que la autoridad judicial
entendió que la reclamación de los intereses correspondía al periodo causado
desde el 22 de marzo de 2013, cuando se reconoció y ordenó el pago del
retroactivo, hasta abril de la misma anualidad, cuando se efectuó el pago
correspondiente.
20.2. Asimismo, indicó que: i) en la sentencia recurrida no se indicaron las razones
de hecho y derecho por las cuales no había lugar al reconocimiento y pago de los
intereses de mora; ii) en el escrito de demanda fue claro al establecer que los
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intereses de mora se liquidan sobre el capital neto sin incluir indexación y, por lo
tanto, resulta incongruente que en la sentencia recurrida no se reconozcan los
intereses de mora por la presunta incompatibilidad que existe con la indexación,
factor al que nunca se refirió y que, sin embargo, fue objeto de un reconocimiento
de oficio, desconociendo que la indexación y los intereses de mora son cargas
económicas que no tienen la misma finalidad, comoquiera que estos últimos
constituyen una sanción por no cancelar oportunamente una obligación, mientras
que la indexación se refiere a la actualización de la deuda a valores actuales para
contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo del dinero.
20.3. Explicó adicionalmente que las entidades demandadas nunca presentaron
excepciones sobre el periodo de la liquidación en controversia, pues su defensa
se orientó a establecer en cabeza de cuál de ellas recaía la obligación del pago y
que no existe algún elemento de convicción que permitiera concluir que con la
demanda se solicitó el pago de intereses moratorios por el periodo de un mes,
pues de ser ese el escenario de la reclamación no se hubiera iniciado un proceso
judicial ante el contencioso administrativo.
20.4. Expuso que en el proceso obran pruebas suficientes que permiten establecer
que la parte demandada tardo 16 años en cumplir con su responsabilidad de la
homologación y la nivelación salarial, por lo que en la sentencia recurrida no era
posible considerar que: “[…] Sin que se observe que, en modo alguno, el Ministerio
de Educación Nacional o el Departamento de Caldas hayan incurrido en una
dilación injustificada del pago, toda vez que el pago fue realizado en el mes de
enero de 2013 […]”.
20.5. Por último, señaló que en la sentencia recurrida se desconocieron las normas
preexistentes sobre el reconocimiento de los intereses de mora, porque en cada
caso no debe existir una norma especial que los establezca, como ocurre en el
presente caso, sino que por tratarse del pago tardío de una obligación debe
acudirse a la analogía y a los principios generales del derecho para satisfacer ese
vacío normativo.
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Contestación al recurso extraordinario de revisión
21. La Nación- Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de Caldas,
notificados en debida forma12, no contestaron la demanda.
Concepto del Ministerio Público
22. El señor Agente del Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad
procesal.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
23. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en los siguientes
términos: i) la competencia de la Sala; ii) la procedencia y término para interponer
el recurso extraordinario de revisión; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo
y desarrollo jurisprudencial del recurso extraordinario de revisión; v) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial de la causal señalada en el numeral 5.º del
artículo 250 de la Ley 1437; vi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial
sobre el principio de congruencia en las providencias judiciales y; vii) el análisis de
la causal de revisión, los cuales se desarrollarán a continuación:
Competencia de la Sala
24. Vistos los artículos: i) 248 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201113, sobre la
procedencia del recurso extraordinario de revisión; ii) 249 ibidem14, sobre
competencia para conocer los recursos extraordinarios de revisión; iii) 111 ibidem,
en especial, el numeral 2.°15 sobre las funciones de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo; y iv) 29, en especial el numeral 1.° del Acuerdo núm.
80 de 12 de marzo de 201916: esta Sala es competente para resolver el recurso
extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia de 23 de septiembre de
12 Cfr. índice 16 Samai.
13 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
14 Adicionado por el artículo 68 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “Por medio de la cual se reforma el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan
otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
15 Modificado por el artículo 18 de la Ley 2080.
16 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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2021 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Procedencia y término para interponer el recurso extraordinario de revisión
25. Visto el artículo 251 de la Ley 1437, sobre el término para interponer el
recurso extraordinario de revisión, que dispone:
“[…] Artículo 251. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia […]”
26. En el caso sub examine, la sentencia recurrida fue proferida por Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 23 de septiembre de 2021.
Asimismo, la sentencia quedó ejecutoriada el 18 de noviembre de 2021 17 y el
recurso extraordinario de revisión se interpuso el 11 de noviembre de 2022 18; es
decir dentro del término indicado en el artículo 251 de la Ley 1437.
Problema jurídico
27. En el caso sub examine, el problema jurídico que la Sala debe resolver
consiste en determinar si se configura o no la causal de revisión prevista en el
numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437; en especial: i) si la sentencia recurrida
fue proferida en forma incongruente; y ii) si el disenso frente a la aplicación de la
normativa y de los criterios jurisprudenciales adoptados dentro del proceso
ordinario, son causales que generen la nulidad en la sentencia recurrida y, en
consecuencia, si se declara o no fundado el recurso extraordinario de revisión.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del recurso extraordinario de
revisión
28. Vistos los artículos: i) 248 de la Ley 1437, sobre procedencia; ii) 24919 ibidem,
sobre competencia; iii) 250 ibidem, sobre causales de revisión; iv) 251 ibidem,
sobre el término para interponer el recurso; y v) 252 ibidem, sobre requisitos del
17 Cfr. índice 25 Samai del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
18 Cfr. índice 2 Samai.
19 Adicionado por el artículo 68 de la Ley 2080.
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recurso.
29. Atendiendo a que el recurso extraordinario de revisión es un medio de
impugnación que limita la inmutabilidad de las sentencias en relación con la cosa
juzgada y permite que se subsanen determinadas irregularidades o ilegalidades.
30. La principal finalidad de este recurso es el restablecimiento de la justicia20, lo
cual no implica, en general, el desconocimiento de los principios de cosa juzgada
y presunción de legalidad y acierto de las decisiones judiciales, sino que,
excepcionalmente, en ciertas circunstancias y por las razones señaladas
específicamente en la ley, es viable revisar las sentencias en aras de restablecer
el imperio de la justicia y mantener el orden jurídico y social. Es precisamente en
atención a lo anterior que el recurso de revisión se determinó como un medio
extraordinario de impugnación.
31. En el mismo orden de ideas, el recurso se encuentra sujeto al estricto, riguroso
y ajustado cumplimiento de las causales que expresamente ha previsto el
legislador, sin que sea dable ampliarlas mediante interpretación analógica, con lo
cual se busca evitar que el mismo se convierta en una tercera instancia y se utilice
para remediar equivocaciones en que hubiera podido incurrir alguna de las partes,
o para controvertir juicios de valor del fallador21. Al respecto, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de esta Corporación22 ha considerado lo siguiente:
“[…] El [recurso extraordinario de revisión] no constituye una instancia adicional, la
tercera en este caso, en la que los interesados pueden replantear el asunto objeto
del litigio original para que el Juez de la Revisión lo reexamine o analice una vez
más
[…]
En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta con trámite
propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro del debido proceso,
hasta culminar con un fallo que define sobre la legalidad de una sentencia
ejecutoriada […]”.
20 Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-418 de 1994 y C-247 de 1997, M. P. Jorge Arango Mejía y José
Gregorio Hernández Galindo.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia proferida el 27 de abril de 2004,
C.P. María Inés Ortiz Barbosa Rev. 194, identificada con núm. único de radicación
1100103150001998016401.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia proferida el 12 de agosto de
2014, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, identificada con núm. único de radicación
11001031500020130211000.
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32. En efecto, el artículo 250 de la Ley 1437, enumera las causales que pueden
proponerse como fundamento de este recurso, las cuales, por lo demás dan
cuenta de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que,
de conformidad con la ley, eran los únicos que permitían la revisión de la sentencia
por la vía del recurso extraordinario que se analiza.
33. Los requisitos del recurso están previstas en el artículo 252 de la Ley 1437,
que prevé que debe interponerse mediante escrito que reúna los siguientes
requisitos: i) la designación de las partes y sus representantes; ii) el nombre y
domicilio del recurrente; iii) los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento;
iv) la indicación precisa y razonada de la causal invocada; v) el poder para su
interposición; y vi) las pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder
y solicitará las que pretende hacer valer.
34. En suma, la interposición del recurso extraordinario de revisión constituye el
inicio de un nuevo proceso para cuestionar la sentencia proferida dentro de un
proceso ordinario, el que solo resulta procedente en determinadas y especiales
circunstancias taxativamente señaladas en la ley.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la causal señalada en el
numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437
35. Visto el numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437, que prevé como causal de
revisión la de “[…] existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación […]”. Sin embargo, debido a que
no se determinó cuáles son los eventos en los que se considera que configura la
citada causal, ha sido la jurisprudencia del Consejo de Estado la que ha
determinado los fundamentos fácticos y jurídicos de su procedencia23.
36. En esa medida, en relación con las irregularidades sustanciales del
procedimiento que pueden considerarse como nulidad originada en la sentencia,
23 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión número 16, sentencia del 5 de mayo de 2020, número único
de radicación 11001-03-15-000-2017-02519-00.
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la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado24 ha sostenido que son,
a modo enunciativo, las siguientes:
36.1. Cuando sin ninguna otra actuación, se profiere una nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia en firme.
36.2. Cuando sin más actuación se profiere sentencia después de ejecutoriado el
auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o
declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente
concluido.
36.3. Cuando se profiere sentencia, como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia.
36.4. Cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en esta.
35.5. Cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello
se pretermite íntegramente la instancia.
36.6. Cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida
cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos
casos, antes de la oportunidad debida.
36.7. Cuando el juez provee sobre aspectos respecto de los cuales carece de
jurisdicción o competencia.
36.8. Cuando la sentencia carece de motivación.
36.9. Cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los
magistrados que debieron haberlo hecho; o cuando fue adoptada con un número
de votos diferente del previsto en la ley.
24 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sentencia proferida el 3 de febrero de
2015, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, identificada con núm. único de radicación
11001031500020090049400.
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20
Número único de radicación: 11001 03 15 000 2022 06023 00
37. En ese sentido, de acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado,
para probar la configuración de la causal, se ha considerado que, por regla
general, no es posible “[…] alegar como fundamento del recurso, alguna causa de
nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia, ya que ‘la proposición de
nulidades procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y
legitimación previstas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil [hoy,
artículo 134 del Código General del Proceso], sin perjuicio del deber que el artículo
145 ibidem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que
observe antes de dictar sentencia […]’”25.
38. Sin embargo, en algunos casos se ha aceptado la proposición de la nulidad
procesal ocurrida antes de la expedición de la sentencia, siempre y cuando esta
no haya podido ser advertida por el recurrente, evento en el que la parte
demandante debe probar que efectivamente no tuvo la posibilidad de proponer la
nulidad en el curso del proceso.
39. Asimismo, se ha considerado que la anomalía sea de tal magnitud que
configura un defecto insanable de la actuación, al punto que, de no presentarse
ese yerro, la decisión adoptada hubiese sido distinta26. Dentro de este grupo de
anomalías se encuentran las relacionadas con: i) irregularidades que constituyen
causal de nulidad del proceso previstas en las normas procesales y que solo
pudieron ser advertidas en la sentencia; y ii) los vicios que contiene la propia
sentencia y que pueden derivar en la vulneración del artículo 29 de la Constitución
Política, lo cual excluye la posibilidad de formular, por esta vía, cuestionamientos
que conciernan al contenido de la motivación, a la valoración probatoria o a la
forma de aplicación de una determinada norma.
40. Esta Corporación ha considerado que: i) “[…] No resulta acertado plantear
cuestionamientos a la sentencia, motivados en que se realizó una apreciación
errada de las pruebas […], pues todas estas observaciones escapan al ámbito de
25 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión número 13, sentencia del 7 de junio de 2016, número único
de radicación 11001-03-15-000-2015-02493-00.
26 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión número 26, sentencia del 14 de agosto de 2018, número
único de radicación 11001-03-15-000-2014-03093-00; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 18 de noviembre de 2018, radicado 11001-03-25-000-2015-00996-00; y Consejo de Estado,
Sala Especial de Decisión número 22, sentencia del 3 de diciembre de 2019, número único de radicación
11001-03-15-000-2019-00894-00.
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la aludida causal […]”27; y ii) “[…] los errores de apreciación probatoria en que
haya podido incurrir […], son extraños al recurso extraordinario de revisión, pues
éste no es una instancia adicional en la que pueda replantearse el litigio. Lo
anterior tiene fundamento en la necesidad de evitar que el vencido en un proceso
pueda, a su capricho, reanudar el debate concluido, so pretexto de volver la mirada
a la prueba para pretender que se haga un nuevo y supuesto mejor juicio respecto
de ella […]”28.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el principio de
congruencia en las providencias judiciales
41. Vistos los artículos: i) 281 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 29, sobre
congruencia; ii) 320 ibidem, sobre fines de la apelación; y iii) 328 ibidem, sobre
competencia del superior.
42. Esta Corporación30 ha definido el principio de congruencia como “[…] el
principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que
deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas
por las partes, para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las
pretensiones o imputaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas,
a menos que la ley otorgue facultades especiales para separarse de ellas […]”, es
decir, que el alcance y contenido de una providencia está delimitado por las
pretensiones, existiendo una correspondencia entre esta y los hechos que se
esgrimen en la demanda y en su contestación.
43. La citada sentencia señaló que la congruencia debe ser interna y externa. La
27 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. sentencia de 26 de mayo de 2010, C.P
Mauricio Fajardo Gómez, número único de radicación 2001 – 1504.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de
12 de febrero de 2018, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, número único de radicación
11001032500020130172100.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 7
de noviembre de 2019, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, número único de radicación
11001032600020190001300; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
sentencia de 30 de septiembre de 2021, C.P. Rocío Araújo Oñate, número único de radicación
11001032800020210004400.
29
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de noviembre
de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 13001 23 31 000 2001 02023 01.
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primera obedece a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y
resolutiva de la sentencia; y la segunda, la externa, que la decisión contenida en
la resolutiva se encuentre en concordancia con lo pedido en la demanda como en
su contestación o en los recursos interpuestos.
44. Asimismo, indicó que en los procesos ordinarios el recurso de apelación tiene
límites, pues debe guardar correspondencia con el petitum de la demanda, los
fundamentos fácticos y jurídicos que la sustentan, los argumentos de oposición a
la misma y las consideraciones que sirven de sustento al a quo para fundamentar
su sentencia. No de otra forma se respetan los derechos al debido proceso, a la
igualdad procesal y la garantía de la doble instancia.
45. Por último, se determinó que en aplicación del principio de congruencia el juez
puede traer a colación los análisis sobre el alcance de las normas legales
pertinentes, aunque no hayan sido planteados por las partes, siempre y cuando,
como regla general, sus consideraciones se desplieguen en el marco de las
pretensiones del proceso y con base en el acervo probatorio debatido en el mismo.
En concordancia con lo anterior, se han señalado los eventos en los que se
presenta incongruencia de la sentencia. Sobre el particular ha indicado lo
siguiente:
“[…] de conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código de Procedimiento
Civil, aplicable a este asunto en virtud de la remisión prevista en el artículo 267 del
Código Contencioso Administrativo, la sentencia resulta incongruente cuando se
falla de manera extrapetita, es decir, ‘por objeto distinto del pretendido en la
demanda’ o ‘por causa diferente a la invocada en esta’; asimismo, en los eventos
en que se condena al demandado de manera ultra petita, esto es, ‘por cantidad
superior a la solicitada en la demanda’ e, incluso, si se omite decidir sobre alguna
de las pretensiones invocadas en el libelo introductorio del proceso, lo que da cuenta
de una decisión mínima petita.
Con el fin de establecer si se estructura alguna de las anteriores circunstancias
corresponde comparar las pretensiones de la respectiva demanda con la sentencia
dictada, para determinar si esta resulta o no acorde con lo solicitado y en caso de
advertirse que el juez de primera instancia decidió por fuera de lo pedido, la condena
deberá ajustarse de manera oficiosa […]”31
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A; Sentencia de
17 de agosto de 2017; C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; número único de radicación
41001233100020020092801.
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Número único de radicación: 11001 03 15 000 2022 06023 00
46. Del criterio jurisprudencial citado se concluye que: i) la sentencia debe ser
congruente con los hechos y las pretensiones de la demanda; ii) el Juez en su
ejercicio hermenéutico puede traer a colación los análisis sobre el alcance de las
normas legales pertinentes, aunque no hayan sido planteados por las partes,
siempre y cuando, sus consideraciones se enmarquen en las pretensiones del
proceso y se fundamenten en el acervo probatorio debatido en el mismo y iii) se
presenta una sentencia incongruente cuando: a) se falla de manera extra petita,
es decir, "[…] por objeto distinto del pretendido en la demanda […]” o "[…] por
causa diferente a la invocada en esta […]"; b) en los eventos en que se condena
al demandado de manera ultra petita, esto es, "[…] por cantidad superior a la
solicitada en la demanda […]” y c) cuando se omite decidir sobre alguna de las
pretensiones invocadas en el libelo introductorio del proceso, lo que da cuenta de
una decisión mínima petita.
Análisis de la causal de revisión
47. La Sala procede a considerar si, en el presente caso, se estructuran los
presupuestos que la ley establece y que el Consejo de Estado ha precisado, a
través de los criterios judiciales citados en acápites anteriores, para la
configuración de la causal prevista en el numeral 5.º del artículo 250 de la Ley
1437, en los siguientes términos:
47.1. El señor Pedro Emilio Castro Sierra, en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, solicitó como pretensiones que: i) se declare la
nulidad de la Resolución núm. 3430-6 de 29 de abril de 2016, por medio de la cual
le negaron los intereses moratorios con ocasión del pago tardío del retroactivo de
la homologación y nivelación salarial.
47.2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago
de: i) los intereses moratorios a partir del día siguiente a los treinta días posteriores
a su causación hasta el día que se pagó el retroactivo por homologación y
nivelación salarial, es decir del 11 de febrero de 1997 al 15 de abril de 2013, con
base en el capital neto, sin incluir el valor que por concepto de indexación salarial
se reconoció; y ii) el ajuste a la indexación, aplicando la última tabla expedida por
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la Superintendencia Financiera de Colombia, desde el 11 de febrero de 1997 hasta
el 16 de diciembre de 2014.
47.3. Para el efecto, argumentó que: i) los intereses moratorios pretendidos se
causaron a partir de su traslado como empleado administrativo del nivel nacional
al territorial, toda vez que desde ese momento debió percibir el mayor valor
correspondiente a los emolumentos propios de los empleados territoriales, de ahí
que, al no recibirlos, la administración local incurrió en mora en el pago de esa
parte del salario que debía homologar desde el principio; y ii) la Secretaria de
Educación del Departamento de Caldas no realizó la indexación en debida forma,
por cuanto utilizó una tabla para IPC ponderado desactualizada, lo cual generó
que el valor reconocido por ese concepto fuera inferior al que correspondía.
47.4. El Tribunal Administrativo de Caldas en la sentencia proferida, en primera
instancia, planteó el problema jurídico de la siguiente manera:
“[…] ¿Se causaron intereses moratorios en ocasión al pago de los valores por
homologación y nivelación salarial reconocidos en la Resolución No. 1657-6 del 22
de marzo de 2013, aclarada por la Resolución No. 3982-6 del 19 de julio de 2013,
modificada a su vez por la Resolución No. 8884-6 del 11 de diciembre de 2014
proferidas por el Departamento de Caldas?
En caso afirmativo, ¿Cuál de las entidades demandadas es la llamada a responder
frente a las pretensiones de la parte actora? […]”.
47.5. Al resolver el caso concreto consideró que: i) la obligación de pagar las
sumas reconocidas por concepto de retroactivo por la homologación y nivelación
salarial surgió en el momento que fueron expedidos los actos que determinaron el
derecho a su pago; ii) no había lugar al reconocimiento y pago de los intereses
moratorios, en la medida que las normas que reglamentan el régimen prestacional
no establecen ese derecho por el pago tardío una nivelación u homologación
salarial; y las sumas reconocidas por concepto de retroactivo fueron indexadas;
iii) no había lugar a ordenar la indexación por el lapso entre la ejecutoria de los
actos que reconocieron el retroactivo y su pago, por cuanto fue pagado en un
tiempo prudencial, proporcionado y necesario; y iv) cualquier pago derivado del
proceso de nivelación y homologación salarial le correspondía a la Nación –
Ministerio de Educación Nacional, toda vez que se trataría del pago de un mayor
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valor cancelado a título de reajuste o nivelación salarial
47.6. El señor Pedro Emilio Castro Sierra presentó recurso de apelación,
argumentando que:
47.6.1. El juez de primera instancia exigió una norma expresa que regulara el pago
de intereses moratorios en consideración a su naturaleza sancionatoria,
inaplicando la situación más favorable al trabajador en caso de duda y la analogía
como herramienta interpretativa.
47.6.2. La indexación y los intereses moratorios son conceptos diferentes, por lo
tanto, adujo que el Tribunal Administrativo de Caldas incurrió en un yerro al
considerar que estos no son acumulables.
47.6.3. Con base en el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, la
obligación reconocida surgió desde que fue trasladado a la planta de la entidad
territorial, contrario a lo considerado por el Tribunal Administrativo de Caldas que
concluyó que la acreencia nació a la vida jurídica desde que se expidieron los
actos administrativos de homologación y nivelación salarial, por ende, hay lugar a
intereses moratorios desde aquel traslado.
47.7. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión, planteó como problema
jurídico lo siguiente: “[…] El señor Pedro Emilio Castro Sierra tiene derecho al
reconocimiento de intereses moratorios por el no pago inmediato del retroactivo
derivado del proceso de homologación y nivelación salarial del personal
administrativo de la Secretaría de Educación del departamento de Caldas? […]”.
47.8. Consideró que no había lugar al reconocimiento de los intereses moratorios
si se tiene en cuenta que, por su carácter sancionatorio, no estaban previstos en
una norma que los autorizara expresamente para los casos de retroactivos por
homologación y nivelación y no estaban incluidos en el documento que reconoció
el derecho.
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47.9. Asimismo, el hecho de no haberse “pactado” el pago de un interés moratorio,
no debe acudirse en subsidio a la regla del artículo 1617 del Código Civil, pues en
estricto sentido no es un asunto negocial, en el cual las partes involucradas
puedan pactar a su arbitrio cláusulas contractuales.
47.10. Por último, consideró que la obligación se hizo exigible a partir de la
Resolución núm. 1657-6 de 22 de marzo de 2013, aclarada por la Resolución núm.
3982-6 de 19 de julio de 2013, modificada por la Resolución 8884-6 de 11 de
diciembre de 2014, por lo que no hubo una dilación injustificada en el pago toda
vez que el pago se realizó el 15 de abril de 2013.
48. Del anterior recuento, esta Sala prohíja los argumentos expuestos por esta
Corporación al resolver asuntos similares32 y, en esa medida, considera que:
48.1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en su
ejercicio hermenéutico profirió la sentencia con la competencia propia que le
otorgaba los argumentos de la demanda, su contestación y el recurso de
apelación, realizando el análisis sobre las normas legales y criterios
jurisprudenciales pertinentes sobre la procedencia o no del reconocimiento de los
intereses moratorios en el proceso de homologación y nivelación salarial del
personal administrativo de la Secretaría de Educación del Departamento de
Caldas y la incompatibilidad de su reconocimiento con la indexación establecida
en el acto administrativo demandado.
48.2. Estas consideraciones se enmarcaron dentro de las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y se fundamentaron en el
acervo probatorio debatido en el mismo, sin que se observe pronunciamiento
alguno que no guardara relación con los reparos concretos formulados por el
apelante o con el objeto del litigio, quedando desvirtuada la vulneración al principio
de congruencia.
32
i) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Quince Especial de Decisión,
sentencia de 24 de octubre de 2022, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001
03 15 000 2022 04663 00; ii) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Sexta
Especial de Decisión, sentencia de 3 de mayo de 2022, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, número único de
radicación 11001 03 15 000 2022 00850 00.
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48.3. Ahora, frente al argumento de la presunta incongruencia por el periodo de
causación de los intereses moratorios, esta Sala considera que el supuesto
defecto no corresponde a alguno de los presupuestos legales y jurisprudenciales
que podrían viciar de nulidad la sentencia recurrida, en la medida que los
argumentos del recurso se encaminan a convertir esta etapa procesal en una
tercera instancia, al pretender revivir el análisis normativo y los criterios
jurisprudenciales adoptados en la decisión recurrida sobre el proceso de
homologación y nivelación salarial del personal administrativo de la Secretaría de
Educación del Departamento de Caldas, reproches que no son propios de la
causal alegada y que escapan al objeto del recurso extraordinario de revisión. Al
respecto, esta Corporación ha reiterado33:
“[…] No resulta acertado plantear cuestionamientos a la sentencia, motivados en
que se realizó una apreciación errada de las pruebas, en que no se aplicó una
determinada regla de derecho, en que se aplicó en forma indebida o en que se
interpretó equivocadamente una norma jurídica, pues todas estas observaciones
escapan al ámbito de la aludida causal […]”.
49. Por lo expuesto anteriormente, se considera que no se configura la causal de
revisión alegada.
Condena en costas
50. Vistos los artículos: i) 25534 de la Ley 1437; ii) 361 de la Ley 1564 sobre la
composición de las costas; iii) 365 ibidem en especial, su numeral 8.º35, sobre
condena en costas; iv) 366 ibidem, sobre liquidación de costas y agencias en
derecho y v) el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, en especial, los artículos 2.°36
33 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. sentencia de 26 de mayo de 2010, C.P
Mauricio Fajardo Gómez, número único de radicación 2001 – 1504.
34 Modificado por el artículo 70 de la Ley 2080.
35 “[…] Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los
casos especiales previstos en este código.
[…] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación […]”.
36 “Artículo 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro
del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la
duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso
y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la
labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites.
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sobre criterios para la fijación de agencias en derecho y 5.°37 sobre las tarifas de
las agencias en derecho.
51. Atendiendo a que la condena en costas: i) está compuesta, por un lado, por la
totalidad de expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y, por el
otro, por las agencias en derecho; ii) para su imposición debe tenerse en
consideración las reglas previstas en el artículo 365 de la Ley 1564; iii) de
conformidad con el numeral 8.° ibidem, solo habrá lugar cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación; y iv) en relación
con la determinación de las agencias en derecho tendrá en cuenta los criterios
para su fijación y las tarifas indicadas por el Consejo Superior de la Judicatura.
52. En el caso sub examine, la Sala considera que no hay lugar a imponer una
condena en costas a la parte demandante, en la medida que, si bien se declarará
infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto, no se acreditó
probatoriamente su causación.
Conclusiones de la Sala
53. Así las cosas, se declarará infundado el recurso propuesto, en la medida que
no se advierte la configuración de la causal de revisión prevista en el numeral 5.º
del artículo 250 de la Ley 1437, toda vez que la sentencia recurrida fue proferida
de forma congruente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión
Núm. 15 de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,
IV. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Pedro Emilio Castro Sierra contra la sentencia proferida
37 Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: “[…] 9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS. […]
Entre 1 y 20 S.M.M.L.V. […]”.
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el 23 de septiembre de 2021 por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 170012333 000 2016 00681 01,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente del recurso
extraordinario de revisión, realizando las anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
STELLA JEANNETTE CARVAJAL FREDY IBARRA MARTÍNEZ
BASTO Consejero de Estado
Consejera de Estado
CARMELO PERDOMO CUÉTER PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Consejero de Estado Consejero de Estado
Con aclaración de voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sala Quince
Especial de Decisión en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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