Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00852-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-00852-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00852-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-00852-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
7 de abril de 2022
Demandantes: María Griselda Gómez Zea y otras
Radicado expediente principal: 11001-03-15-000-2022-00852-00
Radicados expedientes acumulados: 11002-03-15-000-2022-00844-00 y
11001-03-15-000-2022-00842-00
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicados: 11001-03-15-000-2022-00852-00 (principal)
11001-03-15-000-2022-00844-00 y 11001-03-15-000-2022-00842-
00 (acumulados)
Demandantes: MARÍA GRISELDA GÓMEZ ZEA Y OTRAS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN A Y OTRO
TEMA: Tutela contra providencia judicial – defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente – niega amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de los procesos de tutela
acumulados, conforme a los radicados de la referencia, presentados por las señoras
María Griselda Gómez Zea, Olga Beatriz Castro Vivas y Martha Patricia Rodríguez
Rodríguez contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A y el Juzgado 22 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021 y, en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela No. 2022-00852-00
La señora María Griselda Gómez Zea, por conducto de apoderado judicial,1 mediante
escrito enviado por correo electrónico el 1º de febrero de 2022, al buzón web
“tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co”, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y el Juzgado 22
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, con el fin de que se protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y a la
seguridad social.
1
Cristian Aníbal Fernández Gutiérrez
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: María Griselda Gómez Zea y otras
Radicado expediente principal: 11001-03-15-000-2022-00852-00
Radicados expedientes acumulados: 11002-03-15-000-2022-00844-00 y
11001-03-15-000-2022-00842-00
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y otro
Las referidas garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión de la
providencia de 19 de agosto de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual revocó la decisión de
27 de octubre de 2020 dictada por el Juzgado 22 Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Bogotá que había accedido parcialmente a las pretensiones del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho ejercido por la accionante contra la
Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y la Fiduciaria La Previsora S.A., proceso que se identificó con el
radicado 11001-33-35-022-2019-00462-01, para, en su lugar, denegarlas.
1.2. Solicitudes de tutela Nos. 2022-00844-00 y 2022-00842-00
De igual manera, las señoras Olga Beatriz Castro Vivas y Martha Patricia Rodríguez
Rodríguez, por conducto del mismo apoderado judicial, ejercieron este mecanismo
constitucional2 contra las mismas autoridades que conforman el extremo pasivo en el
proceso principal, a través de escritos que presentan identidad fáctica, jurídica y
argumentativa.
1.3. Peticiones de amparo constitucional
En las tres demandas tutelares se presentaron idénticas pretensiones:
“PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la prosperidad de la
acción, respetuosamente solicito SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia emitida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN -A- de fecha 19 de agosto de 2021, mediante la cual REVOCO la
sentencia emitida por el JUZGADO 22 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
BOGOTÁ el 27 de octubre de 2020.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente al Honorable
Consejo de Estado se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
– SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A” a proferir sentencia de fondo ordenando al
FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a Reconocer y pagar la
prima de medio año establecida en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 (…)”. (Énfasis del
texto y sic para toda la cita)
1.4. Hechos comunes
Las accionantes sustentaron las solicitudes de amparo en los siguientes hechos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
La parte accionante adujo que, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (en adelante FOMAG), a través de las Resoluciones Nos. 5613 de 1º de
agosto de 2017, 2709 de 29 de mayo de 2012 y 1660 de 26 de abril de 2010, les
2
El 26 de julio de 2021.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: María Griselda Gómez Zea y otras
Radicado expediente principal: 11001-03-15-000-2022-00852-00
Radicados expedientes acumulados: 11002-03-15-000-2022-00844-00 y
11001-03-15-000-2022-00842-00
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y otro
reconoció y ordenó el pago de la pensión de jubilación a las señoras María Griselda
Gómez Zea, Olga Beatriz Castro Vivas y Martha Patricia Rodríguez Rodríguez,
respectivamente.
Indicó que, en el año 2019, las actoras solicitaron, tanto a la Secretaría de Educación
de Bogotá como a la Fiduprevisora S.A., la revisión y ajuste de sus pensiones, con el fin
de que se incluyera la prima de medio año establecida en el artículo 15 de la Ley 91 de
1989, así como la suspensión y reintegro de los descuentos ejecutados “en exceso” por
concepto de salud, respecto de las mesadas adicionales de cada anualidad.
Refirió que, mediante los Oficios S-2019-117893 de 20 de junio de 2019,
2019109176151 de 5 de agosto de 2019; S-2019-119936 de 21 de junio de 2019,
20191091620121 de 15 de julio de 2015; S- 2019126310 de 4 de julio de 2019 y
20191091796741, se negó la solicitud de la suspensión y reintegro de las sumas
descontadas por concepto de salud y a su vez se “(…) guardó silencio respecto a la
solicitud del reconocimiento de la prima de medio año”.
Señaló que, con ocasión de lo anterior, las tutelantes ejercieron el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, proceso que se identificó con el radicado 11001-
33-35-022-2019-00462-01, el cual fue decidido en primera instancia por el Juzgado 22
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá que, con sentencia de 27 de octubre
de 2020 concedió parcialmente las pretensiones de la demanda, en el sentido de
acceder únicamente a la suspensión y reintegro de los mencionados descuentos.
Informó que, los recursos de apelación elevados por las partes fueron desatados por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, autoridad
que mediante fallo de 19 de agosto de 2021 revocó la decisión del a quo, para, en su
lugar, denegar las súplicas al concluir:
“Lo anterior supone que: (i) los descuentos que se efectúan por concepto de aportes en
salud sobre la pensión de jubilación reconocida a la parte demandante por la mesada
pensional adicional de diciembre, se encuentran acordes con la normativa que regula la
materia, especialmente en virtud a la postura unificada de la Sección Segunda de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; y (ii) la parte demandante no
acreditó tener derecho al reconocimiento, por parte de las entidades demandadas de la
prima de medio año equivalente a una mesada pensional. Por lo que habrá de revocarse
parcialmente la sentencia de primera instancia que había accedido a la primera de las
pretensiones, para en su lugar negarla, y confirmarla en lo demás ”.
1.5. Fundamentos de las solicitudes
1.5.1. Las tutelantes consideran que, con la expedición de la sentencia de 19 de agosto
de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
incurrió en defecto sustantivo por cuanto resolvió la segunda instancia a partir del
análisis consistente en si las accionantes tenían derecho a que les fuera reconocida la
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: María Griselda Gómez Zea y otras
Radicado expediente principal: 11001-03-15-000-2022-00852-00
Radicados expedientes acumulados: 11002-03-15-000-2022-00844-00 y
11001-03-15-000-2022-00842-00
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y otro
“mesada 14 prevista en el artículo 142 de la ley 100 de 1993 cuando la mesada que se estaba
solicitando era la prima de medio año establecida en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 ”.
Para tal efecto, indicaron que fueron vinculadas como docentes al Magisterio Oficial
Colombiano y están cotizando al FOMAG desde: (i) 28 febrero de 1992 (María
Griselda); (ii) 20 de febrero de 1991 (Olga Beatriz); y (iii) 16 de marzo de 1981 (Martha
Patricia), es decir, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, 3
razón por la cual el régimen pensional aplicable es la Ley 91 de 1989
1.5.2. Agregaron que se desconoció el precedente del Consejo de Estado contenido
en las siguientes providencias:
(i) Sentencia de tutela de 21 de junio de 2008, proferida por la Sección Quinta, con
ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro, respecto a la cual citó: “[v]isto ello,
advierte la Sala que el régimen pensional aplicable a la actora corresponde al previsto en la Ley
91 de 1989, la cual remite a la Ley 33 de 1985, en lo que concierne al reconocimiento de la
pensión de jubilación, debido a que se vinculó al servicio público educativo oficial antes de que
entrara en vigencia la Ley 812 de 2003” (Énfasis del texto)
(ii) Sentencia de 28 de agosto de 2018, dictada por la Sala Plena de esta Corporación,
en la cual se precisó que dicho proveído “(…) no se aplica a los docentes al servicio del
Estado, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que se
vincularon antes de 26 de junio de 2003, quienes están exceptuados de la aplicación de la
Ley 100 de 1993 y su régimen pensional está previsto en la Ley 91 de 1989, conforme lo
ordena igualmente el Acto Legislativo 01 de 2005, por esta razón, estos servidores NO ESTAN
COBIJADOS POR EL REGIMEN DE TRANSICIÓN ”. (Énfasis del texto y sic para la cita)
(iii) Sentencias de tutela de 24 y 31 de octubre de 2018, expedidas por la Sección
Cuarta con ponencia de la magistrada Stella Jeannette Carvajal Basto, frente a la cual
citó: “[p]ues si bien la misma fijo una regla y dos subreglas, las mismas están dirigidas a la
forma como debe entenderse la aplicación del régimen general de los empleados públicos
contenidos en la ley 33 de 1985, pero que se encontraban por el régimen de transición según el
artículo 36 de la ley 100 de 1993, de igual forma dejo establecido que la misma no era aplicable
a los docentes vinculados al FONPREMAG al no estar cobijados por el régimen de transición,
por encontrarse exceptuados de su ámbito de aplicación por disposición expresa del artículo
279 de la Ley 100 de 1993”. (Énfasis del texto y sic para la cita)
1.5.3. Finalmente, solicitaron que se declare “la NULIDAD TOTAL de los Actos
Administrativos enunciados y se RESTABLEZCA EL DERECHO (…)”
3
27 de junio de 2003.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: María Griselda Gómez Zea y otras
Radicado expediente principal: 11001-03-15-000-2022-00852-00
Radicados expedientes acumulados: 11002-03-15-000-2022-00844-00 y
11001-03-15-000-2022-00842-00
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y otro
1.6. Trámite de la acción
1.6.1. Con auto de 7 de febrero de 2022 este despacho admitió la tutela; dispuso la
notificación a las partes, así como la vinculación de la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y a la Fiduciaria La
Previsora S.A. [autoridades demandadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho], así como de las señoras Olga Beatriz Castro Vivas y Martha Patricia
Rodríguez Rodríguez [por haber conformado el extremo activo del proceso ordinario ];
reconoció personería al abogado Cristian Aníbal Fernández Gutiérrez y ordenó a la
Oficina de Sistemas del Consejo de Estado realizar una publicación en la página web
de la Corporación, con la información relacionada con esta tutela con el fin de ponerla
en conocimiento de los terceros interesados.
1.6.2. En atención a las referidas notificaciones, el Juzgado 22 Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Bogotá, a través de memorial allegado a este proceso el 15 de
febrero de 2022, informó sobre la existencia de la acción constitucional con supuestos
fácticos y jurídicos similares, identificada con el número 11001-03-15-000-2022-00844-
00.
También, mediante escrito radicado el 21 de febrero de 2022, el abogado Cristian
Aníbal Fernández Gutiérrez, puso de presente lo siguiente:
“Es procedente mencionar que las accionantes Martha Patricia Rodríguez y María
Griselda Gómez Zea cuentan con una acción de tutela en curso teniendo en cuenta la
protección de los derechos fundamentales de carácter individual (anexo pantallazo con
cada uno de los datos de cada acción de tutela en curso)”
1.6.3. Las acciones de tutela Nos. 2022-00844-00 y 2022-00842-00, inicialmente fueron
asignadas por reparto a los magistrados José Roberto Sáchica Méndez y Guillermo
Sánchez Luque, de las Subsecciones A y C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, respectivamente.
1.6.4. En atención a los informes presentados sobre la existencia de las otras dos
acciones de tutela promovidas por las personas respecto de las cuales se pretendía su
vinculación al trámite de la referencia, mediante auto de 8 de marzo de 2022, este
despacho resolvió acumularlos al trámite principal de la referencia y avocar el
conocimiento de los procesos 2022-00844-00 y 2022-00842-00, por haber sido el
despacho que primero admitió la petición constitucional, y por presentar similitud en el
extremo pasivo, así como en los supuestos fácticos y jurídicos.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: María Griselda Gómez Zea y otras
Radicado expediente principal: 11001-03-15-000-2022-00852-00
Radicados expedientes acumulados: 11002-03-15-000-2022-00844-00 y
11001-03-15-000-2022-00842-00
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y otro
1.7. Contestaciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes, fueron allegadas las siguientes
intervenciones:
1.7.1. Fiduprevisora S.A.
Con escritos presentados el 14 y el 15 de febrero de 2022, la coordinadora de tutelas
de la Dirección de Gestión Judicial de la entidad, solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela debido a la ausencia absoluta de las causales
genéricas y específicas de procedibilidad, puesto que lo pretendido por la parte actora
consiste en reabrir un debate zanjado por el juez natural.
En ese orden, manifestó que en el asunto de la referencia no se advierte la vulneración
de los derechos fundamentales a la seguridad social, al debido proceso, a la igualdad y
de acceso a la administración de justicia, toda vez que las autoridades judiciales
censuradas procedieron conforme a la normativa establecida y el precedente judicial
respecto de la materia objeto de la demanda, es decir, que la actuación fue adelantada
en debida forma y atendiendo los procedimientos legales.
Por último, solicitó la desvinculación de este proceso, al alegar que carece de
legitimación en la causa por pasiva por cuanto lo pretendido a través de este
mecanismo constitucional escapa de su esfera funcional.
1.7.2. Juzgado 22 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá
Con informes radicados el 15 y el 21 de febrero de 2022, el titular indicó que en su
despacho cursó la demanda identificada con el radicado 11001-33-35-022-2019-00462-
00, la cual fue instaurada por las señoras Martha Patricia Rodríguez Rodríguez, María
Griselda Gómez Zea y Olga Beatriz Castro Vivas contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional y la Fiduciaria la Previsora S.A., con el fin de que se declarara la
nulidad de los oficios Nos. S-2019-119936 de 21 de junio de 2019, expedido por la
Secretaría de Educación de Bogotá D.C. - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio Regional de Bogotá D.C. y 20191091620121 de 15 de julio de 2019,
proferido por la Fiduciaria la Previsora S.A., que negaron la solicitud de reintegro y
suspensión de los descuentos realizados a las mesadas adicionales por concepto de
seguridad social en salud.
Agregó que también se demandó la nulidad del acto administrativo ficto, en razón a que
la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio Regional de Bogotá D.C., no realizó pronunciamiento alguno sobre la
petición No. E-2019-101952 del 18 de junio de 2019, respecto del reconocimiento y
pago de la prima de medio año establecida en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: María Griselda Gómez Zea y otras
Radicado expediente principal: 11001-03-15-000-2022-00852-00
Radicados expedientes acumulados: 11002-03-15-000-2022-00844-00 y
11001-03-15-000-2022-00842-00
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y otro
Adujo que, con sentencia de 27 de octubre de 2020 accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, decisión que fue objeto de recurso de apelación por las
partes, el cual fue desatado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección
Segunda – Subsección A, Corporación que decidió revocar parcialmente la sentencia
recurrida, mediante fallo de 19 de agosto de 2021.
En ese orden, resaltó que todas las actuaciones procesales y decisiones tomadas
dentro del referido medio de control, se efectuaron conforme a derecho y sin poner en
peligro los derechos fundamentales de la parte accionante.
Adicionó que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la solicitud de amparo
contra providencia o actuación judicial en principio no es procedente, salvo que se
constate la existencia de alguna arbitrariedad que vulnere las garantías al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, lo que no ocurre en el caso bajo
examen.
1.7.3. Ministerio de Educación Nacional
A través de escrito presentado el 22 de febrero de 2022, el jefe de la Oficina Asesora
Jurídica indicó que la presente solicitud de amparo es improcedente por cuanto no se
advierte la existencia de la vulneración de derechos fundamentales, de un perjuicio
irremediable y no cumple con el requisito de subsidiariedad y residualidad de la acción
de tutela.
Adujo que el Ministerio de Educación Nacional no es el competente para atender
solicitudes de reconocimiento y pago de prestaciones a cargo de las secretarias de
educación y del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG.
En ese sentido, solicitó la desvinculación de la cartera ministerial en atención a que el
reclamo de la parte accionante está dirigido a cuestionar las decisiones judiciales
proferidas en el medio de control ordinario, razón por la cual carece de legitimación en
la causa por pasiva.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por las señoras María Griselda Gómez Zea, Olga Beatriz Castro Vivas y
Martha Patricia Rodríguez Rodríguez contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y el Juzgado 22 Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Bogotá, de conformidad con lo establecido por el artículo
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: María Griselda Gómez Zea y otras
Radicado expediente principal: 11001-03-15-000-2022-00852-00
Radicados expedientes acumulados: 11002-03-15-000-2022-00844-00 y
11001-03-15-000-2022-00842-00
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y otro
2.2.3.1.2.1., del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así
como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa
2.2.1. El Ministerio de Educación Nacional y la Fiduprevisora S.A. solicitaron que se
declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que, a su juicio, sus
acciones u omisiones no constituyen la causa de la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora.
La Sala manifiesta que negará las referidas peticiones, habida cuenta que dichas
entidades fueron notificadas en calidad de terceros con interés en las resultas del
trámite de la referencia por haber constituido el extremo pasivo del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho; en ese orden, deben permanecer vinculadas
para garantizar la debida integración del contradictorio.
2.2.2. Si bien la acción de tutela se empleó contra las dos autoridades judiciales que
decidieron el proceso ordinario, lo cierto es que, de proceder el análisis del fondo del
reclamo, este únicamente se realizaría a partir de la sentencia de 19 de agosto de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, debido a que con dicha providencia se definió la situación jurídica de las
demandantes.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se vulneraron los derechos
fundamentales de las accionantes con ocasión del fallo de 19 de agosto de 2021
dictado por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, al incurrir en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente.
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y de superarse; (iii) las generalidades de los
defectos invocados; y (iv) el análisis del caso concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 4 unificó
la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de
4
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: María Griselda Gómez Zea y otras
Radicado expediente principal: 11001-03-15-000-2022-00852-00
Radicados expedientes acumulados: 11002-03-15-000-2022-00844-00 y
11001-03-15-000-2022-00842-00
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y otro
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 5.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 6.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues
la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 7, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Para la Sala resulta necesario precisar que, el caso objeto de estudio está
revestido de relevancia constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio origen a
la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las
pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora
solicita la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad,
al mínimo vital y a la seguridad social.
De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto, se evidencia una tensión o
contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de las garantías
alegadas por el extremo accionante, en tanto a su juicio, la autoridad judicial censurada
incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente, por lo que se
evidencia que trasciende un estudio de lo meramente legal.
2.5.2. La acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia de la
misma naturaleza, puesto que la providencia judicial que censura la parte accionante
fue proferida en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por las actoras contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
5
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
6
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
7
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: María Griselda Gómez Zea y otras
Radicado expediente principal: 11001-03-15-000-2022-00852-00
Radicados expedientes acumulados: 11002-03-15-000-2022-00844-00 y
11001-03-15-000-2022-00842-00
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y otro
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduciaria La Previsora S.A.,
proceso que se identificó con el radicado 11001-33-35-022-2019-00462-01
2.5.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la providencia
censurada fue proferida el 19 de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, y las solicitudes de amparo se
presentaron el 1º de febrero de 2022, razón por la cual, sin que sea necesario
establecer las fechas de notificación y ejecutoria de la referida decisión, resulta ser un
término que a juicio de la Sala es razonable, es decir, antes de transcurridos 6 meses.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 8, en la que la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios
fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20059, para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales y reiteró que seis
(6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de los derechos
fundamentales que se estimen vulnerados con estas.
2.5.4. Por otra parte, en consideración al agotamiento de los mecanismos judiciales,
en el caso concreto, el proveído que se cuestiona es el proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A el 19 de agosto de
2021, mediante el cual revocó la decisión de primer grado en el marco del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora María Griselda Gómez
Zea y otras contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros, razón por la
cual contra la providencia controvertida no procede ningún recurso ordinario y los
cargos alegados no se encuadran en las causales de procedencia del recurso
extraordinario de revisión.
Frente al medio extraordinario de unificación de jurisprudencia, en principio podría
advertirse que procede en relación con el defecto por desconocimiento del precedente
contenido en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, de no ser porque, en
primer lugar, el cargo está directamente relacionado con el defecto sustantivo, pues
como se observa en los antecedentes, con dichos reparos lo que se pretende
demostrar es que a los docentes no les aplica la Ley 100 de 1993 y la transición del
artículo 36 ejusdem, en ese sentido, es evidente que no se pueden fraccionar para que
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9
“c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es,
de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.”
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: María Griselda Gómez Zea y otras
Radicado expediente principal: 11001-03-15-000-2022-00852-00
Radicados expedientes acumulados: 11002-03-15-000-2022-00844-00 y
11001-03-15-000-2022-00842-00
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y otro
en esta sede se analice lo mismo que la parte actora hubiese planteado en instancia
extraordinaria.
Adicionalmente, es importante tener en consideración que en dicho proveído se unificó
la forma de interpretar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que contiene las reglas de
transición al régimen pensional general, lo cual deja claro que difiere del argumento y
de la situación jurídica que alegó la parte tutelante.
Es decir, el cargo materialmente no está cimentado en una contradicción de las reglas o
subreglas establecidas en el fallo de consolidación, sino en una de las referencias
señaladas en el proyecto de manera ilustrativa, razón por la cual el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia no sería el mecanismo idóneo ni eficaz
para discutir este aspecto y, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional “[E]n
desarrollo del artículo 86 superior, el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991,
establece que la acción de tutela será improcedente cuando existan otros medios de defensa
judicial eficaces para resolver la situación particular en la que se encuentre el solicitante ”.10
(Énfasis propio)
Así las cosas, no se considera garantista manifestar que la tutela se torna improcedente
porque el extremo activo no agotó el medio que se analiza, comoquiera que este juez
residual no encuentra justificada la idoneidad y la eficacia de tal recurso.
Superadas dichas exigencias, la Sala abordará el fondo de la solicitud, sin perjuicio de
resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin garantizar la
intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, y la protección de
derechos de terceros.
2.6. Generalidades de los defectos
2.6.1. Defecto sustantivo
La Corte Constitucional11, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta cuando “la
autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que
evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica ”12.
10
Sentencia C-132 DE 2018.
11
Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
12
Corte Constitucional, Sentencias SU.159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008, M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792
del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: María Griselda Gómez Zea y otras
Radicado expediente principal: 11001-03-15-000-2022-00852-00
Radicados expedientes acumulados: 11002-03-15-000-2022-00844-00 y
11001-03-15-000-2022-00842-00
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y otro
Puntualmente, el defecto sustantivo lo configuran los siguientes supuestos:
a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se
le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma.
c) La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.
d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la
disposición.
e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma.
f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o
justificó de manera insuficiente su actuación.
Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un
defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente.
2.6.2. Desconocimiento del precedente
Resulta importante precisar la posición de la Sala sobre el concepto de precedente, el
cual se sinteriza en los siguientes términos:
“(…) es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que debe
pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud en sus
presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio decidendi constituye la
regla… que obliga al operador jurídico a fallar en determinado sentido”.13
Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos 14 explicó que el concepto
de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del sentido de la
decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, la cual no está atada al
número de decisiones, dado que solo basta una providencia en donde se especifique
una regla o subregla de derecho.
Cabe resaltar que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho creadas
por las Altas Cortes cuando actúan como órganos de cierre, encuentra su fundamento
en la jerarquía del juez, a sus funciones asignadas por la norma superior y a la garantía
de los principios de igualdad y seguridad jurídica, así como, en la coherencia del
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 19 de febrero
de 2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 2013-02690-01.
14
Entre otras ver sentencia de 6 de mayo de 2021; expediente 11001-03-15-000-2021-0281-01.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: María Griselda Gómez Zea y otras
Radicado expediente principal: 11001-03-15-000-2022-00852-00
Radicados expedientes acumulados: 11002-03-15-000-2022-00844-00 y
11001-03-15-000-2022-00842-00
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y otro
ordenamiento jurídico.
2.7. Caso concreto
2.7.1. La parte tutelante alegó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, al proferir la sentencia de 19 de agosto de 2021 incurrió en los
defectos sustantivo y desconocimiento del precedente.
2.7.1.1. En cuanto al yerro sustantivo, adujo que la autoridad censurada negó la
pretensiones de la demanda al señalar que las tutelantes no tenían derecho a que les
fuera reconocida la “mesada 14 prevista en el artículo 142 de la ley 100 de 1993 cuando la
mesada que se estaba solicitando era la prima de medio año establecida en el artículo 15 de la
Ley 91 de 1989”, comoquiera que la norma que les es aplicable es la Ley 91 de 1989,
debido a que se encuentran afiliadas al FOMAG de manera previa a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003.
2.7.1.2. De otro lado, advirtieron que se desconoció el precedente del Consejo de
Estado contenido en las providencias: (i) de 21 de junio de 2008, proferida por la
Sección Quinta, con ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro; (ii) de 28 de
agosto de 2018, dictada por la Sala Plena de esta Corporación; y (iii) de 24 y 31 de
octubre de 2018, expedidas por la Sección Cuarta con ponencia de la magistrada Stella
Jeannette Carvajal Basto.
El punto común debatido en los proveídos señalados, radica en que los docentes
vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha en la que entró en vigor la Ley
812 de 2003, se encuentran excluidos del régimen general de la Ley 100 de 1993 y del
régimen de transición estipulado en el artículo 36 ejusdem, razón por la cual debe
aplicarse a su caso la Ley 91 de 1989.
No obstante, esta Colegiatura manifiesta que, de conformidad con el marco conceptual
expuesto en líneas anteriores, las sentencias de tutela no constituyen precedente,
puesto que no son proferidas por el órgano de cierre en la materia y, a lo sumo
configuran un criterio auxiliar para la función jurisdiccional.
En atención a ello, las providencias invocadas por la parte actora como desatendidas,
de 24 y 31 de octubre de 2018 con ponencia de la magistrada Stella Jeannette Carvajal
Basto, no serán analizadas.
Con la misma suerte corre el fallo de 21 de junio de 2008, ponencia del magistrado
Alberto Yepes Barreiro, debido a que también resolvió una acción de tutela, sin
embargo, en aras de garantizar el principio de transparencia por ser un
pronunciamiento dictado por la Sección Quinta, se estudiará el argumento planteado
por las accionantes.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: María Griselda Gómez Zea y otras
Radicado expediente principal: 11001-03-15-000-2022-00852-00
Radicados expedientes acumulados: 11002-03-15-000-2022-00844-00 y
11001-03-15-000-2022-00842-00
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y otro
2.7.2. Teniendo en cuenta que los argumentos que dan sustento a los defectos
sustantivo y desconocimiento del precedente están dirigidos a demostrar que la
situación jurídica de las accionantes está regulada por la Ley 91 de 1989, por ende, la
prestación a que tienen derecho es la prima de mitad de año y no la mesada 14
estipulada en la Ley 100 de 1993, tales cargos se estudiaran en conjunto.
2.7.3. Ahora, en cuanto al fondo del asunto, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, adoptó la decisión de 19 de agosto de
2021 con fundamento en las siguientes consideraciones:
(i) El problema jurídico, que atañe al objeto de esta solicitud de amparo, consistió en
determinar si a las accionantes, en su calidad de docentes oficiales, les asistía el
derecho al reconocimiento y pago de la prima de medio año que es equivalente a una
mesada adicional en su pensión de jubilación, a cargo de la entidad demandada.
(ii) Señaló que la prima de medio año fue establecida en el literal B del numeral 2º del
artículo 15 de la Ley 91 de 1989, el cual estipula:
“Para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando
se cumplan los requisitos de Ley (sic), se reconocerá solo una pensión de jubilación
equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados
gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y
adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional ”.
(Énfasis del texto)
(iii) Precisó que el Acto Legislativo 01 de 2005 determinó en su artículo 1º que:
“La personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente Acto
Legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año. Se entiende
que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aun
cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento ”.
(iv) Advirtió que en ese mismo acto se enlistaron una serie de excepciones para la
aplicación de dicha regla, concretamente, en lo que corresponde al régimen de lo
docentes se indicó:
“Parágrafo transitorio 1º. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados
y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el
Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se
hayan vinculado o e vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos
de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los
términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003.
(…)
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: María Griselda Gómez Zea y otras
Radicado expediente principal: 11001-03-15-000-2022-00852-00
Radicados expedientes acumulados: 11002-03-15-000-2022-00844-00 y
11001-03-15-000-2022-00842-00
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y otro
Parágrafo transitorio 6º. Se exceptúan de lo establecido por el inciso 8º. del presente
artículo, aquellas personas que perciban una pensión igual o inferior a tres (3) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, si la misma se causa antes del 31 de julio de 2011,
quienes recibirán catorce (14) mesadas adicionales pensionales al año ”.
(v) Refirió que, de conformidad con el concepto de 22 de noviembre de 200715 de la
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, dicha Sala aclaró lo siguiente:
“Los docentes del sector oficial, nacionales, nacionalizados y territoriales, que causen el
derecho a la pensión de jubilación o vejez a partir del 25 de julio de 2005, fecha de
entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 01 del 2005, no tienen derecho a la mesada
pensional adicional del mes de junio de que tratan el artículo 142 de la Ley 100 de 1993 y
la ley 238 de 1995. Se exceptúan los docentes que causen el derecho a la pensión
antes del 31 de julio de 2011, si su mesada pensional es igual o inferior a tres
salario mínimos legales vigentes, según lo establece el parágrafo transitorio 6º del
artículo 1º del Acto Legislativo en mención”.(Énfasis propio)
(vi) Al descender al caso concreto, puso de presente que, de las pruebas aportadas al
expediente, se demostró que a la señora Martha Patricia Rodríguez Rodríguez le fue
reconocida la pensión de jubilación mediante la Resolución 1660 de 26 de abril de
2010, y se dispuso practicar los reajustes y descuentos de ley establecidos en las
Leyes 238 de 1994, 91 de 1989 y 812 de 2003.
En cuanto a la señora María Griselda Gómez Zea, adujo que su prestación le fue
reconocida con la Resolución No. 5613 de 1º de agosto de 2017, mientras que a la
señora Olga Beatriz Castro Vivas se le accedió al derecho a través de la Resolución
No. 2709 de 29 de mayo de 2012. Al respecto, también se dispuso lo concerniente a los
reajustes y descuentos mencionados.
(vii) Argumentó que, el régimen de los docentes, especialmente, en relación con la
prestación reclamada por las actoras, fue objeto de reglamentación por el Congreso de
la República mediante la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, en el sentido de
establecer que: “(i) los docentes que causen el derecho a la pensión de jubilación a partir del
25 de julio de 2005, no tienen derecho a la mesada pensional adicional del mes de junio y (ii) se
exceptúan solo aquellos que causaron el derecho a la pensión antes del 31 de julio de 2011 si
su mesada pensional es igual o inferior a 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes”.
(viii) En ese orden, arguyó que, teniendo en cuenta que la docente Martha Patricia
Rodríguez Rodríguez adquirió su estatus pensional el 22 de octubre de 2009, en
principio tendría derecho al reconocimiento, no obstante, comoquiera que percibe una
mesada pensional superior a los tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, no
cumple la condición consagrada en el parágrafo transitorio 6º del artículo 1º del Acto
Legislativo 01 de 2005.
15
Expediente No. 11001-03-06-000-2007-00084-00 (1857)
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: María Griselda Gómez Zea y otras
Radicado expediente principal: 11001-03-15-000-2022-00852-00
Radicados expedientes acumulados: 11002-03-15-000-2022-00844-00 y
11001-03-15-000-2022-00842-00
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y otro
(ix) Insistió en que, en el caso de la señora Olga Beatriz Castro Vivas, si bien consolidó
su estatus jurídico el 14 de junio de 2011, lo cierto es que recibe una mesada pensional
superior a los tres salarios mínimos legales mensuales vigentes
(x) Finalmente, resaltó que la señora María Griselda Gómez Zea tampoco tenía derecho
a lo reclamado, por cuanto alcanzó el estado de pensionada hasta el 21 de noviembre
de 2016, es decir, con posterioridad a la fecha del último plazo, esto es, el 31 de julio de
2011.
(xi) De otro lado, resolvió el argumento consistente en que la prestación reclamada por
las demandantes consistía en una prima de medio año y no en una mesada adicional
de la pensión, al sostener que, en todo caso, el Acto Legislativo 01 de 2005 fue
contundente al establecer la prohibición de percibir más de trece mesadas pensionales
al año para las personas cuyo derecho se hubiese causado a partir de su vigencia, en
ese orden resaltó:
“Es decir, que no es factible jurídicamente eludir la prohibición de dicha disposición de
rango constitucional con el argumento de señalar que lo pretendido no es una mesada
pensional, ya que de aceptarlo, el resultado sería reconocer a la parte demandante una
mesada pensional adicional a mitad de año, es decir, más de trece (13) mesadas
pensionales al año, las que están prohibidas para los docentes que causen el derecho a
la pensión después del 25 de julio de 2005 o antes del 31 de julio de 2011, si su mesada
pensional es superior a tres salarios mínimos legales vigentes, situación en la que se
encuentran las demandantes”.
(xii) Por las anteriores razones, la judicatura cuestionada concluyó que a las tutelantes
no les asiste derecho a que la entidad demandada les reconozca y pague la prima de
medio año equivalente a una mesada pensional, en virtud de lo dispuesto en el referido
acto legislativo.
2.7.4. De conformidad con los argumentos expuestos por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, esta Sala de Decisión anuncia que
negará el amparo deprecado por las siguientes razones:
2.7.4.1. Luego de la revisión de la providencia de 19 de agosto de 2021, esta
Colegiatura encuentra acreditado que no existe la vulneración alegada por las
accionantes comoquiera que, de manera preliminar se advierte que no cumplieron las
condiciones estipuladas en el Acto Legislativo 01 de 2005 para efectos de lograr el
reconocimiento de la prestación reclamada.
Si bien la parte accionante hizo consistir su inconformidad en que lo demandado era la
prima de mitad de año, no una mesada adicional, razón por la que no fue correcto que
la autoridad cuestionada analizara el caso con fundamento en el referido acto
legislativo, por cuanto los docentes están excluidos del régimen general y de la
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: María Griselda Gómez Zea y otras
Radicado expediente principal: 11001-03-15-000-2022-00852-00
Radicados expedientes acumulados: 11002-03-15-000-2022-00844-00 y
11001-03-15-000-2022-00842-00
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y otro
transición prevista en este, lo cierto es que tal reproche no tiene vocación de
prosperidad.
La razón de la anterior manifestación encuentra su cimiento en que con la expedición
de la Ley 100 de 1993, se estableció el objetivo de unificar el Sistema de Seguridad
Social en Colombia, sin perjuicio de quienes acreditaran con anterioridad a su vigencia
haber adquirido derechos.
“ARTÍCULO 6o. OBJETIVOS. El Sistema de Seguridad Social Integral ordenará las
instituciones y los recursos necesarios para alcanzar los siguientes objetivos:
(…)
El Sistema de Seguridad Social Integral está instituido para unificar la normatividad y la
planeación de la seguridad social, así como para coordinar a las entidades prestatarias de
las mismas, para obtener las finalidades propuestas en la presente ley.
(…)
ARTÍCULO 11. CAMPO DE APLICACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley
797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> El Sistema General de Pensiones
consagrado en la presente ley, se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional,
conservando y respetando, adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas,
servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas
anteriores, pactos, acuerdos o convenciones colectivas de trabajo para quienes a la fecha
de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una Pensión o se
encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de
los sectores público, oficial, semioficial en todos los órdenes del régimen de Prima Media
y del sector privado en general.
Luego, el Acto Legislativo 01 de 2005 estipuló en su artículo 1º que adicionaría el
artículo 48 superior, entre otros aspectos, lo siguiente:
“En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos.
(…)
A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo, no habrá regímenes especiales ni
exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al Presidente de la República y
a lo establecido en los parágrafos del presente artículo.
Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente Acto
Legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año. Se entiende
que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aún
cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento ”.
En virtud de lo anterior, es claro que con la expedición del régimen general, si bien se
respetan los derechos adquiridos con anterioridad, lo cierto es que el objetivo de este
es la unidad en materia de seguridad social, por tanto, los límites temporales que
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: María Griselda Gómez Zea y otras
Radicado expediente principal: 11001-03-15-000-2022-00852-00
Radicados expedientes acumulados: 11002-03-15-000-2022-00844-00 y
11001-03-15-000-2022-00842-00
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y otro
estipula el mencionado acto legislativo aplican a todos los sectores, tal como se
señaló en el reciente antecedente de esta Sala de Sección, sentencia de 10 de marzo
de 2022.16
A partir de esta línea argumentativa, esta Colegiatura resalta que, contrario a lo
señalado por la parte tutelante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, efectuó un análisis normativo razonable de la prima de
medio año, para concluir que, conforme al limitante introducido por el Acto Legislativo
001 de 2005, se restringió de manera general la posibilidad de devengar a medio año
una mesada adicional, para quienes se pensionen con posterioridad al 25 de julio de
2005, o que, a 31 de julio de 2011 devengaran una pensión superior a tres salarios
mínimos legales mensuales vigentes, situaciones que acontecieron en el caso
concreto.
Lo anterior, debido a que, según el criterio de la Corte Constitucional, en sede de tutela
no es procedente que se imponga al juez natural de la causa la forma en que debe
interpretar el marco jurídico aplicable al caso que se resuelve, puesto que el estudio a
través del cual se decide una situación jurídica, pese a que difiera del aludido por la
parte demandante, no implica per se que se configure el defecto alegado.
Es por ello que no corresponde en esta sede señalar cuál es la exegesis “correcta” para
dar final a un caso específico, con fundamento en que el funcionario está revestido por
el principio de la autonomía judicial, sin que ello afecte la imparcialidad y objetividad con
la cual debe fallar.17.
En ese sentido, es claro que el defecto sustantivo únicamente se considera configurado
cuando el funcionario que administra justicia omite su rol como garante de la normativa
sustancial para proferir decisiones desproporcionadas y contrarias a la ley, aspecto que
no se encuentra demostrado en el trámite de la referencia.
2.7.4.2. Asimismo, advierte la Sala que no se incurrió en desconocimiento del
precedente contenido en la sentencia de 28 de agosto de 2018, dictada por la Sala
Plena de esta Corporación, en atención a que, como primera medida, las reglas fijadas
en dicha oportunidad giraron en torno a la interpretación que la Corporación realizó
respecto del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que contiene el régimen de transición
pensional.
En tal ocasión se estableció lo siguiente:
“1. El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que
16
Expediente No. 11001-03-15-000-2022-00839-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
17
Corte Constitucional, Sentencia SU-949 de 2014.
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: María Griselda Gómez Zea y otras
Radicado expediente principal: 11001-03-15-000-2022-00852-00
Radicados expedientes acumulados: 11002-03-15-000-2022-00844-00 y
11001-03-15-000-2022-00842-00
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y otro
se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.
2. Para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33
de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
3. Los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los
servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que
se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones. ”
En ese sentido, colige la Sala que el sub examine no presenta identidad fáctica con el
objeto de debate en la providencia de unificación, por cuanto allí, si bien de paso se
señalaron los regímenes exceptuados de la transición a la Ley 100 de 1993, dentro de
los cuales se encuentra el sector docente, lo cierto es que respecto a este no se fijaron
reglas concernientes a la forma correcta de analizar el marco jurídico en materia
prestacional y su aplicación.
Y de otro lado, es evidente que la judicatura reprochada, lejos de aplicar a la resolución
del asunto ordinario, el régimen general del Sistema de Seguridad Social en Colombia,
lo que se advierte es que se respetó la regla establecida en el Acto Legislativo 01 de
2005 que regula, en materia pensional a todos los sectores.
2.7.5. Por último, se estudiará el cargo planteado a partir de la sentencia de tutela,
ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro, pero no en el marco del defecto por
desconocimiento del precedente, sino en virtud del principio de transparencia.
Debido a que en el escrito de tutela no se referenció el número de radicado del proceso,
se revisó en la base de datos del buscador de relatoría del Consejo de Estado y, en esa
fecha, con ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro, se encontraron dos
sentencias proferidas dentro de los expedientes Nos. 11001-03-15-000-2018-01528-00
y 11001-03-15-000-2017-03445-00.
Una vez revisada la controversia debatida en esos dos procesos, se advierte que el
punto central del debate giró en torno al régimen que gobierna al sector docente y la
forma en que debe liquidarse el IBL pensional. Para tal efecto, se extra la siguiente cita:
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: María Griselda Gómez Zea y otras
Radicado expediente principal: 11001-03-15-000-2022-00852-00
Radicados expedientes acumulados: 11002-03-15-000-2022-00844-00 y
11001-03-15-000-2022-00842-00
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y otro
“[A]dvierte la Sala que el régimen pensional aplicable a la actora corresponde al previsto
en la Ley 91 de 1989, la cual remite a la Ley 33 de 1985, en lo que concierne al
reconocimiento de la pensión de jubilación, debido a que se vinculó al servicio público
educativo oficial antes de que entrara en vigencia la Ley 812 de 2003 (…) se observa que
el Tribunal Administrativo de Risaralda en su proveído de 30 de octubre de 2017, revocó
la decisión proferida por el a quo y, en su lugar, negó las súplicas de la demanda
presentada por la actora en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, con sustento en el precedente emitido por la Corte Constitucional , motivo por el
cual concluyó que no era viable ordenar la reliquidación del beneficio pensional de la
[actora]. No obstante, la Sala considera que las reglas expuestas en la sentencia de
unificación SU-395 de 2017, sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta
para la liquidación de las pensiones de jubilación no son aplicables al asunto sub judice.”
Así las cosas, se itera lo señalado en líneas previas, del análisis realizado por la
autoridad reprochada, no quedó duda que la situación jurídica de las accionantes está
contenida en la Ley 91 de 1989 y, el hecho de que se hubiese aplicado el límite
temporal previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005 en aras de cumplir la regla general
para acceder a la prestación que reclamaron las accionantes, en nada desnaturaliza o
desconoce el régimen que les gobierna, toda vez que dicha pauta aplica a todos los
sectores.
En este punto de la discusión, este juez constitucional no advierte la existencia de la
vulneración del principio de transparencia por cuanto no se contradice lo señalado por
la Sección Quinta en los casos revisados, ni de los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social desde la perspectiva de
los yerros sustantivo y desconocimiento del precedente, frente a los cuales las señoras
María Griselda Gómez Zea, Olga Beatriz Castro Vivas y Martha Patricia Rodríguez
Rodríguez demandaron su protección, por tanto, la solicitud de amparo será denegada.
2.8. Conclusión
La Sala negará la solicitud de amparo promovida por las señoras María Griselda
Gómez Zea, Olga Beatriz Castro Vivas y Martha Patricia Rodríguez Rodríguez contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y el
Juzgado 22 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, comoquiera que no se
encontraron configurados los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente en
la sentencia de 19 de agosto de 2021.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: María Griselda Gómez Zea y otras
Radicado expediente principal: 11001-03-15-000-2022-00852-00
Radicados expedientes acumulados: 11002-03-15-000-2022-00844-00 y
11001-03-15-000-2022-00842-00
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y otro
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes consistentes en declarar la falta de legitimación en la
causa por pasiva y, por consiguiente la desvinculación del asunto de la referencia,
planteadas por el Ministerio de Educación Nacional y la Fiduprevisora S.A.
SEGUNDO: NEGAR el amparo predicado por las señoras María Griselda Gómez Zea,
Olga Beatriz Castro Vivas y Martha Patricia Rodríguez Rodríguez, contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y el Juzgado 22
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del artículo 6º del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Si no se impugna esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.