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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04335-00

Fecha
8 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04335-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación de la Fiduprevisora S.A. y el Ministerio de Educación Nacional. SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela presentada por la señora Flor Estela Urán Duque contra el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta de Decisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el 26 Corte Constitucional, Sentencia SU-949 de 2014. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Flor Estela Urán Duque Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta de Decisión Radicación: 11001-03-15-000-2022-04335-00 artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04335-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

8 de septiembre de 2022

Demandante: Flor Estela Urán Duque
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta de Decisión
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04335-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., ocho (08) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04335-00
Demandante: FLOR ESTELA URÁN DUQUE
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA QUINTA
DE DECISIÓN

TEMAS: Tutela contra providencia judicial – mesada adicional – niega
defecto sustantivo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Resuelve la Sala la acción de tutela formulada por la señora Flor Estela Urán Duque
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud

Mediante escrito presentado el 9 de agosto de 20221, por intermedio de apoderada,
la señora Flor Estela Urán Duque, instauró este medio constitucional contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión con el fin de obtener el
amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital, debido proceso, igualdad y
de acceso a la administración de justicia.

Dichas garantías constitucionales las consideró vulneradas por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, con ocasión de la providencia
de 9 de febrero de 2022 mediante la cual se confirmó la decisión de 4 de junio de
2021 dictada por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Medellín,
que negó las pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-014-2020-00271-00/01.

1 De conformidad con lo consignado en el acta de reparto

1

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Demandante: Flor Estela Urán Duque
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta de Decisión
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04335-00

1.2. Pretensiones

La parte accionante presentó las siguientes:

“1. Se declare que el Tribunal Administrativo de ANTIOQUIA – Sala Primera de
Decisión, integrada por los magistrados JORGE LEON ARANGO FRANCO,
DANIEL MONTERO, VANESSA ALEJANDRA PEREZ ROSALES, transgredió los
derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, MINIMO VITAL, IGUALDAD Y
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de la accionante con la decisión
contenida en la sentencia del 9 DE FEBRERO DE 2022 proferida dentro del
proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho incoada por la Docente
MARTHA NELLY ALZATE RAMIREZ contra La NACIÓN – MINISTERIO DE
EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO, bajo radicado N° 05001-33-33-012-2020-00271-01.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, integrada por los
Magistrados JORGE LEON ARANGO FRANCO, DNAIEL MONTERO, VANESSA
ALEJANDRA PEREZ ROSALES; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo al precedente judicial que
sobre el tema edificó el Consejo de Estado mediante Sentencia Unificación SUJ-
014-CE-S2-2019 de 25 de abril de 2019 proferida por la Sección Segunda, es
decir reconociendo la prima de junio establecida en el artículo 15 numeral 12
literal b de la ley 91 de 1989.” (Sic para toda la cita)

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y sus anexos, se establecen los siguientes presupuestos
fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en
este fallo:

• La señora Flor Estela Urán Duque laboró como docente en el sector público
desde una fecha posterior al 1º de febrero de 19812.

• Mediante Resolución No. 007565 de 5 de julio de 2016 expedida por la Secretaría
de Educación de Medellín, actuando en nombre de la Nación, fue reconocida una
pensión de jubilación a favor de la actora.

• A pesar de lo anterior, tras agotar el trámite administrativo correspondiente, la
señora Flor Estela Urán Duque en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de una mesada adicional,

2 En las pruebas aportadas no se especifica la fecha de vinculación

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de acuerdo con lo dispuesto el literal b, del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91
de 19893.

• En providencia de 4 de junio de 2021, el Juzgado Catorce Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín negó lo pretendido y, para el efecto, consideró que el
Acto Legislativo 01 de 2005 limitó el número de mesadas adicionales máximas
que puede recibir un pensionado, eliminando el pago adicional pretendido para
quienes se causara el derecho pensional en vigencia de aquella norma, a su vez,
señaló que la demandante no se encontraba en alguna causal de excepción para
inaplicar la limitante legal.

• Inconforme con lo resuelto, la actora presentó recurso de apelación que fue
resuelto en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Quinta de Decisión, que en sentencia de 9 de febrero de 2022, confirmó lo
decidido por su a quo.

• Para el efecto, siguió la línea argumentativa de la primera instancia, eso es, que
de conformidad con lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005, no tenía
derecho a recibir más de 13 mesadas pensionales.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La apoderada consideró que en este caso se configura el defecto sustantivo, que
estructuró de la siguiente forma.

Señaló que la autoridad judicial accionada basaron todo el estudio de su caso en el
inciso 8 del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005, a partir del cual concluyeron
que la actora no cumplía con los requisitos exigidos para superar la limitante
impuesta en esa norma al número de mesadas pensionales que podía recibir; no
obstante, aseguró que esta premisa legal debe ser leída de manera conjunta con
otros postulados normativos, lo cual fue ignorado en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

En primer lugar, consideró que el parágrafo transitorio 1° del mismo artículo,
establece que, tratándose de servidores del magisterio, el régimen pensional es el
contemplado en las normas anteriores a la Ley 812 de 2003, lo que implica que para
el caso de la actora las reglas aplicables son las contenidas en la Ley 91 de 1989.

3 B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para

aquellos que se nombren a partir del 1° de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se
reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último
año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional
y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.

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Siendo así, explicó que, el literal b, del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989
dispuso que, los docentes vinculados luego del 1° de enero de 1981 tienen derecho a
percibir una mesada pensional adicional pagable a mitad de año, lo que a juicio de la
libelista, fue la forma de compensar a un grupo de empleados del magisterio que no
pudo beneficiarse de la pensión gracia.

Igualmente, manifestó que su razonamiento se encuentra respaldado por la
sentencia de unificación de 25 de abril de 20194, donde la Sección Segunda del
Consejo de Estado, consideró que los docentes vinculados a partir del 1° de enero
de 1981 tienen derecho a que les sea reconocida una prima adicional de medio año
equivalente a una mesada pensional.

1.5. Trámite de la acción

Con auto de 11 de agosto de 2022, el magistrado ponente de esta decisión admitió la
tutela y, para el efecto, se tuvo como autoridad demandada al Tribunal Administrativo
de Antioquia – Sala Quinta de Decisión, por lo que dispuso su notificación.

Adicionalmente, se vinculó, como terceros interesados, al Juzgado Catorce
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, quien conoció el proceso en primera
instancia y, a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, parte demandada dentro del proceso ordinario.

Finalmente, se ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara
una publicación en la página web de la Corporación, con la información de la tutela
de la referencia, con el fin ponerla en conocimiento de los terceros interesados.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. La Fiduprevisora S.A., compareció al proceso en su calidad de vocera del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se opuso a las
pretensiones de tutela, argumentando que no se acreditaban los requisitos
especiales de procedibilidad, esto en el entendido que los jueces de instancia
resolvieron su caso aplicando la normatividad vigente sin que se evidenciara la
configuración de una vía de hecho.

Adicionalmente, solicitó su desvinculación del proceso, en tanto que su actuar se
limita a pronunciarse en nombre de la mencionada cuenta de la Nación, sin estar
legitimados en la causa por pasiva.

4 Radicado: 680012333000201500569-01 C.P. César Palomino Cortés

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1.6.2. El Ministerio de Educación, luego de hacer una exposición sobre las
generalidades de la tutela, la función de la administración de justicia y la procedencia
de la tutela contra providencia judicial, expresó que los hechos presuntamente
vulneradores que denuncia la accionante, son propios de los jueces que resolvieron
su caso, por lo que solicitó la desvinculación del proceso ante su falta de legitimación
en la causa por pasiva.

1.6.3. El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Medellín,
manifestó que los argumentos que llevaron a la decisión desestimatoria de las
pretensiones se encuentran contenidos en la sentencia, por lo que compartió el
vínculo de acceso al expediente ordinario.

1.6.4. El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta de Decisión a pesar
de haber sido adecuadamente notificado de la admisión de la tutela 5, se abstuvo de
pronunciarse en el término concedido.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por la señora Flor Estela Urán Duque contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia – Sala Quinta de Decisión, de conformidad con lo establecido en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019,
artículo 25, de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión Previa

En las intervenciones allegadas por la Fiduprevisora S.A. y el Ministerio de
Educación Nacional se solicitó que se dispusiera su desvinculación del presente
proceso de tutela, por cuanto no se configura la legitimación en la causa por pasiva.

Sobre el particular, se resalta que la Sala no vinculó a la Fiduprevisora S.A, pues el
tercero interesado que se señaló en el auto admisorio fue el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, por lo que se entiende que el mencionado
interviniente acudió en atención a la relación que tiene con dicho patrimonio
autónomo en calidad de vocera.

En ese sentido, no se accederá a su desvinculación, en tanto que materialmente una
cuenta de la Nación no puede concurrir sino a través de su fiduciaria, en ese sentido,
es necesario que la mencionada sociedad permanezca en el proceso a fin de que
represente a la accionada.

5 Ver índice 8 en el aplicativo SAMAI

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Por otra parte, frente al Ministerio de Educación, su vinculación se realizó en calidad
de tercero interesado por cuanto el caso versa sobre un reconocimiento pensional
que directamente afecta los recursos asociados a dicha cartera, en ese sentido, para
la Sala es evidente que debe conocer directamente lo que se resuelva en este
proceso.

En consecuencia, se negarán las solicitudes de desvinculación propuestas.

Por otra parte, si bien la tutela se dirigió por la decisión adoptada en dos instancias
de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el estudio del caso se
centrará en lo decidido por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta de
Decisión, por ser aquella la que puso fin al proceso ordinario.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración de los derechos fundamentales al mínimo vital, debido proceso, igualdad
y de acceso a la administración de justicia de la actora por parte del Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Quinta de Decisión, como autoridad judicial
accionada, con ocasión de la sentencia proferida el 9 de febrero de 2022, por haber
incurrido, presuntamente, en el defecto sustantivo.

Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) las
generalidades del defecto alegado y; (iv) el caso en concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20126
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema7.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
sentencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales8.

6 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
8 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.

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Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia
de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Sobre el particular, la Sala destaca que este asunto es relevante
constitucionalmente, pues conforme con los argumentos esgrimidos en el escrito
de inicial, se trata de la presunta lesión de los derechos fundamentales invocados,
ante la posible configuración del defecto sustantivo en una sentencia que negó el
reconocimiento de una mesada adicional en la pensión de una docente y que, según
se afirma, era beneficiaria de un régimen pensional más favorable que fue
desconocido por la autoridad judicial accionada.

En tales condiciones, se observa que existen suficientes motivos para resolver de
fondo los reparos expuestos por la tutelante ante la notoria tensión entre los
derechos fundamentales cuya protección se solicitó y la decisión judicial objeto de
reproche, por lo que la Sala superará este requisito, y pasará a verificar si se
cumplen los demás presupuestos generales de procedibilidad.

2.5.2. Respecto al agotamiento de todos los medios de defensa judicial, se tiene
que la parte accionante no cuenta con otro mecanismo distinto a la tutela para
conjurar la eventual transgresión que la aludida decisión pudiera irrogarle a sus
derechos fundamentales. Esto, toda vez que contra la providencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta de Decisión no procede ningún
recurso, y que los cargos alegados no se encuadran en las causales de procedencia
de los recursos extraordinarios de revisión, ni de unificación de jurisprudencia, por lo
menos en lo que atañe exclusivamente al cargo de defecto fático.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, aunque no lo invocó como un cargo aparte, en
la tutela sí se hace alusión al presunto desconocimiento de la decisión de unificación
contenida en la sentencia de 25 de abril de 2019 proferida por la Sección Segunda
del Consejo de Estado, al respecto, se tiene que, conforme lo establece el artículo

9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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256 de la Ley 1437 de 2011, el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia tiene como finalidad la de “asegurar la unidad de la interpretación del
derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes”, cuando una
autoridad judicial desconoce la jurisprudencia contenida en una sentencia de
unificación.

Siendo así, ya que el presente asunto la sentencia atacada fue proferida por un
tribunal en segunda instancia y, se trata de un asunto de materia pensional, por lo
que el mecanismo idóneo para reclamar la aplicación del precedente de unificación,
es el mencionado recurso extraordinario.

Por lo tanto, se evidencia improcedente el argumento relativo al presunto
desconocimiento de la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019.

2.5.3. De igual manera, esta Sala de Decisión encuentra que en el presente asunto
se cumple el requisito de inmediatez, puesto que, la decisión atacada data del 9 de
febrero de 2022, por lo que sin necesidad de tener en cuenta el término de
ejecutoria, es claro que la acción de tutela ejercida el 9 de agosto de 2022 fue
radicada dentro de un término razonable.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 10, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los
criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200511, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales y
reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de
los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.

2.5.4. No se trata de una tutela contra decisión de igual naturaleza dado que la
providencia que controvierte la parte actora fue proferida dentro de un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado Nº 05001-33-33-
014-2020-00271-00/01.

Por todo lo anterior, la Sala procederá a realizar el análisis del defecto sustantivo, al
encontrar acreditados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial.

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un

término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.”

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2.6. De las generalidades del defecto alegado

2.6.1. Referente al defecto sustantivo, se tiene que la Corte Constitucional12, ha
explicado que este se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente
inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación
que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”13.

Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:

a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente14 o porque ha sido derogada15, es inexistente16,
inexequible17 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
Legislador18.

b) No se hace una interpretación razonable de la norma19.

c) La disposición aplicada es regresiva20 o contraria a la Constitución21.

d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición22.

e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma23 .

f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un
defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga argumentativa.

12 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12.03.12., M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
13 Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del
27.01.05, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31.03.05, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, T-657 del 10.08.06, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31.08.07, M.P. Jaime
Córdoba Triviño, T-743 del 24.07.08, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1.02.10, M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1.10.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3.03.05. M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4.03.04. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
16 Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22.09.06. M.P. Jaime Araujo Rentería.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-522 del 18.05.01. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
19 Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30.01.09. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101

del 28.10.05, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22.01.08, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
21 Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8.02.07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
22 Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13.05.94. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
23 Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26.08.004. M.P. Clara Inés Vargas.

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2.7. Caso concreto

La parte actora señaló que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de
Decisión, vulneró sus derechos fundamentales con ocasión de la providencia de 9 de
febrero de 2022 mediante la cual se confirmó la decisión de 4 de junio de 2021
dictada por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, que
negó las pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-014-2020-00271-00/01.

Para sustentar lo anterior consideró que en el estudio de su caso, de manera errónea
se concluyó que no cumplía con los requisitos exigidos en el inciso 8 del artículo 1°
del Acto Legislativo 01 de 2005 para superar la limitante impuesta en esa norma al
número de mesadas pensionales que podía recibir y, aseguró que esta premisa legal
debe ser leída de manera conjunta con otros postulados normativos, lo cual fue
ignorado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Para este asunto se tiene que la señora Flor Estela Urán Duque, quien se vinculó
como docente del sector público con posterioridad al 1 de febrero de 1981, es
beneficiaria de una pensión de jubilación la cual le es pagada anualmente de forma
diferida en 13 mesadas y cuyo derecho se causó el 31 de marzo de 201624.

No obstante, considera que es beneficiaria de lo dispuesto en el literal b, del numeral
2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que consagró una mesada adicional a
aquellos docentes que, habiéndose vinculado luego del 1° de enero de 1981, no
cumplieron los requisitos para ser acreedores de una pensión gracia.

Al llevar su caso ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en sentencias
de ambas instancias, se le resolvió desfavorablemente. Esto por cuanto las
autoridades judiciales consideraron que, a partir del Acto Legislativo 01 de 2005,
todos los trabajadores solo recibirían 13 mesadas pensionales, a menos que, como
lo establece su parágrafo 6 transitorio, su pensión no supere los 3 salarios mínimos y
se cause antes del 31 de julio de 2011, puntualmente, el precepto normativo es el
siguiente:

"Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del
presente Acto Legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas pensionales
al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los
requisitos para acceder a ella, aún cuando no se hubiese efectuado el
reconocimiento".

24 Se extrae de lo manifestado por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta de Decisión,

lo cual no es negado ni discutido en la acción de tutela.

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Demandante: Flor Estela Urán Duque
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta de Decisión
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04335-00

Ahora bien, la argumentación traída a estudio por parte de la actora, obedece a un
análisis sobre la forma adecuada de interpretar el mencionado Acto Legislativo,
puntualmente, hace referencia que dicha norma, en su parágrafo transitorio 1,
dispone lo siguiente:

"Parágrafo transitorio 1o. El régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el
artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de
la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en
las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la
Ley 812 de 2003".

En este punto, se advierte que, la norma en cita ciertamente hace alusión al respeto
por el régimen pensional de los docentes vinculados con anterioridad a la Ley 812 de
2003, lo que en principio, atañe a la edad y tiempo de servicios con el cual se
concedían las pensiones; no obstante, el parágrafo no tiene una regulación expresa
sobre aspectos accesorios o adicionales, como la mesada 14 que reclama la actora,
por lo que se trata de un tema que escapa al texto de la norma.

Sobre este punto de interpretación, para casos en que un docente reclama la
mesada adicional por vía de tutela, esta Sala ya había sentado su posición en
providencia de 7 de abril de 202225, así:

“A partir de esta línea argumentativa, esta Colegiatura resalta que, contrario a lo
señalado por la parte tutelante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, efectuó un análisis normativo razonable de la
prima de medio año, para concluir que, conforme al limitante introducido por el
Acto Legislativo 001 de 2005, se restringió de manera general la posibilidad de
devengar a medio año una mesada adicional, para quienes se pensionen con
posterioridad al 25 de julio de 2005, o que, a 31 de julio de 2011 devengaran una
pensión superior a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, situaciones
que acontecieron en el caso concreto.

Lo anterior, debido a que, según el criterio de la Corte Constitucional, en sede de
tutela no es procedente que se imponga al juez natural de la causa la forma
en que debe interpretar el marco jurídico aplicable al caso que se resuelve,
puesto que el estudio a través del cual se decide una situación jurídica, pese a
que difiera del aludido por la parte demandante, no implica per se que se
configure el defecto alegado.

25 Proceso: 11001-03-15-000-2022-00852-00, acumulados: 11001-03-15-000-2022-00844-00 y 11001-

03-15-000-2022-00842-00, C.P. Luís Alberto Álvarez Parra.

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Es por ello que no corresponde en esta sede señalar cuál es la exegesis
“correcta” para dar final a un caso específico, con fundamento en que el
funcionario está revestido por el principio de la autonomía judicial, sin que ello
afecte la imparcialidad y objetividad con la cual debe fallar.26.

En ese sentido, es claro que el defecto sustantivo únicamente se considera
configurado cuando el funcionario que administra justicia omite su rol como
garante de la normativa sustancial para proferir decisiones
desproporcionadas y contrarias a la ley, aspecto que no se encuentra
demostrado en el trámite de la referencia.” (Resaltado fuera de texto)

Siendo así, el juez de tutela debe tener especial cuidado al estudiar una acción de
amparo con fundamento en el defecto sustantivo, pues si bien puede corregir
actuaciones arbitrarias contrarias a la ley, no puede imponer su criterio interpretativo
sobre el del juez de instancia, afectando así la autonomía judicial.

En se orden de ideas, del orden legal puesto a consideración, se advierte que existe
un espacio de interpretación sobre la viabilidad o no de reconocer la mesada 14 a los
docentes que, como la actora se vincularon antes de la Ley 812 de 2003 pero que no
son beneficiarios de una pensión gracia y, visto que la decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Quinta de Decisión estuvo soportado en lo que
puntualmente establece el inciso 8 del Acto Legislativo 01 de 2005, la Sala no
encuentra configurado el defecto sustantivo.

En conclusión, comoquiera que los argumentos expuestos por la parte demandante
no tienen la entidad suficiente para desvirtuar lo resuelto por la autoridad judicial
accionada, se negará la solicitud de amparo.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación de la Fiduprevisora S.A. y el
Ministerio de Educación Nacional.

SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela presentada por la señora Flor Estela Urán
Duque contra el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta de Decisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el

26 Corte Constitucional, Sentencia SU-949 de 2014.

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artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia dentro de los tres
(3) días siguientes, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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